10 oct. 2010

Llama sacerdote intolerante a Ebrard

Llama Valdemar intolerante a Ebrard



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Hugo Valdemar rechazó que haya afirmado que Marcelo Ebrard se rija por el soborno.
Foto: Archivo
El vocero aseguró que si Marcelo Ebrard se siente dañado por la crítica, no tiene capacidad de gobernar

Luis Brito

Reforma on line (10 octubre 2010).- La demanda civil que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó por supuesto daño moral es una muestra de su intolerancia y de su fobia hacia la Iglesia católica, advirtió el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.
Agregó que si Marcelo Ebrard se siente dañado por la crítica no tendría la capacidad de gobernar y debería renunciar a un cargo que necesita capacidad de escuchar negociar y dialogar.
"Es una prueba pública de su intolerancia que no habíamos visto en esta ciudad, que se afane en llamar 'la de las libertades', a un Jefe de Gobierno utilizando ilícitamente a todo el aparato y los recursos del Estado para demandar a dos ciudadanos por hacer uso de su libertad de expresión y criticar sus excesos en el poder", aseguró.

Chávez y sus sombras

Chávez y sus sombras/Por Antonio Elorza

EL PAÍS, 09/10/10):

La muerte en 2008 de Raúl Reyes, ministro de Exteriores de las FARC, por una operación militar en territorio de Ecuador, tuvo como consecuencia la ocupación de importantes documentos. Uno de ellos era un memorándum dirigido al entonces mandamás, Tirofijo, que el hoy presidente Juan Manuel Santos reproduce en su libro Jaque al terror. Daba cuenta de dos conversaciones mantenidas en el palacio presidencial de Caracas por dos altos dirigentes de la organización terrorista colombiana con Hugo Chávez, donde este anunciaba su decisión de ayudar a las FARC, tanto desde el plano logístico como en la arena internacional. “Nos necesitamos mutuamente”, aclaró, amén de solicitar una foto al lado de Tirofijo. Su papel sería, de un lado, lograr que las FARC fueran reconocidas como “actores políticos” por más países y de otro garantizar protección a guerrilleros eventualmente liberados por canje: “darles trabajo, tierra, estudio, salud, y si se quieren volar que se vuelen”, esto es, nada se opondría a que tomasen las armas de nuevo en Colombia.
Al igual que ahora, Chávez puso el grito en el cielo contra el informe de la Interpol que validó los documentos, hablando de “circo”, de “payasada”, de “innoble” por llamarse Noble su signatario. Y protestando porque las FARC fuesen calificadas de terroristas. De hecho, aún hace pocas semanas no dudó en lamentar con sordina la muerte de su líder militar, el Mono Jojoy. Pero importa sobre todo la autoría de esa declaración de alianza, con un sello imborrable, ese “si se quieren volar que se vuelen”, simétrico del “si no pueden pagar que no paguen”, con que el mismo Chávez me explicó hace años en Madrid su política de venta de petróleo subvencionado a Cuba.
En consecuencia, la mentira forma parte inevitable del repertorio de un presidente que sitúa sus objetivos políticos de signo autoritario por encima de las consideraciones legales. Tal y como le explicara quien fuera mano derecha de Fraga en un libro que recibió y difundió entre los suyos con entusiasmo sobre “la guerra asimétrica”, el terrorismo, y a modo de ejemplo supremo el terrorismo islámico, son los únicos adversarios eficaces del imperialismo norteamericano. Es de agradecer que al verse pillado Chávez hable de los etarras como “criminales sanguinarios” -¿qué era el Mono Jojoy?- y niegue toda relación con ellos, solo que antes su embajador en Madrid sugirió que las declaraciones de los dos terroristas no habían sido obtenidas “voluntariamente”. Pero los hechos están ahí y es de nuevo significativo que el enfado de Chávez se dirija contra quienes confesaron durante el interrogatorio. Ni el adiestramiento de etarras en Venezuela, país bajo vigilancia generalizada, resulta posible sin la tolerancia de las autoridades, ni han servido de nada las actuaciones judiciales españolas para que sean atendidas sus solicitudes de extradición, o se controle a los etarras, antes de que “si se quieren volar, que se vuelen”, tal y como sucediera en el pasado. Rubalcaba puede rizar el rizo, pero todo apunta a que lo razonable es “sospechar” e “imaginar” una protección culpable de Chávez. Esperemos que tantas reverencias sirvan de algo.
Porque además otros datos indican que Chávez nos distingue con su particular atención. Por una de las sorpresas que da el viejo topo, el asesoramiento ideológico que inicialmente recibiera del peronista antisemita y antiamericano Norberto Ceresole, cedió paso al fichaje de izquierdistas españoles en busca de autor, encantado Chávez de que alguien le propusiera un “socialismo del siglo XXI” donde al anticapitalismo sumario y a la trivialización de la experiencia soviética se unieran una devaluación de la democracia al servicio del populismo, el antiamericanismo y la denuncia de esos medios de comunicación antichavistas que según esta versión no defienden la libertad, siervos de los poderes económicos. Es “la mediocracia” que nuestro hombre aspira a suprimir. A Chávez le incomoda además que la crítica de su régimen venga de una procedencia inequívocamente democrática; de ahí que su representante en Madrid llegase a promover recientemente un intento de movilización de sus huestes hispanas contra “la línea editorial” de quien encarnaba esa actitud. Las firmas serían luego entregadas en ofrenda a Chávez.
Las integran grupúsculos radicales que a la sombra del antiimperialismo chavista promueven una indianización de la izquierda para llegar a ser efectivamente revolucionaria. Denominador común: antidemócratas, visceralmente opuestos a la libertad de expresión y con una notable vocación de trepa institucional. Terrorismo: no condena. De momento, una minúscula cabeza de puente bolivariana, orientada hacia un fascismo rojo. No obstante, los sucesos violentos de Barcelona el 29-S nos recuerdan que nunca cabe menospreciar al huevo de la serpiente

Pacheco y Vargas Llosa

Pacheco y Vargas Llosa: De Garibaldi a los grandes premios/Rafael Vargas
Revista Proceso; # 1771, 10 de octubre de 2010;


Con ocasión del Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa, dado a conocer el jueves 7, se solicitó a José Emilio Pacheco una conversación sobre su larga amistad con el galardonado, que alcanza ya casi 40 años. En 1962, el escritor mexicano estaba por publicar su primer libro, Los elementos de la noche, y el peruano intentaba su novela inaugural, La morada del héroe, que salió a la luz como La ciudad y los perros, con la que obtuvo el Premio Biblioteca Breve en España. En ese país, el año pasado Pacheco ganó el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y este año el Cervantes. Hace dos semanas la UNAM, en su centenario, doctoró a ambos con el Honoris Causa.
Mario Vargas Llosa vino a México por primera vez en octubre de 1962, a unos meses de cumplir 27 años de edad, enviado por la Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF), en la que trabajaba como redactor, locutor y traductor, para cubrir la visita de Estado que Charles de Gaulle hizo a México, objeto de una gran atención por parte de los medios informativos de la época.
Para cumplir ese y otros encargos de la ORTF (entre los que se encontraba el realizar un reportaje sobre el Día de Muertos en la isla de Janitzio, en Pátzcuaro, Michoacán), Vargas Llosa permaneció en nuestro país 13 días, en cuyo transcurso trabó una perdurable amistad con Cristina y José Emilio Pacheco, entonces unos muchachos de 21 y 23 años de edad,
respectivamente.

Alías Tony Tormenta

 La caceríaRicardo Ravelo, reportero
Revista Proceso # 1771, 10 de octubre de 2010; Protegido siempre por gatilleros y policías de Tamaulipas, donde tiene su feudo, Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, es ahora uno de los capos más buscados por la agencia antidrogas de Estados Unidos, país donde lo consideran uno de los delincuentes más peligrosos, al igual que a Heriberto Lazcano y a Eduardo Costilla. En México, la PGR, el Ejército y la Marina lo siguen de cerca; incluso estuvieron a punto de capturarlo a mediados de septiembre, pero alguien le ayudó a escapar.
Es tan poderoso y sanguinario como su hermano Osiel –el antiguo líder del cártel del Golfo– y se da el lujo de protagonizar balaceras y matanzas dentro y fuera de Tamaulipas sin que ninguna autoridad lo haya podido detener. Se trata de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, a quien sus allegados llaman Tony Tormenta.
A menudo se le ve en lugares públicos en Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros y otras ciudades tamaulipecas rodeado de policías estatales y municipales, cuyos mandos se mantienen leales a su organización criminal, una de las más longevas en el país, pues se formó hace más de 50 años.
Tras la captura de Osiel, el 14 de marzo de 2003, Ezequiel se quedó a la deriva, aunque siguió operando cobijado por los uniformados y gatilleros que permanecieron en el cártel del Golfo hasta que Eduardo Costilla, El Coss, llegó a la cúspide.
Hoy, junto con El Coss –quien en sus inicios fue policía ministerial en Matamoros–, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, líder del grupo armado de Los Zetas, Ezequiel conforma la tríada de narcotraficantes que constituyen "una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, según la ficha criminal de la Drug Enforcement Administration (DEA).
De acuerdo con ese documento, Ezequiel trafica con mariguana, cocaína y drogas sintéticas y, precisamente por ser un narcotraficante "peligroso y sanguinario", en 2009 la DEA puso precio a su cabeza: ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien aporte información que permita su captura.
En México, la PGR lo incluyó en su lista de los delincuentes más buscados. La dependencia lo compara también con El Coss, El Lazca y otros capos del cártel del Golfo como Gregorio Sauceda Gamboa, Don Goyo, y ofrece una recompensa de 30 millones de pesos por cada uno.
Agentes de la DEA que le siguen los pasos desde hace una década aseguran que Ezequiel se oculta en Tamaulipas, donde lo protegen agentes policiacos, viejos aliados del cártel. Además, según la agencia antidrogas de Estados Unidos, es posible que altos funcionarios lo cuiden por encargo de su hermano Osiel, quien en 2007 fue extraditado a ese país, donde hoy purga una condena.
Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén nació el 5 de marzo de 1962 en el rancho El Mezquital, el mismo donde nació su hermano Osiel. La propiedad se localiza cerca de Matamoros, Tamaulipas. En su ficha, la DEA lo describe como una persona de seis pies de estatura (1.83 metros) y 215 libras de peso (poco más de 93 kilogramos).
En una de las pocas fotografías de Ezequiel que se conocen, aparece con un bigote ralo; nariz prominente y redonda como su cara, dura su mirada. Viste una playera con rayas horizontales y de su cuello grueso pende una cadena. Su pelo es ensortijado, tan abundante como sus arqueadas cejas.
Ezequiel es uno de cinco hijos que procreó el matrimonio Cárdenas Guillén. Los demás son Osiel, Mario y Homero Cárdenas, así como dos mujeres: Lidia y otra cuyo nombre se desconoce.
En julio de 2009, Lanny A. Brauer, procurador general asistente de Estados Unidos, informó que Ezequiel Cárdenas y capos como El Coss, El Lazca y Miguel Ángel Treviño Morales, operador de Lazcano en Nuevo León, son considerados por las autoridades de ese país como "criminales peligrosos".
Cuando su hermano Osiel dirigía el cártel del Golfo, Ezequiel ocupaba el tercer puesto en la organización. Ahora es el segundo, después de El Coss, aunque en medio de ambos hay un gatillero a quien la PGR y la DEA identifican como El Gringo; incluso lo acusan de tráfico de drogas, lavado de dinero y es sospechoso en el asesinato, a finales de junio pasado, de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas.
Expediente criminal
Luego de la caída de Osiel en 2003 y de la ruptura de Los Zetas con el cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas comenzó a tener relevancia, por lo que en Estados Unidos las autoridades lo consideran ya un delincuente peligroso.
Su nombre se menciona incluso en un voluminoso expediente –el 2009R01080/OCDETF/NYNYE-613–, radicado en la Corte Federal de Nueva York. En él se incluye un diagnóstico detallado sobre el poder de Los Zetas y sus cabezas principales: El Lazca y Treviño Morales.
La ficha relativa al grupo que en sus inicios fue el brazo armado de los hermanos Osiel y Ezequiel Cárdenas, dice: "Los Zetas son un grupo criminal desalmado que, además de traficar con drogas, se dedica al asesinato, secuestro y tortura de personas tanto en México como en Estados Unidos".
Y de Treviño Morales, antiguo socio de Ezequiel Cárdenas, el documento apunta: "… es tal vez el criminal más sanguinario de México, y por eso se abrió una causa judicial especial contra él en Nueva York. En los estados de Texas y California están en marcha otros procedimientos en su contra".
Para la DEA y la PGR, Ezequiel –quien es proclive a cambiar su nombre por el de Marcos Ledesma y le gusta que le llamen Tony Tormenta o El Licenciado– es quien facilita la planificación, supervisión y dirección del tráfico de drogas y las actividades de recolección de dinero para el cártel del Golfo en Matamoros.
En 2005, dos años después de la captura de Osiel, Ezequiel Cárdenas estaba al frente de la plaza de Matamoros, su bastión. Luego tomó camino hacia Guerrero, donde quiso tomar la plaza que estaba bajo el dominio de los hermanos Beltrán Leyva, hoy casi borrados del mapa criminal.
Tony Tormenta penetró la estructura policiaca de Acapulco con el apoyo de Los Zetas, quienes hicieron su aparición en el puerto guerrerense y dieron muerte al policía ministerial Julio Carlos López Soto el 2 de agosto de ese año. Su ejecución se debió a sus presuntos arreglos con los hermanos Beltrán Leyva, quienes en esa época eran protectores y socios de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Pedro Noel Villena Aguilar, el escolta de López Soto que fue secuestrado y torturado por los sicarios del cártel del Golfo en ese operativo y liberado poco después, declaró a la PGR que una persona que se identificó como Tony Tormenta le dijo durante el cautiverio que Los Zetas iban a cometer más asesinatos en Guerrero.
Según Villena Aguilar, quien conocía todos los movimientos del policía ejecutado, éste recibió medio millón de dólares de los Beltrán Leyva para que los dejara trabajar en Guerrero; también contó que el hermano de Osiel Cárdenas le dijo que habían llegado 120 zetas. Su misión, le comentó a Villena, era disputar la plaza, e incluso lo liberó para que difundiera en los medios de comunicación de esa entidad el siguiente mensaje:
"(Le voy) a rajar la madre a todos Los Pelones (brazo armado del cártel de Sinaloa) y a todos los que tomaron parte de la repartición del medio millón de dólares que le dieron a Julio (López Soto), el subdirector, y que reciban un saludo del señor Goyo Sauceda; que este sujeto es también conocido como El Caramuela y es jefe de la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas".
Por esas fechas, aun desde la cárcel del Altiplano, en el Estado de México, Osiel Cárdenas seguía dirigiendo el cártel del Golfo. Al capo se le relacionó incluso con el homicidio de Arturo Guzmán Loera, El Pollo, hermano de su rival, El Chapo, en diciembre de 2005 en el mismo penal mexiquense.
Osiel llevaba meses planeando una fuga, para lo cual contaba con el apoyo de su hermano Ezequiel y de Los Zetas, pero la estrategia falló, por lo que él mismo decidió acelerar su extradición a Estados Unidos, que se realizó el 19 de enero de 2007.
Cuando Osiel fue neutralizado, Ezequiel Cárdenas empezó a luchar por la jefatura del cártel del Golfo. Casi lo logra. Controlaba ya las casas de seguridad y los escondites de su hermano en Tamaulipas, entre otras Punto Roma, Bomberos, Romy, Doctor (o Punto Medicina), Punto litro 1, 2, Punto Elefante y Punto Alacrán.
Y, según datos confirmados por la PGR, en Nuevo León se veía con frecuencia a Ezequiel en otras propiedades de su hermano Osiel: Casa Country, localizada en el municipio de San Pedro Garza García y el rancho Las Amarillas, en China; también en La Trementina, en Tomatlán, Jalisco.
Los viejos amigos
En 1998, Osiel Cárdenas y Salvador Gómez Herrera, El Chava, fueron detenidos en Matamoros por un grupo de militares. Las autoridades no los consideraron peligrosos, a pesar de que en Estados Unidos había varios expedientes en su contra en los que se les acusaba de tráfico de drogas.
Fueron trasladados a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, donde debían permanecer 90 días bajo arraigo. Pero Osiel y El Chava se las ingeniaron para cooptar a sus custodios, con quienes se emborrachaban y organizaban reuniones a las que invitaban mujeres que eran introducidas por los agentes federales, quienes también les suministraban cocaína lavada para su consumo personal.
Llevaban menos de dos semanas cuando comenzaron a preparar la huida. Uno de los asistentes de Osiel, al que la PGR identifica como Rufino, relató la forma en que se fugó el capo:
"(Osiel y El Chava) contrataron varias putas, las sacaron de un burdel allá por Tlalpan, otras las fueron a buscar a una casa de citas de Santa Fe. Eran como cinco viejas, muy buenas todas, las que llevaron a la casa de arraigo para que la pasaran bien los policías. Osiel les puso un plato hasta la madre de coca y les dio un billete para sus gastos. Los custodios comenzaron su desmadre con las mujeres y se pusieron hasta la madre de droga. Cuando Osiel se fugó de la casa junto con El Chava Gómez esos pinches policías estaban perdidos de alcohol y de coca. Osiel pasó por sus narices y les valió madre, ni se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Osiel y Chava se subieron a un carro y se perdieron."
lll
El 21 de septiembre último, varios medios de comunicación informaron, con base en información proporcionada por la PGR, que Ezequiel Cárdenas Guillén presuntamente había sido detenido en Matamoros, Tamaulipas, durante un enfrentamiento entre sicarios y militares ocurrido días antes.
De acuerdo con esas versiones, la tarde del 18 de septiembre hubo una balacera que se prolongó durante cuatro horas en un inmueble de las calles Londres y Ciudad de México 31, en el fraccionamiento del Río en Matamoros, donde el capo se atrincheró. En la averiguación previa PGR/TAMS/MAT/-III/2466/2010 se narra que "extraoficialmente se tuvo conocimiento de lo siguiente: que en el interior de un inmueble dañado se encontraba uno de los líderes del cártel del Golfo, conocido como Tony Tormenta, a quien no capturaron".
Además, asienta el escrito, en medio de la balacera que se desató entre narcos y las Fuerzas Armadas, la Marina solicitó el apoyo de la PGR para dar fe del lugar de los acontecimientos ocurridos en el fraccionamiento del Río, al que arribaron agentes del Ministerio Público del fuero común y peritos estatales.
En la inspección ministerial, la PGR precisó que el inmueble, donde supuestamente estuvo Tony Tormenta, es una residencia de dos pisos pintada de verde con vistas de color beige, una reja de protección negra en la parte frontal, ventanas quebradas y orificios de arma de fuego.
Durante la inspección se hallaron varios vehículos y camionetas blindadas, todas con placas de Tamaulipas. La casa era uno de los refugios de Ezequiel Cárdenas y, según la dependencia, estuvo rodeada por marinos, soldados y policías el día de la balacera durante varias horas.
Aun así, Ezequiel Cárdenas escapó sin dejar rastro. Hasta ahora nadie conoce su paradero. Algunos testigos que pidieron el anonimato aseguran que el capo salió caminando y no fue molestado por ninguno de los uniformados. l

IFE, 20 años después

El IFE: celebración entre sospechas y desconfianzaÁlvaro Delgado, reportero.
Proceso # 1771, 10 de octubre de 2010; El Instituto Federal Electoral llega a su aniversario número 20 en medio de una atmósfera de recelo ciudadano debida sobre todo al cuestionado desempeño del organismo en los últimos años y sus recientes casos de malos manejos administrativos. En entrevista con Proceso, su titular, Leonardo Valdés, afirma que el IFE "nació para el escrutinio público", si bien en la institución siguen prevaleciendo prácticas poco transparentes. En los actos conmemorativos de la creación del instituto se tiene prevista la participación de un invitado controversial: el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
En medio de imputaciones de malos manejos administrativos, nepotismo y disminuida credibilidad ciudadana, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, proclama que este organismo "nació para el escrutinio público", pero en los hechos impone la opacidad desde lo más básico –por ejemplo, lo que el funcionario realmente cobra por el cargo– hasta las reuniones secretas con Felipe Calderón, el titular del Ejecutivo del que legalmente ya no es subordinado como cuando nació la institución.
Justo cuando el IFE cumple su vigésimo aniversario, cuyo invitado más prominente en los festejos es Carlos Salinas de Gortari –que por primera vez desde que dejó el poder, en 1994, participará en un foro público, el martes 12 en el Palacio de Minería–, Valdés accedió a entregar al reportero recibos de pago que acreditan sus percepciones –"todos los que quiera"–, y motu proprio ofreció datos de "todas" sus cuentas bancarias.
"Usted sospecha que soy corrupto", interpretó Valdés a la petición de honrar la transparencia, pero, al final, echó cerrojo a la información ofrecida, medida que también ha impuesto a las varias reuniones secretas que ha tenido con Calderón desde que, en febrero de 2008, fue electo presidente del IFE, la primera de las cuales –acepta– fue el año pasado.
–¿Por qué razón se reunió con él?
–Porque teníamos temas que abordar respecto de la seguridad del proceso electoral de 2009.
–¿Lo informó al Consejo General?
–No, porque era una reunión privada.
–¿Se ha reunido en privado más de dos veces con Calderón?
–Podría decir que sí.
El más reciente encuentro subrepticio con Calderón fue previo a la reunión que, el lunes 27 de septiembre, tuvieron todos los consejeros con él, en Los Pinos, para invitarlo a inaugurar el "Foro de la democracia Latinoamericana", la tarde de este lunes 11 en el Palacio de Minería, auspiciado también por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Valdés dice que en esa reunión planteó a Calderón repetir en 2012 la coordinación que hubo en el proceso electoral del año pasado en materia de seguridad, tal como lo dispone el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
"Debo decirle que fue sensible a este planteamiento y dijo que está en la mejor disposición de que, igual como lo hicimos en 2009, en 2012 el gobierno federal se comprometa a brindarle seguridad a los ciudadanos para participar en el evento electoral en el que van a elegir al nuevo presidente de la República."
–Pero esa es su obligación.
–Es su obligación y el artículo 2 del Cofipe dice que las autoridades federales, locales y municipales están obligadas a apoyar al IFE en el desempeño de sus actividades.
Valdés minimiza las críticas a esa reunión en Los Pinos, la primera en dos décadas que se registra entre todos los consejeros con un jefe del Ejecutivo –cuyo único antecedente es el activismo confeso de Luis Carlos Ugalde con Vicente Fox y Calderón–, y rechaza que también con sus reuniones secretas se comprometa la independencia del IFE.
"El IFE es escrupuloso en las formas y en el fondo, y ninguna decisión que el Consejo General adopta está determinada por ningún vínculo, o plática o entrevista que puedan tener los miembros del Consejo General con los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, ni con los poderes fácticos, que a veces también intentan influir sobre sus decisiones."
Pero además, aclara, el encuentro se produjo luego de que el Consejo General probó que Calderón violó la Constitución por difundir propaganda de gobierno en tiempos electorales, decisión que ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
"La reunión se da después y a pesar de las decisiones del Consejo General, lo cual muestra fehaciente y evidentemente que ni siquiera el titular del Poder Ejecutivo puede influir en las decisiones del Consejo General."
Y reta: "¡Dígame una sola votación en la que se pueda deducir que yo he sido favorable a alguna de las personas que he dicho que me he reunido con ellas! ¡Una!"
Salinas, el invitado
Leonardo Valdés desdeña, también, los señalamientos de que el IFE ha perdido credibilidad y, al hacer una autocrítica a su gestión en el marco del vigésimo aniversario de la institución, admite que no ha logrado una transformación administrativa ni acercar más la institución a la sociedad, particularmente a los jóvenes.
"Esto, desde la perspectiva autocrítica, nos pone en ruta de una agenda de lo que tenemos que hacer. Mayor penetración en el conjunto de la sociedad, pero sobre todo debemos enfocarnos a los jóvenes, porque ellos son los que están cada vez más lejos de la vida política."
–Quizá obedece a que la sociedad percibe o ve que el IFE es rehén o está integrado por cuotas de los partidos.
–Es una percepción… Lo real es que el IFE es una institución de los ciudadanos.
Justamente, dice Valdés, el primer eje de la conmemoración del 20 aniversario del IFE, que inaugura Calderón la tarde de este lunes 11 en el Palacio de Minería y cuyo anfitrión será el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, es la calidad de la democracia en México.
"Vamos a comparar el estado de nuestra democracia con el estado de la democracia en América Latina, sin temores, sin reservas, porque estamos seguros de que la democracia mexicana ha avanzado lo suficiente para ser comparable con la de los países latinoamericanos."
El segundo eje en la celebración del 20 aniversario del IFE es la "recuperación del pasado" para examinar su evolución. "No hay que olvidar que cuando nació, el secretario de Gobernación era el que presidía el Consejo General y tenía la encomienda de organizar elecciones imparciales, y en ese tránsito, en esa encomienda se fue depurando la ley hasta que en 1996 obtuvo su autonomía plena".
–¿Por eso fue invitado Salinas?
–El expresidente Carlos Salinas, invitado por la OEA y el PNUD, intervendrá en el foro de la democracia latinoamericana y hará sus planteamientos como puede hacerlos cualquier ciudadano latinoamericano de los muchos que están invitados para reflexionar acerca del estado de la democracia en México y en América Latina.
Recuerda que Salinas era titular del Ejecutivo cuando se creó el IFE, pero también fueron invitados los expresidentes Ernesto Zedilllo y Vicente Fox.
–¿Por qué no aceptaron?
–Eso habrá que preguntárselos al licenciado Fox y al doctor Zedillo.
El tercer eje, el más importante, son los ciudadanos en el futuro del IFE: "Las elecciones pueden ser legales, pero si los ciudadanos no las validan no son legítimas".
Caos administrativo
En la entrevista, la noche del martes 4, Valdés accede a responder a cuestionamientos sobre la administración del presupuesto del IFE, cuya Contraloría General, encabezada por Gregorio Guerrero Pozas, identificó numerosas irregularidades, entre ellas 54 millones de pesos en la adquisición y remodelación de dos edificios.
La primera de las dos revisiones de inversión física correspondientes al primer semestre de este año se refiere al edificio del IFE ubicado en avenida Acoxpa 436, cuya adquisición y remodelación en 300 millones de pesos registró numerosas irregularidades que suman 34.6 millones de pesos (Proceso 1754).
En la segunda revisión, en lo que toca a la adquisición del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, las irregularidades son por 19.4 millones de pesos. En este caso la adjudicación del contrato de obra al parecer no fue transparente, ya que se localizaron documentos de la empresa cuya fecha de elaboración es posterior a la licitación, y además presuntamente no entregó la información completa requerida en las bases de concurso y presentó documentos cuya información es inconsistente entre sí.
El responsable directo de esta área era Fernando Santos Madrigal, director ejecutivo de Administración, quien renunció al cargo justo cuando estaba a punto de darse a conocer el resultado de las auditorías, según Valdés porque estaba "muy estresado" por el trabajo.
Valdés se deslinda de su excolaborador y aclara: "Es un funcionario que está sujeto al régimen de responsabilidades de los servidores públicos y la Contraloría General tiene todas las facultades para hacer las investigaciones, iniciar los procedimientos, y si ese funcionario, o cualquier otro funcionario, se equivocó o, peor aún, aprovechó los recursos públicos, debe ser sancionado en los términos de la ley".
Santos Madrigal trabajó con Valdés en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) como director ejecutivo de Organización Electoral y fue coordinador general de la prueba piloto con urna electrónica, realizada en 2003, que el IFE aplicará también en 2012.
Ahora ya es funcionario del gobierno de Calderón, a instancias del diputado federal Roberto Gil Zuarth, hasta el martes 6 subsecretario de Gobernación y quien fue representante del PAN ante el IFE. Es director general de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que encabeza Felipe Borrego Estrada, de la Secretaría de Gobernación.
Otra estrecha colaboradora de Valdés puesta bajo sospecha es Marisela Montoya Jiménez, la flamante directora ejecutiva de Administración del Registro Federal de Electores (RFE), quien previamente fue coordinadora administrativa y luego coordinadora general de Logística de la presidencia del IFE.
–¿La señora Montoya Jiménez es de su absoluta confianza?
–Mmmm, ¿por qué podría no serlo? Sí lo es.
–…Porque fue sancionada cuando estuvo en el Instituto Electoral del Distrito Federal.
–Sí –acepta Valdés–, como todo administrador público estuvo sujeta al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Era la tesorera del Instituto Electoral del DF, tuvo algunas faltas administrativas, han sido evaluadas por el IEDF, recibió las sanciones correspondientes y no fue inhabilitada para ocupar ningún cargo público. Sus errores administrativos quedaron saldados.
En efecto, Montoya Jiménez fue sancionada en tres ocasiones cuando se desempeñó como tesorera del IEDF: dos amonestaciones públicas y una suspensión de 30 días por irregularidades administrativas.
La primera amonestación pública aplicada por la Contraloría Interna del IEDF se produjo en julio de 2002 debido a irregularidades en la adquisición, adjudicación del contrato, adquisición y pago a la empresa Disitem Comunicaciones, S.A. de C.V.
La segunda –una reincidencia que se calificó como grave– fue en septiembre de 2002, a raíz de que, en enero de 2000, expidió indebidamente un cheque por 44 mil 390 pesos que se amparó en una factura falsa presentada por Antonio Aguilar Aguilar, director ejecutivo de Administración y del Servicio Profesional Electoral, quien fue inhabilitado por un año.
La suspensión por 30 días fue por otorgar indebidamente un anticipo económico a la empresa Lisara, S.A. de C.V., pese a que no reunía las condiciones para el otorgamiento del servicio de arrendamiento de vehículos y por no haber gestionado la devolución de esa suma, que no fue garantizada.
A Montoya Jiménez se le atribuye la reestructuración administrativa de la presidencia del IFE, pero también de incurrir en nepotismo: Rodrigo Oswaldo Montoya Arroyo, su supuesto sobrino, es jefe de departamento en el área jurídica.
Falso nepotismo
A Valdés se le acusa, también, de incurrir en conductas de nepotismo, que él rechaza, como la que identifica a Armando Eguiarte Calderón, su exasesor y actual director de Recursos Humanos, como primo de su esposa y cuyo parentesco no existe.
"Ni consanguíneo ni político. Mi esposa se llama Beatriz Calderón. Revise usted en el directorio telefónico la cantidad de personas que llevan el apellido Calderón. El padre de mi esposa no tuvo sobrinos, motivo por el cual esa persona no es familiar de mi esposa. Y entiendo que han creado por ahí un muy bajo, vulgar y corriente chisme, porque no se puede calificar más que de eso, una relación de parentesco entre mi esposa y un funcionario público que efectivamente sirvió en la presidencia del Consejo General y hoy sirve en otra dependencia."
–¿Pero Paulina Eguiarte Salgado, quien es jefa de departamento de la Dirección de Prerrogativas, sí es hija de Armando Eguiarte?
–Entiendo que ocupó una plaza de honorarios temporal, que terminó su contrato y se separó de la institución.
–¿Se tipificó como nepotismo?
–No dependía de él. Él trabajaba en la presidencia del Consejo y esta señorita, hasta donde tengo información, trabajaba en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en una plaza temporal de honorarios, sin ninguna vinculación con la presidencia del Consejo General del IFE, otro muy bajo y sucio chisme.
En realidad, Eguiarte Salgado trabaja aún en el IFE según el directorio oficial, actualizado al 4 de febrero de este año, como subcoordinadora de Flujo de Promocionales de esa dirección ejecutiva.
Justo al día siguiente de la defensa que hizo de Montoya Jiménez en la entrevista, Valdés la designó directora ejecutiva de Administración del Registro Nacional de Electores (RNE), cuyo encargado de despecho es Eduardo Rojas Vega, exasesor del consejero Francisco Guerrero Aguirre.
Igual que Guerrero, quien fue asesor de Emilio Gamboa Patrón, presidente del Instituto de Desarrollo Político y consejero político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rojas Vega ha sido identificado como priista, y desde el 1 de octubre Valdés lo designó como encargado de despacho del RNE, tras la renuncia de Alberto Alonso y Coria, el 2 de septiembre.
–¿No es volver a poner en manos de un partido político, del PRI, el padrón electoral?
–Me parece que no –responde Valdés, a la defensiva–, y me parece muy grave que me impute lo que me está imputando.
En todo caso, aclara, no ha decidido si propondrá a Rojas Vega al Consejo General para su ratificación, como lo establece el Cofipe. "Hasta el día de hoy yo no he propuesto a nadie".
Ofuscado, Valdés advierte: "Ese es el trato que quieren, ese tendremos".
–¿Qué trato?
–Este tipo de entrevistas. l

Infierno y arte de México

Infierno y arte/Marco Appel Revista Proceso, # 1771, 10 de octubre de 2010;
Para una artista plástica mexicana radicada hace dos décadas en Europa, la sangrienta realidad que supone la violencia asociada al crimen organizado en su país entraña una emoción inefable que sólo puede expresarse con arte. Marisa Polin es su nombre, y su obra ha estremecido al público de Holanda, donde reside. En el centro cultural World Art Delft (WAD) presenta una exposición de pinturas que reflejan la violencia extrema que desató la guerra contra el narco en México. “El factor que me llevó a trabajar en este tema –confía a Proceso,  en una entrevista para  este reporte especial– no fue el crimen ni la crueldad, sino los límites de hasta dónde ha llegado esa falta de moral…”.
DELFT, HOLANDA.- Ejecutados, decapitados, torturados, secuestrados... las referencias al infierno que atizó la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico son una constante en las 47 obras de la muestra titulada (No) culpable, una de las exposiciones más provocativas que hayan tenido lugar en Holanda con la violencia mexicana como tema.
Las obras son de Marisa Polin, artista mexicana radicada en Holanda, y se presentan desde el 12 de septiembre en el centro cultural World Art Delft (WAD). La muestra concluirá el próximo domingo 17. 
Quizá la más inquietante de sus piezas es la imagen de un narcotraficante que sujeta con un brazo el águila del escudo nacional mientras amenaza a alguien con una pistola. El título: La revolución de la narco-independencia, obra en la que la autora se imagina que, de continuar la descomposición del país, de este tipo serán los retratos de nuestros futuros héroes patrios.
Polin nació en México pero desde hace 20 años vive fuera del país. Es esposa del exministro de Finanzas y Economía de Holanda,  Hans Hoogervorst. Normalmente hace retratos de la realeza europea y de políticos.
A principios de año expuso la serie Covered (cubierto) en la galería Stevens, en Maastricht, donde exhibió pinturas con el tema del anonimato. Además ha participado en exposiciones colectivas en galerías de La Haya. (No) culpable es su primera serie de creaciones sobre la violencia en México. Todas muestran escenas reales: las tomó de fotografías publicadas por diarios y revistas mexicanos.
Polin ya no pudo integrar a la exposición la pintura de Diego Fernández de Cevallos secuestrado, que tituló El Jefe y en la que el excandidato presidencial panista aparece con los ojos vendados y el torso desnudo, tal como en la fotografía que divulgaron sus captores el 26 de julio pasado. En aquella imagen Fernández de Cevallos sostiene el número 1751 de Proceso, en cuya portada se publica una fotografía de él. 
Polin dice a este semanario que planea exponer por primera vez El Jefe –y otras cinco obras de (No) culpable– en noviembre próximo, cuando participe en una exhibición colectiva en la galería Ruimtevaart en La Haya.
Explica que esa fotografía de Diego Fernández le atrajo por su doble carga simbólica: por un lado, la representación de un hombre envejecido e impotente ante su trágica situación, y por otro, la del político arrogante y enérgico que se refleja en Proceso. “Es la imagen de la humillación”, resume la pintora.
Paula Kouwenhoven, fundadora de WAD, comenta a este semanario la obra de Polin: “Me sorprendió. Es una exposición muy interesante. La gente que la visita me pregunta sobre las técnicas que utiliza, pero también acerca de las cosas que pinta. No son pinturas bonitas. Es una obra muy fuerte y por eso tenemos discusiones muy profundas con quienes la ven. Cuando nos dicen en un periódico que tal persona es delincuente, lo asumimos. Pero eso no es verdad siempre. Con la obra de Polin no podemos hablar sólo de arte”.
El sitio web oficial de la localidad de Delf dice sobre la exposición: “En su serie (No) culpable Polin se refiere a la forma en que en México el crimen es presentado en los periódicos. Hay criminales que son sentenciados antes de que sean juzgados y crímenes que son puestos en escena como si se tratara de una obra de teatro. Marisa Polin busca el corazón del crimen y cómo lo interpretan los actores, culpables o no”.
Violencia
 Proceso recorrió la exposición junto con la artista.
“El tema de partida es el hecho de que en México, como sucede en pocos países, tienes que demostrar tu inocencia y no la culpabilidad”, afirma Polin.
La primera pieza data de hace dos años. Precisamente se llama (No) culpable. Es un dibujo de dos encapuchados que llevan de los brazos a una persona de mirada triste, como resignada a su destino.
Polin pasa de un lienzo a otro. Una típica pistola de sicario con la imagen de una virgen incrustada en la cacha (Bendita); un sujeto atado de manos que parece recién arrojado de un automóvil en marcha (Yo no fui); un militar que arresta a un posible narcotraficante que intenta ocultar su identidad (Los carnales).
La pintora platica que un momento clave de su inspiración se dio el año pasado cuando estuvo en México:
“Quería hacer algo sobre el momento en que Cortés ve la Ciudad de México. Pero no pude llevarlo a cabo. Entonces tuve que aceptar que había un tema mucho más importante para mí: lo que estaba viendo en los periódicos. Es una pena, pero en Holanda fue aumentando la frecuencia de las noticias relativas a la guerra del narcotráfico en México. Cuando llegué allá vi que la gente no hablaba de eso, pero los medios sí lo estaban trabajando. Me pregunté, ¿qué está pasando? No pude dejarlo de lado”.
Polin se detiene frente al dibujo titulado Cinta canela que hizo en esa época de incertidumbre en México. Se trata de un ejecutado con los ojos vendados, tendido en el suelo. Hay sangre debajo.
Se acerca a otro lienzo: un hombre visiblemente torturado, obeso, atado de manos y en calzoncillos. Hay una letra Z marcada en el pecho con un objeto punzocortante. 
Explica: “Tiene una meta estética. Es una abstracción de lo que está pasando en México. Estoy describiendo un acto muy cruel. Por la forma, te acercas con curiosidad, es bello, económico en línea. Sólo en un segundo o tercer intento te das cuenta de lo que es: y ya no puedes negar lo que ves... Debe estar muerto”.
La pieza mejor lograda, considera la autora, es la de una cabeza que pende: Vay chato, en indudable alusión a los narcomensajes.
“Es gráfico, es fácil, es limpio, es atractivo, es casi un cartel de promoción”, comenta. “Los elementos visuales son muy compactos, tienen colores muy vivos, puros, casi felices y no sabes lo que es al primer acercamiento. Espero que la pintura te diga con un dedo: ‘Ven, ven, veme, veme, veme’”.
Abunda: “El factor que me llevó a trabajar en este tema no fue el crimen ni la crueldad, sino los límites de hasta dónde ha llegado esa falta de moral; no puedo aceptar que un compatriota mío la pueda tener”.
–Es doloroso –se le comenta mientras fija su mirada en el lienzo del decapitado.
–Sí, demasiado. No me explico cómo pueden hacer cosas así. Es muy duro cuando piensas que pudo haberlo hecho alguien que conoces; eso no lo puedo aceptar. La pregunta de fondo es, ¿quién cometió este crimen?: alguien que no tiene educación, que no tiene recursos, que no tiene futuro... Es una gran tristeza, pobre, pobres, ¿en qué mundo tienen que estar para llegar a hacer eso? Tienes que haber perdido toda humanidad. ¿Qué eres después de eso?
Apoyo oficial
Polin asegura que desde hace un año ella misma había negociado con el WAD la exhibición de sus pinturas. Afirma que la embajada de México en Holanda integró a (No) culpable en el folleto de la legación diplomática que difundió actividades culturales correspondientes a septiembre. 
En la primera página del folleto se ve el logotipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el escudo nacional y la leyenda “Embajada de México en los Países Bajos”. 
Para el folleto el consejero cultural de esa embajada, José Manuel Springer Franco, escribió la presentación de la obra. En su texto no se menciona la guerra contra el narcotráfico, en cuyas consecuencias se inspira gran parte de la colección, y reproduce la versión calderonista según la cual los periodistas, calificados de “sensacionalistas”, sobredimensionan e incitan a la violencia.
Señala el folleto: “El creciente morbo promovido por los medios de comunicación, se torna contra el espectador, que se hace incapaz de captar la dignidad humana de la víctima. En la prensa, las víctimas se convierten en un número, una estadística, un signo de la violencia. En los dibujos (de Polin), los seres humanos desconocidos se convierten en un símbolo de nuestro actual dilema: al mirar la violencia de manera indiferente, la consentimos y participamos en ella”.
El 15 de septiembre en la fiesta del Bicentenario de la Independencia –en el atrio del ayuntamiento de La Haya– cada uno de los 600 asistentes recibió uno de esos folletos; entre ellos estaban los invitados de honor a la ceremonia oficial mexicana: el alcalde de La Haya, Jozias van Aartsen, y el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ed Kronenburg.
Para conocer su opinión, Proceso habla con el embajador de México en Holanda, Jorge Lomónaco. El diplomático afirma que la embajada no le dio “ningún apoyo” a Polin, si bien después aceptó que sí se publicitó la exposición “entre la comunidad mexicana”, lo cual, aclara, se hizo a petición de la expositora y no por iniciativa oficial.
Debido a que el 8 de enero último Calderón instruyó a los embajadores a “hablar bien de México” y “difundir lo que verdaderamente pasa en materia de seguridad y derechos humanos”, se le pregunta a Lomónaco si no le preocupa que la exposición del WAD vaya contra la imagen que el gobierno mexicano busca promover. Responde que la obra de Polin sólo expone “actos de violencia en general” y no en México.
Se le comenta que este semanario visitó la exposición y se le describe la pintura titulada Zeta. Lomónaco contesta que en todo caso “ese no es el tema”, ya que, insiste, la embajada se limitó a informar del acto a la comunidad.
El embajador asegura que “no ha habido una sola nota (de la exposición)”, que según él “ha pasado desapercibida” y por lo cual “no ha tenido ningún impacto en Holanda”.
El corresponsal pregunta a Polin si conoce la instrucción presidencial de hablar bien de México en el extranjero. “Pues a mí también me gustaría hablar bien de mi país”, contesta. 

Los militares, hoy

Revista Proceso # 1771, 10 de octubre de 2010; La Secretaría de la Defensa mantiene la ofensiva... pero esta vez contra el Poder Legislativo. La institución logró congelar cinco meses la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que se halla en la Cámara de Diputados, tiempo que utilizó para plantear modificaciones o adiciones al ordenamiento legal. Lo que pretende es tan sencillo como delicado: que en el combate al crimen organizado ninguna autoridad civil esté por encima del poder castrense.
Tras cinco meses de trabajar en la minuta de la Ley de Seguridad Nacional enviada por el Senado a la Cámara de Diputados el 28 de abril de este año, y tras haberla congelado en esa instancia, las Fuerzas Armadas introdujeron modificaciones al proyecto aprobado por los senadores: la propuesta de los militares los libraría de estar supeditados al poder civil y le restaría al Legislativo facultades en la lucha contra el crimen organizado.
Los cambios propuestos por el Ejército implican redefinir conceptos como seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior, y obligan al Ejecutivo a que declare la "zona de afectación". Esto último implicaría convertirlo en único responsable de las acciones que emprendan los militares, quienes ya no estarían bajo las órdenes de ninguna agrupación policiaca ni bajo la tutela de autoridades municipales o estatales, como lo establece la minuta original.
Además el poder militar propone crear 18 "unidades especiales para combatir el crimen organizado únicamente en zonas urbanas", y establece que necesita incorporar 9 mil soldados más a sus filas. Solicita una partida adicional de 10 mil millones de pesos para crear las nuevas plazas y comprar equipo especializado, como los detectores moleculares GT 200, utilizados para localizar explosivos, armas, drogas, personas y dinero.
También apresurará la fabricación y puesta en órbita de un satélite de comunicaciones mediante el cual se busca evitar que sean interceptados los mensajes entre las fuerzas que participan en el combate al crimen organizado. Para este fin el gobierno federal pidió a la Cámara de Diputados una partida de 18 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones ya fueron autorizados.
Contra la minuta
Un documento del que Proceso tiene copia –elaborado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el priista Ardelio Vargas Fosado, y dos generales adscritos al área de Doctrina Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– da cuenta de los aspectos que los militares consideran obstáculos para enfrentar los problemas de inseguridad y justificar su presencia en las calles; aspectos que se hallan plasmados en la minuta del Senado de la República (Proceso 1748).
Otro documento al que este semanario tuvo acceso enuncia los 10 puntos básicos de la propuesta castrense para la Ley de Seguridad Nacional.
Las principales inconformidades de los militares quedan establecidas en un texto de 12 puntos, entre los que destaca el siguiente:
"Se tiene que analizar el que el Senado se atribuya la facultad de revisar la legalidad de la declaratoria, lo que invade la competencia del Poder Judicial de la Federación, órgano de control constitucional". Con ello se refieren a la facultad que se atribuyó el Senado para decidir cuál es una "zona de afectación".
Para subsanar lo anterior las Fuerzas Armadas proponen, según el documento consultado por Proceso, "eliminar la atribución adjudicada al Senado de revisar la legalidad de la declaratoria".
Legisladores y abogados de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados e integrantes de la Comisión de Defensa Nacional (quienes optaron por el anonimato) explicaron el significado de lo anterior: si se mantiene esa atribución del Senado se entraría en conflicto con el Poder Judicial y la medida podría echarse abajo fácilmente con un amparo.
Por lo anterior, esa facultad debe tenerla sólo el Ejecutivo Federal, según la Sedena; el PRI propondrá que además se requiera el aval de la Comisión de Seguridad Nacional.
"En el Ejército hay preocupación por la ley; sin embargo, han hecho expreso su respeto por el Poder Legislativo", afirma un integrante de esa Comisión. Agrega: "Ven un gran avance y tienen una visión más amplia para que se involucre al gabinete de Seguridad Nacional, retoman la obligación que tiene el presidente de la República, de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución en su párrafo VI, de preservar la seguridad nacional, la seguridad interior y la defensa exterior".
Otro punto que los militares ven como inconsistencia es que la minuta "contiene un procedimiento inoperante en virtud de que difícilmente un gobernador o presidente municipal aceptará o reconocerá su incapacidad", por las "consecuencias políticas, sociales, históricas y legales de haber sido omiso en garantizar la seguridad pública".
Además, al supeditarse "a las autoridades ya rebasadas por un problema se degrada a las instancias armadas y se pervierte su misión y (…) esto podría generar acciones de inconstitucionalidad"; incluso "la minuta de ley cancela la posibilidad de que las autoridades federales puedan presentar una solicitud de afectación a la seguridad nacional y, por lo tanto, si no lo hace una autoridad local, la población seguirá sufriendo esa afectación, impidiendo que las fuerzas armadas cumplan su misión".
Los militares proponen "modificar el señalamiento de que la Fuerza Armada permanente ‘actúe’ en auxilio de la autoridad peticionaria".
Legisladores priistas explican que esto significa que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a subordinarse a nadie, y mucho menos en los operativos, pues "muchas autoridades están metidas en el narco y sólo el presidente de la República" les puede dar órdenes.
De acuerdo con uno de los documentos de la Sedena, otro problema es que "los delitos contra la seguridad interior de la nación, como la rebelión, sedición, conspiración y motín, no podrían considerarse como afectación a la seguridad interior" y "el dictamen tampoco otorga facultades operativas y de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la ley no faculta expresamente a éstas".
El texto continúa: "La minuta de ley dice que las autoridades pueden hacer lo que expresamente se les faculta, y si el dictamen en discusión ordena que las autoridades participantes lo hagan en el marco legal de su competencia, luego entonces las Fuerzas Armadas jamás deberían combatir el crimen organizado, a grupos armados, resguardar áreas estratégicas, ya que son funciones legales de las instancias de seguridad pública".
El Ejército propone "precisar la intervención de la Fuerza Armada permanente como coordinadora responsable en el supuesto de una amenaza a la seguridad nacional y como coadyuvante ante antagonismos clasificados como ‘presión’ o ‘presión dominante’", y "señalar expresamente que las instancias de seguridad nacional, incluyendo a la Fuerza Armada permanente, están facultadas para recabar información con fines de inteligencia".
Lo anterior, afirman las fuentes consultadas, significa que "ellos son el mando", además de que estarían facultados para emprender acciones de inteligencia, lo que implicaría autorizarles intervenciones telefónicas o análisis de averiguaciones previas. Tales actividades ya no serían sólo potestad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
"Gradualidad"
En los 10 puntos de las Propuestas para incorporar a la Ley de Seguridad Nacional, de la Sedena, se establece como número uno "precisar el concepto de seguridad nacional y los objetivos nacionales que pueden ser afectados por antagonismos".
El jueves 7 el término "antagonismos" se cambió por "riesgo, desafío o amenaza", lo que obedece a la urgencia del Ejército por establecer "el principio de gradualidad" para el uso de la fuerza armada. Esto es que los problemas de seguridad nacional se clasifican ahora en cuatro rubros y cada uno determina en qué condiciones el Ejército, las Fuerzas Armadas o la Marina pueden participar, según el documento.
Los cuatro aspectos tienen que ver con la identificación del enemigo: si son gente de poder o que busca el poder, si su aparición en la vida nacional es "temporal", si el ente es de carácter económico, si se trata de una sublevación o una rebelión, y establece el grado en que el "enemigo" quiere afectar al Estado.
El documento de la Sedena que objeta la minuta del Senado establece también que "otro factor de inoperancia del dictamen lo constituye el hecho de que no procede una declaratoria cuando la solicitud tenga su origen en requerimientos o cumplimientos de mandatos de una autoridad o causas de carácter político electoral o de índole social".
El Ejército incluye en su propuesta que se prevea expresamente "la invasión o agresión externa al Estado Mexicano, como un ‘riesgo, desafío o amenaza’ a la seguridad nacional". Por ello propone un nuevo capítulo de "Defensa Exterior".
Por lo que hace a la seguridad interior quiere que se faculte a las Fuerzas Armadas para realizar actividades de "prevención" de "riesgo, desafío o amenaza".
Uno de los puntos que generó controversia en el Senado y que fue eliminado es el que atañe a los retenes. El Ejército retoma el asunto y pretende que éstos sean legales, si bien partidos como el PT y el PVEM los consideran medidas propias de "estados de excepción focalizados".
El documento de la Sedena define así el alcance de los retenes: "Adicionar la obligación de prever en los protocolos la revisión de efectos cuya circulación se encuentre prohibida o restringida en el área de aplicación de la declaratoria".
Cabildeo militar
El secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, solicitó la autorización para contratar 9 mil plazas con las que se crearían 18 unidades especializadas para combatir el crimen organizado en zonas urbanas.
Adriana Fuentes, diputada panista integrante de la Comisión de Defensa Nacional, dice a Proceso que Galván les explicó por qué se requiere de esas unidades especializadas.
Dijo que cuando los cárteles de la droga actúan en una ciudad, el Ejército –que tiene 200 mil efectivos– se ve obligado a desplazar elementos asignados a actividades de protección civil en lugares alejados, movilización que puede restar efectividad táctica.
Adriana Fuentes detalla que el Ejército pidió 10 mil millones de pesos adicionales para comprar armamento mucho más ligero que pueda ser utilizado "en operaciones en ciudades, en zonas urbanas".
"Estamos acostumbrados a que el Ejército actuaba en zonas no urbanas, en sierras, en zonas rurales; pero ahora la delincuencia se infiltró en las ciudades (…) y para enfrentarlos se requiere de una reacción rápida. Estas nuevas unidades van a estar precisamente para atender los casos de la zona urbana; son fuerzas especiales de reacción inmediata a las denuncias ciudadanas para el combate al crimen organizado", explica.
La legisladora aclara que no se trataría de un nuevo batallón, sino de un cuerpo con características propias. El secretario de la Defensa "hace la propuesta de cómo podemos venir a apoyar la carga de trabajo que ya tiene cada zona, y es a través de estas unidades, que serán sólo para el Ejército y la Fuerza Aérea, no incluyen a la Marina".
Las 18 unidades estarían formadas por 500 soldados distribuidos en retenes fijos en distintos estados donde hay fuerte presencia del crimen organizado. Integrantes de la Comisión de Defensa Nacional adelantaron que se tiene pensado que esas unidades hagan trabajo de inteligencia, de interdicción (operación directa) e intercepción.
Otro elemento que ha requerido el Ejército es la puesta en órbita de un nuevo satélite. El proyecto fue planteado por militares que en noviembre de 2009 acudieron a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y, por medio de esa instancia, obtuvieron autorización para contar con fondos por 3 mil millones de pesos para tal efecto, pero el dinero todavía no ha sido utilizado, informa el diputado del PVEM y miembro de dicha comisión, Gerardo Flores Ramírez.
El costo del satélite sería de 13 mil 470 millones de pesos; sin embargo, en el nuevo presupuesto se establece que será de 18 mil 500 millones de pesos.
Flores revela que la petición del satélite la hizo la propia Sedena "y lo presentaron como un proyecto urgente para atender cuestiones de seguridad; a la reunión de la comisión trajeron a diversos miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos un vicealmirante de la Marina". El proyecto del satélite ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, pero debido a la falta de acuerdo sobre qué empresa lo construirá no se ha podido arrancar el proyecto.
Para sensibilizar a los legisladores, a finales de agosto pasado la Sedena envió a algunos de sus integrantes a las oficinas del coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, a quien le detallaron los inconvenientes de que las Fuerzas Armadas estén bajo órdenes de civiles.
"Son unos verdaderos grillos y ha sido la mejor reunión política que he tenido en los últimos tiempos", comenta Encinas, quien asegura que la minuta del Senado sufrirá grandes modificaciones, aunque no las especifica.
Sin embargo, la principal "ofensiva" de la Sedena ha sido hacia la Comisión de Defensa Nacional, a la que convocó a una reunión el pasado 29 de septiembre en el Colegio Militar. Encabezada por Galván, el general secretario habló durante seis horas en torno al poder de las armas del crimen organizado y explicó la imposibilidad del Ejército para responder a los ataques con el mismo tipo de armamento, pues con éste, dijo, se afectaría a la población civil. l
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El presidente y sus generales
El mes pasado el sello Temas de Hoy, de editorial Planeta, puso en circulación el volumen Los generales. La militarización del país en el sexenio de Felipe Calderón, que recupera más de 30 reportajes sobre ese tema publicados por Proceso en los últimos años. A continuación se incluye una reseña del libro y la Presentación, escrita por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, quien coordinó la edición.
El eje de la política del gobierno de Felipe Calderón se apoya desde sus inicios en la militarización del país. 
En su cruzada contra el narcotráfico y la delincuencia organizada el mandatario no dudó en sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, pese a las críticas de diversos sectores, del propio Poder Legislativo y organismos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en varias ocasiones contra las tropelías de los soldados cometidas en perjuicio de la población civil, amparados en el fuero militar.
La estadística roja contabiliza ya cerca de 30 mil muertes. La estrategia gubernamental no sólo ha resultado estéril, sino que ha puesto a sus gestores contra la pared. Hoy, a más de tres años y medio de que la administración calderonista declaró su guerra contra el narco, prácticamente ninguna entidad se salva de la violencia. Lejos de la derrota, los cárteles del narcotráfico y la delincuencia organizada en general permean la política, invaden la esfera del poder y aun se apropian de él en algunas entidades. 
Semana a semana, Proceso ha documentado de manera prolija la guerra de Calderón, que por obvias razones implica la paulatina pero implacable militarización del país. Sólo quien no quiera ver deja de advertir cómo la sombra verde del Ejército avanza tanto en términos territoriales como en la toma de decisiones políticas y estratégicas. Esta realidad se ha reflejado en el semanario y también en las dos ediciones especiales que Proceso dedicó este año a La guerra del narco. 
A través de su sello Temas de Hoy, editorial Planeta ha publicado en el libro Los generales. La militarización del país en el sexenio de Felipe Calderón, que empezó a circular la semana pasada, una parte medular de los reportajes e investigaciones dedicados en la revista a la forma como el gobierno de Calderón lanzó a la calle, sin objetivos precisos y sin estrategias claras, a decenas de miles de soldados que, bajo el mando de los generales, se han visto envueltos lo mismo en operativos exitosos que en desmanes, homicidios, abusos y violaciones a los derechos humanos con la población civil como víctima. 
Agrupados en nueve capítulos –la militarización; Ejército represor; la impunidad; la corrupción; en busca de una justificación jurídica; Ejército y religión; los operativos; los acuerdos con Washington; héroes y víctimas, y los desertores–, los reportajes de Los generales –complemento ineludible del libro que lo antecedió, El México narco, igualmente publicado por Temas de Hoy– muestran con crudeza al Ejército Mexicano envuelto en una guerra sin destino ni final. 
Del volumen reproducimos aquí el texto de Presentación, escrito por Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso. 

Si bien a lo largo de 200 años de vida independiente el Ejército ha sido uno de los principales factores de poder en México, desde el inicio del periodo posrevolucionario su predominio comenzó a menguar, al igual que su participación en política, acotada por el poder civil. Esto fue así hasta finales del siglo XX. A partir de entonces, y de manera más acusada en la primera década del XXI, la milicia ha ido recuperando posiciones políticas, alentada paradójicamente por el poder sin uniforme ni insignias. 
Tanto el último presidente de la era de predominio del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Zedillo (1994-2000), como su sucesor, el panista Vicente Fox (2000-2006), recurrieron a las Fuerzas Armadas durante sus administraciones para reforzar las tareas de seguridad pública y, sobre todo, para combatir a la creciente delincuencia organizada. 
Tras la elección de 2006, y con el propósito de fortalecer su imagen a como diera lugar debido a su cuestionado triunfo, Felipe Calderón Hinojosa enarboló el combate al crimen organizado como la principal bandera de su sexenio. Desde el principio dio señales –contundentes, inequívocas– de que gobernaría apoyado en las Fuerzas Armadas, en el poder silente pero efectivo de los generales…
De ese apoyo, de sus implicaciones y consecuencias, ha dado cuenta puntual el semanario mediante crónicas y reportajes en los que, asimismo, muestra a un Ejército desesperado que echa mano de todos sus recursos contra la delincuencia organizada, pero sin reparar en los daños “colaterales” que esta guerra provoca entre la población civil. 
Amén de sus cuestionados operativos y, en suma, de sus pobres resultados en la lucha contra el narcotráfico, en la actual coyuntura la milicia mexicana ha sido objeto como nunca antes de centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
En la presente selección de textos, reporteros y colaboradores reproducen testimonios que revelan la manera en que los ciudadanos, amparados tan sólo en la labor de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para salvaguardar sus garantías individuales, se encuentran inermes ante los abusos y el fuego cruzado de narcos y militares.
Concebidas en el periodo correspondiente a la primera mitad de la administración calderonista, las investigaciones que aquí se ofrecen revelan que, así como los generales han aumentado su influencia en las decisiones del Poder Ejecutivo, y aun en las del Legislativo, están utilizando el omnímodo fuero militar como licencia para que, en nombre de la seguridad pública, sus soldados maten y torturen, violen y perpetren toda suerte de abusos contra los ciudadanos, sean delincuentes o personas de bien.
Con esta carga de impunidad a cuestas, y como signo ominoso de sus acciones, son cada vez más los elementos del Ejército Mexicano que se suman a las filas del enemigo, o bien le sirven desde el seno de la institución armada brindándole protección, armas e información sensible.
Con el estilo periodístico que ha caracterizado a Proceso desde su fundación, directo y sin concesiones, los textos que aquí compendiamos muestran, en suma, el estrepitoso fracaso de la “guerra” calderonista contra el narco, el cual se materializa en los casi 30 mil muertos acumulados en lo que va del sexenio. 
A lo largo de las páginas de este libro aparecen nombres, lugares, fechas y pormenores de los hechos que en el gobierno de Felipe Calderón han protagonizado sus principales aliados políticos: los generales. 
Exigen más autonomía y más poder... Jesusa Cervantes, reportera.

Entrevista a Sergio García Ramírez en Proceso

Hacia un Estado autoritario/Jorge Carrasco Araizaga, reportero
Revista Proceso # 1771, 10 de octubre de 2010; Para el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, las reformas a las reformas judiciales con las que se está enredando el gobierno mexicano –incluida la del mando policiaco único– de poco van a servir si no se combate la impunidad. Por eso el Congreso tiene que legislar para que el país cumpla sus compromisos internacionales en derechos humanos, y el gobierno rectificar su estrategia contra la criminalidad. Cuando un Estado empeña todos sus recursos en una “solución” de fuerza y no obtiene resultados en un tiempo razonable, dice el jurista, “debemos preocuparnos”, sobre todo si echa mano de “instrumentos autoritarios”.
El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actual investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Sergio García Ramírez, advierte que el Estado mexicano muestra cada vez más signos autoritarios, ya que el gobierno, presionado por la inseguridad, ha optado por la fuerza, la reducción de garantías y la centralización del poder policial sin intentar siquiera abatir la impunidad. 
Ante esa tendencia, señala, el Congreso no puede legislar como si el país viviera tiempos de guerra, dándole a la policía o a las Fuerzas Armadas atribuciones que no están en la Constitución; al contrario, tiene que hacer reformas para que México cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Procurador General de la República entre 1984 y 1988, durante 12 años juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales cuatro la presidió (entre enero de 2006 y diciembre de 2009), García Ramírez señala que la crisis de inseguridad no es un argumento válido para excluir de responsabilidad a ninguna autoridad en la violación de derechos humanos: “Los excesos son los excesos y se tienen que castigar, no dentro de unos años, sino de forma inmediata”.
Asegura que las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano se tienen que cumplir porque son vinculantes, y para hacerlo es necesaria una legislación para aplicar esas resoluciones.
García Ramírez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, señala que, ante la “creciente y generalizada delincuencia”, el Estado mexicano “está bajo muchísima presión, como no lo había estado en muchos años, pero en modo alguno podemos decir que está derrotado o rebasado; aunque tampoco puede cantar victoria”. 
Sobre los casi 30 mil muertos que ha dejado la violencia del narcotráfico, considera que “la situación no se puede comparar con una guerra civil, pero los saldos se asemejan en sangre derramada, números de muertos y personas heridas. Los resultados son desalentadores”.
García Ramírez evita referirse de manera directa al presidente Felipe Calderón o a sus principales colaboradores en seguridad y justicia, pero sus críticas a la estrategia contra la delincuencia son directas. 
Cuestiona que no se hiciera caso de las peticiones para rectificar la estrategia contra la criminalidad con medidas sociales y que en cambio se haya privilegiado el uso de la fuerza: “Esta parte del ejercicio del poder, que tiene que ver con los instrumentos más duros y severos de los que dispone el Estado para perseguir y sancionar a los delincuentes, tampoco ha sido la más afortunada”.
Asegura que cuando un Estado empeña todos sus recursos en una falla de este tipo y no puede salir adelante en un tiempo razonablemente largo, “debemos preocuparnos”; sobre todo, cuando utiliza instrumentos de un Estado autoritario, y “hemos dado pasos en esa dirección”.
Ubica el inicio de esa tendencia en 1996, en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
“Han pasado 15 años, un tiempo razonable para ver los efectos. Es una legislación cuya aplicación, se ofreció, sería exitosa porque con ella se frenaría el crecimiento del crimen organizado. A mí me pareció que esa ley incluía componentes sumamente equivocados, autoritarios, que no tendría un buen destino porque terminaría siendo un engendro que acabaría por contaminar el sistema.”
Señala: “La ley contra la delincuencia organizada no tuvo éxito, pero en ese momento no se tocó la Constitución. Sin embargo, bajo el actual gobierno, en 2008, hubo una reforma penal que rescató el espíritu y mucho de la letra de esa ley. Y ahora tenemos en nuestra Constitución, merced a ese rescate de elementos indeseables, un doble sistema penal”.
Por una parte, explica, tenemos un sistema penal con garantías y derechos en un orden jurídico penal de condición democrática; pero por la otra tenemos ya instalado un derecho de calidad autoritaria que ha significado una reducción de garantías y un cercenamiento de derechos que le dan al Estado discrecionalidad para operar.
“Hay una doble cara constitucional en la cual prevalece lo democrático y garantista, pero el Constituyente permanente ha introducido replanteamientos perniciosos en la Constitución, como el sistema de prisiones especiales. Además, le dio marcha atrás a la ejecución de penas en lugares cercanos a los domicilios, en los casos de delincuencia organizada y de otros internos que merezcan un tratamiento especial, sin decir en qué consiste el control especial. Ya se empezó a franquear la puerta al autoritarismo”, asegura.
La reforma penal no sólo introdujo en la Constitución el arraigo –que había sido resuelto como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, sino que facultó al Ministerio Público local para adoptar esas medidas mientras entra en vigor el sistema acusatorio. 
–El gobierno federal dice que esas medidas se han tenido que tomar porque en el pasado se dejó crecer el problema. 
–Aceptemos que los desastres del presente son el producto de los errores del pasado. Atravesemos toda la historia y desembarquemos en 2008, cuando se hizo la reforma judicial. Concedido: todo lo que no se hizo en el siglo XIX y en el XX culmina en lo que no se está haciendo en el XXI.
“Los errores de hoy se tienen que resolver hoy, y para eso se ejerce el poder, no para decir: ‘El desastre que estoy administrando es heredado’. Además, no lo es, porque lo que antes pasaba no es comparable con lo que pasa ahora, ni remotamente. Pero si esto tranquiliza algunas conciencias, empecemos por Guadalupe Victoria o Agustín de Iturbide.”
A dos años de la reforma judicial, asegura, se ha visto que los efectos no han sido buenos. “Es obvio que los resultados no han sido los apetecidos y ahora tienen que hacer ajustes en poco tiempo, como la reforma constitucional adicional en materia de mando policiaco o la ley antisecuestros. Quiere decir que tropezamos o que por lo menos fuimos poco previsores y tenemos que hacer reformas a las reformas”.
En cuanto a la reforma policial presentada el miércoles 6 por Calderón para crear un mando único policial, García Ramírez dice que con una modificación constitucional para centralizar el poder de la policía pasaría lo mismo que con la figura del arraigo. 
Es verdad, dice, que hacen falta coordinación y control policial, lo mismo que un cerebro rector en materia de policía, pero ojalá que la concentración de mando no nos lleve a un resultado igual que con la policía fragmentada, que cayó en manos incompetentes o comprometidas con la delincuencia, “de lo contrario, habríamos puesto la Iglesia en manos de Lutero”. 
Es de elemental sentido común pensar que las bandas criminales querrán tomar esas estructuras policiales para conducirlas como ya lo hacen con las actuales estructuras, sean policiales, penitenciarias o persecutorias, afirma.
García Ramírez, cuyas materias de investigación en el IIJ son la justicia penal, la reforma penal y la legislación internacional en derechos humanos, dice que las nuevas reformas impulsadas por Calderón son soluciones “fragmentarias, espasmódicas, a veces anecdóticas de los problemas que surgen en el camino”. 
Y pregunta: “¿Cuál es la política de Estado en la que se meten todos estos ajustes? Tendría que decir que esa política no la conocemos o, en el peor de los casos, no existe”. 
En su opinión, prevalecen la urgencia, la zozobra, la exasperación social que le dice al Estado: “Toma medidas enérgicas”. El deber del político sería encauzar esa exasperación de un modo racional y eficaz, pero con frecuencia se responde de manera automática: “Está bien, me pides más rigor: que suban las penas”, olvidando que el problema fundamental es la impunidad, no la levedad de las penas, que cuando son severas son cadenas perpetuas veladas. 
Si en un espacio de impunidad se modifican las penas, sólo se actúa en un pantano de ilusiones. Las cifras de impunidad que se han difundido son altísimas, entre 90 y 98 o 99%. “Cuando se tiene ese problema, todo lo demás que se haga para modificar el procedimiento, o juicios orales o sistema acusatorio, no funciona porque no se ataca el problema”.
La reforma penal de 2008 introdujo los llamados juicios orales, que a decir de García Ramírez “se han enarbolado como una bandera casi redentora”, pero en realidad sólo significan que ciertas actuaciones procesales se realizan de viva voz y no por escrito, además de la inmediación entre el juez y el inculpado, la recepción directa por parte del juez de la prueba y la publicidad. Eso ya estaba en la Constitución, pero se ha desarrollado en el artículo 20. “No lo cuestiono porque tiene grandes ventajas sobre la escritura, la ausencia del juez y el secreto”, aclara.
Además de subrayar que los propios autores de la reforma reconocieron que el término de juicios orales era mercadotécnico y atiende más a la economía procesal que a la justicia, indica que las estadísticas internacionales muestran que sólo 10% de los casos se resuelven mediante oralidad. 
“Se necesita que el sistema de composiciones entre el Ministerio Público, la víctima y el victimario funcione muy bien porque entre 80 y 90% de los casos es por la vía de los arreglos. Es una justicia negociada. Los casos de juicio completo ante un jurado son muy pocos, como los que salen en la televisión y que seguramente son los que vieron los reformadores.”
Dice que cuando se hizo la reforma penal de 2008, sus autores dijeron que los problemas fundamentales que había que corregir con una gran reforma eran la impunidad, la corrupción, la ineptitud de organismos y el envejecimiento del aparato normativo. “Lo aprobado lo único que atacó fue lo más fácil: el envejecimiento del marco normativo”. 
Para el exjuez internacional, se requiere de mucho más que una reforma constitucional para abatir la impunidad: “Se tiene que mejorar la investigación, la persecución y el juzgamiento, lo cual requiere de una profunda reforma en los órganos y en los métodos a cargo de la investigación, persecución y enjuiciamiento. Esos males están dispersos en distintas instituciones y organismos, y deben ser atendidos de manea simultánea”. 
Observa que, como resultado de esa reforma, se ha diluido la autoridad del Ministerio Público sobre la investigación y la policía: “Todos los días vemos que las investigaciones, las capturas, las recepciones de pruebas no se realizan necesariamente en el espacio del Ministerio Público, sino en otros espacios institucionales (como el Ejército, la Marina o la Policía Federal). En el mejor de los casos, el Ministerio Público recibe el resultado de esas investigaciones, pero ya no es el único órgano que controla y responde por las investigaciones”.
“Al Ejército y a la Marina se les ha convocado, y no digo que se les excluya: sería muy peligroso prescindir de ellos en este momento, pero quisiera ver a un Ministerio Público cada vez más poderoso y a una policía investigadora, judicial o ministerial, o como se le quiera llamar, cada vez más eficiente y suficiente que reasuma sus funciones de persecución y permita que las Fuerzas Armadas reasuman las funciones que son las suyas.”
Comprende que, ante una situación de tremenda crisis, el poder civil ha convocado a las Fuerzas Armadas para que lo auxilien, “pero en un régimen como el nuestro, la situación, aun siendo de emergencia, tiene que desarrollarse en el marco de la ley fundamental porque no estamos en suspensión de garantías”.
Ante la propuesta de Calderón y las Fuerzas Armadas para reformar la Ley de Seguridad Nacional y legalizar la participación de los militares en tareas de seguridad interior, el exjuzgador de la Corte Interamericana asegura que el Congreso “no puede inventar atribuciones de la autoridad que no tengan sustento en la Constitución”, y agrega que, incluso en el artículo 21 constitucional reformado, esa atribución le corresponde al Ministerio Público, ahora junto con la policía. 
“Lo que hay que ver es hasta dónde, dentro del marco constitucional, puede una autoridad militar o policial que interviene en seguridad pública, colaborar y contribuir en acciones de prevención o de persecución. Pero esto no descarta a la autoridad suprema, que es civil. 
“Me resisto a pensar que los militares vayan a actuar de propia autoridad, sin ningún control, sin ninguna responsabilidad y sin la rendición de cuentas posterior. Esto constitucionalmente no es posible”, afirma.
No es extraño que se solicite la participación de los militares, pero tiene que ser en los espacios de cada autoridad y de respeto a los derechos humanos. “Estamos en tiempos de paz y sin suspensión de garantías. No es una situación de guerra. Sería peligroso que para proteger los derechos de los ciudadanos se dejen en suspenso los derechos ciudadanos”.
Para evitar que eso ocurra y para que se reduzcan las tentaciones autoritarias con el pretexto de la criminalidad, dice que se debe modificar el artículo 29 constitucional a fin de que no se puedan suspender los derechos a la vida, la integridad personal ni las garantías judiciales bajo ninguna circunstancia.
A su juicio también deben modificarse otros preceptos constitucionales en materia de derechos humanos “para que el Estado mexicano cumpla sus compromisos internacionales”, por lo menos el Pacto Internacional de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las modificaciones, añade, deben incluir el cumplimiento de las sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos, pues éstas son vinculantes. “Nos falta legislación de implementación de las resoluciones. Es un fenómeno nuevo relativamente para nosotros, que en muchos países de América Latina se ha resuelto sin traumas”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción fue reconocida por México en 1998, ha emitido ya varios fallos contra el Estado mexicano, “y seguro va a haber más”, como ha ocurrido en otros casos. En el caso de Europa, por ejemplo, todos los países han sido llevados ante la Corte Europea de Derechos Humanos. “No hay ofensa. El Estado mexicano no tiene que ponerse la camiseta de quienes violan derechos humanos”, afirma.
Las condenas al Estado mexicano en la Corte Interamericana fueron por las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército y por la aplicación del fuero de guerra en esos casos.
La primera de esas resoluciones, por aplicar el fuero militar en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974, a manos de efectivos castrenses, “estaba cantada”, dice el jurista, porque la Corte Interamericana se había pronunciado en el mismo sentido años atrás en relación con el mismo problema en otros Estados. “Es un criterio jurisprudencial tradicional, constante y arraigado”, explica.
Si el problema radica en una ley, lo natural es modificarla para que desaparezca el problema. En este caso es el artículo 57 del Código de Justicia Militar: “Si el Estado mexicano incumple, quedamos en una situación de falta grave ante el orden jurídico internacional”. 
Aclara que no se pretende desaparecer el fuero de guerra, que es para casos de faltas o delitos contra la disciplina militar. Eso no se cuestiona.