24 ago. 2009

La gratitud

Entrenemos la Gratitud/JENNY MOIX
Publicado en El País Semanal, 23/08/2009;
Está comprobado que las personas más agradecidas son las más felices. Así que aparquemos la queja continua, propia de sociedades acomodadas, y repasemos lo bueno que tenemos alrededor.
Si nos preguntaran dónde estábamos o qué hacíamos el 11 de septiembre del 2001 cuando nos enteramos de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, la gran mayoría podríamos responder sin dificultad. Esa situación quedó grabada intensamente en nuestro cerebro por el gran impacto emocional que nos provocó. Los aviones no sólo destruyeron las torres, sino que derrumbaron la estabilidad emocional de muchísimos ciudadanos. Numerosos estudios indicaron un gran aumento de depresiones, ansiedad, insomnio y otras alteraciones.
Entre esa amalgama de emociones negativas parece que no pudiera haber espacio para las positivas; sin embargo, algunos investigadores como Christopher Peterson, de la Universidad de Michigan, y Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, se pusieron a investigar sobre el tema. Analizaron los resultados provenientes de un cuestionario al que habían respondido 4.817 personas de diferentes partes del mundo (la mayoría de EE UU). Se compararon las puntuaciones de las personas que habían respondido este test antes del 11 de septiembre con los datos de sujetos que lo habían rellenado durante los dos meses después del ataque. Los resultados indicaron que algunos sentimientos positivos o virtudes habían aumentado después del desastre, como la espiritualidad, el amor, la amabilidad, la esperanza y la gratitud.
Cuando más destellan nuestras fortalezas es en los momentos más negros. La gratitud es una de las 24 virtudes humanas detectadas por Martin Seligman, padre de la psicología positiva, un nuevo enfoque que tiene como objetivo estudiar las fortalezas humanas más que las debilidades, como se venía haciendo en psicología. La religión y la filosofía sí han atendido a lo largo de la historia las virtudes humanas. De hecho, existe una gran convergencia entre tradiciones filosóficas y religiones sobre lo que se consideran fortalezas. En estas similitudes se basó Seligman para detectar 24 de ellas. Algunas son: la curiosidad por el mundo, la valentía, el amor, la generosidad, la humildad… y la gratitud. La psicología positiva se basa en la idea, sustentada por muchos estudios, de que la práctica de nuestras fortalezas es lo que nos dirige hacia la felicidad. Y una de las fortalezas que más estrechamente se han encontrado ligadas con la felicidad es precisamente la gratitud. En general, las personas más agradecidas son las más felices.
¿Qué es la gratitud?
“Mientras el río corra, los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria del beneficio recibido del hombre agradecido” (Virgilio)
Si nos detenemos a pensar qué es la gratitud, podemos ver cómo tiene dos aspectos diferenciados. Por un lado, es una actitud de reconocimiento de las cosas buenas que nos suceden. Y por otro, la expresión de esta gratitud.
Analizando en más profundidad esta definición vemos que agradecer es reconocer: si no apreciamos lo bueno que nos pasa, no podemos estar agradecidos. Y el problema es que muchas veces no sabemos apreciarlo. En algunas ocasiones no somos conscientes de ver lo bueno, sencillamente porque lo damos por supuesto. Nos levantamos por la mañana, nos metemos en la ducha, abrimos el grifo del agua caliente y nos duchamos. Si un día al abrir el grifo, el chorro de agua que cae sobre nosotros es frío, entonces se nos viene el mundo abajo. ¿Cómo vamos a poder sobrevivir sin agua caliente? Así ya tendremos el mal humor prácticamente asegurado. Cuando las cosas no funcionan como deberían, nos enfadamos, pero cuando sí lo hacen nos quedamos igual. No apreciamos que tenemos agua caliente, que vivimos en un país sin guerras, el café que nos tomamos o el sol que sale a diario. Cosas grandes y pequeñas. Las personas agradecidas son obviamente quienes no las dan por supuesto y las aprecian.
Ego grande, gratitud pequeña
“Un hombre orgulloso rara vez es agradecido, porque piensa que todo se lo merece”(Henry Ward Beecher)
En el caso de las personas egocéntricas o soberbias, su espacio mental está permanente ocupado por ellas mismas, así que resulta muy difícil que puedan apreciar lo que los demás hacen por ellos; incluso si llegan a detectarlo, no lo valoran, puesto que los favores de los demás los pueden ver casi como obligaciones. El sentimiento de superioridad les puede hacer creer que todo lo bueno que tienen lo han conseguido solos.
No experimentar gratitud puede llevar a este tipo de personas a sentirse muy solas. Los egos grandes suelen estar solos. Si no somos capaces de sentir agradecimiento, no seremos capaces de ver cómo nos aprecian los demás.
cuanta más ambición, peor
“Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos” (Daniel Defoe)
Otra gran enemiga de la gratitud es la ambición desmesurada. Quienes quieren cada vez más, no aprecian lo que ya tienen y, por tanto, no lo agradecen. La ambición que en nuestra sociedad se suele traducir en consumismo siempre nos empuja a buscar la felicidad comprando más, lo cual impide apreciar y valorar lo que ya tenemos. El materialismo puede llevar a sentimientos retorcidos, podemos llegar a desear que se nos estropee el televisor para tener la excusa de comprar otro nuevo.
ejercicios para casa
“Sólo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud” (Jean de la Bruyère)
Si la gratitud fomenta la felicidad, hemos de procurar entrenarla. Seligman nos propone un ejercicio del que ha comprobado sus efectos positivos en muchísimas personas. Sugiere que escojamos a una persona importante de nuestro pasado y a la que nunca hemos expresado nuestro agradecimiento por completo. Debemos escribir un testimonio lo suficientemente largo para llenar una página. Se trata de pensar en profundidad todo por lo que le estamos agradecidos y expresarlo con claridad. Debemos dar el testimonio en directo. La lectura ha de ser expresiva. Y al finalizar debemos tener tiempo para compartir los sentimientos que surjan.
Lo esencial es captar el mensaje principal del ejercicio. El año pasado me invitaron a dar una conferencia a personas mayores de mi ciudad. Lo que más ilusión me hacía de la invitación es que entre el público se encontraría mi madre. Cuando preparaba la charla, pensé en aprovechar la ocasión para agradecerle públicamente todo lo que ha hecho por mí, pero dudaba si hacerlo porque tenía miedo de que estuviera fuera de lugar. Afortunadamente, cuando llegó el día me atreví. Ella se abochornó, aunque le encantó. La pregunta es: ¿quién disfrutó más: ella o yo? Sin duda alguna, yo.
Otro ejercicio hermoso que podemos llevar a cabo se trata de, por la noche, antes de acostarnos, repasar el día y pensar qué nos ha regalado. Debemos identificar los regalos que nos ha deparado la jornada. Los regalos pueden ser: un elogio que hemos recibido, la llamada inesperada de un amigo, haber aprendido algo interesante… Si nos acostumbramos a hacer este ejercicio, notaremos que estamos más pendientes de lo que sucede positivo a nuestro alrededor.
Aprovecho la ocasión para agradecerles sinceramente haber dedicado un rato de su tiempo a leer mi artículo. Si no me prestaran su tiempo, no podría disfrutar escribiendo.
El ‘test’ de los agradecidos
Para saber cuál es su nivel de gratitud, en comparación con los demás, indique su grado de acuerdo con las 6 afirmaciones, teniendo en cuenta la siguiente escala:
1. Estoy muy en desacuerdo.
2. Estoy en desacuerdo.
3. Estoy ligeramente en desacuerdo.
4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
5. Estoy ligeramente de acuerdo.
6. Estoy de acuerdo.
7. Estoy muy de acuerdo.
1. Tengo mucho en la vida por lo que estar agradecido.
2. Si tuviera que hacer una lista con todo lo que agradezco, la lista sería muy larga.
3. Cuando observo cómo está el mundo, no veo mucho que agradecer.
4. Le estoy agradecido a una gran cantidad de personas.
5. A medida que me hago mayor, me veo más capaz de apreciar a las personas, los acontecimientos y las situaciones que han formado parte de mi historia.
6. Puede pasar mucho tiempo hasta que siento agradecimiento por alguien o algo. (Cuestionario diseñado por Michael McCullough y Robert Emmons).
Cómo puntuar:
Sume lo obtenido en los puntos 1, 2, 4 y 5 . Invierta la puntuación de los puntos 3 y 6. Es decir, si marcó un 7, ponga un 1; si marcó un 6, ponga un 2… Y añada las puntuaciones invertidas del 3 y del 6. Su nivel de gratitud. Si obtuvo una puntuación de 35 o menos, se encuentra entre el 25% de personas menos agradecidas. Si está entre 36 y 38, está entre el 50% de personas menos agradecidas. Si ha obtenido 39 o más, se sitúa entre el 50% de sujetos más agradecidos. Si ha sacado el máximo, 42 puntos, pertenece al 12,5% de personas más agradecidas.

TEPJF: el lodo va de regreso

TEPJF: el lodo va de regreso
Jorge Carrasco Araizaga, reportero.
Publicado en Proceso, No 1610, 9/09/2007;
El escándalo de corrupción detonado en el TEPJF se complica... De acuerdo con documentos cuya copia tiene Proceso, el denunciante de los presuntos actos ilícitos detectados en el seno del Tribunal Electoral, magistrado Salvador Olimpo Nava, y la actual presidenta de ese órgano, María del Carmen Alanís, incurrieron en conductas irregulares. El caso puede tener repercusiones en el marco de la reforma electoral que se discute en el Congreso…
Al grupo que se quedó con el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), empezando por el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, se le ha complicado la acusación que éste lanzó contra la anterior presidencia de la Sala Superior y que sumió en una crisis al máximo tribunal encargado de dirimir las controversias electorales del país. La principal beneficiaria de la denuncia, María del Carmen Alanís Figueroa, enfrenta el problema de aclarar la imputación que la acaba de encumbrar en la Presidencia del TEPJF, por lo que la Comisión de Administración del Tribunal –que ella preside– le dio 11 meses más de licencia a Norma Inés Aguilar León, la coordinadora de asesores de la anterior presidencia que fue acusada por Nava Gomar de un presunto intento de corrupción.
Orillada por María del Carmen Alanís, el 14 de agosto Norma Inés Aguilar solicitó a la nueva presidenta una licencia de un mes a su cargo de asesora del magistrado Flavio Galván Rivera, luego de que el día 7 había dejado de ser la coordinadora de Asesores de la Presidencia del TEPJF. Una semana después de la solicitud, la Comisión de Administración acordó “concederle” la ampliación de su licencia sin goce de sueldo al mes de agosto de 2008. A pesar de las declaraciones públicas de Alanís de que “pronto” daría a conocer si existió el intento de aprovechamiento por parte de Aguilar como responsable de buscar la adquisición de un edificio para el tribunal, la comisión extendió la licencia para poder concluir “el proceso de investigación” abierto por la acusación de Nava Gomar.
La investigación, que aún no tiene el carácter de proceso administrativo de responsabilidad, debe corroborar o negar que Aguilar, quien fue la principal asesora del anterior presidente del TEPJF, Flavio Galván Rivera, pretendió cobrar una comisión a cambio del contrato de compraventa de un inmueble. En la denuncia por escrito de Nava que forma parte de la investigación, a la que este semanario tuvo acceso, no se menciona una cantidad específica del alegado beneficio que recibiría la asesora de Galván, como se filtró a la prensa cuando se dijo que se trataba de 5 millones de pesos.
Los documentos demuestran que el denunciante siempre supo que uno de los familiares de él mismo –tía materna– hizo gestiones para la compra del inmueble con el propósito de obtener un beneficio económico, aunque el Código Penal Federal prohíbe procurar ese tipo de ganancias para parientes de funcionarios públicos. No sólo eso, sino que permitió la continuación de la alegada operación ilegal.
Diego Gutiérrez Morales, el secretario administrativo del tribunal y yerno del ministro de la Suprema Corte Juan Silva Meza, le informó a Aguilar mediante un oficio firmado el pasado 3 de septiembre que, por el acuerdo 250/S9 del 22 de agosto, la Comisión de Administración “le concedió licencia sin goce de sueldo para separarse del cargo” de asesora de Galván “hasta por 11 meses”, contados a partir del vencimiento de la licencia de 30 días que se le dio por la apertura de la investigación.
Además de Alanís, la Comisión de Administración está integrada por el magistrado del TEPJF Constancio Carrasco Daza y tres representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): los magistrados María Teresa Herrera Tello, Elvia Díaz de León D’Hers y Miguel Ángel Quirós. De acuerdo con involucrados en la investigación, los representantes del CJF apoyaron la ampliación de la licencia, pero no definieron el plazo. Aseguran que Alanís y Carrasco fueron quienes fijaron los 11 meses y que incluso éste propuso que la indagatoria se pospusiera hasta después de la reforma electoral que se discute en el Congreso y que incluye el futuro del TEPJF.
Aunque el escándalo permitió el arribo de Alanís a la presidencia del TEPJF, facilitado por los problemas de salud de Galván, quien sigue como magistrado, los conflictos aún no terminan pese a los nombramientos hechos bajo la nueva presidencia. Algunos de esos cambios, como el del coordinador de Comunicación Social, fueron inclusive promovidos por Alanís y Nava antes de que estallara el escándalo.
El 2 de mayo, ambos firmaron una comunicación dirigida a los otros cinco magistrados de la Sala Superior en la que propusieron “el procedimiento de selección” de los candidatos a titulares de Informática y de la Coordinación de Comunicación Social .En su propuesta, Alanís y Nava quedaron como los encargados de valorar los currículos, la integración de los expedientes, la concentración de las calificaciones y la notificación del ganador a los magistrados, quienes finalmente autorizaron y expidieron los nombramientos.
Muestra de que los intereses siguen confrontados en el tribunal –de los que no son ajenos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el CJF (Proceso 1607)– es la revisión que se está haciendo de la actuación de Alanís desde que asumió el cargo de magistrada electoral, en noviembre de 2006. En ese análisis, ha quedado de manifiesto su interés por la designación de nuevos funcionarios, la adquisición de vehículos, la contratación de empresas de publicidad y propaganda y el establecimiento de un estudio fotográfico profesional en el TEPJF.
Destaca también un viaje de vacaciones por Europa, incluido un crucero por el mar Báltico, a escasos siete meses de haber sido designada magistrada por el Senado. El viaje comenzó en Londres, y de allí se trasladó, entre el 25 y 29 de junio, a una comisión a Viena, Austria, acompañada por su ahora coordinador general de asesores, Patricio Ballados Villagómez, quien a la sazón coordinaba las relaciones internacionales del TEPJF. Luego de ese servicio, Alanís inició sus vacaciones en Londres, de donde es posgraduada, y a partir del 30 de junio hizo un crucero por el mar Báltico, que se prolongó hasta el 12 de julio.
Alanís compartió espacios y labores con Patrico Ballados en el Instituto Federal Electoral (IFE), donde ella fue secretaria ejecutiva y él su coordinador de asesores, antes de fungir como coordinador de la Unidad Técnica del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en la elección de 2006. Al igual que Alanís, Ballados tiene un posgrado londinense, y en 2004 fue uno de los fundadores de la Agrupación Política Nacional Iniciativa XXI, que luego conformó el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Conocida su relación personal desde la infancia con Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón, María del Carmen Alanís Figueroa llegó al TEPJF con el amplio respaldo del PAN en el Senado y con el aval del entonces coordinador de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones, a pesar de los cuestionamientos públicos que le hizo el senador priista Joaquín Hendricks por su cercanía con Los Pinos. En la conformación de su equipo de colaboradores, Alanís Figueroa se ha rodeado de panistas y priistas, aunque los cargos más importantes se los ha dado a quienes han sido parte del PRI. Como secretario particular designó a Enrique Ochoa Reza, quien fue candidato a diputado federal suplente del PRI en 2003 por el principio de representación proporcional. A finales de 2006, como militante priista, promovió ante el TEPJF un juicio en contra de la decisión del Consejo Político Nacional del PRI de ampliar la permanencia de Mariano Palacios Alcocer y Rosario Green –ahora senadora– como presidente y secretaria general del partido, cargos en los que respectivamente habían sido designados como interinos. La impugnación terminó de sustanciarse en febrero de este año con un juicio a cargo del magistrado Carrasco Daza, quien desechó la queja.
Otro priista que Alanís llevó al tribunal es Octavio Mayén Mena, nuevo coordinador de Comunicación Social que en los registros del IFE aparece como contribuyente a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, en el año 2000, y que durante décadas trabajó para gobiernos priistas, incluido el del cuestionado Arturo Montiel en el Estado de México. Antes de llegar al TEPJF, Mayén fue director de Comunicación y Relaciones Públicas de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, promotora de la llamada Ley Televisa y ahora defensora del IFE. También fungió como director de Comunicación del Registro Federal de Electores en 1991, cuando éste aún era parte de la Secretaría de Gobernación.
Con el argumento de que el anterior responsable de Comunicación no pudo controlar la información negativa en contra del TEPJF –que fue producto de filtraciones a la prensa como parte de la disputa interna–, la nueva presidenta del TEPJF le dio a Mayén la tarea de mejorar la imagen del órgano. Pero el nuevo funcionario poco podrá hacer ante la crisis de credibilidad del tribunal por las acusaciones de Nava Gomar, que han dado lugar en el Congreso al propósito de remover a algunos de los magistrados electorales y hacer nombramientos escalonados en la Sala Superior del TEPJF.
Los movimientos
Nava Gomar desató el escándalo en la víspera de que Flavio Galván Rivera se ausentara dos semanas del Tribunal por vacaciones (del 7 al 23 de junio) y luego otros 15 días por problemas de salud. El tema, sin embargo, ya lo había tratado Nava con todos los integrantes de la Sala Superior desde el 30 de abril. La noche del 6 de julio Nava presentó al entonces presidente del TEPJF, Galván Rivera, la denuncia de un intento de corrupción por parte de Aguilar, quien estaba a cargo de la adquisición de un edificio para la Sala Regional del Distirto Federal, oficinas administrativas y eventual sede alterna de la Sala Superior.
En su escrito, Nava aseguró que, después del 30 de abril, los magistrados volvieron a discutir la acusación el 4 y el 10 de mayo, así como el 20 de junio, aunque por esas mismas fechas el denunciante estaba tratando con el entonces secretario de Administración, Daniel Tapia Izquierdo –quien ya salió del tribunal–, el uso que tendría el edificio por adquirirse, según consta en un oficio de Nava firmado el 21 de mayo de 2007. Explicó que, en virtud de que no se tomaron medidas “definitivas” ni se inició una investigación, decidió hacer la denuncia por escrito y entregársela a Galván. Al respecto, éste ha manifestado públicamente que la misma noche en que recibió la denuncia la turnó al contralor interno, Mario Rodríguez Santos, con lo que se inició el “procedimiento de investigación” bajo el expediente TEPJF/CI/DE/003/2207.
Galván había comisionado a Norma Inés Aguilar para la búsqueda del inmueble de referencia, pero en esta tarea se involucraron el esposo de su asesora, Octavio López Guzmán, y la tía de Nava Gomar, Olga Gomar de Zubiaur. La relación entre la tía del magistrado y el matrimonio López Aguilar comenzó el 29 de marzo, cuando éste entró en contacto con la Inmobiliaria Rayo en la búsqueda de una casa, para la que había fijado un rango de 4 a 6 millones de pesos.
Según la denuncia de Nava, el 3 de abril de 2007 Norma Inés Aguilar llamó a Olga Gomar de Zubiaur para pedirle, además de la búsqueda de la casa, un edificio de 7 mil metros cuadrados; “que el precio era lo de menos, que era para el gobierno y que ella manejaba las finanzas y ‘era quien decidía todo aquí’”.Luego, el 9 de abril, de acuerdo con la acusación, Aguilar pidió a Olga Gomar que la compra del inmueble la tratara con Octavio López, quien una semana después, el día 17, le dijo: “se entiende que en esto vamos todos a mitades, ¿verdad, Olga?”.
Dice Nava: “La señora Gomar llamó a mi madre, quien a su vez llamó al suscrito para denunciar que en el tribunal le estaban pidiendo dinero a mi tía por la operación de compraventa descrita. Pedí que me diera más datos para hacerlo del conocimiento de los integrantes de la Sala Superior”.
Los contactos siguieron y la corredora de bienes raíces les ofreció el edificio del Grupo Monitor ubicado en San Jerónimo, pero, según Nava, Octavio López contactó en forma directa a la firma Richard Ellis, encargada de la venta de ese inmueble, y le insistió a la tía del magistrado que mantuviera la discreción. Algunos magistrados, incluida Alanís, fueron a ver esas instalaciones.
Nava no precisó la cantidad presuntamente requerida por el esposo de la asesora de Galván. Sin embargo, en su último punto de la denuncia asegura: “Nos enteramos después que el C. Octavio López Guzmán, de forma gratuita y por relaciones de amistad, ha participado en la contestación de demandas de conflictos jurisdiccionales de los que el TEPJF es parte… También nos enteramos de la estrecha relación de amistad entre Norma Inés Aguilar, su esposo y el secretario administrativo de este órgano”, Tapia Izquierdo, quien ya fuera del tribunal ha tenido que declarar ante la Contraloría Interna.
El magistrado no sólo entregó copia de su denuncia al resto de sus colegas. También se las entregó a los consejeros del CJF que son parte de la Comisión de Administración.
Casi un mes después de la denuncia, el 2 de agosto y seis días después de haber estallado el escándalo mediante una filtración en el periódico Reforma, Aguilar León recibió una copia del escrito de Nava y fue requerida por el contralor para que diera un “informe pormenorizado” sobre la acusación. Sin embargo, le fue negado el expediente porque se trata de “actuaciones reservadas de un procedimiento administrativo de investigación”, pero también porque “ni siquiera tiene el carácter de presunta responsable” y su comparecencia fue “sólo con el propósito de recabar elementos que permitan determinar finalmente si existe o no responsabilidad administrativa de algún servidor público”. El otro señalado, Octavio López, fue citado a comparecer para el 20 de agosto, pero sólo se le preguntó sobre su relación con Galván y si intervino en las gestiones para la compra del inmueble. Confirmó incluso que acudió con la tía de Nava a ver un edificio en avenida Revolución. Según la documentación con la que cuenta Proceso, López respondió que la tía de Nava Gomar siempre se presentó sólo como Olga Zubiaur, que es su apellido de casada, a quien contactó primero para la adquisición de una casa y luego para el edificio del tribunal.De acuerdo con la investigación, por lo menos desde el 30 de abril Nava sabía que su tía gestionaba la venta de un inmueble para el TEPJF, lo que está penado en el artículo 220, fracción I, del Código Penal Federal, según el cual un servidor público comete una conducta ilícita cuando por sí y por alguien más realice cualquier acto que produzca beneficios económicos al propio servidor público o a su familia hasta el cuarto grado consanguíneo. --

Escándalos en el TEPJF

Retrospectiva
Tomado de la revista Proceso, No. 1607, 19/08/2007;
Los recientes escándalos protagonizados por integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo anulan la confianza que requiere la máxima instancia jurisdiccional del país en esa materia, sino que evidencian cómo, con su insana trama de vínculos familiares y partidistas, el Poder Judicial se volvió un coto político en disputa, como cualquier otro.
Una vasta red que involucra a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Presidencia de la República, que alcanza a un magistrado del Consejo de la Judicatura Federal, y la disputa por el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llevó a María del Carmen Alanís Figueroa a la presidencia del máximo organismo jurisdiccional en la materia.
Arropada desde Los Pinos por Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón, Alanís se quedó con el máximo cargo del TEPJF en una disputa interna que, por el momento, no sólo relegó y desacreditó al magistrado Flavio Galván Rivera, sino que puso en evidencia que cargos clave del Poder Judicial de México se concentran en unas cuantas manos.
Por lo menos cuatro ministros de la SCJN (Fernando Franco González Salas, Sergio Valls Hernández, Juan Silva Meza y Margarita Luna Ramos) tienen presencia directa o indirecta en la estructura administrativa o jurisdiccional del TEPJF. Es el mismo caso del magistrado Luis María Aguilar Morales, miembro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el organismo que se encarga de vigilar la actuación de los jueces federales y magistrados del país.
Fragmentado por los enfrentamientos entre sus magistrados y los diferentes intereses políticos de su entorno en el que predomina el PAN, el TEPJF enfrenta la peor crisis desde su creación en 1996, cuando sustituyó al Tribunal Federal Electoral (Trife). Entre octubre de 1990 y octubre de 1996, el presidente del Trife fue el ahora ministro Franco, quien desde entonces apoyó la carrera de María del Carmen Alanís, hija de Agustín Alanís Fuentes, procurador de justicia del Distrito Federal en el gobierno de José López Portillo.
Con el gobierno federal aún en manos del PRI, Franco y Alanís iniciaron su carrera judicial y administrativa en el viejo régimen, pero ambos se adaptaron a los nuevos tiempos políticos. Franco llegó a la SCJN de la mano del expresidente Vicente Fox después de haber sido su subsecretario del Trabajo, y Alanís representa la presencia de Calderón y el PAN en el TEPJF; desde que se convirtió en magistrada es una asidua visitante de Los Pinos.
Por el control del tribunal se desató un duro enfrentamiento entre los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF, seis de los cuales asumieron su cargo apenas en noviembre pasado. Propuestos por la Suprema Corte y negociados sus nombramientos en el Senado para ocupar esos cargos durante 10 años, Flavio Galván, Alanís, Salvador Olimpo Nava Gomar, Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos, a partir de noviembre del año pasado sustituyeron por mandato constitucional a los magistrados que casi tres meses antes emitieron el polémico dictamen para validar la elección de Felipe Calderón.
Por acuerdo mayoritario de los nuevos magistrados, Galván Rivera fue designado presidente del TEPJF en consideración a sus casi dos décadas de trabajo en los órganos jurisdiccionales electorales, y tomando en cuenta que en la anterior integración de la Sala Superior ocupó la Secretaría General de Acuerdos, instancia de la presidencia del tribunal que se encarga del funcionamiento de la propia sala.
Pero esa designación dejó inconformes a algunos. Uno de ellos fue Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra de la corte. Él también dio su aval al triunfo de Calderón y apenas por un voto en el Senado se salvó de ser relevado en el tribunal durante la designación de los nuevos magistrados. Quería ser presidente del TEPJF con el argumento de que era el magistrado con más antigüedad. Con la salida de los magistrados anteriores, se había convertido en el decano, pues en abril de 2005, con el apoyo de su hermana desde la corte, llegó al TEPJF para reemplazar al fallecido magistrado José Luis de la Peza. Lo que sí logró, pese a la oposición de los nuevos integrantes del tribunal, fue quedarse con las mejores oficinas, que incluyen una sala de descanso. Esas instalaciones se las dejó el magistrado Eloy Fuentes, quien fue presidente del TEPJF entre 2004 y septiembre de 2005, cuando dejó el cargo en condiciones nunca aclaradas.
Luna Ramos tiene otra herencia de Fuentes. Uno de sus secretarios de estudio y cuenta –quienes se encargan de elaborar los proyectos de resolución- de los juicios– es Iván Ernesto Fuentes Garrido, hijo del exmagistrado.
Trabazón familiar y política
El hermano de Margarita Luna no es el único con privilegios. En sus escasos nueves meses como presidente del TEPJF, Flavio Galván apoyó las exigencias de sus colegas para que les cambiaran mobiliario o les dieran teléfonos celular y siete camionetas Suburban para reemplazar a las Windstar que tenían. Esa renovación no incluyó los vehículos blindados que pretendía Alanís, ahora presidenta del tribunal. El propio Galván ordenó cambiar los muebles y accesorios de los baños de mármol pulido de la presidencia del TEPJF. También mantuvo los privilegios del quinto piso del edificio principal del tribunal, donde está el comedor para los ministros y sus invitados, un salón para juegos de mesa, una sala de juntas para la Comisión de Administración –en la que participan tres consejeros del CJF– y dos salas más para juntas de los ministros. Para su servicio de comedor, los magistrados cuentan con dos chefs y se les provee de vinos importados.
El ejecutor de esos y otros gastos como responsable de los recursos fue Daniel Tapia Izquierdo, secretario administrativo del tribunal hasta el pasado 29 de junio, fecha en que salió de la institución en medio de las disputas de los magistrados. Cuatro días antes de la renuncia de Galván, Tapia tuvo que comparecer ante la contraloría interna para explicar las erogaciones y la adquisición de un inmueble para la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción, que desató el escándalo.
El secretario administrativo del tribunal es el cargo de más importancia después de los magistrados de la Sala Superior y de las cinco salas regionales. Ahora el cargo es ocupado por Diego Gutiérrez Morales, yerno del ministro de la corte Juan Silva Meza. El ministro asegura que su familiar tiene una larga carrera en el Poder Judicial y que él no ha tenido que ver en los cargos que ha ocupado, incluido su reciente nombramiento.Gutiérrez Morales no es el único funcionario con fuertes lazos en la corte. También es el caso de Mario Rodríguez Santos, el contralor interno del tribunal, cargo al que llegó de la mano de Sergio Valls Hernández. Este ministro lo promovió desde el Consejo de la Judicatura Federal, del que formó parte antes de llegar a la SCJN. Valls niega que él haya influido y aduce que sólo formó parte del consejo que lo designó contralor.
Rodríguez Santos, quien en los últimos años se ha encargado de vigilar el gasto del tribunal, es ahora personaje clave en las investigaciones sobre la gestión de Galván. De sus indagatorias depende que el caso pase a la Comisión de Administración del TEPJF, instancia encargada del ejercicio del presupuesto del tribunal –que para este año es de casi mil 129 millones de pesos– y de imponer las sanciones a los funcionarios por irregularidades o faltas.
El CJF tiene injerencia directa en la Comisión de Administración, que es presidida por Alanís en su calidad de presidenta del tribunal. También participa en ella el magistrado Constancio Carrasco Daza, primo de Diódoro Carrasco Altamirano, actual diputado del PAN, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Oaxaca, donde Carrasco Daza fue procurador. El secretario técnico de la comisión es Diego Gutiérrez Morales.
En la Comisión de Administración también participan tres magistrados consejeros del CJF, María Teresa Herrera Tello, designada en el órgano de vigilancia de los jueces federales y magistrados por Vicente Fox; Elvia Díaz de León, nombrada por el Poder Judicial, y Miguel Ángel Quirós, quien fue propuesto por el Senado.
La presencia del CJF en el tribunal va más allá de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Luis María Aguilar, presidente de las comisiones de Administración y de Disciplina del CJF, tiene un hermano en el tribunal: José Alfredo Aguilar Morales, jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación, que depende de Gutiérrez Morales.
Dentro del TEPJF hay otro funcionario importante para el futuro de Galván y sus colaboradores: Rodolfo Terrazas Salgado, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral y representante de la Sala Superior en la Comisión Sustanciadora del propio tribunal, encargada de conducir los casos relativos a la imposición de sanciones de los servidores del tribunal por irregularidades o faltas administrativas.
Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) entre 1999 y 2006, Terrazas fue designado en esos cargos en una sesión privada de la Sala Superior que se llevó a cabo el 14 de mayo de 2007. Al igual que Alanís, Terrazas trabajó en el Trife con el ministro Franco, pero éste dice que el trato de mucho tiempo que tiene con ambos no significa que haya sido su impulsor. Asegura que nunca he hablado con ningún magistrado para recomendar a nadie. Propuesto por Vicente Fox para llegar a la corte, Franco fue subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social entre diciembre de 2000 y enero de 2006, cuando el secretario del Trabajo era Carlos Abascal Carranza. Ya en su cargo actual de secretario general adjunto del PAN, Abascal estuvo presente en la sesión solemne del 14 de diciembre pasado, cuando Franco asumió como ministro de la SCJN.
Terrazas Salgado está identificado con los intereses del PAN. Incluso, como magistrado electoral de la capital del país fue acusado formalmente por el entonces representante de Convergencia por la Democracia, el actual diputado federal Elías Cárdenas Márquez, de haber asesorado a Acción Nacional antes de que los asuntos se trataran en el pleno del tribunal local. Más aún, el nombre de Terrazas ha sido señalado en una auditoría realizada por la adquisición, en 2005, del actual edificio que ocupa el TEDF en Río Magdalena 21, colonia Del Valle.
Además de la disputa por el control del máximo órgano electoral, la salida de Galván de la presidencia del TEPJF el pasado 6 de agosto fue determinada por sus decisiones en torno a la administración de los recursos del tribunal. La adquisición de un edificio para la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del TEPJF, con cabecera en el Distrito Federal, detonó su salida.
El miércoles 8, el periódico Reforma publicó una nota sin firma según la cual la adquisición del inmueble estaba a cargo de Norma Inés Aguilar León, entonces coordinadora de asesores del presidente del tribunal y quien, de acuerdo con esa versión, le solicitó a una inmobiliaria 5 millones de pesos a cambio del contrato de compraventa del inmueble.
Aguilar León fue una muy cercana colaboradora de Galván por más de una década en el TEPJF, al que llegó como estudiante para hacer su servicio social. Pronto pasó a trabajar al lado de Galván y empezó a ocupar importantes espacios de poder. No sólo se convirtió en la coordinadora de asesores del secretario general de Acuerdos, sino que fue nombrada representante del tribunal ante los organismos electorales.
La influencia de Aguilar León en las decisiones administrativas de la Secretaría General le causaron problemas a Galván, quien se debilitó en el tribunal cuando cuestionó públicamente a sus predecesores por el millonario fideicomiso que integraron para su retiro. No sólo acordó con el resto del pleno de la Sala Superior la disolución de ese fideicomiso, sino que despidió a parte del personal de los anteriores magistrados. Su coordinadora de asesores se convirtió en el punto más vulnerable de Galván. De acuerdo con la versión de prensa, durante la búsqueda del nuevo edificio para el tribunal, Aguilar intentó corromper a una empresa de bienes raíces en la que participa Olga Gomar, tía de Salvador Olimpo Nava Gomar. Documentación en poder de Proceso señala que desde mayo pasado el propio Nava mostró un reiterado interés en torno al “uso” que tendría el nuevo edificio. Desatado el escándalo y luego de la elección de Alanís, Nava Gomar desapareció de escena. Cuando se le requirió información, en su oficina se dijo que estará de vacaciones hasta los últimos días de agosto.
Nava Gomar fue un activo promotor de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental antes de ser magistrado, y junto con el ministro Penagos fue uno de los principales opositores a conceder el acceso a las boletas de la elección presidencial solicitado por este semanario; incluso comparó la petición con la intención de contar los billetes del Banco de México. Penagos se refirió a las boletas como “papeles inservibles” (Proceso 1591).
En cambio, Nava logró la creación de la Comisión de Supervisión y Resolución en materia de transparencia y acceso a la información del TEPJF. Como secretario técnico de la misma llevó a Francisco Javier Acuña Llamas, con quien trabajó en el Departamento de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur, fundada por los Legionarios de Cristo.
Hijo de Salvador Nava Castellanos, actual director de Vialidad de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Nava Gomar llegó al tribunal, igual que Alanís, con el respaldo de los senadores del PAN. Durante la pasada campaña presidencial, el ahora magistrado mostró su apoyo a Calderón. En una colaboración periodística en el diario la Crónica de Hoy, en enero de 2006, definió a Calderón como “un tipo congruente, interlocutor válido incluso para sus opositores y hombre de una sola trayectoria”.
Al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador lo describió como representante de la más tradicional de las izquierdas, y del PRI dijo que no todos los militantes de ese partido deben ser considerados pillos como su entonces candidato, Roberto Madrazo.
Más evidente aún es la cercanía de Alanís con Calderón y Los Pinos. En los días más intensos de la elección presidencial, tuvo una intensa comunicación, de cientos de llamadas telefónicas, con el equipo de Calderón, según informó el diario El Centro en su edición del pasado lunes 13 de agosto.
Pragmática, Alanís Figueroa ha tejido una amplia red de alianzas en la que entrecruza al PAN, al PRI y al Partido Alternativa Socialdemócrata. No ha estado exenta del escándalo y llegó a la presidencia del TEPJF con una votación dividida.
En septiembre de 2005 renunció con una carta pública a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) y acusó a su presidente, Luis Carlos Ugalde, de falta de apoyo e injerencia en su trabajo. El desencuentro ocurrió luego del divorcio de Ugalde con Pía Limón, con quien Alanís, como Margarita Zavala, mantiene una amistad de casi tres décadas.
Los escándalos en el TEPJF no cesan. El viernes 17, Reforma publicó en otra nota sin firma que el general retirado Valentín Romano López, coordinador de Seguridad y Protección Civil, ha sido investigado por la Procuraduría General de la República debido a presuntos vínculos con el narcotráfico y por la procuraduría de Veracruz en relación con un presunto fraude en la compra de chalecos antibalas para la policía del estado. El general había sido ratificado por la presidenta María del Carmen Alanís

Intolerancia

La intolerancia religiosa creció en este sexenio
Los presionan con expulsiones y corte de servicios de agua y electricidad
Milenio Diario, 2009-08-24•Estados
La intolerancia religiosa en el actual sexenio se ha incrementado sustancialmente, de acuerdo con registros de las iglesias evangélicas, que han documentado 90 casos que se reflejan en expulsiones, suspensión de agua y electricidad, amenazas, pago de multas, violencia, negativa de inscripción en escuelas públicas, suspensión de programas sociales e impedimento para sepultar a sus muertos en panteones.
Datos del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), de 2000 a 2006, indican que la Secretaría de Gobernación documentó 121 casos y resolvió 103, pero de 2007 a 2008 los casos presentados fueron 198 y sólo se resolvieron 17.
Para las iglesias evangélicas, pese al discurso oficial de que se vive un pluralismo religioso, en los hechos se demuestra que la intolerancia es permanente principalmente en las zonas indígenas. Los focos rojos se ubican en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Jalisco.
Pese a las constantes denuncias ante los gobiernos estatales y federal, además de los casos documentados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus informes anuales de intolerancia, la Organización Internacional de Ayuda a las Iglesias Necesitadas, la Alianza Evangélica Española y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los casos de agresión contra quienes optaron por no ser católicos continúan.
El pasado 13 de agosto el subsecretario de Población Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, sostuvo que “somos un país en donde se respeta la pluralidad y el derecho a expresarse en un marco de legalidad… De esta manera, nuestro país da muestra de respeto y tolerancia a la diversidad religiosa, de pensamiento y en general a todos los derechos fundamentales de las personas y también de reconocimiento al papel fundamental que el ejercicio de la libertad de cultos…”
Sin embargo, las iglesias evangélicas han señalado que uno de los principales obstáculos para solucionar los conflictos religiosos se encuentra en la dirección de Asuntos Religiosos de la Segob, la cual determina cuándo es un caso de intolerancia o discriminación religiosa. Por tal motivo, discrecionalmente minimizan o anulan los casos.
Ante la creciente intolerancia en el país, las iglesias evangélicas consideran necesaria la creación de una fiscalía especial que atienda estos casos, que dependa del gobierno federal, pero con la asesoría y supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de las cámaras de Diputados y Senadores, así como de capacitadores de distintas asociaciones religiosas, en la que será indispensable la presencia de la jerarquía católica.
También han propuesto que debido al crecimiento de los grupos no católicos, principalmente cristianos evangélicos en zonas indígenas del país, se ha rebasado las tareas administrativas que realizan las oficinas de Asuntos Religiosos tanto federal como estatales, por lo que se hace necesaria la creación de una Comisión de Asuntos Religiosos en las cámaras de Diputados y Senadores.
La “solución” gubernamental en los casos de expulsiones ha sido sin la aplicación de la ley, pero en algunos delitos graves como secuestro, amenazas de muerte, despojo, daños en propiedad federal, entre otras no hay detenidos.
México • Eugenia Jiménez

Inequitativo reparto de pluris

Impugna el PAN reparto de plurinuminales
Acusan sobrerrepresentación del PRI.
El PAN impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo que considera una sobrerrepresentación del PRI en la Cámara baja.
En el recurso de reconsideración presentado ayer domingo ante la Sala Superior, el blanquiazul afirma que el IFE aplicó indebidamente la ley en la asignación de diputados de representación proporcional, por lo que no habrá un equilibrio de fuerzas en San Lázaro. "En forma indebida se pretende dotar de sentido a la fracción III del artículo 54 constitucional, a partir de una indebida remisión en blanco inscrita en el artículo 12, en desmedro del consenso que debe existir entre las diversas fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias en una fórmula de asignación de diputados plurinominales a los partidos políticos que pretende consolidar el sistema democrático mexicano."
Por tanto, la autoridad responsable omite adoptar como criterio de asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional a los partidos políticos que contendieron en el proceso electoral, el concepto de 'votación emitida'", sostiene el PAN en su recurso, presentado por Lariza Montiel, su representante ante el IFE, dice una nira de Refrma.
Aclara que este concepto se refiere al universo total de votos emitidos el día de la jornada electoral, y el cual, afirma, representa la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.
El reparto del IFE fue sobre la base de una votación ya sin sufragios nulos, ni del PSD ni de candidatos no registrados. Por ello, en el caso del PRI, la asignación se realizó con base en 39.55 por ciento de la votación emitida, cuando recibió en las urnas 36.9 por ciento del total de votos.
El PAN asegura que el artículo 54 constitucional establece que ningún partido podrá tener una sobrerrepresentación de 8 por ciento, por lo que en este caso, el PRI sobrepasa esa línea y el IFE lo permitió.
Boletín N°. 4491 Bis 1
La Secretaría Generalde la Cámara de Diputados recibió la Notificación del Acuerdo del IFE sobre la Elección de Diputados Federales por el Principio de Representación Proporcional
De esta manera y de conformidad con el acuerdo de referencia, la distribución de los 200 diputados que integrarán la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura es la siguiente:
Al PAN, por la primera circunscripción le corresponden 18; por la segunda 17; por la tercera 15; por la cuarta 11 y por la quinta 12, en total 73.
Al PRI, por la primera circunscripción le corresponden 11; por la segunda 12; por la tercera 12; por la cuarta 7 y por la quinta 11, en total 53.
Para el PRD, por la primera circunscripción corresponden 3; por la segunda, 3; por la tercera,
7; por la cuarta, 10; por la quinta 9, en total 32.
Al Partido del Trabajo, por la primera circunscripción corresponden 2; por la segunda 1; por la tercera 1; por la cuarta 4; y por la quinta 2, en total 10.
Para el Partido Verde Ecologista de México por la primera circunscripción corresponden 4; por la segunda 4; por la tercera 2; por la cuarta 4; y por la quinta 3, en total 17.
A Convergencia le corresponden cero diputaciones por el principio de Representación Proporcional por la primera circunscripción; por la segunda 1; por la tercera 1; por la cuarta 2 y por la quinta 2, en total 6.
Nueva Alianza, corresponden por la primera circunscripción 2; por la segunda, 2; por la tercera 2; por la cuarta, 2; y por la quinta 1, en total 9.
En razón de que el Partido Socialdemócrata no alcanzó al menos el 2 por ciento de la votación emitida para las listas regionales de las cinco circunscripciones plurinominales, no tendrá representación en la Cámara de Diputados y en consecuencia perderá su registro legal.
Los partidos políticos tienen hasta 48 horas, a partir de la conclusión de la sesión de esta fecha del Consejo general del IFE, para interponer recursos de reconsideración en contra de la asignación de referencia, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá hasta el 26 de agosto para resolverlos, debiendo notificar sus sentencias a la Secretaría General a más tardar al día siguiente en al que se dictaron.

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Armando Chavarría

Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán
El Universal, 24 de agosto de 2009
¿Vuelven los mata-PRD?
Salvo los autores materiales e intelectuales del crimen de Armando Chavarría, el resto de los mortales no sabemos quién y por qué ejecutaron al diputado amarillo y aventajado precandidato al gobierno de Guerrero.
Al calor del crimen, chocaron las versiones de Jesús Ortega y Marcelo Ebrard —al aventurar la teoría del crimen político— con la expresada por el gobernador Zeferino Torreblanca, quien descalificó la hipótesis del crimen político y deslizó la intriga de un crimen pasional.
Hasta hoy ninguna de las partes ofreció pruebas en abono a su dicho, en tanto que pocos dan crédito a la eficacia de los procuradores de Justicia de Guerrero y federales. Y frente a una realidad que ofende, el de Chavarría parece condenado a terminar en uno más de los crímenes sin resolver.
Sin embargo, y en estricto apego al género periodístico de opinión —y al hecho de que si tiene cola de pato, patas de pato, pato y grazna como pato, podemos suponer que es un pato—, debemos entender que se trata de un crimen político, en tanto se privó de la vida a un líder social, legislador, jefe del Congreso local y aventajado aspirante al gobierno de Guerrero.
El crimen lo pudieron detonar muchos orígenes —pasión y/o narcos, como vulgarmente quieren hacer creer el gobernador y otros interesados—, pero lo cierto es que sus efectos son políticos; cambiarán la correlación de fuerzas en la contienda por renovar el gobierno estatal; en las fuerzas del PRD provocará una profunda mudanza de tácticas, estrategias y objetivos entre los amarillos y, en el fondo, incluso se pudiera alterar la jerarquía de los presidenciables amarillos. ¿Por qué?
Porque todos o casi todos en el PRD saben quién es el gobernador Zeferino Torreblanca, cómo llegó al gobierno de Guerrero, quién le dio el aval para llegar y —en la misma lógica— quién pudiera estar tocando a la puerta de su gobierno, para cobrar facturas. En Guerrero todos o casi todos dan por hecho el regreso del PRI al poder estatal. Pero hasta hace días eran sólo dos los políticos capaces de revertir esa tendencia; uno era Armando Chavarría. La otra es Ruth Zavaleta. Pero esa es sólo la lógica local. El fondo es que pudiera estar de vuelta la tentación de los mataperredistas rumbo a 2012. En Guerrero, los Figueroa.
Por lo pronto no es poca cosa la foto del homenaje a Chavarría en el Congreso local. Flanquean Marcelo Ebrard, Jesús Ortega, Alejandro Encinas, Guadalupe Acosta… ¿Y AMLO? “Ni pío” dijo. En Guerrero el PRD paga caras sus desviaciones. De eso hablaremos después.
EN EL CAMINO Y a propósito de mensajes amenazantes, la preocupación llegó al góber de Veracruz, Fidel Herrera. Mataron a uno de los Borunda.
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Columna Estrictamente PersonalCáncer en Guerrero (I)
Ejecentral.com, 24 de agosto de 2009
El asesinato del líder del Congreso de Guerrero y principal figura del PRD en el estado, Armando Chavarría Barrera, estaba anunciado. No se trata de jugar a diagnosticar el pasado para explicar el presente. Estaba anunciado por la continua descomposición en la cual se encuentra el cuerpo político guerrerense, y la poca atención que se le ha dado. La inquietud surge ahora arropada en la indignación, pero el deterioro ha sido una constante en el gobierno de Zeferino Torreblanca, que está débil, enfrentado a los viejos poderes caciquiles y a nuevos fenómenos que dibujan un caminar hacia el narcoterrorismo.
El PRD afirmó que el asesinato de Chavarría Barrera había sido político, sin aportar mayor contribución que la retórica. No se sabe cuál es el móvil, ni quién ordenó su muerte. Pero estaba sentado en el polvorín creado por el gobernador Torreblanca, un empresario que llegó a gobernador con la bandera del PRD -que ahora lo está enjuiciando políticamente por el crimen-, y contra quien contendió por la candidatura. En aquél entonces fue obligado a declinar y a esperar su turno, que llegaría en las próximas elecciones en 2011. La hipótesis de que la gubernatura se encuentra en el centro de su ejecución es una de las varias que se tienen que investigar. Si este es el caso, los poderes reales en Guerrero, como los que representa el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, van a ser examinados exhaustivamente.
El nombre de Figueroa Alcocer es un referente inmediato para los expertos en Guerrero en el contexto del crimen. Durante su gobierno cooptó a 17 ex guerrilleros del Partido de los Pobres que fundó Lucio Cabañas. Entre esos “arrepentidos” -como los llaman-, se encuentra Heriberto Noriega Cantú, que fue uno de los que denunció públicamente como “inmoral” a Francisco Fierro Loza, que pertenecía a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, el núcleo de la guerrilla de Cabañas, que realizó el secuestro de Rubén Figueroa Figueroa. Fierro Loza, similar a Chavarría Barrera, fue asesinado por un comando -este, comprobado, de guerrilleros-, en las afueras de Chilpancingo en julio de 1984, después de visitar a sus hijos, cuya madre era, paradójicamente, la hermana de Noriega Cantú, una de las “desaparecidas” del entonces gobernador Figueroa Figueroa.
Noriega Cantú no era enemigo de Chavarría Barrera. Por el contrario. Era su director de Administración en el Congreso local, y de acuerdo con testigos, uno de los que más ha llorado el asesinato de su jefe administrativo, a donde había llegado sin importar las denuncias que la propia dirigencia local del PRD había hecho en su contra en la Fiscalía Especial que investigó el periodo de la guerra sucia, como un “delator” de guerrilleros durante el gobierno de Figueroa Alcocer. Igual desprecio generó otro miembro de “los arrepentidos”, y también cercano de Chavarría Barrera, Jesús Herrera Vélez, integrado al gobierno de Torreblanca, cuyo nombre de guerra era “Chuchín”, y alcalde en Coyuca de Benítez cuando se dio la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, que le costó la gubernatura a Figueroa Alcocer.
Aunque no hay información contundente que vinculen a Chavarría Barrera con la guerrilla de Lucio Cabañas, fuentes de inteligencia militar han dicho que en los 70s, era correo de la guerrilla. La vinculación del líder perredista asesinado con Noriega Cantú y Herrera Vélez, de acuerdo con personas que conocen la historia política de Guerrero, se dio porque los tres fueron enlaces del Partido de los Pobres y su Brigada de Ajusticiamiento con el legendario dirigente de la izquierda y rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rosalío Wences Reza, que estaba al frente de la institución (durante el secuestro de Figueroa Alcocer, el rector era, sin embargo, Arquímides Morales, y que soportó los embates de su hijo, Figueroa Figueroa, que vinculaba a la universidad con grupos guerrilleros. En la época dura y represora de los 70s, cuando el Ejército barrió la sierra de Guerrero persiguiendo a Cabañas, Wences Reza defendió a los luchadores sociales y a los perseguidos por el Estado, combinando la labor académica con la política.
La Universidad Autónoma de Guerrero fue siempre -como sucede en todas las universidades del mundo- un lugar de agitación y efervescencia política. En ese sentido, Chavarría Barrera fue uno de sus principales exponentes, y llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes Guerrerenses en los 80s, cuya influencia en la institución no perdería con el paso de los años. En los 80s, antes de ser líder estudiantil, vivió en la Casa del Estudiante en Chilpancingo, a donde llegó procedente de Oaxaca un joven llamado Jacobo Silva Nogales. Estudiaba sociología y se vinculó al Partido de los Pobres, pero Chavarría Barrera y sus cercanos -sin saberse si sabía de ese vínculo o no-, lo despreciaban intelectualmente cuando compartían techo.
Silva Nogales participó en la fusión de las guerrillas oaxaqueña y guerrerense que dieron nacimiento al EPR, pero en febrero de 1997, por diferencias en la estrategia insurreccional, se separó de ellos. Junto con otros grupos de Guerrero, formaron el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), donde tomó el nombre de guerra “Comandante Antonio”.
Silva Nogales fue detenido junto con su esposa Gloria Arena en 1998, y actualmente se encuentran presos. Pero el ERPI no desapareció. Encabezado hoy en día por el ”Comandante Ramiro”, ha estado detrás de la oposición social a la construcción de la presa de “La Parota”, que enfrentó a la comunidad con el gobierno de Torreblanca, principalmente con Chavarría Barrera, que era su secretario de Gobierno, y realizado secuestros y ataques. Pero en los últimos años, el ERPI entró en un proceso de degradación, rompiendo los vasos comunicantes que tenía con políticos y estableció alianzas con cárteles de la droga contra las cuales el PRD ha estado luchando. La lucha en Guerrero es política y es a balazos. Transgrede acuerdos políticos y viejos pactos. Chavarría Barrera parece ser la primera gran víctima de la nueva cara del viejo México bronco.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Reformas y adiciones a los artículos 75 et al

DOF: 24/08/2009
DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS,
DECRETA:
SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 75, 115, 116, 122, 123 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único. Se reforman el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción IV del artículo 115; el primer párrafo del inciso b) de la fracción V de la BASE PRIMERA del artículo 122; el primer párrafo de la fracción IV del apartado B del artículo 123; el artículo 127, y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 75; los párrafos cuarto y quinto a la fracción II del artículo 116, recorriéndose en su orden los actuales cuarto y quinto; un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los actuales segundo a quinto, al inciso b) de la fracción V de la BASE PRIMERA al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 75. ...
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 115. ...
I. a III. ...
IV. ...
a) ...
b) ...
c) ...
...
...
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
...
V. a X. ...
Artículo 116. ...
...
I. ...
II. ...
...
...
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
...
...
III. a VII. ...
Artículo 122. ...
...
...
...
...
...
A. ...
B. ...
C. ...
BASE PRIMERA. ...
I. a IV. ...
V. ...
a) ...
b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del Estatuto de Gobierno y legales aplicables.
...
...
...
...
c) a o) ...
BASE SEGUNDA A BASE QUINTA ...
D. a H. ...
Artículo 123. ...
...
A. ...
B. ...
I. a III. ...
IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.
...
V. a XIV. ..
Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.
VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedarán sin efecto.
Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en el presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto.
Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:
a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.
b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la remuneración total no excede el monto máximo antes referido.
Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Quinto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
México, D.F., a 22 de julio de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno de agosto de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.