12 jun. 2009

Tolerar a un penalista

¿Por qué resulta tan difícil tolerar a un penalista?/Jaime Malamud Goti.
Según el dramaturgo Michael Frayn, Werner Heisenberg, autor del revolucionario principio de incertidumbre, solía sostener que el conocimiento teórico es fruto de la discusión. En el epílogo de la versión inglesa de Copenhague 1 , Heisenberg alega que “la ciencia está enraizada en la conversación” 2 . Para este punto de vista el debate, en las ciencias duras, encarna la única manera de acceder a la verdad.
En el campo de las humanidades, numerosos filósofos morales y políticos comparten esta creencia. La discusión –piensan estos últimos– no es sólo una condición necesaria para perseguir la verdad teórica. Éste resulta un ingrediente ineludible también para un modelo político justo, en el cual los actores acomodan su conducta a los resultados de un debate abierto. Las llamadas teorías epistémicas de la democracia, por ejemplo, parten de la creencia según la cual la discusión es un requisito indispensable para arribar a soluciones justas, esto es, a la “verdad moral” o a algo parecido a ella 3 .
Por regla general, los estudiosos del derecho penal parecen ignorar este principio y el prefacio que ahora me ocupa intenta explicar brevemente esta tendencia que empobrece, pienso, el trabajo teórico. Me preocupa poder mostrar que es importante que los penalistas intenten este debate. Los filósofos, por lo general, aportan argumentos esclarecedores, pero la discusión suele apartarlos de una cuota necesaria de realismo. Por resultar increíbles, sus ejemplos y contraejemplos son a menudo también estériles. Pienso en el conocido caso de defensa propia en que, armado de un paraguas, un hombre enfrenta la certeza de morir aplastado por cientos de recién nacidos que llueven sobre su cabeza. Él sólo puede evitar este resultado si utiliza un paraguas como un arma mortal. La cuestión con un ejemplo imaginativo como éste es que diluye la fuerza de nuestras intuiciones. Su irrealidad nos desconecta de nuestro sentido sobre lo justo e injusto, lo correcto y lo incorrecto. Este sentido depende del dramatismo que los penalistas pueden extraer de un mundo poblado con personas de carne y hueso.
Muchos penalistas se han abstenido de debatir abiertamente estos temas centrales a pesar de su magnetismo. Me refiero, entre estos últimos, a los cimientos de la responsabilidad penal, la justificación del castigo, y otros tantos que han atraído a los grandes pensadores. Pienso que han estado demasiado ocupados en pelearse unos con otros. Hace más de treinta años, un penalista argentino que, según recuerdo, había estudiado en Alemania, me comento con alegría que Hans Welzel y su colega Claus Roxin habían convenido pasar juntos una tarde en Río de Janeiro. El encuentro de estos dos profesores alemanes, que en ese momento viajaban por Sudamérica, pareció muy auspicioso porque sus nociones teóricas del delito eran radicalmente disímiles.
Los dogmáticos penales de entonces consideraban que la divergencia entre Welzel y Roxin era crítica. En relación con las diferencias entre ambos, un discípulo de Welzel me había revelado con honda preocupación que Roxin se proponía “destruir” el tipo penal. Hoy me resulta difícil justificar este temor porque la noción de tipo penal es puramente teórica, es decir, inocua –o casi inocua–.
El tipo penal –para quienes tengan interés– es una figura conceptual utilizada por la inmensa mayoría de los penalistas teóricos latinoamericanos, por algunos académicos europeos y otros asiáticos. Con ella, estos académicos se refieren a aquello que prohiben las normas penales, lo que sí vincula el tema con cuestiones importantes tales como el principio del nullum crimen. A pesar de la distancia que separa la teoría amenazada por Roxin de la realidad de los hechos, la acusación me pareció en ese momento muy grave.
Esta percepción explica que yo también celebrase el encuentro como una demostración de que la armonía entre penalistas era posible. Desde muy joven había aprendido de mis mayores locales dos cosas acerca de la intrincada relación entre penalistas. La primera era que, en lugar de encontrarse para debatir, muchos teóricos del derecho penal prefieren distanciarse de aquellos que mantienen teorías diferentes a las suyas. Rodeados de sus seguidores, a los que llaman discípulos, muchos de éstos académicos optan por recluirse para criticar a sus pares, a las ideas de estos o ambas cosas.
La segunda cuestión era que, para un penalista, resulta en extremo importante contar con un número considerable de colegas hostiles. En su forma más leve, esta auténtica vocación por la enemistad se manifiesta esquivándose en eventos académicos y reuniones sociales. En su versión más severa, algunos colegas rehúsan, bajo diferentes pretextos, saludarse o dirigirse la palabra.
El hecho de haber logrado yo también distanciarme tempranamente de algunos colegas me impulsa a pensar hoy en la recurrente enemistad que intento destacar. Creo que el sello de esta disposición es de origen continental europeo pero reconozco que ha sido celosamente imitada por infinidad de penalistas latinoamericanos. Hace poco, un funcionario de una importante facultad de derecho argentina me explicó el inesperado fracaso en un concurso de un aspirante a una cátedra de derecho penal. Esta persona, me aseguró este funcionario, desconocía el hecho de que un miembro del jurado se había enemistado con algún autor que el concursante mencionó en su exposición. El funcionario –también penalista– consideró que sólo una extrema ligereza podía explicar el error. Esta ligereza del concursante justificaba el fracaso.
En otras culturas jurídicas que se ocupan también de cuestiones penales teóricas rigen diferentes reglas de convivencia. Un medio académico con el que estoy familiarizado, el de los Estados Unidos, no funciona por lo general de la manera descripta. Aunque es cierto, debo admitir, que la teoría ha ocupado hasta hace poco un rol menor entre los penalistas estadounidensess, éstos mantienen por lo general relaciones muy cordiales entre ellos. En los años 70, fracasé con cada intento de reproducir actitudes hostiles para con colegas y estudiantes. En 1977 por ejemplo, en un seminario sobre ética y castigo dirigido por Herbert Morris causé cierta perplejidad entre los participantes al mostrarme irritado por alguna opinión teórica relacionada con Crimen y castigo, de Dostoyevsky. Inexplicablemente pensé que la intervención era imprudente y censurarla era casi mi deber.
El hecho es que ninguno de los académicos alcanzó a entender mi irritación; allí, profesores y estudiantes intercambiaban libre e incesantemente argumentos y contraargumentos con impersonalidad. Yo confundí a esta última con la indiferencia.
Hoy en día no puedo coincidir con mis colegas de la cultura continental europea a los que aludo más arriba. Pienso, en cambio, que Heisenberg tenía razón y que es un rasgo central de un buen ambiente académico el que éste facilite y promueva el debate más intenso y amplio posible. A lo mejor, insisto, he idealizado demasiado este medio. En él, estudiantes y profesores debaten con celo las cuestiones teóricas que les preocupan y el ansia por confrontar ideas llega a ser tan intensa que los conduce a olvidar profundas diferencias y rencores. En Copenhague, Heisenberg, en aquel entonces funcionario del gobierno de Hitler, discute en Dinamarca sobre física teórica con Niels Bohr, su mentor danés. Este último es profundamente antinazi y, por momentos, la identidad nacional distancia a los protagonistas pues el encuentro tiene lugar en plena guerra.
Pero a pesar de la brecha entre ambos, el ansia por debatir induce a los interlocutores a superarla constantemente para comportarse como si la humillante ocupación nazi de Dinamarca no estuviese en realidad ocurriendo. El anhelo por argumentar enciende pasiones que eclipsan conflictos cuya magnitud haría imposible el diálogo en otras circunstancias. Entre un centenar de cuestiones éticas y científicas, Copenhague resalta el hecho de que la discusión teórica es un ingrediente esencial del atractivo de la Academia. De manera similar a lo que ocurre con las competencias deportivas, la satisfacción plena encierra cierta paradoja y ésta radica en que el logro de la máxima satisfacción exige que los actores se tomen la competencia en serio. Esto puede traer consigo padecimientos pero, cuando el debate es genuinamente intelectual, este aspecto negativo es sólo limitado. Hasta las más enconadas contiendas son pasajeras y están acotadas por el marco de los intereses académicos. De esta manera, por intensa que resulte la práctica de discutir, ella dista diametralmente de las relaciones entre enemigos. No hay propósito más lejano a las discusiones sobre ideas que inferirse unos a otros padecimientos que no provengan de descubrir que las propias ideas son endebles o inexpugnables las del rival.
Discutir nuestras ideas implica, de alguna manera, colocarlas a disposición de nuestro interlocutor. Nadie que les asigne importancia está dispuesto a compartir sus ideas con un enemigo y esto lo hace que la camaradería entre colegas resulte esencial. Cultivar una comunidad académica es crucial para sus miembros porque, entre otras cosas, no son muchas las personas que entienden nuestras preocupaciones teóricas. En el campo de la teoría penal, salvo el caso de los filósofos morales y políticos, son muy pocos los que están interesado en discutir sobre cuestiones conceptuales vinculadas con el delito. ¿A quién le interesa establecer el límite y contenido de la noción de intención criminal o distinguir entre justificar –en lugar de excusar– a quien actúa en defensa propia? Este desinterés obedece a que, por regla general, los no iniciados suponen, ingenuamente quizá, que diferenciar a un delincuente de una persona inocente es cosa de sentido común.
Es por estas razones que creo que la propensión a la enemistad es un hecho que puede y debe preocupar a los penalistas. Heisenberg y Bohr pensarían al respecto que un autoimpuesto confinamiento intelectual impide comprobar y expandir nuestras ideas, que el aislamiento estrecha demasiado nuestra visión. Esto conduce necesariamente a la pregunta: ¿por qué les resulta tan fácil a los penalistas aborrecerse unos a otros cuando se necesitan para compartir sus propios anhelos y hallazgos? El interrogante se refiere, por supuesto, al ámbito de las ideas y no de hechos alejados de la teoría. En comparación con las teorías, discutir sobre hechos suele ser muy poco tentador. Debatir acerca de si lo que vimos fue un pato u otra clase de ave es por lo general aburrido. Se trata de contiendas que dependen de nuestra percepción y memoria y, para ponerles fin, basta con frecuencia acudir a una enciclopedia o a un atlas. Cuando debatimos hechos que nos parecen evidentes, las disidencias prolongadas son irritantes y hasta perturbadoras. Nos irrita discutir hechos que nos parecen tan claros que nos siembran dudas respecto de la buena fe de nuestro interlocutor. Nos perturba, en cambio, que nos fuercen a dudar de la fidelidad de nuestras percepciones y nuestra cordura. En ciertas oportunidades, cuando la discusión versa sobre el significado de los hechos, solemos terminar por discutir ideas. Aclarada esta cuestión en la que distingo con muy poco rigor ideas y hechos, regreso a mi tesis sobre la enemistad entre penalistas.
No intento en modo alguno atacar a los dogmáticos o a la dogmática penal
4 . En contra de lo que sostenía Carlos Nino, pienso que ambos son interesantes y podrían ser muy útiles también 5 .
La tesis que propongo aquí es muy simple; quizá sea demasiado simple. Se limita a subrayar que cierta conducta, propia de un gran número de teóricos del derecho penal –pero, por supuesto, no privativa de ellos– es autofrustrante; también es evitable. La cuestión queda así ubicada en un nivel superior respecto de aquel que se refiere a las virtudes e inconvenientes de la dogmática. La idea parte de que hay dos propiedades de los penalistas continentales y latinoamericanos que los impele a transformar la cuestiones teóricas en verdaderos conflictos personales. La primera surge de abordar las primeras, ideas, temas abstractos, con el lenguaje propio del conocimiento de lo más concreto, de los hechos (con la imprecisión con que los trato aquí).
Este hábito induce a quien apela a estas formas del lenguaje a extrapolar actitudes y emociones propias del debate sobre los últimos a las discusiones vinculadas con los primeros. La segunda propiedad es la idea de que abrazar cierta posición en materia dogmática implica adquirir un estatus especial, significa contraer un compromiso moral muy fuerte. Es quedar sometidos a deberes particularmente rigurosos respecto de nuestra propia teoría y esto pertuba –como queda expresado en relación con la primera cuestión– la imagen de nuestro mundo práctico. Estos deberes se desparraman por ámbitos de nuestra existencia que no guardan una relación directa con la actividad teórica, esto es, con ideas propias de la teoría penal.
Los teóricos del derecho penal confunden con frecuencia planos del conocimiento. Hans Welzel, el conocido jurista a que me he referido más arriba, alude en Das Deutsche Strafrecht a las consecuencias del “descubrimiento” de ciertos elementos del delito: los elementos subjetivos. En realidad, Welzel se refiere a cierta subjetividad que él mismo ha incorporado en su sistema conceptual a otra categoría de su sistema que es el tipo penal. A pesar de que éste es su propio sistema, ahora examina las partes de este sistema como el producto de una revelación, un “des-cubrimiento,” Entdeckung
6 .
Welzel y otros profesores alemanes han tenido en América Latina y España infinidad de seguidores que, como ellos, confunden el lenguaje referido a entidades conceptuales, ideas, con el otro de los hechos. Este estilo no sólo perturba al lector. El “des-cubrimiento” de este último se asemeja al personaje de Balzac que también descubre, entre atónito y risueño, que habla en prosa.
La consecuencia de esta manera de razonar es la inevitable extrapolación de dos planos de la realidad, lo que conduce invariablemente a dos tipos de distorsiones. La primera es el esencialismo, la noción de que categorías ideales como delito (en el sentido conceptual) e historia “tienen” una determinada sustancia, que la intención criminal (el dolo) posee un contenido prefigurado que el teórico se limita a “descubrir.” No es entonces el autor quien establece el contenido de su “delito” o de su “historia”, sino que este contenido viene prefigurado por cierta naturaleza intrínseca de un Delito y una Historia. De la misma manera en que Welzel descubre ciertos elementos en la noción de delito, la Historia arrastra consigo su propio bagaje. “El estudio de la historia del derecho penal no debe limitarse, como ocurre habitualmente, a exponer la descripción externa sucesiva de las leyes que han regido en la que hemos llamado época moderna”
7 .
En lugar de aceptar que la historia está limitada a aquellos acontecimientos, acciones y fenómenos colectivos e individuales que interesan al historiador, el texto denuncia algo diferente. Hay una historia, que el autor logra desentrañar, y ésta debe abarcar tal o cual dato. Se trata de una realidad pre-establecida; una realidad que nos impone deberes, en el caso, el de tomar en consideración ciertos hechos tal y como éstos nos vienen ya dados. De esta manera, al escribir sobre la historia no resaltamos aquellos hechos y circunstancias que consideramos relevantes para explicar un cierto estado de cosas. Debemos aceptar una historia: una historia china, otra del vecino, del ajedrez y de Buenos Aires. Para esta manera de pensar, que los mismos autores llaman “científica”, cuestiones tan cruciales como el estado de derecho o la existencia de una sociedad justa o liberal dependen de nuestra capacidad de desentrañar una estructura del delito científicamente verdadera.
Son muchos los penalistas que incurren en este tipo de exceso. A pesar de eludir casi siempre la trampa lingüística, Sancinetti
8 , por ejemplo, piensa que el estado de derecho depende de que adoptemos una particular versión sobre el contenido de la intención delictiva 9 . Este autor piensa que detrás de la opción entre la “teoría del dolo” y la “teoría de la culpabilidad” se esconde un genuino debate filosófico político. La bondad de las concepciones teóricas sobre las relaciones entre la intención de hacer algo y la referida conciencia de que este algo está prohibido depende de la demostración empírica de sus efectos. Es recién a partir de esta demostración que puede establecerse el valor de cada teoría en el plano filosófico indicado. “Pues bien; un argumento de filosofía política –dice Sancinetti– sólo podría ser confrontado con los resultados político-criminales de una determinada teoría, y no con las definiciones de los axiomas del sistema dogmático. Por consiguiente, si, en el plano de las consecuencias prácticas, la teoría de la culpabilidad no puede producir consecuencias sustancialmente relevantes frente a la teoría del dolo, dentro de un sistema de numerus apertus de delitos culposos, y el sistema de numerus apertus, como tal, no lesiona principio alguno del derecho penal liberal…” 10 . Estas afirmaciones son exageradas en dos sentidos. Primero, por considerar que, en el contexto de una teoría de la intención criminal, ciertas nociones teóricas razonables sobre el error pueden afectar el estado de derecho. Algunas sociedades gozan del estado de derecho a pesar de contar con malos penalistas teóricos. Y el ejemplo inverso también es aplicable al caso: los malos juristas no son un rasgo distintivo de la sociedad argentina; si lo es, en cambio, la propensión a ignorar o suprimir con estilos variados este estado de derecho. Lo que resulta particularmente inusual es pretender probar empíricamente una concepción filosófico-política. Si este procedimiento fuese posible, habrían desaparecido del mapa la mayoría de los filósofos. Los filósofos y amantes de la filosofía son en cierta medida inmunes a esta ordalía; de allí gran parte de su encanto.
En The Curious Enlightment of Professor Caritat, el conocido filósofo político Steven Lukes nos confronta a esta simple realidad. Lukes logra estremecernos al describir nuestra vida en un mundo que consagre con pureza las ideas de un filósofo-político, cualquiera sea este filósofo-político. El estado de derecho es muy anterior al debate sobre la “teoría del dolo” y la “teoría de la culpabilidad”.
El error categorial que señalo es atribuible a una trampa lingüística que conduce a problemas conceptuales y termina por contaminar las relaciones personales. No hay manera de debatir sobre hechos evidentes que no conduzca a la creencia de que nuestro interlocutor subestima nuestra perceptividad, inteligencia, buena fe y, en última instancia, nuestra cordura. Lo que no advertimos a veces es que la “teoría del dolo” lleva consigo una infinidad de presuposiciones conceptuales cuya “realidad” y “verdad” damos por supuestas. La labor dogmática en materia penal consiste en procesos de abstracción que apuntan a ordenar, sistematizar y conferir significado a otras abstracciones, y éstas son las de las reglas y principios legales. Estos principios y reglas legales, por último, apuntan a constituir razones para hacer o creer
11 determinadas cosas que sí son, de alguna manera, reales. Son reales en el sentido de ocurrir en el mundo que nos rodea y afectar nuestro comportamiento. En casos extremos, coincidir o no coincidir con alguien en el plano dogmático puede, como cualquier expresión de nuestra mente, revelar perversiones y espíritus aviesos. Pero estos casos son excepciones improbables. La infinita mayoría de nuestras coincidencias y de la ausencia de éstas sólo pueden comportar un desafío a nuestra capacidad mental de elaborar ideas. Este campo no es ajeno a las fricciones interpersonales.
Si he sido claro, el contraste es evidente. Con el debate, Bohr y Heisenberg trasponen la brecha que la guerra ha abierto entre los dos. La discusión los acerca en un mundo en el que ideologías totalitarias y los dilemas morales obstaculizan las relaciones interpersonales. En el caso de los penalistas observamos el proceso inverso. Es el debate –real o posible– el que los aleja en un mundo que en los últimos tiempos ha brindado un escenario para discutir cercano al ideal. El obstáculo es ahora la misma discusión.
Admito que mis opiniones pueden haber idealizado el debate sobre ideas. Hay autores que piensan que no hay manera de discutir sobre algo sin discutir también, en cierta manera, la clase de relación que mantenemos con nuestro interlocutor
12 . Esta tesis, por cierto nada inconvincente, explicaría el hecho de que el mundo de la discusión de ideas no es un mundo impersonal. Heisenberg y Bohr pueden haber permitido que se filtrarse en la discusión sobre protones y neutrones su amor propio y el miedo de haber conducido investigaciones estériles o, peor aún, estar sirviendo una causa moralmente repugnante. Lo cierto es que estas emociones no invalidaron el tenor central de sus conversaciones y parecen haber producido un salto cualitativo en las ciencias duras. Es el valor de la discusión abierta lo que me ha empujado a escribir estas líneas, aunque, como soy en alguna medida un penalista, ellas también pueden ser interpretadas como una franca demostración de franca hostilidad.
Noviembre del 2002.
Notas
Copenhague, Anchor Books, 1998, p. 96.
Michael Frayn, op. loc. cit.
Esta posición, llamada por lo general constructivismo, cuenta entre sus filas a autores tales como John Rawls, Jüergen Habermas y, en la Argentina, Carlos S. Nino.
Alberto Bovinoy Christian Courtis, Por una dogmática conscientemente política, en “Anuario de Filosofía del Derecho”, t. XVII, 2000.
Ver Carlos Rosenkrantz, The Epistemic Theory of Democracy Revisited, en Delibertive Democracy and Human Rights, Harold Hongu y Ronald C. Slye (eds.), Yale, 1999, ps. 235 y siguientes.
Enrique Bacigalupo, Derecho Penal. Parte General, Ed. Hammurabi, 1987, p. 97. Hans Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., Walter de Gruyter & Co. Berlín, 1969, p. 60.
Bacigalupo, op. cit., p. 97. “Los puntos de vista de la ciencia que se ha elaborado sobre los derechos positivos deben tomarse también en consideración, porque han sido configurados de la práctica social del derecho penal vigente”.
Marcelo Sancinetti elude muchas trampas lingüísticas que atrapan frecuentemente a sus colegas, Sistema de la teoría del error en el Código Penal argentino, Ed. Hammurabi, 1990, ps. 6-7.
Sancinetti, op. cit. ps. 6-7.
Ver The Curious Enlightment of Professor Caritat: A Novel, Steven Lukes, Verso Press, 1995. Creo que este libro es altamente recomendable aunque no para penalistas sino para filósofos políticos.
He agregado creer porque pienso que hay ciertas manifestaciones del derecho que apuntan más que nada a generar creencias: la condena (y la absolución) en materia criminal apuntan a convencer sobre cómo fue el pasado.
Respecto de este tema, ver Paul Watzlawick, Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes, W. W. Norton, ps. 51 y siguientes.
Tomado de
http://cuestionpenal.blogspot.com

El abogado penalista

viernes 17 de agosto de 2007
El abogado penalista en su laberinto/Matías Bailone
Los abogados se han convertido en una extraña raza de profesionales autosuficientes, que pueden prescindir de otras ramas del conocimiento científico y de los saberes sociales, y de hecho lo hacen.
Esta alteración de la sensopercepción que hace pensar que el saber jurídico es un saber cuidadosamente delimitado, donde no pueden ingresar datos externos, y donde todo se reduce a una discusión con lenguaje plagado de tecnicismos de baja rigurosidad conceptual, es una peligrosa realidad del mundo de los abogados, que los aísla de la comunidad científica en general, y los circunscribe a una camarilla que auto-reproduce sus propios miembros.
El abogado penalista, en el más afortunado de los casos, puede vanagloriarse de un manejo acabado y sistemático de la dogmática penal, lo que implica estar actualizado con la producción científica de lengua alemana e italiana, además de la vernácula. Pero el penalista litigante medio carece sistemáticamente de todo conocimiento criminológico, de política criminal o de filosofía del derecho, que le indique las razones últimas de su profesión y que le sirva de orientación en la discusión dogmática. Esto es consecuencia inmediata de la formación académica prodigada por nuestras Casas de Altos Estudios, que al amparo del neokantismo dedujeron la imposibilidad que a las ciencias del ‘deber ser’ ingresen datos del ‘ser’.
En el derecho penal la herencia neokantiana goza de triste memoria: Edmund Mezger fue junto a Carl Schmitt uno de los teóricos más importante del nazismo, además de un convencido militante activo de ese siniestro y genocida régimen político, que luego fue ‘desnazificado’ por Adenauer y convertido en jurista del régimen democrático. La perniciosa influencia de Mezger en nuestra región, y la importación que de él realizaron juristas que hubiesen sido víctimas del nazismo, hablan de este proceso en que se pretendió darle a Mezger la categoría de un técnico que no tuvo nada que ver con lo político. Muñoz Conde aventura que toda la discusión de causalismo vs finalismo ocultaba un debate más profundo y silenciado: la alienación política del teórico y la alienación teórica del político. Ambas patologías sumamente perniciosas se dieron y se dan dentro del derecho penal.
El derecho penal es –como enseña Zaffaroni- una rama del derecho constitucional, por poner en juego las garantías (materiales y formales) fundamentales del ser humano
. Como derecho constitucional aplicado, quien pretenda urdir los senderos del iuspenalismo debe conocer y dirigir su actividad con la brújula certera que brindan los textos constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La permanencia de códigos procesales provinciales que vegetan en el oscuro anacronismo de sistemas acusatorios, y que perdieron la calidad de ‘vasos comunicantes’ con el resto del mundo, no ayudan a adecuar la función del litigante a los tiempos que corren.
Evitar la ceguera política del teórico y del práctico permite indagar las razones profundas de los sistemas jurídicos que nos rigen y desarrollar el derecho de lege ferenda. Un abogado penalista que ignore las razones político-criminales que determinan una legislación concreta o que desconozca el devenir criminológico de los últimos 50 años puede ser un buen litigante, tanto como el Golem de Praga podía barrer bien la sinagoga. En cuanto le borran las letras de la frente queda a la merced del rabino y sin vida propia.
El papel de los abogados dentro de un Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho es fundamental para el perfeccionamiento del sistema, y su adecuación a las normativas internacionales. Pero necesitamos, y en la provincia de San Luis con más urgencia, profesionales del derecho comprometidos con ‘la cosa pública’, y con el respeto irrestricto y pleno de los derechos fundamentales. Mientras el abogado medio abdique de referenciar su profesión en el espejo cóncavo de la política y se oculte tras de su supuesta calidad de técnico, no estaremos dignificando el legado alberdiano.
Un foro de profesionales del derecho puede y debe influir en el gobierno republicano de forma decisiva. La F.A.C.A. ha editado recientemente un interesante estudio sobre la performance de los abogados y de los Colegios de Abogados durante la última dictadura militar, que nos permite ahondar en algunos paradigmáticos casos de civismo y de compromiso republicano. Aún en democracia, la tarea de dignos hombres de derecho ha activado durante la nefasta década de la impunidad, los llamados ‘juicios por la verdad’, que son el sustento de la justicia transicional que hoy la Argentina se enorgullece de mostrar a la región.
Finalmente quiero señalar la importancia de un buen foro de abogados para la gestación de una judicatura garantista y republicana, que fuera señalada en el clásico libro “Estructuras judiciales” de Raúl Zaffaroni, al cual remito. Sin olvidar que en San Luis la lucha por la colegiación libre fue una victoria de los abogados por sobre el poder feudal, y un motivo de orgullo para quienes nos sentimos gente de derecho.

Dictamen a destiempo

Imprecisa la información a la que hace referencia la Primera Comisión de la Comisión Permanente, en cuanto a los decretos publicados por el Poder Ejecutivo: SEGOB
Jueves, 11 de Junio de 2009 Comunicado Nº101/09;

La Secretaría de Gobernación precisa que la información a la que hace referencia la Primera Comisión de la Comisión Permanente, en cuanto a los decretos publicados por el Poder Ejecutivo, es imprecisa. A la fecha han sido promulgadas ya la mayoría de las 39 nuevas leyes o decretos aprobados por el Congreso de la Unión en el último mes de sesiones y que fueron remitidos al Ejecutivo en el mes de mayo.
Entre las leyes que se encuentran publicadas se cuenta la Ley Orgánica de la PGR, la de la Policía Federal, la de Extinción de Dominio y la de General de Salud, así como la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la de Protección al Consumidor, entre otras.
Al igual que los anteriores, el resto de las leyes reformadas están siendo analizadas directa y personalmente por el Presidente de la República, para lo cual dedica un considerable espacio de tiempo de sus ocupaciones diarias, en cumplimiento de la responsabilidad conferida personalmente al titular del Ejecutivo en el artículo 72 General de la República.
El Presidente de la República considera indispensable que el análisis de las valiosas reformas realizadas por el Congreso se haga con toda puntualidad y cuidado, sobre todo si se toman en cuenta las múltiples y muy importantes reformas y adiciones realizadas por las señoras y los señores legisladores.
Vale la pena señalar que en el último periodo de sesiones el Congreso emitió 56 proyectos de decreto, de los cuales 15 fueron aprobados el último día de sesiones. El Presidente reconoce el esfuerzo del Congreso y en correspondencia analiza cuidadosa y personalmente la legislación aprobada a fin de promulgarla de manera responsable o en su caso, enviar las observaciones pertinentes al Congreso en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución General de la República.
***
Dictámen de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo:
Por el que se hace un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que proceda a la publicación de diversos decretos aprobados por el Congreso de la Unión.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA y SIN NINGUNA DISCUSIÓN Y HAY QUE SEÑAR QUE EL DICTAMEN ESTA FECHADO EL 3 MIERCOLES 3 DE JUNIO CUANDO TODAVÍA NO SE PUBLICABAN ALGUNOS DECRETOS.
En su caso, algunos legisladores del PAN hubiernan reservado el dictamen en lo particular, pero...
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN, DIJO:
En consecuencia voy a pedir a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse todos los dictámenes de la Primera Comisión que no fueron reservados.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTINEZ RODRIGUEZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos de los acuerdos que no fueron reservados.
-Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
-Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
-Aprobado, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias.
Aprobados los acuerdos. Comuníquense.
El dictamen a destiempo:
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, en sesión del 27 de mayo de 2009, fue turnada la Proposición con Punto deAcuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza un severo
extrañamiento al Titular del Poder Ejecutivo Federal al no haber publicado diversos Decretos aprobados por el Poder Legislativo Federal, presentada por los siguientes legisladores: Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Sen. Carlos Aceves Del Olmo, Sen. Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Sen. Carlos Jiménez Macías, Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Sen. Carlos Lozano De La Torre, Sen. Mario López Valdez, Sen. Amira Gómez Tueme, Sen. Adolfo Toledo Infanzón, Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Dip. Emilio Gamboa Patrón, Dip. César Duarte Jáquez, Dip. José Murat, Dip. Lorena Martínez Rodríguez, Dip. Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Dip. Adolfo Mota Hernández y Dip. Patricio Flores Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con esa misma fecha, se turnó una proposición para exhortar al Ejecutivo Federal a que publique el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales en materia de Narcomenudeo, así como el decreto que expide la Ley de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los senadores René Arce Islas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Pedro Joaquín Coldwell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de las propuestas a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
Las proposiciones con Punto de Acuerdo que se citan en el proemio, fueron presentadas en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 27 de mayo de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
CONSIDERACIONES.
I.- En su capítulo de consideraciones los autores de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, señalan que los datos sobre la situación económica del país son cada día más preocupantes. Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dio a conocer que la economía mexicana decreció 8.2 por ciento en términos reales en el primer trimestre del año con respecto al mismo lapso de 2008, contracción no vista desde 1995, según consideración del propio instituto. Es cierto que vivimos los efectos de una recesión mundial, pero si comparamos nuestra situación con la de otros países como el nuestro, vemos que algo no se ha hecho bien desde el gobierno federal, para que hoy seamos el país de América Latina con el peor índice de crecimiento anual, ya que otros países tendrán mejor desempeño a pesar de la crisis.
Que lo que resulta más preocupante es que no ha existido previsión, ni certeza en el diagnóstico, de parte del gabinete económico. Hace poco el Doctor Carstenshizo saber que el hoyo fiscal, tan sólo en el trimestre de enero a marzo, es de 300 mil millones de pesos; mientras que varió una vez más su estimación sobre la caída de la economía para este año; ahora la sitúa en 5.5% en proporción al Producto Interno Bruto, cuando en abril decía que sería del 3.3% y en enerodijo que se preveía en 1.5%.
Que no hay pretexto ni argumentos para decir que se ha dejado sólo al Ejecutivo para salir adelante y fortalecer las políticas públicas, particularmente en los temas más sensibles, como son los de seguridad y los relativos al desarrollo económico.
Que durante el último periodo ordinario de sesiones se aprobaron diversos decretos relacionados con el combate al narcomenudeo y prevención de adicciones; la Ley de extinción de Dominio; disposiciones para combatir el tráfico de armas; emitimos la nueva Ley Para la Policía Federal, así como reformas que otorgan mayores facultades al ministerio público federal, para fortalecer la procuración de justicia.
Que en materia económica, el Congreso adoptó la decisión de convocar a los actores relevantes de nuestra sociedad, y a personalidades nacionales y del exterior, con el propósito de compartir experiencias y reflexiones en torno a los casos internacionales y conocer las soluciones que frente a situaciones inéditas han adoptado otros países, todo ello con el objetivo de enfrentar mejor la crisis, que ya se veía venir a pesar del optimismo oficial. Se realizó el foro "México Ante la Crisis: ¿Qué hacer para crecer?Esos compromisos se expresaron en reformas de leyes encaminadas a promover la actividad económica, la defensa del empleo y el incremento de la inversión pública.
Que todo este esfuerzo legislativo se realizó pensando en dotar de mejores instrumentos al Ejecutivo en la lucha que libra en contra del crimen organizado, así como para hacer frente a los problemas derivados de la crisis económica, que son, ambos, temas centrales de preocupación pública ciudadana.
Que desafortunadamente, la enorme mayoría de los decretos aprobados por el Congreso y enviados al Ejecutivo, no han sido todavía publicados.
Que no se intente entonces vender la idea de que se ha dejado solo al presidente. Es el Ejecutivo el que ha desdeñado la tarea del Congreso al no publicar los decretos emanados de las cámaras y que buscan aportar soluciones a los problemas del país.
Que es necesario y muy pertinente en este momento hacer un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que sean publicados los decretos aprobados por el Congreso de a Unión y que están pendientes de tal procedimiento que les dará plena vigencia. Dichos instrumentos suman más de 30 decretos.
Por lo que toca a la propuesta de los senadores René Arce Islas y Pedro Joaquín Coldwell, en su solicitud reiteran que uno de los mayores problemas que enfrenta México en la actualidad es el alarmante crecimiento y desarrollo de la delincuencia organizada.Ello ha significado que en la agenda de seguridad del Estado mexicano haya estado presente la necesidad de legislar en materia de narcomenudeo y extinción de dominio, como dos prioridades así marcadas por el Ejecutivo federal.
Al Senado llegaron, en el 2008, sendas Iniciativas en materia de Narcomenudeo, una presentada por el Ejecutivo federal el 2 de octubre y otra presentada por el senador René Arce Islas el 9 de octubre.Y que a partir de ese momento, se inició una intensa presión gubernamental para avanzar en la aprobación de las propuestas de reforma.Señalan que el 14 de abril, el propio titular del Ejecutivo federal, en una gira por Aguascalientes, apremió al Congreso a que debatiera y resolviera con “celeridad” la iniciativa de ley que había propuesto para detener el narcomenudeo en el país.
Señalan que, finalmente, el pasado 30 de abril, se aprobó en el Congreso de la Unión el Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, todo ello en materia de Narcomenudeo.
Mencionan que el proceso legislativo para el análisis, discusión y aprobación de este decreto fue acompañado de un encuentro con expertos y especialistas que permitió a las y los senadores de las comisiones dictaminadoras ampliar la información y la perspectiva no punitiva con relación al problema de las adicciones y su prevención y tratamiento.
Les inquieta el hecho de que no se haya publicado el Decreto con la misma “celeridad” con la que se apremió para que se aprobara.
II.- Esta Comisión Dictaminadora desea señalar que compartimos la preocupación expresada por los promoventes, al no haberse publicado diversos decretos aprobados por el Congreso de la Unión, mismos que, la gran mayoría, fueron aprobados por diputados de todos los Grupos Parlamentarios representados en ambas Cámaras, existiendo un gran consenso en los mismos.
Debemos reconocer que hemos tenido el honor y la alta responsabilidad de representar el pacto federal en un momento de carácter histórico.Los mexicanos estamos enfrentando decididamente la amenaza del crimen organizado, las profundas consecuencias de la recesión económica internacional e incluso la reciente severa emergencia sanitaria.
Estamos en un contexto delicado que exige decisiones firmes y trabajo en equipo.
En esta LX Legislatura se han aprobado reformas de gran importancia en materia energética, hacendaria, electoral y sobre justicia y seguridad pública. Estas reformas largamente postergadas tienen un sentido estratégico para el futuro de nuestro país.
Ante quienes han puesto en riesgo la seguridad de los mexicanos y frente a quienes están decididos a vulnerar nuestras instituciones, el Congreso aprobó reformas en materia del Narcomenudeo y Extinción de Dominio las cuales representan instrumentos fundamentales para el combate a la delincuencia organizada.
Para garantizar la recuperación firme y sostenida de nuestra economía ambas Cámaras aprobaron reformas en materia de Ciencia y Tecnología, Turismo, Sistema de Ahorro para el Retiro y Regulaciones a las Contrataciones Outsourcing.También han sido aprobadas reformas que regulan las tasas de interés, las comisiones bancarias y reformas a la Banca de Desarrollo.
Nuestro trabajo se ha enriquecido con la organización de foros y análisis sobre la Reforma Energética, sobre la Extinción de Dominio y el Combate al Narcotráfico, así como el “Foro México ante la Crisis: ¿Qué hacer para crecer?”, como bien lo señalan los promoventes de la Proposición.
Estos foros nos han permitido abrir un proceso de deliberación plural sobre temas de gran relevancia nacional y hemos podido escuchar la opinión de expertos y miembros de la sociedad civil. Hemos dado pasos importantes en la dirección correcta, pero debemos seguir trabajando para garantizar la seguridad y la prosperidad que exigen los mexicanos.
Necesitamos más cooperación y más coordinación entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. Nuestro país requiere que sigamos trabajando y legislando en beneficio de todos los mexicanos en un momento especialmente crítico.
Por nuestra parte, es importante reconocer que asumimos la responsabilidad de apoyar la labor del Ejecutivo en todas las vertientes que se delinearon como prioritarias. Es por ello que respaldamos lo expresado por los promoventes, en el sentido de que “no se puede decir que ha faltado apoyo del Congreso al Ejecutivo, como sí ha existido en cambio una actitud de dilación y falta de interés para dar vigencia oportuna a las leyes aprobadas por mayoría, quizás porque se ha hecho valer la pluralidad de la representación nacional y no se han obedecido voluntades únicas”
Esta comisión debe hacer mención a que en días recientes sólo han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, los siguientes decretos:
Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 64 de la Ley General de Salud, publicada el 30 de mayo de 2009;
Decreto que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicado el 29 de mayo de 2009;
Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de junio.
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, publicado el 29 de mayo;
Decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal, publicado el 1 de junio;
Decreto que expide la Ley orgánica de la PGR y reforma el párrafo cuarto del artículo 197 de la Ley de Amparo, publicado el 29 de mayo de 2009;
Decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y
el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, publicado el 28 de mayo de 2009.
Por lo anteriormente señalado es que proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un extrañamiento al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que proceda a la publicación de los diversos decretos aprobados por el Congreso de la Unión.
Sala de Comisiones “Isidoro Olvera” de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 3 de junio de 2009.
PRIMERA COMISION

La Aduana de Veracruz

Discurso del Presidente Calderón en la Visita de Supervisión a la Aduana Marítima de Veracruz, 11 de Junio de 2009 Discurso
Muy buenas tardes, amigas y amigos.
Señor licenciado Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz.
Magistrado Reynaldo Madruga, Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Doctor Rementería Sempé, Presidente Municipal de Veracruz.
General José Armando Tamayo Casillas, Comandante de la VI Región Militar.
Vicealmirante Sergio Javier Lara Montellano, Comandante de la III Zona Naval.
Distinguidos integrantes del presídium, señoras y señores:
Las aduanas son la puerta de entrada a nuestro país. Pero son especialmente un sector estratégico para el desarrollo económico de México y para su seguridad nacional.
Saludo con afecto a todos los trabajadores de la Administración General de Aduanas, que hoy nos acompañan. Y en este recorrido he podido constatar los avances que se han alcanzado en la modernización de las instalaciones aduaneras.
Yo los felicito muy sinceramente, porque sé que gracias a este esfuerzo y a su compromiso diario, nuestro país se moderniza en un punto neurálgico de su actividad económica y social.
Con el objeto de alcanzar una operación aduanera más eficiente y transparente, que facilite el tránsito de pasajeros y mercancías, y que a la vez sea capaz de inhibir el contrabando, el tráfico de personas, de armas o de drogas, el Gobierno Federal ha puesto en marcha el Plan de Modernización Aduanal en esta Administración.
Este nuevo plan representa, hasta ahora, una inversión Federal de casi seis mil millones de pesos. Y son varios los avances que tenemos a nivel nacional.
En primer lugar. Las aduanas cuentan ya con tecnología de punta para la revisión de contenedores y de mercancías. Baste mencionar, como ejemplo, que a nivel nacional ya se tienen operando 58 equipos de rayos gama, 94 equipos de rayos X para la revisión de equipaje y 14 identificadores para detectar material radioactivo.
Me da mucho gusto constatar que al día de hoy se han instalado aquí, en la Aduana de Veracruz, nueve equipos de rayos gama, así como equipo móvil de rayos X, con el que se pueden revisar un promedio de 20 a 30 vehículos por hora, entre otros avances.
En segundo lugar. Se está ejecutando el Proyecto Megapuertos con el que, en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, se dotará a las aduanas de detectores de radiación de última generación para contendores.
Es muy satisfactorio ver, por ejemplo, aquí en Veracruz, como me lo han mostrado hace un momento, que este sistema ya opera al 100 por ciento y que es vital, precisamente, para evitar la entrada de material radioactivo ilícito, con cualquier propósito, a nuestro país. El próximo año entrará en operación en Altamira, en Manzanillo y en Lázaro Cárdenas.
En tercer lugar. Estamos avanzando en nuestros esfuerzos para profesionalizar al personal de aduanas. Lo hacemos a través de un moderno sistema de reclutamiento, así como con programas de capacitación permanente en el uso de nuevas tecnologías.
Además, estamos vigilando porque la ciudadanía y los propios trabajadores aduanales tengan en sus compañeros, en los operadores de las aduanas, personal que sea absolutamente confiable.
Por eso, estamos aplicando rigurosos exámenes de control de confianza y a la fecha, más de la mitad de los cuatro mil funcionarios en puestos de alto riesgo de la Administración General de Aduanas ya han sido evaluados. Para finales de este año el resto de los servidores deberá haber pasado por estos controles.
En suma, el Plan de Modernización Aduanal representa un paso fundamental para poner las aduanas de México a la altura del desarrollo económico que merece nuestro país.
Las aduanas son un elemento central para promover la eficiencia del comercio exterior y apoyar así el crecimiento de la economía. Sin embargo, lo sabemos, han tenido, desde toda la historia de México y ahora, una importancia fundamental en términos de seguridad para el país.
Así lo demuestra la historia de la aduana de este Puerto de Veracruz, la más antigua de nuestro país y de América Latina. Desde tiempos de la Colonia y el inicio de la vida independiente de México, éste ha sido un bastión estratégico para garantizar la soberanía nacional y la seguridad de los mexicanos.
Hoy las aduanas siguen siendo un frente clave en la lucha contra la ilegalidad, el crimen organizado y la corrupción.
En éste y en otros estados de la República, el crimen organizado ha alterado la tranquilidad de los mexicanos. Se han metido en las comunidades, amenazan, extorsionan, secuestran, asesinan. Y no podemos permitir, por lo mismo, que el crimen organizado crezca y siga erosionando la vida de los mexicanos. Por eso, es fundamental no sólo combatir y atrapar a los criminales, sino golpear de manera definitoria su estructura financiera y operativa.
Diariamente policías militares y servidores públicos honestos arriesgan su vida y su integridad para heredar a las futuras generaciones de mexicanos un país libre de violencia, un México seguro, un México que no esté en manos de la criminalidad.
En esto las aduanas de México juegan un papel trascendental, porque una aduana operada eficiente y honestamente, vulnera de manera decidida la estructura financiera de los criminales.
Hoy estamos aquí, en un momento particularmente difícil para la Aduana Marítima de Veracruz y para sus trabajadores, por el repudiable secuestro de Francisco Serrano Aramoni, Administrador de esta Aduana.
Al momento las investigaciones indican que este hecho, se trató de un acto cobarde, perpetrado por criminales que han visto afectados sus mezquinos intereses ante la acción valiente y decidida del personal de esta aduana, encabezada dignamente por Francisco Serrano.
Desde el momento en que fui informado de estos hechos, giré instrucciones al Procurador General de la República, al Secretario de Seguridad Pública y a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, incluyendo a los Secretarios de Marina y de Defensa, para que movilizarán todos sus recursos con la prioridad de hallar y hallar con bien a este servidor público ejemplar.
Y no descansaremos hasta esclarecer este caso. Las pesquisas se desarrollarán hasta sus últimas consecuencias a fin de llevar a todos los responsables de este deleznable delito ante la justicia y encontrar con vida a nuestro compañero.
Hemos ofrecido, además, una recompensa millonaria para cualquiera que informe o proporcione información que nos permita llevar a conocer el paradero de Francisco Serrano.
Una cosa tiene que quedar bien clara: que este tipo de actos cobardes contra la integridad de los servidores públicos no van a intimidar al Gobierno Federal.
Mi presencia aquí obedece también a la firme voluntad de manifestar la solidaridad del Gobierno Federal con los trabajadores y servidores públicos de las aduanas.
A supervisar personalmente la intención que he dado de reforzar la seguridad en las aduanas y de su personal, y también de establecer una señal muy clara, en el sentido de que quien quiera y donde quiera que se meta con alguno de los nuestros y de nuestro personal, más difíciles vamos a hacerle sus actividades criminales, precisamente, en ese lugar.
Que se entienda claramente, que la acción del Gobierno Federal seguirá y se redoblará mientras sigan existiendo en México actos tan repudiables como éste; mientras siga habiendo acciones de secuestro, de extorsión, de afectación a la ciudadanía que quiere vivir en paz, más seguiremos trabajando arduamente para enfrentar, encarcelar, combatir y erradicar a la delincuencia organizada en nuestro país.
Seguiremos trabajando arduamente y sin descanso para librar a México de la criminalidad, para combatir el abuso de quien desde la ilegalidad y la violencia pretenda dominar a la sociedad.
Sabemos que es una tarea ardua, que es una tarea de largo aliento, que es una tarea que tomará tiempo y que exige la concurrencia del esfuerzo, no sólo del Gobierno Federal, sino de distintos órdenes de Gobierno e incluso, me atrevo a decir, de diversos Gobiernos en el tiempo.
Una acción permanente, pero que el Gobierno Federal en esta Administración ha asumido a cabalidad, consciente de la responsabilidad histórica, de que esta tarea de librar a México de la delincuencia tenía que empezar y tenía que hacerse e iniciarse con absoluta firmeza, y con toda determinación.
Amigas y amigos:
En estos momentos complejos para el país en materia económica, en materia de seguridad, la labor de todos ustedes es clave para que las aduanas sigan siendo promotoras de comercio exterior y al mismo tiempo un dique de contención eficaz para las actividades ilegales, y un garante de que las actividades económicas desarrolladas legalmente puedan, a su vez, prosperar más.
En esta tarea cuentan con todo el apoyo, la solidaridad y la determinación del Gobierno Federal, que sabe que hay en ustedes una nueva generación de servidores públicos comprometidos con México; una nueva generación de servidores públicos, de los cuales depende que el país escriba páginas de historia distintas y mejores a las que ha vivido hasta ahora, en el problema que más le aqueja a México que es, precisamente, en el de la inseguridad.
Que hay aquí, en ésta y en todas las aduanas del país gente que quiere, verdaderamente, cambiar las cosas. Hacer las cosas de manera diferente, como las merece el México en el que aspiramos vivir y convivir todos.
Sé que tanto ustedes, como el Gobierno Federal, habremos de perseverar en esta modernización integral de las aduanas y que seguiremos brindándole los recursos, la capacitación y la tecnología necesaria para el desempeño de esta delicada labor.
Muy en especial, seguiremos tomando acciones concretas para aumentar la seguridad de los servidores públicos aduanales, particularmente de aquellos que ocupan los puestos de mayor responsabilidad.
No vamos a permitir que la delincuencia amenace el buen funcionamiento de las aduanas en nuestro país.
Por este gran esfuerzo de modernización que se ha implementado y sigue implementándose en el Puerto de Veracruz, los felicito una vez más, y los exhorto a que sigan cumpliendo con su labor con total entrega y profesionalismo, como lo han hecho hasta ahora.
En unas palabras: sigamos trabajando fuerte por México, porque lo necesita.
Muchísimas gracias.
***
Diversas intervenciones
-SECRETARIO AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS:
Señor Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa;
señor Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz,
licenciado Fidel Herrera Beltrán.
Doctora Georgina Kessel, Secretaria de Energía;
doctor Jon Gurutz Rementería, Presidente Municipal de Veracruz;
Vicealmirante Sergio Lara Montellano, Comandante de la III Zona Naval. General José Armando Tamayo Casillas, Comandante de la VI Región Militar; representantes de los poderes locales, compañeras y compañeros del Servicio de Administración Tributaria. Señoras y señores: Para nadie es un secreto que desde su inicio, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón le ha otorgado la más alta prioridad a garantizar la seguridad e integridad física de todos los mexicanos, lo que ha implicado combatir frontalmente todas las manifestaciones delictivas que atentan contra la convivencia pacífica y armónica de los ciudadanos. En especial se ha debido combatir sin tregua a la delincuencia organizada, que representa, por su naturaleza, una amenaza directa al Estado mexicano y a la seguridad de todos y cada uno de los mexicanos. Esto ha implicado que, en el caso de la Administración General de Aduanas, se haya puesto en marcha una transformación profunda de su forma de operar para hacer compatibles dos grandes objetivos: Primero. Facilitar el comercio exterior como mecanismo idóneo para difundir el bienestar y promover el crecimiento económico.
Segundo. Incrementar el control y las medidas de seguridad en las aduanas, de forma que cualquier conducta delictiva, de tráfico de estupefacientes, de armas, de dinero o el contrabando de mercancías, entre otras más, encuentren en las aduanas un muro infranqueable. De ese doble propósito surge el Plan de Modernización de las Aduanas, que se sustenta en tres pilares de acción: El primero de estos pilares ha sido la inversión en infraestructura y el mejoramiento tecnológico de las aduanas. Su objetivo inmediato ha sido institucionalizar el proceso aduanero para reducir al máximo la discrecionalidad en la actuación de los funcionarios en el despacho de mercancías, aumentar la transparencia de la operación aduanera y generar un cúmulo de información idónea de inteligencia para fines de seguridad. El segundo pilar del Plan de Modernización, ha sido perfeccionar la coordinación interinstitucional y el intercambio de información de la Administración General de Aduanas, con todas las entidades del Estado mexicano relacionadas directamente con la seguridad nacional y con la seguridad física y patrimonial de la población. Esto ha supuesto mejorar sustancialmente las revisiones aduaneras, establecer mecanismos eficaces disuasión de los actos de corrupción y proveer al personal aduanero de las medidas adecuadas para proteger su integridad ante las amenazas que representan los grupos criminales y la delincuencia organizada. En tercer lugar, pero no al final en importancia, está el mejoramiento constante de las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas del personal que sirve al país en las aduanas de México.
Este pilar de modernización se ha construido mediante acciones específicas, como son:
El establecimiento de planes de carrera que otorguen claridad sobre su futuro e incentivos de crecimiento profesional al personal aduanero.
Segundo. El incremento en extensión y en intensidad de los programas y cursos de capacitación pertinentes para un mejor desempeño de las tareas aduaneras.
Tercero. Un intenso Programa de Verificación de Confianza aplicada al personal que labora en nuestras aduanas. Para dimensionar la importancia creciente en las aduanas en la vida de nuestro país y el gran desafío que nuestras aduanas tienen en materia de infraestructura, basta considerar que el comercio exterior de nuestro país tan sólo con los Estados Unidos, se ha más que quintuplicado en los últimos 15 años.
Cada día laboral cruzan por nuestras aduanas más de 27 mil 900 vehículos de carga y se realizan más de 26 mil 700 pedimentos de importación y exportación de mercancías, que representan, también cada día, un valor de casi 25 mil millones de pesos. Por su parte, cada día entran al país un promedio de 200 mil vehículos de pasajeros, flujo que se incrementa hasta 240 mil vehículos diarios en promedio en temporadas vacacionales, principalmente por el retorno de paisanos a México. En un día promedio, los aeropuertos del país reciben a más de 38 mil viajeros procedentes del extranjero. Respecto al comercio exterior, el Plan de Modernización ha facilitado un flujo comercial por las aduanas del país, que equivale a más del 60 por ciento del PIB. Desde el punto de vista tributario, las aduanas contribuyen con el 46 por ciento de la recaudación de IVA y cada día laborable en las aduanas de México se recaudan en promedio más de 750 millones de pesos por impuestos relacionados con el comercio exterior. Estas cifras, como mencioné, nos ayudan a dimensionar la relevancia que ha tenido el Plan de Modernización de las Aduanas para enfrentar este volumen creciente de tráfico de personas, de vehículos e intercambio de mercancías. Y también es una muestra de los grandes desafíos que aún tenemos por delante para que nuestro sistema aduanero no se quede rezagado frente a la vitalidad y el dinamismo de nuestras fronteras. En materia de detección y decomisos de mercancías ilícitas se han logrado notables avances.
En lo que va de esta Administración, se han decomisado, únicamente en la aduana, 23.8 toneladas de cocaína, lo que significa un 48 por ciento más que todo lo decomisado en el sexenio anterior. Se han decomisado tan sólo en la aduana, también, 32.1 toneladas de mariguana en el mismo periodo, lo que es 23 por ciento más que lo decomisado en todo el sexenio anterior. Respecto de los decomisos de dinero no declarado en la aduana, se han decomisado 38 millones de dólares y 20 millones de pesos. Y durante lo que va de esta Administración, esta cifra ya es superior a la de todo sexenio anterior. Todas estas cifras nos hablan de avances alentadores apoyados por el Plan de Modernización. Sin embargo, todos sabemos que los desafíos presentes y futuros son inmensos. En el SAT y en la Administración General de Aduanas hay un compromiso total para hacer mucho más eficaz el cumplimiento cabal de los dos grandes objetivos propuestos: facilitar el comercio exterior y ser un efectivo valladar para salvaguardar la integridad del territorio nacional y la seguridad de sus habitantes. Este compromiso se reflejará en los resultados conforme avance nuestro Plan. No podría terminar mi participación sin mencionar lo ocurrido en días pasados a nuestro compañero Francisco Serrano Aramoni, de la Administración de la Aduana del Puerto de Veracruz. Es un hecho que nos indigna y que condenamos enérgicamente. En buena medida, este hecho execrable refleja la seriedad, el grado, compromiso y eficacia con la que la Administración General de Aduanas y el personal aduanero han asumido el desafío de garantizar la seguridad del país y de los mexicanos. Al mismo tiempo, este episodio doloroso e inaceptable, nos obliga a reforzar la seguridad de todo nuestro personal y de nuestras instalaciones. Deseo agradecer el apoyo y el trabajo incansable que han realizado para localizar a nuestro compañero la Secretaría de Defensa Nacional, la Armada de México, las autoridades de seguridad del Estado de Veracruz y del municipio, así como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y otras instancias Federales de seguridad. Además, y de acuerdo con las instrucciones específicas del Presidente Calderón, he pedido al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, así como al Administrador General de Aduanas, que de inmediato se refuercen las acciones concretas que garanticen la seguridad de todo el personal aduanero en el desempeño de sus funciones y en su vida cotidiana.
Al mismo tiempo, hago votos para que a la mayor brevedad y en buen estado de salud aparezca nuestro compañero Serrano Aramoni. Me consta que se trata de un hecho que nos ha conmocionado a todos, pero que a la vez ha contribuido a que todo el personal aduanero se solidarice y refrende su compromiso con la ley, con la convivencia civilizada y armónica y con el respeto irrestricto de los derechos inalienables de todo ser humano. Muchas gracias.
-MODERADOR: Toma la palabra el ciudadano licenciado Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz.
-GOBERNADOR FIDEL HERRERA BELTRÁN:
Si para las estrategias del desarrollo económico y las de la seguridad nacional, la importante tarea de las aduanas se ha puesto de relevancia para los fines de México, por la intervención del Secretario de Hacienda, lo que significan para Veracruz la operación eficaz, moderna, de las aduanas marítimas de Tuxpan y la de Veracruz, que es la principal, y la de Coatzacoalcos; son el enlace para el crecimiento, el desarrollo y la operación del comercio internacional y sus impactos en la economía regional y la local.
En especial, la Aduana de Veracruz y su puerto son las palancas del desarrollo de todo el entorno. La economía del estado gira en mucho por la vinculación de nuestras grandes empresas, las de tubos de acero y las de los fertilizantes, las de la importación de los vehículos y la exportación de automotores, la exportación de la industria azucarera, de la agricultura y la ganadería a través de este puerto.
Los servidores públicos de la aduana son conocidos y reconocidos por nuestra sociedad, los de aquí y los del aeropuerto; por eso, a la par de reconocer la tarea e importancia, hoy quiero, en la presencia de los servidores públicos de la Aduana Marítima, expresar el más profundo agravio del pueblo y las instituciones de Veracruz por la ilegal privación de la libertad del licenciado Francisco Serrano Aramoni, ocurrida a las 10:40 de la noche del pasado día 1 de junio.
Expresar que ese acto de ilegalidad no corresponde a la normalidad de la vida de los veracruzanos en el marco de la ley, y tampoco corresponde a los patrones de conducta de nuestra comunidad. Estamos ciertos que se trata de otra acción, por cierto, temeraria y seguramente obedeciendo a sus intereses ilegítimos de las cadenas de la criminalidad, cualquiera que ésta sea.
Exigimos la pronta liberación de Serrano Aramoni. Se trata de un servidor público de una hoja de servicios intachable; en mucho, símbolo de los administradores aduanales y protagonista de esta nueva etapa de modernización, con uso de tecnología y vinculación con el Ejército y la Armada, con quien nuestras aduanas ahora operan.
Por eso es tan simbólico, trascendente e importante, que el licenciado Serrano Aramoni sea recuperado y reintegrado a su vida normal. Por eso hoy, aquí, con la solidaridad, el reconocimiento y el compromiso con todos los servidores públicos de las aduanas de México y, en especial, de Veracruz; de todas las instituciones, vamos a seguir pensando en nuestro país, en nuestros hijos y en nuestras familias; ninguna fuerza es superior a la del Estado, ni de su pueblo unido, para combatir a los que quieran imponer las reglas de la ilegalidad.
Presidente:
La solidaridad de los veracruzanos con su Gobierno, con la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, con la Aduana y con la familia, y los amigos y compañeros de trabajo de Francisco Serrano Aramoni. El de obtener su libertad y esclarecer los hechos es un compromiso en el que vamos a colaborar, como lo hemos venido haciendo desde el primer instante, con todas y cada unas de las instituciones de la Procuraduría General de la República y del Gobierno Federal. Sigan adelante.
Es por México. Es por ustedes, por ésta y las próximas generaciones de nuestro país.
Gracias.

El narco en campaña

Dossier Índigo/Ramón Alberto Garza
Publicado en El Universal, 12 de junio de 2009;
Mauricio y los Beltrán Leyva
Cuando el presidente Felipe Calderón conozca esta mañana el contenido de estas notas y los audios dados a conocer por Reporte Índigo, estará frente a una de las decisiones más complejas y cruciales en lo que va de su sexenio.
Y es que no será fácil escuchar las grabaciones en que el candidato panista Mauricio Fernández Garza, uno de los hijos fundacionales del PAN, revela ante sus electores hechos que califica de “espantosos”.
Uno.— Que las familias del cártel de los Beltrán Leyva tienen como hogar el emblemático municipio de San Pedro Garza García, el corazón corporativo y financiero de la zona metropolitana de Monterrey.
Dos.— Que la tranquilidad de ese municipio insignia del panismo no es producto de su buen gobierno ni de su buena policía, sino de los mismos Beltrán Leyva, que son los custodios de los ciudadanos con el ingreso per cápita más alto de México.
Tres.— Que el candidato del PAN a gobernar ese que fue el primer municipio panista de México, Mauricio Fernández Garza, ya se sentó a la mesa con los Beltrán Leyva.
Cuatro.— Que el plan de seguridad que el candidato del PAN pretende implementar ya está consensuado con los Beltrán Leyva, quienes “están de acuerdo” y lo apoyan, para tranquilidad de sus familias.
Cinco.— Que todo ciudadano que quiera encontrar drogas en las calles del panista San Pedro Garza García lo podrá hacer, siempre que la venta no sea obvia.
Estas revelaciones de quien ya fuera alguna vez alcalde de San Pedro, también diputado federal panista y candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, pegan directamente en la línea de flotación política del PAN, pero sobre todo de Los Pinos.
Salvo que Germán Martínez haga un deslinde inmediato, su discurso de la alianza del narco con los priístas se viene abajo. Desconocer y deslistar a Mauricio de la boleta del 5 de julio será un precio muy barato a pagar, antes que contaminar con esas alianzas inconfesables al panismo de todo México y pagar un muy elevado precio electoral.
Porque aquí hay un panista confeso de pactar con uno de los más poderosos cárteles. Y no es el candidato de un pobladito en alguna región olvidada.
Tampoco es un arribista del PRI, como Virgilio Mendoza, el pico suelto candidato a diputado de Colima, cuyas grabaciones —reveladas por Reporte Índigo— exhibieron su traición al presidente Calderón, a Germán y a la candidata panista Marta Sosa.
Fernández Garza no es un criminal. Es un personaje del más elevado perfil político y económico en una ciudad cosmopolita como Monterrey, enclave nacional del panismo.
Pero quien deberá pintar muy clara su raya será el presidente Calderón. Lo confesado por el candidato panista de San Pedro es un acto de lesa traición a la lucha que su administración libra contra el narcotráfico, buscando recuperar la seguridad nacional.
¿Cómo explicar a los mandos del Ejército mexicano que mientras nuestros soldados pagan con su vida la terrible guerra contra el crimen organizado, un candidato panista de elevado perfil se sienta a la mesa a pactar con el enemigo y a entregarle la plaza?
Estamos, sin lugar a dudas, en un punto de quiebre. El presidente Calderón tiene la última palabra

El PAN pirata

El PAN sin imaginación; copia un anuncio del PSOE.
Y es que los publicistas -Antonio Sola- encargados de la campaña del candidato del PAN para el Estado de Nuevo León gestionaron también la de Rajoy del PP español en 2008.
El Spot diseñado por Sola él para el candidato del PAN en Nuevo León es exctamente igual a un vídeo utilizado por el PSOE de Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de 2008.
Miren los vídeos y comparen. Y, como en los pasatiempos, averigüen las cuatro diferencias, dice una nota de Pablo Ordaz en El País. (abajo).
Porque las similitudes son evidentes, dice El País.
Los dos anuncios comienzan con dos jóvenes despertándose por la mañana. Se trata de dos muchachas que van a votar por primera vez, a las que sus parientes o amigos les dicen que todos los políticos son iguales, pero ellas, que no se chupan el dedo, ya saben que no, que el bueno es el socialista Rodríguez Zapatero en España o el derechista Fernando Elizondo en Nuevo León. Si no aciertan con las diferencias, ahí va una pista: la muchacha española tiene acento español; la mexicana, mexicano. A la española le dice su padre aquello de que no hay que fiarse de los políticos; a la mexicana, sus amigas. La española dice: "Puede que sea demasiado joven, pero no soy estúpida". La mexicana dice: "Puede que sea muy joven, pero no soy tonta". Ah... La española va en bicicleta. La mexicana, andando...
Antonio Sola, eso sí, ha tenido el detalle de cambiar el título del anuncio. El de su enemigo Zapatero -no hay que olvidar que en 2008 Sola asesoraba a Rajoy- se titulaba "Vota con todas tus fuerzas", mientras que el lema del candidato mexicano del PAN es "Yo tengo fe". El patinazo del publicista español es más inexplicable por una sencilla razón. El equipo de publicidad que en 2008 asesoró a Zapatero es el mismo que está ayudando ahora en México al PRI, el partido que pugna por ganarle al PAN en las elecciones del 5 de julio.
¿Cómo pudo pensar Sola que nadie se daría cuenta de su afición al control C control V?, PREGUNTA EL PAÍS
La revista Proceso lo califica en su penúltimo número como "el alma de las campañas sucias" y revela que, "para evitar eventuales reclamos por una nueva injerencia de Sola en asuntos de política interna, la presidencia de la República dispuso todo para la naturalización del español como mexicano".
Ahora, ante las elecciones del 5 de julio, Sola ha vuelto a las andadas. La principal estrategia del PAN es acusar a los candidatos del PRI de ser cómplices del narcotráfico. Y eso, según las encuestas, funciona. Aunque el PRI -el partido hegemónico en México durante 70 años- gozaba en la precampaña de una sustanciosa ventaja, ahora el PAN escala posiciones.
Puestos a ser justos, hay otro elemento que separa a los dos anuncios. La joven española duerme sobre su oreja derecha. Y la muchacha mexicana, sobre la izquierda. O sea que, pensándolo bien, ya son cinco las diferencias.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/partido/Calderon/Mexico/copia/anuncio/PSOE/elppgl/20090612elpepuint_9/Tes

Derecho a la intimidad

La intimidad y el primer ministro/Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra
Publicado en EL PAÍS, 10/06/09):
La intimidad es aquel ámbito de la vida privada de la persona que resulta inaccesible a los demás, salvo que medie su propio consentimiento. Pero es un derecho sometido a límites. Así, puede cederse en favor del derecho a comunicar y recibir información si ésta es de interés público. Las recientes informaciones
que denuncian presuntos casos de abuso de poder cometidos por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, vuelven a poner de relieve la cuestión del grado de protección que una sociedad democrática debe garantizar sobre la intimidad de aquellas personas que, por razón del cargo representativo o de la profesión que ejercen, ocupan una posición de protagonismo en el escenario público y, por tanto, quedan sometidas al escrutinio social. Especialmente, si se trata de representantes con responsabilidades en instituciones democráticas. Dicho lo cual, no ha de haber duda de que las personas célebres, objeto de público conocimiento, no dejan por ello de ser titulares de su derecho a la intimidad. Esto es así, pero también lo es que los límites a la información (comunicar hechos que les afectan) o a la libre expresión (opinar sobre su conducta) han de ser mucho más flexibles si concurren razones de interés público, tanto en lo que concierna a su comportamiento público como a aquellos de sus actos privados que puedan tener relevancia pública.
Es ésta una condición sine qua non de la sociedad abierta, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos ha reiterado al afirmar que el derecho a comunicar información sobre hechos de interés público ocupa una posición singular en el sistema constitucional de los derechos fundamentales, ya que una lesión o restricción injustificada implica no sólo la limitación del derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información, sino que también afecta negativamente a la creación y mantenimiento de una opinión pública libre, como institución esencial del sistema democrático (Sentencias Handyside c. Reino Unido de 7/XII/1976 y Lingens c. Austria, de 6/VII/1986). Esto es algo que también vale para Italia.
Recientemente, la prensa transalpina -en lo que no le ha impedido el Ministerio Fiscal- y la internacional, en especial EL PAÍS, se han hecho eco gráfico de supuestos de abuso de poder que afectarían al primer ministro Berlusconi. Así, haber promovido la aprobación de leyes ad hoc para que en vuelos oficiales y, por tanto, con medios públicos, puedan viajar invitados particulares para actividades lúdicas. O haber promocionado a puestos de responsabilidad, en las listas electorales de su partido al Parlamento Europeo o en el mismo Consejo de Ministros, a personas cuyo único mérito político ha sido su belleza, según sus propias y orgullosas declaraciones. Berlusconi, sin embargo, ha considerado que la publicación de las fotos tomadas en su finca de Cerdeña, aun difuminando la imagen de sus protagonistas, atenta contra la intimidad de sus invitados y ha anunciado acciones legales contra este diario. Sin embargo, hay poderosas razones de orden jurídico, basadas en el interés público de la información difundida, que permiten sostener que el derecho a comunicar información sobre estos hechos no puede ser restringido. Veámoslo.
La primera es que parece fuera de toda duda razonable la legitimidad de la que disponen los medios de comunicación para informar del uso que el primer ministro esté haciendo de unas leyes singulares, aprobadas con el objeto de habilitarle para invitar a amistades a viajar en vuelos oficiales. Sobre todo, cuando la finalidad es asistir, con medios sostenidos por el erario público, a actividades lúdicas de carácter particular. Que una ley le permita llevar a cabo lo que objetivamente es un abuso de poder, lamentablemente avalado por el Parlamento, no puede ser óbice para que la prensa informe al respecto, incluso de forma gráfica y -eso sí- con la prudencia de no difundir lo irrelevante, la identidad de los asistentes. Que uno de ellos se haya dado por aludido -el ex premier checo Topolanek- es de su sola incumbencia.
Lo verdaderamente importante es el hecho en sí de la ostentación que hace Berlusconi del lujo privado financiado parcialmente con dinero público, al amparo de una ley ad hoc. Y, por tanto, dicha ley no puede impedir que se informe sobre esas actividades porque, si lo hiciera, sería inconstitucional y sería, además, una consecuencia consustancial derivada del artículo 21.2 de la Constitución de la República, que establece que “la prensa no podrá estar sujeta a autorizaciones o censura”. Es obvio que en Italia y en cualquier país democrático, garantizar la información sobre hechos de esta naturaleza es una cuestión de orden público democrático. Sin que, por el contrario, sea de recibo la evidente instrumentalización que del derecho a la intimidad de sus invitados ha hecho el premier italiano.
El derecho a la intimidad, como derecho a no ser molestado, está protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 8). Pero cuando lo que se censura públicamente son los comportamientos de políticos en su ámbito público -como es promover una ley que permite el uso con fines privados de fondos públicos- el derecho a comunicar información (art. 10) no puede interpretarse -sostiene el Tribunal de Estrasburgo- a la vista del derecho a la intimidad. Con ello quiere decir que los límites de la crítica permitida son más amplios en relación a un político cuando actúa como tal, como lo hace Berlusconi aprovechándose de una ley para beneficiar a su círculo de amistades y mezclando de forma torticera espacio público y privado.
Ciertamente, un político también disfruta del derecho a la intimidad, incluso cuando actúa en el ámbito público, pero en este caso la protección de su intimidad ha de equilibrarse con los intereses de la libre discusión de las cuestiones políticas (Sentencia, Caso Lingens, 1986). Asimismo, el Tribunal de Estrasburgo ha recordado que el hecho de que un político se halle en una situación en la que se solapen su actividad política y sus negocios puede dar lugar a una discusión política que provoque una dura crítica, en el marco del derecho a comunicar información y la libertad de expresión (Sentencia, caso Dichand, de 26/2/2002). Y la publicación de las fotos en la residencia privada del primer ministro es una forma legítima de ilustrar un debate público sobre el abuso de poder.
Una segunda razón concierne a las exigencias de una sociedad abierta: los representantes han de explicarse cuando son incoherentes e hipócritas. Y para ello es preciso obtener de forma diligente información veraz y después comunicarla a la sociedad. En el caso Berlusconi, la mezcla de lo público y lo privado exhibida por este representante público elegido democráticamente deja pocas dudas en el debate público acerca del abuso de poder y de promoción del tráfico de influencias que bajo su manto protector se está llevando a cabo con su aquiescencia. Conocer estos hechos en toda su dimensión, por crudo que pueda llegar a ser, es objetivamente una razón de interés público.
La sociedad italiana, y por extensión la europea en el marco de la Unión, no puede vivir de espaldas a los comportamientos protagonizados por un político de este nivel de responsabilidad institucional, tanto en su país como en Europa. Y el interés se acrecienta más cuando, junto a esta exhibición de excesos que rayan en la obscenidad institucional, el primer ministro en un ejercicio de palmaria hipocresía protagonizó, a raíz del caso Eluana Englaro, un conflicto institucional con el presidente de la República, Giorgio Napolitano, que con exquisita prudencia le tuvo que recordar que no podía sancionar un decreto-ley flagrantemente inconstitucional por el que Berlusconi, adoptando posiciones propias de un catolicismo ultramontano, pretendía impedir la ejecución de una sentencia firme de la Corte Suprema de Casación con el fin de prolongar la vida de una mujer en estado vegetativo hacía varios lustros. La sociedad italiana ha de tener la oportunidad de contrastar a través de la información estas miserias que la afectan y, por eso mismo, la aparición de las fotos de Cerdeña es de interés público, porque consiguen de ese modo consolidar una opinión pública libre.

El programa nuclear iraní

El programa nuclear iraní/Fawaz A. Gerges, de la cátedra A. Johnson sobre Oriente Medio, Sarah Lawrence College (Nueva York). Autor de El viaje del yihadista: dentro de la militancia musulmana, Ed. Libros de Vanguardia
Publicado en LA VANGUARDIA, 11/06/09;
Tras su reunión con el primer ministro israelí, Netanyahu, Obama dijo que el logro de un arma nuclear por parte de Irán representaría no sólo una amenaza para Israel yEE. UU., sino que sería un factor “profundamente desestabilizador” para la comunidad internacional y que no permitiría que las propuestas conversaciones con la República Islámica se dilataran de forma indefinida, aunque añadió que el resultado de las elecciones presidenciales del día 12 revelaría si cabe alguna oportunidad de progresar en lo que resta de año. Si Obama cree que la elección de un presidente reformista provocará un cambio en la política nuclear de Irán, se llevará una sorpresa al enterarse de que apenas media diferencia entre las posturas de los principales candidatos sobre el programa nuclear. Además, la decisión de iniciar conversaciones con EE. UU. compete a Jamenei y al Consejo de Seguridad Nacional.

Los iraníes de todo el abanico ideológico convienen en que a su país debería permitírsele el desarrollo de tecnología nuclear y la obtención de los conocimientos científicos necesarios para progresar en este campo. Musavi, candidato reformista, al preguntársele si accedería a suspender el enriquecimiento de uranio si fuera elegido presidente, afirmó abiertamente en abril: “Nadie en Irán aceptaría tal suspensión”.
De hecho, los candidatos presidenciales se han esforzado para convencer a la sociedad de que Ahmadineyad no debería llevarse todos los aplausos por los progresos alcanzados en la cuestión nuclear. Incluso el ex presidente Jatami ha criticado a su sucesor por acaparar todos los elogios. Lo cierto es que aunque Irán ha dado pasos cruciales en su programa nuclear bajo el mandato de Ahmadineyad, el programa iraní de enriquecimiento de uranio hizo sus mayores progresos durante los ocho años de Jatami en el poder. Tanto Ahmadineyad, un conservador, como Jatami, un reformista, aspiran al público reconocimiento por el progreso de las actividades y programas de Irán en el terreno nuclear. Para no quedar inerme y desarmado, Musavi, que confía en destronar a Ahmadineyad, ha puesto en guardia al electorado contra la tentación de tragarse las tácticas de su rival consistentes en valerse de los recientes logros en materia nuclear para extraer beneficios electorales: “Todo el mundo está de acuerdo en que tales progresos son necesarios para el país; la cuestión es que no deberían en absoluto explotarse por motivos políticos ni usarse como bazas publicitarias”, afirmó el ex primer ministro en un acto de campaña.
Resulta improbable que el próximo presidente esté dispuesto o ni siquiera esté en condiciones de acceder a las exigencias de las potencias occidentales de suspender el enriquecimiento de uranio. El líder supremo y el Consejo de Seguridad Nacional están decididos a impulsar el programa nuclear a toda costa, sin dejar de insistir en que el enriquecimiento de uranio apunta a fines pacíficos y no a la fabricación de armamento nuclear.
Las últimas declaraciones de Obama - en el sentido de que confiaba en poder saber hacia finales de año si Irán “está realizando efectivamente un esfuerzo de buena fe para resolver las diferencias” a través de conversaciones destinadas a poner fin a su programa nuclear-podrían significar que ambas partes dirigen sus pasos hacia un enfrentamiento abierto.
Para evitar una confrontación y encontrar una solución aceptable a la cuestión del programa nuclear de Irán, los dirigentes occidentales deben considerar la naturaleza de la disyuntiva en el terreno de la seguridad que se presenta a sus homólogos iraníes. En el fondo de la iniciativa iraní para desarrollar actividades nucleares existe una búsqueda de un poder de disuasión frente a un Israel nuclear y un EE. UU. amenazador. Los dirigentes iraníes creen que poseer un factor de disuasión nuclear garantizará la supervivencia de su República Islámica induciendo a EE. UU. a desistir del derrocamiento de su régimen de forma similar a como procedió en Afganistán e Iraq. La invasión y ocupación estadounidense de Iraq fue un aviso a los mulás, que se sintieron amenazados por la presencia de 150.000 soldados estadounidenses en su patio trasero.
Mucho antes de la guerra global contra el terrorismo, como muestra Joost R. Hiltermann en su magnífico libro Un asunto venenoso: Estados Unidos, Iraq y el gaseamiento de Halabja,los mulás en el poder acusaron el negativo impacto del empleo reiterado de armas químicas contra soldados iraníes durante la guerra Irán-Iraq mientras EE. UU. miraba a otro lado. Según Hiltermann, las semillas del programa no convencional de Irán se sembraron en aquel prolongado y sangriento conflicto cuando los iraníes concluyeron que únicamente un poder de disuasión era capaz de proteger la seguridad nacional de Irán.
Sólo si se reconocen los temores y preocupaciones legítimas de los dirigentes iraníes puede hallarse una solución a la cuestión del programa nuclear del país. El desafío se cifra en abordar la disyuntiva planteada a Irán en materia de seguridad y brindar a sus dirigentes vías y opciones alternativas a su acceso a la condición de potencia nuclear. Pero ello puede resultar demasiado poco - y ser demasiado tarde-,porque Irán ya posee actualmente los conocimientos científicos al respecto y está a punto de despejar los últimos obstáculos para fabricar un arma nuclear.