27 nov. 2009

La reunión del CNSP y la encuesta de ICESI

Ebrard y Peña Nieto confrontan al gobierno de Calderón
DANIEL LIZáRRAGA, agencia APRO
MÉXICO, DF, 26 de noviembre (apro).- En plena sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores del país exigieron al presidente Felipe Calderón incrementar el dinero para combatir a la delincuencia, no menospreciar ante la prensa el trabajo de las policías regionales e informarlos sobre el paradero de los delincuentes capturados y que luego han sido puestos en libertad.
Además de este singular reclamo, algunos asistentes, como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se enfrascaron en una fuerte discusión con los representantes del gobierno federal, luego que se dieran a conocer los resultados de una encuesta sobre inseguridad pública en la que ambas entidades no salieron bien libradas.
Esta 28 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública ha sido de las más ríspidas, a tal grado que el secretario ejecutivo del organismo, Jorge Tello Peón, enmudeció ante la molestia y los vehementes reproches de los gobernadores.
El ambiente de tensión fue creciendo. Los gobernadores cuestionaron duramente a Luis de la Barreda, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad Pública, por los resultados de su trabajo.
Sobre todo ante datos impactantes, como el hecho de que 50% de la población tenga miedo de salir a las calles y que más de 56% de los mexicanos no deja a sus hijos solos en sus respectivas ciudades.
Paradójicamente, los miembros del gabinete presidencial, como el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, o el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no intentaron responder a los gobernadores.
Y otros, como el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, también optaron por guardar silencio, impávidos ante la dura postura de los mandatarios estatales.
El ambiente fue crispándose más hasta el punto que el propio Calderón se vio obligado a jugar el papel de conciliador.
Los problemas afloraron desde que el mandatario de Jalisco, Emilio González Márquez, habló a nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
En un inesperado discurso, dijo que los mandatarios estatales no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar a la delincuencia organizada, sobre todo en delitos en los que la participación del gobierno federal no siempre es constante, como el robo o los secuestros.
Ante la mirada atónita de Calderón, quien movía nervioso los dedos de la mano izquierda, el gobernador jalisciense pidió que al menos 1% de la recaudación fiscal se regrese a los estados, etiquetada para combatir a la delincuencia.
La Conago también propuso que, en caso de que el gobierno federal tenga también algún ahorro, se piense en apoyar a los estados.
Los gobernadores además reclamaron la forma en que son tratados los policías locales.
Desde su punto de vista, en los operativos desplegados por el Ejército o la Policía Federal (PF), se menosprecia a los agentes locales y, aún peor, dejan ver a la opinión pública que estas corporaciones locales son parte de los problemas aun cuando no siempre sea así.
"Empecemos por reconocer el trabajo de los policías locales que también han dado la vida por sus ciudadanos", sentenció el panista González Márquez.
Por otro lado, los gobernadores pidieron más retroalimentación con el gobierno federal ya que, cuando logran detener a un presunto responsable de delitos relacionados con la delincuencia organizada, no siempre saben de su paradero, sino que además luego es puesto en libertad sin por lo menos notificar algo a las entidades involucradas.
El ambiente en Palacio Nacional se complicó aún más cuando Luis de la Barreda expuso sobre una pantalla los resultados de la percepción de inseguridad pública en los estados, en particular en delitos del fuero común –homicidios, robos y asaltos con violencia-- que, en el papel, corresponden a las Procuradurías locales.
Marcelo Ebrard dijo que no era sensato tomar esos datos como oficiales, ya que nunca hubo un acuerdo previo de la Conago para ese trabajo.
De hecho demandó que se explicara la metodología empleada, pues las cifras ahí vertidas no coincidían con las del gobierno de la Ciudad de México.
No obstante, Ebrard Casaubón fue aún más puntilloso cuando le preguntó a Luis de la Berreda quién había financiado ese trabajo:
--¿Quién aportó el dinero para ese estudio? –cuestionó Ebrard.
--Fue el Consejo Nacional de Seguridad Pública y diez o doce estados --respondió el director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
--Entonces ¿usted me está diciendo que hubo dinero del gobierno federal? –acorraló Ebrard, lanzándole una dura mirada al especialista.
--Fue dinero del Consejo y de diez estados –insistió De la Barreda.
A propuesta de Ebrard, los gobernadores se fueron sumando para pedir que se hiciera una comisión especial para definir qué tipo de sistema de evaluación puede reflejar –desde su perspectiva-- con mayor nitidez la inseguridad pública sin denostar el trabajo de las entidades.
Entonces el priista Peña Nieto respaldó al perredista Ebrard y, además, demandó que en esos trabajos se tome en cuenta los avances, los programas oficiales que han dado resultado.
Por su parte el gobernador de Chihuahua, Reyes Baeza, demandó tomar en cuenta que, por ejemplo, hace dos años su estado no estaba clasificado como "el más inseguro", pero luego que Calderón emprendió la "guerra" contra el narcotráfico, sobrevino un reajuste de los cárteles, que entonces desplazaron sus intereses y conflictos hacia el norte del país, especialmente a Chihuahua.
Antes que concluyera la reunión, Felipe Calderón otorgó parte de la razón a los gobernadores, en el sentido de que no se explicó la metodología ni tampoco se tomaron en cuenta los avances de los estados.
Además el Ejecutivo aceptó que se creara una comisión de gobernadores para elaborar un nuevo estudio sobre inseguridad.
No obstante lo anterior, Calderón también pidió considerar que se necesitan "ojos externos" sobre su trabajo, estudios de terceros que arrojen aspectos novedosos por atender.
"Entiendo que uno de los terrenos en donde mejor se ha trabajado ha sido en el Distrito Federal", admitió el propio Calderón.

Reacciones sobre Smartmatic

Polémica en México por contrato a empresa criticada en Venezuela
Por E. EDUARDO CASTILLO
The Associated Press
MEXICO -- La adjudicación a una empresa internacional de una licitación para el registro de información biométrica en México desató reclamos de irregularidades de compañías nacionales, que incluso revivieron señalamientos de supuestos vínculos con el gobierno del presidente Hugo Chávez.
La Secretaría de Gobernación anunció esta semana que la ganadora de la licitación para el registro biométrico era Smartmatic, una multinacional que entre otras cosas ha proporcionado desde 2004 las máquinas de votación electrónicas a Venezuela, donde la oposición ha llegado a manifestar sus dudas sobre la seguridad de los equipos y su posible uso por parte del gobierno de Chávez para manipular los sufragios.
Las cuatro compañías mexicanas que también participaron en el proceso anunciaron que impugnarán el fallo ante el órgano anticorrupción oficial para que se haga una nueva evaluación, bajo el argumento de que hubo irregularidades en la revisión de las propuestas técnicas, algo que rechazó Smartmatic.
"A nosotros nos revisaron rigurosamente nuestras ofertas, pero a esa empresa la revisan de otra manera y omitiendo varios errores", dijo el viernes a la AP Víctor Manuel Alderete, vicepresidente comercial y representante legal de la mexicana Cosmocolor.
Señaló, por ejemplo, que Smartmatic propuso tomar fotografías cuadradas del ojo, cuando debían ser rectangular.
"Una imagen cuadrada recorta el lagrimal, no se ve y eso impide saber si es el ojo derecho o izquierdo", dijo a la AP Ricardo León, director de la empresa Soltic.
Las empresas mexicanas prevén impugnar la próxima semana. Y aunque los argumentos serán técnicos, sus representantes han retomado cuestionamientos en torno a Smartmatic en Venezuela.
"Se habla que ellos estuvieron apoyando a Chávez en 2006 en su candidatura", dijo León.
"A nosotros nos parece muy absurdo que habiendo empresas de un prestigio internacional y nacional, se adjudique a una empresa de dudosa reputación", añadió Alderete.
La oposición venezolana ha señalado al gobierno de utilizar las máquinas de votación de Smartmatic para manipular los sufragios, aunque no ha habido ninguna prueba de ello.
Antonio Mugica, director ejecutivo de la firma, tiene la doble nacionalidad española-venezolana.
En Estados Unidos incluso se inició una investigación informal sobre presuntos vínculos de la empresa y el gobierno de Chávez, aunque la indagatoria culminó cuando Smartmatic anunció la venta de su subsidiaria estadounidense Sequoia Voting Systems Inc.
El director de Finanzas de Smartmatic, Armando Yañes, rechazó el viernes cualquier irregularidad.
"Nosotros fuimos en buena ley a presentar unas propuestas, lo hicimos, el organismo público en México dentro de los atributos que le competen revisó las propuestas de todos los competidores y tomaron una decisión", dijo Yañes a la AP vía telefónica.
Aseguró que "en ningún momento hemos tenido la capacidad de influenciar de una manera u otra en la decisión" y calificó de acusaciones sin fundamento los presuntos vínculos de la empresa con el gobierno de Chávez.
"Esta compañía no tiene absolutamente ningún control o es propiedad de ninguna persona asociada con ningún gobierno en el mundo", afirmó.
"Jamás se ha presentado una sola prueba de ningún error en elecciones que son revisadas profundamente por todas las partes", añadió.
La Secretaría de Gobernación informó el jueves en un comunicado que Smartmatic proveerá los equipos de registro de datos biométricos, pero no los operará, y dijo que respeta la decisión de cualquier empresa de impugnar el fallo.
El registro es parte de un proceso para la emisión de una nueva cédula ciudadana que contenga información sobre ojos, rostros y huellas dactilares de los mexicanos.
Smartmatic ha participado en el empadronamiento biométrico en Bolivia.


Entrevista a Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en EP

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Felipe/Calderon/ha/agotado/prematuramente/presidencia/elpepuint/20091128elpepiint_10/Tes
REPORTAJE: DIÁLOGO SOBRE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD EN MÉXICO
Jorge Castañeda y Rubén Aguilar creen que el presidente mexicano lanzó la guerra contra el narcotráfico a partir de varias premisas falsas
PABLO ORDAZ - México -
El País, 28/11/2009;
Sólo unos días después de asumir la presidencia de México, Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. La explicación oficial fue que el crimen había socavado los cimientos del Estado hasta llegar a sustituirlo, que por primera vez Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar, que el consumo y el crimen se habían disparado... Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, altos cargos durante el Gobierno del presidente Vicente Fox, recibieron esas explicaciones con perplejidad. Se pusieron a investigar y el resultado es un libro, El narco: la guerra fallida (Punto de Lectura), donde ofrecen respuestas sorprendentes que no dejan en muy buen lugar al presidente Calderón.
EL PAÍS. -Ustedes sostienen que Felipe Calderón parte de "premisas endebles" cuando, en diciembre de 2006, declara la guerra al narcotráfico.
Jorge Castañeda. (Ex ministro de Exteriores). Y la mejor prueba de ello es que durante su campaña para la candidatura del PAN (Partido Acción Nacional) y luego para la presidencia de la República jamás mencionó el tema del narcotráfico, la guerra ni nada, y ahora se ha vuelto el centro de la primera mitad de su sexenio. Esto es algo tan importante tan serio, tan costoso para el país que no se puede seguir en esta guerra sin llevar a cabo un debate nacional que desemboque o en la confirmación del rumbo o en el cambio de rumbo, pero ya con conciencia de la sociedad, y no por algo impuesto por una ocurrencia política de Calderón. Y bueno, nos pusimos a escribir y empezamos a investigar. Y llegamos a la conclusión de que la mayor parte de las premisas o de la sabiduría convencional sobre el narco en México no se sostiene, de acuerdo con las fuentes del propio gobierno. Vamos enumerando una tras otra...
Rubén Aguilar. (Ex portavoz del Gobierno). Aquella declaración de guerra contra el narcotráfico tan temprana nos hizo sospechar. Nosotros conocíamos las encuestas nacionales de adicción pasadas y no se veía que hubiese un problema. En 2008, el Gobierno hace una encuesta que indica que el 0,4% de la población es adicta. O sea, sólo 450.000 mexicanos. El aumento del consumo de 2002 a 2008 es apenas del punto siete, en razón de los baremos de la OMS. Por lo tanto, no había un problema de consumo. Tampoco había un problema de violencia. Probablemente, como han demostrado varias investigaciones, en el momento en que se lanza la guerra contra el narco es de los momentos históricos con un nivel más bajo de violencia. Cuando el presidente Calderón inicia la guerra, llevábamos 15 años bajando
J. C. Además, el Gobierno alega otras dos tesis para empezar la guerra que tienen que ver con EE UU y que nosotros demostramos que son falsas. La primera es que por primera vez los norteamericanos asumen la responsabilidad compartida, están dispuestos a hacer algo. Nosotros demostramos por comunicados conjuntos de los distintos presidentes o cancilleres que esto no es nuevo. Desde hace 30 años, los Gobiernos de EE UU dicen sí, sí, sí, es culpa nuestra, somos una bola de mariguanos. Pero, en segundo lugar, en los últimos 40 años, desde que la droga empieza a ser parte de la vida digamos no marginal en los EE UU y también de Europa, EE UU no ha hecho nada para reducir la demanda. No han querido hacerlo y la demanda allí ha permanecido estable a lo largo de 40 años. Otra de las tesis falsas para empezar la guerra es que la violencia en México viene porque los americanos venden armas. Es verdad que EE UU vende armas y que los narcos tienen armas. Pero la relación causal es mucho más compleja. Porque si tener una frontera con EE UU fuera la razón por la que hay violencia en México, entonces no habría ni armas ni violencia en Río de Janeiro, en Sierra Leona, en Liberia, en Colombia, en Angola.., y obviamente no es cierto. Hay un mercado mundial de armas y el que las necesita, las compra. Y pensar que nos conviene a nosotros en México vigilar la frontera de norte a sur para que no pasen armas es matar la gallina de los huevos de oro del turismo y del comercio sin que por ello vaya a haber menos armas en México.
R. A. Y hay una quinta razón entre las que da el presidente con una enorme fuerza para empezar su guerra: la razón de Estado. El narco, alega él, ha penetrado en las estructuras del Estado. Y nosotros demostramos en el libro con mucha claridad que si bien es cierto -México no es ni Noruega ni Dinamarca, es México, está en América Latina...- es muchísimo menor que lo que ocurría años atrás, donde un gobernador del PRI [Partido Revolucionario Institucional] en el Estado de Quintana Roo era el organizador del narcotráfico, o el presidente De Lamadrid tiene que cerrar la seguridad federal porque está penetrada...
J. C. Incluso el ex procurador Medina Mora es contradictorio al decir que el Estado está perdiendo ciertas facultades y al mismo tiempo rechazar la tesis del Estado fallido. O una cosa o la otra. En realidad nosotros estamos de acuerdo con Calderón y con Medina Mora en que el Estado mexicano no es un Estado fallido.
EL PAÍS. -Entonces, si esas premisas son falsas o endebles, ¿por qué Calderón se mete en un problema de esas dimensiones?
R. A. Nosotros pensamos que lo que intentó Calderón fue legitimarse. Ante las acusaciones de fraude electoral que rodearon su elección, él decide que requiere un acto fundacional de su Gobierno que lo legitime. Por otro lado, todos los presidentes de México en los últimos seis sexenios una vez que asumen el poder hacen un acto fundacional en su gobierno. Fox intentó la paz en Chiapas. Zedillo encarceló a Raúl Salinas...
J. C. Es un hecho que Calderón no tiene una salida fácil. Nos imaginamos que cuando se metió con la idea de legitimarse de ese modo pensó que iba a ser muy fácil entrar y salir. Rápido, fácil, barato, breve. Pero no.
El País. -Y la presencia del Ejército en las calles ya se está convirtiendo en un problea añadido...
R. A. Y en un problema gravísimo. Estamos arriesgando al Ejército en el desgaste de la calle. Es un costo muy grande para el país, muy grande. Ha costado muchísimos años recuperar esa buena imagen del Ejército después del trauma del 68 y las posibilidades de desgaste son enormes.
EL PAÍS. -¿Todo esto convierte a Calderón en un presidente fallido, en un presidente débil...?
J. C. Yo creo que Calderón ha agotado prematuramente su presidencia. Es decir, el ánimo que siente uno en el país hoy es el ánimo que se suele sentir en el último año. O en los últimos seis meses de un presidente ya cansado, irritable. Circula una multitud de versiones sobre sus exabruptos con sus colaboradores. No todas serán ciertas, pero algunas sí. No hay día que no tenga que dar una explicación de por qué México es el único país del mundo que más ha padecido la crisis, cuya economía se va a contraer más. Las explicaciones son erráticas. Un día dice que es por EE UU. ¿Y por qué Canadá creció un 1%? Otro culpa al turismo. ¿Y por qué República Dominicana creció un 3%...? Este es el panorama: un presidente irritable, sin agenda, sin programa, rodeado de secretarios debilitados, con un Congreso que no le hace ya el menor caso...
EL PAÍS. -Llama la atención la estrategia de Calderón de erigirse en el primer y único bastión contra el crimen organizado...
J. C. Sí, dice eso, pero lo más curioso es que los principales personajes de la seguridad pública de este Gobierno son los mismos que los del Gobierno pasado. Entonces, resulta difícil entender cómo en el régimen pasado estos mismos individuos eran unos ineptos o unos cómplices y ahora son superman o héroes nacionales... Calderón tuvo un momento de oportunidad, haber convertido su debilidad en su fuerza. Pudo haberle dicho a los poderes fácticos de este país: no podemos seguir con la concentración del poder en México, los monopolios públicos, los privados, los económicos, los comerciales, los financieros, los mediáticos, los políticos, los sindicales... Fox lo dejó seguir seis años, fue un error, Zedillo también, fue un error, yo no lo voy a hacer porque si lo dejamos a la próxima nos cepillan a todos. Y hubiera podido dar ese golpe. Y decidió conscientemente no hacerlo. Por miedo.
EL PAÍS. ¿Por miedo?
J. C. Siento que hay un problema que es semejante al de Fox, que es que enfrentar a los poderes fácticos y enfrentar al PRI, porque al final del día este es el viejo régimen priísta -los sindicatos, las paraestatales, el propio PRI como partido-, eso resulta como algo demasiado aterrador, tanto para Fox como para Calderón.
EL PAÍS. ¿Por qué?
J. C. Porque ambos pensaron que el enfrentamiento con el PRI efectivamente enajena al sector privado, a los poderes fácticos. Tienen miedo a una crisis económica, a una salida de capital, a una devaluación de la moneda, a un repunte inflacionario, a una subida de las tasas de interés... Tanto Fox como Calderón decidieron dejar en paz a los poderes fácticos, dejar en paz al PRI salvo en la retórica.
EL PAÍS. Y es ahí donde empieza la comparación con Brasil que tanto molesta en el entorno del presidente Calderón.
R.A. Exactamente. Necesitamos un presidente que pelee, que pelee la agenda...
J. C. Y la gran pregunta entonces es: ¿por qué no quiere pelear? En Brasil, Lula sí pelea, tú lo ves que pelea las cosas, y gana algunas batallas, pero ha perdido muchas -incluido Honduras-. No es que gane todas, pero va a todas, gana unas y pierde otras.

Posicionamiento de Marcelo Ebrard


Jueves, 26 de noviembre de 2009

Transcripción del pronunciamiento del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, después de asistir a la XXVII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, hecho en el Patio Central del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Centro Histórico
México, D.F., 26 de noviembre de 2009.
Que tal, buenas tardes. Bueno asistimos hoy al Consejo Nacional de Seguridad Pública, del cual el Distrito Federal obviamente es parte. Hemos venido trabajando en muy diversas iniciativas que tienen que ver con profesionalización de la policía.
Se hizo un acuerdo a nivel nacional de cuáles son las líneas que hay que seguir. Por ejemplo, tener Centros de Control de Confianza, que en el caso del DF se inició en el 2003; el Sistema de Ascensos, de permanencia, también de selección de los policías tanto preventivos como de la policía que ahora va a ser la policía investigadora.
Por otro lado, también se presentaron otra serie de resultados y de nuevas iniciativas para el año 2010.
Fue muy interesante el planteamiento que hicieron los presidentes municipales, creo yo que tienen razón. Es decir, la mayor inversión nacional en seguridad se ha concentrado en las instancias federales, con lo cual la diferencia que hoy tenemos de sueldos entre las policías municipales o estatales y la federal es cada vez más grande, igual en equipamiento.
También se presentó la propuesta de que en consecuencia debiera crecer el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, que corresponde a los Estados y al Distrito Federal, cosa que no ocurrió en el Presupuesto de Egresos para el 2010.
Todo eso me parece adecuado. Nosotros hemos hecho planteamientos en ese sentido, coincidimos con ellos y esperamos que podamos tener resultados.
También se presentó el informe de cuántos son los individuos que están hoy en reclusorios. El Distrito Federal tiene una población por encima de los 40 mil. Esta población, como ustedes saben, se duplicó en los últimos años y eso se debe entre otras cosas a una serie de criterios que ha habido para aumentar la eficiencia y la eficacia del Ministerio Público, las policías preventiva y judicial en los últimos años.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer una vez aclarado esto?, que haya una inversión en vivienda, sueldos y prestaciones de la policía, que sea coincidente con el incremento en los requerimientos que estamos poniendo, porque si no, no va a funcionar. Y eso significa necesariamente llegar a un acuerdo respecto a recursos para el año 2010.
No todo depende de recursos, pero una parte muy importante, sí. Más que en equipo lo que necesitamos es invertir en los elementos de las policías.
Por otra parte, una cosa que me parece muy relevante de la reunión de hoy, es que por fin se acordó que tengamos con la participación de todos los Estados, del Distrito Federal y de las instancias federales, tengamos un Sistema de Evaluación, acordado, transparente, que permita evaluar lo que hacemos si, por supuesto, las entidades federativas, pero también el gobierno federal.
¿Qué es lo que se está haciendo, cuánto se esta invirtiendo y qué resultados hay? Y eso tendrá que presentarse para la próxima sesión del Consejo y deberá ser aprobado lo que hemos denominado un Sistema Nacional de Evaluación de todo lo que se está haciendo en materia de seguridad.
Por fortuna ese acuerdo fue aprobado y estimamos entonces que en la próxima sesión del Consejo podremos tener ese instrumento que es muy relevante para los ciudadanos y para las propias instancias de gobierno.
En pocas palabras de cada programa, de cada acción ¿qué resulta? Tiene que haber una evaluación específica de cada una de las cosas y también de lo que se invierte, ¿cuánto se invierte y qué se resuelve y qué resultado tiene?
Esto todavía es más relevante porque en los últimos años ha habido un incremento muy relevante, muy importante, de los fondos en materia de seguridad. Y sin embargo tenemos índices de violencia altos, respecto al pasado, a nivel nacional.
Entonces, eso también tenemos que aclarar qué efectos están teniendo eso recursos, en qué los estamos invirtiendo o a qué se debe que no tengan siempre los resultados que quisiéramos. Bueno, eso fue, me parece muy importante.
Y para la próxima sesión va a ser aprobada, el Gobierno del Distrito Federal seguirá por supuesto participando en todos esos trabajos muy marcadamente en lo que acabo de referir, que es el Sistema Nacional de Evaluación.
Muchas gracias por su atención.

ICESI

Críticas a ICESI no es novedad
Las columnas de hoy son evidentes
Frentes Políticos de Excélsior 27-Nov-2009, dice:
I. La encuesta incómoda. Ayer, el director del ICESI, Luis de la Barreda, dijo que, en México, 56% de la gente no permite a menores salir a la calle, debido a la delincuencia, y la mitad no sale de noche. El medidor del delito muestra que Chihuahua, Sinaloa, Baja California, el DF y Guerrero tienen la mayor inseguridad. Eso molestó a más de uno, y descalificaron las cifras.
II.El primero fue Marcelo Ebrard, jefe del GDF. Dijo desconocer la metodología y propuso crear una comisión para revisar los resultados y, cosa rara, lo secundó el presidente Calderón. También se inconformaron: Enrique Peña Nieto del Edomex, José Reyes Baeza de Chihuahua, Andrés Granier de Tabasco, Amalia García de Zacatecas y José Guadalupe Osuna de Baja California, al deslizar que la muestra fue amañada. Según Alejandro Martí, “tienen la piel muy delgada”. La verdad no peca, pero incomoda.
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Aguas Blancas

Retrospectiva
COMUNICADO LEIDO POR EL (entonces) C. SECRETARIO DE GOBERNACION, LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, 4 de marzo de 1996
Los hechos ocurridos el pasado 28 de junio, en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benitez, en el estado de Guerrero, constituyen una afrenta para todos los mexicanos, como lo señaló desde el primer momento el Presidente de la República. Este suceso en el que perdieron la vida diecisiete personas y resultaron heridas veinte, reclama que se haga justicia, no solo para los agraviados, sino para la sociedad toda.
Una vez ocurridos los lamentables acontecimientos, las autoridades competentes iniciaron la averiguación previa y consignaron ante el órgano judicial a diez presuntos responsables, todos ellos integrantes de las fuerzas de seguridad pública de la entidad.
Posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación conteniendo entre otros, los siguientes puntos principales:
• Que un fiscal especial subsanara procesal y ministerialmente los errores, las deficiencias y las omisiones de la indagatoria;
• Que se suspendiera en el ejercicio de sus funciones al Secretario General de Gobierno;
• Que se destituyera y arraigara al Procurador General de Justicia del Estado y a dieciocho servidores públicos más.
Una vez designado el fiscal especial, ejercitó acción penal contra 43 personas como probables autores de los delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono de la función pública. Entre los presuntos responsables se encuentran tanto funcionarios del gobierno del estado de Guerrero como elementos de las fuerzas de seguridad pública.
Sin demérito de todas estas actuaciones el Gobierno Federal ha estado desde el principio del caso atento a su desenvolvimiento.
Los delitos cometidos en Aguas Blancas, de acuerdo con la ley deben ser juzgados por las autoridades judiciales del estado de Guerrero, y con el objeto de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, el Congreso de la entidad designó un fiscal especial.
En todo momento el Ejecutivo Federal se ha mantenido respetuoso de las actuaciones de las autoridades locales.
El martes pasado concluyó la etapa previa de averiguación con la consignación de las personas que el fiscal especial encontró presuntamente responsables. Hoy, el Gobierno de la República apegado estrictamente a la Constitución ha decidido hacer uso de una facultad orginariamente plasmada por el Constituyente de 1917, en el párrafo segundo del artículo 97 de nuestra Carta Magna.
De acuerdo con dicha norma, el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el Gobernador de algún estado podrán solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nombre alguno o algunos miembros de su seno, o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designe uno o varios comisionados especiales, para que averigue algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de una garantía individual.
Hace casi cincuenta años que no se ejerce esta facultad.
Con pleno respeto al proceso legal que está en marcha en relación a los lamentables sucesos referidos, el Ejecutivo Federal ha decidido recurrir a esa atribución, porque considera que hay la materia grave que le da sustento.
Por eso, el titular del Ejecutivo de la Unión ha instruido a la Secretaría de Gobernación para que presente y hoy lo hizo la solicitud correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El estado de derecho se fortalece cuando en lugar de reaccionar por la vía de los hechos frente a ilícitos o conductas punibles, se recurre a la ley para combatirlos.
Para algunos esta decisión podrá parecer tardía. No lo es. El Ejecutivo Federal la adopta una vez que se han desahogado las fases de averiguación previa del proceso respectivo.
Otros la considerarán insuficiente. Tampoco lo es. La justicia se alcanza a través de procedimientos que no pueden ser violentados, pues por el contrario, su observancia asegura la objetividad y equidad necesarias para alcanzar un resultado apegado al derecho.
Habrá quienes piensen que vulnera la autonomía estatal. Hay que recordar que el federalismo no se pactó para crear ámbitos excluyentes de los controles de constitucionalidad y legalidad a los que cualquier autoridad está sujeta más bien, la fórmula federal se adoptó para fortalecer niveles propios de responsabilidad. La Constitución y las leyes que emanan de ella, establecen los mecanismos para asegurar a un tiempo, la autonomía de los estados y la plena vigencia del principio de legalidad en todo el país.
Hay que reconocer pues, en el derecho, la fuente legítima que abre opciones y posibilidades reales para hacer justicia. Siguiendo la norma, destruimos falsos dilemas entre legalidad y negociación política, entre el respeto al Pacto Federal o impunidad.
Queremos que en el caso que nos ocupa, se distinga muy bien, la materia central de la investigación, la manera cómo ésta se ha llevado a cabo y las responsabilidades que deben fincarse en consecuencia, pero sobre todo, y a fin de cuentas, queremos justicia.
En los sucesos de Aguas Blancas, el Presidente de la República ha considerado que por tratarse de hechos de excepcional gravedad que conculcan las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, es menester agotar todas las instancias para lograr el total esclarecimiento de los hechos y dar una satisfacción real al agravio ocasionado a las víctimas, a sus familiares y a la comunidad nacional.
Dando aplicación concreta a esta importantísima facultad que tiene el más alto tribunal de la nación y cuyo ejercicio excepcional sólo se justifica ante la gravedad de los hechos a investigar, se reafirma el orden constitucional y el régimen de derecho.
Los atributos de autoridad moral, imparcialidad, solidez y profesionalismo de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, generarán, sin duda, la certidumbre que la sociedad reclama.
El procedimiento que la Constitución establece implica que al culminar, se rinda un informe que señale las acciones y procedimientos que en su caso, se encuentren pendientes de desahogar por las distintas autoridades competentes para alcanzar la verdad.
Sabe muy bien el Ejecutivo Federal, que los señalamientos que formule la Suprema Corte en su informe, deberán ser atendidos por todas las autoridades, de manera respetuosa y rigurosa.
Acontecimientos como el de Aguas Blancas no deben repetirse. Pero por otra parte, deben servirnos para reflexionar sobre el valor y la trascendencia de la justicia, que se alcanza sólo a partir del derecho.
Por eso, no nos apartaremos de nuestra meta de consolidar a México como un país de leyes y de instituciones. Lograrlo es en esencia, el principal mandato que el pueblo mexicano le ha dado al Gobierno de la República.
Los mexicanos queremos justicia, no impunidad.
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Fueron nombrados los ministros Román Palacios y Juventino V. Castro y Castro, para integrar una comisión especial de la Suprema Corte para investigar en 1995 la matanza en el paraje Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Guerrero, indagatoria que marcó un hito en la SCJN por ser la segunda vez en su historia que se abocaba a conocer una demanda sobre la presunta grave violación a garantías individuales.

Elecciones en la SCJN

Columna Juegos de Poder/Leo Zuckermann
Elecciones en la Corte
Excélsior, 27 de noviembre de 2009;
Todavía recuerdo la elección de Margarita Luna como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2004. Fue un proceso rápido, superficial y cerrado. El Senado llevó a cabo un periodo extraordinario para votar la terna de tres candidatas que había presentado el presidente Fox. Cada una expuso en veinte minutos “sus consideraciones en torno a su tarea como aspirantes a ministras”. ¡Veinte minutos para presentar un proyecto profesional de quince años en el máximo tribunal judicial!
Los senadores no interpelaron a las candidatas. Después de sus exposiciones, tampoco hicieron pregunta alguna. Sin debatir, el Senado procedió a votar y Luna resultó la vencedora con 82 sufragios a favor, equivalentes a 78% de los legisladores presentes y a 64% del total del Senado. Así, sin más, se eligió a una de las once personas que integran uno de los órganos más poderosos del país.
Meses antes, el Senado había elegido, por medio de un proceso similar, a José Ramón Cossío como ministro de la SCJN. Ambos procesos evidenciaron un reparto partidista de las dos vacantes: el PAN apoyó a Cossío, el PRI a Luna. De esta forma, los dos principales partidos, sin debate de por medio, se repartieron las posiciones. Los nombramientos se negociaron entre el líder de la bancada priista y el Ejecutivo panista.
Tomando en cuenta dicho proceso, la elección de Luna pasó inadvertida en los medios. Un diario nacional la reportó en la página diez. La mayoría de los semanarios políticos ni siquiera le dedicaron una nota. No fue noticia.
En estos días se elegirá a dos ministros para cubrir las vacantes que dejaron Mariano Azuela y Genaro Góngora. El Presidente ya envió al Senado las dos ternas de candidatos. Una está integrada por miembros del Poder Judicial: Luis María Aguilar, María Luisa Martínez y Jorge Mario Pardo. La segunda, por académicos: Jorge Carlos Adame, Eduardo Ferrer MacGregor y Arturo Zaldívar. La decisión ya está en la cancha del Senado. ¿Sucederá lo mismo que en el pasado? ¿Habrá poco debate porque, en el fondo, ya todo está decidido en un esquema de reparto de un ministro para el PAN y otro para el PRI?
Todo indica que así será. Los senadores no están en el ánimo de mucho debate. En esta ocasión, al parecer, le van a dar 15 minutos a cada uno de los seis candidatos para hablar frente al Pleno de la Cámara de Senadores y después, en comisiones, responderán a preguntas que se hagan en forma individual. Posteriormente el Pleno votará con boleta escrita. Ganará el candidato que obtenga una mayoría calificada del quórum de ese día. Una vez más, un proceso rápido, superficial y cerrado.
No debe sorprendernos, entonces, que la elección de los ministros no despierte un mayor interés mediático y de la ciudadanía. Mucho más interés y debate suscitaron las elecciones de consejeros del IFE y, más recientemente, del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como si estos funcionarios tuvieran más poder que un ministro de la SCJN. Claramente se trata de otro caso donde las prioridades de nuestro sistema político están chuecas. La SCJN tiene mucho más poder que el IFE y la CNDH. Ahí se deciden acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Casos importantísimos que definen la vida política, económica y social de la nación, sin exagerar.
Pero qué importa cuando existe la impresión de que la elección de los ministros ya está “planchada”: uno lo pondrá Manlio, otro Felipe. Así de fácil. Colorín colorado. “Usted será ministro por 15 años de la SCJN y, en el futuro, acuérdese bien quién lo puso ahí sin debate de por medio”.
Mucho más interés y debate suscitó la selección de consejeros del IFE.

Críticas a ICESI

Frentes Políticos de Excélsior 27-Nov-2009
I.La encuesta incómoda. Ayer, el director del ICESI, Luis de la Barreda, dijo que, en México, 56% de la gente no permite a menores salir a la calle, debido a la delincuencia, y la mitad no sale de noche. El medidor del delito muestra que Chihuahua, Sinaloa, Baja California, el DF y Guerrero tienen la mayor inseguridad. Eso molestó a más de uno, y descalificaron las cifras.
II.El primero fue Marcelo Ebrard, jefe del GDF. Dijo desconocer la metodología y propuso crear una comisión para revisar los resultados y, cosa rara, lo secundó el presidente Calderón. También se inconformaron: Enrique Peña Nieto del Edomex, José Reyes Baeza de Chihuahua, Andrés Granier de Tabasco, Amalia García de Zacatecas y José Guadalupe Osuna de Baja California, al deslizar que la muestra fue amañada. Según Alejandro Martí, “tienen la piel muy delgada”. La verdad no peca, pero incomoda.
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Tempo Mayor de Reforma,
EN LA REUNIÓN del Consejo Nacional de Seguridad Pública hubo alguien que no se la pasó muy bien.
FUE Luis de la Barreda a quien más de un gobernador le reclamó porque varios de ellos no estaban de acuerdo con la encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, cuyos resultados fueron presentados ayer... y que no los dejan muy bien parados.
EN ESPECÍFICO le pidieron aclarar la metodología bajo la cual se aplica la encuesta para medir los índices delictivos en los estados, pues consideran que está sesgada.
A LO MEJOR fue por eso que al final de la reunión De la Barreda se fue sin despedirse.

Procesión en Los Angeles

La Virgen de Guadalupe y Juan Pablo II, en procesión por Los Ángeles
“No tengas miedo”, lema de la procesión de este año
LOS ÁNGELES, Cal., jueves 26 de noviembre de 2009 (ZENIT.org - El Observador). “No Tengas Miedo” es el lema para este año en la procesión de la Virgen de Guadalupe, quien irá acompañada por varias imágenes de santos y sacerdotes mártires, entre ellos: Juan María Vianney, patrono de los párrocos; Miguel Pro, famoso mártir de México; Toribio Román, patrono de los inmigrantes y Monseñor Oscar Arnulfo Romero, obispo mártir de El Salvador, así como del Papa Juan Pablo II.
La procesión habrá de celebrarse el próximo 6 de diciembre y corresponde a la cita anual de los cientos de miles de hispanos que viven en la metrópoli angelina, especialmente los que viven en el Este de Los Ángeles, lugar donde se desarrollará la procesión solmene de este año.
Monseñor John Moretta, párroco de la Iglesia de la Resurrección, quien ha sido el coordinador de la procesión por los últimos 10 años, explicó a Vida Nueva, órgano al servicio de los latinoamericanos publicado por la arquidiócesis de Los Ángeles, que el lema de este año: “No tengas miedo”, es parte del mensaje que la Virgen comunicó a San Juan Diego cuando Ella se le apareció en el cerro del Tepeyac diciéndole: “No estoy yo aquí que soy tu madre, que más has de menester”.
“Este mensaje que la Virgen envió a todos sus hijos desde aquel año de 1531, fue escogido por el Comité Guadalupano 2009 de la Arquidiócesis de Los Angeles especialmente durante este año sacerdotal”, explicó monseñor Moretta.
Proclamado el 2009 “Año Sacerdotal” por el Papa Benedicto XVI, las distintas parroquias realizan oraciones para los sacerdotes y el grupo Guadalupanos Unidos, responsable de llevar a cabo la Procesión de la Virgen de Guadalupe.
Monseñor Moretta dijo que la procesión a la Virgen de Guadalupe se realizará el domingo 6 de diciembre que culminará con una misa que presidirá el Cardenal de Los Angeles Rogelio Mahony y los obispos auxiliares, así como por una docena de otros sacerdotes en el Colegio del Este de Los Angeles.
La procesión que se ha realizado por casi 80 años va a comenzar en la Calle Ford y la César Chávez en el Este de Los Angeles, donde todo el público está invitado.
Este año, al igual que en el 2008, participarán más de 700 jóvenes procedentes de las distintas parroquias de Los Angeles, quienes llevarán la antorcha guadalupana encabezando la procesión.

Convocatoria

DOF: 27/11/2009
CONVOCATORIA para la elección de tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil y sus respectivos suplentes para formar parte del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.
CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE TRES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTES PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO DE LA COMISION DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (la Comisión), de conformidad con el artículo 27 fracción II de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (la Ley) y el artículo 40 de su Reglamento, emite la siguiente:
CONVOCATORIA
Dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (el Registro) para la presentación de propuestas de candidatos a consejeros propietarios y suplentes como sus representantes de acuerdo con las siguientes bases:
1. Del Consejo
El artículo 26 de la Ley señala que el Consejo Técnico Consultivo (el Consejo) es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la administración, dirección y operación del Registro, así como concurrir anualmente con la Comisión para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento.
El artículo 29 de la Ley, establece que para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las funciones siguientes:
I. Analizar las políticas del Estado mexicano relacionadas con el fomento a las actividades señaladas en el artículo 5 de la Ley, así como formular opiniones y propuestas sobre su aplicación y orientación;
II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas del Estado mexicano señaladas en la anterior fracción;
III. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;
IV. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones;
V. Coadyuvar en la aplicación de la Ley;
VI. Emitir recomendaciones para la determinación de infracciones y su correspondiente sanción, en los términos de la Ley. Las recomendaciones carecen de carácter vinculatorio, y
VII. Expedir el Manual de Operación conforme al cual regulará su organización y funcionamiento.
2. De la renovación de consejeros(as)
Se elegirán tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil y sus respectivos suplentes, quienes habrán de sustituir a los tres consejeros propietarios y tres suplentes que concluyen el periodo para el que fueron electos, en concordancia con lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley.
3. De la recepción de propuestas
3.1 Las organizaciones con inscripción vigente en el Registro podrán proponer por escrito a candidatos(as) ante la Comisión, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 39 del Reglamento de la Ley:
I. Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Acreditar un mínimo de cinco años de experiencia como miembro o directivo de organizaciones;
III. No haber sido registrado como candidato de algún partido político a cargo de elección popular en los tres años anteriores a la designación;
IV. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político o asociación religiosa en los cinco años inmediatos anteriores a la postulación, y
V. No haber sido servidor público de cualquier nivel u orden de gobierno durante el año inmediato anterior al día de su postulación al Consejo.
3.2 De la documentación:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento la propuesta deberá contener:
I. Nombre completo del candidato;
II. Domicilio, teléfono y correo electrónico, si lo tuviere, y
III. Las razones objetivas que respalden la candidatura propuesta, atendiendo los criterios de elegibilidad, que señalan el artículo 27 de la Ley y 40 de su Reglamento, a saber antigüedad, membresía, desempeño y representatividad de las organizaciones.
La solicitud deberá anexar una carta con la rúbrica del candidato(a) dirigida a la Comisión, en la que de fe de la autenticidad de la información entregada, y declare bajo protesta de decir verdad que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 39 del Reglamento de la Ley para formar parte del Consejo.
La solicitud será acompañada asimismo, con base en lo estipulado por el artículo 41 del Reglamento de la Ley, de copia simple de la siguiente documentación:
I. Currículum que detalle los datos biográficos, estudios y trabajos realizados (anexando documentación probatoria correspondiente);
II. Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte), y
III. Comprobante de domicilio (recibo de luz o teléfono).
3.3 De los criterios de elegibilidad:
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento, los(as) candidatos(as) se elegirán conforme a los siguientes criterios:
I. Antigüedad: Lapso de tiempo en que una persona ha realizado acciones vinculadas con una o varias actividades dentro de organizaciones o en corresponsabilidad con los programas de gobierno o los de otros actores sociales;
II. Desempeño: Cumplimiento de las políticas y normas institucionales, así como de las funciones y metas convenidas legalmente de forma individual y/o colectiva por los candidatos, con base en sus capacidades para la realización de proyectos relacionados con cualquiera de las actividades;
III. Membresía: La pertenencia a una o más organizaciones, y
IV. Representatividad: Cualidad del aspirante que reúne los conocimientos, habilidades y destrezas probados por su desempeño, y que por su experiencia en actividades de fomento cuenta con el reconocimiento de terceros en materia de actividades y en la operación de las organizaciones.
4. Del plazo y lugar de la presentación de documentación
A partir de la publicación de la presente Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la misma estará disponible en las páginas electrónicas de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) www.sedesol.gob.mx; de Gobernación, www.segob.gob.mx; de Hacienda y Crédito Público (SHCP) www.hacienda.gob.mx; de Relaciones Exteriores www.sre.gob.mx; así como en la del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) www.indesol.gob.mx; y en el sitio de Internet www.corresponsabilidad.gob.mx.
La entrega de las propuestas o su envío por correo postal o mensajería será en la Secretaría Técnica de la Comisión, con domicilio: 2a. Cerrada de Belisario Domínguez número 40, colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, código postal 04100, México, Distrito Federal. Las mismas se recibirán hasta las 18:00 horas del día 10 de diciembre de 2009. Por consiguiente, sólo se recibirán aquéllas cuya fecha de matasellos se ciña a la hora y fecha límite señalada anteriormente.
5. Del proceso de elección
Una vez cerrado el plazo señalado en el anterior apartado, la Comisión conformará un grupo de trabajo para verificar la integración de los expedientes y la idoneidad de los candidatos propuestos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley, se celebrará una sesión extraordinaria de la Comisión para elegir a los consejeros, lo que se hará por la mayoría de votos de los miembros de la Comisión presentes. La sesión extraordinaria se llevará a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir del cierre de la Convocatoria.
6. De la permanencia en el Consejo
La permanencia de los consejeros representantes de las organizaciones de la sociedad civil propietarios y suplentes será por un periodo de tres años.
El cargo de consejero será honorífico y por lo tanto no se recibirá retribución, emolumento o compensación alguna.
7. De los resultados
Los resultados se darán a conocer a través de las páginas electrónicas de la Sedesol, Indesol y en la página: www.corresponsabilidad.gob.mx en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la elección y la Comisión notificará mediante oficio a los representantes elegidos.
8. Facultad de la Comisión
Cualquier asunto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión.
Dado en la Ciudad de México, D.F., a 23 de octubre de 2009.- Los Integrantes de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil: la Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social y Secretaria Técnica de la Comisión, Ana María León Miravalles.- Rúbrica.- La Comisionada para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Blanca Heredia Rubio.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco.-

La reunión del CNSP y la encuesta de ICESI

EDITORIAL
CNSP: TODOS LOS ESTADOS MAL ¿SÓLO GENARO BIEN?
¿Era necesario reunir al Consejo Nacional de Seguridad Pública ayer en Palacio Nacional para entregarles una obsoleta encuesta del año pasado donde, en vez de resultados concretos, constan percepciones de la sociedad sobre el estado actual de la seguridad pública en las diferentes entidades federativas del país?
¿Había entre los organizadores de la reunión de ayer la intención de demostrar que en el país el único que está haciendo bien su tarea es Genaro García Luna desde la SSP federal –por haber recibido el dinero suficiente para adquirir tecnología y máquinas que aún no prueban su eficacia- mientras que la mayoría de los gobernadores del país están retrocediendo en su trabajo por la seguridad pública?
¿Cómo se puede ocultar que luego de la inmensa movilización de recursos policiales, militares y de presupuesto el estado de Chihuahua siga siendo el más peligroso de México sin solución a la vista para los numerosos casos de asesinatos –que no ejecuciones- y secuestros que se dan en esa entidad?
¿Cuál es el resultado concreto, efectivo, tangible y medible en términos de tranquilidad ciudadana del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el año pasado luego de los dos escandalosos casos (los demás no lo son ni lo serán) de secuestro y asesinato de Fernando Martí y Silvia Vargas Escalera?
¿Qué autoridades cumplieron, quién no cumplió, quién constató y verificó el seguimiento de los compromisos adquiridos hace un año y quién renunció al no poder estar a la altura del cargo público que detenta? Nadie informa.
Sin embargo, como en el caso del (des) empleo en el país, una vez más, en otro rubro delicado para la sociedad, hemos podido apreciar ayer al Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, recorriendo el camino de la autocomplacencia montado en frases como aquella de que “hemos rebasado las metas que nos fijamos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”.
Si la meta de los funcionarios públicos de Gobierno consiste en garantizar la seguridad pública de los ciudadanos a primera vista no se entiende el significado de haberla rebasado a menos de que se trate sólo de propuestas como tener la intención de buscar la procuración de la seguridad pública sin tener que garantizar el resultado. En ese caso podemos pensar que el Presidente tuvo el año pasado una intención y ahora posee otra mejor.
La intención actual parece caminar a que sea el Gobierno federal quien tome todo el control de la seguridad pública nacional a partir del CIPOF (Centro de Inteligencia de la Policía Federal) de García Luna y, en un primer paso, la implementación de un nuevo modelo por el que se plantea unir las 2 mil 100 corporaciones municipales actuales en 32 grupos estatales, en un plazo no mayor a 18 meses.
Esta etapa intermedia no ha encontrado resistencias entre los gobernadores porque en principio apuntala la capacidad de fuerza de los estados frente a los municipios. Nada más se opone un pequeño detalle y es el artículo 115 Constitucional que establece la organización política y administrativa del municipio libre.
Pero esos son detalles que sin duda ya se están negociando los dos grupos de gobernadores más numerosos del país para imponerlos a los demás aunque no será fácil imponerlo desde arriba a todos los municipios del país. Mientras tanto, el país ya olvidó las promesas del año pasado y ahora sólo ve lo que sigue en el entramado que sólo parece
Fuente: Grupo MBC Directors Viernes 27-11-09
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