21 feb. 2010

Carta de Serrat

25 de Enero de 2010
Carta de Joan Manuel Serrat
“Queridos desconocidos en general y sin embargo amigos la mayoría:
El 23 de Febrero aparece mi último trabajo discográfico: “Hijo de la luz y de la sombra”. Un puñado de canciones sobre poemas de Miguel Hernández. Una prolongación del disco que apareció en 1972 y también un complemento.
Trece nuevas canciones componen esta entrega. Un amplio recorrido por la obra de Miguel Hernández que incluye desde poemas de juventud como “La palmera levantina” hasta versos de “Hijo de la luz y de la sombra”, el más hondo y ambicioso de sus poemas, probablemente su obra maestra cuya lectura recomiendo de manera especial.
¿Por qué vuelvo a escarbar de nuevo en la obra de Miguel Hernández…?
Fundamentalmente por dos razones. Una, porque este año se cumple el Centenario del nacimiento del poeta y, como viejo amigo que soy, me sentía en la obligación de celebrarlo desde los escenarios. La gente me lo iba a pedir. La gente ama al poeta y, como yo, no dejaría pasar la onomástica sin recordarla.
En principio, la idea buscaba apenas refrescar el viejo repertorio con un par de nuevas canciones así que, sin grandes expectativas, volví a bucear en su poesía pero a medida que los viejos versos me devolvían nuevas emociones y las ideas se iban materializando en canciones fue creciendo mi entusiasmo hasta que finalmente, a la vista de la bondad del material resultante, aposté decididamente por este trabajo que ahora presento. Una nueva entrega de sus versos listos para cantar.
La otra razón que me ha empujado a volver sobre la obra de Miquel Hernández, la más importante y la que me convenció del interés y validez del proyecto es la intemporalidad de su poesía, la vigencia de sus versos más allá del lugar y el tiempo en que vieron la luz, más allá del contexto en que nacieron, versos que siguen sonando tan sólidos y frescos como si hubieran sido escritos ayer y aquí.
Ha sido fundamental haber contado con magníficos colaboradores para llevar el proyecto a buen puerto. A todos ellos mi gratitud, desde la capitanía de Joan Albert Amargós en la preparación de las canciones, los arreglos y la dirección musical hasta la paciencia y el trabajo de Raúl Cuevas en la grabación y de José Luis Crespo en las mezclas. Ellos son una muestra de la larga lista de amigos y colaboradores que han hecho posible este “Hijo de la luz y de la sombra” .
Me gustaría que este trabajo ayudase a acercar al público la poesía de Miguel Hernández, a mi entender uno de nuestros poetas contemporáneos fundamentales, y que la gente, más allá de las canciones, encuentre en los libros el alma del poeta.
La fecha de aparición de este trabajo es producto del azar aunque confieso que no me parece mal la coincidencia. Al fin y al cabo, visto desde la distancia, el 23 de Febrero de 1981 fue el día en que el franquismo perdió su última batalla y nada mejor que celebrarlo con vosotros descorchando este manojo de canciones que, con versos del poeta de Orihuela, he preparado en la esperanza de que os conmuevan como a mí.
Joan Manuel Serrat”

Datos del Anuario Pontificio

El porcentaje del número de los católicos en el mundo está aumentado algo más que el resto de la población según muestra Anuario Pontificio 2010, presentado este sábado a Benedicto XVI.
El volumen tiene en cuenta los datos relativos al año 2008, en el que los fieles bautizados, en todo el planeta, pasaron de casi 1.147 millones a 1.166 millones, con un incremento absoluto de 19 millones de fieles: el 1,7% .
Según la evolución de la población mundial, en ese mismo año, se han pasado de 6,62 mil millones a 6,70 mil millones; por tanto, el porcentaje de católicos a nivel mundial ha aumentado ligeramente: del 17,33% al 17,40% .
Según el Anuario Pontificio, en el mundo aumenta en torno al 1% el número de sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos.
Los sacerdotes han aumentado en los últimos nueve años: de 405.178 en 2000 a 409.166 en 2008. Según su distribución, el 47,1% de los sacerdotes del mundo están en Europa; el 30% en América; el 13,2% en Asia, el 8,7% en África, y el 1,2% en Oceanía.
El descenso del número de sacerdotes en Europa ha hecho que su porcentaje a nivel mundial disminuya: en 2000, el clero del viejo continente constituía el 51,5%, mientras que ahora constituye el 47,1%.
Según el anuario, las religiosas profesas son hoy 739.067, mientras que en el año 2000 eran 801.185 (una disminución del 7,8% ). La mayoría de las religiosas se encuentran en Europa (40,9% ), seguidas de América (27,5%). El descenso del número de religiosas no ha afectado a África, donde en ese período han aumentado en un 21,2%, ni a Asia, donde el aumento ha sido del 16,4%.
Aumenta el número de seminaristas: de 115.919 en 2007 a 117.024 en 2008. En total, en el bienio se ha observado un incremento de aproximadamente el 1% . El aumento ha tenido lugar en África (3,6% ), Asia (4,4% ) y Oceanía (6,5% ); mientras que en Europa disminuyen los candidatos al sacerdocio (menos 4,3%). En América el número de los candidatos al sacerdocio ha permanecido casi invariable.

Perder el partido y el gobierno

Columna PLAZA PÚBLICA
PAN: perder el partido y el gobierno
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 21 Feb. 10;
Al admitir la renuncia de Gómez Mont al PAN y mantenerlo en su gabinete, Calderón privó su partido de la secretaría política por excelencia
Fue el propio Felipe Calderón quien advirtió el riesgo del PAN al empezar a ejercer funciones gubernamentales: perder el partido sin ganar el gobierno. No puede afirmarse que se haya consumado esa posibilidad, pero sí que el partido al que pertenece el presidente de la República vive tensiones interiores que lo desdibujan y limitan su capacidad para acceder al y ejercer el poder.
Desde que un candidato suyo ganó la Presidencia de la República, líderes y grupos en el PAN reclamaron mayor presencia del partido en el gobierno. La Secretaría de Hacienda, en particular, era un territorio vedado al panismo. Durante nueve años, las finanzas nacionales estuvieron en manos de la tecnocracia que sirvió al PRI en esa Secretaría. Apenas en diciembre pasado el PAN pudo sentirse satisfecho de que esa parcela de la administración quedara a cargo de uno de los suyos. Pero ese avance significativo del partido sufrió hace 11 días un frenazo que es en realidad un retroceso: el secretario de Gobernación dejó de ser miembro del partido. Aparte los simbolismos derivados de su apellido (los Gómez Mont han tenido presencia relevante en él desde mediados del siglo pasado), la renuncia de Fernando Gómez Mont a su militancia resultaba de un diferendo grave con el dirigente del partido, suscitado a su vez por la doble, y contradictoria, estrategia que el presidente Calderón juzgó posible emprender sin que se conociera esa dualidad.
Al admitir la renuncia de Gómez Mont a su partido y mantenerlo en su gabinete, Calderón privó al PAN de la secretaría política por excelencia. De paso, dejó en situación precaria al titular de Gobernación, que quizá con su gesto haya recobrado la confianza de su principal interlocutor, el PRI, al que le quedó claro que fue el Presidente y no Gómez Mont quien faltó a su palabra, pero no podrá confiar en los acuerdos que se entablen con Bucareli en lo sucesivo, porque pesará la incertidumbre sobre el aval que en último término otorgue el Ejecutivo a su colaborador.
En su nueva y frágil posición de ex miembro del PAN encargado de mantener la relación, entre otros, con ese partido, Gómez Mont salió en defensa de Calderón ante un inusitado y severo juicio del diputado Manuel Clouthier Carrillo, quien en una entrevista periodística tildó de "cabrón irresponsable" al Presidente que "no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía en su mandato". Esa irresponsabilidad, a decir del hijo de Maquío, su tocayo y descendiente paradigmático, se concreta en que la guerra contra el narcotráfico "en Sinaloa no se ha visto". Precisó que "se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente!" (Álvaro Delgado, "Su guerra no llega a Sinaloa", Proceso, 14 de febrero).
Gómez Mont tomó la denuncia, y la ofensa, con calma. Sin referirse al feroz epíteto pronunciado por el legislador, fuente en realidad de su irritación, y quizá porque estaba preocupado por su propia situación, sólo el 17 de febrero, tres días después de publicada la entrevista, la respondió en una carta. Firmada como secretario de Gobernación y dirigida a un diputado federal, la misiva suena a una reconvención, que está prohibida constitucionalmente. En otro momento, pudo haber sido parte de un debate interno entre compañeros de partido, pero ni Gómez Mont ni Clouthier Carrillo son hoy miembros del PAN. El diputado federal sinaloense lo fue en un tiempo, pero se marchó como lo hizo su hermana Tatiana en 2005, cuando Manuel Espino fue elegido presidente de su comité ejecutivo nacional. El año pasado, en su reclutamiento de líderes civiles que enriquecieran la planilla panista (y mejoraran su votación), Germán Martínez lo invitó a ser candidato plurinominal, camino por el cual está en la Cámara.
No es la primera vez que Clouthier Carrillo clama contra la narcopolítica apoderada de su estado natal y contra la actitud del gobierno federal frente a ese fenómeno. Lo hizo muchas veces como director del diario Noroeste y también en su actividad política. Al declinar ser candidato al gobierno estatal, explicó que esa situación de lenidad contra "la camarilla mafiosa en el poder", como lo repitió en su entrevista con Delgado, significa que "Sinaloa es intocable", es decir que el narcotráfico lo es. En otros puntos Clouthier Carrillo discrepa también de la posición oficial del PAN. A diferencia del primer momento, ahora cree que su padre fue asesinado, para lo cual se simuló un accidente automovilístico el 1o. de octubre de 1989. Su hermana Tatiana estuvo a punto de padecer igual consecuencia en situación semejante años después.
A pesar de que lo llama "estimado Manuel", lo que sugiere un trato de camarada, en su carácter de miembro del gabinete Gómez Mont enjuicia severamente al diputado sinaloense. Como consecuencia de enumerar acciones que prueban que el "gobierno federal combate con determinación al crimen organizado en el estado de Sinaloa", considera "absolutamente falso que a lo largo de los tres años de la presente administración el gobierno federal haya dejado de actuar de manera decidida en Sinaloa para desarticular las redes financieras, logísticas, operativas y de protección institucional en el estado".
Tras mencionar número de detenidos, nombres de algunos de ellos y el porcentaje del desmantelamiento de mafias que corresponde a la del Pacífico, la admonición del secretario al legislador concluye con una reprimenda: "resulta no sólo falso, sino también sumamente irresponsable y moralmente condenable que se sugiera que desde el poder se promueva un modelo de vida política en Sinaloa ligado a la corrupción y al crimen organizado. Dicha acción merece la absoluta condena del gobierno federal...".
Clouthier Carrillo se ha sostenido en su dicho. Dista de retractarse y, al contrario, entiende la carta de Gómez Mont como una defensa oficiosa del gobierno de Sinaloa y subrayando que precisamente allí "está la bronca", en la alianza de poderes que hace padecer a los sinaloenses. Se ha expuesto, por lo tanto, a la inquina de sus compañeros en la fracción parlamentaria. Julio Castellanos, el hombre de mayor confianza de la coordinadora del grupo, Josefina Vázquez Mota, le ha pedido que pida licencia y deje su curul porque el partido la necesita para defender al Presidente. La bancada puede expulsarlo, pero no puede forzar su renuncia. Clouthier Carrillo pretende permanecer en su sitio para tener voz atendible en sus denuncias. Podría hacerlo como diputado independiente.
En tono menor, la intolerancia panista se ha cebado en la diputada local Lía Limón. Realizó una exitosa campaña que la llevó a obtener 32 mil 23 votos en el decimocuarto distrito de la Ciudad de México, casi el doble que los de su principal opositor, el priista Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, y más que la votación sumada de éste y el candidato del PRD, PT y Convergencia. Al asumir su diputación, fue nombrada presidenta de la Comisión de Transparencia de la Gestión Pública y vicepresidenta de la de Vigilancia. Fue removida de esta última posición por negarse a firmar el pedido de acción de inconstitucionalidad que pretendió, sin éxito, presentar su bancada contra las reformas al Código Civil. Explica que lo hizo porque era un recurso mal fundado (como lo es el que inició la Procuraduría General de la República) y porque al perseguir un propósito discriminatorio es contrario al respeto a los derechos humanos, que es propio de la doctrina panista. Varios de sus compa- ñeros han propues- to su expulsión, has- ta ahora sin éxito.
Infracción semejante a los principios humanísticos de Acción Nacional cometieron los gobernadores que, a petición de su partido, o en acción al menos anunciada por el comité nacional panista, pretendieron abrir controversias constitucionales sobre las mismas reformas en el Distrito Federal. Las presentadas por los gobiernos de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala fueron desechadas el jueves por "notoriamente improcedentes", pues no se sigue perjuicio alguno a sus entidades por la legislación capitalina. Igual suerte seguirán los recursos de Jalisco y de Sonora, inducidos por la cúpula panista a actuar partidistamente desde sus gobiernos.
Digamos en fin que el PAN presentará como suyos candidatos de Elba Esther Gordillo a los gobiernos de Puebla y Veracruz.
Eso es perder el partido y el gobierno.

Lo de Juárez es una catástrofe social

La de Juárez es una catástrofe social
Patricia Dávila
Revista Proceso # 1737, 14 de febrero de 2010;
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- “¡Esta es una catástrofe social! Desde el año 2004, los investigadores planteamos el problema de los Ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan), quienes tienen cancelado cualquier proyecto de vida y cuya única esperanza es formar parte del ejército de la delincuencia debido a la falta de atención por parte del gobierno”, manifiesta la maestra María Teresa Marrufo, investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, acerca del drama que sacude a esta localidad.
En el marco de la visita hecha el jueves 11 a esta ciudad por el presidente Felipe Calderón, quien fue increpado por la madre de dos de los 15 jóvenes masacrados el sábado 30 de enero, la investigadora refiere a Proceso que, hace unos 30 años, llegaban muchas familias a la ciudad, pero sólo la mujer encontraba trabajo en las maquiladoras. En consecuencia, dice, el hombre perdía su papel tradicional, se volvía alcohólico o se iba a Estados Unidos abandonando a sus hijos.
Fue la desatención de este fenómeno por parte de las autoridades la que “nos llevó a esta sociedad de jóvenes y adultos enojados” que se integran a diversas formas de la delincuencia en las numerosas bandas que se forman, y ahora la consecuencia es que “todos vivimos los estragos de esa desatención.
“Nuestros niños –continúa– están viendo a sus padres victimizados, y muchas veces ante sus ojos; prueba de ello es que tenemos 7 mil huérfanos como producto de ejecuciones ocurridas en los dos últimos años. Urge romper el laberinto de la soledad de los jóvenes, hay desolación en ellos, viven como en el olvido.”
La académica advierte que no sólo se necesitan escuelas, sino también que el contenido educativo sea diferente, enfocado a la resolución no violenta de conflictos y al manejo de las condiciones de miedo y estrés, pues en la actualidad las familias no quieren ni contestar el teléfono.
Señala que, debido a la violencia, unas 110 mil casas se han desocupado y se han perdido alrededor de 80 mil empleos. Mientras el Consejo Ciudadano de Ciudad Juárez reporta que muchos de los estudiantes denotan hambre, Bienes Raíces de El Paso, Texas, ha informado que 60 mil familias juarenses están viviendo del otro lado de la frontera.
“La sociedad de esta ciudad –comenta María Teresa Marrufo–, que se forjó mostrando capacidad para resistir fuertes cambios, ahora se ve caída, entristecida, impresionada.”
Recuerda que una de las acciones realizadas por las autoridades fue desarmar a la gente, pero, apunta, “te quitan el arma que tenías para tu defensa personal y protección, pero en seguida nadie te protege”.
–¿Hay peligro de que se extienda la práctica de cobrarse venganza por propia mano?
–Eso ya está sucediendo. Hay mucha desesperación.
Como pedagoga, ¿considera suficiente la petición de una disculpa del presidente de la República ante los familiares de las víctimas de la masacre?
–No. Aunque es importante una disculpa porque cuando hay daño y el otro lo reconoce la persona afectada siente una liberación, hacen falta acciones que demuestren a las familias que las muertes injustas de sus hijos no fueron en balde. Y esto podría ser posible si de una política militar se pasa a una política integral.
Convocan a Obama y Calderón
El martes 9, el Cabildo de El Paso, Texas, aprobó un resolutivo en el que llama a celebrar inmediatamente una reunión entre los presidentes Felipe Calderón, de México, y Barack Obama, de Estados Unidos, para que en esta comunidad binacional, que es la más grande del mundo en su tipo, se desarrolle y coordine una estrategia que termine con la violencia relacionada con las drogas.
El resolutivo, propuesto por Beto O’Rourke, representante del Distrito 8, y por el regidor Steve Ortega, del Distrito 7, indica:
“Nos oponemos a medidas militaristas fracasadas como la Iniciativa Mérida, y demandamos que cualquier ayuda futura (a México), ya sea ligada a la Iniciativa Mérida o de cualquier otra manera, involucre rigurosos recuentos de las denuncias de abusos de los derechos humanos y contenga estrictos mecanismos de rendición de cuentas.”
En entrevista con Proceso, Steve Ortega precisa que ellos apoyan una ayuda que esté ligada a programas de desarrollo social, educativo y económico en México y que respalde el establecimiento de un sistema judicial efectivo realmente dedicado a la aplicación de la ley.
Los regidores de El Paso también se oponen a la actual política de Estados Unidos consistente en deportar mexicanos directamente a Ciudad Juárez, en lugar de enviarlos a sus estados o ciudades de origen. Esta práctica, señalan, además de injusta, sirve como proveedor potencial de reclutas y víctimas a las organizaciones criminales que operan en Ciudad Juárez.
Hacen igualmente a México un llamado para que realice una revisión amplia de “la fracasada guerra contra las drogas”, y respaldan las políticas antinarcóticos que no desperdicien fondos gubernamentales y que eviten el fortalecimiento de las pandillas y organizaciones del tráfico de drogas.
Aprobado por nueve votos a favor y dos en contra, el resolutivo del cabildo, que también recibió el respaldo del alcalde John F. Cook, afirma que la mariguana es una droga cuya venta representa por lo menos 50% de los ingresos de los cárteles, y que por esta frontera circulan cantidades de ese estupefaciente cuyo valor anual se calcula en 40 mil millones de pesos.

Mientras tanto, el presidente Felipe Calderón anunció que regresará a Ciudad Juárez el miércoles 17 de febrero para ver qué avance ha tenido el Programa “Todos somos Juárez, Reconstruyamos Nuestra Ciudad”.

¡Juárez no resiste más!

Juárez no resiste más!
Marcela Turati, reportera
Publicado en la revista mexicana Proceso # 1738, 21 de febrero de 2010;
Ciudad JUÁREZ, CHIH.- Después de su intervención en el encuentro Todos Somos Juárez, Hugo Almada, el académico local encargado de expresar ante Felipe Calderón y su gabinete el rechazo social a su estrategia policiaco-militar de combate al narco y las propuestas ciudadanas en esa materia, se sintió entre esperanzado y temeroso.
Esperanzado, porque percibió que, en ese evento del miércoles 17, por primera vez el presidente tomó nota de la opinión de los juarenses sobre su operativo que ha tenido un “alto costo ciudadano”; temeroso, porque entendió que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, persiste en mantener el “despliegue territorial” de uniformados armados que ha sido rechazado por la ciudadanía.
El temor de Almada era compartido por los comerciantes, médicos, empresarios, ciudadanos y sus colegas de la Mesa de Seguridad convocados por Calderón después de la matanza, el 30 de enero pasado, de 15 jóvenes en la colonia Salvárcar, para adicionar propuestas al plan de reconstrucción de la ciudad.
El lunes 15, dos días antes del acto donde Almada y sus compañeros expusieron sus conclusiones al presidente, se reunieron con García Luna, quien les presentó como propuesta de acción la misma fórmula del Operativo Conjunto Chihuahua, que se viene aplicando desde 2008 en Juárez y que en vez de contener la violencia la ha disparado.
Ese día, García Luna anunció que a la ciudad, ya de por sí militarizada, llegarían 2 mil 600 nuevos policías, de los cuales 400 se dedicarán a investigar el secuestro y la extorsión. También dijo que la estrategia será revisar los giros negros y detener autos sin placas, que en esta frontera suman entre 50 y 70 mil, para verificar si a bordo viajan sicarios.
Sin embargo, los asistentes al encuentro le informaron que un decreto de la federación impide legalizar ese tipo de autos, lo que contribuye a la aumentar la inseguridad.
Almada, exasperado, le dijo a García Luna: “Después de todos los interrogatorios que ha realizado el Ejército de muy diversas maneras, ¿ustedes no tienen información suficiente para operar, señor secretario? Tenemos que plantearle con claridad y con toda la fuerza necesaria que el operativo fracasó y no tiene posibilidades de éxito. ¡Ciudad Juárez no resiste más!”.
Asimismo, un líder de licoreros también advirtió al visitante sobre la corrupción de sus policías y le entregó los números de las placas de las patrullas de la Policía Federal que extorsionan a los comerciantes.
Y dos días después de la reunión con García Luna, ante Calderón, la doctora Leticia Chavarría, del Comité Médico Ciudadano, de plano prefirió denunciar ante el presidente el secuestro de varios colegas suyos. La doctora interrumpió la presentación del plan Todos Somos Juárez:
“Todos los planes son excelentes, pero si no resolvemos lo urgente, las extorsiones, los secuestros, no vamos a lograr nada porque seguimos en el terror”. Le dijo también que estaba asustada porque en la ciudad es secuestrado un médico por semana…
García Luna la citó en el lobby después del encuentro y le dijo:
–Páseme los nombres de los afectados para poder investigar.
–No puedo… Hay mucho miedo, tengo que preguntarles a las familias...
–¿Cómo podemos investigar si no hacen las denuncia?
–Primero presente una banda de secuestradores, dé una señal –contestó la doctora, quien desconfía de la efectividad del grupo antisecuestros y, como los demás juarenses, ya dejó de utilizar las líneas 066 y 089 para pedir ayuda.
Regaños al por mayor
García Luna no fue el primer funcionario federal regañado en Juárez. Una semana antes, la actriz y activista Perla de la Rosa encaró al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando llegó a la ciudad en representación del presidente, dos días después de la matanza de los 15 estudiantes. De la Rosa expuso: “Usted no viene aquí a regañarnos, viene en calidad de regañado”.
Luego vendría el regaño de la señora Luz María Dávila, mamá de dos de los jóvenes ejecutados, al presidente de la República, a quien el jueves 11 le dijo que no era bienvenido en Juárez. Su reclamo fue transmitido en vivo por televisión. En esa misma conferencia los juarenses increparon al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, por haber dejado cinco meses vacante la delegación estatal de su dependencia.
Una vez que escuchó el malestar de una sociedad que lo percibe como el presidente que empeoró la crisis de seguridad –desde el arribo de 10 mil policías y soldados para combatir a los cárteles de la droga, la ciudad pasó de 300 asesinatos al año a 2 mil 700–, Calderón instruyó a sus secretarios para que se reunieran con los ciudadanos, organizados por mesas de trabajo, y escucharan sus propuestas.
Pero, en la Mesa de Seguridad, García Luna dejó mala impresión: “No han agarrado a ningún lavador de dinero”, le dijo el doctor Arturo Valenzuela, en representación de su gremio; “los policías de inteligencia ni se ven ni se sienten; aunque los familiares de los muertos señalen a los culpables, las autoridades no hacen caso; nos entregó una propuesta de más de lo mismo”, soltó Miguel Galindo, presidente de la Central de Abastos.
Días después, ya en la reunión del miércoles 17 con Calderón, Almada planteó que la causa central del problema es la corrupción de las policías, que urgen 200 policías de investigación porque la procuraduría estatal está colapsada, que se requiere un mando civil único al frente del operativo que tenga respeto por los derechos humanos, el restablecimiento del estado de derecho y acciones contra los lavadores de dinero y dirigentes de los cárteles.
“Veo un riesgo en la posición de la SSP, porque el secretario claramente trató de evadir la reflexión y ver propuestas puntuales. La sensación es que viene más de lo mismo, aunque en el evento de hoy observamos una comprensión diferente del presidente, un acuse de recibo, lo que es esperanzador”, expresó Almada al salir del encuentro.
En la reunión se hicieron notorias las peleas al interior del gabinete. Además, llamó la atención que la comisionada de la Secretaría de Gobernación, Laura Carrera, se sentara al fondo del salón, y que sus interlocutores, los de la Mesa de Derechos Humanos, quienes manifestaban las posturas más críticas por los excesos cometidos por el Ejército y la policía, fueran excluidos del encuentro. Durante 2009, Carrera fue el enlace entre la federación y los juarenses, y armó con el alcalde José Reyes Ferriz el llamado Plan de Intervención por Juárez.
Uno de los funcionarios asistentes dijo a Proceso que el Gabinete Social de Presidencia pasó a la Sedesol la coordinación del plan diseñado por Gobernación para Juárez, y que en la rebatinga entre las dos dependencias fue cancelado.
Lo que ofreció el presidente fueron pedazos del Programa de Intervención prometido que, entre otros aspectos, contenía el modelo aplicado en la ciudad colombiana de Medellín para construir centros comunitarios de justicia y seguridad en las zonas más pobres. El tema de la impartición de justicia –empezando por el de los 15 jóvenes, la exigencia primera de varios colectivos ciudadanos para sentarse a dialogar en las mesas– quedó fuera.
El procurador Arturo Chávez Chávez fue emplazado por el presidente para que designara al delegado de la PGR en Chihuahua. El funcionario tuvo que admitir ante los periodistas que desconocía la oferta que al inicio del operativo se había hecho para equipar la ciudad con 200 ministerios públicos. Las otras mesas también tuvieron sus complicaciones.
Varios de sus participantes, entre ellos el activista José Luis Flores, se quejaron de que el esquema de trabajo fue dividido por programas sociales o dependencias y que con esa mecánica corre el riesgo de que la oferta gubernamental sea de pura pedacería y no aborde integralmente los problemas.
La promesa gubernamental de dotar de cobertura universal en salud a todos los juarenses y afiliar a 300 mil personas al Seguro Popular generó dudas entre la comunidad médica que consideró logísticamente imposible atender a tantos nuevos derechohabientes si no se construyen nuevos hospitales. Además de que, por la ola delictiva, en esta urbe escasean los médicos.
“Lo que se trajo sí ayuda a la ciudad, pero se hizo sin conocimiento de la realidad. ¿Dónde vamos a atender a 270 mil personas más en el Seguro Popular, si el Hospital General tiene 160 camas y ya está saturado, si el Hospital de la Mujer tiene 30, si desde hace 18 años se construye un hospital Infantil que no se ha terminado?”, manifestó el doctor Felipe Fornelli Lafon, coordinador de directores del municipio.
Por lo pronto, Calderón se comprometió a mostrar los primeros resultados en 10 y 100 días.
***
Entre el miedo y la desconfianza
Marcela Turati
Publicado en la revista mexicana Proceso # 1738, 21 de febrero de 2010
Tras la matanza de 15 jóvenes en la colonia Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, los gobiernos federal, estatal y municipal finalmente reaccionaron. Sin embargo, los juarenses, en particular los familiares de los caídos, se quejan porque entrevén en ese despliegue de recursos una maniobra electorera. E insisten: “No queremos saber nada de partidos políticos”.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- La calle con no más de 20 casas del Infonavit tiene una inusual custodia: una patrulla de la Policía Municipal con cuatro oficiales armados que vigilan tres casas abandonadas con orificios en las paredes; otra unidad, en la esquina, con policías estatales a bordo, y un contingente de agentes federales que hacen rondines nocturnos.
En los últimos días, la calle la ocupan también los niños y las niñas de esta colonia, la Salvárcar, que abandonan su encierro voluntario después de que vieron a sus hermanos mayores y a sus vecinos masacrados en una casa, que comienzan a salir y se reúnen bajo un toldo azul para jugar lotería y pintar arcoiris y corazones, mientras los supervisan psicólogos de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y de la procuraduría estatal.
Doña Lola Torres ve la escena y comenta: Ora sí, después del “circo” que el sábado 30 de enero armaron los sicarios, que mataron a los 15 muchachos del barrio que se divertían en una fiesta, y ya cuando todos llevan el duelo en el alma, la Salvárcar dejó de ser invisible para el gobierno.
“A la calle Villas del Portal, rebautizada como ‘La Calle de la Muerte’, le van a ‘traer luz’ y están por construirle una caseta de vigilancia. Están haciendo muchas promesas… a ver si cumplen. Si se hubieran coordinado desde antes y no nos tuvieran tan abandonados, no tendríamos esta tristeza”, dice la mujer de 80 años.
Y tras una pausa, agrega: “Lo que da coraje es que los partidos políticos se echen la culpa y nos digan: ‘¿Ya ven lo que pasó? Es por votar por el PRI’; ‘¿Ya ven?, los que culparon a los muchachos de delincuentes son los del PAN’. Ésos, mejor que ni se metan aquí, que hagan pico de cera. Porque a los políticos la gente les tiene rencor”.
Detrás de ella, en la pared de la tienda de abarrotes donde está recargada, se leen unos avisos: “Sábado: grupos de autoayuda para jóvenes y padres de familia” y “atención psicológica, asesoría legal y primeros auxilios, gratis”. En las calles aledañas hay graffitis contra el gobierno. Y en los postes de toda la ciudad cuelgan pendones con los rostros de los candidatos y precandidatos del PRI, el PAN y el PT a la gubernatura del estado.
Dicen los malpensados que la matanza en Salvárcar no corrió la misma suerte que las ocurridas anteriormente en otras ciudades del estado. Desde 2008, dice, Juárez es considerada la ciudad más peligrosa del mundo, y convocó ya al presidente panista Felipe Calderón, así como al gobernador José Reyes Baeza y al alcalde José Reyes Ferriz, priistas ambos, porque este año es electoral.
“La gente dice que el gobernador tenía en la mano unas encuestas y por eso vino, y también comenta que Felipe Calderón sabía que a Chihuahua la tenía perdida y que por eso vino. A mí, de escuchar eso me da miedo, porque si esto es electorero y luego se van y nos vuelven a dejar solos, será horrible”, comenta un médico especialista en trasplantes que pide omitir su nombre por la ola de secuestros que vive su gremio. Sabe de la narcomanta en la que se anunció que un doctor por semana sería secuestrado.
El diputado del PRD Victor Quintana opina que la matanza de 15 estudiantes el 30 de enero fue “la gota que derramó el vaso”. No cabe duda, dice, que los asesinados eran jóvenes intachables; explica que, por ser una ciudad grande, Juárez tiene medios comunicación y rentabilidad política. Ese hecho sangriento, agrega, aglutinó a los colectivos y organizaciones sociales que ya se habían organizado en asesinatos anteriores y que estaban prácticamente listos para salir a protestar.
Lo cierto es que, a raíz de la matanza de Salvárcar, Ciudad Juárez volvió a ser visible. Desde 2008, los vecinos se quejaban de la violencia y exigían un replanteamiento de la estrategia federal de seguridad, en la que participan 10 mil policías federales y militares, pero sus reclamos no eran atendidos. Ahora sí.
Incluso ya vinieron a esta ciudad del terror donde llueven balas a escuchar la realidad de voz de los juarenses el presidente de la República y su gabinete para ofrecer millonarios planes sociales y económicos; también el gobernador Reyes Baeza y su gabinete, así como diputados y políticos locales, jueces y magistrados interesados en saber qué pasa.
“Indudablemente la emergencia social en Ciudad Juárez se está intentando partidizar. Felipe Calderón, cuando se entera de la matanza, anuncia inversiones millonarias antes de venir, y comienza a trabajar los planes con el gobierno municipal, saltándose al estatal, lo que provocó la ira del gobernador del estado”, sostiene el diputado perredista.
Y expone: “(Calderón) anunció 3 mil millones de pesos para Juárez, que iban a desequilibrar la balanza en tiempos electorales, y por eso el gobernador respondió con la iniciativa de trasladar los poderes (de Chihuahua, la capital, a Juárez) para recuperar la maniobra. Si gobernaba desde Juárez (Reyes Baeza), iba a verse más. Por eso voté contra el traslado de poderes, porque veía su intención político-electoral”.
Sin embargo, desde antes de la matanza de los jóvenes que se divertían en la fiesta de un vecino, el tema de la inseguridad que se vive en Juárez ya había suscitado reclamos entre los partidos.
El 15 de enero, después de que el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, se reunió con las organizaciones sociales para revisar propuestas de intervención social para la ciudad, el vocero del gobierno estatal en Juárez, Manuel del Castillo, dijo a los reporteros que el gobernador estaba preocupado.
¿La razón? En esa reunión sólo estuvieron presentes organizaciones de un solo signo partidista; además, según el funcionario, los recursos que llegarían a la entidad para paliar la emergencia podrían desviarse a las campañas electorales. No pasó mucho tiempo para que los diarios y los noticiarios locales comenzaran a reproducir esa advertencia.
Tras la ejecución de los 15 adolescentes, Reyes Baeza anunció el traslado de poderes a Juárez, y criticó al presidente Calderón por su omisión. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le respondió que no aceptaba, incluso le dijo que Chihuahua estaba copado por la delincuencia. Sin embargo, en su encuentro del lunes 1, Gómez Mont y Reyes Baeza convinieron en no politizar la ayuda. Pero la pelea sigue.
Y aun cuando los diputados del PAN y del PRD objetaron el traslado del Legislativo, accedieron enviar una comisión. Todavía ahora siguen recriminándose. La presidenta del Congreso estatal, María Ávila Serna, incluso criticó a los legisladores que impidieron el traslado de la sede a Juárez: “Ellos saben por qué lo hicieron, pero en su conciencia lo llevarán y serán los juarenses quienes en su momento se los reclamen”, dijo.
En tanto, los diputados del PAN, en voz de su coordinador, Fernando Álvarez, anunciaron que turnarán sus tiempos de trabajo semanalmente para viajar a Juárez para estar más cerca y solidarizarse con ellos. La semana pasada, el dirigente estatal del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, se inconformó porque los diputados del PAN no fueron convocados a las mesas de trabajo ciudadano del plan Todos Somos Juárez.
El miércoles 17, al diputado Quintana se le negó el acceso a la reunión con el presidente Calderón en la cual se presentaron las conclusiones de las mesas de trabajo. Y él, a su vez, criticó la presencia de la esposa del mandatario, Margarita Zavala, responsable del DIF, en las mesas sociales sobre infancia.
El diputado del PAN Hiram Apolo Contreras acusó al PRI de congelar tres iniciativas contra el narcotráfico: “Si al gobernador le interesa tanto esta ciudad, le digo que ya liberen las iniciativas que están detenidas en el Congreso del estado, entre ellas la Ley de Coordinación Fiscal. Si tanto le interesa Juárez, que le invierta una cantidad similar a la que le va a invertir el gobierno federal (cerca de 5 mil millones de pesos)”.
El colmo de la partidización de la inseguridad ocurrió el martes 16. Ese día un grupo de universitarios denunció en el Congreso el asesinato, en la Facultad de Derecho, de su compañero Carlos Armando Flores. Un diputado del PRI subió a la tribuna y culpó a la policía de la ciudad de Chihuahua, gobernada por el panista Álvaro Madero Muñoz, de haber “facilitado” el crimen por su tardanza en acudir al lugar donde cayó el estudiante.
En esa sesión parlamentaria, un diputado panista contraatacó y responsabilizó de la violencia a la procuradora de Justicia del estado, Patricia González. Y mientras el alegato entre diputados arreciaba, los jóvenes sostenían sus mantas y cartulinas en las que se podían leer frases alusivas a sus reclamos de justicia y paz, informó al día siguiente El Diario de Ciudad de Juárez.
El gobernador no cesa de pedir que se evite la politización y los “manoseos” al programa de rescate de Juárez. Al arrancar las mesas de trabajo Todos Somos Juárez, Reyes Baeza dijo: “El llamado que hago es a dejar de lado visiones grupales, sectarias, partidistas, dejar de lado cualquier mezquindad política para dedicarnos todos juntos a trabajar por Juárez, más allá de la coyuntura electoral que vivimos”.
Y expuso ante el presidente Calderón: “No es tiempo de estarnos imputando culpas ni buscar al original responsable de este problema”, incluso dijo que en las mejores familias, como entre los gobiernos, hay desacuerdos.
El presidente le respondió: “Es muy importante que hagamos un esfuerzo y que nos comprometamos a trabajar juntos y que sepamos diferenciar y hacer a un lado las diferencias político-partidistas, así sean legítimas, que tenemos. Juárez no puede esperar más una visión desarticulada y diferenciada”.
Ciudad Juárez es una veta de votos importante para el PRI y el PAN que, por tradición, siempre se la han disputado. Es una referencia histórica para el PAN.
Antes de que la violencia se exacerbara, el municipio juarense era considerado la quinta economía del país. Hoy, esta localidad es la más importante del estado y la frontera binacional más importante del mundo; aquí reside 40% de los votantes chihuahuenses y se ubica el distrito federal electoral más panista de la entidad; hasta hace unos años era el municipio que más votos proveía al PAN a nivel federal.
“Hay que recordar que Ciudad Juárez tiene una historia de lucha democrática desde los años cincuenta. En 1956, don Luis H. Álvarez peleó la gubernatura contra Teófilo Borunda, y el PAN se quejó de fraude electoral por el robo de la alcaldía a Alfonso Arronte Domínguez. Fue la primera vez que hubo una controversia electoral; en 1983, Juárez y Chihuahua fueron las primeras alcaldías en las que triunfó el PAN, relata el presidente de la Comisión Electoral Municipal panista, Rubén Trejo Ortega.
Entrevistado en una librería-cafetería, el dirigente cuenta también que en 1986 el PAN lanzó a Francisco Barrio Terrazas como candidato a la gubernatura. El día de las elecciones, dice, los priistas llenaron las urnas antes de que la gente empezara a votar.
“(Ese fraude) generó un movimiento de resistencia civil que fue simbólico en Juárez por la toma de los puentes internacionales. Y es evidente que ese movimiento contra un régimen cerrado y antidemocrático, que tuvo trascendencia nacional e internacional, sentó las bases para reconocer la primera gubernatura del PAN en 1989, en Baja California; fue la primera que ganó la oposición”.
El jueves 18, día en que la reportera entrevistó a Trejo Ortega, los reporteros informaron sobre el encuentro Todos Somos Juárez, en el que el presidente Calderón, el gobernador Reyes Baeza y el alcalde Reyes Ferriz escucharon las propuestas presentadas por los ciudadanos y los funcionarios. El Diario de Juárez cabeceó así su nota principal: Deja Calderón más promesas… y dudas.
El tema de las promesas de Calderón incomoda a panistas, como el expresidente del Comité Municipal, Ramón Aguilar Armendáriz, quien considera el plan de rescate a Juárez como una trampa para el presidente Calderón: “Antes, hubo matanzas en Creel, en la comunidad de LeBarón y en otras más. Y aun cuando mostraban la situación de inseguridad, Reyes Baeza fue muy hábil para evitar que su gobierno pagara un costo político elevado”.
Dice que la matanza de los 15 jóvenes en Salvárcar trascendió las fronteras, lo que obligó al gobernador a actuar. “De manera absurda, trató de instalar poderes en esta ciudad, y como ahora se ve arrinconado dice que no hay que politizar. ¡Es absurdo!, porque no asume su responsabilidad como jefe del gobierno del estado.
“Ha sido muy hábil para contener su costo político y para desacreditar lo que venga del gobierno federal y pasarle el costo político. Esto de Todos Somos Juárez me parece una escenografía montada por el gobernador para sentar al gobierno federal y, si en 100 días no da resultado, pasarle los costos al gobierno federal y al PAN. (La de Reyes Baeza) es una estrategia para golpear al presidente, porque él es quien va a pagar los platos rotos si en 100 días no da resultados”.
Proceso intentó buscar al secretario del ayuntamiento, el priista Guillermo Dowell para conocer su opinión. El funcionario no respondió a la llamada.
En Salvárcar, las mamás de los jóvenes acribillados insisten en que no quieren saber nada de los partidos políticos. Se quejan porque, dicen, sólo han recibido visitas y promesas: del presidente, del gobernador, del alcalde juarense y, el jueves 18, a las 10 de la mañana, de los secretarios de Seguridad Pública federal, estatal y municipal, quienes se pusieron a sus órdenes.
Una de ellas, Maricruz Camargo, mamá de José Luis, un estudiante de 19 años, sostiene: “Aquí a los partidos ni los queremos, y ni se han aparecido. Ya les dijimos que no queremos que utilicen a nuestros hijos para sus campañas. Se lo dijimos a Calderón”.
Pese a ello, las camionetas de las policías municipal, estatal y federal siguen estacionadas frente a su casa, en las esquinas y a lo largo de la llamada Calle de la Muerte.

En defensa de Clouthier

“Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras, porque un cabrón irresponsable –y digo irresponsable porque es su responsabilidad– no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”... Dip. Manuel Coluthier.
En defensa del cabrón irresponsable/Miguel Ángel Granados Chapa
Publicado en la revista mexicana Proceso # 1738, 21 de febrero de 2010
Ajeno ya al PAN, refrendado en su cargo por un reticente y nada entusiasta espaldarazo del presidente de la República, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont demoró en mostrar la lealtad que le reconoce Felipe Calderón. Frente a la insólita, tremenda, apabullante acusación del diputado panista Manuel Clouthier Carrillo, quien llamó al Ejecutivo “cabrón irresponsable… que no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato”, es decir, de emprender la guerra al cártel de Sinaloa, Gómez Mont descalificó de modo virulento sus apreciaciones. Las llamó “falsas”, “irresponsables” y “moralmente condenables”.
El domingo 14 Proceso ofreció una singular, demoledora entrevista de Álvaro Delgado a Clouthier Carrillo, en que el hijo mayor de Maquío denuncia la falta de acción gubernamental contra el narcotráfico en su natal Sinaloa: “El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente!”
No sólo eso. El antiguo director de los diarios Noroeste, de Culiacán y Mazatlán, ve en su tierra “cosas muy extrañas”, como la compra de terrenos propiedad del exgobernador Antonio Toledo Corro, en cuya época (1980-1986) florecieron en esa entidad bandas de narcotraficantes como la de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, emparentado con el exgobernador que como secretario de la Reforma Agraria bajo López Portillo hizo grandes negocios (con los que favoreció a sus allegados y a no pocos periodistas) a través de un programa nacional de desmonte que cuenta entre las grandes estafas nacionales. Fonatur compró a Toledo Corro 2 mil hectáreas, a un costo de mil 200 millones de pesos para establecer un desarrollo turístico.
Clouthier consideró ese hecho “muy emblemático y sospechoso”. Y se pregunta si no había otros terrenos: “¿Cuál es el mensaje que se está mandando al sinaloense y a la comunidad mexicana. ¡Para mí eso es extrañísimo… ¿Qué tipos de arreglos hay allí, qué cosas extrañas están sucediendo. No tengo respuestas. Tengo preguntas que me veo obligado a formular públicamente.”
Sin embargo, Clouthier no tenía sólo interrogaciones, sino también contundentes denuncias. Se refiere a la “camarilla mafiosa en el poder”, que “actúa aliada con el crimen organizado”. E implica en esa camarilla no sólo a los gobernantes priistas de Sinaloa (los dos más recientes, y Jesús Vizcarra, el que viene), que ahora cuenta según su visión con la complicidad del gobierno federal.
Álvaro Delgado realizó esa entrevista a Clouthier el jueves 11. En la víspera el secretario de Gobernación había renunciado a su militancia panista y había quedado en el limbo. Pretendió ocultar sus razones tras una endeble discreción profesional pero pronto tuvo que admitir que la decisión panista de gestar alianzas opositoras al PRI contrarió su propia estrategia de entendimiento con el partido antaño dominante y en trance de serlo de nuevo. Entre ambigüedades se reconoció autor de una promesa que no podía haber formulado en nombre del PAN, la de abstenerse de formar coaliciones con el PRD, y su partido lo hacía quedar mal ante el PRI, que había cumplido su parte del pacto aprobando el paquete económico de 2010.
La entrevista con Clouthier apareció el domingo, como queda dicho y saben los lectores de Proceso y ni ese día, ni el lunes, el martes y el miércoles siguiente preocupó a Gómez Mont, más interesado en establecer su propio derrotero que en defender al Presidente de la grave acusación lanzada no por un seguidor de López Obrador o por este mismo sino por el actual jefe de una familia que dio al PAN un singularísimo candidato presidencial, y él mismo es legislador federal y eventual candidato a la gubernatura sinaloense (aunque por ahora haya declinado serlo). En medio de especulaciones sobre la durabilidad de su encargo como secretario de la política interior que abandona su propio partido tras generar desconfianza en el principal interlocutor, por fin el martes 16 fue confirmado en su cargo.
En una entrevista de circunstancias ante una televisora local de Puebla, Calderón, visiblemente fatigado tras una gira y desatento a su expresión al punto de repetir la palabra clave dos veces en tres líneas, el Presidente definió a su colaborador: “Es un hombre leal, un secretario de Gobernación que cumple su encomienda, como se dice entre abogados, a su leal saber y entender, es decir, con plena voluntad, que goza además de toda mi confianza”. Desde Los Pinos se emitió un comunicado con ese párrafo, que quizá más que a beneficiar a Gómez Mont estaba destinado a deslindar al propio Calderón de las percepciones de que había incurrido en un juego doble al cabo del cual hizo pagar las consecuencias al secretario de Bucareli.
Confirmado en su cargo, Gómez Mont escribió apenas el miércoles 17 la carta a Clouthier llena de rotundos reproches e información que buscaba contradecir al diputado. A pesar del carácter abierto y público de la declaración del hijo de Maquío, Gómez Mont prefirió responder en privado, pues su oficina no presentó la carta en formato oficial, dentro de un comunicado.
Clouthier, en cambio, siguió su táctica de gritar sus inconformidades. Dio una entrevista el jueves 18 a Adriana Pérez Cañedo. Dijo estar “helado” y “tristísimo” ante la respuesta de Gómez Mont, a quien señaló como defensor de oficio del gobierno de Culiacán, que había preferido guardar silencio. En su respuesta, el secretario rechazó que el gobierno federal se abstuviera de combatir al narcotráfico en Sinaloa. Aportó nombres y cifras de detenidos que avalan su afirmación. Y concluyó con una tontería: “no es con descalificaciones como se combate el narcotráfico” (pues no, y nadie lo pretende). Y contraacusó diciendo que “las acusaciones falsas e infundadas en nada contribuyen a un esfuerzo colectivo como nación, que merece y necesita el compromiso de todos los mexicanos”.
Ese último párrafo inquietó a Clouthier: “me está dando la razón… me está diciendo que Sinaloa es intocable. Desde el momento en que él se convierte en defensor de oficio del gobierno estatal pues, caramba, digo yo: ahora sí me cargó el carajo”.
***
La entrevista
Su guerra no llega a Sinaloa
Álvaro Delgado
Publicado en la revista mexicana Proceso # 1737, 14 de febrero de 2010
Para el diputado por el PAN Manuel Clouthier Carrillo, el presidente Felipe Calderón ejerce una “narcopolítica” que ya situó a México en un punto de no retorno. Como expresión de ésta, dice el legislador federal a Proceso, en el caso de Sinaloa el cártel que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán permanece deliberadamente intocado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, donde sí se actúa contra los intereses del capo. Entretanto Los Zetas, rivales del narco, denuncian en narcomantas que él ha gozado de impunidad durante los nueve años de gestión panista.
Cuna de los más prominentes narcotraficantes de México, como Joaquín El Chapo Guzmán, Sinaloa padece una crisis peor que la de Chihuahua porque, debido a la negligencia del gobierno de Felipe Calderón, se ha consolidado ya como “el modelo de la narcopolítica” en el país, acusa el diputado federal por el PAN Manuel Clouthier Carrillo.
“Somos la avanzada de este mugrero que se vive ya en México”, define el hijo de quien fue candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 1988, Manuel de Jesús Clouthier, y asegura que el contubernio de los políticos con el crimen organizado en Sinaloa, que denomina “el narcopoder”, comienza a “clonarse” en otros estados.
La razón: La “guerra” que Calderón declaró al narcotráfico, al inicio de su gestión, no existe en la entidad. Al contrario, asegura, el régimen calderonista protege al cártel de Sinaloa, que encabeza El Chapo Guzmán, fugitivo desde los primeros meses del sexenio de Vicente Fox.
“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses, es más evidente!”, exclama.
Pero además, asevera, el gobierno de Calderón hace negocios en Sinaloa promovidos por la administración estatal, como la multimillonaria compra de terrenos –para un desarrollo turístico– propiedad del exgobernador Antonio Toledo Corro, en cuyo sexenio inició el auge del narcotráfico.
“Son cosas muy extrañas”, comenta.
Tras advertir que existe el riesgo de que en las próximas elecciones gane un candidato a gobernador que sea plenamente un narcotraficante, cuando de acuerdo con las encuestas más recientes el PRI tiene una ventaja de dos a uno frente al PAN, Clouthier sentencia que en Sinaloa se está llegando “a un punto de no retorno”.
Y explica: “El punto de no retorno será cuando el costo de combatir al crimen organizado y a la corrupción que genera sea más alto que el costo de tenerlo. Y cuando el costo de combatirlo sea más alto que el costo de tenerlo, nadie le va a entrar”.
Harto de promesas incumplidas y de la arrogancia gubernamental, el diputado federal responsabiliza directamente al presidente Felipe Calderón de no atacar la narcopolítica en Sinaloa –en la cual incluye al gobernador priista Jesús Aguilar Padilla–, y anticipa:
“Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras, porque un cabrón irresponsable –y digo irresponsable porque es su responsabilidad– no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”
Ni con el pétalo de una rosa
En entrevista la mañana del jueves 11, en su departamento de la colonia Condesa de la Ciudad de México, Clouthier insiste con vehemencia en su reclamo a Calderón por no atacar al narcotráfico en Sinaloa, y sospecha que ello se debe no sólo a ineptitud y negligencia, sino a “otro tipo de arreglos”:
“A mí que no me platiquen. Yo entiendo que en Michoacán esté tomando acciones, es su tierra; pero la mía es Sinaloa, ese es mi México. ¡Es el México que a mí me interesa que se transforme! ¡A mí no me importa que esté combatiendo en Michoacán! A mí me importa que haga su tarea en Sinaloa. Y eso es lo que reclamo. ¡Pero resulta que a Sinaloa no la han tocado ni con el pétalo de una rosa! Y la pregunta es ¿por qué?”
–¿Por qué?
–Para mí hay varias posibilidades: una, que Sinaloa sea intocable, efectivamente, en materia de crimen organizado; y esto significaría entonces que hay otro tipo de arreglos en esa lógica, porque no creo, me resisto a creer, que el Estado no tenga la fuerza para combatir y ganar la batalla contra el crimen organizado. Eso sería tanto como decir que no sólo en Sinaloa habremos cruzado el punto de no retorno, sino que el país ya también se chingó.
–¿Es una estrategia deliberada?
–¡Claro! ¿Qué puede ser? Primero, que Sinaloa es intocable. Lo segundo sería que, dada la colusión real que existe de narcopolítica en Sinaloa con lo que llamo la camarilla mafiosa en el poder –y que no es un término propagandístico ni electorero, sino un término descriptivo real, o sea una pequeña camarilla que se ha incrustado en el poder aliada con el crimen organizado–, nos está cociendo desde el poder.
Para ilustrar este cocimiento, Clouthier hace una analogía: Dice que si se lanza una rana a una olla hirviendo, el animal salta y, aunque se quema, logra salvarse. Pero si la rana se introduce a la olla en agua fría y ésta se va calentando poco a poco hasta hervir, la rana nunca saltará para salirse y terminará por cocerse.
“A eso me refiero cuando digo que a los sinaloenses nos están cociendo desde el poder: La corrupción de la sociedad sinaloense está siendo promovida desde el poder, y nos están corrompiendo precisamente con el ánimo de irnos preparando para que nuestros gobernantes ya no sean los políticos de antes ni los narcopolíticos de ahora, sino, finalmente, miembros directos del narcotráfico.”
Según él, “hay un convenio entre la camarilla mafiosa y el crimen organizado desde hace al menos 10 años, y tiene ese objetivo”.
Explica: “No se dio el brinco de un político a un narcotraficante, sino que se necesitaba un paso de transición que fuera permitiendo al sinaloense acostumbrarse a tratar con la gente desprestigiada, vinculada con el narcotráfico en el poder, y eso es lo que se ha venido haciendo en el sexenio de hoy”.
Por eso, añade, no es fortuita la ejecución del secretario de Turismo del gobierno estatal, Antonio Ibarra Salgado, el 22 de diciembre de 2009. “Todos sabíamos de los vínculos de este señor con el crimen organizado. Pero no es el único que (con esos vínculos) está en este gobierno”.
A mediados de enero pasado, el legislador generó un escándalo al declarar públicamente que a Sinaloa lo gobierna una “camarilla mafiosa”, en la que inscribió al alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra, a quien llamó “mafioso, autoritario y acomplejado”.
Y es que en Sinaloa, sostiene, está en auge la narcopolítica y se proyecta que el narcotráfico gobierne. “Todo el mundo sabemos que esto está siendo promovido desde el poder estatal”.
–¿Y el poder federal?
–Ese es mi cuestionamiento, y ese es el reclamo que le estoy haciendo a Felipe Calderón. Él tiene una obligación de gobierno, ¡de gobierno, no de cara a un proceso electoral! ¡Ha sido omiso en tres años en relación a Sinaloa! Eso lo cuestiono y lo reclamo como sinaloense y como mexicano.
Negocios con Toledo Corro
Invitado en 2009 por Germán Martínez a ser candidato a diputado plurinominal por el PAN, Clouthier no ha reactivado su militancia en ese partido desde que, en 1994, renunció a él y se retiró de la vida política para dirigir el periódico El Noroeste, del que, afirma, ahora sólo es accionista minoritario.
Pero actualmente ha tomado además la determinación de no inscribirse para contender por la candidatura del PAN al gobierno estatal, porque no está de acuerdo con las decisiones que se han emitido en ese partido “desde el centro”.
Y, al respecto, evalúa: En el PAN “traen un verdadero desmadre que han creado en Sinaloa de cara al proceso electoral. Desde los más altos niveles nos quieren decir a los sinaloenses cómo hacer las cosas. Y, con todo respeto, lo primero que tendrían que hacer es preguntar”.
Eso ocurre, también, con el gobierno de Calderón, como lo atestiguó en una reunión con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal. “Le escuché decir que en Sinaloa no existe el crimen organizado sin base social. Volteé yo y le dije: ‘Disculpe, señor, no existe crimen organizado sin apoyo institucional’”.
Por eso, precisa, “cuestiono la estrategia de Calderón en el combate al crimen organizado. Se ha concentrado en la parte policial, pero sostengo que debe ser una estrategia integral atacando cuatro vertientes, no sólo una: las otras tres son combate a la corrupción, reforma educativa y reforma económica”.
Como Calderón, Vicente Fox es asimismo responsable del desastre actual: “No ha habido, en los gobiernos panistas, un combate férreo contra la corrupción, una corrupción que le da sustento institucional al crimen organizado. Otra vez: no hay crimen organizado sin apoyo institucional”.
En los casi 10 años de gobiernos panistas, reprocha, no se ha impulsado una verdadera reforma educativa para, por la vía cultural, educar al nuevo mexicano que construirá el nuevo México; ni una reforma económica real, con un sello distinto y distinguible, para que este país sea atractivo y confiable para la inversión productiva.
Esto, dice Clouthier alzando la voz, “¡lo grito porque nos están convirtiendo en el excusado del país, y vamos a perder generaciones enteras!”.
Al hijo del que fue candidato del PAN a la Presidencia de la República le parecen extraños los negocios que el gobierno de Calderón hace con el exgobernador Toledo Corro, a quien el gobierno federal le compró 2 mil hectáreas para establecer un desarrollo turístico instrumentado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El monto de la operación fue de mil 203 millones de pesos.
Considera que este hecho “es muy emblemático y sospechoso. ¿No había otros terrenos en Sinaloa, además del de don Antonio Toledo Corro? ¿Cuál es el mensaje que se está mandando al sinaloense o a la comunidad mexicana? Para mí eso es extrañísimo. No estoy cuestionando que el gobierno federal haga inversiones en Sinaloa, pero ¿qué tipo de arreglos hay ahí, qué cosas extrañas están sucediendo? No tengo respuestas. Tengo preguntas que me veo obligado a formular públicamente”.
–¿Usted se lo ha dicho a Calderón, o lo ha buscado para decírselo?
–Yo he tratado de buscar primero los cauces institucionales para el diálogo; he pretendido afanosamente establecer el diálogo con las instancias correctas… Ha sido difícil conseguir hasta una pinche cita.
Por eso estima que en el PAN, como partido y como gobierno, existe mucha arrogancia, no sólo al hablar de una colusión social con el crimen organizado, sino también porque, desde el centro, “nos quieren decir cómo hacer las cosas sin habernos preguntado ni pedirnos un diagnóstico”. Esa soberbia llega al punto de que “la mano de Felipe Calderón en el PAN, en una serie de situaciones en relación a los procesos electorales, también está dictando acciones divorciadas de la realidad de las regiones”.
El títere y el titiritero
La charla con Clouthier se desarrolla un día después de la renuncia al PAN de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, cuando el presidente Calderón, acompañado de éste, visitaba justamente la localidad que se ha convertido en el emblema del fracaso de su estrategia antinarco: Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sin embargo, Clouthier Carrillo aclara que su estado natal está peor que Chihuahua: “Puedo hablar con los pelos en la mano y me pongo enfrente con el que quieras. Sinaloa va adelante. Sinaloa es el modelo de narcopolítica que está permeando en el resto de los estados y que ha sido tomado para clonarse. Es el que va de avanzada; por eso es tan importante pegarle a Sinaloa”.
–O no pegarle…
–Bueno, nomás que yo vuelvo a insistir: dirigir es educar, y, segundo: el que tiene mayor autoridad tiene mayor responsabilidad.
–¿Es ineludible la que tiene Calderón?
–Es el presidente de la República.
–¿Lo ha decepcionado?
–No es un asunto de decepciones, es un asunto de reclamo. Yo como mexicano y como sinaloense reclamo, exijo y lo grito: ¡No se vale que nos estén destinando a los sinaloenses a perder generaciones enteras!
–¿Se refiere a Vizcarra?
–Yo estoy hablando más que claro. Los nombres pónganlos ustedes. Todo Sinaloa lo entiende.
Por eso, aunque él no contenderá por la candidatura del PAN al gobierno estatal, apoya una alianza que, inclusive, pudiera postular al senador priista Mario López Valdez, vinculado al exgobernador Juan S. Millán, enfrentado con el actual mandatario.
“Mario López Valdez es un buen hombre. Al menos eso creo hasta ahorita, pero yo sostengo que tiene que dar pruebas de su amor por los sinaloenses en al menos dos sentidos: Mario tiene que deslindarse del PRI y tiene que deslindarse del titiritero, porque, si no, quedará como títere.”
–¿Quién es el titiritero?
–Juan Sigfrido Millán. Por eso la gente quiere ver que su líder sea líder, no títere. Porque si es títere, mejor hablo con el titiritero. Mario tiene que demostrar que, cuando le agarren ahí, trae algo, y no como Fox, que no traía nada. De él depende. Que dé señas de que tiene vida propia y que no es un títere.

Carta de Gómez Mont a Clouthier

Publicado en la revista mexicana Proceso # 1738, 21 de febrero de 2010
De Fernando Gómez Mont a Manuel Clouthier
Señor director:
Le solicito reproducir en las páginas de Proceso la siguiente carta, dirigida el pasado 17 de febrero al diputado federal Manuel Jesús Clouthier Carrillo.
Estimado Manuel:
En relación a sus declaraciones publicadas en una revista y dos diarios de circulación nacional, me permito manifestarle lo siguiente:
–El gobierno federal combate con determinación al crimen organizado en el estado de Sinaloa. De hecho, ante el aumento en la actividad criminal en el estado (particularmente en el número de homicidios), el gobierno federal puso en marcha el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato desde el 13 de mayo de 2008, en el que fuerzas federales, a petición de las autoridades locales, fueron desplegadas en la entidad, para diseñar, acordar, ejecutar y evaluar acciones y estrategias en plena coordinación con las autoridades de Sinaloa.
–El gobierno federal rechaza categóricamente cualquier afirmación que insinúa que se haya actuado de manera “desigual” o “desproporcionada” favoreciendo a alguna organización delictiva por encima del resto. Más aún, es absolutamente falso que, a lo largo de los primeros tres años de la presente administración, el gobierno federal haya dejado de actuar de manera decidida en Sinaloa para desarticular las redes financieras, logísticas, operativas y de protección institucional en el estado.
–Todas las organizaciones delictivas han sido atacadas en sus estructuras de manera proporcional a su tamaño. Los resultados obtenidos a partir de las acciones en contra del crimen organizado son proporcionales en relación al tamaño de los cárteles y no en relación a la desigualdad o desproporcionalidad de la estrategia: Del 1 de diciembre de 2006 al 4 de febrero de 2010, se ha detenido a casi 72 mil delincuentes por delitos contra la salud:
–27% pertenecen a la organización criminal del Golfo-Zetas.
–24% pertenecen al cártel del Pacífico.
–17% pertenecen al cártel de los Carrillo Fuentes.
–14% pertenecen al cártel de los Beltrán Leyva.
–13% pertenecen al cártel de los Arellano Félix.
–5% pertenecen a otras organizaciones, incluyendo a La Familia y al cártel Valencia-Milenio.
–En específico, durante la presente administración se logró la detención de importantes líderes del cártel del Pacífico, entre los que se incluyen:
–Jesús Reynaldo Zambada García, alias El Rey Zambada.
–Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo.
–Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo.
–Alfredo Beltrán Leyva, alias El Mochomo (al momento de su captura pertenecía al cártel del Pacífico).
–Eduardo García Simental, alias El Teo.
–José Manuel García Simental, alias El Chiquilín.
–Raydel López Uriarte, alias El Muletas.
–Asimismo, se ha detenido a 15 operadores financieros, entre los que destacan Sandra Ávila Beltrán, alias La Reina del Pacífico, y Dimas Díaz Ramos, alias El Dimas, así como a seis lugartenientes, 246 sicarios, 30 funcionarios coludidos y 16 mil 715 colaboradores y distribuidores al menudeo.
–Por tanto, resulta no sólo falso, sino también sumamente irresponsable y moralmente condenable que se sugiera que desde el poder se promueva un modelo de vida política en Sinaloa ligado a la corrupción y al crimen organizado. Dicha afirmación merece la absoluta condena por parte del gobierno federal, que ha enfocado sus esfuerzos de manera coordinada con las autoridades estatales para combatir al crimen organizado en la entidad.
Como se ha manifestado en diversas ocasiones, no es con descalificaciones como se enfrenta al crimen organizado. En la lucha por hacer de México un país más seguro, las acusaciones falsas e infundadas en nada contribuyen a un esfuerzo colectivo como nación, que merece y necesita del compromiso de todos los mexicanos.
Atentamente
Licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta
Secretario de Gobernación
***
JZM Clouthier, otra banderilla
Nota de Alvaro Delgado
El gobierno de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) activaron, en una estrategia conjunta, varios mecanismos para censurar y tratar de someter al diputado federal Manuel Clouthier Carrillo por denunciar que la “guerra” contra el crimen organizado no ha llegado a Sinaloa, cuyo cártel, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, no ha sido combatido.
A la carta que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, envió al “Estimado Manuel” Clouthier para desmentirlo –cuya copia hizo llegar al semanario Proceso, donde el 14 de febrero se publicó la entrevista con el hijo de Maquío–, siguió la decisión de la coordinación del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el jueves 18, de exigir al legislador sinaloense retractarse o solicitar licencia y dejar su curul al suplente.
Y el presidente del PAN, César Nava, también diputado federal, cerró la pinza la noche de ese mismo día: “El Comité Ejecutivo Nacional desautoriza expresamente las manifestaciones vertidas por el diputado Manuel Clouthier. No reflejan en modo alguno el sentir ni la posición de Acción Nacional, y conducen a la confusión y a la mala interpretación de las acciones del gobierno”.
Nava, quien rehuyó precisar si sabía del pacto entre Gómez Mont y la cúpula del PRI para aumentar los impuestos a cambio de que el PAN no se aliara con la izquierda –como reconoció haber negociado el secretario de Gobernación–, censuró a Clouthier por sus declaraciones a Proceso sobre la protección gubernamental hacia la “narcopolítica” de Sinaloa.
Y advirtió: “No permitiremos que estas aseveraciones tiendan un velo de confusión entre la población, ni mucho menos que se presten a intereses perversos o a agendas distintas a aquéllas de los que buscamos precisamente el restablecimiento de la seguridad pública y del orden público en el país, de la mano con el presidente Calderón”.
Sin embargo, ante el embate que comenzó con el emplazamiento del vicecoordinador de la diputación del PAN, Julio Castellanos –michoacano como Calderón y Nava–, para que el hijo de Maquío solicite licencia o se retracte,
Clouthier ratificó ante el resto de los medios de comunicación lo que había declarado a Proceso: que el gobierno de Calderón no combate al narco en Sinaloa ni hace nada contra la “camarilla mafiosa” que lo gobierna. (Álvaro Delgado) lT