26 jul 2005

Perdón y olvido sí, pero antes ¡Justicia!

Escrito el 22 de julio del 2004, y comentado en Imagen Informativa, Tercera emisión 90.5 de FM, que conduce Jorge Fernández Menéndez.
Este sábado 24 de julio - de 2004- la Fiscalía para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado consignará ante el Poder Judicial las averiguaciones previas sobre la matanza del jueves de corpus de 1971. El delito que se imputa a los acusados – entre ellos militares, civiles y hasta un expresidente de la República - es considerado muy grave: genocidio y delitos de lesa humanidad.
El genocidio literalmente significa la destrucción intencional de grupos nacionales, raciales, religiosos o étnicos, y por su naturaleza legal, moral y humanitaria, es considerado un crimen internacional. Muchos de esos crímenes son penados y castigados a través de la cooperación internacional. El caso más ilustrativo es el del argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, que fue extraditado a España desde México por los crímenes de terrorismo y genocidio cometidos en Argentina.
Como podemos ver la situación no es nada fácil para el gobierno del presidente Fox y concretamente para el Fiscal encargado de la investigación: Ignacio Carrillo Prieto.
El asunto tal y como se presenta tiene en este momento – querámoslo o no- un tinte político. Desde la creación de la fiscalía se sabía que cualquiera que fuera el resultado de las investigaciones inevitablemente provocaría divisiones sociales o rupturas de no muy fácil solución.
En este momento hay voces de muchos actores políticos que piden se cierre él capitulo de la historia de la guerra sucia y se obtenga la reconciliación a través de una especie de perdón y olvido.
Por supuesto que no es adecuado y no puede ser –por ningún motivo- que un partido político como el PRI determine la condición del diálogo y la negociación con el gobierno actual por el sólo hecho de tener abierta las investigaciones.
Pero por otro lado, son más las voces que señalan no a la impunidad y simplemente se aplique la justicia, el ejercicio de la acción penal. Rescato únicamente la del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, subrayando que “el derecho siempre será el camino que deberá seguirse, aún en las posiciones más radicales”.
Las investigaciones de Cristina Eguizábal y Rut Diamint (Foreign Affairs En Español, Primavera 2002), nos recuerdan que “en la mayoría de los países latinoamericanos, donde las fuerzas armadas estuvieron implicadas en graves violaciones a los derechos humanos y abusos de poder, el hecho de que las nuevas autoridades indicaran sin ambages su compromiso con la justicia y su intención de terminar con la impunidad constituyó un hito fundamental en el proceso de construcción democrática.”
El Juez español Baltasar Garzón recomienda que en estos casos hay que seguir adelante. Dice que el pretexto de garantizar la estabilidad política de un país lo que consigue únicamente es garantizar la impunidad. Señala que “es curioso que exista una urgente necesidad en acabar las investigaciones sobre tales execrables hechos y que no se ponga igual énfasis en sancionar las causas que las generaron y castigar a los que las cometieron, confundiendo la seguridad del Estado democrático que impondría esta medida con la seguridad personal de aquellos que violaron las normas básicas de convivencia y que buscan la impunidad.”
(En una conferencia magistral pronunciada en diciembre del 2001 en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina) Precisa Garzón que “las voces que postulan el olvido y el silencio pueden estar justificadas políticamente, pero nunca lo estarán moralmente...,El olvido y la memoria constituyen derechos inalienables de las víctimas, y a ellos corresponde administrarlos!, ya que los olvidos impuestos no duran.”
“Se impone.., la exigencia y la necesidad del conocimiento profundo de los hechos, y se hace precisa una catarsis colectiva que enfrente al Estado y a los ciudadanos a ese pasado, y que obligue a limpiar la herida y a la correcta sutura de la misma mediante la aplicación de la ley. Si no se hace así, jamás será posible la reconciliación. Antes o después, el fenómeno volverá a producirse.”
Charles Villavicencio, director del Instituto para la Justicua y la reconciliación de Sudáfrica en una reciente entrevista para el periódico español La Vanguardia (18 de julio 2004) recomienda al igual que el juez Garzón se concrete una auténtica catarsis colectiva, la catarsis de la verdad! que se sepa todo lo que pasó con el objetivo de que el país y el mundo conozcan los hechos. El conocimiento de los hechos será la vacuna y “solamente así se puede reconstruir el país, como sucedió en Sudáfrica donde algunos altos responsables –ministros, generales– sí fueron juzgados y condenados a prisión, ya que se negaron a pedir amnistía y siguen en la cárcel.”
¡No hay que desdeñar la recomendación de Charles Villavicencio y del juez Garzón!
Además, la experiencia Argentina puede ser ilustrativa; Hace unos meses el gobierno argentino por petición general tuvo que anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas en 1986 y 1987 que impedían procesar a más de 2000 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que padeció ese país entre 1976 y 1983. Y no sólo es el caso argentino, como dice el profesor Reyes Mate (EL País, 27-09-2003), la memoria sigue ganando batallas en la lucha contra el olvido “el gobierno chileno quiere revisar el punto muerto que se encuentra la valoración del pasado adoptando medidas tales como indemnizar a los torturados por la dictadura de Pinochet o revisar la responsabilidad penal de los militares que planificaron, dirigieron o ejecutaron los crímenes en aquellos tiempos oscuros, el PSOE se plantea exigir ...,una ley que reconozca que los tribunales de la dictadura franquista eran ilegales”.
Este sábado 24 el fiscal Carrillo Prieto tienen una cita con la sociedad, esperamos un informe completo que arroje verdades, y si existen elementos que se haga justicia, a partir de ahí la decisión del ejercicio de la acción penal en contra de los acusados será de los jueces.
Independientemente de lo que arroje el resultado de los jueces, debemos empezar como sociedad por aplicar aunque sea medidas de reparación simbólica, quizá acciones conmemorativas como la construcción de monumentos, el cambio de nombre de lugares públicos. La reconciliación nacional el perdón y olvido vendrá con el tiempo, hay que hacer algo para darle la vuelta a la página de la historia, tomarle la palabra al General Secretario de la Defensa Nacional.
Y es que recuperar el pasado sin perder el futuro ni descuidar el presente, no es cosa sencilla.
¿Es posible la amnistía?
Sí, ahí están los casos de España, Sudáfrica, Salvador y Guatemala, algunos de los países en donde se aplicó la amnistía bajo distintas modalidades, en el caso nuestro hay condiciones para que se pueda emplear. Pero como dicen los exguerrilleros Jesús Zambrano, Gonzalo Yáñez, Gustavo Hirales y Humberto Zazueta, si se debe perdonar, pero antes se deben esclarecer los hechos y consignar a los culpables, con la salvedad de que una amnistía jurídica no equivale a la amnesia histórica o política.

¡No canten victoria!

En julio de 2004, la Fiscalía especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República consignó ante el Segundo Juzgado de Distrito en materia de procesos penales federales del Reclusorio Preventivo Norte, el expediente - 14 tomos con nueve mil 382 fojas de la averiguación previa-, donde se acusa a Mario Moya Palencia y a Luís Echeverría Alvarez, por el delito de genocidio.

El día de hoy, la magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, del Quinto Tribunal Unitario del Primer Circuito no encontró elementos jurídicos que sustentaran la tesis del genocidio, en el caso de las muertes de estudiantes del 10 de junio de 1971, por lo que determinó negar las órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios federales.

La decisión de la magistrada es un nuevo golpe a las intenciones del presidente Fox de castigar a los responsables de la "guerra sucia".

Las reacciones no se han hecho esperar.

Doña Rosario Ibarra de Piedra, señaló que la determinación "era de esperarse". Dijo que la fiscalía es "un ente creado por el presidente Fox para disimular todo esto, para taparlo, para cubrirlo. Me parece que todo está preparado, es plan con maña".

En tanto, Juan Velásquez, abogado defensor de Echeverría y Moya dijo "nosotros sostuvimos siempre que nunca se había cometido un genocidio." Se congratuló de la decisión de Velasco Villavicencio "que bueno que la justicia a final de cuentas se pronunció declarando la inexistencia de un genocidio".

La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados se pronunció porque la Fiscalía Especial apele el fallo del tribunal.

En un comunicado de prensa, la fracción del PAN indicó que no comparte la decisión de la magistrada , por lo que “Acción Nacional insistirá sobre este tema y, en sintonía con el Gobierno Federal, buscará, en un afán de reconciliación y no de cacería de brujas, que se castiguen los delitos del pasado que le costaron la vida a tantos mexicanos”. Los diputados del PAN exhortaron al Poder Judicial para que analice el caso de nueva cuenta y se evite que los responsables del “halconazo” queden impunes.

En tanto para el PRD el fallo sobre las muertes de estudiantes el 10 de junio de 1971, sienta un precedente para que prevalezca la impunidad.

Para la diputada Eliana García Laguna, el fallo “significa que en el país todavía no hay una correlación de fuerzas a favor de la justicia y de los derechos humanos y que se tiene que reformar el marco jurídico para que se sancione a quienes cometen crímenes desde el Estado”.

Dijo que las argumentaciones del Tribunal no corresponden al espíritu de los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos, en el sentido de que el genocidio es un delito que no prescribe.

En tanto, la diputada Martha Palafox, del PRI, afirmó que integrantes del PRD se han aprovechado de los movimientos estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971 y dijo que si insisten en hacer una investigación profunda sobre esos hechos también se debe considerar a los militares que murieron en esa época.

“Si el PRD se empeña en que este juicio siga adelante, habría que abrirlo realmente y hacer una investigación profunda, porque en ese escenario también murieron gentes del Ejército” que tenían familia y por ellos nadie ha peleado, ni dado la cara, indicó.

La legisladora priísta dijo que los militares que también murieron en esa época “no han usufructuado con los diferentes gobiernos y diputaciones. No han gobernado, no han tenido las mismas canonjías, ni lo mismo que ha usufructuado el partido de izquierda, el PRD”.

Se pronunció porque en una investigación profunda sobre esos acontecimientos también se diga que “las personas que en ese entonces actuaban como delincuentes y como secuestradores, ahora las quieren hacer héroes nacionales”.

Y las que se sumen.....,Mañana sin duda estará en primeras planas, y será abordado en la comisión permanente del H. Congreso de la Unión.

Quiero aprovechar para incluir en este bitacora el texto de Arturo Martínez Nateras: ¡No canten Victoria!


En la nueva situación creada, el Fiscal Ignacio Carrillo Prieto debe consignar ya el pliego de cargos por el 68 y las desapariciones. Si no lo hace en un plazo máximo de 72 horas será preferible que renuncie pues de lo contrario cargará con el cargo social inapelable de la complicidad
Es el tiempo justo de lanzar una nueva ofensiva en la batalla jurídica, histórica, social y jurídica. Estamos listos a internacionalizar los procesos…

La sentencia de la Magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio es un punto a favor de la impunidad, del picapiedrismo; un nuevo agravio al publo de México, una vergüenza más en los peores anales del poder judicial. La abogada cedió ante las presiones de los poderes facticos, del dinero, del viejo poder; de la influencia de las filtraciones y de los amagos

Justo hoy 26 de julio, 37 años después de nuestro 26, la señora emite su provocadora sentencia. Echeverría y cómplices no han sido exonerados como festinan sus apologistas.

Justo hoy 26 de julio de 2005 cuando por la mañana en Lecumberri develamos un memorial a los presos pólíticos y acordamos volvernos a encontrar el 13 de septiembre con la relación completa y el 4 de diciembre en homenaje a Pablo Alvarado Barrera. Determinaremos un día de acciones en tributo a las mujeres encarcelas en Santa Martha.

La señora Magistrada negó las órdenes de aprehensión contra Luis Echeverría Álvarez y Mario Moya Palencia sin permitir un juicio en el cual se desacargasen las pruebas de las partes. ¿Acaso que los caídos el 10 de junio de 1971 se autosuicidaron? ¡¿Qué tragedia judicial!? Ellos no fueron exonerados. La señora impidió este juicio y nada más; pusó su ladrillo en la edficación del régimen de cinismo

Sentenciar que no ocurrió genocidio, sin juicio, es un acto de lesa humanidad, un apresuramiento inaceptable que amerita el repudio de los mexicanos amantes de la justicia y de la verdad.

La abogada AntoniaHerlinda Velasco toma su lugar en los desechos de la historia.

¡No canten victoria! ¡No estamos vencidos! Seguiremos en esta larga marcha por la libertad, el sistema democrático de derecho y de justicia que merecemos los mexicanos.

El Fiscal fiscal Ignacio Carrillo Prieto ha recibido un golpe contundente.
Son evidentes las resistencias y las conspiraciones del viejo y decadente aparato judicial y de las fuerzas que desde el gobierno federal mismo, dificultan el cumplimiento de sus funciones. No ha lugar al desánimo ni a la postración.

Este es el momento oportuno de ejercer la autonomía de la Procuraduría y del Fiscal, de consignar de inmediato el pliego de acusaciones por los casos del movimiento de 1968/2 de ocubre, de los desaparecidos políticos.

La Fiscalía requiere poner punto final a la frivolidad y a la irresponsabilidad, necesita un renovado y fuerte apoyo social; avanzar en la lucha por la opinión favorable de la sociedad. Es necesario mejorar la calidad de la comunicación social y del trabajo jurídico ministerial, del sentido de atención y de responsabilidad histórica de la fiscalía en su conjunto.

Tenemos pendientes acumulados y nuevos retos.

Los sobrevivientes y las víctimas necesitamos actuar juntos para reforzar los reclamos nacionales. Avanzar en todos los espacios de la lucha por la justicia, por el castigo, por la verdad, por el desagravio, por la reparación de agravios fruto de los crímenes del estado.

Tenemos alma y vocación de revolucionarios.

Un nuevo revés, es sólo una raya más al tigre del luchador.

¿Se sienten felices? La historia no perdona. ¡Quien rie al último, rie mejor!

Echeverría leerá en la cárcel mas temprano que tarde.

Arturo Martínez Nateras
Laurel, 60. San Pedro Mártir, Tlapan
México, DF
Credencia de Elector: MRNTAR40050516H700

¡Servido Arturo!


Hoy es Jueves Santo, fin de la Cuaresma

Hoy es jueves Santo... Y aunque la semana Santa comienza el domingo de Ramos, el jueves es sagrado, grande, puro; es el día clave, que marca...