24 abr. 2009

El caso de Lucía Morett

Abogados policías
PATRICIA DáVILA Y GLORIA LETICIA DíAZ
Revista Proceso (www.proceso.com.mx), 1694, 19 de abril de 2009;
La pretensión de dos abogados identificados con la ultraderecha en México, José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, de impulsar investigaciones extranacionales sobre la presunta participación de mexicanos en la guerrilla colombiana se topó con un fuerte obstáculo: una demanda ante la Procuraduría General de la República y las autoridades de Ecuador por pretender arrogarse atribuciones de “órganos públicos” o policiacos.
Una denuncia presentada ante la PGR de México y un documento entregado a la Fiscalía y a la embajada de Ecuador solicitan a ambos gobiernos aplicar el derecho internacional e interno de cada nación para impedir que dos abogados, quienes proceden como si fueran “órganos públicos”, realicen en Ecuador investigaciones y pesquisas en torno a actividades que involucran a ciudadanos mexicanos con la guerrilla colombiana.
Relacionadas con el caso de Lucía Morett y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la denuncia y la petición fueron interpuestas por la defensa de Rogelio Ortega Martínez, director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero, en contra de las acciones emprendidas por los abogados José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, y Guillermo Velasco Arzac, presidente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno.
El 24 de marzo y el 7 de abril de 2008, Ortega Sánchez y Velasco Arzac presentaron, por separado, una denuncia (PGR/SIEDO/UEITA/028/2008) por la presunta participación de ciudadanos mexicanos en las FARC a raíz de que la estudiante de la UNAM Lucía Andrea Morett Álvarez fue herida por el ejército colombiano cuando se encontraba en un campamento de la guerrilla establecido en Ecuador.
Un año después, el 18 de marzo de 2009, ambos abogados acudieron nuevamente a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar la segunda ampliación de la denuncia (la primera se añadió al expediente el 13 de mayo de 2008).
En el nuevo documento, Ortega Sánchez y Velasco Arzac piden a la PGR solicitar a los gobiernos de Colombia y Ecuador la información que sustente la acusación penal por delincuencia organizada en contra de Lucía Morett, pues entre otras cosas suponen que también se halla involucrado Rogelio Ortega Martínez.
Esto, porque, afirman, “algunos de los últimos archivos que lograron abrir los expertos de la policía hablan de negocios entre las FARC y bandas mexicanas en un delito que está conmocionando al país centroamericano (sic): el secuestro. Son correos entre Reyes, Olga Marín, Marcos Calarcá y un hombre identificado como ‘Rogelio’”.
Según el argumento del Consejo Ciudadano, presuntamente el nombre completo de ese hombre podría ser Rogelio Ortega Martínez, quien habría pedido a Olga Marín y Marcos Calarcá en 2002 un préstamo de 40 mil dólares con la garantía de que pagaría una cantidad mayor porque estaba por recibir el rescate de una persona secuestrada.
Todo porque el 1 de marzo pasado el periódico El Tiempo de Colombia publicó uno de los mensajes encontrados en la computadora de ‘Reyes’ que, fechado el 22 de enero de 2002, señala:
“… Además de plantearnos que de ganar la rectoría tendríamos más apoyo, lo importante es que nos planteó el siguiente negocio. Un grupo que trabaja para él y que viene de las luchas anteriores, como forma de finanzas, hicieron (sic) una retención (secuestro) hace tres meses; están negociando (…) Ellos piden 20 millones de dólares y ya les están ofreciendo 4 y medio; dice que pronto estará llegando a 10 y que seguramente ahí cerrarán el trato. Esto nos contó para plantearnos un préstamo de 40 mil dólares. Ofrecen pagar el doble y algo de solidaridad en efectivo…”
“Son mentiras e infamias”
En entrevista con Proceso, Rogelio Ortega Martínez dice estar indignado por esas “mentiras e infamias” que han circulado en su contra.
“Hay una predisposición mediática que me produce daño moral en mi trabajo y mi familia”, afirmó. Después, molesto, admitió: “No esperaba que esa mentira llegara a tomar esa dimensión; por eso, cuando salieron notas en periódicos y revistas en las que se hacía mención de un ‘Rogelio’, yo pensé que se trataba de un homónimo.”
En 1983, Rogelio Ortega Martínez fue miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), fundada por Genaro Vázquez Rojas, y su incursión en este organismo también fue utilizada en su contra por Ortega Sánchez y Velasco Arzac para ligarlo con la guerrilla colombiana.
“La ACNR –explica Rogelio Ortega– fue refundada en los años ochenta. Ya no tenía el perfil armado de la agrupación creada por Genaro Vázquez, sino que era sólo una expresión política. Esta información la manipula Ortega Sánchez en la demanda en mi contra.
“En esa época –prosigue– yo fui uno de los dirigentes más activos para que el Estado mexicano amnistiara a compañeros que habían sido exiliados a Cuba, por su participación en la guerrilla del maestro Genaro Vázquez. Una vez que con movilizaciones logramos la amnistía, fui a Cuba por los compañeros José Bracho y Demóstenes Lozano para reintegrarlos a la lucha legal.”
Asegura que José Antonio Ortega Sánchez, “como representante de la derecha”, manipula también en su contra la realización de un coloquio internacional de estudios sobre la paz que se realizó en el año 2000 y al cual asistieron los representantes de las FARC en México, Olga Marín y Marco León Calarcá.
Eso, dice, no obstante que “se trató de un acto público realizado en el Centro Internacional de Acapulco, y a mí, como coordinador de asesores del entonces rector Florentino Cruz Ramírez, me tocó organizarlo. No sólo vino gente de Colombia, sino de Guatemala, Uruguay, Chile, Argentina, en fin, países con experiencia en temas de pacificación”.
Según el profesor universitario, es fácil comprobar que las aseveraciones del presidente del Consejo Ciudadano y del presidente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, son falsas: “Soy un personaje ampliamente conocido, vivo modestamente de mi trabajo académico. Por eso nunca me dediqué a la política. Lo de México Posible (partido efímero fundado por Patricia Mercado) fue por un momento. En el instituto doy clases de licenciatura, maestría y doctorado. ¿A qué hora voy a subirme a la montaña o a la sierra a organizar una guerrilla y secuestros?”.
Asegura que la exhibición que el abogado Ortega Sánchez hizo de su persona en los medios de comunicación con la difusión de la denuncia en su contra no sólo es preocupante, sino que pone en riesgo su vida: “Podría haber alguien que por la sospecha que sembró este señor, quiera hacer justicia por propia mano. Lo responsabilizo por el daño que mi familia y yo pudiéramos sufrir”.
Días después de que el universitario fue vinculado con las FARC por Ortega Sánchez, la madrugada del 22 de marzo, un comando de hombres armados atacaron el edificio del IIEPA-IMA, dispararon cuando menos nueve balazos y dañaron el sistema de aire acondicionado y algunas aulas, según la denuncia Tab/GAR/145/2009.
Y es que, finalmente, el catedrático de la UAG decidió contrademandar a Ortega Sánchez y a Velasco Arzac.
A través de su abogado, Mariano Albor Salcedo, Rogelio Ortega envió una carta a Washington Pesántez Muñoz, fiscal general de Ecuador, donde le expresa su preocupación por “… el papel que le han asignado como informante y colaborador de personas físicas y organizaciones mexicanas al margen de las normas de derecho internacional e interno de cada país y que, como verá, tiene objetivos definidos en contra de personas e instituciones de los sectores desprotegidos de la sociedad mexicana que son, en este caso, estudiantes, profesores e investigadores sociales, pertenecientes a diferentes instituciones universitarias del país”.
Le expone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha interpretado en años recientes el principio de supremacía contenido en la Constitución y que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial del máximo tribunal de los mexicanos, los tratados internacionales tienen un valor mayor que la legislación ordinaria de carácter federal.
En ese sentido, establece que las relaciones jurídico-penales entre ambos países se encuentran sujetas o vinculadas a instituciones de primer orden, como los derechos fundamentales, que son los derechos del hombre incorporados positivamente a la legislación nacional y originados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
En ese orden de ideas, puntualiza, debe considerarse la vigencia de los tratados internacionales suscritos regional y bilateralmente por Ecuador y México, que son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Tratado de Extradición entre los gobiernos de México y Ecuador, y el Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal que establecieron ambos países.
El texto enviado al fiscal ecuatoriano por el abogado Albor concluye con “la petición de que cesen los actos de colaboración al margen de las leyes de los dos países”, y argumenta:
“Los individuos y las organizaciones (Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal y Mejor Sociedad, Mejor Gobierno) de origen mexicano que han sido recibidas por usted predican y practican la aplicación del castigo penal al margen de las garantías y los derechos del hombre y del debido proceso legal; para ello, aducen los argumentos justificativos más oscuros
que registra la historia cuando se persigue por el color de la piel, por el credo que se profesa o, lo que es más grave, por lo que se piensa.”
Copia de esta misiva fue enviada por Mariano Albor Salcedo también al embajador de Ecuador en México, Galo Galarza Dávila.
El defensor del catedrático de la UAG interpuso finalmente, el jueves 2, una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). En ésta, y en referencia a las organizaciones presididas por Ortega Sánchez y Velasco Arzac, advierte que en México se ha organizado un conjunto de asociaciones que, aun cuando su objetivo es la observación y crítica de las autoridades, incurren en hechos que perjudican los bienes jurídicos más preciados para los mexicanos: la vida, la libertad y el patrimonio.
Tales agrupaciones, enfatiza, han desviado su comportamiento y objetivos, ya que sus prácticas actuales las han conducido a arrogarse funciones públicas de investigación y persecución de delitos que, por su naturaleza, legitimidad y legalidad, corresponden a los órganos de un Estado de derecho, como es el Ministerio Público.
–¿Por qué tanto el gobierno de Ecuador como el de México permiten que esas organizaciones se tomen esas facultades? –se pregunta a Mariano Albor.
–No sé. Lo que puedo decirle es que en la denuncia solicitamos a la PGR que se investigue a los funcionarios públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque han sido evidentes las omisiones en que han incurrido, pues esas organizaciones privadas actúan a través de sus representantes para irrumpir e intervenir en los asuntos que son competencia única y exclusiva de los pueblos y gobiernos de países extranjeros.
“De ahí que hayamos decidido dirigirnos al fiscal de Ecuador, quien a sabiendas de que existen tratados internacionales y conductos diplomáticos, abre canales institucionales a particulares mexicanos de organizaciones civiles mexicanas.”
Albor considera que no puede permitirse que organizaciones particulares, cualquiera que sea su origen nacional, actúen libremente. Y explica que México ya ha sancionado migratoriamente a extranjeros que, según el criterio de las autoridades, han intervenido en asuntos de carácter público interno. Cita un ejemplo:
El 20 de septiembre de 2007, después de una conferencia de prensa en la que los abogados estadunidenses Jeffrey Robert Anderson, Michael George Finnegan y David Gerard Clohessy denunciaron al cardenal Norberto Rivera Carrera por presuntamente encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar, a quien acusaron de haber abusado sexualmente de 26 menores de edad, llegaron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) e intentaron trasladar a dichos abogados a sus instalaciones (Proceso 1605).
Ese día, por la noche, el INM informó que los abogados ingresaron al país con pasaporte de turistas, lo que les impedía realizar actividades lucrativas o remuneradas, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley General de Población. El incidente estuvo a punto de crear un conflicto diplomático.

Respuestas del gobierno a la COMED


Respuestas del Gobierno Federal a los planteamientos de la Comisión de Mediación para la reunión programada el 24 de Abril
México, D. F., a 24 de abril de 2009 Discurso
I. Antecedentes

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez miembros de la organización autodenominada PDPR/EPR desaparecieron de acuerdo a sus familiares el 24 de mayo del año 2007, lo que hicieron del conocimiento de las autoridades el 13 de junio de ese año; sin embargo, a partir del 2 de junio la organización emitió 13 comunicados exigiendo su presentación. Posteriormente, ese mismo mes la organización reconoció haber realizado ataques contra instalaciones de PEMEX y responsabilizó por sus propios medios y al margen de toda resolución e indagatoria judicial a las instituciones del Estado mexicano.
El 24 de abril del año 2008 la organización antes citada solicitó a un grupo de ciudadanos y al llamado Frente Nacional Contra la Represión integrar una Comisión de Mediación para lograr la presentación con vida de sus supuestos integrantes, lo cual fue aceptado por los ciudadanos el 25 de abril de 2008.
El día 9 de mayo de 2008, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó mediante un comunicado de prensa, su aceptación a entablar un diálogo con la Comisión, sin renunciar a su obligación constitucional y legal, de garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, y como medio para contribuir a establecer principios de entendimiento con esa organización, así como para la construcción de soluciones a las diferencias por la vía de las instituciones.
Como parte del proceso de diálogo, cuyo objetivo puntual, descrito así por la propia Comisión, fue realizar gestiones que contribuyan a localizar a los presuntos desaparecidos, se verificaron seis reuniones de trabajo entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión, diversas comunicaciones e intercambios de metodologías de trabajo para atender cada petición de la Comisión, en particular, la relativa a ampliar el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El 5 de febrero de 2009, se sostuvo una reunión entre la Comisión y la SEGOB en la que el Gobierno Federal aceptó ampliar el diálogo con otras dependencias, como quedó asentado en un comunicado oficial fechado ese mismo día. El Gobierno Federal, en su momento, propuso a la Comisión dos fechas para realizar este encuentro: 17 y 24 de abril.
Asimismo, ante el señalamiento de que algunos de sus miembros no podrían estar presentes en estas fechas, se invitó a la Comisión a proponer fechas alternativas a la brevedad posible. Por su parte, la Comisión solicitó que le fueran entregadas por escrito, previo al encuentro, respuestas a una serie de planteamientos que a su juicio contribuirán a esclarecer el caso de los dos presuntos desaparecidos. El Gobierno Federal comunicó a la Comisión su aceptación a esta propuesta el lunes 20 de abril.
El 21 de abril, la SEGOB fue informada por la Comisión sobre su decisión de poner fin a su misión. Por tal motivo y atendiéndose a que cada una de las peticiones de la Comisión tuvieron respuesta positiva o bien se inscriben en diferentes procesos jurisdiccionales y a vistas de estar programada la reunión de trabajo para el viernes 24 de abril, el Gobierno Federal, mediante el comunicado oficial de ese mismo día, reiteró su llamado a un diálogo constructivo y pacífico, y solicitó a los integrantes de la Comisión reconsiderar su decisión, convocándoles a la reunión programada para el viernes 24 de abril a las 12:30 PM en las instalaciones de la SEGOB.
En virtud de tratarse de un tema de interés público, y en cumplimiento al compromiso del Gobierno Federal en el sentido de dar a conocer respuestas puntuales a las peticiones de la Comisión, que servirían de materia para el encuentro programado para el viernes 24 de abril, la Secretaría de Gobernación somete al escrutinio público los planteamientos que la Comisión hizo llegar a esta dependencia y ante las cuales se establecen las siguientes respuestas.
II. Respuestas del Gobierno Federal a los planteamientos de la Comisión
1. "En septiembre de 2007, el Gobierno Federal, a través del entonces Subsecretario de SEDENA, el general Tomás Ángeles Dauahare, y del Director de CISEN, Lic. Guillermo Valdés Castellanos, trató de establecer contacto con el EPR a fin de evitar más acciones violentas por parte de la organización armada. Buscó tal comunicación a través de familiares y de ex militantes del PROCUP-PDLP que actualmente participan en la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP) y actúan dentro de la legalidad en forma pacífica. El papel de ambos funcionarios fue limitado en tiempo y materia y consistió en abrir canales formales o informales para que el EPR supiera que el gobierno no deseaba llegar a un derramamiento de sangre tanto por un tercer atentado como por enfrentamientos. Consideramos oportunos y válidos estos intentos de acercamiento”
Respuesta. El Gobierno Federal no dio instrucciones para establecer canales formales o informales con la organización que se hace llamar PDPR/EPR. Se buscó información relativa a los ataques a PEMEX y sobre los presuntos desaparecidos. En lo que corresponde a estas personas el Gobierno Federal se abocó a realizar las investigaciones pertinentes a través de las instancias de procuración de justicia. Debe señalarse que la autodenominada organización PDPR/EPR ha negado sistemáticamente cualquier contacto o diálogo con las instituciones del Estado.
2. "Durante ese período ocurrió una coincidencia importante: el cese del hostigamiento a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, aunque no al Comité Cerezo-México en su totalidad, pues fue agredido físicamente uno de sus miembros. En los acontecimientos relacionados con estos hermanos intervino después el CISEN. La relevancia de presionar y buscar contactos con el EPR a través de los hermanos Cerezo Contreras deriva de una presunción esencial: creer que son hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, reputado como dirigente principal del EPR, y de Florencia Canseco Ruiz. A partir de esta presunción, parece lógico que se les considerara canales de comunicación naturales con el EPR y, por tanto, de negociación. Es decir, las amenazas de muerte a los hermanos Cerezo Contreras pudieron interpretarse como un posible mecanismo de presión al ERP y una forma de enviar mensajes a la organización armada para disuadirla de efectuar más atentados. Sin embargo, tales amenazas no fueron útiles como disuasión para frenar precisamente el segundo atentado y, como lo decimos más adelante, tampoco para frenar un posible tercer atentado, pues esto se logró mediante la actuación de la Comisión de Mediación.”
“Empero, es posible que los numerosos intentos del gobierno por establecer contactos formales o informales con el EPR a través de gestiones como las del Subsecretario de SEDENA y del Director del CISEN, o de las presiones violentas o negociables con los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, o de la búsqueda de canales con ex militantes del PROCUP-PDLP, hayan dificultado al Gobierno Federal entender el papel de la Comisión de Mediación en el proceso de diálogo. Ante algunas versiones difundidas en los medios informativos acerca de acuerdos secretos entre el EPR y el Gobierno Federal, solicitamos a la SEDENA nos informe sobre la valoración que da ahora a esos intentos de establecer contacto directo o indirecto con el EPR y nos aclare si el ejército “cree” en el origen de la tregua del EPR. La Comisión de Mediación reitera que tal tregua es resultado de la condición planteada a la organización popular armada para iniciar las tareas mediadoras y que el gobierno mexicano precisa reconocerlo así”
Respuesta. El Gobierno Federal rechaza categóricamente haber realizado cualquier acto de hostigamiento contra persona alguna y reitera que se conduce en estricto apego al mandato constitucional en todos sus actos. El Gobierno Federal ha saludado el desempeño de la Comisión como un esfuerzo desde la sociedad civil orientado puntualmente a colaborar en localizar y presentar a dos personas, tal y como fue señalado expresamente por la propia Comisión.
3. "Solicitamos tal valoración porque es también razonable creer, por todo lo anterior, que algunos sectores del gobierno federal hayan pensado que la “respuesta” del EPR fue la Comisión de Mediación. Por ende, que la tregua del EPR no deriva de la propuesta hecha a esa organización por la Comisión misma; por tanto, que la tregua no es una aportación al proceso de diálogo a través de la Comisión de Mediación y que no está comprometido el gobierno a una aportación equivalente en importancia política a la tregua eperrista.”
Respuesta. El Gobierno Federal reitera que el caso de las dos personas presuntamente desaparecidas es competencia de las instituciones de procuración de justicia. La voluntad política del gobierno federal se ha expresado en dialogar con un grupo de ciudadanos como un esfuerzo válido y útil para coadyuvar a su localización, combatiendo todo acto de impunidad y violación de los derechos humanos. Sin embargo, en lo que se refiere a los atentados a instalaciones que son propiedad de la nación las investigaciones continúan.
4. “Al tiempo que Gilberto López y Rivas, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y don Samuel Ruiz hacían pública su aceptación (un día antes de que el Frente Nacional Contra la Represión –FNCR– designara como sus representantes en la COMED a Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández) y pedían como condición al EPR el compromiso de una tregua durante el tiempo que durara la mediación, en la ciudad de Oaxaca elementos del ejército mexicano al mando del general Oropeza Garnica tomaron el edificio de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca sin mandato judicial y se apoderaron de los libros de gobierno. Solicitamos a SEDENA nos amplíe la información sobre la motivación y resultados de este operativo, del que supimos directamente por voz del Procurador del Estado de Oaxaca.”
Respuesta. El 25 de abril de 2008 la Policía Federal Preventiva (PFP) dio cumplimiento al mandamiento ministerial de localización y presentación del comandante de la Policía Ministerial del grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR) del estado de Oaxaca y de un agente de la misma corporación, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Para este efecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) solicitó la colaboración de elementos de la SEDENA para dar seguridad al personal ministerial que dio seguimiento a las actuaciones correspondientes. Estas diligencias se dieron en el marco de las investigaciones ministeriales relativas al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Este mismo 25 de abril de 2008, personal ministerial de la PGR solicitó los registros de detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO), localizando tres libros de registro de averiguaciones previas; un libro de registro de averiguaciones de la Mesa Especial Anti-secuestros; dos libros de ingreso de detenidos; tres legajos de copias simples de los dictámenes médicos emitidos durante los meses de abril, mayo y junio de 2007; y copia del rol de guardia de los peritos médicos, respecto a los cuales se practicó la diligencia de inspección ministerial, sin encontrarse evidencias para el caso de los presuntos desaparecidos. Los libros posteriormente fueron regresados a la PGJEO.
Habría de subrayarse que se dispone del registro documental y probatorio de todos y cada uno de los actos jurídicos antes señalados, a la par estos hechos han sido profusamente analizados en los autos ministeriales de la Procuraduría General de la República y a vistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
5. “El 26 de abril de 2008, el mismo día que el EPR emitió el comunicado para informar que aceptaba la tregua propuesta por la Comisión de Mediación, la Policía Militar y la Policía Federal Preventiva participaron en otro peculiar operativo en la ciudad de Oaxaca: la captura de 9 elementos de la policía ministerial de ese estado presuntamente vinculados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos de esos nueve elementos fueron finalmente arraigados por la PGR como presuntos culpables de secuestro, crimen organizado y, destacadamente, desaparición forzada en perjuicio de los eperristas mencionados. Se trató de Pedro Hernández Hernández, Subdirector Operativo de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, y de Ángel Reyes Cruz, agente de la misma corporación, apodado el Chicharrón y mencionado en el secuestro de Manuel Díaz Parada. Solicitamos a SEDENA nos informe si considera vinculados de alguna manera estos hechos y el motivo que llevó a la Policía Militar a participar en ese operativo”
Respuesta. El citado operativo no existió y por tanto no se registró participación de personal militar. El 26 de abril de 2008 el Director de Servicios Periciales, el Subdirector Técnico de la Policía y cinco médicos legistas, todos de la PGJEO, acudieron voluntariamente a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México a rendir declaración ante el ministerio público, en el marco de las investigaciones relativas a la presunta desaparición de las dos personas antes citadas.
6. “En la madrugada del 2 de agosto del 2007 se efectuó otra acción del Ejército Mexicano en la ciudad Nezahualcóyotl, estado de México. El periódico La Jornada del 3 de agosto del 2007 informó que “en busca de presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), más de 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejercito Mexicano catearon cuatro casas y un edificio de diez departamentos en la colonia El Sol… El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y concluyó poco más de una hora después… Los militares portaban pasa montañas y cubrieron los números de serie de los camiones y camionetas oficiales de traslado de personal…” Familiares y analistas cercanos a la Comisión de Mediación consideraron este operativo como una señal de vida de por lo menos alguno de los desaparecidos, dado el modus operandi con que las autoridades proceden con personas que mantiene desaparecidas. Solicitamos a SEDENA nos abunde en la motivación y resultados de este operativo.”
Respuesta. El Gobierno Federal realiza frecuentemente operaciones conjuntas en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada en las que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno. En este caso se trató de un operativo de combate al narcomenudeo, debidamente documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Se aclara que la participación de elementos de la SEDENA se limitó a dar seguridad al personal ministerial que llevó a cabo la diligencia.
7. “Según publicó la revista Proceso el 18 de mayo de 2008, en su número 1646, el 9 de agosto del año 2007 “llegaron a las oficinas del IDP dos sujetos que se identificaron como militares y les informaron que habían presenciado el ingreso de los militantes eperristas en el Campo Militar Número Uno, ubicado en la Ciudad de México.” En entrevista con la revista Proceso, Felipe Canseco Ruiz afirmó que los hechos fueron denunciados ante las secretarías de la Defensa, de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “nosotros, como colectivo de ex –presos políticos, le dijimos en una reunión al subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare, lo que nos revelaron dos militares en nuestra oficina. El general nos dijo que no tenía jurisdicción sobre esos asuntos. Nosotros entendimos que no estaba a su alcance confirmar la versión, ni podía intervenir en este asunto”. En efecto, hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal. Todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del ejercito en este proceso de pesquisas y acciones del gobierno federal. Deseamos saber qué piensa SEDENA sobre los motivos que llevaron a esos militares a dar tal información.”
Respuesta. La SEDENA, en el marco de las indagatorias realizadas por la CNDH, ha dado puntual respuesta a las solicitudes de información requeridas por ese organismo, lo que se evidencia en las entrevistas realizadas a personal militar, en las diligencias que practicaron en espacios militares y en los informes que recabaron de todas las unidades, dependencias e instalaciones de la SEDENA. Habría de señalarse que la información anterior fue solicitada por escrito a cada instancia. Los dos probables desaparecidos no han estado ni están en instalación militar alguna. Asimismo, el Gobierno Federal no tiene una política de “filtraciones” a los medios de comunicación.
8. “Es relevante destacar que ocho días después de que el entonces Subsecretario de SEDENA y el director del CISEN se habían entrevistado con los integrantes del IDP, Felipe Edgardo Canseco Ruiz y Hermenegildo Torres Cruz, éste último fue detenido por elementos de la PGR. Esta comisión considera sumamente delicado que una de las personas con las que el Gobierno Federal se había acercado para buscar comunicación con el EPR hubiera sido arrestada, aunque liberada a la brevedad. Por ello, preguntamos quién ordenó, para qué y por qué dicha detención. Es razonable, además, suponer que las acciones de la PGR no estaban coordinadas con el ejército y que podrían resultar excluyentes. Deseamos confirmar y conocer las posibles razones de esta aparente falta de coordinación.”
Respuesta. El 15 de septiembre de 2007, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) cumplimentaron una orden de localización y presentación para que Hermenegildo Torres rindiera su declaración como testigo ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO, en el marco de las investigaciones sobre los ataques a instalaciones de PEMEX. Al término de su declaración se le permitió que se retirara. El Ministerio Público ordena actuaciones con plena autonomía; por tanto, no existe la supuesta falta de coordinación.
9. “Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio del 2008, en la televisora del canal 13 de Oaxaca, la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que el EPR contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado en la ciudad de Oaxaca para internarlos en los separos. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, conocido en el medio policial oaxaqueño como “comandante Corro”, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como los “Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.”
“El EPR ha precisado que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron dejados hacia las cinco de la tarde del 24 de mayo del 2007 en un punto cercano al hotel El Árbol (sin que se hubieran hospedado en ningún momento ahí), pues tendrían una reunión de trabajo a las 7 de la tarde. Fue la última vez que tuvieron contacto con ellos. Si fueron conducidos con el “comandante Corro” a las 00:00 hrs. del 25 de mayo, no pudieron provenir, pues, de los Loxicha.”
“Por otro lado, ese mismo día (o noche) estaban activos dos comandantes que pudieron haber concurrido en la aprehensión, conducción, entrega o desaparición de los dos eperristas: Alfredo Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez. De estos comandantes, Jonás Gutiérrez Corro está desaparecido y los dos restantes han sido asesinados en la ciudad de Oaxaca. Deseamos saber si SEDENA ha considerado la eliminación de estos elementos vinculada de alguna forma con la desaparición de los eperristas. Esta pregunta la haremos también a la PGR y al CISEN.”
Respuesta. La investigación de los delitos que se citan es competencia del Ministerio Público y las policías del fuero común y, por tanto, los casos están al margen de las responsabilidades institucionales de la SEDENA. Como es de conocimiento público, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca realiza las investigaciones relativas a los homicidios de Alfredo Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez, así como por la presunta desaparición de Jonás Efigenio Gutiérrez Corro. Por lo que se refiere a la PGR que investiga lo competente a los dos desaparecidos, a la fecha no se encuentran elementos vinculantes entre ambos casos.

Comunicado de Gober sobre la COMED

Gobierno no ordenó contactar al EPR: Gobernación
La Segob da a conocer las respuestas a los planteamientos de la Comision de Mediación
México, D. F., a 24 de abril de 2009
Boletín No.065-24/04/2009
Funcionarios de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) asistieron el día de hoy, en las instalaciones de la Segob, a la reunión programada con la Comisión de Mediación propuesta por el autodenominado PDPR/EPR.
La Secretaría de Gobernación da a conocer públicamente las respuestas a los planteamientos de dicha Comisión, y comunica lo siguiente:
1. Las investigaciones relativas a los presuntos desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y a los ataques a las instalaciones de PEMEX, seguirán su curso a través de la PGR.
2. El gobierno federal dará cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en términos de ley.
3. La Segob convoca nuevamente a los familiares de los presuntos desaparecidos, a quienes han integrado la Comisión y a cualquier persona que tenga información sobre el caso a coadyuvar con el Ministerio Público en las investigaciones.
4. El gobierno federal rechaza la violencia como medio de expresión y subraya que la construcción de condiciones de justicia dentro del marco de las instituciones es labor de todos los actores políticos y sociales del país en un ámbito de civilidad política.

Alerta sobre la Influenza

De acuerdo con los expertos médicos, la influenza (o gripa) es una enfermedad contagiosa, viral y que ataca al sistema respiratorio. La Secretaría de Salud subraya que la influenza se caracteriza por la aparición de fiebre repentina, dolores en los músculos, dolor de cabeza y garganta y tos.Se agrega que la influenza puede afectar a personas de cualquier edad, y pese a que la mayoría se cura al cabo de unos días, algunas pueden enfermarse gravemente y necesitar hospitalización. La influenza puede llevar a la neumonía o incluso la muerte.
Los virus de la influenza se dividen en tres tipos, llamados A, B y C. El proceso es el siguiente:
* Una persona infectada por un virus de influenza desarrolla anticuerpos contra ese virus.* El virus tiene mutaciones o cambios.
* El anticuerpo "antiguo" ya no es capaz de reconocer al "nuevo" virus.
* Se produce de nuevo una infección.Los virus que provocan la influenza tienen mutaciones o cambios continuamente, con lo que consiguen eludir al sistema inmunológico de sus huéspedes. Por eso la gente es susceptible a la infección por influenza durante toda la vida
RECOMENDACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (INER)http://portal.iner.gob.mx/inerweb/GEN_cont_esp.jsp?contentid=3566&version=1&channelid=3 - ¿Qué es la influenza?
Enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus extremadamente contagioso, existen tres tipos diferentes de virus (A, B, C) los cuales pueden mutar (cambiar), y existen varios subtipos. Es más frecuente en otoño e invierno. Es importante porque afecta a todas las edades, y en mutaciones importantes del virus suele causar complicaciones graves e incluso la muerte en un gran número de personas, frecuentemente niños y ancianos.-
¿Es lo mismo el resfriado común que la Influenza?
No; aunque ambas son enfermedades respiratorias agudas y tienen síntomas comunes, el microrganismo que causa la Influenza es diferente al que causa el resfriado o gripe común.- ¿Cómo se contagia la Influenza?
De persona a persona a través de las secreciones de nariz y boca (toser, estornudar, hablar, cantar) o por contacto directo (las manos, cuando el enfermo no se las lava, los besos). Es muy contagiosa (3-7 días una vez que inician los síntomas) y de mayor riesgo cuando ocurre en lugares cerrados (estancias, guarderías infantiles, escuelas, asilos, albergues, entre otros).
Se estima que ante una epidemia esta podría recorrer el mundo en un periodo de 3 a 6 meses.-
¿Quiénes tienen riesgo de enfermar por Influenza?
Todos los grupos de edad, pero son mayor riesgo los niños, ancianos, embarazadas y personas con afección del sistema inmunológico como la enfermedad crónica del pulmón, corazón, riñón, el cáncer, las enfermedades metabólicas crónicas (diabetes) anemia e inmunodeficiencias (VIH/SIDA) entre otras.-
¿Cuáles son los signos o síntomas para sospechar de Influenza?
Inicio súbito (el enfermo recuerda muy bien el momento de inicio) con fiebre, dolor de cabeza, dolor intenso de músculos y articulaciones, cansancio excesivo, lagrimeo, dolor de cabeza y garganta y tos.-
¿Cómo se realiza el diagnóstico de Influenza?
Es necesario que un médico lo estudie para realizar un examen clínico detallado e investigue antecedentes de otros enfermos, contactos y viajes. El diagnóstico se realiza mediante la identificación del virus en secreciones de nariz o laringe (aislamiento viral) durante las primeras 24-72 horas de iniciada la enfermedad, o mediante el estudio de sangre para identificar anticuerpos.-
¿La influenza se puede complicar?
Sí, un cuadro de influenza no tratado adecuadamente o asociado a otra enfermedad no controlada, puede generar complicaciones, principalmente respiratorias (otitis, sinusitis, rinitis, neumonía, bronconeumonía, laringitis obstructiva), cardíacas o incluso la muerte, esto se observa frecuentemente cuando ocurren grandes brotes o epidemias. Es necesario vigilar a los niños ya que si reciben tratamiento con ácido acetilsalicílico pueden presentar encefalitis.- ¿Existe tratamiento para la Influenza?
La influenza es causada por un virus, para los cuales no existe tratamiento, sin embargo hay medicamentos que hacen la enfermedad más soportable, la acorta y disminuye los síntomas, siempre y cuando se administren durante las primeras 48 horas de la enfermedad. Los medicamentos son de uso delicado, sólo el médico está capacitado para determinar si deben administrase a un paciente, ya que no están exentos de efectos secundarios.-
¿Cómo se puede prevenir la Influenza?
Existe una vacuna que se ha referido como la mejor forma de prevenir la Influenza, ésta se prepara cada año considerando los tipos de virus circulantes en el mundo, es bien tolerada pero no debe aplicarse a personas con alergia a las proteínas del huevo, con antecedente de reacción grave a la vacuna o que hubiera padecido Síndrome de Guillain-Barré (seis semanas antes de la vacunación).-
¿En quienes se aplica la Vacuna Antiinfluenza?
Se debe aplicar a toda la población antes de la temporada invernal, sin embargo existen grupos de riesgo prioritarios como son pacientes con enfermedades que afectan el sistema inmune, enfermedades cardiovasculares, metabólicas y renales. En los mayores de 65 años de edad con EPOC, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y asma. Mujeres embarazadas con alto riesgo (adolescentes, diabetes gestacional, preclampsia, eclampsia, embarazos en multíparas).-
¿Además de la vacuna existen recomendaciones para evitar la Influenza?
Sí, durante la temporada invernal se recomienda lo siguiente:
Medidas generales
1. Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.
2. Comer frutas y verduras ricas en vitamina A y C (zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña).
3. Lavarse las manos con frecuencia, principalmente después de tener contacto con enfermos.
4. Evitar exposición a contaminantes ambientales, no fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o personas enfermas.
Ante la presencia de enfermedad respiratoria aguda:
1. No automedicarse.
2. Evite el uso de aspirinas o medicamentos similares que contengan ácido acetilsalicílico.
3. Controle la fiebre con medios físicos. Si persisten las molestias consulte a su médico
4. Completo reposo en casa, tomar líquidos abundantes y mantener alimentación habitual.
5. En caso de niños pequeños, mantener la alimentación de pecho materno
6. Evitar lugares de alta concentración poblacional (cines, teatros, bares, autobuses, metro, etc).
7. Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas.
8. No saludar de forma directa (de beso o mano) para no contagiar a otras personas.
9. Evitar contacto de niños enfermos con ancianos o personas con enfermedades crónicas.
10. Lavar los utensilios de los enfermos (después de comer) con agua caliente y jabón para matar los microbios.
11. Mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
12. Acuda a su Unidad de Salud más cercana o consulte a su médico especialmente niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.-
¿Qué medidas se recomiendan para los enfermos de Influenza?
1. Permanecer en casa, evite acudir a centros de trabajo, escuelas o lugares donde exista concentración de personas (teatros, cines, bares, autobuses, metro, discotecas, fiestas, etc). Esto evitará que otros se infecten a través de usted.
2. Cúbrase boca y nariz con un pañuelo al hablar, toser, estornudar. Esto evitará que las personas a su alrededor se enfermen.
3. Evite tocarse ojos, boca y nariz ya que el virus se disemina cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.
4. La influenza se puede prevenir mediante la aplicación de una vacuna que se prepara según el tipo de virus circulante en el mundo), es necesario vacunarse cada año.
5. Evite el polvo, humo del tabaco y otras sustancias que pueden interferir con la respiración y que hace a los niños más propensos a enfermarse.
En el INER contamos con la vacuna para la Influenza. Información: Servicio de Medicina Preventiva, Teléfono 56-66-45-39 Ext 189.
Secretaría de Salud 01 800 004 4800

Cambios a la Ley Extinción de Dominio

La Cámara de Diputados aprobó con 299 votos a favor, nueve en contra y ocho abstenciones el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio y reforma y adiciona la Ley de Amparo, a fin de permitir al Estado el aseguramiento de bienes, producto de actividades ilícitas.
El documento se devolvió al senado para los efectos del apartado E, del artículo 72 constitucional.
¿Qué dice este texto?
ARTICULO 72.
E.- SI UN PROYECTO DE LEY O DECRETO FUESE DESECHADO EN PARTE, O MODIFICADO, O ADICIONADO POR LA CAMARA REVISORA, LA NUEVA DISCUSION DE LA CAMARA DE SU ORIGEN VERSARA UNICAMENTE SOBRE LO DESECHADO O SOBRE LAS REFORMAS O ADICIONES, SIN PODER ALTERARSE EN MANERA ALGUNA LOS ARTICULOS APROBADOS. SI LAS ADICIONES O REFORMAS HECHAS POR LA CAMARA REVISORA FUESEN APROBADAS POR LA MAYORIA ABSOLUTA DE LOS VOTOS PRESENTES EN LA CAMARA DE SU ORIGEN, SE PASARA TODO EL PROYECTO AL EJECUTIVO, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCION A. (Empero) SI LAS ADICIONES O REFORMAS HECHAS POR LA CAMARA REVISORA FUEREN REPROBADAS POR LA MAYORIA DE VOTOS EN LA CAMARA DE SU ORIGEN, VOLVERAN A AQUELLA PARA QUE TOME EN CONSIDERACION LAS RAZONES DE ESTA, Y SI POR MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS PRESENTES SE DESECHAREN EN ESTA SEGUNDA REVISION DICHAS ADICIONES O REFORMAS, EL PROYECTO, EN LO QUE HAYA SIDO APROBADO POR AMBAS CAMARAS, SE PASARA AL EJECUTIVO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCION A. SI LA CAMARA REVISORA INSISTIERE, POR LA MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS PRESENTES, EN DICHAS ADICIONES O REFORMAS, TODO EL PROYECTO NO VOLVERA A PRESENTARSE SINO HASTA EL SIGUIENTE PERIODO DE SESIONES, A NO SER QUE AMBAS CAMARAS ACUERDEN, POR LA MAYORIA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, QUE SE EXPIDA LA LEY O DECRETO SOLO CON LOS ARTICULOS APROBADOS, Y QUE SE RESERVEN LOS ADICIONADOS O REFORMADOS PARA SU EXAMEN Y VOTACION EN LAS SESIONES SIGUIENTES."
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¿Cuales son los cambios que hicieorn los diputados?
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Debate en el pleno.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Comisión de Justicia entregó a esta Presidencia dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 constitucional, y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se está distribuyendo entre las y los ciudadanos diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Fue aprobado en una misma sesión en primera y seguda lectura y fue sometido a discusión y votación de inmediato.
César Camacho Quiroz (PRI) hablo a nombre de la Comisión dicatminadora.
Compañeras y compañeros diputados, parece estar de más hacer explicaciones o traer a esta tribuna diagnósticos sobre el estado en el que se encuentra el problema de la seguridad y la justicia en este país. No tengo duda de que, no obstante los embates de la crisis económica, el asunto número uno de la agenda ciudadana es justamente arreglar el problema de la inseguridad y darle eficacia al aparato público para devolver la tranquilidad arrebatada por el crimen.
Esta situación ha traído como consecuencia una terrible impunidad que ha puesto no sólo en entredicho la viabilidad de las instituciones, sino ha rasgado el tejido social.
Vivimos una disfunción social y una especie de violencia fratricida en donde la gente, en pocas palabras lo ha fraseado como: ¡No podemos más! Y si se ha sofisticado la expresión criminal, lo menos que podemos hacer quienes formamos parte de las instituciones o del poder público, es también poner al día e incluso con una visión de futuro actualizar y anticiparnos, para que el derecho creador de instituciones sea eficaz, para que no sólo esté vigente, sino que sea derecho positivo, derecho que se cumple.
Por eso, esta legislatura, así como nuestra colegisladora, los gobiernos de los estados y las legislaturas locales tendrán profunda satisfacción, con el paso del tiempo, por haber aprobado la reforma de justicia penal hace prácticamente un año; una reforma heterodoxa, una reforma que rompe esquemas tradicionales, una reforma atrevida, expresión de la creatividad jurídica; una reforma que acredita la ductilidad del derecho, que hace que no hagamos culto de las instituciones jurídicas, sino que las modifiquemos cuantas veces sea necesario, para que el derecho siga siendo útil.
En esa reforma, una de las instituciones pilares es justamente la extinción de dominio; una figura a la que no está acostumbrado nuestro sistema jurídico, que constituye una mezcla de preceptos de carácter civil y de carácter penal, que rompe esquemas tradicionales y que muchos abogados formados a la vieja usanza parece no convencerlos.
Por eso suscitó polémica, por eso suscitó preocupación ciudadana, y no es para menos, porque uno de los primeros planteamientos contenidos en la iniciativa del Ejecutivo federal, y que quizás constituye el botón de muestra o la expresión emblemática de una manera de ver las cosas, consistía en que cuando había una suerte de presunción sostenida por el Ministerio Público respecto del origen ilícito de los bienes, o cuando alguna autoridad de la procuraduría suponía que alguna persona o los bienes de esa persona estaban relacionados con el crimen organizado, o bien con el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, la carga de la prueba recaía en el particular, ubicándolo en una posición de desvalimiento.
Por eso es tan importante acreditar lo que hicieron nuestras compañeras y nuestros compañeros senadores de todas las fracciones políticas: construir un dictamen a partir de la presunción de inocencia valga la expresión, a favor de los particulares, y hacer que cuando hubiera una imputación respecto de la ilicitud en el origen de recursos o de que los bienes de una persona estaban vinculados con el ejercicio de la actividad criminal, la carga de la prueba debía correr a cargo del Ministerio Público.
Por eso, con enorme beneplácito hemos generado, en el Senado y aquí, dictámenes producto de las minutas provenientes del Senado, que demuestran, primero, conocimiento del tema, pericia jurídica, pero algo tan importante o más que esto: voluntad para los acuerdos y deseo de que las cosas ocurran para bien de los mexicanos.
Hay dos propósitos fundamentales imbíbitos en la ley, incluidos en la ley, que parecen contradictorios y no lo son: el Estado mexicano busca eficacia, es decir, combatir al crimen organizado y pegarle en el corazón que son los recursos económicos en numerario o convertidos en bienes materiales. Pero frente a la eficacia, los mexicanos queremos garantía y respeto por los derechos de las personas. Es decir, evitar el atropello. Es un falso dilema ?como algunos creen? que, o hay eficacia vulnerando derechos; o, si somos muy garantistas, podríamos correr el riesgo de la ineficacia.
Habemos y ésta es la inmensa mayoría de los dictaminadores de la Comisión de Justicia quienes pensamos que no sólo son compatibles, sino mutuamente complementarios; que queremos darle al Estado mexicano un instrumento moderno, creativo e insisto, eficaz, pero que nunca vulnere los derechos de las personas.
Por eso es que en esta comisión, con un trabajo enorme de las diputadas y los diputados de todas las fracciones, se hizo una cuidadosa concordancia con el texto constitucional, para evitar que se salgan por esos resquicios que suele haber en las leyes, los abogados que están buscando justamente esas salidas y que, so pretexto de la vulneración de derechos, acaban consiguiendo la protección de la justicia para quienes no lo merecen.
Concordancia constitucional, jueces especializados para que no haya duda de de qué estamos hablando; y de que lo obtenido por bienes extintos se destine a la reparación del daño a las víctimas.
Lo que sigue muy concretamente entraña la participación de los tres Poderes. Del nuestro, que espero con la expedición de la ley, hayamos puesto a la disposición del Ejecutivo y del Judicial este instrumento multicitado.
Del Poder Ejecutivo, que trabaja con las policías y el Ministerio Público, una eficaz, cuidadosa e inteligente actuación.
Y finalmente del Poder Judicial, la última palabra por cuanto a la ley se refiere y el fincamiento de responsabilidades en el orden civil y penal.
Y algo más. Esta es una facultad compartida con los estados de la república y vale la pena reconocer que hasta ahora la única entidad que ha legislado echando mano de la facultad constitucional, es el Distrito Federal. Este es un espacio para la creatividad y el cumplimiento de responsabilidades de los estados. Hagamos votos porque lo hagan, pero por lo pronto hagamos lo que nos toca.
Termino. La recuperación de la confianza en tema tan delicado como la injusticia y la inseguridad no se da con expresiones discursivas; se da con resultados y éstos, por supuesto, les urgen a todos. Gracias por su atención.
Alfredo Ríos Camarena (PRI): Con su venia, señor presidente. Estamos en esta asamblea cumpliendo con la función constitucional de Cámara revisora. Estamos revisando y haciéndole observaciones a una minuta del Senado de la República en un tema profundamente sensible para la sociedad de nuestro tiempo.
Nadie puede ni debe pensar que ningún partido político de los aquí representados, es aliado del crimen organizado o del narcotráfico. Hoy está demostrando, la unidad de los diputados aquí reunidos, que estamos aprobando un paquete de reformas que tienen que ver con la seguridad y con la justicia.
Este dictamen, que hoy presentamos a consideración de la asamblea, es quizá el más complicado. Complicado porque está creando una nueva forma de derecho. No se trata del derecho penal, pero tampoco se trata del derecho civil. En derecho comparado, ya se han dado estos casos y aun en nuestro país se dio en la Asamblea Legislativa.
El propósito de las modificaciones que hemos planteado en la Comisión de Justicia y que ha apoyado mi bancada, la del PRI, consiste en darle eficacia y enriquecer el dictamen del Senado de la República.
Si nosotros hubiéramos dejado la minuta como estaba, hubiéramos tenido dos problemas: Uno de carácter competencial y jurisdiccional, y otro de carácter constitucional.
En la parte tercera del artículo 8o., que se refiere, entre otros, a los bienes que pueden ser afectados por esta Ley de Extinción de Dominio, no había una congruencia y una correlación exacta con el texto constitucional del artículo 22, del que esta ley es reglamentaria.
Es decir, podíamos haber dejado rendijas abiertas para que la delincuencia se amparara, y tal vez en lugar de lograr el propósito que quiere el Senado de la República y queremos nosotros, hubiéramos dejado rendijas abiertas para que el juicio de amparo de aquéllos que tienen dinero para pagar a los mejores abogados, seguramente pudiera haber derrotado los preceptos de esta ley. Por eso la adecuamos al texto constitucional. Además, tampoco dejaba establecido el tipo de jurisdicción.
La minuta del Senado decía que la autoridad judicial será el juez, pero sin decir cuál; entonces nos quedábamos en una situación muy nebulosa. Le daba facultades al Consejo de la Judicatura para que creara tribunales especializados. No los tiene el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura federal puede determinar el número y repartimiento de los juzgados federales, pero no puede fijar competencias y jurisdicción. Por eso fue necesario establecer, con toda precisión, que deberían establecerse juzgados especializados, pero como no existen, planteamos la posibilidad y, así, está el dictamen, de un transitorio.
Un transitorio que otorga temporalmente la competencia y la jurisdicción a los juzgados federales civiles. En tanto, damos un plazo de un año a la Corte o al Consejo de la Judicatura para que establezca los tribunales especializados. Si no hubiéramos hecho esta reforma hubieran quedado huecos muy serios, muy graves.
Pero hoy, repito, estamos demostrando quienes aquí estamos, que sí apoyamos al Ejecutivo federal en su lucha contra el hampa organizada; pero, le requerimos, le exigimos también que, una vez entregadas las herramientas jurídicas, salga adelante en bien de la nación.
Basta ya de la calumnia y la ofensa de algunos pseudolíderes que pretenden utilizar estas reformas con sentido electorero. Aquí hay unidad de los diputados; hay conceptos jurídicos serios y hay un proyecto que vamos a aprobar. Es cuanto, muchas gracias.
Andrés Lozano Lozano, del PRD: Con su venia diputado, presidente. Sin duda, y coincidiendo con mis compañeros que me antecedieron en esta tribuna, el día de hoy este dictamen representa uno de los temas que más se ha venido señalando respecto de una medida efectiva en contra de la delincuencia organizada.
Habría que señalar aquí en esta tribuna que fue precisamente el Grupo Parlamentario del PRD el que presentó, a través del de la voz, la primera iniciativa que pretendía reformar la Constitución, así como la creación de una Ley Federal de Extinción de Dominio. Esto hace más de dos años.
Posteriormente se presentó una segunda iniciativa en este mismo sentido, y es que cómo no hacerlo cuando lo que está en el fondo es precisamente esa pretensión de que el Estado tenga plena posibilidad de apoderarse de los bienes que son producto del crimen organizado.
Si algo ha quedado evidenciado en países como Colombia, que han dado una lucha en contra del crimen organizado, es precisamente el que se tengan medidas como ésta que permitan apoderarse de los bienes producto del mismo.
Por eso esta iniciativa no es menor. Por supuesto que en algunas de sus partes es discutible cuáles son sus alcances, y por supuesto seguirá siendo discutible y perfectible hasta dónde podríamos haber llegado con una medida de esta naturaleza.
Hubiésemos querido el consenso para que pudiera ser una herramienta más contundente del Estado; sin embargo el día de hoy se estará dando un gran paso, de aprobarse en los términos en los que ha quedado aquí señalada.
Hay que acordarnos también que fue precisamente en el Distrito Federal en donde también por primera vez se empezó a hablar de este tema; que fue también en el Distrito Federal donde se llevaron a cabo acciones contundentes en lugares como en Tepito o en Iztapalapa, con el famoso predio de la Ford que se dedicaban a la venta de autopartes robadas, en los que se empezó a poner el tema en la ciudad.
Por eso debemos hoy de congratularnos de que por primera vez tengamos en nuestro país, acorde con la disposición constitucional, la posibilidad de aprobar una Ley Federal de Extinción de Dominio, y que sin duda esto será en bien del país, en bien de generar mejores condiciones, pero sobre todo, una mejor seguridad para todos los que vivimos en este México. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez
: Muchas gracias, señor diputado Andrés Lozano. Se concede, por último, el uso de la palabra a la diputada Liliana Carbajal Méndez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Liliana Carbajal Méndez (PAN): Esta ley de importancia fundamental para los mexicanos, o diría yo, para los buenos mexicanos, para nuestro querido país y que fue una iniciativa que el Ejecutivo federal presentó desde septiembre de 2008, en el que varias ocasiones nos exhortó como legisladores a dar ya un debido cumplimiento a la aprobación de su iniciativa, reviste una importancia fundamental, que sin duda será una herramienta útil para que el Estado debilite las estructuras criminales en la parte que más les duele: los recursos económicos.
Derivado de la reforma constitucional en materia de justicia penal, se introdujo en el artículo 22 una figura jurídica llamada "extinción de dominio", consistente en que el Estado adjudique los bienes que sean instrumento, objeto o producto de delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
Este procedimiento autónomo de naturaleza penal, cuya decisión estará a cargo de un juez para su procedencia y del cual no dependerá una sentencia condenatoria. Esta acción se ejerce independiente del proceso penal que se siga y cuya determinación debe tomarla otro juez distinto al juicio.
En éste otro rubro, en el que sí se garantiza a toda aquella persona que se considere afectada, podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia ilícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.
Con estos instrumentos será viable reprimir la práctica común a la que acuden los miembros del crimen organizado para encubrir la procedencia o el origen ilícito de sus recursos. Esto es, la conocida figura de los prestanombres o testaferros.
Como cámara revisora, creo que se hizo un excelente trabajo y aquí también, como diputada de Acción Nacional, he de reconocer este trabajo en equipo que se hizo por parte de los miembros de la Comisión de Justicia, por parte del PRD, del Partido Revolucionario Institucional, de Convergencia y, por supuesto, de mis compañeros de Acción Nacional, en el que con un compromiso auténtico que hemos asumido desde que tomamos protesta del cargo, en el que a través de instrumentos legales demos mejores condiciones de vida a nuestro país.
Como cámara revisora, y con este compromiso, hubo algunas modificaciones fundamentales para darles mejores fundamentos jurídicos y más viabilidad a esta nueva ley.
He de mencionar o citar tres modificaciones, como la del artículo 2o., en el que se incorpora la definición del cuerpo del delito para complementar la reforma al artículo 50 y sustituir el concepto de elementos del tipo, por elementos del cuerpo del delito y se armoniza el concepto en otras disposiciones.
También, cito, el artículo 8o., fracción III, donde se modificó para así generar una congruencia con la Constitución, respecto de hacer posible la acción sobre aquellos bienes, instrumentos del delito por un tercero, cuando el dueño de dichos bienes hubiese tenido conocimiento pleno de ellos y no exigir un estándar de coparticipación como lo proponía la minuta.
En la fracción I, aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no notificó a la autoridad o tampoco hizo algo para impedirlo.
Creo, y coincido con la posición de nuestros compañeros, en el que el tema de la seguridad pública y en sí los temas que generen mejores condiciones de vida para los mexicanos, para las mexicanas, no debe tener tintes partidistas.
Creo que los colores con los que debemos actuar y las convicciones con las que debemos de regir nuestro trabajo es por el compromiso de generar una mejor situación, y más en este tema tan sensible de seguridad pública, una mejor situación para los mexicanos para todas esas futuras generaciones que ya están detrás de nosotros y que realmente creo que en acciones como ésta se concreta ese compromiso que asumimos para así dejar un mejor país.
Que nuestro paso por esta Cámara trascienda y que no solamente se quede en vanas promesas y en vanas expectativas.
Creo que no debe haber colores ni partidos para generar mejores condiciones de vida para nuestro país. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputada Liliana Carbajal Méndez. Diputado Del Río Virgen. Sonido a la curul.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): El Grupo Parlamentario de Convergencia, señor presidente, ha estado votando favorablemente todas las iniciativas que compañeros de esta LX Legislatura han presentado sobre seguridad.
También ha apoyado las diferentes iniciativas que vienen del Ejecutivo, pero, particularmente, la Ley de Extinción de Dominio es una ley en la que Convergencia tiene la seguridad que va a ayudar a resolver un problema de fondo.
Ahora tendrán que ser el Ejecutivo, el Banco de México y el sistema bancario mexicano los que hagan la parte que hace mucha falta, la parte de saber quiénes están metidos en el lavado de dinero, y los grandes depósitos que están ahí en el sistema bancario.
Por lo pronto, el Ejecutivo federal ha recibido el apoyo de Convergencia, y de todos los partidos, para que esta Ley de Extinción de Dominio se ponga bajo la tutela y garantía del Poder Judicial federal, con jueces especializados. Gracias, presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trate. No habiendo quien haya solicitado ninguna reserva, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Señor presidente, se emitieron 299 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular por 299 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se devuelve al Senado para los efectos del apartado E, del artículo 72 constitucional.

Revolución genética

Publicao en El País, Sábado, 6 de octubre de 2001
El lado oscuro de la revolución genética /JEREMY RIFKIN
Los primeros diez días nos preocupaba que secuestraran aviones comerciales y los usaran como misiles. Ahora, al estadounidense le preocupa una amenaza nueva e incluso más letal: bacterias y virus que llueven del cielo sobre zonas pobladas e infectan y matan a millones de personas. El FBI ha informado de que varios de los secuestradores que atacaron las Torres Gemelas del World Trade Center hicieron una serie de visitas en las semanas previas al 11 de septiembre a un centro de Florida que albergaba aviones para fumigación. Según los propietarios, los secuestradores preguntaron la capacidad de carga, el alcance y el funcionamiento de los aviones. A raíz de ello, el FBI ha ordenado que los 3.500 aviones fumigadores de propiedad privada de la nación permanezcan en tierra hasta disponer de más información. Mientras tanto, universidades como las de Michigan, Penn State, Clemson y Alabama han prohibido a los aviones sobrevolar sus estadios durante los partidos de fútbol por miedo a un ataque de guerra biológica.
Los políticos se apresuran en Washington a aplacar la creciente ansiedad pública, asignando fondos para reservas de antibióticos y vacunas y actualizando los sistemas de urgencia en los hospitales y clínicas.
Lamentablemente, hasta la fecha, tanto los políticos como los expertos militares y los medios de comunicación han soslayado una realidad mucho más inquietante, que es la raíz de los nuevos temores sobre el bioterrorismo: la nueva información genómica que se está descubriendo y utilizando para la ingeniería genética comercial en los ámbitos de la agricultura, la cría de ganado y la medicina se puede emplear para desarrollar una amplia gama de nuevos agentes patógenos susceptibles de atacar a la población vegetal, animal y humana.
Además, a diferencia de las bombas nucleares, los materiales y las herramientas necesarios para crear agentes de guerra biológica son asequibles y baratos, motivo por el cual este tipo de arma a menudo se denomina la 'bomba nuclear del pobre'. Por menos de dos millones de pesetas se podría construir y poner en marcha un laboratorio biológico de última generación con unos equipos que se pueden comprar en cualquier tienda de tecnología e instalar en una habitación de sólo 4,5 por 4,5 metros. En realidad, todo lo que hace falta es un fermentador de cerveza, un cultivo de base proteínica, prendas plásticas y una máscara de gas.
Igualmente aterrador es el hecho de que miles de alumnos de posgrado que investigan en laboratorios de todo el mundo tengan conocimientos suficientes sobre el uso rudimentario de la tecnología de recombinación del ADN y de clonación como para diseñar y producir en masa este tipo de armas.
Paradójicamente, aunque la Administración de Bush exprese ahora una profunda preocupación por el bioterrorismo, este mismo verano, la Casa Blanca sorprendió a la comunidad mundial al rechazar las nuevas propuestas para reforzar la Convención sobre Armas Biológicas. El escollo principal eran los procedimientos de verificación que permitirían a los Gobiernos inspeccionar los laboratorios de las empresas estadounidenses de biotecnología. El 40% de las compañías farmacéuticas y de biotecnología están domiciliadas en EE UU, y dejaron claro a los negociadores estadounidenses que no tolerarían el control de sus instalaciones por miedo al robo de secretos comerciales. La ruptura de las negociaciones confirma una incómoda situación a la que ninguno de nosotros parece querer enfrentarse. En el futuro, las aplicaciones destructivas de la nueva revolución biotecnológica serán tan impresionantes como sus usos constructivos.
La guerra biológica implica el uso de organismos vivos para fines militares. Las armas biológicas pueden contener virus, bacterias, hongos, rickettsias y protozoos. Los agentes biológicos pueden mutarse, reproducirse, multiplicarse y propagarse por un extenso terreno geográfico, y se transmiten a través del viento, el agua, los insectos, animales y seres humanos. Una vez liberados, muchos agentes patógenos biológicos son capaces de desarrollar nichos viables y mantenerse infinitamente en el medio. Entre los agentes biológicos convencionales se incluye la Yersinia pestis, la tularemia, la fiebre del Valle Rift, la Coxiella burnetti (fiebre Q), la encefalitis equina oriental, el ántrax y la viruela.
Las armas biológicas nunca se han utilizado ampliamente por el peligro y los gastos que conlleva procesar y almacenar grandes volúmenes de materiales tóxicos, y por la dificultad de controlar la diseminación de los agentes biológicos. Sin embargo, los avances en las tecnologías de ingeniería genética durante la última década han hecho que la guerra biológica sea viable por primera vez.
Hay muchos modos de crear 'armas de diseño' de ADN recombinante. Es posible usar las nuevas tecnologías para programar genes en microorganismos infecciosos y aumentar así su resistencia a los antibióticos, su virulencia y su estabilidad medioambiental. Se pueden insertar en microorganismos genes que afecten a las funciones reguladoras que controlan el estado de ánimo, el comportamiento y la temperatura corporal. Los científicos afirman que podrían ser capaces de clonar toxinas selectivas para eliminar algunos grupos raciales o étnicos en concreto, cuya configuración genotípica los predispone a determinados patrones de enfermedad. La ingeniería genética también puede ser utilizada para destruir determinadas cepas o especies de plantas agrícolas o animales domésticos si el objetivo consiste en paralizar la economía de un país.
Las nuevas tecnologías de ingeniería genética proporcionan una forma versátil de armamento utilizable para una amplia gama de fines militares: desde actividades terroristas y operaciones contra insurrecciones hasta la guerra a gran escala dirigida contra poblaciones completas.
La mayoría de los Gobiernos, incluido el de EE UU, alegan que su trabajo en materia de guerra biológica es sólo de naturaleza defensiva, y subrayan que el actual Tratado sobre Armas Biológicas permite la investigación defensiva. Con todo, la mayoría reconoce que en este campo es prácticamente imposible distinguir entre investigación defensiva y ofensiva. Hace unos años, Robert L. Sinsheimer, conocido biofísico y ex rector de la Universidad de California en Santa Cruz, señaló en el Bulletin of Atomic Scientists que, dada la naturaleza de este tipo de experimentación concreta, no hay ningún modo adecuado de distinguir entre usos pacíficos y usos militares de las toxinas mortales.
El exhaustivo estudio desarrollado por el Stokolm International Peace Research Institute sobre guerra química y biológica concuerda con la valoración hecha por Sinsheimer, y extrae la conclusión de que 'algunas formas comunes de producción de vacunas están técnicamente muy cerca de la producción de agentes de guerra biológica, por lo que ofrecen la posibilidad de convertirlas fácilmente'.
Por consiguiente, el futuro de la actual Convención sobre Armas Biológicas se encuentra gravemente comprometido, aunque no se aborde la cuestión de la verificación y el cumplimiento. Los observadores militares profesionales no muestran mucho optimismo sobre la posibilidad de mantener la revolución genética fuera del alcance de los planificadores de la guerra. Como herramienta de destrucción masiva, el armamento genético rivaliza con el armamento nuclear, y se puede desarrollar por una mínima parte de su coste. Por sí solos, estos dos factores hacen de la tecnología genética el arma ideal del futuro.
Cuando se supo que Irak amontonaba cantidades ingentes de agentes patógenos para la guerra, y que se preparaba para utilizarlos durante la guerra del Golfo, el interés del Pentágono por la investigación defensiva se vio renovado para intentar contrarrestar la perspectiva de una escalada en la carrera del armamento biológico. El Gobierno de Sadam Husein había preparado lo que denominaba el 'gran igualador', un arsenal de 25 cabezas de misiles que portaban aproximadamente 5.000 kilos de agentes biológicos, incluidos algunos mortales, como la toxina del botulismo y los gérmenes de ántrax. Se habían colocado otros 15.000 kilos de agentes patógenos en bombas susceptibles de ser lanzadas desde aviones militares. Si se hubieran desplegado los agentes de la guerra patógena, las consecuencias habrían sido tan catastróficas como las presenciadas en Hiroshima y Nagasaki tras el lanzamiento de las bombas atómicas en 1945. Para hacernos una idea del posible daño que podría haberse infligido, comparemos el arsenal iraquí con las conclusiones de un estudio realizado por el Gobierno de Estados Unidos en 1993: sólo con liberar 90 kilos de esporas de ántrax desde un avión sobre Washington DC se podrían matar hasta tres millones de personas.
Irak no es el único interesado en desarrollar una nueva generación de armas biológicas. En un estudio de 1995, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) informó de que sospechaba que 17 países investigaban y almacenaban agentes de guerra patógena. Estas naciones son Irak, Irán, Libia, Siria, Corea del Norte, Taiwan, Israel, Egipto, Vietnam, Laos, Cuba, Bulgaria, India, Corea del Sur, Suráfrica, China y Rusia.
Es probable que, a medida que el
conocimiento sobre la manipulación de genes vaya siendo más complejo y accesible, la próxima generación se vea atrapada en una nueva carrera de armas biológicas mortales. El aumento de los experimentos con armas genéticas de diseño en los laboratorios de todo el mundo, tanto para fines ofensivos como para investigación de defensa, aumenta las probabilidades de que se liberen accidentalmente. No hay ningún laboratorio, por muy controlado y seguro que sea, que esté a prueba de fallos. Los desastres naturales, como incendios e inundaciones, así como los fallos en los sistemas de seguridad, son posibles y no hay manera de prevenirlos. Y es igualmente probable que los terroristas y delincuentes acudan a las nuevas armas genéticas para difundir el miedo y el caos para imponer a la sociedad el cumplimiento de sus exigencias.
En el siglo XX, la ciencia moderna llegó a su cima con la división del átomo, seguida poco después por el descubrimiento de la doble hélice del ADN. El primer descubrimiento llevó inmediatamente al desarrollo de la bomba atómica, que hizo que -por primera vez en la historia- la humanidad reflexionara sobre la posibilidad del fin de su futuro sobre la Tierra. Ahora, un número cada vez mayor de observadores militares se preguntan si el otro gran avance científico de nuestro tiempo se utilizará en breve de forma similar, y supondrá una amenaza parecida para nuestra existencia como especie.
Dentro de unas semanas, 143 naciones se reunirán en Ginebra para revisar la Convención sobre Armas Biológicas de 1972, un tratado que pretende 'prohibir el desarrollo, producción y almacenaje de armas biológicas y de toxinas'. Los Gobiernos se han estado reuniendo durante los últimos seis años para intentar concretar los términos del tratado. La cuestión estriba en cómo verificar la presencia de armas biológicas y hacer cumplir los protocolos del tratado.
Los negociadores que se reunirán el próximo noviembre en Ginebra, entre los que habrá representantes estadounidenses, tienen que entender la posible gravedad de la situación y actuar en consecuencia. En primer lugar, tienen que abordar la grave ambigüedad del actual tratado, que permite a los Gobiernos desarrollar investigaciones defensivas cuando, de hecho, gran parte de esas investigaciones pueden reconvertirse para fines ofensivos. En segundo lugar, no deben permitir que el interés de las compañías estadounidenses y de otras empresas de biotecnología de todo el mundo en proteger los secretos e información comerciales hagan fracasar los protocolos diseñados para verificar y hacer cumplir las disposiciones de la Convención sobre Armas Biológicas. Es hora de ponerse duro y hacer lo que se debe. Cabría pensar que el bienestar de la civilización humana es más importante que los intereses localistas de un puñado de empresas dedicadas a la ciencia de la vida.

Opinión del Maestro Rafael Segovia

Un fracaso y una traición/Rafael Segovia
Reforma 24 de abril de 2009;
Latinoamérica está de fiesta: Estados Unidos ha decidido, dicen, tratarla de igual a igual, es el momento soñado, tras dos siglos de espera, donde el hermano mayor accede dar a los hermanos menores el lugar que han buscado y que merecen. Las ilusiones se cumplen, las pesadillas se borran, o al menos eso creemos. Después de haber pagado las consecuencias de la Guerra Fría y de la histeria de las grandes potencias, de un miedo justificado o inventado, una crisis financiera nos ha hecho volver a la normalidad.
Cuba y Venezuela vuelven a ocupar un lugar en el sistema latinoamericano, por razones y condiciones diferentes. La reorganización de este continente parece ser total y no se sabe hasta dónde llegará México, a pesar de los halagos de Obama, que no ha querido o no ha podido manifestar, a pesar de las sonrisas, si en verdad acepta las nuevas disposiciones. El lugar que le reservan a México no parece estar de acuerdo con sus aspiraciones. Hay inconvenientes estructurales y tradicionales que se espera conocer más claramente antes de transformar las sonrisas en auténtica satisfacción.
Estados Unidos, por primera vez en su historia, parece haber elegido un Presidente que en cierta manera se inclina a la izquierda, cosa absolutamente repelente en aquel país. Está prohibido tener un pensamiento no conformista por decir lo menos: el mercado libre es un artículo de fe y de creencia, como la religión, como la familia, como la libertad de educación, como la posesión de armas, que se consideran símbolos de la independencia. Se puede no aceptar algunos de ellos siempre que se acepte la mayoría, que son los que motivan también el comportamiento del señor Calderón Hinojosa, hombre de convicciones conservadoras, religiosas, autoritarias, aunque no encuentra gusto en ellas y ceremoniosas. Son dos temperamentos opuestos y confluyentes, con una comprensión opuesta del arte de gobernar, aunque hagan un esfuerzo por entenderse. Este esfuerzo puede fallar con facilidad. Calderón, como todos los presidentes desde Cárdenas, ha pretendido erigirse en un modelo para este continente. El Brasil les ha salido al paso pese a los inconvenientes con que carga: no hablan en español, su colonización fue muy diferente y su economía durante décadas estuvo sostenida por la esclavitud, su población indígena ha desaparecido de hecho. Son diferencias que los separan de todos nosotros, pese a su voluntad de incorporarse a un frente único, pero manteniendo las diferencias. Su idea es ante todo una idea política.
Son dueños de una diplomacia envidiable, que han cuidado incluso en los momentos más amargos de su historia. Han tenido sobre todo una clase intelectual que nacida en la izquierda se ha acercado paulatinamente al centro, como en el caso de Fernando Henrique Cardoso, lo que se ha convertido para Estados Unidos en una referencia permanente. Ese centro capaz de calmar a la izquierda, de arrebatarle su liderazgo en más de una ocasión admirable, ha hecho de Brasil el primer país de este lado del Atlántico, como lo prueban sus inversiones en ciencia y tecnología, que le han ayudado a conservar sus élites, tanto intelectuales como sociales.
Las declaraciones de Obama así lo han confirmado, al preferirlo de manera abierta para desesperación del gobierno mexicano que debe conformarse con su derecha manifiesta, y un tanto repulsiva, con una política incompatible con unos países que evolucionan hacia una izquierda que no termina -a veces ni empieza- de cuajar. No se puede tapar el sol con un dedo, como se propone hacer el secretario del Trabajo y Previsión Social. Hay situaciones que no se esconden fácilmente, a fuerza de mala fe -y en este caso nos referimos a la izquierda parlamentaria. En Cananea de hecho empezó la Revolución de 1910. Don Porfirio -no merece en ello que se le llame el general Porfirio Díaz- permitió que se acudiera a los rangers norteamericanos para aplastar el movimiento minero. Hoy estamos al borde de lo mismo: reducir la huelga a un movimiento perdido de antemano, guiado por un líder que saca al gobierno de quicio y solicita al gobierno de Canadá la extradición de ese hombre para mostrar su poder no por sus delitos reales o supuestos sino por no obedecer. No hay nada más acorde con nuestras costumbres como corromperse primero y obedecer después.
No hablamos de una izquierda muerta de miedo, que no quiere ni oír hablar del caso. No tiene perdón de Dios ni de los hombres. Tanto los Chuchos, traidores al PRD, y abucheados por su propio público, como hombres y mujeres del PRI, que han abandonado su tradición y viven de las migajas que les deja el PAN, han querido olvidar el nombre de Cananea e incluso el suyo. Las elecciones les esperan el 5 de julio, con un apetito aguzado por nueve años de oposición y una espera -quizás exagerada- de recoger una parte del voto que respondió al llamado de López Obrador. Hoy, el PRI no tiene a nadie a quién llamar. Sólo puede decir: remember Cananea.

La Iglesia, La Familia y El Chapo, opinión de Jorge Fernández

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Publicado en Excélsior, 24 de abril de 2009;
Seguridad y responsabilidad de la Iglesia
La Iglesia católica ha estado en los titulares de los periódicos en los últimos días. Lo más notable fue la declaración del arzobispo de Durango, Héctor González,quien aseguró, en una declaración de prensa, que sabía, “como todo mundo”, dijo, dónde vivía JoaquínEl ChapoGuzmán en ese estado: en el poblado Guanaceví, para luego, ante la exigencia de que realizara la consiguiente denuncia ante las autoridades, desdecirse y terminar afirmando que eran simples especulaciones o versiones de prensa.
Lo cierto es que dos días después de esas “especulaciones”, en ese mismo poblado aparecieron asesinados dos oficiales de inteligencia militar, cuyos cuerpos fueron abandonados. El hecho es que las versiones de que Guzmán se oculta en esa zona serrana, de muy difícil acceso, del llamado triángulo dorado están presentes desde siempre. Y hay datos duros, proporcionados por las autoridades, de que por allí ha estado, incluso que allí realizó su última boda (que fue sacramentada, dicen las crónicas de la misma, por un sacerdote católico, me imagino que de la diócesis de ese arzobispo). El problema, grave, con la declaración del prelado González es que, primero, afirmó conocer el lugar donde vivía El Chapo y, segundo, que lo hizo en forma pública, como exigencia a las autoridades de que no lo detuvieran sabiendo dónde estaba. Por eso la reacción violenta del crimen organizado, que termina costando la vida de dos militares que, ellos sí, realmente estaban trabajando en la localización de Guzmán Loera. No ha habido ni del arzobispo ni de las instituciones de la Iglesia una sola declaración lamentando el hecho, como si no hubiera tenido relación alguna con el comentario. Lo que sí hubo fue un pedido de protección, para los mismos prelados, a la Secretaría de Gobernación, y una declaración, como casi siempre desafortunada, del obispo de Saltillo, Raúl Vera, diciendo que esas muertes demostraban el fracaso de la lucha contra el narcotráfico y el apoyo que éste tenía de las estructuras políticas. Olvidó el obispo, y debería recordarlo por su actual responsabilidad y sobre todo las anteriores en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que la penetración del crimen organizado se da en la política, pero también en la economía, la sociedad y, por supuesto, la Iglesia.
La estrategia de lavarse las manos, de muchos hombres de la Iglesia, no es, no puede ser, legítima. Por supuesto que hay quienes cumplen con sus responsabilidades en muchos poblados del país y son perseguidos por los delincuentes. Se denunció esta semana que por lo menos 300 sacerdotes están fuera de su respectiva parroquia por esa razón y, ellos, según se comprometió a hacerlo la Secretaría de Gobernación, deben ser protegidos. Pero la cifra de civiles, policías y militares honestos (no estamos hablando de los que han muerto por ser parte de uno de los grupos en pugna y como consecuencia de los ajustes de cuentas) que han sido asesinados es mucho mayor y eso no suele ser considerado públicamente por la Iglesia.
Tampoco se consideran las complicidades. Acabo de regresar de Morelia y el miércoles mostramos, con Bibiana Belsasso, en el programa Todo Personal en Canal Proyecto 40 (y le mostraré un amplísimo reportaje sobre el tema el domingo en Séptimo Día), cómo La Familia Michoacana, este peculiar cártel que ya opera en muchos puntos del país, incluido el Distrito Federal, combina para el reclutamiento y el adoctrinamiento de sus jóvenes sicarios, instrumentos religiosos e incluso albergues destinados a la atención de adicciones, que parecen tener patrocinio de la Iglesia católica. Los Albergues Gratitud, por ejemplo, muestran estampas y leyendas de Jesús en su publicidad y presentación, aparecen como una organización católica y, en realidad, es un centro de adoctrinamiento de La Familia por el que han pasado entre siete mil y nueve mil jóvenes.
¿Ha escuchado usted alguna denuncia de la jerarquía católica, local o nacional, con respecto a ese tema, para exigir, por ejemplo, que esos u otros centros que se sabe que están relacionados con el crimen organizado dejen de utilizar las imágenes y los símbolos de la Iglesia para adoctrinar futuros sicarios?
Yo no lo he leído, visto ni oído. Y me imagino que si un periodista tiene acceso a esa información, que está desde hace tiempo en manos de las autoridades, con mayor razón debe ser del conocimiento de
la Iglesia.
Vamos más allá: todavía está abierto el debate sobre si son legítimas o no las llamadas narcolimosnas en todas sus variantes, desde el dinero en efectivo hasta la construcción de parroquias con recursos del crimen organizado. Se lavan las manos y parecen dar a entender que esa lucha no es suya, que no tienen por qué involucrarse en ella.
Es un error de fondo: de la misma forma que grupos como La Familia hacen suyos los símbolos y el discurso de la Iglesia católica con el fin de utilizarlos en forma torcida para su causa, otros grupos, sobre todo en el norte y el centro del país, han adoptado el culto a la Santa Muerte o a Jesús Malverde. Incluso esos grupos criminales necesitan en muchos casos el soporte (o la coartada, como se quiera) que da una justificación espiritual o de fe para mantenerse en esa faena.
Han existido sacerdotes y obispos que han llegado a pedir la excomunión de quienes pertenezcan a grupos del crimen organizado, o que colaboran con las autoridades, pero pareciera que a la institución le termina preocupando más el aborto que el mayor desafío que afronta la seguridad nacional del país. Y eso es lamentable.
Para colmo, aunque sea en otras latitudes, al presidente de Paraguay, el obispo con licencia Fernando Lugo, le siguen apareciendo hijos, tres confirmados y dicen que en realidad son nueve. Y sus superiores aceptan que no es novedad, que todos lo sabían. ¿Como el lugar donde supuestamente vivía El Chapo?
No ha habido ni del arzobispo ni de las instituciones ecleciásticas una sola declaración lamentando el hecho.