16 feb. 2009

La columna Razones de hoy

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Publicado en Excélsior, 16 de febrero de 2009;
El periodismo y la política fallidos
Las tres noticias de la semana pasada fueron: la presunta propuesta de la legalización de las drogas realizada por tres ex presidente latinoamericanos, incluido Ernesto Zedillo; las revelaciones de las
“escuchas” telefónicas a Luis Téllez y la telenovela de los spots de los partidos políticos en la televisión. Y en los tres casos los medios tuvimos un papel clave en la difusión de informaciones que eran falsas, estaban tergiversadas o fuera de contexto. Es grave, porque, pese a todo, sigue existiendo un grado de confianza muy alto de la gente en los medios, mismo que se deteriorará si se siguen cometiendo errores y no se respetan los principales paradigmas de esta profesión.
Comencemos por la legalización de las drogas. En el documento de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Zedillo, César Gaviria, de Colombia y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, no se utiliza jamás la palabra “legalizar” las drogas, ni siquiera la mariguana. Se propone “descriminalizar” las políticas para establecer un trato más humano a los adictos, verlos como enfermos y no como delincuentes, algo que se ha planteado en innumerables oportunidades y que incluso los gobiernos mexicanos recientes han tratado, con insuficiencias, de realizar. ¿De dónde salió que los ex mandatarios proponían legalizar las drogas? Seguramente de la primera agencia que envió la nota desde Río de Janeiro, donde se divulgó originalmente el documento, pero, posteriormente, nadie se tomó el trabajo de ir a las fuentes y revisar si lo que se decía era verdad o no. Y la versión se repitió en los periódicos, en la radio, en la televisión y generó reacciones de políticos y personajes públicos. Resultó una mentira que dio origen a un debate inútil y llevó a que se perdiera de vista un documento que tiene aportes (e insuficiencias) de un tema central para la región como es el del narcotráfico.
Segundo punto. Las “conversaciones” de Luis Téllez. El pecado del secretario de Comunicaciones y Transportes en esta historia podrá haber sido otro, pero no lo es que en una plática grabada ilegalmente diga, en forma coloquial y mientras está hablando de otros temas, que un ex presidente “se robó” media partida secreta. Ni que hable con groserías de otro funcionario o que diga que hay que ampliar un aeropuerto. Téllez peca de ligereza, quizá de falta de sentido común al abordar ciertos temas por teléfono y eso tal vez hasta le pueda terminar costando el puesto. Pero no porque se haya revelado algún delito como sí lo es grabar y divulgar pláticas privadas. En La República del espionaje nadie saldrá ganando si la divulgación de todo tipo de conversaciones privadas se masifica. No hay un solo político, empresario, periodista, una sola persona que no haya dicho alguna vez algo inconveniente, con ligereza, con insultos, en una llamada telefónica o en una plática privada. Y aquí lo que tenemos es espionaje ilegal liso y llano. La primera llamada divulgada, la de la señora Diana Pando, dice ser de una mujer que, despechada o no, a quien Téllez haya conocido o no, guardó las grabaciones durante años para darlas a conocer, casualmente, la misma semana de un durísimo conflicto político y empresarial en el sector telecomunicaciones. Y, además, nos quieren hacer creer que se trató de la grabación en un buzón de voz (¿qué celular tiene la señora que puede grabar y conservar durante años una conversación de tantos minutos?). La señora Pando ya había intentado vender antes esos audios y se los habían rechazado. Y había tenido otras historias de relaciones muy complejas con otros personajes públicos. No era tomada en serio. Y eso se sabía cuando se divulgó la primera cinta. Las siguientes grabaciones ni siquiera trataron de ser disimuladas. Insistimos, Téllez pagará un costo político por todo esto, pero el espionaje telefónico y el personal, ilegales, no pueden ser premiados y reconocidos profesionalmente como logros cuando son parte de una operación política más.
Tercer tema. Los spots y las televisoras. El tratamiento mediático, como ocurrió con la supuesta legalización de las drogas o el caso de las grabaciones de Téllez, resultó lamentable: simplemente se trató, de acuerdo con el medio, de denunciar a unos o defender a otros. Vamos a las fuentes: se podrá o no estar de acuerdo con lo realizado por las televisoras, pero la que ha resultado fallida es la reforma electoral: no sirve, no tiene sentido y no se puede practicar como está diseñada. ¿La idea es que, independientemente de ello, se debe cumplir escrupulosamente con la ley? Pues bien, en ninguna parte dice la norma, y mucho menos especifica la Constitución, en qué hora y de qué manera se debe pasar un spot publicitario. Incluso un hombre tan respetado como José Woldenberg, que apoya la reforma electoral, dice que se violó en forma “flagrante” la Constitución. ¿Dónde, en qué capítulo, cuándo? Se dice que se violó el artículo 350 inciso D del Cofipe, el cual sostiene que “constituyen infracciones al presente código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos, con el fin de alterar o distorsionar el sentido original o denigrar a las instituciones o a los partidos o para calumniar a los candidatos”. Nunca se manipuló, superpuso, alteró o distorsionó un solo spots, tampoco se denigró a candidatos, porque ni siquiera los hay. Y si se considera que advertir a la audiencia que esos anuncios se emiten en cumplimiento de la ley es “denigrante”, entonces se tendría que revisar la legislación, salvo que sus defensores consideren que es tan mala que no la quieren reconocer como suya en público. El problema no son los spots ni las televisoras: es un sistema electoral fallido, producto de una reforma que no permitirá que se cumpla con la ley. Ese era el verdadero debate.

DE rodillas ante la TV

Colmna Estrictamente Personal /Raymundo Riva Palacio
De rodillas ante la televisión
Distribuido por FB Lunes, 16 de Febrero de 2009;
El comportamiento del presidente Felipe Calderón con las televisoras es zigzagueante, de odio y conveniencia, de agresión y tregua, incierto, indefinido, bien cae en el modelo esquizofrénico.
Antes de tomar posesión dio un fuerte manotazo sobre la mesa y rompió drásticamente la relación que incubó el poderoso vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez en Los Pinos, cuando la jefa fáctica era Marta Sahagún. Gómez, muy cercano al principal accionista de la empresa, Emilio Azcárraga, había establecido un fuerte nexo con el rival de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, y llegó a pensar que era su apuesta para la Presidencia. Por eso, cuando trató de restablecer la relación que había forjado con la señora Sahagún, le dieron con la puerta en las narices. Desde ese momento en adelante, planteó Calderón, la relación sería directa con Azcárraga, no más con Gómez.
El coraje le duró poco; su equipo sabe perfectamente que sin la televisión son nada. El año pasado, cuando un importante propietario de medio impreso le presentó un detallado estudio de frecuencias de televisión, Calderón utilizó un lenguaje sibilino para señalar que contra sus intenciones de arranque de sexenio, no habría una tercera cadena de televisión, algo que tanto Televisa como Televisión Azteca se oponían. “Las televisoras me han ayudado mucho”, le dijo Calderón al empresario, de acuerdo con los detalles de esa plática en Los Pinos, “y yo soy muy agradecido”. La tercera cadena se fue al archivo.
Las dos grandes televisoras les molestan en Los Pinos, y les enfurece que de manera regular la primera media hora de su noticiero estelar nocturno se lo dediquen a la violencia, porque piensan que de esa forma hacen una apología de los criminales. Pero no pueden gobernar sin ellas. Todas las estrategias de comunicación e imagen que se desarrollan en Los Pinos están pensadas en la televisión y, en menor importancia, la radio. Las adulan y las odian. En este último estado de ánimo se encontraban cuando las televisoras transmitieron en bloque los spots de propaganda política que les envió el IFE al arranque de la temporada electoral. A través de diferentes funcionarios, el gobierno de Calderón presionó fuertemente al IFE para que aplicaran las sanciones a las televisoras. El IFE, por cuenta propia, elaboró un dictamen para multarlas por un total de 11 millones de pesos, y el fin de semana anterior se daba por descontado que se sancionaría a las televisoras.
De hecho, los cálculos sugerían que 7 de los 9 de los consejeros electorales aprobarían las sanciones. Pero todo fue cambiando en el transcurso de los días. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamó a varios consejeros para persuadirlos que no multaran a las televisoras. Era la ley, admitió ante ellos, pero habría que darle la vuelta a la ley. Varios consejeros se mostraron consternados y azorados por la postura extralegal de quien debería de ser uno de los cruzados contra la ilegalidad. La petición de la Presidencia, transmitida cínicamente, había sido que el IFE diera marcha atrás en las sanciones y encontrara una fórmula para no pelear con las televisoras. Gómez Mont y el intenso cabildeo de las cadenas –en su legítimo derecho-, fueron el preámbulo para una votación de vergüenza al acabar la semana.
Una propuesta del consejero Marco Antonio Baños para sobreseer las sanciones, fue avalada por los consejeros Marco Gómez, Arturo Sánchez, Benito Nacif y Francisco Guerrero, bajo el argumento de que como ya habían llegado a un acuerdo el IFE y la Comisión Nacional de la Industria de Radio y Televisión para transmitir los spots sin alterar su programación, quedaba superado el tema de las sanciones. Un acuerdo similar habían logrado ambas partes antes de que se suscitara el conflicto, precedente que no fue considerado relevante en el estudio del caso. No debe extrañar. Los consejeros responden a intereses muy vinculados con el gobierno o con el PRI y su partido satélite, el Verde, que deben haber evaluado que un pleito con las televisoras no era el mejor camino para una elección crítica como la intermedia de julio próximo. El guiño de regreso vino el viernes por la noche en el noticiario estelar de Televisa, donde en el formato de una noticia sobre el líder del PAN, Germán Martínez, se dejó en pantalla durante varios segundos su fotografía con el logotipo grande del partido atrás, que bajo cualquier consideración periodística o política, de que esa imagen, que no aportaba información alguna al televidente, fue un spot.
Este último episodio que involucró a las televisoras volvió a demostrar la fragilidad del gobierno de Calderón y la enorme necesidad que tienen de las televisoras. La conducta esquizofrénica entre querer ubicarlas en su lugar dentro de la sociedad y al mismo tiempo desistirse de todas esas intenciones porque es su oxígeno, coloca a la Presidencia en una posición tan ambivalente y a merced total de los intereses de la televisión. Es también la última prueba que en México no hay Estado, pero hay poder. En este caso, no lo tiene el gobierno; lo tienen las televisoras.

Todas las cartas de amor son ridículas



Decía Fernando Pessoa que el poeta es un fingidor: “ Finge tan completamente / Que llega a fingir que es dolor / El dolor que de veras siente”, Autopsicografia; Publicado el 1 de Abril de 1931.
Todas las cartas de amor son ridículas/Álvaro de Campos (heterónimo de Fernando Pessoa)
/
Todas las cartas de amor son
ridículas.
No serían cartas de amor si no fuesen
ridículas.
También escribí en mi tiempo cartas de amor,
como las demás,
ridículas.
/
Las cartas de amor, si hay amor,
tienen que ser
ridículas.
Pero, al fin y al cabo,
sólo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor
sí que son
ridículas.
/
Quién me diera en el tiempo en que escribía
sin darme cuenta
cartas de amor
ridículas.
La verdad es que hoy mis recuerdos
de esas cartas de amor
sí que son
ridículos.
/
(Todas las palabras esdrújulas,
como los sentimientos esdrújulos,
son naturalmente
ridículas). ¨

***
Muy bueno el poema Todas las cartas de amor son ridículas de Álvaro de Campos (heterónimo de Fernando Pessoa). Lo leí en el espacio de FB de Fausto Larraguível.
De repente a propósito de las cartas de amor recuerdo al madrileño Pedro Salinas que escribió 353 “ridículas” cartas de amor a Katherine Katherine R. Whitmore (1897-1982), la musa inspiradora de su trilogía poética: La Voz a ti debida, Razón de amor y Largo lamento.
Se pueden conseguir en: Cartas a Katherine Whitmore (1932-1947), Tusquets, Barcelona, 2002, 406 pp.
En una de esas cartas le dice:
¡Qué mentira eso de que el papel no pesa! Anoche el papel de tu carta me pesaba como la más hermosa y grave de las realidades.
Lo sentía allí, en el bolsillo, como una prueba material de que eras, de que habías existido. Porque, ¿sabes?, empecé a dudar. A dudar de todo, de tu realidad, de la mía, del mundo, de los días recientes…
Sólo el peso de tu carta en el bolsillo me servía de prenda, de prueba. Vivía yo en ese rectángulo de papel. Era el lugar más cierto del mundo. Y antes de poder abrirla, así, cerrada y en el bolsillo, tu carta era el puente con la vida, el sí que me daba la vida a la pregunta atormentada: «¿Soy? ¿Es? ¿Somos?». Sí, sí, sí. Todo, sí. Todo, sí, oye, todo sí. “
“Tú en mí no serás nunca nada malo, nada que robe algo a alguien, no.
No tengas miedo. Seré cada día mejor.
Tú me has alumbrado una nueva riqueza y por eso lo que a ti te doy a nadie se lo quito. ¿Comprendes?
En la foto Pedro Salinas.

Los votos de Baños, Guerrero, Nacif, Gómez y Sánchez

Columna PLAZA PÚBLICA / Miguel Ángel Granados Chapa
IFE débil, telecracia dura
A partir de la firma de un extraño acuerdo de colaboración que sirvió de excusa para exonerar a los infractores, el órgano electoral se rindió y fue capturado por los sujetos regulados
Publicado en Reforma, 16 febrero 2009;
Atribúyala usted a ingenua buena fe de la mayoría de los consejeros, o a la capacidad de las televisoras para intimidarlos, avasallarlos y ganarlos por cualquier medio para su causa (que es contraria a los intereses que en este caso el IFE debe gestionar). Lo cierto es que la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral es una grave lesión a sí mismo -autoinferida, suicida casi, en consecuencia- y una victoria de la insolencia telecrática. Se sabe ya, a partir del viernes 13, quién manda en México si se trata de aplicar la Constitución y la ley en materia electoral. Como en otros terrenos, el verdadero poder rector de la sociedad radica en avenida Chapultepec y en el Ajusco, no en otra parte.
El sábado 31 de enero y el domingo 1o. de febrero Televisa y TV Azteca iniciaron el desafío que ganaron el viernes pasado. Interrumpieron programas deportivos y de entretenimiento con la presentación irregular de mensajes de los partidos y los órganos electorales. Los agruparon indebidamente, les antepusieron una cortinilla con cuyo texto se hacían las víctimas de una imposición y trasladaban al IFE la supresión de la imagen que el público quería ver y consiguieron con ello que la irritación del público -al que esas mismas televisoras agravian cotidianamente con publicidad comercial igualmente estorbosa del espectáculo- debilitara la frágil disposición ciudadana a la participación electoral.
El IFE reaccionó, o pareció reaccionar como si fuera una autoridad verdadera. Pidió informes a las concesionarias infractoras, anunció que iniciaría en su contra un procedimiento sancionador y su Secretaría Ejecutiva preparó sendos proyectos en que se examinaron las peculiaridades de las conductas atípicas de las televisoras y se previó multarlas, con 7 millones a TV Azteca y con 4 a Televisa. Conocidos los proyectos, la noche del jueves 12 parecía inexorable la aplicación de esas penas, pues habían ganado el asentimiento mayoritario.
Pero el miércoles 11 había comenzado a fraguarse la decisión que debilitó al IFE y fortaleció al duopolio; es decir, comenzó la captura del órgano regulador por los sujetos regulados. Tres consejeros, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez, junto con el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, acudieron a parlamentar con dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Si bien el grupo representativo de los concesionarios fue encabezado por Arturo Laris Rodríguez, presidente de su consejo consultivo, la presencia realmente importante era la de los vicepresidentes de la cámara, Javier Dondé y Ernesto Vidal, representantes de Televisa y TV Azteca. Con ellos, en rigor estricto, fueron a hablar los consejeros del IFE.
El resultado del encuentro fue un documento tan atípico como las conductas atribuidas a las televisoras. Haga usted de cuenta que en una operación contra la piratería, es decir contra la violación masiva del derecho de autor, los fabricantes de discos compactos o devedés ilegales firman con la Procuraduría General de la República un acuerdo de colaboración en que los presuntos delincuentes o infractores se comprometen a no seguir ya su práctica lesiva para la propiedad intelectual a cambio de que no se les aplique la ley. Sin duda a usted le parecería una aberración, porque el interés público resulta lesionado y porque dejaría sin contenido la afirmación con que se llena la boca a representantes del Estado mexicano, particularmente al gobierno federal panista, de que "la ley no se negocia".
Pues bien, consejeros del IFE y su secretario ejecutivo firmaron con los infractores un "acuerdo de colaboración", en cuyo cuerpo se relaja la estricta obligatoriedad de los textos legales. La cámara -es decir, para efectos prácticos Televisa y TV Azteca- se comprometió a "respaldar, apoyar y acompañar al IFE en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, así como a generar las condiciones propicias para el adecuado acceso de los partidos políticos y del propio instituto a los tiempos de radio y televisión", condiciones que están ya en la Constitución, el código electoral y el reglamento de radio y televisión y que no es, por lo tanto, necesario "propiciar". Por añadidura, los concesionarios deslizaron una frase que los exime de cumplir en adelante las normas pues "procurarán" no agrupar los promocionales "en un solo bloque". En el informe del secretario ejecutivo al consejero general, rendido el
viernes, ese compromiso se refiere a que los concesionarios harán "todo lo posible" para no agrupar los mensajes. Y como a lo imposible nadie está obligado...
Con la firma de ese extravagante, seudolegal acuerdo se estableció la base para eximir de penas a las infractoras. El consejero Marco Antonio Baños presentó un proyecto contrario al de la Junta, para sobreseer el caso, lo que implicaba dejar de lado las sanciones previstas, porque tras la firma de ese acuerdo, surgido de "la acción del IFE y la sensibilidad de los concesionarios", y "al haberse corregido la transmisión de los spots", el asunto queda sin materia. La falacia del argumento de Baños, referido a hechos supervinientes a la infracción, contó con el apoyo de los consejeros Gómez Alcántar, Guerrero, Nacif y Sánchez, alineados con la entusiasta posición de los representantes del Partido Verde, que nunca se recatan para ostentarse defensores de la telecracia, endurecida e impune.
Cajón de Sastre
Por fin hoy quedarán en libertad Antonio y Héctor Cerezo. Junto con su hermano Alejandro, fueron aprehendidos el 13 de agosto de 2001, acusados de terrorismo y otros delitos. De haber tenido un juicio a derechas no hubieran estado ni un solo día en la cárcel. Se les capturó para mantenerlos como rehenes en función de que se les atribuye ser hijos del dirigente principal del EPR. Tan frágil fue la acusación, que Alejandro quedó en libertad hace más de dos años, no obstante enfrentar las mismas imputaciones que sus hermanos. A ellos, en cambio, se les sometió a penas dentro de la pena: de La Palma fueron llevados Héctor a Matamoros y Antonio a Puente Grande. Desde marzo del año pasado están juntos en la cárcel de Atlacholoaya, Mor., de donde esta mañana saldrán libres.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Grabaciones

Columna JAQUE MATE /Sergio Sarmiento
Grabaciones
Publicado en Reforma, 16 febrero 2009;
"Intervenir llamadas no es el modo de hacer política". Bernardo Bátiz, 14 octubre 2004
Qué sorpresa. En privado los altos funcionarios públicos son como todos nosotros. Hacen especulaciones o acusaciones infundadas, y utilizan lenguaje altisonante para referirse a sus rivales y enemigos. La única diferencia con nosotros es que los rivales y enemigos de esos funcionarios tienen la capacidad de grabar sus conversaciones telefónicas y de difundirlas para provocar escándalos.
Cada vez es más común que en nuestro país se recurra a la difusión de grabaciones de llamadas telefónicas para atacar a algún enemigo político. Estas grabaciones han sido utilizadas en contra de miembros de los principales partidos: desde Alejandra Barrales y Elba Esther Gordillo hasta el ex presidente Vicente Fox, a quien lo grabó nada menos que Fidel Castro. Nadie se salva de esta práctica cada vez más usual.
La última víctima ha sido el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, a quien se ha captado diciendo que Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la partida secreta y mostrando su enojo con los consejeros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Cofetel, con los cuales ha tenido disputas muy evidentes desde que asumió la titularidad de la SCT. También expresó su disgusto ante el enorme déficit de operación del Servicio Postal Mexicano.
Cualquier persona en privado, me parece, tiene derecho a especular en privado. Mucha gente ha hablado durante años acerca del destino de la partida secreta de la Presidencia de la República en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari sin que se le pidieran pruebas. Incluso la autoridad federal ha tenido sospechas, ya que en su momento investigó a Raúl Salinas, hermano del ex Presidente, por una supuesta utilización indebida de la partida, de la cual fue exonerado.
Lo que haya dicho o no en privado Téllez no tiene, a mi juicio, mayor relevancia que lo que haya podido decir yo en una noche de borrachera. Lo importante es si alguien tiene realmente alguna prueba del empleo indebido de la partida secreta, pero nadie, hasta ahora, la ha presentado. La misma naturaleza de esa partida, de empleo discrecional por el Presidente, lo impide. Lo correcto es así que se haya eliminado del presupuesto. Lo demás poco importa.
Otras de las conversaciones de Téllez que se han dado a conocer ilustran la disputa entre la Cofetel, presidida por Héctor Osuna, y la SCT. Éste es un conflicto del que los mexicanos hemos tenido noticia desde hace tiempo y que es indicativo del error que cometieron los legisladores al crear una institución como la Cofetel sin distinguir claramente cuáles serían sus facultades en contraposición con la SCT. En una de las conversaciones divulgadas, Téllez manifiesta que el abogado de la Secretaría de Gobernación, Miguel Alessio, puede señalar a Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, que está siguiendo instrucciones del Presidente al mantener una posición en un caso que tiene que ver con un amparo de Telcel.
No encuentro en las grabaciones que he podido escuchar o leer nada de ilegal. Es absurdo que se pida la renuncia del secretario Téllez por haber expresado en privado una opinión sobre el uso de la partida secreta de un gobierno que concluyó hace 15 años. Podría acusársele de calumnia, si hubiera expresado su punto de vista sin pruebas en un acto público; pero me parece muy peligroso empezar, como sociedad, a sancionar opiniones expresadas en privado. Tampoco encuentro incorrecto que el secretario defienda con vehemencia, incluso con malas palabras, las posiciones del gobierno que representa.
Las grabaciones subrepticias, sin embargo, siempre tienen un atractivo especial en los medios de comunicación. Poco importa lo que se diga en ellas: la atracción procede de que uno puede escuchar un momento secreto en la vida de un alto funcionario. Por eso se divulgan las grabaciones, a pesar de que no tengan validez legal en un proceso.
Los medios de comunicación no tenemos más opción que divulgar las grabaciones de conversaciones telefónicas que nos entregan los políticos empeñados en destruir a sus enemigos. Nuestra obligación profesional es revelar toda aquella información que pueda ser de interés para el público. Pero también podemos colocar los temas en su debido contexto, cosa que no siempre hacemos.
En el 2004, cuando era procurador del Distrito Federal, el maestro Bernardo Bátiz expresó su posición de que la intervención de llamadas telefónicas "no es el modo de hacer política". Se refería a la difusión de una serie de llamadas entre un grupo de asambleístas, encabezados por Alejandra Barrales, con el entonces secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, para llevar a cabo una toma de tribuna en la Cámara de Diputados federal. La misma reflexión es válida ahora. Hay mejores formas de hacer política.
¿Una campaña?
Es difícil pensar que la divulgación de todas las grabaciones de conversaciones de Luis Téllez sea producto de una simple casualidad. Alguien parece estar interesado en debilitar al secretario de Comunicaciones. Lo interesante sería saber quién y por qué. En estos tiempos no hay que estar en el Cisen para contar con la tecnología que permita grabar conversaciones telefónicas. Pero tampoco es algo que cualquiera pueda hacer.

Despenalizar no es legalizar

Una guerra perdida/Marcelo Bergman
Reforma (www.reforma.com), 16 febrero 2009;
La semana anterior los ex presidentes Gaviria de Colombia, Cardozo de Brasil y Zedillo de México promovieron una iniciativa que llama a legalizar (Sic) el consumo y comercialización de drogas blandas como la mariguana. A partir de un estudio los ex presidentes concluyen que para reducir el consumo de drogas y la violencia que amenaza la viabilidad política de los países de la región no debe perseguir a quienes la trafican y la comercializan, sino que se debe combatir a través de tratamientos y prevención. Este es un sano y bienvenido debate, ya que demuestra el rotundo fracaso de la estrategia actual. Sin embargo, tampoco la legalización de la mariguana alcanza. Será sólo un bálsamo pasajero.
El tráfico de drogas es un negocio formidable; el mercado de la droga en uno que los economistas llaman de demanda inelástica, es decir, que no se reduce significativamente el consumo aunque los precios aumenten. El precio de un gramo de cocaína pura al menudeo en una ciudad media de EEUU es de aproximadamente 200 dólares. Dado que se calcula que en EEUU se consumen más de 100 toneladas al año, estamos hablando de un mercado de 20 mil millones de dólares solo en cocaína. Esto equivale a la mitad de la producción de petróleo de México y algo menos del total de remesas que llegan a nuestro país. Si a esto le sumamos las drogas sintéticas, la heroína o la mariguana, el mercado de drogas en EEUU supera los 70 mil millones de dólares al año.
Los narcos mexicanos se quedan con una buena porción de esa ganancia, y ese dinero mueve una parte importante de nuestra economía.
México tampoco tiene la fortaleza institucional para vencer a los narcos. La Suprema Corte de Justicia es inepta, basta ver la poca voluntad que tuvo para fincar responsabilidades ante las evidentes violaciones a los Derecho Humanos en Atenco. Así dejaron impunes a quienes ostentan poder. ¿Alguien se imagina a esta Corte planteando lineamientos jurídicos y judiciales para combatir el narcotráfico? Si no tuvieron la osadía de inculpar a Medina Mora, ¿cree que se van a hacer los valientes con los Beltrán Leyva, con "La Familia", con los "Zetas", o con todos aquellos que reciben dinero del narco?
Los Ministerios Públicos tampoco inspiran confianza, tras una década de reformas siguen siendo ineficaces y corruptos; y las Policías no tienen la capacidad para dar pelea a estos ejércitos de narcos que pueden reclutar más y mejores soldados.
Felipe Calderón podrá ser un Quijote que no tiene consigo ni armadura ni lanzas y enfrente tiene verdaderos ejércitos muy bien financiados con una gran capacidad para "comprar" a la gente. La única forma de derrotarlos es legalizando su negocio.
Ya empezaron a oírse algunas voces que lo reclaman. En México debemos hacerles eco.

La Italia de Berlusconi

Italia necesita una oposición a Berlusconi/Andrea Camilleri, escritor, y Paolo Flores d’Arcais, filósofo y director de MicroMega.
Publicado en EL PAIS, 15/02/2009;
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Italia es una democracia cada vez más anómala. Es, caso prácticamente único en Occidente, una democracia sin una verdadera oposición al Gobierno. De hecho, Italia es doblemente anómala: en el país hay una oposición a Berlusconi, amplia, apasionada, intransigente, que sale a las calles y aprovecha cada ocasión que puede para organizarse, pero en el Parlamento es como si no existiera. Entendámonos: una oposición digna de ese nombre, que emplee todos los medios legales disponibles, día a día y de forma sistemática, para ponerle las cosas difíciles al Gobierno, aprovechar sus debilidades y contradicciones internas. Y, si es posible, hacer que entre en crisis.
El Partido Democrático de Walter Veltroni, surgido de las cenizas del Partido Comunista más fuerte de Occidente y de la izquierda de la Democracia Cristiana, parece preocupado sólo por “no demonizar a Berlusconi”, poder dialogar con él, intervenir en la elaboración de leyes “de consenso” junto a Berlusconi. No es casualidad que se haya definido como una oposición discordantemente concorde.
Y esto ocurre mientras Berlusconi destroza la Constitución republicana nacida de la resistencia antifascista -una de las Constituciones democráticas más avanzadas del mundo-, destruye la autonomía judicial, refuerza su monopolio personal a la búlgara sobre la televisión (y se hace cada vez más fuerte en la prensa escrita), proyecta drásticas restricciones del derecho de huelga y otros derechos sindicales, fomenta la oleada de sentimientos racistas en el país y somete todas las leyes relacionadas con los derechos civiles a la voluntad oscurantista de la Iglesia de Ratzinger.
Sin embargo, una oposición digna de ese nombre lo tendría fácil en Italia dadas las condiciones tan favorables que existen para poner al Gobierno en crisis. Los salarios reales de la mayoría de la población siguen disminuyendo, se extiende cada vez más el “síndrome de la cuarta semana” -cuando ya se ha gastado todo el sueldo y no se sabe cómo llegar a fin de mes-, en las colas de los comedores de beneficencia ya no sólo se ve a los marginados tradicionales (que se multiplican), sino a jubilados y miembros de la clase media empobrecida. Y el ciudadano corriente considera que la corrupción que inunda la clase política, a la que todos se refieren ya como “la casta” (el título de un best seller escrito por dos periodistas), es el gran cáncer del país.
Para derrotar a Berlusconi bastaría un programa que articulase el tema del retorno a la legalidad, porque ese retorno resolvería por sí solo gran parte de los problemas sociales, la explotación de la mano de obra negra y precaria, la evasión fiscal, los espantosos enriquecimientos ilícitos, un sistema financiero sin control y que arruina impunemente a los pequeños ahorradores, etcétera.
En realidad, sí existe una oposición, con presencia incluso en el Parlamento. La pequeña patrulla del partido de Di Pietro, el ex magistrado de Manos Limpias (la Italia de los valores).
Durante el Gobierno de Prodi había fuerzas vinculadas a la mayoría que pretendían ser al mismo tiempo partidos de gobierno y de oposición, cosa que no es posible. En cambio, sí es posible ser al mismo tiempo un partido de oposición parlamentaria y de oposición extraparlamentaria, es decir, un partido en estrecho contacto con la calle. Hoy, la Italia de los valores representa exactamente esa única forma posible de oposición. Quien pretenda hacer oposición al Gobierno de Berlusconi sólo desde dentro del Parlamento, sin tener detrás la fuerza de la protesta callejera, es un iluso.
El Gobierno de Berlusconi, a pesar de que no consigue resolver ningún problema urgente (están aumentando incluso la delincuencia común y la llegada de inmigrantes clandestinos, para no hablar de los impuestos, todos ellos caballos de batalla de la campaña electoral de Berlusconi), tiene probabilidades de ganar, y tal vez arrasar, en las próximas elecciones europeas sólo por la impopularidad ya devastadora del Partido Democrático entre su propio electorado. Existe el peligro de que millones de ciudadanos de centro-izquierda, hartos de la falta de oposición de Walter Veltroni (a quien muchos apodan, irónicamente, Walterloo), no acudan a las urnas.
De ahí nuestra modesta propuesta: una alianza que reúna a los ciudadanos que no se dedican profesionalmente a la política pero que, en el estado de emergencia que vive el país, decidan comprometerse de manera activa y en primera persona en las elecciones al Parlamento Europeo, con el partido de Di Pietro, la única oposición existente. Una sola lista pero con dos símbolos emparejados, para dejar claro que se trata de algo absolutamente nuevo. Una alianza entre personas que no tienen “las cartas manchadas”, como se decía antiguamente en Sicilia. Ya Berlinguer habló en su tiempo de un “partido de la gente honrada”.
Una lista autónoma de la sociedad civil es algo técnicamente imposible debido a la ley electoral actual, que prevé una recogida de firmas en todas las regiones y exige unas cifras que sólo se pueden alcanzar si se dispone de un aparato nacional de funcionarios. Antonio di Pietro, en un debate con nosotros durante una mesa redonda cuyos resultados acaba de publicar la revista MicroMega, declaró que su partido estaba, en principio, dispuesto, e incluso se atrevió a cuantificar en un 70% la proporción de candidatos que deberían salir de la sociedad civil.
Las elecciones europeas son la mejor oportunidad para permitir que los ciudadanos (cansados de los aparatos de los partidos) envíen representantes extranjeros a las organizaciones internacionales. Con el voto europeo no se eligen Gobiernos, y en cada país se pueden presentar como candidatos ciudadanos de cualquier otro Estado de la Unión. Por consiguiente, la lista que estamos imaginando debería incluir, junto a personalidades de la sociedad civil italiana que luchan contra Berlusconi, a numerosos candidatos españoles, franceses, alemanes, polacos… Porque el berlusconismo no es un fenómeno degenerativo exclusivamente italiano, sino que existe el peligro de que contagie a toda Europa, y toda la democracia europea debería tomárselo en serio. El modelo de Berlusconi no se llama Obama, se llama Putin.
¿Es nuestra propuesta la enésima utopía de “almas buenas”, “intelectuales abstractos”, “moralistas soñadores” o cosas peores que suelen llamarnos los amos de la política oficial? De lo que no hay duda es de que el verdadero realismo político no está en los dirigentes del Partido Democrático, que, en sólo unos meses, gracias a su falta de oposición a Berlusconi (Elle Kappa, genial y famosa dibujante, cuando habla de los dirigentes del PD no los llama “opositores”, sino “discordantemente concordes”), han conseguido disipar, según todos los sondeos, más de un tercio de la aprobación de hace un año.
Las cosas se producen de forma gradual, y nosotros, al proponer esto en MicroMega, hemos dado un primer paso. Veltroni ya ha protestado: ¡otro partido, no hay ninguna necesidad! No nos atrincheremos tras los nombres. El hecho de que personas independientes, sin partido, se reúnan para constituir un partido, es una contradicción fácil de superar si se le da otro nombre, Los Independientes, por ejemplo. Y nuestra idea no consiste en formar un partido tradicional, sino sólo una lista para las elecciones europeas y después, tal vez, si tiene éxito, una organización de geometría variable. Precisamente para evitar crear nuevos “profesionales de la política” es por lo que estamos pensando en la posibilidad de que los que resulten elegidos para Estrasburgo permanezcan allí sólo una parte de la legislatura y luego pasen el testigo a los siguientes en la lista.
Con nuestra propuesta no hemos hecho más que establecer un primer contacto. El siguiente paso es difundir este proyecto, quizá mediante la elaboración de un manifiesto programático, a través de MicroMega o de Internet, para empezar a sondear el terreno. Por otra parte, el millón de firmas recogidas por Di Pietro para pedir un referéndum sobre la justicia demuestra que existe ya una oposición extensa y latente.
No podemos ser pesimistas; en ese caso, más vale jugar a la ruleta rusa. Y nos preguntamos, incluso, si esta necesidad de que los aparatos dejen de monopolizar la política no se siente también en otros países europeos.

Una lección de ética

Gaza, una lección ética colateral/ Pedro Larrea
Publicado en EL CORREO DIGITAL, 15/02/09):
Y tras la suspensión de la batalla, el macabro recuento de vidas aniquiladas, la mayoría civiles. Daños colaterales, decimos en el mundo civilizado. Centenares de niños muertos y malheridos, niños colaterales… directa y expresamente masacrados. Pero también es la hora para otra clase de balances. A pocos kilómetros del escenario de la implacable operación ‘Plomo fundido’, en el monte Sinaí, el Dios de los judíos ordenaba solemnemente: ‘No matarás’. Quizás fue un lapsus del mensajero o un vulgar malentendido, ya que los dioses ni mienten ni bromean. Y es que el propio Yahvé, que venía de exterminar a todos los primogénitos de Egipto, siguió colaborando activamente en las innumerables matanzas que llevaron al pueblo elegido a la conquista de la tierra prometida. Así es que el precepto divino apenas merece algún crédito a la actual población judío-israelí, que bascula entre la laicidad y la fe en el Dios de los ejércitos.
Tres milenios más tarde, en el llamado Siglo de las Luces, pensadores como Hume y Kant trataron de buscar para una regla individual y socialmente tan primordial como el ‘no matar’ una sustentación más fiable que la ofrecida por las religiones. El filósofo escocés creyó encontrar tal fundamento en la emoción, el sentimiento, la empatía; en la compasión que cada persona, consciente de la común fragilidad humana, experimenta ante la desgracia del otro o la alegría que siente ante su felicidad. Pero, como David Grossman y otros judíos lamentan, a sus compatriotas, víctimas de un miedo atroz, no les queda ya ni una pizca de compasión.
Frente a la ética ‘compasiva’ de Hume, el profesor de Königsberg elaboró una ética basada en la razón autónoma de los humanos. Se trataba de que los mandatos éticos fuesen proposiciones lógicas formalmente irrebatibles, verdades a priori de la razón práctica, empezando por su conocido imperativo categórico: «Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda servir como principio de una ley general». Que también podríamos enunciar, en vista de que el ser humano es un fin en sí, el fin de todo lo creado: «Obra de tal manera que trates a la Humanidad, a ti mismo y a los demás nunca y sólo como medio, sino siempre y al mismo tiempo como fin». O adaptándonos al lenguaje belicista de nuestros días: «Obra de modo que no asesines colateralmente». En fin, un enunciado ético estúpido para la guerra, porque, como sesudamente apuntaba el mando israelí: «Enviamos a nuestros soldados a matar y no a un simposio sobre daños colaterales». Una teoría moral tan abstracta y prusiana como la de Kant -pudo añadir- no ha de tomarse en su estricta y fría literalidad, sino que todo imperativo requiere ser modulado, condicionado; en una guerra es lícito y útil matar, y sería una necedad militar, política, incluso moral, dejar de matar.
Pocos asuntos le son más incómodos al pensamiento político moderno nacido con la Ilustración que éste de la guerra; y no sólo porque el currículum belicista de Occidente es abominable, sino porque en el plano teórico lo ‘extranjero’ en cuanto categoría ha sido siempre una de las piezas mal encajadas en la promesa felicitaria ofrecida al ciudadano libre, igual y fraterno, esto es, al ‘nacional’. De ahí que la teoría de la guerra justa, o éticamente no reprobable, apenas ha hecho otra cosa que repetir ideas ya recogidas en el discurso de Aquino y Vitoria. La misma tesis kantiana de que la activi dad política ha de estar sometida a la ley moral, en contra de la autonomía pretendida por Maquiavelo, es una vieja concepción escolástica.
Qué acción injusta merece una represión violenta, qué fin correcto ha de perseguirse y qué medios adecuados emplearse (en otros términos, la justeza de la causa, la rectitud del fin y la proporcionalidad de los medios), son los tres puntos de examen que, estrechamente interrelacionados entre sí, constituyen el esqueleto lógico de la prueba de eticidad que ha de soportar toda operación militar. La intervención israelí en Gaza proporciona un ejemplo de ‘causa justa’ de manual. Admitiendo que la legítima defensa es el único supuesto que justifica una guerra, el lanzamiento de cohetes desde Gaza sobre territorio israelí es una agresión intolerable que merece ser respondida. Y de poco vale, moral y jurídicamente, apelar a una contextualización ‘palestina’ de los hechos, desde la expulsión de los nativos de aldeas o ciudades y su reubicación forzada en otros lugares como Gaza; la ocupación en 1967 de territorios aún no devueltos, hasta la permanente vejación de un pueblo bloqueado en la Franja en condiciones miserables.En consecuencia, la intervención militar habría de tener como objetivo inmediato detener el ataque e impedir su repetición, destruyendo los arsenales de armas, cortando su suministro y eliminando la infraestructura militar enemiga. Pero la impunidad genera desmesura, y no sólo la desmesura de los medios, hoy mayoritariamente denunciada, sino la más mortífera de los fines. De las palabras de políticos y militares israelíes se desprende que el verdadero fin de ‘Plomo fundido’ ha sido, por un lado, la eliminación física de los dirigentes y milicianos islamistas, no su neutralización militar; y, por otro, conseguir la desafección del pueblo hacia Hamás a través de una pedagogía de sangre, devastación y humillación. Todo al servicio de un Estado sin amenazas exteriores, pero al que los palestinos expulsados no tienen posibilidad de retornar.
Y en cuanto a la proporcionalidad de los medios, Israel no cumple ninguno de los principios comúnmente establecidos, como el de distinción (o evitación de daños civiles), finalidad (o empleo de medios necesarios respecto al fin), humanidad (o limitación de daños a las personas), fidelidad (o respeto a las normas jurídicas internacionales), graduación (o empleo gradual de recursos crecientemente graves). Sólo unos pocos fanáticos de la causa sionista niegan la evidencia con argumentos pintorescos. Unos rechazan los hechos diciendo que los civiles fallecidos apenas representan un 10%. Otros lo fían todo a la fatalidad tecnológica: es ridículo pedir a un ejército que no use armas mortíferas tecnológicamente punteras. Todos coinciden en señalar a Hamás como único responsable de la muerte de estos civiles por usarlos como escudos humanos e impedir su reacción a las puntuales advertencias israelíes sobre la inminencia de los ataques. Y algún descarado como Glucksmann se inclina por la pirueta dialéctica, arguyendo una proporcionalidad imposible («todos los conflictos son desproporcionados»), en una confusión grosera de la proporción medios a fines con el concepto de equilibrio militar entre contendientes.
Cuanto más repugnante es un crimen, mayores son las coartadas ideológicas que requiere su asimilación. El pensamiento correcto israelí se ayuda frecuentemente de dos eficaces digestivos. Uno es recomendable para el ‘mal de fines’: el Ejército de Israel es por definición un ejército moral, porque su único objetivo es la defensa de un pueblo brutalmente atacado a lo largo de la Historia. El segundo es un fármaco universal contra el ‘mal de medios’: los daños colaterales son inevitables.
Atrás queda enterrada la utopía ‘filosófica’ kantiana, porque si el fin real de una guerra es la muerte de los soldados y de sus allegados, son vanas e insulsas las lamentaciones contra las fatalidades y leyes de la Historia. En una guerra mueren también la verdad, la decencia, la inteligencia, los ideales, los sentimientos… Y muere siempre la ética. Para matar al ‘carnicero’ Nizar Rayan en su propia casa, hubo que fulminar al mismo tiempo a sus esposas e hijos. Ya se sabe, el primero un enemigo y los demás meros estorbos colaterales.

Hacia una nueva geopolítica

Hacia una nueva geopolítica/Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París
Publicado en LA VANGUARDIA, 15/02/2009;
El conflicto palestino-israelí, Iraq y Afganistán son los dossiers más calientes para la nueva Administración Obama. Pero así que el nuevo presidente ha asumido el cargo ya se dibuja una nueva geopolítica respecto a otras grandes potencias con notables inflexiones en relación con la época de George Bush.
Existe una muy clara mejora de las relaciones ruso-americanas. El cambio de tono es espectacular. La llegada de Obama representa una oportunidad para instaurar una nueva era de cooperación, según declaró Serguei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso. Durante los dos últimos años algunos analistas incluso habían evocado una nueva guerra fría a la vista de cómo se habían tensado las relaciones entre Moscú y Washington. Reconocimiento de la independencia de Kosovo, sucesivas ampliaciones de la OTAN, apoyos a Ucrania y a Georgia para que adoptaran un tono más duro respecto a Rusia, por no hablar del despliegue del escudo antimisiles en Chequia y en Polonia. Bush no había tratado con consideración a la pareja Putin-Medvedev. El problema es que Rusia, recuperado su poder, no quería dejarse tratar como sucedió durante la miniguerra con Georgia en agosto del 2008. Rusia acaba de hacer un gesto de distensión al suspender su proyecto de despliegue de misiles en la región de Kaliningrado. Amenazaba con instalarlos como respuesta al escudo antimisiles en Polonia. Esta suspensión se ha anunciado como vinculada a que los estadounidenses hagan lo propio con su propio escudo antimisiles. Barack Obama quiere reexaminar este proyecto en función de su coste y de su eficacia. Durante la campaña electoral afirmó que mantendría este proyecto si se demostraba que estaba adaptado tecnológicamente y que era tolerable financieramente. Era una puerta abierta para anunciar que es preferible renunciar a él. Obama y Medvedev podrían mantener una cumbre al margen de la reunión del G-20 prevista para el 2 de abril en Londres.
Las relaciones con Pekín, por el contrario, podrían degradarse. Obama ha acusado a China de manipular el yuan para ayudar a sus exportadores. Tim Geithner, el nuevo secretario del Tesoro, ha declarado que el presidente Obama se había comprometido a recurrir a todas las vías diplomáticas disponibles para obtener un cambio de las prácticas chinas en materia de divisas.
Deseoso de preservar el empleo en Estados Unidos y más abierto a las tesis proteccionistas que Bush, Obama podría hacer más difícil el acceso de los exportadores chinos al mercado americano, que es vital para el crecimiento de China y por tanto para la paz social en el país. Las exportaciones a Estados Unidos garantizan a Pekín un excedente comercial de 200.000 millones de dólares anuales.
Barack Obama podría también ser más sensible al portavoz de la causa tibetana /Dalai Lama), muy de actualidad en las ONG de defensa de los derechos humanos y en Hollywood, que han sido dos de los pilares de Obama durante su campaña electoral.
Pero la degradación más sensible debería tener lugar con India. Nueva Delhi y Washington conocieron una auténtica luna de miel con Bush, que defendió un acuerdo bilateral de cooperación nuclear civil, contradiciendo las tradicionales normas estadounidenses en materia de no proliferación de armas nucleares. Bush es visto como el hombre que elevó a India al rango de la sexta mayor potencia mundial. Obama se ha declarado favorable a la ratificación por Estados Unidos del tratado de prohibición total de pruebas nucleares. ¿Vale la pena, entonces, cuestionar todo o parte del acuerdo nuclear con Nueva Delhi? También podría endurecer el tono con India en lo relativo a las relaciones comerciales y al calentamiento climático. Pero lo que más inquieta a India es la cuestión de Cachemira.
Esta región, poblada mayoritariamente por musulmanes, está ocupada por India, que no quiere ni efectuar un referéndum de autodeterminación ni internacionalizar el tratamiento de este conflicto, optando por un diálogo indo-pakistaní en el que la relación de fuerzas le es favorable y que no obtiene ningún resultado. Barack Obama ve en la prolongación del conflicto de Cachemira una de las fuentes del radicalismo islámico pakistaní y de la desestabilización de Pakistán, fundamental para él si se quiere arreglar el problema afgano. Si Obama hiciera un vínculo entre el combate contra el peligro yihadista en las zonas tribales pakistaníes y la cuestión de Cachemira, India sufriría un revés muy importante.

La Yihad global

De Barcelona a Bombay: la yihad global/Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos
Publicado en ABC, 15/02/2009;
Las autoridades de Pakistán, tras reconocer que fue en ese país donde se coordinaron los atentados de Bombay, han asegurando que uno de los sospechosos procedía de Barcelona. Estas revelaciones sugieren algunas reflexiones sobre la amenaza que el terrorismo yihadista comporta para España.
En primer lugar, el anuncio confirma el carácter internacional y transnacional del terrorismo yihadista inspirado en una interpretación violenta del Islam. La intensa actividad terrorista y antiterrorista de los últimos años demuestra que el yihadismo constituye un movimiento internacional que, trascendiendo fronteras, persigue unos objetivos que afectan al sistema mundial en su práctica totalidad. La ideología yihadista actúa como elemento homogeneizador del heterogéneo conjunto de actores que por todo el planeta promueven este tipo de violencia. Sobre esa base se construye una solidaridad entre redes que extienden sus acciones por distintos continentes. Es por tanto una amenaza global que obliga a las democracias a responder globalmente.
En segundo lugar, la masacre de Bombay expone cómo las actividades que desde nuestro país desarrollan los yihadistas pueden contribuir a la planificación de atentados terroristas a miles de kilómetros de distancia. Desde que en 1997 se produjeran en España las primeras detenciones de yihadistas, se evidenció la implicación de radicales procedentes de otros países en labores de adoctrinamiento, logística, financiación y refugio en territorio español. Gradualmente las redes yihadistas asumieron la preparación y envío de activistas, algunos de ellos suicidas, a entornos como Irak, Afganistán, Pakistán y el Sahel. Los últimos informes elaborados por Europol constatan el preocupante incremento de personas detenidas en España por reclutar yihadistas con destino a esos escenarios.
En tercer lugar, los recientes acontecimientos corroboran la enorme relevancia que ha adquirido España como puente entre el yihadismo desplegado a lo largo de Europa, África y Asia. Ya en 2004 la detención de diez paquistaníes en Barcelona reveló el envío de dinero a yihadistas relacionados con uno de los cerebros del 11 S, Khalid Sheikh Mohammed. A través de negocios en el barrio del Raval, paquistaníes residentes en la capital catalana enviaron dinero a los asesinos del periodista Daniel Pearl, secuestrado en Pakistán en 2002. Es en Cataluña donde se concentra mayoritariamente la comunidad paquistaní en nuestro país, si bien las actividades delictivas de algunos de sus representantes no se limitan a esa región. En 2003 otro ciudadano paquistaní fue detenido en Logroño y condenado por financiación del terrorismo yihadista. En 2005 la Guardia Civil desmanteló en la costa del sol una red integrada por argelinos acusados de enviar fondos a Argelia, Afganistán y Pakistán. En enero de 2008, doce pakistaníes y dos indios, sospechosos de vinculación con el grupo terrorista Tehrik-e-Taliban de Pakistán, fueron detenidos en el barcelonés barrio del Raval y acusados de preparar atentados suicidas.
En cuarto lugar, si bien marroquíes y argelinos han sido las nacionalidades predominantes en las redes yihadistas en España, la implicación de pakistaníes es cada vez más significativa. Esta circunstancia pone de relieve el desdoblamiento de riesgos y amenazas, así como sus múltiples diversificaciones. A este respecto, puede destacarse que las investigaciones policiales han corroborado que captadores de Al Qaeda, sirviéndose de foros restringidos en Internet, han reclutado yihadistas desde distintos lugares del mundo, entre ellos, Pakistán, sin duda uno de los más activos focos del yihadismo internacional.
Este país, desde el que se planificó la matanza de Bombay, fue también el lugar en el que Khalid Shaikh Mohammed y Ramzi Binalshibh, ambos involucrados en la preparación del 11 S, fueron detenidos después de su reunión en España con Mohammed Atta, uno de los pilotos suicidas. Pakistán fue también el país en el que recibieron adoctrinamiento, Siddeque Khan y Shazad Tanweer, dos de los terroristas suicidas responsables de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres. Para estos dos jóvenes británicos su viaje a Pakistán representó una profundización en la radicalización yihadista, proceso acometido en idéntico contexto por otros adolescentes. Esta suerte de peregrinación espiritual desde Occidente, con su culminación en el terrorismo, fue la que también llevó a cabo Bilal Mohammed, un británico residente en Birminhgam que en 2001 se autoinmoló frente a un cuartel del ejército indio en Cachemira. Es ésta la región en la que surgió Lashkar-e Toiba, grupo responsable de los atentados de Bombay.
Desde hace años viene reproduciéndose un constante flujo de yihadistas por todo el globo, incluyendo los más diversos tránsitos, entre ellos frecuentes desplazamientos de jóvenes desde Pakistán hacia España tras haber completado su formación terrorista en Afganistán. Asimismo, existe constancia de que en muchos casos los viajes espirituales emprendidos desde Europa hacia esa región asiática por parte de individuos interesados en profundizar en sus estudios coránicos ocultan otras intenciones, deviniendo además en ocasiones en una peligrosa radicalización violenta.

En esas circunstancias, debe concluirse que la creciente multiplicidad de los destinos y retornos hacia los que se dirigen y de los que proceden los yihadistas ha acentuado las dificultades a las que se enfrentan los estados para detectar, perseguir y desmantelar estas extensas redes terroristas. Recabar información de calidad que se traduzca en inteligencia útil para la aprehensión de activistas antes de la comisión de atentados es siempre una laboriosa misión que se ve entorpecida por la difusa y transfronteriza estructura en red del terrorismo islamista. Este complejo panorama exige incrementar la colaboración entre gobiernos y, especialmente, la cooperación entre agencias judiciales y de seguridad. El reto es mayor si apreciamos la diversidad de contextos culturales y políticos en los que debe perfeccionarse esta imprescindible coordinación. Son considerables las reluctancias que en el ámbito doméstico todavía persisten a la hora de compartir información sensible, renuencias que se acentúan cuando se trata de intercambios entre agencias inter estatales.
Ciertamente España ha experimentado tras el 11 M un notable incremento de las capacidades de inteligencia. Sin embargo, las características de la amenaza actual sugieren que la presencia exterior de nuestros servicios debería verse fortalecida con objeto de complementar los esfuerzos que en el ámbito interno se realizan y que también son susceptibles de mejora. La conexión yihadista entre Barcelona y Bombay pone de relieve los peligros derivados de la permeabilidad de nuestras fronteras y del asentamiento de comunidades inmigrantes musulmanes en las que puede prosperar el extremismo yihadista. Esta situación se combina con una peculiar ubicación geográfica que convierte a España en vía de entrada a Europa, pero también en ruta de salida hacia África y Asia. Semejante coyuntura obliga a reforzar los recursos materiales y humanos que permitan desarrollar una intensa acción interior y exterior eficaz frente a un intrincado fenómeno como el terrorismo yihadista.

La verdad, primero

¿Debe España recordar el franquismo?/Ramin Jahanbegloo, filósofo iraní y catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto, Canadá
Publicado en EL PAÍS, 15/02/09):
La llamada Ley de Memoria Histórica ha desatado un torbellino de debates en España. Según algunos españoles, el país tiene que mantener enterrado el pasado; de no ser así, la sociedad española se desgarraría totalmente. Pero España no es el primer país que se enfrenta a la pregunta sobre si debe o no recordarse un pasado atroz. Al abordar esta cuestión, es muy importante plantearse en primer lugar quién quiere olvidar. Y en segundo, saber si alguna víctima ha olvidado.
Cuando una nación tiene el valor de hacerse preguntas sobre su pasado, no sólo se trata de recordar su historia, sino de romper el silencio y de reivindicar la dignidad de las víctimas. En consecuencia, también tenemos que preguntarnos si recordar es un fin en sí mismo o si es el principio de un auténtico proceso de reconciliación y construcción de la paz. Como señaló James Joyce, “la historia es una pesadilla de la que tratamos de despertar”.
Para poder despertar, no es preciso ni amar el pasado ni odiarlo, sólo comprenderlo y superarlo. Y sólo siendo fieles a la verdad de la historia podremos lograr ambas cosas. Conocer la verdad histórica puede ser doloroso, pero no cabe duda de que es enormemente liberador. Con ese conocimiento, una nación puede dejar de lado el dolor.
En muchos países del mundo los procesos de conocimiento de la verdad histórica estuvieron congelados durante años. En las dictaduras de países de África, Latinoamérica y Oriente Próximo, la gente se vio obligada a vivir con culpa y la dignidad se convirtió en algo sin valor. Irónicamente, eran los oprimidos, no los opresores, los que se sentían culpables. A la gente comenzó a desagradarle su pasado, pero no podía cambiarlo. Las personas eran culpables de vivir en el lugar y el momento equivocados.
Sin embargo, la historia siempre encuentra formas de juzgarse y condenarse a sí misma. Echemos un vistazo al caso de Suráfrica. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación dio a los surafricanos la posibilidad de lidiar con su pasado partiendo de una base moral consensuada y de avanzar así hacia la reconciliación. En Suráfrica, las víctimas colocaron la necesidad de verdad y de reconocimiento por encima de la necesidad de reparación. En ese país, la cuestión no radicaba en si se imponían compensaciones monetarias o reparaciones simbólicas (o ambas). Lo primordial era la necesidad de verdad en un contexto de transición política negociada. La sustitución de la justicia punitiva por la recuperación de la verdad posibilitó que todo el mundo accediera a la información, proporcionando al mismo tiempo un testimonio incontestable sobre cómo habían tenido lugar los abusos y las vulneraciones de derechos individuales. Y el hecho de revelar la verdad sirvió para prevenir posibles violencias futuras.
En el caso español, la mayoría de los pretextos presentados para no recordar la época franquista es aquello de que no debemos reabrir las heridas del pasado. Pero negando ese pasado nunca podremos cerrar tales heridas. Si una nación, o una gran parte de ella, tiene la necesidad de recordar es porque no ha olvidado. El perdón asociado al olvido es la opción más tentadora para criminales y opresores, pero siempre es mejor perdonar sin olvidar.
Un proceso de recuerdo no sólo tiene que constituir una oportunidad para que las víctimas muestren su verdad, como hicieron los judíos respecto a la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración nazis, sino un método para que el conjunto de la sociedad construya una historia común. También sirve para que cada sociedad afronte sus pesadillas, acepte la responsabilidad de lo ocurrido y haga cambios que garanticen que esas atrocidades no vuelvan a ocurrir jamás.
El recuerdo debe
ser un punto de partida que sirva para ver la propia historia con los ojos de las víctimas. Y debe ir vinculado a una nueva concepción del futuro. No tiene sentido volver la vista al pasado si no nos ayuda a crear un futuro mejor.
Una nación no puede cicatrizar sus heridas mientras la memoria colectiva esté en suspenso. La concesión de memoria histórica a las víctimas del periodo franquista es una forma de devolverle a la historia española la dignidad que merece. Pero también servirá para sacar a la luz realidades de la historia contemporánea española largo tiempo ocultas, proporcionando de manera retroactiva dignidad a los vencidos por esa misma historia. De este modo, la memoria de las víctimas del régimen franquista podría convertirse en un gran antídoto contra el odio y el prejuicio en España.
Sólo una sociedad que sepa cómo recordar al unísono sabrá cómo respetar la dignidad de la diferencia. Y el valor de ésta depende totalmente de la comprensión de sus límites. Dicho de otro modo, la historia debe escribirse por y para las víctimas que fueron abandonadas por la historia. No debemos olvidar el rastro de sangre y de lágrimas que la historia siempre deja a su paso. Un pueblo libre no puede permitirse olvidar las atrocidades de su pasado.
Ha llegado el momento de que España ponga al día su perspectiva histórica, reduciendo la brecha existente entre la memoria de las víctimas y el futuro de la democracia. La historia de la libertad tiene que ver con la posibilidad de juzgar libremente la propia historia.

Sobre la reunión en Ginebra

Señala el gobierno que aceptó 83 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos
Exhorta ONU a México a suprimir la tortura y los abusos de militares
■ Subsecretario se muestra satisfecho de la evaluación del organismo mundial
■ Expresa que entre otros ocho requerimientos se encuentran restablecer la Femospp y poner fin a los arraigos
Georgina Saldierna, Emir Olivares y Fabiola Martínez
La Jornada, 15 de febrero de 2009;
El gobierno de México aceptó 83 recomendaciones que le formuló el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) para mejorar el respeto a los derechos humanos, y se reservó ocho, a las que responderá en junio próximo, pues requieren un “análisis intersecretarial más detallado”.
Al dar a conocer lo anterior, el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, informó que entre las sugerencias reservadas se encuentra el restablecimiento de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y otras relativas a la figura del arraigo en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, la justicia militar y la definición de delincuencia organizada.
Las recomendaciones fueron formuladas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la situación de los derechos humanos al que son sometidos todos los miembros de la ONU cada cuatro años.
Luego de que el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos encargado de la evaluación aprobó su informe sobre el caso, el funcionario se mostró satisfecho de los resultados que obtuvo México, ya que las recomendaciones planteadas tienen una relación muy grande con lo que ya contiene el correspondiente programa nacional.
Gómez Robledo agregó que no hay una sugerencia que sea totalmente ajena a las grandes líneas del citado plan. Desde luego pueden variar en su redacción pero hay una enorme coincidencia con lo que ya viene en el Programa Nacional de Derechos Humanos, insistió.
El grupo de trabajo responsable del EPU evaluó el martes pasado, la situación de las garantías individuales en México, durante una reunión de más de tres horas en Ginebra. Allí, representantes de 59 países dialogaron con la delegación mexicana encabezada por Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación.
Combate a la impunidad
Como parte de los exhortos destacan: erradicar las prácticas de tortura e investigar los casos perpetrados por elementos del Ejército y de corporaciones policiacas; adoptar medidas para combatir la impunidad, en particular en crímenes contra mujeres, indígenas, menores de edad y periodistas, e implementar medidas para erradicar de manera efectiva la pobreza.
Otro señalamiento es que las autoridades mexicanas expliquen cómo esperan garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el país sean atendidas por tribunales civiles, incluidos los abusos de militares, salvo en “situaciones específicas” reservadas a la jurisdicción castrense, como insubordinación, deserción y traición.
El grupo también recomendó armonizar la legislación nacional con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México; revisar y reformar el código militar para ajustarlo a las obligaciones internacionales del país; reformar el sistema de justicia y seguridad pública, y poner fin al sistema de arraigo, mediante el cual un presunto delincuente puede estar detenido hasta por tres meses sin que se presenten cargos en su contra.
Por lo que hace a las recomendaciones reservadas, Gómez Robledo explicó que México las responderá en junio próximo, cuando el informe del grupo de trabajo sea finalmente aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo compuesto por 47 estados elegidos por voto secreto en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sobre la sugerencia de restablecer la fiscalía especializada para movimientos sociales del pasado, el subsecretario explicó que si bien el organismo fue cerrado, las investigaciones no se han dado por concluidas. Todo lo que hacía dicha instancia fue entregado a la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, abundó. No obstante, tocará a las dependencias federales competentes analizar el exhorto y pronunciarse en su momento.
Acerca de la figura del arraigo, explicó que tres o cuatro países cuestionaron si la detención de un presunto delincuente por 40 días, con una renovación eventual por otro tanto, se apega a los estándares internacionales.
Consideramos que sí y que esto además está limitado a las situaciones que tienen que ver con el crimen organizado, añadió. De cualquier manera, expuso que se evaluará el contexto en que se formuló la sugerencia, puntualizó. Añadió que un número importante de países desarrollados tienen figuras de detención muy semejantes a la del arraigo.
***
Aprueba el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe sobre México
Viernes 13 de Febrero de 2009 Comunicado 036
El Gobierno de México expresa su satisfacción por el diálogo con la comunidad internacional sobre los derechos humanos en el país.
Se aceptaron voluntariamente más de 80 recomendaciones que figuran en el informe y se comprometió a darles seguimiento en el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos.
El Grupo de Trabajo sobre el Mecanismo de Revisión Periódica Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó hoy el informe sobre México, luego de un amplio diálogo de la comunidad internacional con el gobierno mexicano.
El informe recoge un conjunto de recomendaciones sobre diferentes temas derivados de los propios avances y desafíos que presentó el gobierno mexicano.
El documento subraya que México recibe con satisfacción 83 recomendaciones transmitidas por 59 países con relación a temas referidos al sistema de justicia, la armonización legislativa, el fortalecimiento de políticas públicas, la lucha contra la discriminación, el combate a la violencia contra la mujer, la protección de los periodistas, los derechos de los pueblos indígenas y los migrantes, entre otros.
Al aprobarse el informe, la delegación de México expresó su pleno compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de todos sus ciudadanos y agradeció a todos los países que intervinieron en este ejercicio inédito.
Como anunció el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el diálogo que sostuvo en Ginebra con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y con órganos autónomos de derechos humanos, el informe recoge también el compromiso voluntario del gobierno federal de dar la debida atención a esas recomendaciones en el contexto nacional del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 y a trabajar estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Asimismo, refleja el compromiso voluntario de dar seguimiento a las recomendaciones a través de la Comisión de Política Gubernamental de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
El Mecanismo de Examen Periódico Universal (UPR) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisa actualmente la situación de los derechos humanos de cada uno de los países del mundo. Como parte de este ejercicio, los diferentes países formulan propuestas y recomendaciones a la nación bajo examen. El informe que aprobó el grupo de trabajo del UPR del día de hoy, será adoptado por el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio próximo.