28 jul. 2010

Benítez Treviño

El diputado Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia, advirtió que la delincuencia organizada en Latinoamérica “se ha diversificado en un abanico criminal: quienes cometen el delito de narcotráfico son los mismos que participan en el delito de secuestro y son los mismos que controlan las grandes bandas de la piratería”.
A su arribo a México, luego de participar en la XII Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, donde planteó la necesidad de diseñar nuevas estrategias para abatir el hambre y el subdesarrollo en América Latina y el Caribe
El legislador se refirió a la falta de un sistema de seguridad pública integral y consideró que la readaptación social en América Latina es un fracaso.
Reconoció, sin embargo, que México está a la vanguardia en las reformas estructurales: la reforma del 18 de julio de 2008, dijo, es avanzada aunque falta reglamentarla; cambió el concepto de readaptación social por el de reinserción social.
Hoy digo que la readaptación social es un fracaso; por ello, México optó por un cambio constitucional hacia la reinserción social, que es una figura más garantista.
Pidió a sus homólogos de Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Uruguay, Venezuela, República Dominicana y México “sentar las bases del culto a la legalidad”.
De acuerdo con Benítez Treviño, el orden jurídico mexicano se ha resquebrajado; fue útil para la tercera parte del siglo XX.
Un nuevo encuentro de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano tendrá lugar el 30 de septiembre, en Paraguay.

La jueza Bolton

Juez bloquea partes cruciales de la ley 1070 de Arizona
Por JACQUES BILLEAUD y AMANDA MYERS
The Associated Press
PHOENIX -- Cuando faltaba un día para que entre en vigencia la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal, una juez bloqueó el miércoles las partes más polémicas de la legislación, con lo que le brindó una importante victoria legal a los opositores de la medida.
La ley aún deberá entrar en vigencia el jueves, pero ahora sin muchas de las disposiciones que enfurecieron a los opositores, incluyendo secciones que requieren a los agentes que hagan cumplir otras leyes que comprueben si los sospechosos residen legalmente en el país.
La juez federal Susan Bolton también puso en suspenso una parte de la ley que obligados a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacia ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.
Bolton declaró que esas partes deben ser dejadas en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan.
Otras disposiciones de la ley, muchas de ellos de procedimiento o revisiones ligeras a la vigente ley de inmigración de Arizona, entrarán en vigor en el primer minuto del jueves.
El fallo se produjo justo cuando la Policía estaba haciendo preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras activistas estaban planeando grandes manifestaciones contra la medida.
Al menos un grupo de activistas pensaba despojarse de sus documentos de identificación antes de bloquear el acceso a las oficinas federales, en un abierto desafío a la Policía para que les pida sus documentos.
Es probable que la mayoría de las protestas se cancelen debido al fallo de Bolton, quien de repente se convirtió en una figura crucial en el debate sobre la inmigración cuando se le asignaron las siete demandas presentadas contra la ley de Arizona.
La Policía de todo el estado, fronterizo con México, dio el martes los últimos toques al entrenamiento de los agentes, incluyendo la forma de evitar la etiquetación racial y la posibilidad de un gran incremento de las detenciones.
La etiquetación racial ("racial profiling" en inglés) se refiere al uso incorrecto de la raza de un individuo o grupo étnico por la Policía como un factor para decidir si aplica la ley, como en el caso de pedirle a una persona que e detenga por una infracción de tránsito.
En Phoenix, el alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio pensaba realizar su 17ª batida contra la delincuencia y la inmigración ilegal, sin consideración al fallo de la juez Bolton.
Arpaio, famoso por su dureza con la delincuencia y la inmigración ilegal, enviará unos 200 agentes y voluntarios vigilar las infracciones de tránsito, localización de delincuentes prófugos y otros delitos. En sus redadas han caído también indocumentados buscados por la justicia.
"No esperamos. Nos limitamos a actuar", dijo Arpaio. "Si existe una nueva ley, la haremos cumplir".
En México, la secretaría de Relaciones Exteriores emitió el martes una declaración indicando que incrementó la ayuda consular a sus ciudadanos residentes en Arizona, en preparación a la entrada en vigencia de la nueva ley.
La secretaría agregó que México envió personal y recursos adicionales a cinco consulados en Arizona para brindar asistencia y ayuda legal e dijo que "está dispuesta a adoptar las medidas inmediatas necesarias para proteger los derechos de los mexicanos en Arizona, sin consideración de su situación de inmigrantes".
Entretanto, los abogados del Departamento de Justicia rechazaron una propuesta para fusionar su demanda y la de un policía contra la nueva ley de inmigración en Arizona.
Con el argumento de que se perjudicaría o demoraría su acción, los abogados federales se pronunciaron en contra de la propuesta del policía de Phoenix David Salgado, de consolidar ambos casos.
El abogado del policía sostiene que las demandas son prácticamente idénticas porque coinciden en que la ley federal de inmigración anula la normativa de Arizona, y buscan impedir que entre en vigencia.
El Departamento de Justicia dijo que ha impugnado más secciones de la ley que Salgado y que los argumentos federales de que la legislación federal anula a la de Arizona difiere de los que expuso el agente.
El periodista de The Associated Press Jacques Billeaud contribuyó a este despacho.
Read more: http://www.elnuevoherald.com/2010/07/28/773261/abogados-federales-rechazan-unir.html#ixzz0v2ezmHbQ

La jueza Susan Bolton

Justo cuando faltaba un día para que entre en vigencia la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal, una jueza bloqueó  las partes más polémicas de la legislación, con lo que le brindó una importante victoria legal a los opositores de la medida.2010-07-28 | Comunicado
La ley aún deberá entrar en vigencia el jueves, pero ahora sin muchas de las disposiciones que enfurecieron a los opositores, incluyendo secciones que requieren a los agentes que hagan cumplir otras leyes que comprueben si los sospechosos residen legalmente en el país.
La jueza federal Susan Bolton también puso en suspenso una parte de la ley que obligados a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacia ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.
Bolton declaró que esas partes deben ser dejadas en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan.
Otras disposiciones de la ley, muchas de ellos de procedimiento o revisiones ligeras a la vigente ley de inmigración de Arizona, entrarán en vigor en el primer minuto de este jueves 29 de julio de 2010.
El fallo se produjo justo cuando la Policía estaba haciendo preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras activistas estaban planeando grandes manifestaciones contra la medida.
Al menos un grupo de activistas pensaba despojarse de sus documentos de identificación antes de bloquear el acceso a las oficinas federales, en un abierto desafío a la Policía para que les pida sus documentos.
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Comunicado 227
Secretaría de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresa el pleno reconocimiento del Gobierno de México por la decisión de la Corte Federal de Distrito en Arizona de suspender provisionalmente la entrada en vigor de algunas disposiciones de la Ley SB1070. Es un primer paso en la dirección correcta.
La suspensión provisional impedirá a la policía del estado de Arizona, con base en esa Ley SB1070, investigar, a partir de una sospecha razonable, la condición migratoria de una persona cuando sea detenida; detener sin orden de arresto a un individuo bajo sospecha de ser indocumentado o requerir que porte documentación que lo identifique como inmigrante; y, a las autoridades estatales, criminalizar el trabajo indocumentado. Estas son las partes de la Ley que han quedado suspendidas con la decisión del día de hoy.
El Gobierno de México ha instrumentado y seguirá fortaleciendo acciones para prevenir violaciones a los derechos de los migrantes y para proporcionarles protección consular en los casos en los que desafortunadamente nuestros connacionales son objeto de violación de sus derechos.
En sus cinco consulados en Arizona, el Gobierno de México ha establecido y fortalecido diversos mecanismos de respuesta rápida para garantizar que se brinde asesoría legal efectiva en los casos específicos donde se presenten estas violaciones de los derechos de nuestros nacionales.
En este sentido, ha ampliado y seguiremos fortaleciendo la Red de Abogados del Programa de Asistencia Jurídica a Través de Asesorías legales (PALE), así como la Red de Abogados Consultores. Al mismo tiempo, incrementaremos la presencia consular en los centros de detención en Arizona y la comunicación permanente con las autoridades federales para conocer de cualquier incidente que involucre a un connacional.
He instruido al Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior a que se desplace a Phoenix para supervisar estas medidas de protección consular previstas por la Cancillería que se pusieron en marcha, desde que se aprobó la Ley SB1070.
Con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil activas en la defensa de los derechos humanos, identificaremos y registraremos posibles casos de violaciones de los derechos de los nacionales mexicanos. Informaremos a la comunidad migrante sobre los efectos de la Ley SB1070 a través de un mayor número de foros comunitarios y educativos. Seguiremos fortaleciendo la atención personalizada las 24 horas del día mediante el centro de llamadas establecido en Arizona para brindar orientación a los afectados (1-877-63CONSUL).
Intensificaremos la capacitación del personal consular sobre los alcances de la SB1070 y ampliaremos la distribución de materiales de protección preventiva, mediante folletos y tarjetas que promueven el conocimiento de los derechos básicos de nuestros connacionales.
También he instruido a los cinco consulados de México en Arizona que sigan visitando a nuestras comunidades a través de los consulados móviles y a que, en adición a sus horarios habituales, sigan trabajando los sábados hasta nueva orden para garantizar la atención consular.
El Gobierno de México expresa su reconocimiento a la determinación mostrada por el Gobierno Federal de Estados Unidos y las acciones de las organizaciones civiles que entablaron demandas contra la Ley SB1070.
Asimismo, el Gobierno de México agradece a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú que se sumaron a la moción de “Amigo de la Corte” presentada por México.
En concordancia con su firme compromiso con la protección de los derechos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su condición migratoria, el Gobierno de México continuará dando seguimiento puntual al proceso judicial que se derive de la decisión de la Corte de Distrito y en instancias superiores hasta que se produzca la declaración de inconstitucionalidad de la Ley SB1070.
Fuente: SRE

Nuevo Oficial Mayor en SEGOB

Relevan a Oficial Mayor de Segob
El Secretario de Gobernación dio hoy posesión a José Óscar Vega Marín como nuevo Oficial Mayor de la dependencia, en sustitución de Manuel Rodríguez Arregui.
Este es el primer movimiento que, con el aval del Presidente Felipe Calderón, hace Blake en la estructura de la Segob, tras su nombramiento el 14 de julio pasado.
Hasta ayer, Vega Marín se desempeñaba como Secretario de Educación y Bienestar Social de Baja California.
México, D. F., a 28 de julio de 2010 | Boletín No.288-28/07/2010
El Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, dio posesión a José Oscar Vega Marín, quien fue designado por el Presidente Felipe Calderón como nuevo Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Manuel Rodríguez Arregui.
José Oscar Vega Marín es Licenciado en Administración de Empresas por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS), campus Tijuana, Baja California.
José Oscar Vega Marín ocupó el cargo de Regidor del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, de 1995 a 1997. Posteriormente, de 1997 a 2003 fue Director Ejecutivo de la "Asociación de Municipios de México, A.C.".
De igual modo, Vega Marín fungió como Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social de 2004 a 2005, para posteriormente ser nombrado Subsecretario de Gobierno para Asuntos Legislativos en la Secretaría General de Gobierno de Baja California.
Subsecuentemente, Oscar Vega se desempeñó de 2006 a 2007 como Jefe de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Hasta el día de ayer, José Oscar Vega Marín fungía como Secretario de Educación y Bienestar Social y Director General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California.

Convenio con BC

Apoya Segob lanzamiento de Nuevo Sistema de Justicia Penal de Baja California
México, D. F., a 28 de julio de 2010 | Boletín No.291-28/07/2010
El Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, ofreció todo el apoyo del Gobierno Federal al Gobierno de Baja California para que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en ese esa entidad sea exitosa.
El Secretario Blake, luego de firmar con el Gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia, expresó que los bajacalifornianos no sólo tienen el apoyo material, sino también operativo para que el nuevo proyecto resulte en beneficio de la ciudadanía.
Asimismo, recordó que al ser Baja California la séptima entidad del país en instrumentar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, derivado de un mandato constitucional, ha aprendido de los demás y se coloca a la vanguardia.
El Convenio firmado entre la SEGOB y el Gobierno de Baja California, y en el cual fungió como testigo de honor el Secretario Técnico de la SEGOB para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Felipe Borrego, garantiza recursos en materia de equipamiento y capacitación.
En este sentido, en el acuerdo se comprometen 53.6 millones de pesos para un Programa de Adquisición de Equipo Técnico y Científico para la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Baja California.
Los recursos se obtuvieron luego de una gestión llevada a cabo por la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California, en coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
El Gobierno Federal reitera su compromiso y apoyo con las entidades de la República a fin de avanzar en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la consolidación de todas las instituciones de procuración de justicia del país.

Son 3 cartas las enviadas por Diego

Envía Diego 3 cartas en 2 meses
Allegados legitimaron la caligrafía de los mensajes, emitidos entre mayo y julio
Nota de Abel Barajas
Reforma, 28 julio 2010.- Durante los primeros 2 meses de su secuestro, Diego Fernández de Cevallos envió a su hijo mayor tres cartas escritas de su puño y letra para instarlo a agilizar las negociaciones con los plagiarios y pagar su rescate, informaron allegados al caso.
Los mensajes fueron remitidos entre el 14 de mayo y el 15 de julio a Diego Fernández Gutiérrez, responsable directo de la negociación, y tanto familiares como amigos del ex senador corroboraron que, en los tres casos, la letra sí corresponde a su persona.
Una fuente precisó que en dos de las cartas fue reconocida tanto la caligrafía como la redacción del panista, y sólo en una confirmaron que se trata de su letra, pero no su estilo de redacción, lo que hace presumir que el contenido fue dictado.
Uno de los textos antes mencionados es el que fue divulgado el lunes pasado por el periodista José Cárdenas, el cual está fechado el 10 de junio pasado, día en el que se cumplió el 39 aniversario de la matanza de estudiantes en la calzada México-Tacuba, conocida como "el halconazo".
Los investigadores del Gobierno federal estiman que el secuestro del panista es obra de un grupo armado.
Aunque se estudian diversas líneas de investigación, la principal hipótesis apunta a que el plagio fue cometido por una célula guerrillera con presencia en Querétaro y Guanajuato presuntamente desprendida del Ejército Popular Revolucionario (EPR), como es el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Diego; fase crítica,

Columna Estrictamente Personal“El Jefe” Diego: la fase crítica
Ejecentral.com, July 28, 2010;
Setenta y dos días después de haber sido secuestrado en su rancho en Querétaro, una fotografía de Diego Fernández de Cevallos y un mensaje escrito por él pidiendo a su familia que ofrezcan el máximo posible por su rescate, se convirtió en la segunda prueba pública de vida y confirmó que las negociaciones para que recupere la libertad se encuentran en una fase delicada, que están empantanadas, y que los siguientes pasos de los negociadores serán cruciales para determinar su suerte.
Pero que no cunda la histeria. Los secuestros de alto impacto realizados por la guerrilla -como es este caso con el poco conocido Ejército de Liberación Nacional, que es un desprendimiento del EPR- tienen el mismo esquema:
1) tras el secuestro, se da la primera prueba de vida entre cinco y siete días de realizado;
2) el primer contacto se da de 15 a 60 días después, para establecer la comunicación –no necesariamente telefónica- y pedir rescate;
3) viene la contrapropuesta de la familia de la víctima;
4) se produce la segunda y hasta una tercera comunicación, con sus contraofertas;
 5) si no hay acuerdo sobre el monto, se abre públicamente la negociación.
El secuestro de Fernández de Cevallos fue el 15 de mayo y la primera prueba de vida se dio a través de una fotografía que primero difundió Milenio Televisión el 20 de mayo. No están claras las fechas de las primeras negociaciones, pero el mensaje dado a conocer el lunes junto con la segunda fotografía, tiene fecha de 10 de junio. Aunque el periodo de 20 días parece corto para esa negociación, la segunda prueba de vida que primeramente divulgó el periodista José Cárdenas a través de Twitter, revela que la contraoferta no les gustó nada y que aceleraron la presión pública. Incluso, se sabe que hubo una segunda comunicación el 21 de junio, en vìsperas del juego de Mexico contra Uruguay en la Copa del Mundo.
Fernández de Cevallos le escribe a Diego, su hijo mayor: “No puedo describirte el infierno que vive tu padre y no se cuanto aguante más. Por ello te pido que hagas lo más rápido que puedas tu mayor esfuerzo. ellos tienen todo el tiempo del mundo, no les corre ninguna prisa… Para tu Padre lo que no sea de inmediato no tiene sentido”. Al pasar a la ruta de la presión pública, transmitir drama y provocar alarma, los secuestradores pretender forzar, de acuerdo con secuestros anteriores, que la familia desoiga las recomendaciones de los negociadores y eleven el monto del rescate.
Por ejemplo en 1994, en la parte crítica de la negociación de su secuestro, el banquero Alfredo Harp escribió a sus hijos: “Reitero me urge salir con vida para estar con ustedes y recuperar esta situación, por eso no traten de aceptar recomendaciones, lo único importante es que me saquen de este martirio inmediatamente, el dinero, Dios nos lo dio y si se quiere, es más importante que nos dé vida eterna, como verdadera riqueza, que hay que acumular en esta vida”.
En el primer mensaje público a su familia, Fernández de Cevallos escribió a su hijo: “Me dicen que ya te hicieron una propuesta concreta y que tú nos has contestado en concreto con una contraoferta razonable. Tienes que hacerlo ya, de inmediato. Si no puedes llegar a lo que piden sí puedes hacer un planteamiento que demuestre voluntad de negociar, no evasivas. Cualquier consejo de que le hagas al ‘pobre’ es absurdo y será fatal”.
El objetivo de los secuestradores es desarticular la estrategia de negociación. Hace 16 años escribió Harp desde el cautiverio: “Pese a suplicarles que actuaran con todo el amor que me tienen y con el corazón antes que con la cabeza ordenando, en los términos que yo acordé con mis secuestradores, las instrucciones finales de la negociación, se negaron a hacerlo abandonándome y sacrificándome, negándome incluso el derecho y la capacidad que todo ser humano tiene hasta el último momento por salvar la vida y recuperar la libertad”.
La redacción de los mensajes de Harp y Fernández de Cevallos buscaron presionar moralmente a la familia. Los secuestradores saben que los negociadores les aconsejan ser duros y no ceder, para evitar que el rescate sea exorbitante. Y al hacer públicas las cartas a la familia -usualmente enviadas a ellos previamente y que corresponden al ámbito privado-, buscan construir un clima de opinión desfavorable para los negociadores, a los que pretender arrinconar enfatizando debilitamiento y salud precaria.
“He tenido varios desvanecimientos y mucho dolor en el pecho a pesar del Tenormín y de la aspirina”, escribió Fernández de Cevallos. “Tú sabes que no quedé bien del corazón después de la operación. He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor. Por eso el tiempo es determinante… Lo urgente es que hagas una contrapropuesta lo más alta que puedas y estoy seguro que ellos negociarán. Lo urgente es negociar con toda seriedad para gestionar la entrega del dinero y mi libertad”.
Harp apeló: “Lo único que les pedía era su respaldo, que compartieran solidariamente mi determinación de no escatimar recursos, de no ahorrar, pues a final de cuentas, el dinero que les pedía pagar era parte de mi fortuna personal… Ustedes me conocen… a quién se le puede ocurrir que aguante más tiempo aquí, sabiendo de mi carácter hiperactivo. Actúen rápido, denme la oportunidad de recuperar mi vitalidad y ánimo en todas los sentidos y si Dios quiere, realizar planes toda la familia”.
En su misiva, Harp se refirió a los negociadores y pidió relevarlos de la tarea. En la suya, Fernández de Cevallos, al mencionar que “es preferible un gran esfuerzo pronto que ilusionarse con lo que ya no podrá ser después”, le pidió a su hijo apoyarse en “Toño” –probablemente Antonio Lozano Gracia-, y en “Juan” –probablemente Juan Collado-, quienes conocen la lista de clientes y los ingresos de su bufete, para lograr “algo concreto que puedas comprometer”.
Cuando Harp escribió su carta se había cumplido un día el ultimátum de 72 horas que habían dado los secuestradores para ajustar el monto del rescate. Su liberación se dio la noche del 29 de junio, 100 días después de estar retenido. En el caso de Fernández de Cevallos no se sabe de ningún ultimátum, pero sí que hubo un problema en la negociación por cuestión de los montos. En este caso, como fue en el primero, ya se entró a la etapa del diálogo público con la familia.
En el secuestro de Harp, el resultado de esa presión fue positivo para él, al arreglarse el pago de varios millones de dólares. En el de Fernández de Cevallos, por quien se pide un monto superior, su destino hasta ahora está en manos de los negociadores, que están jugando ajedrez con un grupo que sus jaque mates son físicos.

Opinión de Gil Zuarth

'De propaganda fide'/Roberto Gil Zuarth, subsecretario de Gobernación
Reforma, 28 de julio de 2010;
Si usted consulta la palabra "propaganda" en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua encontrará una asociación que orienta sobre su sentido etimológico. "Congregación de cardenales nominada De propaganda fide para difundir la religión católica", dice la Academia. En la literatura católica, por su parte, se afirma que Propaganda Fide era, en la práctica, una organización encargada de difundir el cristianismo para atraer adeptos y, además, para defender la fe en los lugares donde "la herejía" había abierto la discusión sobre su inmanente veracidad. Una organización, un método, un sistema, una técnica para persuadir, convencer, adoctrinar.
La propaganda es una técnica de persuasión. En cuanto técnica, se articula en procedimientos, recursos, habilidades. En su sentido moderno, es un conjunto de mensajes sistemáticos, reiterados durante un periodo determinado de tiempo, dirigidos a audiencias específicas y que tienen por finalidad esencial provocar reacciones emotivas o motivar impulsos intelectivos.
En la ausencia de esta intuición básica radica el error de la reciente resolución del IFE sobre el mensaje del presidente de la República sobre la estrategia de seguridad, emitido el 15 de junio pasado. En esa resolución, el árbitro electoral desdibuja la frontera entre el discurso político-institucional, entre la deliberación de los asuntos públicos que protagonizan las autoridades políticas, y la propaganda gubernamental. El IFE objetó el contenido del mensaje presidencial, en razón de que "se aprecia la mención de algunos programas sociales vinculados con la seguridad (escuela segura) y la utilización de ciertos fraseos que son propios de los spots del Gobierno Federal, que en otro contexto podrían ser válidos, pero debido a la temporalidad en que es emitido, el Titular del Ejecutivo debe tener especial cuidado".
El mensaje del Presidente, a juicio del IFE, es ilegal por menciones y fraseos. Es propaganda gubernamental porque esas menciones y fraseos vienen de una autoridad, hacen referencia al ejercicio de funciones de gobierno, tienen especial relevancia como hecho noticioso y se emitieron durante las campañas. Para el IFE no es necesario acreditar el carácter sistemático o reiterado del mensaje, el contexto de su difusión, la finalidad explícita de influir en la competencia, ni tampoco que los promocionales con los que encuentra similitudes el mensaje presidencial en ningún momento se trasmitieron en las entidades federativas que celebraron elecciones. El criterio de temporalidad se desliza como regla absoluta frente al cual deben ceder todas las libertades, derechos y facultades: durante las campañas el Presidente debe guardar silencio sobre los asuntos públicos, porque alguien puede sentirse electoralmente agraviado por una mención o un fraseo.
Es cierto: la Constitución prohíbe la difusión en medios de comunicación social de propaganda gubernamental durante las campañas electorales. En su propia construcción semántica, la norma apela a un concepto -propaganda gubernamental- que debe interpretarse con cautela para no silenciar el debate público. La finalidad de la norma no es acallar el discurso político-institucional, sino evitar las campañas masivas de comunicación patrocinadas por los gobiernos para influir en las preferencias electorales. Ni más, ni menos.
Al reivindicar a la temporalidad como supuesto criterio objetivo para delimitar cuando existe intervención indebida de una autoridad en contextos electorales, el IFE sólo logró ensanchar sus facultades para escrutar el debate público, con pocas probabilidades de que impere la libertad y se reanimen las tan necesitadas aptitudes deliberativas de nuestra sociedad.