29 jul. 2009

Simulacro de ataque terrorista en el Golfo

Realiza el Cisen simulacro de ataque terrorista
Nota de JORGE CARRASCO ARAIZAGA, Agencia APRO
MÉXICO, D.F., 29 de julio (apro).- El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realiza en sus instalaciones un simulacro internacional de ataque terrorista a las construcciones energéticas en el Golfo de México.
En el "ejercicio de simulación", que inició el pasado lunes 27 y culmina el viernes 31, participan Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, países que llevan a cabo actividades simultáneas en sus territorios.
Se trata del primer simulacro de su tipo en el que México participa a invitación de Estados Unidos, que inició estas prácticas en el 2000 y tres años después comenzó a integrar a los países mencionados.
Uno de los escenarios es un ataque por aire, mar o la frontera sur a la terminal refrigeradora de Pemex del Complejo Petroquímico Pajaritos, al sur de Veracruz, o alguna otra instalación estratégica.
Denominado Ejercicio a Gran Escala para Oficiales de Alto Nivel (Nacional Level Excercise 09, NLE09 por sus siglas en inglés), el simulacro pretende entrenar a funcionarios mexicanos para enfrentar un eventual ataque de ese tipo.
En el caso de México, participan cerca de 200 funcionarios de 14 dependencias, incluidos militares, quienes están concentrados en las instalaciones del Cisen.
Entre las instancias gubernamentales están las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y Gobernación, que lo hacen a través del Cisen y del Instituto Nacional de Migración.
De Hacienda participan la Unidad de Inteligencia Financiera y Aduanas, y también están la Procuraduría General de la República, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardia Nuclear.
En los simulacros se prevén más de cuatro mil actividades entre los cinco países, que responden a situaciones de emergencia a través de medios de información virtuales creados ex profeso.
El 1 de octubre, las dependencias deberán emitir un reporte –que será confidencial– sobre la manera en que deben actuar en caso de una situación real de emergencia.

Los rockets venezolanos; Revista Semana

Los 'rockets' venezolanos
Revista Semana, 25 de julio de 2009;
Varios lanzacohetes que los suecos les vendieron al gobierno venezolano terminaron en manos de las Farc. Todo apunta a que los dos generales más cercanos a Hugo Chávez están involucrados.
El pasado
pasado 2 de junio, durante la cumbre de la OEA que se desarrolló en San Pedro Sula, Honduras, altos funcionaros del gobierno colombiano buscaron con urgencia a los representantes del gobierno de Venezuela. Tenían una información extremadamente sensible que debía ser entregada a los venezolanos con la mayor discreción posible. El asunto, sin duda, era delicado.
Se trataba, nada más y nada menos, de un informe sobre el hallazgo en un campamento de las Farc de varios lanzacohetes de propiedad del Ejército venezolano, los cuales terminaron en manos de esa guerrilla. La preocupación no era para menos. Si bien en el pasado se ha encontrado material bélico de las Fuerzas Armadas del vecino país en poder de la subversión, principalmente munición y fusiles, la gravedad de lo encontrado en las selvas colombianas consistía en que se trataba de la primera vez que se hallaba artillería de ese tipo, con alto poder destructivo, en manos de la guerrilla.
Al recibir la información, los funcionarios venezolanos se comprometieron a realizar una investigación para tratar de explicar al gobierno colombiano cómo había terminado material de guerra reservado del Ejército venezolano en manos de la subversión. Los días se convirtieron en semanas y hasta el viernes pasado, casi dos meses después de entregado el informe, la explicación venezolana no había llegado. Desde hace meses los altos mandos militares y funcionarios del gobierno consultados por SEMANA sobre el asunto optaron por no pronunciarse al respecto siguiendo instrucciones del presidente Uribe. Ese hermetismo aumentó la semana pasada a raíz del nuevo deterioro de las relaciones con Venezuela (ver artículo siguiente). Sin embargo, SEMANA investigó y reconstruyó este grave episodio de profundas repercusiones internacionales.
Los 'rockets' suecos
La historia comenzó a mediados del año pasado en las selvas de La Macarena, durante una de las múltiples operaciones que el Ejército colombiano adelantó contra uno de los jefes guerrilleros más temidos, sanguinarios y perseguidos por el gobierno: Gener García, alias 'Jhon 40', jefe del frente 43 de las Farc. Al mando de 300 subversivos, es uno de los principales objetivos de las Fuerzas Militares ya que, entre otros, es uno de los hombres de confianza de Jorge Briceño, alias 'Mono Jojoy', y desde hace años es el principal responsable del control del negocio del narcotráfico en el oriente del país, razón por la cual ha sido solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos.
A finales de julio de 2008, durante una de las persecuciones contra 'Jhon 40' y sus hombres, el Ejército llegó hasta uno de los campamentos del jefe guerrillero. Aunque el subversivo alcanzó a escapar, en el lugar los militares encontraron algo que los dejó sorprendidos. En una caleta estaban escondidos varios lanzacohetes AT-4. La extrañeza de los uniformados era explicable ya que se trata de un arma que ni siquiera las Fuerzas Militares tienen. Es considerada una de las armas de infantería más efectivas y letales del mundo. Es una especie de bazuca de sencilla manipulación y transporte. Un solo hombre puede dispararla fácilmente y su poder la hace muy eficaz para destrozar vehículos blindados, búnkers o instalaciones fortificadas (ver recuadro y video).
En octubre, en otro campamento de las Farc, en esa misma zona, el Ejército encontró partes de otros lanzacohetes de ese mismo estilo.
Los militares colombianos sabían que por el modelo (AT-4) esos artefactos eran fabricados por la empresa Saab Bofors Dynamics de Suecia. Los proyectiles tenían anotados los números de serie. Esa información le fue entregada a la embajada sueca en Bogotá y a las autoridades en Estocolmo, con el fin de buscar ayuda para establecer el origen, pero sobre todo conocer cómo llegaron a Colombia esos lanzacohetes. Hace un poco más de tres meses llegó la respuesta oficial para confirmar que los números de serie de los lanzacohetes encontrados en los campamentos correspondían a un lote que había sido vendido hace algunos años por la firma sueca al Ejército de Venezuela. SEMANA habló con diplomáticos de la embajada de Suecia en Bogotá, quienes confirmaron efectivamente que habían sido enterados de que material bélico fabricado por una empresa de su país había sido encontrado en Colombia. Afirmaron que "estamos muy preocupados por esa situación y el gobierno de Suecia está colaborando activamente en la investigación".
Los suecos tienen razones para preocuparse. Si bien la venta de ese armamento a Venezuela fue hecha por una empresa privada sueca y no directamente por ese gobierno, la legislación de ese país, así como las normas para la venta de ese tipo de armas son muy estrictas, especialmente en lo que tiene que ver con quién es el destinatario final de las armas. De ahí que no entiendan cómo lanzacohetes vendidos al gobierno venezolano terminaron en un grupo considerado terrorista por la Unión Europea.
SEMANA se comunicó con los representantes de la empresa Saab Bofors Dynamics en Estocolmo, quienes afirmaron que "es extremadamente desafortunado que eso haya ocurrido, pero es algo que se sale de nuestro control. Nuestro cliente era el Ejército de Venezuela. Saab siempre actúa cumpliendo la legislación sueca y las regulaciones internacionales para la venta de material de defensa".
La pregunta obvia es cómo salieron entonces esas armas de los cuarteles de Venezuela a los campamentos de las Farc. Y es allí en donde el asunto se vuelve mucho más complicado para el gobierno venezolano.
Los generales y las Farc
En el campamento de 'Raúl Reyes' en Ecuador, se hallaron varios computadores del jefe guerrillero. En los computadores, cuya autenticidad fue certificada por Interpol, se encontró información que describe en detalle las polémicas relaciones de las Farc con Ecuador y con Venezuela. Pocas semanas después del bombardeo del primero de marzo, se conoció públicamente el contenido de parte de la información que guardaba 'Reyes' en donde se evidenciaba, entre otros, estrechos vínculos y colaboración económica, política y militar de funcionarios y militares del gobierno de Hugo Chávez con la guerrilla colombiana.
Muchos de esos documentos fueron entregados por el gobierno de Colombia a Venezuela pocas semanas después del bombardeo. Chávez siempre ha negado públicamente cualquier colaboración de su gobierno con la guerrilla. Algunos de los correos más polémicos eran aquellos en los cuales 'Reyes' y otros jefes guerrilleros intercambiaban comunicaciones sobre la entrega de armas por parte de Venezuela a las Farc. Caracas siempre lo negó.
Sin embargo, ha llamado la atención la coincidencia de la información de algunos correos y los lanzacohetes que Suecia le vendió al Ejército venezolano y que acabaron en poder de la guerrilla.
El 4 de enero de 2007 'Iván Márquez' le envió un correo electrónico a 'Reyes' y otros miembros del Secretariado, en el cual les da un reporte con varios puntos. "Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales (Cliver) Alcalá y (Hugo) Carvajal con el cual ya me había reunido en tres ocasiones en compañía de Ricardo (Rodrigo Granda)). Hablamos del Plan Patriota, canje, la 'para-política' y de tres aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras", afirma al comienzo de su carta. "Entre tanto nos van a hacer llegar (la próxima semana) 20 bazucas (no recuerdo el calibre) de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timo (Timochenko) y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor", dice el cuarto de los ocho puntos del e mail de Márquez. Pocos días después de esa comunicación, el 20 de enero de 2007, Márquez envió un nuevo correo dirigido a 'Tirofijo' y al Secretariado. Allí les confirmó, entre otras cosas que "los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., dos tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos". (Ver facsímiles)
Cuando fueron hallados y divulgados los correos, en mayo de 2008, Venezuela le restó cualquier credibilidad al contenido. Las autoridades colombianas, por su parte, sabían de tiempo atrás de la vieja intención de las Farc de tratar de conseguir armamento pesado en cualquier lugar del mundo. Aunque los correos de Márquez eran muy claros sobre el tipo de arma que había recibido la guerrilla por parte de los generales del Ejército venezolano Cliver Alcalá y Hugo Carvajal, la realidad es que ni las Fuerzas Militares ni los organismos de seguridad nacionales tenían la certeza o evidencias que ese tipo de armamento lo tuviera la guerrilla.
Pero el hallazgo de los tres lanzacohetes encontrados en La Macarena, los cuales tienen las características de los descritos por Márquez, y la confirmación por parte de los suecos de que habían vendido esas armas a Venezuela, se convirtieron en la prueba reina.
Los dos militares venezolanos que son mencionados por Márquez en su correo hacen parte del círculo de mayor confianza del Presidente venezolano y no han estado ajenos a ser señalados de ayudar a las Farc. El general Alcalá es el comandante de la 41 Brigada Blindada y Guarnición Militar de Valencia. Pero el más polémico, sin duda alguna, es el general Hugo Carvajal, jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar de Venezuela (Dgim). En febrero de 2008 SEMANA reveló una extensa investigación que evidenció la estrecha colaboración de Carvajal con las Farc, así como la protección efectiva que ese oficial les daba a grupos de narcotraficantes colombianos. Carvajal estaría, también, implicado en la tortura y el asesinato de dos miembros del Ejército colombiano en territorio venezolano.
El caso ocurrió en abril de 2007, cuando el capitán Camilo González y el cabo Gregorio Martínez se infiltraron en territorio venezolano para dar con guerrilleros colombianos que actuaban en ese país. Pero fueron descubiertos y brutalmente torturados y asesinados en la sede de la Guardia Nacional localizada en Santa Bárbara, estado Zulia, (ver artículo anexo en SEMANA.COM).
El año pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados, popularmente llamada la 'Lista Clinton', a Carvajal y tres altos funcionarios del gobierno venezolano, el ex ministro del Interior y Justicia de Venezuela Ramón Rodríguez Chacín, y Henry de Jesús Rangel Silva, director de los Servicios de Prevención e Inteligencia (Disip).
El asunto de los lanzacohetes del Ejército venezolano en manos de las Farc, sin duda se conoce en un momento crítico de las relaciones entre los dos países. Sin embargo, aunque el gobierno de Uribe ha intentado manejar discretamente el asunto para no "echarle más leña a la hoguera", es claro que Venezuela está en mora de explicar, y no sólo a Colombia, sino también a Suecia, por qué terminaron esas armas en poder de las Farc.
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Correo. Enero 4 de 2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales Alcalá y Carvajal (Con el cual ya me había reunido en tres ocasiones en compañía de Ricardo). Hablamos del Plan Patriota, canje, la “para-política” y de tres aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras.
2- Por expresiones de Carvajal, parece que a nivel gubernamental se duda del triunfo por la vía armada. El argumento es la intervención gringa. Sin embargo ante el tema insurrección popular y ofensiva final, pareció admitir la posibilidad. Alcalá es de otra visión. Es apoyo entusiasta a lo nuestro.
3- Ante el tema del préstamo a 4 y 6 años y a la necesidad de coordinación de esfuerzos, plantea mejor propiciar la entrevista directa con el presidente para tratar esos aspectos gruesos. Alcalá dice que ofrece Maracaibo como escenario para tal encuentro y que se encarga de la seguridad. Carvajal opina que sería mejor Caracas. Les entendí que van a consultar esas posibilidades.
4- Entre tanto nos van a hacer llegar (law próxima semana) 20 bazucas (no recuerdo el calibre) de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timo y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor.
5- Reiteran la oferta de munición, lo cual debemos precisar con Alcalá.
6- De nuevo se planteó la posibilidad de aprovechar las compras de armas de Venezuela a Rusia para incluir unos contenedores con destino a FARC. Sin asentir ni negar dijeron que no debería ser de la misma característica del material que están importando.
7- Nuevamente se habló de que Alcalá está próximo a asumir el control del puerto de Maracaibo, lo que nos daría una gran ventaja para desembarque de carga nuestra.
8- Creo que es el resumen del intercambio. Como decía, Alcalá tiene más prisa de que se den las cosas. Parece un amigo sincero de nuestra causa. Por los días del golpe fue quien tomó con tanques el aeropuerto de La Carlota cuando los “escuálidos” (derecha) pretendían tomárselo. Igualmente fue quien se tomó el cuartel de la policía metropolitana de Caracas que había entrado en rebeldía contra el gobierno de Chávez. Vamos a ver hasta donde se puede avanzar en esta relación. Es todo, Iván
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El Montesinos de Chávez
SEMANA revela escandalosos nexos del general venezolano Hugo Carvajal con las Farc y los narcos.
Semana, sabado 2 de febrero de 2008;
La gente que le habla al oído al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se cuenta con los dedos de las manos. Y de ese grupo selecto, uno de los más cercanos, leales y a quien más confianza le tiene es al general Hugo Armando Carvajal Barrios: el cerebro de la inteligencia venezolana. El asunto no tendría mayor importancia para Colombia de no ser porque desde hace varios años, y especialmente en 2007, el nombre del general Carvajal se ha visto salpicado por casos de extrema gravedad que atentan contra la seguridad nacional de Colombia.
Dos agencias de inteligencia de países con gran experiencia en materia de espionaje tienen información que consideran altamente confiable de que Carvajal ha facilitado protección y documentos de identificación a guerrilleros y narcotraficantes de Colombia en territorio venezolano –incluido el recién asesinado capo Wílber Varela, ‘Jabón’ (ver siguiente artículo)–. Y como si fuera poco, el general está en la mira de estas agencias por su supuesta participación en la tortura y el asesinato de dos miembros del Ejército colombiano que, según información de Bogotá, perseguían a guerrilleros que estaban refugiados en Venezuela.
Lo más paradójico es que Hugo Carvajal es un hombre prácticamente desconocido en Colombia, a pesar de ser el jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgim), un organismo de carácter militar que está a la misma altura del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior y recibe instrucciones, responde y rinde cuentas sólo al Presidente de la República, Hugo Chávez. “Hoy en día la Dgim es un monstruo de siete cabezas que tiene un perfil relativamente bajo pero su poder es inmenso. Sería como si en Colombia existiera una entidad, bajo el mando de un solo hombre, que manejara la Inteligencia de las Fuerzas Militares, la Policía, el DAS y el CTI”, dijo a SEMANA un oficial de la Dgim que pidió el anonimato.
¿Por qué se viene a conocer esto ahora? ¿Qué se está moviendo detrás de todo esto? SEMANA habló con cuatro oficiales activos de diferentes organismos de inteligencia y de la fuerza pública venezolana y ellos explican que la información comenzó a filtrarse en la medida en que el general Carvajal, con acciones irregulares, se fue granjeando la animadversión de sectores de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y otros organismos de seguridad.
Dicen los testigos que aparte de sus relaciones con la guerrilla, Carvajal le ha dado gran importancia a la contrainteligencia y ha cometido excesos que van desde cacerías de brujas injustificadas hasta torturas de miembros de las propias FAN por simples sospechas de deslealtad. Muchos uniformados en el interior de las Fuerzas Militares inconformes con esta situación han decidido denunciar o entregar información a cambio de recompensas.
Por eso no es extraño que diarios como El País de España y The Washington Post de Estados Unidos hayan publicado en los últimos meses informes sobre los nexos entre uniformados de Venezuela y guerrilleros de las Farc. Ya en octubre de 2005 SEMANA reveló las relaciones de dos generales de la Guardia Nacional (GN) con la mafia colombiana, publicación que dio lugar a que la Vicepresidencia del vecino país anunciara una investigación formal.
Pero ninguna de las revelaciones hasta ahora conocidas es tan grave y preocupante como la información a la que tuvo acceso esta revista sobre el general Carvajal. SEMANA intentó infructuosamente tener alguna reacción por parte de miembros de la Dgim en Caracas. También habló con el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Bogotá para conocer alguna reacción oficial del gobierno venezolano a las denuncias, pero al cierre de esta edición no había sido posible.
Habla con ‘Grannobles’
Hugo Carvajal nació el primero de abril de 1960 en Puerto La Cruz, en el occidente de Venezuela. Desde hace ocho años está vinculado a la Dirección General de Inteligencia y en julio de 2004 fue nombrado por Chávez como director de esa entidad. Pese a su gran poder, es un hombre de un perfil muy bajo. Conocido con el sobrenombre de el ‘Pollo’, por su apariencia física, algunas de las actividades en las que se ha visto involucrado hablan por sí solas.
Un oficial activo de la Guardia Nacional venezolana, que habló con SEMANA bajo la condición de mantener el anonimato, reveló que a mediados de mayo de 2006 el general Carvajal sostuvo una reunión con Germán Briceño Suárez, alias ‘Grannobles’, un importante jefe de las Farc y hermano del ‘Mono Jojoy’. “La reunión tuvo lugar en la finca llamada Corocito, ubicada en San Silvestre, estado Barinas. En el lugar había efectivos de la Guardia, la Disip y la Dgim. Era un grupo de aproximadamente 20 personas, aunque había más en la seguridad perimetral a cargo de la GN. De la guerrilla estaba Briceño (‘Grannobles’) acompañado por un pequeño grupo de cinco a siete irregulares. Después, en dos helicópteros de las FAN llegaron otros 21 guerrilleros”, afirma el oficial que dice haber estado presente en el encuentro.
Según él, el general Carvajal y el guerrillero Briceño hablaron sobre estrategias de coordinación política, militar y económica. Carvajal se habría comprometido a suministrar apoyo logístico y comida a los frentes que actúan a lo largo de la frontera. “Briceño le pidió a Carvajal protección por parte de la Disip para un grupo de 21 guerrilleros que llegaron en los helicópteros, ya que operan en diferentes lugares de Venezuela. Le pidió al general suministrarles a esas personas documentos de identidad así como credenciales que los acreditaran como miembros de la Disip o de la Dgim para poder moverse mucho más tranquilamente en territorio venezolano”, dijo el oficial a SEMANA.
Uno de los guerrilleros que gozan de estos privilegios es Yeison Armando Escobar, alias ‘Cocorinche’, miembro del frente 45 de las Farc. “En octubre del año pasado ‘Cocorinche’ fue uno de los designados por las Farc para coordinar personalmente con el general Carvajal los temas de seguridad y la logística para el desplazamiento de Iván Márquez a Miraflores para el encuentro con el presidente Chávez”, afirmó a SEMANA el oficial de la GN, quien dice además que el subversivo cuenta con carné de la Disip y de la Dgim, así como permiso para porte de armas.
Otro de los oficiales que se destapó con SEMANA, un comisario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, o Policía política (Disip), añadió que también les dieron ese tipo de documentos oficiales a Didier y Yesid Ríos. “Desde octubre de 2007 ellos están viviendo en Isla Margarita y allá cuentan con seguridad permanente por parte de miembros de la Dgim, asignados por el general Carvajal”. Conocidos en Colombia como ‘el clan de los Ríos’, Didier y Yesid hacen parte de una familia que trabajó durante años para el comandante del Frente 16 de las Farc, Tomás Medina Caracas, alias el ‘Negro Acacio’, en envío de droga y lavado de activos.
Didier, Yesid y otros seis miembros del clan escaparon hacia Venezuela en 2001 después de la ofensiva que lanzó el Ejército contra el ‘Negro Acacio’ y que fue conocida como Operación Gato Negro. En noviembre de 2005 el DAS y la Fiscalía colombiana incautaron propiedades que el ‘clan de los Ríos’ administraba para las Farc valoradas en 30.000 millones de pesos.
No es la primera vez que el nombre del general Carvajal aparece vinculado a la protección y suministro de credenciales oficiales de organismos de inteligencia venezolanos a guerrilleros y narcotraficantes. SEMANA tuvo acceso a los carnés que le fueron suministrados a Hermágoras González, un narco colombiano solicitado en extradición por Estados Unidos, quien desde hace varios años se refugió y trafica en el estado Barinas.
El nombre de este narcotraficante colombiano salió a la luz pública en octubre del año pasado en un reportaje de The Washington Post como uno de los mayores exportadores de coca hacia Norteamérica y Europa. Hermágoras, que es enlace de traficantes colombianos, entre ellos el asesinado Varela, se mueve libremente por Venezuela con dos identificaciones oficiales. Una lo acredita como comisario de la Disip y otra, como agente de inteligencia de la GN. Un informe elaborado por la propia GN, al que tuvo acceso esta revista, relata la irregularidad (ver fotos y facsímil). “La orden de suministrar los documentos oficiales a Hermágoras González así como a otros narcos y guerrilleros se la dio el general Carvajal a Pedro Luís Martín, que era el director de inteligencia de la Disip y ahora es uno de los hombres de confianza del general”, afirmó el funcionario de la Disip que habló con SEMANA.
A estos indicios se suma también una grabación en manos de agencias extranjeras que demostraría que el general Carvajal les dio la voz de alerta a narcotraficantes para que evadieran una importante operación antidrogas. “El 5 de septiembre de 2007 se iba a realizar una operación para incautar 2.900 kilos de cocaína que estaban escondidos en un almacén en la ciudad de Puerto La Cruz y que iban a ser exportados a Europa. La droga pertenecía a varios narcotraficantes colombianos y un porcentaje del cargamento era del frente 10 de las Farc. Se detectó una llamada del general Carvajal a miembros de la GN y la Dgim que custodiaban el cargamento alertando sobre el inminente operativo. La droga fue cambiada de lugar y la operación se frustró”, dijo a SEMANA un miembro de un servicio de inteligencia extranjero que estaba coordinando la operación.
¿Orden de asesinatos?
El nombre del general Carvajal ha estado relacionado con asuntos aun más complejos. En julio del año pasado, el general fue alertado por uno de sus hombres de confianza de la Disip sobre la efectiva colaboración que venía suministrando un informante de apellido Rodríguez a la DEA en la cual quedaba muy mal parado por nexos con narcos un importante industrial venezolano cercano al gobierno de Caracas. “En Estados Unidos se estaba adelantando una causa judicial contra el empresario que permitiría atacar una red de traficantes y lavadores que actúa en Colombia y Venezuela. Rodríguez era clave en el caso. Después de ser alertado de que él estaba colaborándonos, Carvajal dio la orden a un equipo de hombres del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas(Cicpc) quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a Rodríguez”, dijo a SEMANA un agente de la DEA asignado en Venezuela. El caso es conocido, según él, por el coronel Néstor Reverol, presidente de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela (ONA).
Aunque todos los hechos anteriores dejan ver muy graves actuaciones del general Carvajal, quizás el señalamiento más grave tiene que ver con el papel que el jefe de la Dgim habría jugado en la tortura y el asesinato de dos miembros del Ejército colombiano en territorio venezolano. En abril del año pasado SEMANA reveló la historia del homicidio del capitán Camilo González y del cabo Gregorio Martínez. Los uniformados se infiltraron en territorio venezolano para dar con guerrilleros colombianos que actuaban en ese país. Pero fueron descubiertos y brutalmente torturados y asesinados en la sede de la GN localizada en Santa Bárbara, estado Zulia. “Los que descubren a los militares colombianos y se dan cuenta de que están haciendo inteligencia son oficiales de la Policía de Santa Bárbara. Ellos los capturan y los llevan a la sede del Destacamento de Apoyo Aéreo Número 1 de la Guardia Nacional. Desde allá se le comunica la captura al general Carvajal, quien envía a un coronel de la Dgim. Él es quien se encarga de torturar a los colombianos durante varios días. En algunos de los interrogatorios estuvo presente un guerrillero que nos dijeron era del ELN. Después de sacarles toda la información, el coronel llamó al general Carvajal para ver qué hacía con ellos. Carvajal le da la orden de ejecutarlos. Lo hizo porque sabía que, como estaban en una actividad de espionaje, el gobierno de Colombia no podía protestar y, además, era un claro mensaje a los militares colombianos de lo que les espera a los que descubran acá (en Venezuela)”. Este escabroso relato fue narrado a SEMANA por un oficial de la GN que prestaba su servicio en la guarnición en donde fueron asesinados los militares.
El oficial afirmó que el coronel al que le encargaron la tortura es un hombre de toda la confianza del general Carvajal. “Él (el coronel) trabajó en San Cristóbal en el año 2005 y allí se convirtió en un contacto clave de la Dgim con la guerrilla colombiana”, dice el oficial de la GN. “Siempre fue más cercano del ELN que de las Farc, tanto que la gente del ELN se refería a él como ‘comandante Raúl’”.
El general Carvajal está, pues, en la mira de las agencias de inteligencia como lo estuvo en su momento Vladimiro Montesinos: el hombre que concentró todo el poder de la inteligencia en Perú mientras les vendía armas a las Farc. Sin duda, los señalamientos contra el general Hugo Carvajal son de tal gravedad, que el gobierno de Venezuela tendrá que aclarar.

La nueva CEDI

Dará Inicio el presente año la Cédula de Identidad Personal
Martes, 28 de Julio de 2009 Comunicado
Comunicado 130/09
Secretaría de Gobernación
El Presidente de la República, Felipe Calderón, anunció, con motivo de la conmemoración de las Leyes de Reforma, la expedición de la Cédula de Identidad (CEDI), ciudadana y personal, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley General de Población.
La expedición de dicha cédula, a cargo de la Secretaría de Gobernación, proveerá de un sistema de identidad único soportado sobre una base de datos nacional de identificación segura y libre de duplicados, la cual estará conformada por la identidad jurídica, la identidad vivencial como registro del individuo y sus datos biométricos.
El objetivo del CEDI es garantizar el derecho a la identidad para facilitar a la población el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
El proceso de expedición de la Cédula de Identidad requiere ligar la identidad jurídica con la información biométrica de cada persona, utilizando como llave la Clave Única del Registro de Población “CURP”. Al integrarlas cada persona tendrá un único registro y una única cédula que garantizarán su identidad.
Para cumplir con este propósito se ha conformado una base de datos de 84 millones de actas de nacimiento certificadas por los registros civiles de todos los estados del país, como copia fiel de las contenidas en los libros correspondientes. Con esto disminuirá la suplantación de identidad al tener la información de las actas de nacimiento verificadas y ligadas a la CURP como identificador único para cada persona.
Este avance constituye una base sólida para integrar la identidad biométrica, mediante el registro de huellas digitales, rostro e iris de las personas, garantizando así la relación de cada individuo con un registro válido de nacimiento y con su información biométrica.
Las principales ventajas de la CEDI serán:
a)La población contará con un documento que acredite fehacientemente su identidad y que proteja la confidencialidad de los datos personales.
b)El titular podrá verificar de manera electrónica su identidad, para tener acceso a trámites y servicios electrónicos.
c)Se abatirán los delitos de fraude y robo de identidad, al constituirse en un medio fehaciente de identificación.
d)Se agilizarán los trámites a la población mediante la identificación eficiente y efectiva.
e)Se evitarán la discriminación y las duplicidades en el otorgamiento de los beneficios sociales a la población.
f)La creación de beneficios indirectos tales como un clima de confianza que favorezca la inversión y la creación de nuevos empleos, carteras de créditos más sanas, mayor confianza para la apertura de cuentas, beneficios dirigidos a las personas que en realidad lo necesitan.
Al brindar un documento que permita la identificación fehaciente de los ciudadanos, se elimina la necesidad de entregar documentación de identidad a diferentes entidades gubernamentales y organismos privados, por lo que disminuye el riesgo de fuga de información o suplantación de identidad.
El diseño de las medidas de seguridad de la base de datos del Servicio Nacional de Identificación Personal, cumple con las recomendaciones del IFAI para la protección de datos personales.
Como lo ha instruido el Presidente de la República, la emisión de la Cédula de Identidad dará inicio durante este año a efecto de concluir el proceso durante la presente administración.
Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Gobernación,

Morett y el punto de acuerdo

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Excélsior, 28 de julio de 2009;
H
ágase la ley… en los bueyes de mi compadre
¿Con quién está el compromiso de nuestros partidos?, ¿con la legalidad o con el oportunismo? Las preguntas son válidas porque no puede dejar de sorprender algunas de las decisiones que impulsan, dentro y fuera del Congreso, los partidos, al mismo tiempo que hablan y pregonan el respaldo de la legalidad. Un caso: Lucía Morett. Esta joven fue detenida el primero de marzo del año pasado cuando recibía entrenamiento en el principal campamento de las FARC, ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador, del lado ecuatoriano. Allí murió el hombre que a todos los efectos estaba al mando de esa organización considerada por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y también por México como terrorista, además de que es el principal productor de cocaína a nivel mundial. Allí murieron también un grupo de jóvenes militantes mexicanos que colaboraban y recibían entrenamiento de las FARC. Toda la información de esos hechos consta en el libro que escribimos Las FARC en México (Aguilar Nuevo Siglo, 2008) con base en la documentación encontrada, luego del ataque del ejército colombiano, en las computadoras de Raúl Reyes.
Deberíamos pensar que todas las fuerzas democráticas de México condenan el terrorismo, están en contra de los narcotraficantes y de todas las acciones colaterales desarrolladas por éstos. Pero, la verdad, no es así: la joven Morett es reclamada por el gobierno de Ecuador y el de Colombia, acusada de diversos delitos por su participación en las FARC. Los dos la solicitan para ser juzgada en ellos. No sé si México debe entregar a Morett a la justicia de esos países: en principio, si se garantiza que tendrá un juicio justo, debería ser obvio que ello así ocurriera. Pero lo que resulta inverosímil es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apruebe un punto de acuerdo, impulsado por el PRD y el PT, para que el gobierno defienda a Morett y le brinde su apoyo o, también, que antes lo haya hecho el Consejo Universitario de la UNAM. Tanto o más inverosímil el que un partido, el PT, la haya lanzado como candidata con el único objetivo de que ganara una diputación y así tuviera fuero para no responder por esas acusaciones.
Un punto es central en todo esto: Lucía no está siendo juzgada en Colombia y Ecuador debido a sus ideas políticas, sino, en el primer país, por pertenecer a un grupo al que se considera terrorista, que está en guerra contra la democracia colombiana y profundamente involucrado en el narcotráfico (con socios y repercusiones, eso también debe ser destacado, en nuestro país). En Ecuador está siendo juzgada porque participaba en un grupo armado ilegal que operaba desde territorio ecuatoriano y afectaba la seguridad nacional de ese país. Y si hay dos gobiernos enfrentados, por éste y muchos otros temas, son los de Ecuador y Colombia. Mas, para los dos, Lucía era parte de las FARC.

¿Cómo puede la mayoría de la Comisión Permanente aprobar un punto de acuerdo donde le pide al gobierno que proteja a un connacional acusado de delitos tan graves por el solo hecho de serlo? Insisto, si Morett no cometió delitos en México, quizá por razones políticas y diplomáticas podría no ser extraditada y tal vez defender su causa en Ecuador y en Colombia desde México (aunque deberíamos preguntarnos si nos gustaría que esos gobiernos tomaran la misma decisión si se diera el caso de una persona de origen colombiano o ecuatoriano acusada de cometer delitos en nuestro país), pero de allí a exigir que sea defendida por el gobierno o, más aún, a proponerla como candidata a diputado para que de esa forma evada la justicia, hay una distancia enorme. Volvamos al mismo punto: Morett no está siendo acusada por sus posiciones políticas, sino debido a su presunta participación en una organización que la comunidad internacional considera terrorista y parte de las redes internacionales del narcotráfico.

Otro caso: Julio César Godoy, el medio hermano del gobernador Leonel Godoy, acusado de pertenecer al cártel de La Familia, actualmente prófugo y también diputado electo por el estado de Michoacán, posición a la que fue impulsado por el gobernador y su partido a pesar de que, mucho antes de la elección, por lo menos desde el famoso michoacanazo, se le habían presentado a Godoy indicios muy claros de que su medio hermano estaría involucrado con el crimen organizado. Una vez más, como había ocurrido con su ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández, las advertencias fueron desoídas y se buscó proteger de la acción de la justicia a Julio César a través del fuero constitucional. Pero la historia no concluye allí: el PRD, el PT y Convergencia ahora tratan de lograr que, de todas formas, aunque esté prófugo de la justicia, Godoy pueda asumir su cargo como diputado. ¿Estaremos ante el futuro líder de una narcobancada?, ¿eso es a lo que apuestan esos legisladores?,¿no tienen ni la menor duda de que Godoy tiene algo o mucho que ver con el cártel de La Familia o es que sus convicciones en torno a la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada tienen, como en el caso Morett, límites marcados por la coyuntura política de muy corto plazo?, ¿no comprenden que lo único que le falta a nuestra Cámara de Diputados, para caer aún más en el descrédito, es que entre sus 500 integrantes estén personajes acusados de terrorismo internacional o de participar activamente en el narcotráfico?

Dicen los dirigentes de los partidos, sobre todo del PRD y del PT, que todavía no han sido sentenciados por esos presuntos delitos. Es verdad, pero, ¿no se les ocurre que ellos están tratando de impedir precisamente que sean juzgados?

Finalmente, esto nos lleva a otro punto: el del fuero. El mismo se ha establecido para que los legisladores no sean perseguidos por sus posiciones políticas, no para poder conducir borracho o evadir la ley. El fuero no debería ser sinónimo de patente de corso.

A Morett no la acusan por sus posiciones políticas, sino debido a su presunta participación en una organización terrorista.

Hooligans mexicanos

Leo describe en su columna Juegos de Poder de hoy en Excélsior los hechos del pasado domingo.
Es lamentable!
Columna Juegos de Poder/Leo Zuckermann
Hooliganismo mexicano
La victoria de la Selección Mexicana de Futbol el domingo pasado fue como un vaso de agua fría para
un sediento en medio del desierto. Cinco goles a cero a Estados Unidos en una actuación extraordinaria, en su sentido literal: fuera de lo ordinario, a lo que nos habían acostumbrado los seleccionados mexicanos con partidos aburridos, desesperantes y desganados.
Pero el domingo, la historia fue diferente. Sí que había motivos para celebrar. No sólo se le ganó a un rival que ya le había tomado la medida al equipo mexicano sino que la victoria fue contundente y, con ella, se conquistó la Copa Oro de la Concacaf. Más todavía: los jugadores determinantes para la victoria fueron los de la nueva generación de futbolistas, los que ganaron la Copa del Mundo Sub 17 en Perú en 2005.
Había que festejar. Sobre todo en un país que atraviesa por una profunda crisis económica y de inseguridad. El triunfo de la Selección era como un bálsamo temporal a las múltiples desgracias de este año.
En la Ciudad de México los aficionados se congregaron en el Monumento a la Independencia, mejor conocido como El Ángel. El orgullo nacionalista estaba por las nubes. Sin embargo, algunos mexicanos confundieron el nacionalismo con la xenofobia. Aprovecharon la ocasión para ventilar su odio a los extranjeros, en particular a los estadunidenses, los llamados gringos, entendidos éstos como todo aquel con piel blanca y pelo rubio.
Eran aproximadamente cincuenta los hooligans mexicanos que gritaban “maten a los gringos”. Su lamentable diatriba era en contra de una familia de turistas holandeses a los que etiquetaron como los enemigos. Ellos, pacientemente, explicaban que no venían del vecino del norte sino de Europa. No importó. El color de su piel y pelo los condenaba ipso facto. A los Vrooijink los bañaron con espuma, los empujaron, les gritaron. A una de las jóvenes le exigieron que se quitara su blusa. Los holandeses escaparon “en medio de una lluvia de piedras, botellas de refresco y latas”. Al final, “les robaron celulares, relojes, anillos y dinero en efectivo, con un valor aproximado de 400 dólares”. Vive México, vive lo tuyo.
Por su parte, a un alemán “lo obligaron a desfilar como un gringo caído”. No importó que Florian Schulz dijera varias veces que él no era estadunidense. El color de su piel también lo condenó. Finalmente, la policía llegó y arrestó a 12 de los hooligans.
En Europa, el hooliganismo, vinculado con la pasión futbolera, ha estado relacionado con ciertos movimientos de corte racista como los skinheads que en la Gran Bretaña suelen atacar a inmigrantes paquistaníes y en Alemania reivindican al nacional-socialismo de Adolfo Hitler.
Es una pena que este tipo de movimientos también aparezcan en México. No nos confundamos. Una cosa es el orgullo nacionalista y otra muy diferente la xenofobia en contra del otro, del diferente, del que tiene una apariencia racial distinta, del que profesa una religión ajena.
Resulta muy lamentable que un juego como el futbol despierte sentimientos xenofóbicos y racistas. Odio del mexicano al güero que parezca gringo al cual, en el paroxismo de la celebración, agreden y roban. Es el mismo tipo de odio que me ha tocado ver en Estados Unidos en contra de los mexicanos que trabajan ahí, de sol a sol, para ganarse unos cuantos dólares. Les dicen despectivamente mexcrement, al combinar las palabras “mexicano” y “excremento” en inglés. No sorprende, entonces, que estos inmigrantes discriminados vayan al partido de la Selección Mexicana de Futbol y, cuando se entona el himno estadunidense, chiflen como muestra de su frustración.
Odio, puro odio, que se reproduce por todos lados y acaba eclipsando el juego del hombre que es el futbol.
La victoria de la Selección Mexicana el domingo fue como un vaso de agua para un sediento en el desierto.

Columna Razones de JFM

Columna Razones /Jorge Fernández Menéndez
Casos Martí y Vargas: los verdaderos responsables
Excélsior, 29 de julio de 2009;
Las detenciones de los secuestradores de Fernando Martí y de Silvia Vargas, por la Secretaría de Seguridad Pública federal, son dos de las acciones más importantes que han realizado las autoridades federales en mucho tiempo. Lo son porque se trata de casos paradigmáticos que conmovieron e indignaron a la opinión pública, pero mucho más porque ambas detenciones son resultado de una intensa labor de inteligencia e investigación de la policía federal que, a pesar de todas las dificultades que ha encontrado en su camino, se sigue significando como el cuerpo de seguridad que mejor y más eficientemente funciona en el país.
Y esos golpes han logrado, aunque ello no haya sido necesariamente la voluntad de las autoridades, poner de manifiesto también las deficiencias de otras instancias de seguridad locales y privadas. En el caso de Fernando Martí resulta evidente que ha habido muchas fallas, como lo señalamos en este espacio, desde el inicio mismo de la investigación, en la Procuraduría capitalina: nunca se ha podido comprobar, y ahora menos, la participación de la llamada banda de La Flor, incluidos sus personajes centrales, como El Apá, la comandante Lore y otros, en el secuestro y el asesinato de Fernando, aunque existen testimonios que podrían fortalecer la idea de que algunos de esos detenidos participaron en otros hechos delictivos e incluso secuestros. Las presiones políticas, el tiempo, la actuación de ciertos cuerpos policiales y negociadores privados, provocaron que la investigación de la Procuraduría capitalina estuviera lejos de las expectativas que creó. No implica que los detenidos sean blancas palomas, pero sus delitos son otros, no el secuestro y el asesinato de Martí. Hoy, la SSP federal ha logrado detener al autor material, que se encuentra confeso; localizó la casa donde se mantuvo cautivo a Fernando y donde se le asesinó, además de mucha información adicional que prueba que el caso estuvo lejos de ser único. La banda involucrada, Los Petriciolet, participó en por lo menos otros 13 secuestros desde 2005 hasta la fecha. Existen numerosas pruebas periciales que lo demuestran y sobre ese eje tendrán que girar ahora las investigaciones para terminar de desarticular esa banda, capturar a su líder Abel Silva Petriciolet y terminar de aclarar los muchos capítulos oscuros que persisten en las investigaciones, comenzando por esclarecer qué sucedió realmente con el pago del rescate de Fernando, que la familia entregó y que por alguna razón no llegó a los secuestradores, lo que propició el asesinato del joven Martí
En el caso Vargas, como sucedió con el de Fernando, llegó a las autoridades federales muy tarde. Pero ha sido en los ámbitos federales donde se logró localizar la casa donde había estado secuestrada Silvia, donde fue asesinada y donde estaban sus restos. A partir de allí, comenzó una intensísima labor de investigación e inteligencia que involucró vigilancia en el DF, el Estado de México, Guerrero y que permitió llegar a los líderes de la banda en Alvarado, Veracruz. Una persecución que tomó un año y permitió desentrañar una madeja de complicidades y equívocos que aún, como en el caso Martí, no conocemos plenamente.
Sigo pensando que, en términos operativos, aunque indudablemente para muchas tareas, sobre todo en relación con el combate al narcotráfico, la participación de las Fuerzas Armadas resulta imprescindible, que la Policía Federal es la mejor alternativa que tiene el Estado mexicano para enfrentar a la delincuencia
. Y ello también confirma que es un error no centralizar las fuerzas policiacas, si no en una policía única, por lo menos en una fuerza federal y 32 estatales, que permitan homologar esfuerzos, métodos, equipos y controles de calidad. Que la distancia entre la Policía Federal y la más importante de las locales, la del Distrito Federal, es amplísima, lo demuestran casos como los de Martí y Vargas. Y esa distancia podría disminuir si se toman las medidas acertadas, que deben pasar necesariamente por centralizar en todo lo posible los esfuerzos policiales y los de seguridad. Falta ver si los partidos y las autoridades locales están dispuestos a asumir esa responsabilidad y compartir, aunque sea parcialmente, tales
espacios de poder.
De certificación y colaboración
Ayer pudimos platicar con Gil Kerlikowske, el zar antidrogas de la Casa Blanca, y fue enfático en asegurar que cuando habló de certificación simplemente utilizó un término equivocado, que solamente quiso explicar que el Departamento de Estado, como hace con los demás países, entrega un reporte cada año, al Congreso de EU, sobre la situación de los derechos humanos. Que no hay ni habrá, como nos dijo en la entrevista que hoy se publica en Excélsior, un regreso a la tristemente célebre certificación.
Ayer, antes de conocer estas declaraciones, legisladores de distintos partidos se habían desgarrado las vestiduras por “el regreso de la certificación” y alguno de ellos desafío, incluso, al gobierno de EU, a que “se guardaran” los recursos donde les cupiera, lo que nos lleva a dos preguntas: ¿cuándo van a aprender nuestros legisladores y dirigentes partidarios a informarse de forma veraz antes de opinar sobre algún tema? Jamás lo hacen y suelen terminar cometiendo errores que rayan en lo ridículo. No debe ser tan difícil para el Congreso, como institución, hacerlo si la información la puede confirmar un reportero.
La segunda pasa por la cooperación internacional para combatir a la delincuencia organizada. En ello coinciden todos los conocedores del tema, desde Baltasar Garzón, con quien hablamos la semana pasada en Madrid, hasta Kerlikowske. ¿Qué les pasa a nuestros legisladores que, a la menor causa, real o ficticia, exigen olvidar cualquier esquema de colaboración internacional contra la delincuencia, para “defender la soberanía”?

New Stratgy Urged un Mexico

¡Urge una nueva estrategia en México! The Washington Post
Coincide la publicación de The WP con la presencia en México del llamado zar antidrogas del gobierno de Barack Obama, el señor Gil Kerlikowske.
New Strategy Urged in Mexico
Calderón's U.S.-Backed War Against Drug Cartels Losing Political Support
By William Booth and Steve Fainaru
The Washington Post, Tuesday, July 28, 2009;
MEXICO CITY -- President Felipe Calderón is under growing pressure to overhaul a U.S.-backed anti-narcotics strategy that many political leaders and analysts said is failing amid spectacular drug cartel assaults against the government.
There are now sustained calls in
Mexico for a change in tactics, even from allies within Calderón's political party, who say the deployment of 45,000 soldiers to fight the cartels is a flawed plan that relies too heavily on the blunt force of the military to stem soaring violence and lawlessness.
"The people of Mexico are losing hope, and it is urgent that Congress, the political parties and the president reconsider this strategy," said Ramón Galindo, a senator and Calderón supporter who is a former mayor of Ciudad Juarez, a border city where more than 1,100 people have been killed this year.
U.S. officials said they now believe Mexico faces a longer and bloodier campaign than anticipated and is likely to require more American aid. U.S. and Mexican officials increasingly draw comparisons to Colombia, where from 2000 to 2006 the United States spent $6 billion to help neutralize the cartels that once dominated the drug trade. While violence is sharply down in Colombia, cocaine production is up.
Mexico, nearly twice Colombia's size, faces a more daunting challenge, many officials and analysts said , in part because it sits adjacent to the United States, the largest illegal drug market in the world. In addition, at least seven major cartels are able to recruit from Mexico's swelling ranks of impoverished youth and thousands of disenfranchised soldiers and police officers.
"The question is whether the country can withstand another three years of this, with violence that undermines the credibility of the government," said Carlos Flores, who has studied the drug war extensively for Mexico City's Center for Investigations and Advanced Studies in Social Anthropology. "I'd like to be more optimistic, but what I see is more of the same polarizing and failed strategy."
U.S. and Mexican government officials say the military strategy, while difficult, is working. Since Calderón took office in December 2006, authorities have arrested 76,765 suspected drug traffickers at all levels and have extradited 187 cartel members to the United States. Calderón's security advisers said they have few options besides the army -- as they just begin to vet and retrain the police forces they say will ultimately take over the fight.
"No one has told us what alternative we have," said Interior Minister Fernando Gómez Mont, gently slapping his palm on a table during an interview. "We are committed to enduring this wave of violence. We are strengthening our ability to protect the innocent victims of this process, which is the most important thing. We will not look the other way."
Drug-related deaths during the 2 1/2 years of Calderon's administration passed 12,000 this month. Rather than shrinking or growing weaker, the Mexican cartels are using their wealth and increasing power to expand into Central America, cocaine-producing regions of the Andes and maritime trafficking routes in the eastern Pacific, according to law enforcement authorities.
In Mexico, neither high-profile arrests nor mass troop deployments have stopped the cartels from unleashing spectacular acts of violence. This month, the cartel called La Familia launched three days of coordinated attacks in eight cities in the western state of Michoacan. Responding to the arrest of one its leaders, La Familia abducted, tortured and killed a dozen federal agents; their corpses were found piled up beside a highway.
In Ciudad Juarez, just across the border from El Paso, Calderón flooded the city with 10,000 troops and federal police officers in February in an effort to stem runaway violence. After a two-month lull, drug-related homicides surged 307 percent, to nearly eight killings a day in June. On Wednesday, a man eating lunch at a Denny's restaurant across the street from the U.S. Consulate was shot six times in the head by a trio of gunmen.
Lawmakers in Chihuahua state, where Juarez is located, debated this month whether Calderón's surge was "a total failure." Antonio Andreu, president of the state legislature's commission on security, said it appears that drug gangs have infiltrated the military's intelligence networks and figured out how to circumvent the gauntlet of security forces in Juarez.
Héctor Hawley Morelos, the state forensics chief for Juarez, said he expects this year to be bloodier than the last. He said the soldiers don't help solve crime cases and often get in the way of investigations.
But Calderón has no intention of changing course, according to senior Mexican officials. In some respects, the government has become more combative. After a La Familia leader called a television station and said the cartel was "open to dialogue," Gómez Mont vowed that the government would never strike a deal with the traffickers.
"We're waiting for you," he warned La Familia.
In the interview, Gómez Mont said that to ease up now would be to sanction criminal behavior and its corrupting influence on Mexican society.
"We have to do this while we are strong enough to do it," he said. "We know we are right. Do I have to accept corruption as a way of stabilizing our society? No. I have to act."
"This battle is a full frontal assault," Monte Alejandro Rubido, Calderon's senior adviser on drug policy on Mexico's National Security Council, said in an interview. "There are no alternatives."
Calderón is highly regarded in U.S. law enforcement circles for declaring war on the traffickers and increasing cooperation between the two governments. Asked whether he would make any changes to the Mexican president's strategy, Anthony Placido, chief of intelligence for the U.S. Drug Enforcement Administration, replied: "None."
But Placido said he was concerned that Calderón was fighting not only well-entrenched criminal organizations. "He's also fighting the clock," Placido said. "Public support for this can't remain high forever. He's really got to deliver a death blow, or significant body blow, in the short term to keep the public engaged."
Calderón appears to be increasingly isolated in Mexico, weakened by his party's defeat in recent mid-term elections and by the relentless carnage. The cover of the influential news magazine Proceso this week featured a photo of the 12 federal agents, their bound and mutilated corpses in a pile, beneath the headline: "Calderón's War."
"The president feels alone, and he told me that personally," said Galindo, the senator, who belongs to Calderón's conservative National Action Party.
Galindo said he urged Calderón to change course. Instead of relying on the army to destroy the cartels, he said, the federal government should work to strengthen local communities that are most vulnerable to the traffickers.
"Every day that we delay making these communities more self-sufficient, it is going to become more difficult to find good people prepared to serve as mayor in any city -- no matter how large or small -- because it's like a death sentence," he said.
Dan Lund, president of the MUND Group polling organization, said public support for Calderón's strategy appears to be weakest in the places where the federal government needs it most. "In a series of national surveys, polls consistently have found a reasonable but cautious level of support for using the military in the front lines against the cartels," he said. "But in all the states where the military is actually deployed, the support goes down, sometimes dramatically."
The situation has been exacerbated by the global economic crisis, which has cast millions of Mexicans into poverty. José Luis Piñeyro, a Mexican military analyst who maintains close ties with the armed forces, said rising unemployment and poverty "is creating what I call an 'army in reserve,' " for the traffickers.
In Michoacan, La Familia has used the media to try to align itself with the disenfranchised. After the recent attacks, one of its leaders, Servando Gómez, called a local television station and told viewers: "I want to say to all Michoacanans, we love them and respect them."
"Everyone here has known us since we were kids," said Gómez, who is known as "La Tuta." "We are with the people of Michoacan."
Carlos Heredia, a former Michoacan official who now works as an analyst at a Mexico City think tank, said the government's iron-fisted approach is a recipe for failure in regions where mistrust of the government is high.
"You don't have the hearts and minds of the local population," Heredia said. "And if the local drug lords play Robin Hood, then you are lost. Because the people are ultimately going to say, 'What do those officials in Mexico City care about us? They despise us. And these drug guys, at least they give us something.' "
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