29 ene. 2009

Incidente en Davos


Nunca volvere a Davos!: Erdogan
La culpa del moderador David Ignatius de The Washington Post
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, abandonó una sesión sobre Gaza en Davos la que participaba también el presidente israelí, Simon Peres. Al final de un largo y encendido discurso de Peres en el que cargó contra Hamás y aseguró que el único objetivo de Israel es "la paz", Erdogan pidió la palabra, pero tras apenas unos minutos el moderadocerró la sesión, sin darle la oportunidad de rebatir al israelí.
En una rueda de prensa posterior precisó que Peres mentía acerca de la guerra de Gaza, pero atacó directamente al moderador -"no se puede discutir nada seriamente si Peres habla 25 minutos y yo 12", dijo-, a quien acusó de provocar su reacción. "A Peres lo respeto por su edad", explicó.
El detonante del enfado de Erdogan ha sido, irónicamente, un debate sobre la paz. En sala principal y ante un auditorio abarrotado, Erdogan, el presidente de Israel, Simon Peres, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el secretario general de la Liga Árabe, Amr Musa, debatían sobre Gaza bajo la moderación de David Ignatius, de 'The Washington Post'.
El primero en tomar la palabra fue Ban Ki-moon, quien retomó los argumentos esgrimidos esta misma mañana y explicó la necesidad de recaudar 613 millones de dólares
para la recuperación de la Franja.
El siguiente fue el propio Erdogan, quien lanzó un duro alegato en el que tras condenar el antisemitismo, culpaba a Israel de no haber hecho lo suficiente para evitar las tres semanas de guerra que han conducido a la "destrucción de Gaza". Turquía ha tenido un papel muy activo en los últimos meses en los contactos diplomáticos de la zona. Si bien no fue excesivamente duro, el hecho de que a continuación tomase la palabra Amr Musa contribuyó a caldear el debate.
Cuando la palabra llegó a Peres se notaba cierta irritación. Tres ponentes consecutivos habían criticado a Israel, y su respuesta fue vehemente. De hecho, muy vehemente. En varios momentos Peres, de 85 años, elevó tanto la voz que sus palabras retumbaban al final de la sala. En su respuesta, el presidente israelí arremetió directamente contra Erdogan y, señalándole con el índice, le preguntó "¿qué harías tú si cada noche cayeran 10 misiles, 100 misiles en Estambul?".
Peres respondió a las críticas argumentaba que tanto él como Israel "llevan toda su vida luchando por la paz", pero que "Hamas es un grupo fanático y no democrático que tiene una dictadura en Gaza".
Agotado el tiempo disponible, Erdogan quiso tener otro turno de respuesta, pero David Ignatius le aseguró que no disponía de tiempo. Ante la gran insistencia de Erdogan, el moderador accedió a concederle "sólo un minuto", pero el primer ministro turco inició un nuevo discurso lamentando que "las palabras de Peres hayan sido recibidas con aplausos", pues en su opinión "los 1,300 muertos en 20 días en Gaza" todavía estaban demasiado cercanos en el tiempo.
Y reprochó a Peres el haber elevado la voz, señal, según él, "de los remordimientos y el sentimiento de culpabilidad" del presidente israelí por los civiles fallecidos.
Ante la negativa de Ignatius a concederle más tiempo, Erdogan abandonó precipitadamente el estrado sin despedirse y sin saludar a Karl Schwap, organizador de la cumbre, que subía a despedirse.
Después, matiza
En vista del revuelo suscitado por su marcha inesperada, Erdogan convocó una rueda de prensa en la que ha rebajado el tono de su protesta. Tras abandonar el pabellón principal del Foro Económico Mundial asegurando que no volvería a Davos, argumentó que su enfado no era con el presidente de Israel por el que ha dicho "sentir respeto, por él y por su edad", sino con el moderador del debate, David Ignatius.
Erdogan, consciente del papel que juega en estos momentos Turquía en el proceso de paz de Oriente Medio, ha asegurado que todos sus problemas eran de tipo organizativo pues por la mañana ya le habían hecho esperar 20 minutos en un panel.
"El moderador no ha respetado las reglas de moderación, no ha interrumpido al presidente de Israel y le ha permitido elevar la voz, y aunque se ha referido directamente a mí durante su alocución, apuntándome con el dedo, el moderador no me ha concedido la palabra".
Peres se disculpa por teléfono
Si bien aseguró que "Peres ha mentido. La historia y la ciencia política refutan sus palabras", quiso recalcar que "Turquía sigue comprometida" con la paz, y que esas fueron las razones de su presencia en Davos. Curiosamente, Turquía ha sido uno de los países más activos en las negociaciones, siendo el país, tras Siria e Irán, más cercano a Hamas.
Preguntado por si volvería en posterior ediciones de la Cumbre, el primer ministro turco dijo que "dependerá de la organización. Hablaré con el profesor Schwap, porque "si se modera así, no tiene sentido venir", concluyó.
Después, Simon Peres ha presentado sus excusas por teléfono a Erdogan, según la agencia turca Anatolie. Los dos entablaron una conversación de cinco minutos para aclarar este asunto, que se ha zanjado con las excusas de Peres.
Agencias:

Calderón en Davos, Suiza, 29 de enero

El Presidente Calderón en la Sesión Almuerzo Individual Titulada: "Riders on the Storm: Mexico Overcoming the Crisis - 29/1/2009; Discurso, Davos, Suiza
(Interpretación del inglés al español)
Gracias, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos.
Damas y caballeros.
Estimados amigos:
Es un placer para mí volver a estar aquí, en Davos. Les agradezco por su interés sobre lo que México está haciendo para afrontar la tormenta y superarla.
Quisiera comenzar recordando mi participación en Davos hace dos años, en este mismo foro, haber yo tomado la Presidencia bajo situaciones muy complejas; había yo dicho que estábamos comprometidos a transformar a México para convertirse en un país ganador, a convertir a México en un sitio privilegiado para la inversión en el mundo.
Luego dije que México tiene todo lo que necesita para convertirse en una de las economías más importantes en el mundo para mediados de este siglo. Ese es el pronóstico de algunas empresas financieras y esa es nuestra visión para el futuro.
También había dicho que era crucial implementar una agenda de reformas estructurales para alcanzar esta meta.
Hoy, dos años después, me enorgullece informarles que hemos logrado avances significativos en esta tarea. México es uno de los pocos países latinoamericanos que está implementando reformas para poder lograr una economía más competitiva y dinámica, orientada hacia mercados abiertos e inversión extranjera.
Hemos enfrentando tiempos difíciles por supuesto, sin embargo, contra las probabilidades que en su momento se hacían, hemos trabajado con el Congreso y logrado un consenso sobre reformas fundamentales. Antes de esto, México perdió una década sin ninguna reforma estructural significativa y ahora, apenas en 2 años, hemos logrado que se aprueben varias.
Primero. Se aprobó en el Congreso una Reforma Fiscal que incrementará los ingresos públicos en un dos por ciento anual y reducirá nuestra dependencia del petróleo.
Segundo. De la misma manera un Congreso dividido aprobó una Reforma de gran impacto, logrando una Reforma del Sistema de Pensiones de los servidores públicos.
Hemos pasado del sistema tradicional de ir pagando sobre la marcha, a uno de cuentas individuales. Para poder dar a ustedes una idea sobre la importancia de esto, el ahorro en finanzas públicas es equivalente al 30 por ciento del PIB en su valor actual neto.
Tercero. Estamos mejorando la calidad del gasto público, hemos implementado un sistema de indicadores de eficiencia, hemos armonizado la contabilidad de las finanzas públicas bajo una transparencia obligatoria a los niveles Federal, estatal y municipal.
Pasamos luego nuestra atención a la educación. Construimos una alianza para la calidad de la educación con el sindicato de maestros, algo que dos años atrás muchos no hubieran creído que fuera posible.
Este acuerdo nos permitirá iniciar la tan necesaria transformación a mediano y largo plazo de nuestro sistema educativo, así como mejorar su calidad.
Y en último lugar, pero no menos importante, hemos reformado la industria petrolera de México; aunque parecía imposible, logramos cambiar la ley, a fin de permitir que Pemex, la compañía pública petrolera, reciba participación e inversión, a través de contratos de desempeño con la compañía.
Asimismo, promovimos cambios en el gobierno corporativo de Pemex, a fin de aumentar su eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. En breve, México está cambiando y se está convirtiendo en un país moderno, con una visión a largo plazo y gran potencial de crecimiento.
Hoy estamos enfrentando problemas que durante años se habían soslayado. Uno de los asuntos más acuciantes era el Estado de Derecho. Desde el primer día no vacilé para usar la fuerza plena del Estado para combatir el crimen y la delincuencia, incluyendo no sólo a la Policía Federal, sino también al Ejército y la Marina.
El combate contra el crimen organizado había sido y continuará siendo una larga y difícil batalla que otros probablemente hubieran preferido evitar. Sin embargo, estamos seguros de que es la única manera de que México pueda convertirse en un país seguro: el México que queremos.
Actuando con firmeza, estamos perjudicando las estructuras operativas y financieras de las principales organizaciones criminales en el país. Los zares de las drogas han sido llevados ante la justicia en México y más de 150 de ellos han sido extraditados a la justicia estadounidense. Los estamos golpeando y los estamos golpeando muy duro.
Para darles una idea, en estos tres años hemos establecido tres récords mundiales muy excepcionales de combate contra el crimen organizado: en primer lugar, en un solo ataque, aseguramos más de 206 millones de dólares en efectivo. En segundo lugar, en una sola operación confiscamos medio millón de balas y casi 500 armas, incluyendo todo, desde AK-47, hasta lanzamisiles. El tercer récord se estableció cuando descubrimos, también en solo un evento, 24 toneladas de cocaína.
En resumen, permítanme sólo decirles que el monto total de drogas que hemos asegurado en estos tres años sería suficiente para proporcionar 20 dosis a cada mexicano ó 66 dosis a cada joven entre 15 y 30 años de edad en el país.
Cuando empezamos sabíamos que esta guerra contra el crimen organizado tomaría tiempo, dinero y que también constaría vidas humanas. La opción más fácil hubiera sido cerrar los ojos, pero no lo hicimos, puesto que decidimos emprender acciones fuertes contra el crimen organizado. No hay ningún costo más alto que la falta de libertad que pudiéramos haber sufrido si el Gobierno no tomará acción alguna. A la vez, a fin de restablecer la autoridad del Estado, estamos reestructurando las instituciones de procuración de la ley, así como sus capacidades y, algo muy importante, también estamos combatiendo la corrupción dentro de las corporaciones de procuración de ley.
Lanzamos la Operación Limpieza y, por ejemplo, encarcelamos a un ex subprocurador general y a un ex director de la policía federal. Por lo tanto, si ustedes ven polvo que salen por las ventanas es porque estamos limpiando la casa.
Otro paso que tomamos fue la Reforma constitucional, para el establecimiento de los juicios orales, en vez de nuestro sistema inquisitorial tradicional.
Esta reforma le dará transparencia y equidad a nuestro sistema. También hemos implementando programas para reducir el consumo de drogas entre los jóvenes y, finalmente, estamos profesionalizando las fuerzas policiacas, empezando al nivel Federal.
Continuaremos trabajando para asegurar la seguridad de nuestros ciudadanos y para crear las mejores condiciones para la inversión.
Ahora, qué estamos haciendo para enfrentar esta terrible crisis.
En el 2008, a pesar recesión global, México creció más de 1.5 por ciento. Como saben, en el pasado México ha experimentado severas crisis. Sin embargo, en la situación actual hay una gran diferencia, porque estamos mejor preparados que nunca antes para enfrentar la tormenta. Asimismo, estamos bien preparados porque hicimos la tarea: tenemos finanzas públicas sólidas, una de las más bajas tasas inflacionarias y riesgo-país en la región, un sistema bancario estable y reservas internacionales que equivalen a cuatro veces nuestra deuda extranjera total.
Esto nos ha dado la flexibilidad de responder ante todos los eventos y a responder oportunamente. Quisiera mencionarles algunos ejemplos del año pasado: cuando empezó la crisis mundial de alimentos, aumentamos los pagos de transferencia para las familias más pobres del país. Esta medida implicó ayudar a 25 por ciento de la población total de México. Cuando los precios de la gasolina empezaron a aumentar estratosféricamente en todo el mundo, nosotros aumentamos gradualmente para que los consumidores se adaptaran al problema. Ahora hemos alcanzado los precios del mercado y los hemos estabilizado.
Finalmente, con la aguda caída en los precios del petróleo, muchos se preguntaron si el Gobierno mexicano iba a poder financiar las políticas anticíclicas. Anticipando la caída de ingresos petroleros cubrimos nuestras exportaciones petroleras a un precio de 70 dólares por barril para apoyar nuestro presupuesto este año.
Cómo está México respondiendo a la crisis mundial.
Hace algunos días mi Administración, junto con los gobiernos locales, el Congreso, el sector privado y los sindicatos, firmamos un Acuerdo Nacional para enfrentar y superar la crisis. El Gobierno mexicano ha instrumentando políticas fiscales contracíclicas que equivalen a 1.8 por ciento del PIB, es decir, más de 14 mil millones de dólares y ha inducido financiamiento adicional a los Bancos de Desarrollo por un monto de casi dos por ciento del PIB.
El programa implicó beneficios para las familias y negocios, medidas públicas y una inversión adicional para infraestructura. Algunas de las otras medidas son la ampliación de la cobertura para la atención a la salud, así como prestaciones para las cuentas de retiro para los desempleados, programas de trabajo temporal, apoyo financiero para despidos temporales, así como expansión crediticia para las pequeñas y medianas empresas, para Bancos de Desarrollo y programas para la sustitución de aparatos electrodomésticos con un uso más eficiente de energía.
Por otro lado, el Gobierno amplió el programa y cambió reglas para concentrar un gasto adicional a inicios de este año. El Gobierno Federal se ha comprometido a que por lo menos 20 por ciento de sus compras se harán a medianas y pequeñas empresas del país.
Asimismo, también estamos trabajando arduamente para diversificar nuestras exportaciones y reducir nuestra dependencia de la economía estadounidense. Y, finalmente, continuamos eliminando las barreras comerciales. Por lo tanto, incluso en esta situación tan compleja estamos decididos a convertir a México en una plataforma logística de clase mundial para la inversión y el comercio, que sirva como un vínculo que conecte a Norteamérica con Sudamérica, así como con Asia y Europa.
Esta es una razón adicional para promover un agresivo programa de infraestructura, para crecer aún más en este 2009. Permítanme darles algunos ejemplos específicos: este año esperamos que la inversión pública y privada en infraestructura exceda 43 mil millones de dólares. Se trata de una cifra histórica que representa aproximadamente cinco por ciento del PIB. Sólo el año pasado el Gobierno Federal construyó y modernizó más carreteras y autopistas que cualquier otro año del país. Y para este año Pemex, una paraestatal, también invertirá más de 16 mil millones de dólares, lo cual también no tiene precedentes.
No sólo estamos pensando de grandes obras públicas en infraestructura, también estamos pensando en infraestructura a escala humana, es decir, estamos pensando en escuelas públicas. Por ejemplo, remodelaremos y repararemos escuelas públicas en las áreas más remotas del país, 17 mil sólo este año, y también invertiremos más de 500 millones de dólares en la construcción de hospitales públicos y pequeñas clínicas en el país.
Por consiguiente, con estas medidas no sólo estamos activando la economía y creando empleos, sino que también estamos construyendo una economía más competitiva. La meta de México es convertirse en uno de los destinos de inversión más atractivos del mundo. Pensamos que en este año en particular necesitamos avanzar con mayor determinación para convertirnos en una economía más competitiva.
Esa es la razón por la que reiniciamos el proceso de abrir nuestra economía. Muchos países han hecho declaraciones sobre combatir el proteccionismo, pero México, es una de las pocas economías del mundo que ha reducido sus obstáculos aún más, para aumentar la competitividad.
Por las mismas razones, sabemos que necesitamos avanzar para reformar otras áreas de la economía. Necesitamos más reformas en el mercado de mano de obra, en el sector telecomunicaciones, entre otros, para poder llegar a mercados realmente competitivos.
En el esfuerzo internacional para superar la crisis, México tiene un papel activo pues participa en el G-20 y coordinamos el G-5, que incluye a China, India, Brasil y Sudáfrica, más de 40 por ciento de la población mundial. El G-5 mantiene un diálogo permanente con la economía del G-8. México también está participando en la APEC y tiene un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.
En esos foros México ha hecho varias propuestas. En primer lugar, es crucial arreglar el sector financiero. Debemos contener la crisis en las instituciones financieras y minimizar su impacto en la economía global.
En segundo lugar, es esencial que todas las naciones, especialmente los países desarrollados, adopten políticas fiscales de expansión y coordinadas para aumentar el consumo y enfrentar la contracción en la inversión. Esto lo necesitamos hacer sin poner en peligro las finanzas públicas sólidas.
En tercer lugar, se requiere una Reforma del sistema financiero internacional. Es especialmente importante darle una mayor voz a las economías emergentes y recapitalizar y rediseñar las instituciones financieras multilaterales.
En cuarto lugar, debemos evitar el resurgimiento del proteccionismo, pues sólo a través de una integración más de las economías podremos retomar el camino hacia el crecimiento.
Señoras y señores:
La historia nos ha enseñado que el hombre tiene la capacidad de superar cualquier reto. Estoy verdaderamente convencido de que la situación de hoy representa una oportunidad para transformar al mundo y transformar al México en particular. Mi Gobierno está enfrentando todos estos retos con una total determinación. Asimismo, estamos sentando los cimientos para una economía más dinámica y competitiva.
Estoy convencido de que superaremos esta crisis, tal como hemos superado las anteriores. Estamos en un mundo cíclico, en el que ni los auges ni las crisis son para siempre. Vendrán otros tiempos y serán mejores, pero llegarán más pronto si hacemos todo lo que está en nuestro poder por enfrentar las causas y los efectos de esta crisis y si hacemos todo para transformar la economía.
Eso es precisamente lo que México está haciendo. Y según el dicho mexicano: Si avanzas con esperanza los caminos te darán la bienvenida.
Muchas gracias.
***
Intervención del Presidente de México, Felipe Calderón, en la sesión de preguntas y respuestas
(Interpretación del inglés al español)
Muchas preguntas muy interesantes se han formulado, pero quisiera seguir el orden en que se formularon. Una es cómo trabajar con el sector externo a fin promover a México. Esa era una de las ideas que teníamos cuando creamos ProMéxico. La idea es que ProMéxico podría integrar todos nuestros esfuerzos no solamente para promover la inversión extranjera y las exportaciones mexicanas, sino también para unificar y coordinar nuestros esfuerzos en el sector externo.
Mi percepción es que cuando entré a la Presidencia vi que había diversos esfuerzos en México: uno, por parte del Banco de exportación, otro, por parte de la Secretaría de Economía, otro de la oficina de turismo, otro más de Relaciones Exteriores, entre otros. Así que la idea es integrar todos nuestros esfuerzos y establecer una percepción, una imagen y una estrategia unificada de todas las relaciones de México.
Todavía hoy tenemos que trabajar juntos, por ejemplo, para la promoción del turismo en México. El Consejo para la Promoción del Turismo es una corporación pública y privada, más o menos independiente del Gobierno. Hicieron una campaña especial para promover sitios de sol y playa en México, sitios arqueológicos, y demás, pero tenemos que unirnos en la estrategia. Por ejemplo, necesito una estrategia muy fuerte de relaciones públicas para cambiar la percepción sobre México en algunos círculos de los Estados Unidos, estoy seguro.
Anoche, en la cena, me reuní con el señor Steve Forbes, y le dije que, a pesar de la edición de diciembre de su revista, nos iba muy bien en México. Alguien tiene que hablar con él para explicarle exactamente qué pasa en México. Decir que, tiene que visitar México y entender que esto no es Pakistán. Y para poder hacer esto tenemos que esforzarnos, unirnos en la estrategia.
Otra política es cómo combinar las preocupaciones ambientales con el turismo promocional.
Tengo un fuerte compromiso con el medio ambiente, pero me doy cuenta de que es posible expandir la inversión y el turismo en áreas de México sin dañar el medio ambiente.
Y el otro es establecer una política pública para poder revisar cotidianamente nuestras ventajas comparativas o situación comparativa respecto a otros países en varias áreas. Comprendo muy bien la situación fiscal, y estoy seguro que el Secretario de Hacienda escuchará con gran interés este tema de doble impuesto. Estoy seguro de que tiene un muy buen argumento para discutir eso.
Pero para poder estar bien en el Gobierno necesitamos igualar nuestras condiciones a las mejores condiciones del mundo, para poder fomentar la inversión extranjera en México.
Podemos observar, por ejemplo, que tenemos ciertos problemas con los costos de los energéticos en México, y digo, bien, podemos igualar el precio internacional de energéticos, por ejemplo, para poder equilibrar nuestra participación.
Con el problema de los impuestos, necesitamos equiparar el promedio, al menos, de los impuestos de nuestra competencia en varios países.
Yo no puedo competir, por ejemplo, en términos salariales contra China, pero sí tengo claras ventajas respecto a cualquier país asiático. Por ejemplo, tenemos el mismo horario que los Estados Unidos, y por ejemplo, para su negocio es claro que los mexicanos son claramente más competitivos para ofrecerles servicios en los Estados Unidos. Así es que México tiene una clara ventaja, y tenemos que trabajar sobre eso.
Por supuesto, creo que la mejor política para combatir el crimen es crear empleos para la gente, y de hecho es exactamente lo que estamos tratando de hacer, y el problema es que tenemos que romper el círculo en ese sentido. Esa percepción de que el crimen en México está dañando las inversiones, y la falta de inversiones está dañando el desempeño de nuestra economía, tenemos que romperla.
Al mismo tiempo, tenemos una serie de ventajas por vivir junto al mercado más grande en el mundo, incluso en esta época que está viviendo los Estados Unidos, pero, al mismo tiempo tenemos ciertos problemas que provienen de esta situación en particular. Tenemos al lado nuestro al mayor consumidor de drogas en el mundo. Entonces, tenemos los mayores problemas relacionados con el crimen organizado, y en relación a drogas.
El punto que quiero señalar es que estamos trabajando arduamente para resolver ese punto. Y sería un placer estar, incluso, en contacto directo con usted, y voy a pedir a Bruno que concierte una reunión aquí o en México, porque mi política es que necesitamos atender a los inversionistas extranjeros personalmente. Y necesitamos corregir todo lo que sea posible para poder crear y promover más inversión extranjera en México.
Nuestra meta es transformar a México en el mejor lugar para invertir en el mundo. Y como usted mencionaba, tenemos inmensas ventajas en México. Y gracias por sus palabras, pero creo que estoy de acuerdo con usted. Un aspecto sumamente crucial, para cualquier economía, es fundamental el liderazgo en el Gobierno para orientar la economía hacia el libre mercado y la competitividad.
Segundo, estoy de acuerdo con usted, tenemos un muy buen equipo económico, probablemente uno de los mejores del mundo, y esto puede ser muy saludable en tiempos tan difíciles
como estos.
Y en tercer lugar, de nuevo, estoy de acuerdo con usted respecto al tequila. Y alguien dijo que la cerveza mexicana es la mejor del mundo.
Pero déjenme decirles que hay otras ventajas que nos damos cuenta que son sumamente importantes en este momento.
En una economía global tenemos una posición estratégica, tenemos 11 mil kilómetros de litorales, tenemos costas con el Pacífico, costas con el Atlántico, conexiones directas con Asia, con todas las economías del Pacífico, conexiones directas con Europa, con la costa este y oeste de Estados Unidos, con el centro de la economía, porque somos un país latinoamericano y eso nos enorgullece.
Así que nosotros podemos ser el eje crucial o estratégico de la economía global, y para lograrlo estamos mejorando la logística de nuestro país para resolver los problemas de infraestructura.
Creo que México tiene una tremenda oportunidad, tenemos gente muy joven, la edad promedio es de 28 años en México, un país muy joven.
Miramos hacia el futuro con esperanza. Y estamos trabajando muy duro para salir adelante. México está impulsando su economía, y seremos no sólo un mercado sumamente competitivo, sino también, como mencioné, una de las economías del mundo más grandes y prósperas en la próxima década. Y estamos trabajando sobre eso.
Muchas gracias a todos.

La autonomía de las mujeres

La autonomía de las mujeres como desafío/María Pazos Morán, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales. Su último libro publicado es Economía e Igualdad de Género: Retos de la Hacienda Pública en el Siglo XXI
Publicado en EL PAÍS, 29/01/09):
A pesar de los desoladores datos y previsiones sobre la recesión, las medidas tomadas hasta ahora han sido, además de inquietantemente parcas, carentes de un sistemático análisis coste-beneficio. Por un lado se habla de la gran oportunidad que esta crisis proporciona para solucionar los problemas estructurales que aquejan a nuestra economía, y por otro se aprueban partidas de gasto para obras públicas sin ni siquiera establecer prioridades o condiciones; como si no diera tiempo a pensar en las dos cosas a la vez. Para constatarlo, basta consultar el Decreto sobre el Fondo Estatal de Inversión Local y la lista de proyectos aprobados.
Sin embargo, admitida la urgencia, nada impide dedicar el gasto a inversiones social y económicamente rentables. De hecho, se tarda más en imaginar nuevos proyectos que en recordar, sin ir más lejos, que la universalización de la educación infantil desde los 0 años era una promesa electoral para la presente legislatura. Tampoco estaría mal recordar que lo que se ha desarrollado de la Ley de Dependencia ha sido, sobre todo, la ayuda económica por “cuidados en el entorno familiar” (calificada de “excepcional” en la propia Ley), hasta el punto de que los medios de comunicación frecuentemente identifican la aplicación de la ley con el número de estas prestaciones concedidas.
En un país como España, que arrastra un déficit social histórico, ¿no sería oportuno un plan de servicios públicos para atender a estas necesidades ya que se buscan, y sin duda se buscarán, destinos para tantas partidas de gasto? A juzgar por las encuestas, la ciudadanía así lo demanda. Además, sería de justicia aliviar a las mujeres que se están sacrificando para suplir la citada falta de servicios. Entonces, ¿por qué no se hace? El descuido podría estar relacionado con ciertos prejuicios obsoletos: más servicios públicos, se piensa, exigirían gasto para su funcionamiento (no como “arreglar el cementerio”, por tomar un ejemplo real), y además liberarían a muchas mujeres que se lanzarían a competir con los “cabeza de familia” por el empleo. Pero esas ideas ya no tienen sentido: según la EPA del IV trimestre de 2008, el 43% de las “personas de referencia en el hogar” en paro son mujeres. En todo caso, la cifra de los 827.200 hogares con todos sus miembros desempleados nos recuerda, además de dramáticos casos de mujeres solas con cargas familiares, que el modelo de familia “sustentador masculino/esposa dependiente” es una perfecta trampa de pobreza.
Los servicios públicos de educación infantil son una apuesta altamente rentable. En primer lugar, no solamente generan empleo durante la construcción de las infraestructuras sino posteriormente. Además, la inversión se amortiza sobradamente con el aumento de impuestos y cotizaciones sociales resultante del mayor empleo femenino. Asimismo, ayudan a eliminar las ineficiencias que actualmente provoca en el mercado de trabajo el hecho de que las mujeres tengan la etiqueta de “menos disponible”. Por último, contribuyen a disminuir la división del trabajo, que tiene menos sentido económico que nunca en el contexto actual de aumento en la esperanza de vida, disminución del tamaño familiar, pérdida de centralidad de la familia como unidad de producción y alta formación de las mujeres.
Pero más graves aún que el despilfarro del capital humano actual son los problemas demográficos, es decir, los relacionados con la generación y formación del capital humano futuro. El nivel de las tasas de fecundidad y la pobreza infantil son asuntos íntimamente relacionados, y para ambos es imprescindible que las mujeres puedan compatibilizar un empleo de calidad con el número de hijos deseados (que, según las encuestas, viene a ser una media de 2, 1, justamente el nivel de reemplazo poblacional).
España tiene unas tasas de fecundidad tan bajas que, de continuar con esta tendencia, a final de siglo la población española podría llegar a caer hasta aproximadamente 10 millones de personas. Para 2060, la población mayor de 65 años constituiría ya un 32,3% (frente al 16,6% en 2008); la mayor de 80 años un 14,5% (4,6% en 2008). Y todas estas estimaciones son anteriores a la actual crisis económica. Ahora, ¿qué mujer, autóctona o inmigrante, va a decidir tener hijos con la que está cayendo?
La demografía y el medio ambiente son los dos grandes retos para un desarrollo económico y social sostenible; pero aunque el medio ambiente está ya (tibiamente) presente en las consideraciones sobre la crisis, la demografía parece seguir siendo tabú. Por distintas razones, todos los sectores meten la cabeza debajo del ala. Unos confían en que el descenso de las tasas de fecundidad se detendrá si se dificulta el acceso de las mujeres al empleo, a los anticonceptivos y al aborto. Pero las mujeres con un mínimo nivel de información se las arreglan (a veces a costa de poner en riesgo su propia vida) para no tener más hijos de los que desean y esperan poder mantener. Otros creen que la preocupación por la demografía es un asunto de xenofobia, ignorando que el problema es global.
En Europa, a pesar de que la inmigración aún compensa en parte la falta de nacimientos, Alemania y algunos países del Este ya están perdiendo población desde hace años; y se estima que hacia 2035 la población europea total comenzará a descender. El crecimiento poblacional se está ralentizando también en la mayor parte de los países de Asia y América en los que las tasas de fecundidad son aún elevadas. Mientras, continúa la explosión demográfica en el África Subsahariana y en Oriente Próximo, precisamente en las zonas más pobres y donde las mujeres están más esclavizadas. La explicación es sencilla: las tasas de fecundidad empiezan a descender en todos los países en cuanto las mujeres tienen acceso a la educación y al empleo. Esto es bueno cuando las tasas de fecundidad son demasiado altas, no solamente por la superpoblación sino precisamente por la pobreza infantil. Pero el descenso no se frena si las mujeres no encuentran las condiciones adecuadas para ser madres sin renunciar a su profesión. Así es como la falta de autonomía de las mujeres se sitúa en el centro del problema demográfico.
El derecho universal a la educación infantil de calidad, que a precios de mercado resulta inasequible para la mayoría de las familias, no solamente es imprescindible para recuperar las tasas de fecundidad a un nivel aceptable sino también para amortiguar sus oscilaciones con el ciclo económico que tantos problemas de planificación originan. Francia es un ejemplo con su tasa de fecundidad de 1,9 hijos/as por mujer (en España tenemos 1,3), aunque no llegue al nivel adecuado. Para mantener tasas de fecundidad altas y estables se necesitan también otras medidas, principalmente dirigidas a actuar sobre la gran reserva de capital cuidador masculino que hoy sigue en gran medida desaprovechado; pero un sistema público de educación infantil es una condición sine-qua-non. Por último, y no menos importante, la educación infantil de calidad es necesaria para garantizar el derecho a una formación en igualdad y contribuye substancialmente a disminuir la pobreza infantil.
El sistema público de atención a la dependencia, junto con la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado, es también un asunto de primer orden cuya dimensión se puede estimar a partir de las previsiones demográficas, tanto en lo que se refiere a la creciente necesidad de cuidados como a la escasez de personas para cuidar, pero a la hora de la verdad no entra en el lote de los asuntos “serios”. A la falta de costumbre de pensar en estos temas se añade, como en el caso del medio ambiente, la inercia de moverse en el corto plazo. Sin embargo, es urgente ponerse manos a la obra. Y ya que desgraciadamente la crisis se perfila profunda y larga, bienvenida sea la solución keynesiana que nos proporciona recursos y nos da la oportunidad de poner condiciones a su utilización. Sabemos que las medidas tomadas hasta ahora no serán las últimas, así que ¿no deberíamos estar hace tiempo debatiendo cuáles son esas inversiones que deben mejorar la productividad y posibilitar un desarrollo sostenible? ¿Qué mejor ocasión para un verdadero New Deal inclusivo, feminista, ecológico y demográficamente viable?

Huelga de jueces

Una bienvenida a la huelga de los jueces/Josep M. Vallès, catedrático de Ciencia Política (UAB) y ex consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña
Publicado en EL PAÍS, 28/01/09;
No me pronunciaré sobre la oportunidad ni sobre la legalidad de la iniciativa de magistrados y jueces. Su oportunidad es opinable. Y su legalidad es discutible, según se les contemple como titulares de un poder constitucional o como funcionarios responsables de un servicio público esencial. Cabe reconocer que les resulta beneficioso poder invocar una u otra condición según les convenga. Lo que sí quiero resaltar es que este movimiento sin precedentes expresa una reacción colectiva que algunos esperábamos desde hace años. ¿Cómo es posible que los principales protagonistas judiciales hayan aceptado estoicamente condiciones de trabajo y organización que consideran tan deficientes? ¿Por un sentido de Estado, inasequible al desánimo? ¿Por una vocación profesional a prueba de toda adversidad? ¿Por la comodidad de disponer de una excusa en la que refugiarse si alguien les exigía mayor rendimiento? Probablemente, de todo un poco.
Lo cierto es que de modo implacable ha ido decreciendo la confianza ciudadana en la administración de justicia. Lo reiteran encuestas y estudios de opinión, tal como lo ratifica el más reciente estudio del CIS (noviembre de 2008). El veredicto popular es tal vez excesivamente severo, porque no todas las jurisdicciones, ni todos los órganos judiciales ni todos los profesionales merecen críticas en bloque. Y es también un veredicto que se contradice con el auge de la litigiosidad: cada vez se confía menos en la justicia, pero cada vez se acude más a ella. Todo ello expresa la complejidad del problema y la dificultad de darle soluciones fáciles.
Fácil sería, por ejemplo, aumentar los recursos públicos: más órganos judiciales, más jueces, más personal auxiliar, mejores salarios, mejores instalaciones, mayor apoyo telemático, etc. Debe hacerse en algún caso y circunstancia. Pero no de manera general e indiscriminada. Porque una política meramente incrementalista no resolverá los complicados problemas. Atacar el mal con una sobredosis de medicamentos no acabará con una enfermedad crónica que requiere cambio de dieta, más ejercicio físico y en algún caso un decidido tratamiento quirúrgico.
Quien contempla la administración de justicia con cierta ingenuidad admira el esfuerzo de una parte de su personal por obtener resultados positivos, a pesar de carencias que castigan por igual a profesionales y usuarios. Pero este esfuerzo exige a veces condiciones sobrehumanas. No es justo. Y además es perjudicial porque enmascara una obsolescencia estructural que no aliviará el acopio de más recursos.
En la polémica reciente faltan propuestas que no sean el “más de todo y de lo mismo”. Se echa de menos un diagnóstico a fondo de los males de una justicia cuyo esquema básico pertenece al siglo XIX. ¿Corresponde la división en partidos judiciales y audiencias a los cambios demográficos de la sociedad y a su urbanización masiva? ¿Tiene sentido que grandes núcleos urbanos constituyan un solo partido judicial que impide una coordinación ágil y eficaz? ¿Es lógico que predominen los órganos judiciales unipersonales sujetos a las vicisitudes de un único titular? ¿Es adecuada la selección del juez sin acreditar previamente su rendimiento en la práctica profesional? ¿No es muy costosa la falta de una justicia rápida de proximidad dedicada a incidencias de poca complejidad? ¿Es útil que el funcionariado de las oficinas judiciales siga gestionado por un sistema de cuerpos, rígidamente centralizado y de muy lenta aplicación? ¿Se dispone de un método transparente para evaluar la calidad del servicio?
Éstas y otras cuestiones se plantean a quien examina el estado de nuestra justicia sin esquemas heredados y convertidos
por comodidad o por ignorancia en piezas intocables de un sistema bloqueado.
Se atrevió con estas cuestiones el Llibre Verd de l’Administració de Justícia de Catalunya. El tercer aniversario de su aprobación -enero de 2006- coincide con la protesta judicial. El Llibre Verd contenía recomendaciones dirigidas a las administraciones responsables. Fue fruto de una deliberación sin precedentes con intervención de representantes del Parlament, de la magistratura y de la fiscalía, y de sus asociaciones, de los colegios profesionales, de la administración municipal, autonómica y estatal y de las facultades de Derecho. Como tantos informes, sólo una parte muy reducida de sus recomendaciones ha sido atendida. El grueso -pendientes de reformas legislativas estatales- ha corrido la triste suerte que corrieron las recomendaciones del Libro Blanco de la Justicia de 1997, porque los grandes partidos estatales esquivan desde hace décadas un planteamiento eficaz del asunto.
Tal vez haya que dar la bienvenida al movimiento reivindicativo de los jueces si evita la deriva gremial que le amenaza. Sus bienintencionados impulsores -que los hay- quedarían defraudados. Para ello les convendría contar con la compañía de un movimiento ciudadano más amplio, con participación de otros colectivos económicos, profesionales y sociales. Sin olvidar a las comunidades autónomas que -como parte del Estado definido hace 30 años en la Constitución- comparten también responsabilidades en la materia. Sólo una amplia coalición ciudadana -y no sólo una negociación Gobierno-jueces- podrá alumbrar la reforma de la justicia que la sociedad necesita.

El Holocausto y el Papa

El Holocausto, Roma y Jerusalén/Reyes Mate, filósofo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Publicado en EL PERIÓDICO, 29/01/09;
El Papa Benedicto XVI acaba de levantar la excomunión a un grupúsculo de ultraconservadores católicos, comandado por el obispo francés, ya fallecido, Marcel Lefebvre, expulsado en 1988 de la Iglesia Católica porque sus miembros no estaban dispuestos a seguir las pautas de modernización marcadas por el Concilio Vaticano II.
Es una noticia que, expresada así, no debería traspasar los muros de la Iglesia católica. Si ha trascendido es porque entre los obispos rehabilitados hay uno que lleva su extremismo a negar el Holocausto judío. Se trata del obispo británico Richard Williamson, convencido de que en los campos de Auschwitz o Sobibor no existieron cámaras de gas y que no fueron seis millones sino unas 300.000 las víctimas judías.
Lo que ha llamado la atención de la opinión pública es que el Papa se arriesgue a un gran descrédito político, a cambio de traer al redil a un grupito de integristas católicos. No había razón para tan alto precio, ya que los disidentes habían perdido su capacidad de seducción al apropiarse el Vaticano de buen grado de sus tesis extremistas. Los lefebvristas pueden decir la misa en latín sin contravenir la ley, denunciar leyes democráticas, como hacen los obispos españoles, y cerrar bajo siete llaves los decretos más aperturistas del Vaticano II, como se lleva en Roma.
La Iglesia se ha derechizado tanto que no hay lugar para que la desborden por ese flanco. El que la noticia haya aparecido justo en la semana en la que el mundo conmemora el día del Holocausto y pocos meses antes de la visita del Papa a Israel, añade razones a la perplejidad.
Si el coste político ha pesado tan poco en la decisión es porque la vuelta al redil de este grupo descarriado tiene mucha más importancia de lo que a primera vista parece. Nada hay más importante para el Papado que el reconocimiento de su autoridad y nada que le preocupe tanto como que se la cuestione.
El lector curioso podrá corroborar estas afirmaciones leyendo las memorias de un gran personaje, las del dominico francés Yves Congar, Diario de un teólogo, 1945-1965, perseguido por el Santo Oficio desde 1945 hasta 1958, salvado in extremis por la muerte de Pío XII y elevado luego, en 1994, al cardenalato por el Papa Wojtyla. Este hombre, que era todo menos progresista, tenía, sin embargo, el vicio de creer en el ecumenismo, es decir, entendía que la desunión de los cristianos era el gran problema de la Iglesia católica. Nunca cuestionó el protagonismo del obispo de Roma, pero pensaba, con datos en la mano, que la Iglesia católica tenía responsabilidades en el origen del protestantismo, que algo esencial se perdió cuando se separaron los ortodoxos griegos y que, por tanto, Roma ganaría algo fundamental con la aproximación a otras confesiones.
La Iglesia de Pío XII no podía pasar por ahí porque Roma no necesitaba de los demás y si alguien perdía yéndose, era el que se iba. En esa conciencia de su superioridad se fundaba la autoridad del Papado. El diálogo con protestantes u ortodoxos solo podía significar invitarles a volver al redil, sin nada a cambio. Pensar que traían algo importante de lo que Roma careciera, era cuestionar la autoridad del Vaticano.
A Congar se le prohibió la docencia, se le retiró el permiso para publicar libros y se le exilió fuera de Francia. Este gran conocedor de la historia y del sentido de la Iglesia, a la que solo quería servir, llegó a la conclusión de que “lo que Roma siempre ha buscado, y busca ahora, es una sola cosa: la afirmación de su autoridad. El resto le interesa únicamente como materia para el ejercicio de esa autoridad”.
El Concilio Vaticano II hizo suyas
las doctrinas del fraile dominico y el papa Montini se lo reconoció nombrándole cardenal. La Iglesia ha cambiado desde entonces y está más cerca de Pío XII que de Juan XXIII. Al papa Ratzinger le interesa más el reconocimiento de la autoridad papal por parte de los rebeldes ultras que el disgusto de los judíos. Lo primero es la afirmación del lugar del obispo de Roma y lo secundario, la relación con otras confesiones. Por supuesto que el Papa alemán no puede comulgar con el monseñor británico en la negación del Holocausto judío, ni va a tolerar que lo repita –los propios lefebvrianos ya han desautorizado a su obispo–, pero si hay que elegir, se elige como es debido.
No se prevé grandes reacciones del Estado de Israel. En la sesión constituyente del Consejo Asesor de Casa Sefarad en Madrid, que tuvo lugar el pasado día 27 y a la que pertenecen notables personalidades israelís, había indignación pero sin sobresalto. Al fin y al cabo, ya se sabe el lugar que ocupa Auschwitz en la agenda del Papa alemán. De ella da idea su interés por la beatificación de Pío XII, cuya conducta respecto al nazismo fue todo menos edificante; o el trato a los judíos en la liturgia católica, que si no repite la expresión “pérfidos judíos”, suprimida por Juan XXIII, sí les dice que hasta que no entren en la Iglesia andarán entre tinieblas.
La alegría romana por la vuelta a casa de un grupo tan claramente antisemita como la Fraternidad de San Pío X es un asunto interno que debilita política y diplomáticamente a una Iglesia que ha conocido mejores tiempos.

Opinión de José Antonio Marina

Por fin habló el Tribunal Supremo/José Antonio Marina, escritor y catedrático de Filosofía
Publicado en EL MUNDO, 29/01/09;
La campaña contra Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos ha sido desdichada. Ha creado confusión y temor en muchos padres y ha impedido un serio debate ético, que hubiera sido muy provechoso para todos. Podría haber animado a los padres a acercarse a la escuela, para ayudarnos e impartir una educación en valores que ellos mismos son los más interesados en reclamar.Pero no. Ha servido para extender la desconfianza y ha dificultado -como en el ridículo caso de la Comunidad Valenciana- la normal marcha de la asignatura. ¡Cuantas energías desperdiciadas!
Los argumentos en contra de la asignatura se resumen en dos: atenta contra el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos; e introduce una ideología de género que a los objetores les parece peligrosa e inmoral. El Tribunal Supremo no ha encontrado nada que justifique las objeciones. En EpC explico a los alumnos lo que todos los ciudadanos deberían saber: la importancia que tiene la objeción de conciencia, porque es un último mecanismo de seguridad aceptado por las democracias avanzadas, para evitar posibles injusticias legales. Obliga a una relectura cuidadosa de las leyes, para comprobar que no ofenden injustamente las creencias morales y religiosas de los ciudadanos.Por eso ha hecho bien el Tribunal Supremo en releer cuidadosamente los decretos de esta asignatura. Y la conclusión es que no hay razones que justifiquen la objeción.
El estudio obligatorio de los derechos humanos y de las normas básicas de convivencia no atenta contra la libertad de los padres. Son valores comunes que todos tenemos que respetar. Los padres olvidan que su derecho a educar, así como la libertad de conciencia y creencia, están protegidos por la Declaración de Derechos Humanos.Son derechos que proceden de una ética universal y laica, que las religiones han tardado en admitir. No hay peligro de adoctrinamiento en una sociedad democrática, porque ésta tiene sus mecanismos de defensa. Sí lo hay, en cambio, en gobiernos dictatoriales, como el franquista, donde, por cierto, se enseñó obligatoriamente la religión católica en todos los niveles de la enseñanza.
El segundo argumento en contra se basa en la supuesta defensa de la «ideología de género», que, según algunos críticos de EpC, es obra del feminismo radical que amenaza a España. Pero la ideología de género -que no es más que la afirmación de que las diferencias entre varón y mujer son culturales, y no meramente biológicas- no figura en el currículo y, por lo tanto, no tiene nada que ver con la asignatura.
Para mí, lo más grave es que desde altas instancias religiosas se ha dicho que no corresponde a la escuela formar la conciencia de los alumnos. ¿No debemos entonces procurar que sean honrados, justos, responsables, veraces, respetuosos, no violentos, no discriminadores, no corruptos? La escuela pública debe formar buenos ciudadanos. Su obligación es, precisamente, educar una conciencia cívica responsable, crítica, ilustrada, conocedora de los derechos y también de los deberes, que
reconozca los vínculos y responsabilidades sociales en una época de individualismo feroz.¿Cómo no va a ser necesaria una educación en valores cuando las encuestas nos dicen que más del 40% de los españoles creen que no hay normas morales universales y que cada cual elige las suyas?
La educación cívica es el fomento de las virtudes ciudadanas necesarias para vivir en una democracia. Y la democracia es un proyecto político profundamente ético. Cuando oigo a los objetores decir que estarían de acuerdo con que se estudiara sólo»» la Constitución, olvidan que ésta se basa en unos valores superiores, que son éticos: libertad, igualdad, justicia, pluralismo político y, dando unidad a todos, la dignidad humana.
De todo este asunto, no me duele la agresividad de ciertos medios de comunicación, sino la confusión que han provocado en muchos padres; y el perjuicio que se ha podido causar a muchos alumnos.Acabo de oír al presidente del Foro de la Familia decir que hay profesores y libros de texto que enseñan cosas diferentes del currículo. Pues entonces, que no objeten a la asignatura, sino a un profesor o a un texto. En mi caso, me gustaría que los padres me ayudaran a mejorar mis libros de EpC. Me comprometo a estudiar sus sugerencias. Pueden enviármelas a jamarina@telefonica.net. Sus hijos son lo importante. Es hora de empezar a construir.

Jueces en huelga en España

Poderosos funcionarios/José Antonio Martín Pallín, magistrado y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas
Publicado en EL PAÍS, 29/01/09;
Ante el anuncio de una posible huelga de los jueces se ha desatado una polémica en torno a la legitimidad de este derecho para los que ejercemos un poder del Estado. El ministro de Justicia ha manifestado que la cuestión no radica en si un juez tiene derecho de huelga, sino en que “es titular de un poder del Estado y no se puede permitir el lujo de hacer huelga”, añadiendo que sería “una traición al mandato de los ciudadanos”.
Desde otras posiciones se mantiene que los jueces somos funcionarios como los que sirven a las diferentes administraciones públicas y se añade, distorsionando el debate, que no tenemos por qué pretender privilegios salariales. Desde la perspectiva académica, un destacado constitucionalista, quizá por falta de espacio, ha dicho que la huelga sería equivalente a un golpe de Estado: “Un poder del Estado no puede levantarse contra él”. Los políticos esgrimen que somos un poder del Estado para negarnos el derecho a la huelga y, al mismo tiempo, funcionarios comunes para reprocharnos que pretendamos ampararnos en la importancia de nuestra función para chantajear a todos los ciudadanos. Distorsionar la realidad no es la mejor manera de solucionar los conflictos.
Esbozaremos lo que solicitamos los jueces y cuáles pueden ser los caminos para conseguirlo. El documento reivindicativo lleva fecha 12 de enero de 2009. Las peticiones se centran en la modernización de la oficina judicial, la formación del personal, la revisión de la distribución territorial de los órganos judiciales, la carga de trabajo y otras medidas organizativas. Sólo en octavo y último lugar se solicita el cumplimiento de las previsiones de la ley de retribuciones de la carrera judicial y fiscal, con especial referencia al pago de los servicios de guardia. No me parece adecuado manipular el documento y centrar la crítica en apetencias salariales en tiempos de crisis. No se presta un buen servicio a la comunidad sesgando las informaciones.
A partir de aquí comienza el conflicto constitucional y jurídico y no precisamente por culpa de los jueces. El legislador ha permanecido impasible, durante muchos años, ante la extraña anomalía que supone considerar a personas que ejercen un poder del Estado, igual que los que forman parte del Ejecutivo y del Legislativo, como funcionarios de carrera. Nos han convertido en una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y este fenómeno provoca conflictos cuando se produce el desdoblamiento de la personalidad.
¿Por qué somos un poder del Estado? La respuesta afirmativa tiene sólidos argumentos constitucionales.
1. La justicia, valor superior del ordenamiento jurídico, emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces integrantes del poder judicial.
2. La Constitución nos otorga, en exclusiva, la potestad jurisdiccional para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, tenemos jurisdicción propia y directa y no por formar parte de un colectivo funcionarial.
3. La Constitución marca el camino para que tengamos un estatuto jurídico diferente del personal al servicio de la Administración de Justicia.
4. Los jueces no podemos sindicarnos y constituimos una excepción que ni siquiera puede ser equiparada a la especial regulación de los funcionarios (artículos 28 y 127 de la Constitución).
5. En el caso de huelga, la tutela judicial efectiva que nos exige prestar el texto constitucional, nunca sería susceptible de servicios mínimos.
6. Por último, en el caso de discrepancias con la regulación de las condiciones de la huelga, las tendríamos que solucionar y decidir nosotros mismos. Es decir, seríamos juez y parte.
A la vista de todo lo expuesto se podría afirmar tajantemente que no tenemos derecho de huelga. Sin embargo, existen disposiciones legales que parecen haber olvidado la regulación constitucional. Pretenden reducirnos institucionalmente a empleados públicos equiparables a los de cualquier ministerio. El legislador deberá aclarar si ha sido ésta su intención.
Veamos las razones de
los que sostienen el derecho de huelga de los jueces.
1. La Constitución no la prohíbe expresamente. El argumento me parece inconsistente.
2. Tenemos también la condición de funcionarios en cuanto que prestamos un servicio público. Juzgar no es un servicio público, en el sentido administrativo del término.
3. La Ley 7/2007 de 12 de abril, que regula el Estatuto básico del empleado público, olvida el texto constitucional y extiende su ámbito de aplicación a todo lo que denomina Administraciones Públicas.
4. Incluye como personal funcionario, con legislación específica, a los jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
El conflicto está servido. Estimo que la legislación constitucional, de mayor y superior rango, despeja cualquier duda. Los jueces somos poder del Estado, no tenemos derecho de huelga y es urgente que dispongamos de un Estatuto propio. Los problemas no los creamos nosotros, sino la ambigüedad endémica y calculada del legislador.

El Papa con la Rota Romana

Existen en el mundo 800 tribunales diocesanos o interdiocesanos de la Iglesia latina, que afrontan casi exclusivamente causas de nulidad matrimonial.
Eolegio Rotal está formado por 20 prelados auditores: 9 son italianos, 2 polacos, 2 estadounidenses, 2 libaneses, 1 español, 1 alemán, 1 francés, 1 brasileño y 1 escocés.
Pues bien, el Papa Benedicto XVI recibió este jueves en audiencia a los miembros del Tribunal de la Rota Romana, con ocasión de la solemne inauguración del Año judicial.
Allí aprovechó para advertirles contra el peligroso aumento de las declaraciones del nulidad matrimonial con el pretexto de la inmadurez psíquica. En su reflexión, hizo referencia a dos discursos pronunciados por Juan Pablo II sobre esta cuestión (5 de febrero de 1987 y 25 de enero de 1988), constatando la “gran actualidad” de este problema y la necesidad de que el juez acuda a la ayuda de peritos a la hora de comprobar la existencia de una incapacidad real.
Es necesario, explicó, preservar a la comunidad eclesial “del escándalo de ver destruido en la práctica el valor del matrimonio cristiano por la multiplicación exagerada y casi automático de las declaraciones de nulidad, en caso de fracaso del matrimonio, con el pretexto de cierta inmadurez o debilidad psíquica del contrayente”.
A propósito de esto, el Papa ha exhortado a los agentes del derecho a “tratar las causas con la debida profundidad que requiere el ministerio de verdad y de caridad que es propio de la Rota Romana”, recordando la improtante distinción “entre una madurez psíquica que sería el punto de llegada del desarrollo humano, y la madurez canónica, que es en cambio el punto mínimo de partida para la validez del matrimonio”.
El Papa puso el acento en la diferencia entre “incapacidad” y “dificultad” – en cuanto que sólo la primera hace nulo en matrimonio–; “entre la dimensión canónica de la normalidad, que inspirándose en la visión integral de la persona humana, comprende también formas moderadas de dificultad psicológica, y la dimensión clínica que excluye del concepto de normalidad toda limitación de la madurez y toda forma de psicopatología”.
Llamó a discernir “entre la capacidad mínima, suficiente para un válido consenso, y la capacidad idealizada de una madurez plena en orden a una vida conyugal feliz”.
Entre las diversas causas de nulidad por innmadurez psíquica, se incluyen todas aquellas causas que pueden haber comprometido en uno de los dos cónyuges la capacidad consensual para asumir y cumplir las obligaciones fundamentales del matrimonio. En estos casos entran: la falta de suficiente uso de razón, en el que el sujeto que presenta una grave alteración de las facultades psíquicas no es consciente de su propio estado y no puede autodeterminarse libremente; o también el llamado “defecto de discreción de juicio” en el que el sujeto, es consciente de su estado y no pierde la racionalidad necesaria, como las formas graves de neurosis y de psicopatías.
La incapacidad de asumir y cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio puede ser también provocada por toxicodependencia o alcoholismo, o también ser producto de perversiones o afecciones de carácter sexual.
Historia de la Rota
Las competencias del Tribunal de la Rota Romana, que tuvo su origen en la Cancillería Apostólica, fueron fijadas definitivamente por Benedicto XIV con la Constitución Iustitiae et pacis en 1747.
Desde Gregorio XVI (1834) la Rota fue también tribunal de apelación para el Estado Pontificio, mientras que las causas pertinentes al fuero eclesiástico eran decididas preferentemente por las Congregaciones.
Las normas vigentes han sido aprobadas y promulgadas por Juan Pablo II el 7 de febrero de 1994.
La Rota Romana actúa como Tribunal de apelación y juzga: en segunda instancia, las causas definidas por los Tribunales ordinarios de primer grado y remitidas a la Santa Sede por legítima apelación; y también en tercera y ulterior instancia, las causas tratadas ya en apelación por la misma Rota o por otro Tribunal eclesiástico de apelación.
Además, es también Tribunal de apelación para el Tribunal eclesiástico de la Ciudad del Vaticano.
***
Discurso completo a los miembros del Tribunal de la Rota Romana.
Ilustres Jueces, Oficiales y colaboradores del Tribunal de la Rota Romana
La solemne inauguración de la actividad judicial de vuestro Tribunal me ofrece este año la alegría de recibir a sus dignos componentes: a Monseñor Decano, a quien agradezco el noble discurso de saludo, al Colegio de los Prelados Auditores, a los Oficiales del Tribunal y a los Abogados del Estudio Rotal. A todos dirijo mi cordial saludo, junto con la expresión de mi aprecio por las importantes tareas que atendéis como fieles colaboradores del Papa y de la Santa Sede.
Vosotros esperáis del Papa, al inicio de vuestro año de trabajo, una palabra que os sea de luz y orientación en el desempeño de vuestras delicadas tareas. Podrían ser muchos los argumentos en los que entretenernos en esta circunstancia, pero a veinte años de distancia de las alocuciones de Juan Pablo II sobre la incapacidad psíquica en las causas de nulidad matrimonial, del 5 de febrero de 1987 (AAS 79 [1987], pp. 1453-1459) y del 25 de enero de 1988 (AAS 80 [1988], pp. 1178-1185), parece oportuno preguntarse en qué medida estas intervenciones han tenido una recepción adecuada en los tribunales eclesiásticos. No es este e momento de hacer balance, pero está a la vista de todos el dato de hecho de un problema que sigue siendo de gran actualidad. En algunos casos se puede advertir por desgracia aún viva la exigencia de la que hablaba mi venerado Predecesor: la de preservar a la comunidad eclesial “del escándalo de ver en la práctica destruido en valor del matrimonio cristiano con la multiplicación exagerada y casi automática de las declaraciones de nulidad, en caso de fracaso del matrimonio, bajo el pretexto de una cierta inmadurez o debilidad psíquica del contrayente” (Alocución a la Rota Romana, 5.2.1987, cit., n. 9, p. 1458).
En nuestro encuentro de hoy me urge llamar la atención de los operadores del derecho sobre la exigencia de tratar las causas con la debida profundidad que exige el ministerio de la verdad y de la caridad que es propio de la Rota Romana. A la exigencia del rigor procedimental, de hecho, las alocuciones mencionadas anteriormente, en base a los principios de la antropología cristiana, proporcionan los criterios de fondo, no sólo para el cribado de los informes psiquiátricos y psicológicos, sino también para la misma definición judicial de las causas. AL respecto, es oportuno recordar de nuevo algunas distinciones que trazan la línea de demarcación ante todo entre “una madurez psíquica que sería el punto de llegada del desarrollo humano”, y la “madurez canónica, que en cambio es el punto mínimo de partida para la validez del matrimonio” (ibid., n. 6, p. 1457); en segundo lugar, entre incapacidad y dificultad, en cuanto “sólo la incapacidad, y no ya la dificultad en prestar el consentimiento y a realizar una verdadera comunidad de vida y de amor, hace nulo el matrimonio” (ibid., n. 7, p. 1457); en tercer lugar, entre la dimensión canónica de la normalidad, que inspirándose en la visión íntegra de la persona humana, “comprende también moderadas formas de dificultad psicológica”, y la dimensión clínica que excluye del concepto de la misma toda limitación de madurez y “toda forma de psicopatología” (Alocución a la Rota Romana, 25.1.1988, cit., n. 5, p. 1181); finalmente, entre la “capacidad mínima, suficiente para un consenso válido”, y la capacidad idealizada de una plena madurez en orden a una vida conyugal feliz” (ibid., n. 9, p. 1183).
Atendiendo a la implicación de las facultades intelectivas y volitivas en la formación del consenso matrimonial, el Papa Juan Pablo II, en la mencionada intervención del 5 de febrero de 1987, reafirmaba el principio según el cual una verdadera capacidad “es hipotizable sólo en presencia de una forma seria de anomalía que, se la defina como se la defina, debe afectar sustancialmente a las capacidades de entender y/o querer” (Alocución a la Rota Romana, cit., n. 7, p. 1457). Al respecto parece oportuno recordar que la norma jurídica sobre la capacidad psíquica en su aspecto aplicacional ha sido enriquecida e integrada también por la reciente Instrucción Dignitas connubii del 25 de enero de 2005. Esta, de hecho, para comprobar dicha incapacidad requiere, ya en el tiempo del matrimonio, la presencia de una particular anomalía psíquica (art. 209, § 1) que perturbe gravemente el uso de la razón (art. 209, § 2, n. 1; can. 1095, n. 1), o la facultad crítica y electiva en relación a decisiones graves, particularmente por cuanto se refiere a la libre elección del estado de vida (art. 209, § 2, n. 2; can. 1095, n. 2), o que provoque en el contrayente no sólo una dificultad grave, sino también la imposibilidad de hacer frente a los deberes inherentes a las obligaciones esenciales del matrimonio (art. 209, § 2, n. 3; can. 1095, n. 3).
Es esta ocasión, con todo, quisiera reconsiderar el tema de la incapacidad de contraer matrimonio, en la que el canon 1095, a la luz de la relación entre la persona humana y el matrimonio, y recordar algunos principios fundamentales que deben iluminar a los agentes del derecho. Es necesario ante todo redescubrir en positivo la capacidad que en principio toda persona humana tiene de casarse en virtud de su misma naturaleza de hombre o de mujer. Corremos de hecho el riesgo de caer en un pesimismo antropológico que, a la luz de la situación cultural actual, considera casi imposible casarse. Aparte del hecho de que esta situación no es uniforme en las diferentes regiones del mundo, no se pueden confundir con la verdadera incapacidad consensual las dificultades reales en que muchos se encuentran especialmente los jóvenes, llegando a admitir que la unión matrimonial sea impensable e impracticable. Al contrario, la reafirmación de la capacidad innata humana al matrimonio es precisamente el punto de partida para ayudar a las parejas a descubrir la realidad natural del matrimonio y la relevancia que tiene en el plano de la salvación. Lo que en definitiva está en juego es la misma verdad sobre el matrimonio y sobre su intrínseca naturaleza jurídica (cfr Benedicto XVI, Alocución a la Rota Romana, 27.1.2007, AAS 99 [2007], pp. 86-91), presupuesto imprescindible para poder aprehender y valorar la capacidad necesaria para casarse.
En este sentido, la capacidad debe ser puesta en relación con lo que es esencialmente el matrimonio, es decir, “la comunión íntima de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y estructurada con leyes propias” (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 48), y, de modo particular, con las obligaciones esenciales inherentes a ella, que deben asumir los esposos (can. 1095, n. 3). Esta capacidad no se mide en relación a un determinado grado de realización existencial o efectiva de ña unión conyugal mediante el cumplimiento de las obligaciones esenciales, sino en relación al querer eficaz de cada uno de los contrayentes, que hace posible y operante esta realización ya desde el momento del pacto nupcial. El discurso sobre la capacidad o incapacidad, por tanto, tiene sentido en la medida en que se refiere al acto mismo de contraer matrimonio, ya que el vínculo creado por la voluntad de los esposos constituye la realidad jurídica del una caro bíblica (Gn 2, 24; Mc 10, 8; Ef 5, 31; cfr can. 1061, § 1), cuya subsistencia válida no depende del comportamiento sucesivo de los cónyuges a lo largo de la vida matrimonial. De lo contrario, en la óptica reduccionista que desconoce la verdad sobre el matrimonio, la realización efectiva de una verdadera comunión de vida y de amor, idealizada en el plano del bienestar humano, se convierte en esencialmente dependiente sólo de factores accidentales, y no al ejercicio de la libertad humana apoada por la gracia. Es verdad que esta libertad de la naturaleza humana , “herida en sus propias fuerzas naturales” e “inclinada al pecado” (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 405), es limitada e imperfecta, pero no por ello deja de ser auténtica y suficiente para realizar ese acto de autodeterminación de los contrayentes que es el pacto conyugal, que da vida al matrimonio y a la familia fundada en él.
Obviamente algunas corrientes antropológicas “humanistas”, orientadas a la autorrealización y a la autotrascendencia egocéntrica, idealizan de tal forma la persona humana y el matrimonio que acaban por negar la capacidad psíquica de muchas personas, fundándola en elementos que no corresponden a las exigencias esenciales del vínculo conyugal. Ante estas concepciones, los expertos del derecho eclesial no pueden no tener en cuenta el sano realismo al que hacía referencia mi venerado Predecesor (cfr Juan Pablo II, Alocución a la Rota Romana, 27.1.1997, n. 4, AAS 89 [1997], p. 488), porque la capacidad hace referencia al mínimo necesario para que los novios puedan entregar sy ser de persona masculina y femenina para fundar ese vínculo al que está llamado la gran mayoría de los seres humanos. De ahí sigue que las causas de nulidad por incapacidad psíquica exigen, en línea de principio, que el juez se sirva de la ayuda de peritos para asegurarse de la existencia de una verdadera incapacidad (can. 1680; art. 203, § 1, DC), que es siempre una excepción al principio natural de la capacidad para comprender, decidir y realizar la donación de sí mismos de la que nace el vínculo conyugal.
Esto es lo que, venerados componentes del Tribunal de la Rota Romana, deseaba exponeros en esta circunstancia solemne a mi siempre tan grata. Al exhortaros a perseverar con alta conciencia cristiana en el ejercicio de vuestro oficio, cuya grande importancia para la vida de la Iglesia emerge también de las cosas que os he dicho, os auguro que el Señor os acompañe siempre en vuestro delicado trabajo con la luz de su gracia, de la que quiere ser prenda la Bendición Apostólica, que os imparto a cada uno con profundo afecto.
[Traducción del original italiano por Inma Álvarez]

A reformar el reglamento de las Islas Marías

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A LLEVAR A CABO LAS GESTIONES CONDUCENTES A REFORMAR EL REGLAMENTO DE LA COLONIA PENAL FEDERAL ISLAS MARÍAS, A CARGO DEL DIPUTADO FIDEL ANTUÑA BATISTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
SE TURNÓ PARA SU DICTAMEN a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Consideraciones
Primera. Como antecedentes en materia penitenciaria, tenemos que los centros de reclusión operados por el gobierno federal mexicano iniciaron con la instauración de la colonia penal federal Islas Marías en 1905, cuyo objeto fue remediar la sobrepoblación de la cárcel de San Juan de Ulúa y llevar a cabo la primera clasificación e internamiento de presos.
Durante muchos años este establecimiento de reclusión sirvió para contener presos calificados de alta peligrosidad para la sociedad mexicana, lo anterior asociado a su ubicación geográfica, accedió a conceptualizarlo como un lugar de aislamiento donde como muchos otros centros penitenciarios, estaba relacionado al sufrimiento y constante violación de los derechos humanos de los reclusos. Esto dio lugar a que el gobierno federal señalara en la Constitución de 1917 lineamientos más claros para la operación del sistema penitenciario, ordenando la completa separación entre procesados y condenados.
Tal situación coadyuvó a reorganizar el funcionamiento de la colonia penal federal de Islas Marías, con la expedición de su reglamento interior el 10 de marzo de 1920; asimismo, por las condiciones de este penal en aquella época, el continuo incremento de su población interna, y a fin de atender sus características jurídicas y comunitarias, el 30 de diciembre de 1939 se expide el Estatuto de las Islas Marías, donde se estableció que este penal operaría bajo la supervisión y vigilancia de la federación, tal como señalan los artículos 1 y 2 de dicho ordenamiento.
En este tenor, y con la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 23 de febrero de 1965, el gobierno federal inició una reorganización del trabajo en los reclusorios, diversificando funciones en materia de readaptación social, teniendo entre sus principales vertientes la ejecución de sanciones de reos sentenciados, el tratamiento de menores y el gobierno de la colonia penal federal de Islas Marías.
No obstante, a fin de observar lo establecido en el artículo 18 constitucional, en diciembre de 1970, con la aprobación de la iniciativa de Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, promovida por el Poder Ejecutivo (basada en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos), se advirtió como premisa el respeto a las garantías individuales a que los internos tienen derecho, y se procedió a regular el tratamiento de readaptación social del interno, en base al trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.
En este sentido, la colonia penal federal cambia su condición para albergar, brindar atención y un tratamiento de readaptación social, a aquellos internos que resultaban ser de baja peligrosidad y criminalidad. Esto permitió que el gobierno federal impulsara tres líneas de operación dentro de la procuración de la seguridad pública:
1. La prevención de conductas antisociales y delictivas.
2. La readaptación de adultos delincuentes y menores infractores.
3. La reincorporación social de los presos.Sin embargo, derivado del centralismo del sistema político mexicano de ese entonces, la constante evolución de la delincuencia y el incremento de ésta población, el gobierno federal dentro del marco del Programa de máxima seguridad se propuso mantener esfuerzos para ofrecer un mejor tratamiento de readaptación y reinserción de los individuos privados de su libertad que resguardara su integridad física y mental; lo que dio paso a reestructurar el sistema penitenciario organizacional en su organización y funcionamiento, armonizando actividades en materia de prevención, readaptación y reincorporación social.
A razón de lo expuesto, y debido a la sofisticación de la delincuencia y del crimen organizado, en los noventa el gobierno federal estableció metas sustantivas en materia de prevención y readaptación social que coadyuvaron a constituir un moderno Sistema Nacional Penitenciario que accedió a reformar el Reglamento de la Colonia Penal Federal de Islas Marías el 17 de septiembre de 1991, el cual atendía la organización, funciones, administración y gobierno de ese establecimiento, de acuerdo a las características delictivas, jurídicas, físicas y psicológicas de la población interna que albergaba en ese entonces. Se fortaleció con la entrada en vigor de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados en 1992. De ahí que hasta el presente siglo el penal es considerado un sitio que ofrece, por su estructura y condiciones socio-ambientales, oportunidades objetivas para la readaptación social del interno.
Segunda. El 27 de noviembre de 2000, se publicó el decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, el archipiélago conocido como Islas Marías, en virtud de que este territorio representa un relicto de la biota del trópico seco mexicano que ha permanecido aislado del continente por más de ocho millones de años, y que actualmente funciona como un rico reservorio de especies de fauna silvestre endémicas a México. En este instrumento se establece, en sus artículos sexto y séptimo, que no se autorizarán nuevos centros de urbanización ni de población en dicho archipiélago, a excepción de los considerados por programas y proyectos de la colonia penal federal, y en su caso se ubicaran en la Isla María Madre, lugar donde se encuentra este penal federal, previa su viabilidad en respeto y apego a los lineamientos de conservación de la biosfera.
Ante tal situación, el gobierno federal evaluó la posibilidad de desaparecer la colonia penal federal de Islas Marías procediendo a trasladar internos a sus centros de reclusión de origen, a algunos les fue otorgado el beneficio de libertad anticipada y minoritariamente algunos extinguieron su pena privativa de libertad, situación que puede corroborarse con la disminución de su población, que llegó a situarse en el 2004 en un 65 por ciento (649 internos).
No obstante, derivado de un estudio integral de las condiciones de la colonia penal federal en relación con el impacto que ésta tiene respecto a la demanda de servicios innovadores en materia de prevención del delito y de readaptación social; lo dispuesto en los artículos decimosegundo y decimotercero del decreto señalado, tocante a la zonificación de áreas en este territorio; y, hacer frente al alto índice demográfico de la población interna a nivel nacional, todo ello favorecido con la decisión del gobierno federal de integrar en un solo órgano de gobierno (hoy Secretaría de Seguridad Pública) las funciones que en materia de seguridad pública se tenían asignadas a una gran cantidad de instituciones, transfiriéndose así la responsabilidad penitenciaria de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública; en el año 2004 se da a conocer la decisión de "retomar el proyecto de colonia penal federal", con lo que se inician trabajos de dignificación de áreas y recepción de los nuevos internos.
Tercera. Como se ha podido observar, dadas las profundas transformaciones del país y en particular en materia penitenciaria, el gobierno federal ha implementado acciones para responder al fenómeno de la delincuencia y el crimen organizado, fortaleciendo y consolidando un sistema penitenciario que responda a la demanda de una seguridad pública nacional. A pesar de ello, y por la complejidad e interdependencia de los factores que inciden en este fenómeno y su diversificación, se ha hecho necesario estudiar el tema con un enfoque pluridisciplinario para salvaguardar un estado de derecho donde se observe el respeto absoluto de los derechos humanos y la dignidad de toda persona, por lo que se han llevado a cabo reformas en su normatividad, infraestructura y estructura orgánica.
Como ejemplo tenemos el reciente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, celebrado el 25 de agosto de 2008, en el que se reconoció la necesidad de que los tres poderes de la unión, en los tres órdenes de gobierno, debían participar conjunta y coordinadamente en una estrategia nacional en materia de seguridad pública, a efecto de advertir políticas integrales de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis legislativo, entre otros.
Es así que, ante el análisis del marco jurídico de la colonia penal federal de Islas Marías, se advierte que su reglamentación se encuentra exigua, toda vez que ante la modernización normativa del sistema penitenciario se ha observado:
a. Que de acuerdo a los artículos 1, 8, 9, 24, 26, 27, 28, 30, 31, fracciones I, IV y VII; 32, 33, fracciones I, III y IV; 34, fracciones II y IV; 48, 50, 51, 52, y tercero transitorio del Reglamento de Colonia Penal Federal de Islas Marías, figuran autoridades que hoy en día no corresponden a su actual funcionamiento, como la dirección, el director de la colonia penal, La Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y el representante de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.
b. Que de conformidad con los artículos 1, 3, fracción III, y 36, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo esta dependencia la encargada de preservar la libertad, el orden y la paz públicos, tiene entre sus diversas responsabilidades desarrollar la política de seguridad pública y administrar el sistema penitenciario federal, contando para tales efectos con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
c. Que conforme al artículo 13, fracciones I, II y III del mismo ordenamiento, le corresponde a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal proponer políticas, estrategias y programas que garanticen el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario; supervisar y evaluar la operación del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; y verificar el cumplimiento de los programas de readaptación social de sentenciados, de acuerdo a la ley de la materia y a los ordenamientos correspondientes.
d. Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 5, fracción II, y 6 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, este órgano desconcentrado cuenta con la Coordinación General de Centros Federales como unidad administrativa para la organización y funcionamiento de los penales federales.
e. Que concordante con el diverso 8, fracciones II y IX, del reglamento antes citado, el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, deberá someter a la consideración del secretario de Seguridad Pública la expedición, modificación o actualización de los reglamentos que sean necesarios para el ejercicio de las atribuciones inherentes a este órgano desconcentrado.
f. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 10, fracción II, 12, fracciones II, III, X y XXIII del mismo reglamento, la Coordinación General de Centros Federales estará en facultad para proponer a su inmediato superior la celebración de contratos y convenios relativos al ejercicio de sus funciones.
g. Que con fundamento en el artículo 17, inciso B, fracciones I, III, VI, VII, XI, XIII y XVIII de dicho reglamento, el titular de la colonia penal federal, en el ámbito de su competencia, deberá, entre otras facultades, establecer lineamientos a las actividades de la colonia penal para propiciar un aprovechamiento racional de los recursos naturales; identificar los casos en que sea necesaria la celebración de convenios con los gobiernos estatales, dependencias e instituciones públicas y privadas, para mantener el orden y la seguridad, la prestación de servicios y el desarrollo de la comunidad; y, vigilar el respeto absoluto a las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de los internos.
h. Que de acuerdo con los artículos 3, fracción XV, y 6, fracción V, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se señala que el sistema penitenciario está conformado por el conjunto de los centros y colonia federales, cambiando la denominación de la colonia penal federal de Islas Marías por colonia penal federal "Islas Marías".
i. Que conforme al artículo quinto transitorio de este último ordenamiento, se establece que en la colonia penal federal de Islas Marías se continuará aplicando sus propios ordenamientos.Lo anterior advierte que la legislación actual ha rebasado la regulación expedida el 12 de septiembre de 1991 para la colonia penal federal de Islas Marías, siendo necesario estructurar una nueva reglamentación que comprenda los ámbitos jurídico, normativo, administrativo, técnico y operativo actuales, además de:
I. Coordinar a nivel federal y estatal un sistema integral que, dadas las características geográficas del archipiélago de las Islas Marías, atienda las particularidades de la población interna.
II. Observar un enfoque innovador de la organización laboral y productiva, en respuesta a la categoría de área natural protegida que ocupa ese centro penitenciario, reorientado a la conformación de una comunidad productiva, autosuficiente, que permita dar cumplimiento al mandato constitucional en materia de readaptación social, enfocado a la educación, capacitación y conservación de la ecología.Cuarta. Tomando en cuenta que la colonia penal se localiza en la Isla María Madre del archipiélago de la Islas Marías, ubicada en el mar territorial mexicano del océano Pacífico y que su población dentro del marco jurídico en materia de los derechos humanos es considerada como un grupo vulnerable, en custodia del Poder Ejecutivo y que a efecto de favorecer la adherencia al tratamiento de readaptación social de los internos, a éstos se le ha permitido la convivencia continua con el cónyuge y/o los familiares, incluyendo hijos (mayores y menores de edad) dentro de la colonia penal o con fines de visita; se observa que la comunidad de este penal federal requiere un marco administrativo de procuración de servicios urbanos robusto en materias de salud, sanidad y de seguridad, entre otros.
En este tenor, atendiendo los principios de respeto a las garantías individuales de los internos dictados en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14, 25.1 y 74.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 1 y 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y con el fin de observar las disposiciones contenidas en los artículos 4, 6, 8, fracciones I, II, XIV y XX; 10, fracciones I y IX; 12, fracciones I, III y X; 17, inciso B, fracciones I, VI y XVIII del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se hace ineludible actualizar el convenio de colaboración que la colonia penal federal "Islas Marías" tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Lo anterior en virtud de que el entorno de este centro penitenciario refiere una población varonil y femenil, desde niños hasta adultos mayores; que las características de la población interna han cambiado física y fisiológicamente, distinguiéndose entre los principales rasgos la edad, oscilante en su mayoría de entre 31 y 40 años, seguida por los 41 a 50 años, periodos donde hay mayor incidencia en enfermedades agudas (gripas, salmonellas, infecciones cutáneas, etcétera), crónico-degenerativas (hipertensión arterial sistémica, insuficiencia venosa profunda, diabetes mellitus, cardiopatías, epilepsias, asma, artritis reumatoide y diferentes tipos de cáncer, entre otras) e inclusive infectocontagiosas (sífilis, tuberculosis, procesos neumónicos, neisseria meningitidis (altamente peligrosa y mortal en los menores de edad)), las cuales requieren de atención especializada e inclusive de intervención quirúrgica y que en consecuencia hacen de este entorno un medio sensible en materia de salud.
Quinta. Que para efecto de que el manejo clínico–médico de los internos sea el más adecuado, a fin de resguardar su integridad física y mental y coadyuvar a que respondan favorablemente al tratamiento técnico instaurado para desarrollar sus capacidades biopsicosociales y que por las condiciones geográficas, climatológicas, de infraestructura sanitaria y de salud (edificio de salud facultado hasta un cierto segundo nivel de atención médica), en casos extraordinarios se ha hecho necesario implementar acciones médicas y de custodia emergentes para trasladar al interno a centros penitenciarios estatales con el objeto de recibir atención oportuna en instituciones de salud de segundo nivel.
Y que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 5 y 9 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, se establece que se respetarán las garantías individuales de los internos teniendo acceso a los servicios de salud, según corresponda; y que acorde a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Colonia Penal Federal de Islas Marías, es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la autoridad responsable de la prestación de los servicios de salud y del desarrollo de la comunidad.
Es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública y el IMSS, en el ámbito de competencia, realicen accidentes tendientes a complementar y/o fortalecer la infraestructura técnica, tecnológica, operativa y profesional que permita dotar de los servicios de salud a la población interna, en un segundo nivel suficiente, acorde a las características y condiciones espaciales de la colonia penal.
Sexta. Se entenderá por primer y segundo nivel de atención médica lo señalado en los numerales 4.1.20 y 4.1.21 de la norma oficial mexicana NOM-173-SSA1-1992.
Séptima. Que en 1973, bajo el concepto de solidaridad social, el IMSS empezó a organizar, establecer y otorgar atención médica, farmacéutica y hospitalaria a la población marginada rural, suburbana y urbana; cuyo financiamiento estaba a cargo de la federación. Que en 1979, el gobierno federal decidió ampliar la prestación de servicios de salud a campesinos marginados, firmando un convenio entre la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
(Coplamar) lo que condujo al IMSS a establecer y operar un plan de solidaridad social por cooperación comunitaria denominado Programa IMSS-Coplamar, en el cual los costos de inversión y de operación correspondieron al gobierno federal, a Coplamar la obtención de los recursos y al IMSS la administración y contabilización de los fondos, así como el otorgamiento de los servicios de salud; lo que significó un cambio histórico en la descentralización de los servicios de salud; de tal forma que la hoy Secretaría de Salud se convirtió básicamente en un actor vigilante de la normatividad, supervisor y evaluador del IMSS. Esto dio oportunidad a que dicho instituto de salud se hiciera cargo de la total responsabilidad del programa IMSS-Coplamar, por lo que el gobierno federal decidió integrar a la colonia penal federal "Islas Marías" a los beneficios de este programa, pues reconoció en ella a una población marginal, dadas sus características jurídicas, socioeconómicas y de localización geográfica.
Octava. Que el programa IMSS-Coplamar, a partir de 1990 cambia su denominación por IMSS-Solidaridad como consecuencia de la gran importancia de sus recursos y cobertura en servicios de salud a todo el territorio nacional. Pero derivado de las acciones implementadas en 1997 por la federación, relativas a la creación del Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) cuyo objeto fue afrontar importantes rezagos del medio rural en materia de salud, educación y principalmente desnutrición, con el objeto de mejorar la economía e integridad familiar, asintió el cambio de denominación por Programa IMSS-Oportunidades.
Novena. Que los pasados 1 y 2 de septiembre de 2008, la licenciada Carolina Gómez Vinales, titular de la Unidad IMSS-Oportunidades en Sinaloa, jurisdicción a la que compete dicho programa en las Islas Marías, realizó una gira de trabajo para evaluar los servicios del hospital rural de Islas Marías, de la cual resultó llevar a cabo la construcción del Centro de Atención Rural al Adolescente y el Módulo de Salud Ginecológica, con el fin de impulsar el desarrollo saludable de la juventud que habita en Islas Marías, y combatir enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer de mama y cérvico-uterino en la población femenina.
Décima. Que por la complejidad que representa el factor salud en una persona privada de su libertad (por sus antecedentes de vida delictiva) y que las actuales condiciones de accesibilidad a los servicios de salud en un territorio apartado del continente son insuficientes a pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, es evidente adecuar un instrumento de colaboración que permita ofrecer a los internos de Islas Marías los servicios de salud de manera integral, preventiva, curativa, de rehabilitación y de vigilancia epidemiológica; impulsar el desarrollo técnico y humano del personal para garantizar la cobertura, calidad, efectividad y eficiencia de la prestación de esos servicios; además de promover la acción comunitaria (actividades de desarrollo social y urbano contemplada en el Programa IMSS- Oportunidades) bajo una cultura de respeto al medio ambiente y confidencialidad conforme a lo establecido en los artículos 13, 14, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 45 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y numerales 5.6 y 5.11 de la norma oficial mexicana NOM-168-SSA1-1998.
Situación que alude a las autoridades competentes de la seguridad pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social para coordinar acciones tendientes a renovar el convenio de colaboración para formalizar la prestación de servicios de salud de la población interna de la colonia penal federal "Islas Marías", conforme a los avances profesionales, técnicos, tecnológicos y operativos que se enmarcan en un segundo nivel de atención médica y en el Programa IMSS-Oportunidades.
Decimoprimera. Ante los argumentos expuestos, es imperioso consolidar un sistema penitenciario federal eficiente y homogéneo en su normatividad, que acceda a conjuntar acciones orientadas a uniformar los criterios reglamentarios de la colonia penal federal "Islas Marías" que garanticen en todo momento la seguridad e integridad física y mental de los internos, fortalecer las metas y objetivos de la readaptación social de éstos y disponer de un instrumento actual en materias de salud y de desarrollo social de esta comunidad.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración del alto cuerpo colegiado de esta Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que lleven a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones necesarias para reformar el Reglamento de la Colonia Penal Federal "Islas Marías"; así como, a realizar las gestiones normativas necesarias para mejorar y dar prontitud a la ampliación de la cobertura de los servicios de salud y desarrollo social que se otorgan a la población interna de ese penal federal, de acuerdo a los avances profesionales, técnicos, operativos y tecnológicos que se enmarcan en el Programa IMSS-Oportunidades; y, en su caso, se fortalezcan las acciones de coordinación necesarias para lograrlo.
Segundo. Comuníquese el presente punto de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para su resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2009.
Diputado Fidel Antuña Batista (rúbrica)