3 jul. 2010

La hora de la macrorevancha


La hora de la macrorrevancha
Jenaro Villamil
Revista Proceso # 1757, 4 de julio de 2010;
Envalentonados, los priistas hacen crecer su pleito con el gobierno federal para imponerle condiciones después de la jornada electoral de este 4 de julio. Culpan a Felipe Calderón de la inseguridad derivada de la guerra contra el narcotráfico, critican su llamado al acuerdo de unidad entre fuerzas políticas y sociales, lo acusan de espiar a varios gobernadores del PRI y le recuerdan que él puede despachar en Los Pinos gracias al tricolor. Así quieren sentar las bases de un “nuevo diálogo”.
Hábiles en el manejo de los tiempos y del discurso político ante el gobierno federal, los priistas contraatacaron por la guerra sucia contra tres de sus gobernadores y rechazaron el diálogo a raíz de la ejecución de Rodolfo Torre Cantú –candidato del PRI en Tamaulipas–, aunque no rompieron con Felipe Calderón, con quien piensan establecer una nueva interlocución en condiciones de debilidad gubernamental frente a los resultados electorales de este 4 de julio.
“No queremos hablar del 4 de julio, queremos hablar del futuro del país, de cuál va a ser el camino que se va a seguir”, sentenció Jesús Murillo Karam, secretario general priista, el viernes 2, a 10 años de la derrota del PRI en las presidenciales de 2000 y a unas horas de la jornada electoral en la que esperaban arrasar en las 12 gubernaturas y ganar la mayoría de las 477 diputaciones locales en disputa.
En el mismo sentido se manifestaron también el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y los coordinadores del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, días después del duro discurso pronunciado por la dirigente nacional Beatriz Paredes el martes 29 de junio: el diálogo será después del 4 de julio y deberá ser “serio, autocrítico y que corrija la ruta que se emprendió hace cuatro años”.
A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Murillo Karam también respondió así a los tres mensajes al hilo que durante la última semana lanzó Felipe Calderón para entablar una negociación con los priistas a fin de remontar la crisis de inseguridad pública derivada de la guerra contra el narcotráfico:
“Hemos oído ese mensaje muchas veces, hemos hecho las propuestas, presentamos un planteamiento completo. Ahí están prácticamente todas. No queda ninguna iniciativa de ley sin aprobarse... (Calderón) tiene todo el derecho del mundo a no tomar en consideración esta propuesta. La propuesta está ahí, es muy clara y está vigente.”
Murillo también subrayó el último agravio en vísperas de los comicios: acusó al subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, de ser responsable de la salida de Arely Gómez, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por “diferencias de criterios”. El exgobernador de Hidalgo afirmó que esta renuncia vulnera la independencia del organismo.
“Un cambio en la Fepade no refleja en lo absoluto ningún síntoma de lo que se nos pidió en el discurso, de buscar la concordia, de buscar la legalidad, de buscar el mejor de los caminos para la democracia. No podemos dejar de manifestar nuestra plena y absoluta inconformidad con la marcha atrás en el proceso democrático de México”, abundó Murillo Karam.
Cambios en el gabinete
En la hoja de ruta de las distintas fuerzas priistas, el diálogo con el gobierno federal para después del 4 de julio pasa por algunas condiciones: en primer lugar, un cambio de interlocución en la Secretaría de Gobernación. Su titular, Fernando Gómez Mont, se ha visto rebasado y nulificado, señalan, por la espiral de violencia, por sus desafortunadas intervenciones para justificar la lucha contra el narcotráfico y hasta por el episodio del espionaje y la divulgación de las llamadas telefónicas de los gobernadores de Veracruz, Oaxaca y Puebla.
Los priistas también han acusado al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por un “ejercicio parcial y electorero” de los recursos de combate a la pobreza. El 23 de junio el diputado federal Sebastián Lerdo de Tejada, hombre de confianza de Beatriz Paredes, anunció que el PRI iba a promover denuncias penales ante la Fepade y revisar la posibilidad del juicio de procedencia contra Félix Guerra.
Otro sector más duro responsabiliza a la jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores, de ser artífice de la guerra sucia contra los gobernadores, de nombrar a delegados de Sedesol y de la SCT proclives a la línea electoral panista y también de la fallida estrategia de las alianzas entre el PAN y el PRD.
También el fantasma del conflicto poselectoral de 2006 está presente. Paredes le recordó a Calderón que gracias al PRI se pudo instalar su gobierno y el 30 de junio, Manlio Fabio Beltrones caracterizó así el diálogo después de los comicios de este 4 de julio:
“Será un diálogo parecido a aquel que permitió en 2006 que México no se destruyera y que las instituciones siguieran siendo respetadas frente a aquellos que las retaban y, sobre todo, las denostaban”, advirtió el poderoso senador que mantuvo una intensa interlocución con Juan Camilo Mouriño.
En el mismo sentido, el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, dejó abierta la puerta para retomar la interlocución:
“Creemos que el diálogo al que convoca el presidente debe ser productivo y de él deben emanar acciones concretas y un ejercicio serio y autocrítico que corrija la ruta que se emprendió hace cuatro años sin diagnóstico, sin estrategia y sin calcular los alcances del crimen organizado”, afirmó Rojas.
Gracias a ese diálogo de 2006 el PRI sacó amplias ventajas: puso como condición la defensa de los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y de Oaxaca, Ulises Ruiz, envueltos en escándalos y acusaciones de ejercicio arbitrario del poder; defendieron a Enrique Peña Nieto frente a la represión del movimiento de San Salvador Atenco y negociaron su apoyo a una reforma fiscal que nunca se concretó.

La presión para cambiar la estrategia de combate al crimen organizado será otra apuesta de las diferentes fuerzas priistas. A pesar de que gobierna en 19 entidades, en especial aquellas con mayores índices de violencia y pugna entre cárteles (Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Durango y Veracruz) el PRI no asume su corresponsabilidad en la ola de crímenes e inseguridad pública y acusa a la administración federal de tener a los gobiernos priistas como “convidados de piedra”.
Crimen y endurecimiento
La mañana del 29 de junio en Ciudad Victoria, seis gobernadores priistas presionaron a la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, para que su discurso frente al ofrecimiento de diálogo del primer mandatario Felipe Calderón marcara un claro deslinde y endurecimiento frente al gobierno federal.
“Me han instruido mis compañeros”, afirmó Paredes esa mañana en los funerales de Rodolfo Torre Cantú, “para que hoy en la tarde dirija un mensaje al priismo nacional, que no lo hacemos en este espacio porque éste es un espacio de duelo y nosotros no usamos los duelos para hacer cadenas nacionales, para ver si esto tiene algún sentido de reivindicación política, de políticas públicas que evidentemente son inexplicables.”
En esas horas de confusión y jaloneos para influir en la designación del candidato sustituto de Torre Cantú, el endurecimiento unificó a las fuerzas priistas. En especial los mandatarios Humberto Moreira, Enrique Peña Nieto –quien suspendió su gira a China–, Miguel Osorio Chong, Ivonne Ortega Pacheco y Jesús Reyes Baeza reclamaron que el nombramiento era una facultad del gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández Flores.
En el Distrito Federal, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los de Veracruz, Fidel Herrera, y de Tabasco, Andrés Granier, también le reclamaron al gobierno federal la falta de garantías y de seguridad. Granier, incluso, afirmó que cuatro mandatarios estatales habían sido amenazados por el cártel del Golfo y Los Zetas.
Atrás quedaron las presiones de las fuerzas políticas locales que propusieron a Óscar Almaraz, candidato a diputado local por el XIV distrito; a Manuel Muñoz Cano, coordinador de la campaña e hijo del desaparecido exdiputado federal Manuel Muñoz Rocha; a Antonio Martínez Torres y a Miguel González Salom, como posibles sustitutos de Torre Cantú. Para todos quedó claro que durante el funeral el discurso del hermano mayor, Egidio Torre Cantú, era una señal clara de que él iba a ser el sustituto.
También se filtró a varios medios la versión de que el exdirigente de la CNOP y actual presidente de la Fundación Colosio, Marco Antonio Bernal, buscaba la nominación. Se le atribuyó al coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y a Emilio Gamboa Patrón cabildear por Bernal. Beltrones envió un duro desmentido al periódico Reforma señalando que “ningún dirigente partidista, ningún gobernador, nadie podrá afirmar de cara a la verdad” que él hubiera presionado. “Eso se llama hacer ‘política carroñera’”, sentenció el desmentido firmado por Jesús Anaya, vocero de la bancada priista en el Senado.
En la tarde de ese mismo martes, en la sede nacional del PRI, la mayoría de los 19 gobernadores priistas más los coordinadores legislativos y los dirigentes de los sectores acompañaron a Paredes en la lectura de un comunicado que rechazó el llamado de Calderón a un diálogo nacional y le pasó la factura por el apoyo de ese partido a la toma de posesión del 1 de diciembre de 2006.
“Siempre hemos estado dispuestos a dialogar, pero con liderazgos legítimos y no fruto del oportunismo, que bregan en la borrasca de aguas tormentosas para ver si recomponen sus posicionamientos, cuando ha sido precisamente la irresponsabilidad y el cortoplacismo, el querer ganar a cualquier costo, lo que ha enturbiado el debate y envilecido la política.
“Nuevamente se le pide al PRI civilidad, cuando fue la responsabilidad democrática del PRI la que le dio vigencia a este régimen, cuando los legisladores de nuestro partido hicieron quórum para que se rindiera protesta”, afirmó Paredes en los dos párrafos medulares de su declaración.
A petición de los gobernadores, la dirigente nacional priista también coló otro duro reclamo por el “congelamiento” de los recursos presupuestales para el desarrollo en las entidades gobernadas por priistas y recordó el más reciente capítulo de la guerra sucia a través del “espionaje electoral” contra tres gobernadores del tricolor: Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín.
Paredes reprochó el fracaso de la política federal de combate al crimen organizado y atribuyó a ésta el asesinato de Torre Cantú:
“El crimen se inscribe en el clima de inseguridad que prevalece en nuestro país –22 mil 700 muertos durante el sexenio, según cifra oficial hasta marzo de este año–; se realiza este crimen en medio de un ambiente de crispación que ha sido y es altamente dañino para la vida nacional y que deteriora el destino democrático del país.”
“Voto por voto” y guerra sucia
El endurecimiento de los priistas forma parte de una estrategia no sólo para unificarse frente a un enemigo común sino un cálculo para garantizar el triunfo en las 12 entidades donde se elegirán gobernadores este 4 de julio.
Los dirigentes priistas consultados por Proceso prevén una ruta de conflicto poselectoral, especialmente en tres entidades: Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde sus candidatos están parejos con las coaliciones del PAN y el PRD.
En su último mitin antes del cierre legal de las campañas, Paredes tomó en Oaxaca el lema del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y afirmó que su partido defenderá su triunfo “voto por voto”.
Acompañada por Eviel Pérez Magaña, candidato de la alianza PRI-PVEM, Paredes afirmó que sólo el PRI sabe gobernar: “Por eso Oaxaca no merece una aventura, ni la responsabilidad de que el bien gobernar esté sujeto (...) por un propósito de revancha, síntomas que no acompañan al Revolucionario Institucional”.
Un día antes se publicaron dos encuestas domiciliarias que arrojaban una contienda muy cerrada entre Gabino Cué, candidato de la coalición opositora, y Eviel Pérez. Según Arcop-El Universal, Cué aventaja con 51 por ciento frente a 45 por ciento de Pérez, mientras que Reforma arrojó un empate de 48 por ciento.
Los mismos dirigentes priistas acusaron al gobierno federal de encabezar el espionaje y la filtración de llamadas telefónicas de los gobernadores Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín que se difundieron en varios medios nacionales e internet.
El gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, proclive siempre a un lenguaje conciliador con el gobierno federal, acusó de espionaje a Los Pinos y afirmó, incluso, que el asesinato de Torre Cantú es el resultado de un “Estado fallido”.
El 30 de junio, durante su conferencia de prensa en el Senado, Manlio Fabio Beltrones adelantó lo que horas después ocurrió: la renuncia de la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Arely Gómez.
“Ha sido obligada a renunciar y habrá un nombramiento nuevamente, antes de las elecciones del próximo 4 de julio, que solamente busca ocultar el doble discurso”, denunció Beltrones.
“Por un lado se hace una convocatoria al diálogo y por el otro se toman decisiones electoreras, que buscan desde el gobierno tratar de influir en los resultados de las elecciones”, abundó el coordinador de los senadores priistas.
Apenas una semana antes, el 23 de junio, el diputado federal Sebastián Lerdo de Tejada, hombre de confianza de Beatriz Paredes, anunció que su partido iba a promover denuncias penales ante la Fepade y revisar la posibilidad de juicio de procedencia contra Heriberto Félix Guerra por el “ejercicio parcial” de los recursos y “la falta de respeto a la franja más vulnerable de los mexicanos, que son los que menos tienen en el país”.
Al informar sobre la renuncia de Arely Gómez, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, afirmó que se solicitó su separación del cargo por “diferencias de criterios para el manejo de la fiscalía”.
Murillo Karam expresó “nuestra plena y absoluta inconformidad” ante la renuncia de la titular de la Fepade y afirmó que la salida de Gómez fue “por diferencias de criterios”, lo que demuestra “la ausencia de independencia de la Fepade y la vulneración de un organismo que nació con autonomía técnica”.

El hermano incomodo en Tams


De “hermano incómodo” a virtual gobernador
Gerardo Albarrán de Alba, reportero
Proceso, # 1757,  4 de julio de 2010;
La clase política priista de Tamaulipas acudió a los funerales de su candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú. Y mientras las autoridades investigan quién perpetró el homicidio del militante que había conseguido conciliar a los principales grupos políticos del estado, sus correligionarios optaron por nombrar a Egidio Torre Cantú, hermano mayor de Rodolfo, como su sustituto para garantizar que todo siga igual.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Como todo aquí, el velorio de Rodolfo Torre Cantú es un murmullo, una suerte de silencio en voz alta. Don Egidio, el grande, el médico patriarca, se empequeñece aún más ante el féretro de su hijo menor, médico como él. Lo cobija su primogénito, Egidio, el chico, ingeniero que recibe erguido a la clase política local que desfila ante los restos de su futuro inmediato. La pesadumbre de la desgracia se traslapa con la crisis nacional desatada por la ejecución del candidato del PRI a la gubernatura del estado, la mañana del lunes 28 de junio.
Al caer la noche de ese lunes, el gobernador Eugenio Hernández Flores debe rendir cuentas a la cúpula priista que comienza a llegar a la residencia oficial de gobierno. Es su estado, era su candidato, es su problema. Pero el magnicidio trasciende el ámbito regional; el PRI debe evaluar las consecuencias, articular una respuesta, y en eso se concentran su presidenta Beatriz Paredes Rangel y el secretario general Jesús Murillo Karam. Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Joaquín Gamboa Pascoe destacan entre 15 gobernadores, decenas de legisladores y dirigentes de los sectores priistas que acuden de urgencia a la cita.
A la mañana siguiente, luego de tres horas de reunión, quedan definidas las dos pistas en que transcurrirán las siguientes 48 horas: cierre de filas para acusar el golpe recibido –el más seco desde los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu en 1994– y revertir la ofensiva mediática del presidente Felipe Calderón, a quien trasladan la carga de responsabilidad por la descomposición política que desangra al país; por otro lado, dejar que el gobernador resuelva la rebatinga por una sustitución sin mucho margen de maniobra.
Las conjeturas
Aquí, donde a lo largo del sexenio del gobernador Eugenio Hernández Flores oficialmente nada ocurría, pasó todo en sólo un par de días, en los que se expuso como una sola la disputa por el poder político y el poder fáctico.
La violencia impuesta por el crimen organizado en Tamaulipas escaló a niveles que ya nadie pudo ignorar. La muerte de Rodolfo Torre Cantú es el colofón de un sexenio marcado por la violencia del crimen organizado y plagado de ejecuciones que incluyeron a dos candidatos a alcaldes asesinados en dos procesos electorales consecutivos: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, del PT, en Río Bravo, el 29 de noviembre de 2007, y el panista Mario Guajardo, en Valle Hermoso, el 13 de mayo de este año, así como el secuestro, tortura y ejecución de Ausencio Eng Miranda, dirigente del Movimiento Nacional Villista, en Tampico, apenas el 22 de junio.
Es martes y falta más de una hora para que dé inicio el homenaje que el priismo nacional le rinde a su nuevo mártir. Los dirigentes del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, y de Nueva Alianza, Jorge Kahwagi, cumplen sin pudor su papel de comparsas como integrantes de la Coalición Todos Tamaulipas, junto con el PRI. Torre Cantú también era su candidato. Platican y ríen, sentados uno al lado del otro, solos, al centro de las dos primeras filas de sillas aún vacías en el moderno polifórum, reservadas para los priistas que llegarán junto con los féretros de Torre Cantú, el diputado Enrique Blackmore Smer y el chofer Rubén López Zúñiga, exmilitar, tres de los cinco muertos la víspera.
Ellos no tienen vela en el entierro. ¿No deberían estar en la casa de gobierno resolviendo quién será su candidato sustituto? ¿No los tomaron en cuenta? Despeinado, Kahwagi abre los ojos y se congela ante la pregunta. González Martínez tarda una eternidad antes de excusarse: “Es que los estatutos dicen que el PRI decide quién es el candidato sustituto en caso de emergencia; nosotros somos respetuosos de la decisión que ellos tomen”. Kahwagi asiente, aliviado. El Verde y Nueva Alianza asumirán los hechos consumados, “pero por supuesto”, dice Jorge Emilio.
La gente de a pie que acude al homenaje coincide: Rodolfo Torre Cantú “no debía nada”. Y a partir de esa certidumbre se pierden en conjeturas, cual más cual menos sórdidas, según desde donde surja, del crimen político al ajuste de cuentas del narco.
Las edecanes reparten kleenex a manos llenas. Se agotan en los deudos, no alcanzan para las plañideras que se arrojan sobre el féretro del candidato malogrado. Una canción de campaña como música de fondo retumba: Podemos vivir sin miedo y cumplir nuestros sueños por fin: vivir en paz. Parece que no. Las palabras del hermano del candidato asesinado conmueven a la multitud: Tengo el alma rota. ¡Era un hombre bueno, caramba! Hay sueños que terminan en pesadilla.
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Caravanas de policías federales y militares patrullan la ciudad desde el mismo lunes 28, horas después del magnicidio. Al día siguiente, todos los gobernadores y los coordinadores parlamentarios priistas son escoltados por una camioneta del gobierno del estado y, si acaso, una patrulla de la policía estatal.
Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Jesús Murillo Karam comparten el asiento trasero de una Suburban. En contraste, Enrique Peña Nieto llega con una escolta futurista: cuatro unidades del Ejército, con más de 30 elementos armados; dos patrullas de la Policía Federal y una de la Preventiva estatal; tres camionetas del gobierno del estado llenas de guaruras. Idéntico despliegue de seguridad que el ofrecido la víspera al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, excepto que éste llevaba además una ambulancia.
Paradójicamente, el homenaje a Rodolfo Torre Cantú se distinguió por la relajada seguridad en el interior del amplio polifórum. Afuera quedaron las escoltas y nadie revisó a las miles de personas que llenaron el lugar. Ningún obstáculo para moverse entre el sillerío y los pasillos. Al final, la cúpula priista salió por la parte de atrás del recinto para abordar varios helicópteros; de ahí al aeropuerto, desde donde volaron a la Ciudad de México.
Aún quedan helicópteros en tierra cuando se desatan la lluvia y el lugar común. Hasta el cielo llora por el doctor Torre, se escucha. La realidad no se anda con metáforas: es el huracán Alex, categoría dos, que avisa de su cercanía y llegará al día siguiente, en plena tormenta política. Sin energía eléctrica ni celulares en la mayor parte del estado entre miércoles y jueves, el meteoro impone una tregua.
Días después del asesinato del candidato del PRI a la gubernatura, al que todos daban como seguro ganador por amplio margen, en las calles inundadas aún circula el estupor. Nomás no me lo acabo de creer. Mataron al doctor. Era la única forma en que podía perder.
Los taxistas son los oídos de la ciudad. Escuchan, registran, y luego repiten todo mezclado a quien se interesa en preguntarles. La versión que aceptamos es que fue La Mañana, porque un crimen político así como el de Colosio pues como que aquí nomás no. Lo que pasó es que no se arregló con esa gente, por eso lo mataron.
La especie corre por todos los ámbitos. “Estaba infiltrado. Sabían a qué hora y en dónde. Sabían que no iba en la camioneta blindada; tenía dos, pero las habían enviado para Matamoros; allá era donde pensaban que había que cuidarlo, no en Victoria, no en su casa”, espeta Jorge Emilio González Martínez. Luego susurra: “Me pudo tocar a mí”. Tendría que haber estado con Torre Cantú en ese último viaje, pero se retrasó en Puebla, según cuenta. Viajó con su novia tamaulipeca a Matamoros; allá lo esperaba cuando recibió la noticia. Nieto del exgobernador Emilio Martínez Manautou (1981-1987), es lo más cerca que Jorge Emilio habrá estado del poder en Tamaulipas.
¿Qué sigue? ¿Cómo vienen los reacomodos? ¿Qué va a pasar? Eso se pregunta en los mandos medios del PRI local. La misma angustia se expresa entre funcionarios públicos operativos. Ellos también son meros espectadores.
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El gobernador Eugenio Hernández Flores y su procurador de Justicia, Jaime Rodríguez Inurrigarro, se contradicen mutuamente a lo largo de la semana y alimentan los rumores.
El procurador desmintió la filtración que publica el periódico regiomontano El Norte y que recogió Reforma. La emboscada “fue ejecutada con precisión por sicarios disfrazados de marinos, que contaban con información privilegiada”, publicaron esos diarios el jueves 1. “No fueron marinos ni personas disfrazadas como marinos. No hay ningún indicio que nos conduzca a esta situación”, replicó Rodríguez Inurrigarro mediante un comunicado y en declaraciones a la televisión, aunque reconoció que al menos ocho personas participaron en el atentado, que duró entre dos y tres minutos, y que encontraron 85 cartuchos percutidos en la escena del crimen.
Con diferencia de horas, el gobernador Hernández Flores dio otra versión: “Ese parece ser el indicio, pero no podemos todavía asegurar nada de que haya sido perpetrado por el crimen organizado; hay muchos indicios de que así es, sin embargo no estamos plenamente seguros”, declaró en entrevista colectiva. Ya encarrilado, Hernández Flores tampoco descartó el crimen político.
Lo que ninguno de los dos funcionarios desmintió fue el editorial de primera plana de El Norte: el crimen organizado “votó ya” en Tamaulipas e “impuso su voluntad por la vía de la violencia”, además de evidenciar “una clara complicidad entre políticos y cárteles”.
Hasta ahora, el único “avance” real revelado por las autoridades tamaulipecas es el hallazgo, el martes 29 de junio, de tres vehículos que podrían haber sido utilizados en el atentado.
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Alguna vez el lugar más tranquilo del estado, la capital está conmocionada no sólo por el asesinato de Torre Cantú, sino porque alguien se atrevió a cometerlo aquí. El día del asesinato la noticia corrió acompañada de rumores de balaceras en poblados cercanos que paralizaron la ciudad pasadas las tres de la tarde. Si ya de por sí la vida se había reducido aquí al mínimo en los últimos meses por la creciente violencia del narcotráfico, la cotidianidad quedó aún más trastocada por los destrozos del huracán Alex y el patrullaje extraordinario que desde el 28 de junio realizan el Ejército y la Policía Federal, que envió a 100 agentes más, los cuales se suman a los 480 que ya había aquí.
De poco valió. Durante el velorio de Torre Cantú, más de un centenar de personas debió retrasar su salida de la funeraria debido a rumores de un enfrentamiento cerca del lugar, a menos de un kilómetro de la casa de gobierno. Entre los atrapados, el exgobernador Manuel Cavazos Lerma y el procurador Rodríguez Inurrigarro. Después se supo de una balacera a las afueras de la ciudad, de un enfrentamiento entre sicarios y marinos en el municipio de San Fernando y de tiroteos en Hidalgo. Un par de horas antes del ataque a la comitiva de Torre Cantú, un grupo armado disparó ráfagas de metralleta contra la fachada de la Procuraduría General de la República en Matamoros.
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Tamaulipas perdió a un candidato a gobernador, pero los grupos de poder que lo cobijaban fueron resarcidos con la designación como candidato sustituto del que ya algunos llamaban aquí como “el hermano incómodo”.
Rodolfo Torre Cantú era un médico cercano al poder. Su primer trabajo en el sector público fue en Banrural, gracias al entonces director regional Manuel Muñoz Rocha, a la postre diputado priista involucrado en el asesinato de Mario Ruiz Massieu. Luego pasó por el DIF municipal y fue dirigente del PRI en Victoria. Fue electo como diputado local, pero pidió licencia para convertirse en secretario de Salud de la administración de Hernández Flores.
Ya como candidato a gobernador cobijó al hijo de Muñoz Rocha, Manuel Muñoz Cano, al que nombró coordinador de campaña. La esposa del gobernador Hernández Flores, Adriana González, y Muñoz Cano son primos segundos.
La muerte de Rodolfo Torre Cantú interrumpió la continuidad del grupo en el poder. En la rebatinga por sustituirlo se mencionó a Marco Antonio Bernal, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y recién nombrado presidente de la Fundación Colosio, así como a Óscar Almaraz Smer, exsecretario de Finanzas del gobierno del estado y candidato a diputado local. En el extravío, desde alguna oficina estatal trataron de empujar a Manuel Muñoz Cano.
Al final la designación recayó en Egidio Torre Cantú, hermano mayor del candidato asesinado. Ingeniero civil, dueño de Servicios de Ingeniería Tohesa, ha ganado varias licitaciones públicas en el estado, incluso cuando su hermano Rodolfo era secretario de Salud. Entre las principales obras asignadas en este sexenio están el Complejo Estatal de Seguridad, la urbanización del Parque Científico y Tecnológico y el Edificio Empresarial para Tecnologías de la Información. Entre 2005 y 2008, los contratos de Tohesa sumaron más de 200 millones de pesos, según Compranet.
De hecho, uno de los primeros cuestionamientos que se hicieron a la candidatura de Rodolfo Torre Cantú fue la relación de Egidio con los principales constructores en el estado, que se han rotado la Secretaría de Obras Públicas en la entidad, entre los que destacan Fernando Cano y Antonio Carlos Valdez Balboa, tío del gobernador Eugenio Hernández Flores, también ingeniero, también constructor.
El propio Egidio ha combinado su actividad profesional con los puestos públicos. Fue director de Obras en el sexenio de Américo Villarreal Guerra, cuando Antonio Carlos Valdez Balboa fue Secretario de Obras Públicas y Eugenio Hernández Flores se inicia como contratista del gobierno del Estado.
Ambos ingenieros, egresados del Tecnológico de Monterrey, y contratistas constructores, Egidio Torre y Eugenio Hernández tienen una amistad estrecha. Según constructores consultados, el actual gobernador conoció a Rodolfo Torre Cantú a través de Egidio.
El candidato sustituto del PRI a la gubernatura de Tamaulipas tiene una buena relación con el exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba. En 2000, Egidio fue alcalde sustituto de Enrique Cárdenas del Avellano, hijo del exgobernador Enrique Cárdenas González, en Victoria.
Todos ellos forman parte de una “burguesía burocrática que lucra con la especulación con terrenos urbanos”, dice un analista local consultado.
Rodolfo Torre Cantú había conseguido conciliar a los principales grupos políticos del estado que históricamente han disputado el poder: los de la frontera (Matamoros y Reynosa) y los del sur (Tampico y Ciudad Madero), de donde han surgido la mayor parte de los gobernadores del estado. En medio queda el grupo Victoria, del que salieron Enrique Cárdenas González, Américo Villarreal y Eugenio Hernández Flores, cuyo papel ha sido transitorio, cuando la frontera y el sur no han logrado acuerdos.
La designación de Egidio Torre Cantú como candidato sustituto parece un mensaje: todo queda como estaba.

Respuesta de Benítez Treviño


Palabra del lector, Revista Proceso,
Revista Proceso # 1757, 4 de julio de 2010;
Más de Los sospechosos de San Lázaro
Del diputado Humberto Benítez Treviño
Señor director:
En relación con el número 1754 de la revista Proceso, cuya portada se tituló El narco en el Congreso, y en el cual se hacen señalamientos calumniosos, difamatorios e inexactos acerca de mi persona tomando como referencia el número 1738 de la propia revista, me permito aclarar lo siguiente.
–Los reporteros Jesusa Cervantes y Esteban David Rodríguez, autores de la nota Los sospechosos de San Lázaro, toman como referencia el testimonio de uno de los testigos protegidos que, para mí, son delincuentes que al verse descubiertos en sus ilícitas actividades se incorporan a un programa de protección, pero, llámeseles como se les llame, son delincuentes sin credibilidad (ver el caso de los alcaldes michoacanos que,encarcelados por dichos de testigos protegidos, han recobrado en su mayoría la libertad).
–Afirma el testigo protegido que el secuestro de uno de sus hermanos era consigna de Enrique Peña Nieto para favorecer a La Familia en el Estado de México. Esta es una imputación falaz, pues cuando fungí como secretario general de Gobierno (septiembre 2005-marzo 2009), la única indicación que recibí del gobernador Peña Nieto fue actuar con mano firme aplicando con rigor la ley; por cierto, en mis atribuciones no estaba perseguir a narcotraficantes, por ser competencia de la PGR, o delincuentes del orden común, por ser competencia de la Procuraduría estatal.
–Los reporteros de referencia afirman inexactamente que he sido subprocurador del Distrito Federal. No, señor director, he sido procurador del Estado de México, procurador del Distrito Federal y procurador General de la República, y en las tres dependencias han colaborado conmigo más de 50 mil servidores públicos a quienes consta mi manera íntegra de actuar.
Por lo que respecta a la nota aparecida en el número 1738 de la revista Proceso, me permito aclarar lo siguiente:
–Desmiento categóricamente la afirmación del reportero Ricardo Ravelo, quien afirma que Cuitláhuac Ortiz, “ejecutado por su presunta relación con el tráfico de drogas”, fue escolta de Benítez Treviño. Falso. A este señor nunca lo conocí, no sé cómo era ni qué hacía; por lo tanto, nunca trabajó conmigo.
–Asimismo, la afirmación del periodista Ricardo Ravelo (Proceso 1664) en el sentido de que mi escolta Rodrigo Solís “fue ejecutado el miércoles 17, días después del hallazgo de 24 cuerpos en el paraje La Marquesa”, es inexacta. Fue asesinado el 15 de septiembre del 2008 en Toluca, por un problema pasional. Su victimario fue detenido y consignado al penal de Almoloya de Juárez.
–En consecuencia, rechazo categóricamente las afirmaciones de Jesusa Cervantes y Esteban David Rodríguez (Proceso 1754) de que colaboradores míos (quienes nunca laboraron conmigo) cumplían la consigna de favorecer a La Familia.
En términos de la Ley de Imprenta, le ruego publicar las presentes aclaraciones a las publicaciones de referencia, que me difaman y calumnian porque están totalmente alejadas de la verdad.
Atentamente
Humberto Benítez Treviño
Diputado federal
c.c.p. Licenciado Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, para que se sirva ordenar el inicio de la averiguación previa correspondiente para investigar las responsabilidades de cada quien, cite a quien tenga que citar, consigne a quien tenga que consignar y meta a la cárcel a quien esté coludido con el narcotráfico.
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Respuesta de los reporteros
Señor director:
Extraña que el diputado Humberto Benítez Treviño aproveche lo publicado en Proceso 1754 para hacer aclaraciones a una edición que se difundió hace más de cuatro meses (la número 1738) y a otra que circuló hace más de un año y medio (la número 1664), sin que previamente hubiese reaccionado.
Extraña que atribuya a los reporteros afirmaciones que se encuentran incluidas en investigaciones oficiales y que provienen, como bien se indica en la página 12 de Proceso 1754, de un narcomenudista, claramente identificado, que se acogió al programa de testigos protegidos.
Pero más aún extraña que un personaje que ha encabezado tres procuradurías –la del Distrito Federal, la del Estado de México y la General de la República– considere que todos los testigos protegidos “son delincuentes sin credibilidad”, cuando dichas dependencias se han valido de esa u otras figuras similares para acusar y recluir a numerosos criminales (y no pocos inocentes).
Tras reconocer que sí hubo inexactitudes o errores de forma en lo publicado –que Benítez Treviño fue subprocurador, que su escolta fue ejecutado el 17 de septiembre de 2008 y no el día 15, y que otra persona había cumplido ante él esa misma función–, se invita a los lectores a confirmar que, en las cuestiones de fondo, lo publicado se atribuye a un testigo protegido de la PGR que, por cierto, fue asesinado después de rendir sus testimonios.
Atentamente
Jesusa Cervantes, Ricardo Ravelo
y Esteban David Rodríguez

El Siglo de los intelectuales

El siglo de los intelectuales. Michel Winock.
Inteligencia francesa
JOSÉ LUIS PARDO
Babelia, 03/07/2010
Michel Winock recorre la historia del pensamiento desde la aparición de la Nouvelle Revue Française hasta la interminable disputa con el comunismo. Su libro da pie para analizar la condición, las paradojas y la importancia de los intelectuales
Una de las razones por las cuales hoy casi nadie se autodenomina "filósofo" es la exigente definición que de tal cosa se propone en la Crítica de la razón pura, en donde Kant observa la necesidad de reservar el término a quien practica la filosofía no en sentido académico, sino en sentido mundano (en lo que concierne a los intereses de los hombres más que a los de las escuelas); y esta práctica consistiría en ser capaz de vincular todos los conocimientos en cada momento disponibles con los fines esenciales de la razón humana: un ideal que ningún humano podría reclamar para sí sin pecar de arrogancia. Quizá por este motivo hizo más fortuna -para referirse al filósofo "mundano"- el vocablo "intelectual" a la hora de designar a aquellos pensadores que intervienen en la escena pública con intención de provocar debates y extender sus ideas. Sin embargo, y a pesar de la modestia necesaria, está sin duda que la genealogía del "intelectual" hunde sus raíces en los philosophes enciclopedistas franceses de la época de la Revolución, cuyo nivel de influencia social exaltaba en cierta ocasión Carlyle recordando que publicaron una obra en 35 volúmenes que solo contenía ideas, pero cuya segunda edición se encuadernó con la piel de quienes se habían burlado de la primera. Por eso, quien teniendo todo esto en consideración lea además El siglo de los intelectuales, de Michel Winock, puede caer en la tentación de creer que la intelectualidad es una institución exclusivamente francesa y hasta casi de Estado (¿no fue el Estado francés quien inventó el Ministerio de Cultura?): Voltaire dibuja el tipo, Zola descubre la alianza con la prensa como articulación fundamental y suscita la denominación con ocasión del caso Dreyfus, André Gide le da el toque demoniaco y Sartre fija la mezcla de izquierdismo y universalismo que llevará la fórmula hasta la cúspide de la provocación y que irá en lenta decadencia después de 1968, cuando el testigo pase de las manos del autor de El ser y la nada a las de Michel Foucault, a quien algunos consideran enterrador oficial de la figura.
¿Hay que advertir de que no es así, de que más allá de Francia y en esa misma época "gloriosa" que el autor rememora vivieron también intelectuales tan notables como Bertrand Russell, Ortega y Gasset o Thomas Mann, que tuvieron una enorme importancia en sus países respectivos y en Europa y América en general, pero de cuya historia Winock no nos dice nada? Es cierto que si el libro de Winock se hubiese llamado "el siglo de los intelectuales franceses", lo que habría resultado mucho más conforme al contenido, también habría sido mucho más ostensiva la ambición -seguramente excesiva- de declarar que el siglo XX fue el de los intelectuales, cosa cuando menos seriamente discutible. Esto no le resta interés al libro, desde luego, porque la época que atraviesa es suficientemente atractiva como para mantener la intriga: desde el nacimiento de la Nouvelle Revue Française, templo del prestigio de las letras francesas a lo largo de todo el siglo, hasta la interminable disputa con el comunismo (ya sea en torno a la Unión Soviética, en torno al partido comunista o en torno al marxismo como teoría e ideología) sin la cual ningún intelectual obtuvo su correspondiente legitimación, pasando por el surrealismo, por Mauriac y por las mil y una declaraciones y manifiestos firmados por interminables listas de nombres resonantes. Winock avisa de la contradicción esencial que organiza su relato: "La paradoja del intelectual es que el poder del que puede disponer le viene dado por su renombre: ejercerlo en provecho de una gran causa humana redobla su reputación". Pero la historia de cómo los diferentes nombres que circulan por estas páginas han invertido sus respectivas reputaciones se atiene en lo fundamental al género de la biografía de las "grandes personalidades" (por ejemplo, no se nos ahorra el vistoso capítulo de las "rivalidades": Gide-Malraux, Sartre-Camus, Sartre-Aron, etcétera), con la coletilla de psiquismos hinchados o irritados que todo ello trae consigo.
Quizá por ello convenga recordar que este asunto de los "intelectuales" no tiene únicamente que ver con los espíritus nacionales ni con las personalidades desbordantes. Aunque el caso Dreyfus sea el detonante, la condición de posibilidad del intelectual reside en la existencia de territorios artísticos, estéticos, científicos y literarios específicos e independientes con respecto a los poderes "fácticos" en cada caso vigentes (económicos, políticos, religiosos y hasta morales), lo que requiere un complejo dispositivo social que involucra desde universidades hasta editoriales pasando por la prensa libre. El hecho de que alguien sea valorado en cualquiera de esos ámbitos autónomos al margen de su cuota de mercado o de su influencia política, solo por los criterios de calidad fijados por sus pares, además de configurar la ética del hombre de letras o de ciencias, es lo que legitima al así valorado para ejercer públicamente la crítica en asuntos de interés común sin sospecha alguna de buscar beneficios políticos o comerciales, y lo que -por así decirlo- confiere alguna resonancia a los puñetazos que pueda dar sobre la mesa (aunque sea la mesa de redacción de un diario). Y claro está que el intelectual decae como institución cuando desaparece esa autonomía y son, al contrario, el éxito comercial o la influencia política lo que se quiere convertir en prestigio literario o científico. Pero esa, claro está, es otra historia.
http://www.elpais.com/elpaismedia/babelia/media/201007/03/portada/20100703elpbabpor_2_Pes_PDF.pdf

Murillo Karam acusa a Gil Zuarth

El secretario general del PRI, Senador Jesús Murillo Karam responsabilizó a la Secretaría de Gobernación de la salida de la ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Murillo Karam, dijo que el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, tuvo “diferencias de criterio” con la ex fiscal, Arely Gómez.
Esto provocó que el funcionario federal le enviara al priista una carta en la que rechaza la imputación y niega cualquier injerencia en la separación del cargo de la ahora ex fiscal.
Murillo Karan citó a conferencia de prensa para tratar el tema de la Fepade y ahí condenó que el argumento de la PGR para explicar la salida de Gómez haya sido la diferencia de criterios. "Según la información que hemos tenido fue por diferencias con el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, y lo primero que se desprende de esto es la ausencia de independencia que la Fepade debe tener.
Advirtió que este cambio no refleja el llamado del Presidente al diálogo y la cordura entre todos los grupos políticos.
"A cinco días de la elección un cambio en la Fepade no refleja en lo absoluto ningún síntoma de lo que se nos pidió en el discurso de buscar la concordia, de buscar la legalidad y de buscar el mejor camino para la democracia; no podemos dejar de manifestar nuestra plena y absoluta inconformidad con la marcha atrás en el proceso democrático de México", dijo.

Laicidad imposible

Laicidad imposible/DIONISIO LLAMAZARES
El País,  03/07/2010;
Según el Tribunal Constitucional, España es un Estado laico o no confesional, que es lo mismo. La Constitución consagra la laicidad positiva, que admite la cooperación del Estado con las confesiones, pero solo si no contradice a la laicidad. Los acuerdos firmados en Roma el 3 de enero de 1979 entre el ministro de Asuntos Exteriores de España y el secretario de Estado de la Santa Sede son inconstitucionales. Se confunden en ellos sujetos, actividades y fines religiosos y estatales y consagran un estatus privilegiado para la Iglesia católica, transgrediendo el principio de neutralidad. No es posible su armonización con la Constitución. Formalmente constitucionales (posteriores a la Constitución en menos de ocho días), son materialmente (por su contenido) inconstitucionales.
Uno de los acuerdos encomienda al Jefe del Estado el nombramiento de un arzobispo, con evidente confusión entre lo religioso y lo estatal. Otro atribuye al Estado español la tarea de evangelizar a los niños en las escuelas públicas; eso sí, a las órdenes de la Iglesia católica, que decide el qué y el cómo de la enseñanza y que nombra y despide a los profesores libremente, sin control de sus motivos por la jurisdicción del Estado, aunque lesionen derechos fundamentales. El Estado paga y la Iglesia manda; para colmo, el Estado es el responsable ante sus propios tribunales de las decisiones de despido que toma la Iglesia.
Si no vemos en esos hechos la confusión entre lo religioso y lo estatal, o la ausencia de neutralidad y la transgresión del derecho a la libre formación de la conciencia, es que se ha perdido la capacidad para distinguir la noche del día. Para que no falte de nada, se permite a los católicos decidir qué parte de sus impuestos (dinero público) se dedica al sostenimiento de la Iglesia católica, que no es un fin de interés general, y no a fines sociales; y se transgrede el principio de igualdad tributaria (unos pagan más impuestos que otros) y el principio de laicidad (se financia con dinero público un fin religioso como si fuera un fin estatal).
El Estado está maniatado y no puede progresar hacia la laicidad en el desarrollo legislativo de un derecho fundamental. No puede legislar obedeciendo al mandato constitucional. Se topa con el stop de los Acuerdos. El estatuto de la Iglesia católica no lo define la Ley de libertad religiosa, sino los Acuerdos. No sin razón, la Iglesia católica ha aceptado la ley de Libertad Religiosa vigente en lo que la beneficia, pero ha rechazado que le sea aplicable si disiente de los Acuerdos. Mientras estén vigentes, es imposible cumplir el mandato constitucional de la laicidad y de la igualdad de todos en la libertad de conciencia.

Columna Sobreaviso

Columna SOBREAVISO / El sueño y la pesadilla
René Delgado
Reforma, 3 julio 2010.- A 10 años de la alternancia y viene una elección muy distinta a aquélla. El resumen de ésta es fatal: un candidato ejecutado, un candidato encarcelado y un ex candidato secuestrado... Uno de cada uno de los tres principales partidos que, pese a lo prometido, entregan al país una democracia defectuosa y un Estado vulnerado.
Decir que mañana hay elecciones en 14 estados de la República y dos municipios de Coahuila es un decir: no se puede elegir cuando no hay opciones y menos cuando el Estado no puede garantizar el sufragio libre ni efectivo a la ciudadanía.
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No se pueden revisar los comicios de mañana ignorando los 10 años transcurridos desde que Acción Nacional ocupa la Presidencia de la República. Es una década que pesa una eternidad y, en la cual, el albiazul tiene por gloria la alternancia y por fracaso la alternativa.
Ese lapso deja la impresión de que Acción Nacional quería ganar, no gobernar; quería mandar, no obedecer; quería el poder, no ejercer el poder. Los más conspicuos panistas no querían un país distinto sino igual pero bajo su control, y se hicieron del país, pero no del control. Se entendía el voto útil con Vicente Fox como una inversión a fondo perdido para romper el monopolio político; no se entendía así la gestión de Felipe Calderón, su origen, desarrollo y trayectoria sugerían algo mejor. Ahora, sin embargo, la diferencia entre uno y otro mandatario es menor: el primero cometía tonterías con gracia, el segundo sin ella. Es el matiz de su diferencia.
A lo largo de esos 10 años, el panismo se la pasó hablando de reformas estructurales sin concretarlas y, particularmente en este sexenio, puso en práctica un priismo, quién sabe qué tan involuntario. Echó mano de aquello que supuestamente aborrecía.
Hizo del gobierno agencia de colocación de amigos y familiares; de los recursos del Estado, instrumento al servicio del partido o, peor todavía, de una fracción del partido; del brazo de la justicia, ariete para golpear al adversario; del gobierno dividido, justificación de su incapacidad e inmovilismo; de la política exterior, boarding pass de su evasión; de la impunidad, extensión cultural de los usos y las costumbres; de la fuerza, disfraz del fracaso de la política; del combate al crimen organizado, cortina para encubrir a la clase política.
El saldo de la alternancia es lamentable, se renunció a la alternativa y, ahora, ni las tentaciones restauradoras les resultan. La tentación autoritaria no encuentra las palancas, los resortes ni los mecanismos de aquel presidencialismo que ya no existe y que, por lo visto, el panismo no abominaba como decía.
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Es cierto que no toda la factura del fracaso de la transición democrática y la vulneración del Estado de derecho puede endosarse a Acción Nacional.
El priismo se rehabilitó no a partir de su transformación, sino de la incapacidad de su adversario y el desarrollo del neocaciquismo en las provincias. La izquierda lopezobradorista basa su recuperación en el desastre por venir para hacer de las ruinas su imperio, y la izquierda con partido finca su sobrevivencia en la concesión y la transa. Priismo e izquierdismo apoyando y resistiendo al ritmo del beneficio de su interés particular.
Las tres fuerzas -panismo, priismo y perredismo- golpeando a las instituciones viejas y nuevas en función de la mezquindad de su objetivo sin cuidar ni confiar en la ciudadanía que, supuestamente, representan.
Esa falta de perspectiva abrió de par en par las puertas a los otros poderes, criminales y no criminales, corporativos y gremiales, con y sin corbata, de casimir o mezclilla para reclamar privilegios, no derechos. Se echó mano del Ejército para alinear a los poderes manifiestamente criminales, pero no del gobierno y los partidos para alinear a los otros poderes.
Hoy el peso y la acción de esos otros poderes asfixian la democracia y tambalean al Estado.
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El sueño de la alternancia es, ahora, la pesadilla de la falta de alternativa.
Las elecciones de mañana no son el concurso de ideales ni proyectos. No, son la disputa por un botín de 350 mil millones de pesos que significan los presupuestos de los gobiernos en juego y de importantes plazas y recursos políticos desde y con las cuales se pretenderá catapultar al próximo residente de Los Pinos. Es, otra vez, el pleito por el poder sin saber para qué se quiere el poder.
Siendo una elección donde por naturaleza partidos y candidatos debían diferenciarse para subrayar su respectiva opción frente a la ciudadanía, acá, partidos y candidatos, gobiernos federal y estatales se empeñaron en demostrar a la ciudadanía cuán semejantes son. Cómo todos usan recursos públicos para apoyar al suyo, cómo todos delinquen para lograr su objetivo, cómo todos destacan no lo bueno que son, sino lo malo que es el contrario, cómo a todos les importa un bledo la democracia.
Mañana, 10 años después, la oferta es negarle a la ciudadanía la posibilidad de premiar y castigar con su voto a los partidos porque, en el fondo, todos son parecidos: quieren alternarse en el poder, sin ofrecer una alternativa de poder.
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El lunes, el resultado electoral dejará ver una nueva correlación de fuerzas donde el desafío consistirá en asegurar que el sexenio concluya sin los sobresaltos que, ahora, lo ponen en peligro.
Pasado mañana, los largos spots publicitarios que tanto disfruta el presidente de la República no podrán ofrecer, pedirán dialogar y acordar mínimos de estabilidad. Si, agotado su activismo electoral, el jefe del Ejecutivo quiere generar condiciones mínimas de gobierno, tendrá que darle contenido a su llamado al diálogo y la unidad.
El mandatario tendrá que salir de los llamados a misa política, sustantivando la posibilidad del diálogo para recuperar algo de la confianza perdida.
Deberá salir del secretario de Gobernación y garantizar que el sucesor de ese funcionario cesará el acoso a los institutos y la intervención en las comisiones encargadas de garantizar el acceso a la información, los derechos humanos y las telecomunicaciones. Deberá salir del presidente de su partido y alentar a quien garantice conducir a Acción Nacional sin echar mano de los servicios de inteligencia y la procuración de justicia como extensión.
Si el Presidente de la República quiere revertir los 10 años transcurridos sin alternativa, deberá dar un fuerte combate contra la impunidad: esclarecer con rigor quién asesinó a Rodolfo Torre, por qué sólo Greg Sánchez está acusado y recuperar a Diego Fernández de Cevallos.
Pedir diálogo sin poner resultados sobre la mesa que alienten los acuerdos será prolongar una década perdida.

En vilo

En vilo/Jaime Sánchez Susarrey
Reforma, 3 julio 2010;.- No fue la ejecución de un candidato a la gubernatura, fue el asesinato de un gobernador virtual. Todas las encuestas le otorgaban el triunfo a Rodolfo Torre Cantú. Su victoria se daba por descontada. El mensaje, por lo tanto, es claro y tiene dedicatoria. Va para todos los gobernadores y altos funcionarios del gobierno federal. Ninguno está a salvo. Ni siquiera el presidente de la República.
El atentado no era previsible, pero estaba en el horizonte. Basta recordar que en 2008 fue ejecutado en la Ciudad de México el comisionado de la Policía Federal Preventiva, Édgar Millán, y que, entre 2004 y 2008, Santiago Vasconcelos, titular de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, escapó a tres atentados. Y apenas el 24 de abril pasado, Minerva Bautista, secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, sobrevivió de milagro a un ataque en Morelia.
Era, pues, cuestión de tiempo. La espiral de la violencia está incontenible y ha alcanzado un nuevo nivel. El contexto es extremadamente complicado. Mientras la ofensiva del crimen organizado es muy eficaz, la intervención de las Fuerzas Armadas no ha tenido los efectos esperados. En Michoacán se multiplican los ataques contra la Policía Federal, en Monterrey pequeños comandos bloquean la ciudad a discreción y de Ciudad Juárez, mejor ni hablar.
La estrategia de los cárteles tiene diferentes niveles y objetivos:
1) utilizan el método de la guerra de guerrillas: golpear rápido, con una fuerza superior a las corporaciones policiacas, y escapar -como acaba de suceder en Apatzingán;
2) movilizan contra el Ejército, como ocurrió en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz el 17 de febrero de 2009, a jóvenes, mujeres y niños;
3) practican ejecuciones colectivas en bares y centros de adicción en Juárez y otras ciudades, amén del estallido de granadas en Morelia el 15 de septiembre de 2008. Formas todas de narcoterrorismo;
4) desarrollan una guerra psicológica mediante la brutalidad de las ejecuciones (decapitados y torturados) y el uso de redes informáticas para atemorizar a las poblaciones -como en Cuernavaca y Tepic, recientemente;
5) recurren a la violencia selectiva para ejecutar a integrantes de las corporaciones de seguridad y atentan contra altos mandos -tal como ocurrió con policías en Monterrey y Michoacán;
6) ejecutan a políticos y funcionarios de primer nivel.
Para entender el desafío que enfrenta el Estado mexicano y, consecuentemente, la desprotección que sufrimos los ciudadanos, hay que añadir varios factores: el primero, y más determinante, es la cantidad de recursos de los cárteles de la droga. Los cálculos más prudentes los sitúan en 16 mil millones de dólares y los más extremos en 40 mil millones.
Un promedio mesurado establece un monto de 25 a 30 mil millones de dólares anuales. Ese mundo de dinero asegura a los cárteles dos recursos estratégicos: uno, la cantidad ilimitada de armas -de alto calibre y sofisticación- que pueden adquirir del otro lado de la frontera; y otro, la capacidad igualmente ilimitada para reclutar jóvenes como sicarios y operadores.
A lo anterior hay que agregar la corrupción y cooptación de los mandos policiacos y militares. La historia no es nueva. En 1997, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, el zar antidrogas -general Gutiérrez Rebollo- fue detenido por estar al servicio de uno de los cárteles. Once años después, Garay Cadena -sustituto del asesinado Édgar Millán- fue detenido por estar al servicio de los Beltrán Leyva.
Ésa es la magnitud del desafío que enfrenta el Estado mexicano. Desde esa perspectiva, lo que ocurre en España con la ETA es un juego de niños. Primero, porque los terroristas no cuentan con semejantes recursos financieros. Segundo, porque no tienen la capacidad de penetrar y corromper a las corporaciones de seguridad. Y, tercero, porque carecen de una amplia base social.
Me detengo en el tercer punto. Según un cálculo del Departamento de Estado de Estados Unidos, en México 150 mil personas están involucradas con los cárteles y otras 300 mil se dedican a la producción de marihuana y opio. Amén de que existe una cultura del cinturón piteado, la bota tejana y el narcocorrido.
El presidente Calderón se equivocó al definir el problema de la violencia como una cuestión de imagen y percepción. Su queja contra los medios de comunicación es inaceptable. Sobre todo porque sobran ejemplos y testimonios del asedio, las ejecuciones y la censura que sufren los periodistas en las plazas controladas por el crimen organizado.
No se ha equivocado, sin embargo, en la convocatoria que lanzó a todas las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo contra la violencia y los narcotraficantes. Las responsabilidades en esta materia están divididas. Los priistas deberían asumir las suyas. Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Veracruz son entidades gobernadas por el PRI.
La fuerza que ha adquirido el crimen organizado en cada una de ellas también es responsabilidad de sus respectivos gobernadores, no sólo del poder federal. Más grave aún. Hacia el 2012 el panorama es sombrío. Nadie puede descartar un atentado contra alguno de los candidatos a la Presidencia.
Los potenciales beneficiarios de un ataque de esa naturaleza podrían estar más allá del crimen organizado. La tentación de hacer alianzas y pactar con ese poder es real. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, quiérase o no, sentó un precedente.
Así que o las fuerzas políticas actúan responsablemente o se correrá un riesgo enorme. Nunca antes, en la historia reciente, el Estado mexicano había enfrentado un desafío de tal magnitud. regresar a titulares

La brújula perdida

La brújula perdida/Ana Laura Magaloni
Reforma, 3 julio 2010.- ¿Cuáles son nuestros valores compartidos? ¿Qué creemos en común? ¿Cuáles son las premisas axiológicas desde las cuales se debería articular el debate público y la acción de gobierno? ¿Cuál es el tamaño y de qué está hecha la cancha del juego en un régimen democrático? Sin estas definiciones no hay brújula posible ni ruta de navegación. Tampoco pueden existir diálogo ni puntos de acuerdo. Cualquiera puede decir, proponer o hacer una ocurrencia y salirse con la suya.
Se puede afirmar públicamente que la decisión de la Corte que libera a los acusados de Atenco promueve la impunidad, que las muertes de civiles en la lucha contra el crimen son "daños colaterales", que no importa y hasta está bien que los delincuentes se maten unos a otros o que los derechos humanos son para las víctimas y no para los acusados. Asimismo se puede sostener sin pudor que la difusión de las grabaciones de conversaciones telefónicas de los gobernadores está protegida por el artículo 6 constitucional, pues se trata de funcionarios públicos. Se pude pensar que es legítimo y estratégico en términos electorales denunciar una ilegalidad con otra ilegalidad o que se justifica cobrar más impuestos sin que ello lleve aparejado una mayor rendición de cuentas y un escrupuloso ejercicio de los recursos.

Laicidad

De laicos, nada
La aconfesionalidad del Estado es imposible mientras subsista el Concordato - La Iglesia católica mantiene todos sus privilegios en los planes del Gobierno
JUAN G. BEDOYA
El País, 03/07/2010;
Lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Este es el estado de ánimo de los movimientos laicistas ante la anunciada reforma de la legislación sobre libertad religiosa, cuyo contenido adelantó EL PAÍS el domingo día 13. El Gobierno ha presentado los cambios de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 como un desarrollo de la "laicidad del Estado". Entre otras medidas, prohibirá la presencia de símbolos religiosos -como el crucifijo cristiano- en edificios públicos y buscará una fórmula para que los llamados funerales de Estado sean civiles, sin ceremonias religiosas. También se propone extender a otras religiones de "notorio arraigo" privilegios que disfruta la mayoritaria confesión católica, a la que el Estado financia con unos 6.000 millones de euros anuales.
De esta cifra, 3.000 millones se destinan, según cifras oficiales, a sostener los colegios religiosos concertados, pero también se paga con dinero público el sueldo de obispos y sacerdotes; a los profesores de catolicismo en la escuela pública (unos 15.000); el salario de más de un millar de capellanes castrenses, hospitalarios y carcelarios, e incluso gran parte de la restauración o sostenimiento del ingente patrimonio histórico artístico de esa religión, la segunda propietaria inmobiliaria después del Estado.
"Es iluso creer que se avanza hacia la laicidad mientras persistan los privilegios de la Iglesia católica, acordados en Roma en la Navidad de 1979 por el ministro de Asuntos Exteriores español y el secretario de Estado de la Santa Sede". "La tentación de extender los privilegios del catolicismo a otras religiones agravaría la confesionalidad encubierta del Estado". "España es ahora un Estado aconfesional con querida. Mañana podemos ser un Estado aconfesional con cuatro o cinco mantenidas más, es decir, habremos retrocedido en laicidad y neutralidad religiosa". Con esta contundencia se expresan los eclesiasticistas partidarios del laicismo y gran parte de los líderes de las religiones llamadas minoritarias, con tres o más millones de fieles.
Lo mismo opinan católicos de base que no viven "la laicidad como una amenaza contra la Iglesia, sino como una oportunidad positiva". El Foro de Curas de Madrid incluso vislumbra en la laicidad el sueño de que su Iglesia acepte "mirar la modernidad sin ingenuidad o frivolidad pero con esperanza, descubriendo que la laicidad puede ser evangélica y teológicamente positiva".
Enfrente, la jerarquía del catolicismo alza la voz con severidad contra las intenciones del Ejecutivo socialista. Los obispos consideran el laicismo un ataque a su Iglesia e, incluso, "un retroceso de la civilización y una aberración del ser humano", y ven en las intenciones de los socialistas irreligiosidad, ateísmo o anticlericalismo. Aún confían en que el presidente Rodríguez Zapatero desista de la reforma anunciada tras entrevistarse en Roma con Benedicto XVI hace dos semanas.
El desencuentro entre jerarquía y sociedad civil empieza por la palabra laicidad, utilizada ahora por el Gobierno. ¿Qué es la laicidad? No hay definición formal. No existe la palabra en los diccionarios, ni siquiera en el de María Moliner, un "diccionario de uso". Hay que acudir a la definición de laicismo para entenderse: "doctrina que defiende la independencia del hombre o la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa" (Real Academia Española).
"La laicidad es producto de una historia de luchas por la libertad religiosa y de conciencia, una historia limitada en el tiempo -dos siglos- y en el espacio -Occidente- durante la cual la vida política y social ha logrado emanciparse fatigosamente de las primitivas hipotecas confesionales", afirma el historiador Ramón Teja, catedrático de la Universidad de Cantabria y presidente honorífico de la Sociedad de Ciencias de las Religiones.
Añade Teja: "Laicidad significa la existencia de un espacio público a disposición de todos los ciudadanos para ejercer sus derechos en condiciones de libertad y de igualdad, una ciudad de los hombres en la que haya espacio para todos, no una ciudad de Dios en la que solo haya lugar para sus creyentes".
Teja subraya "las muchas dificultades" que hubo en el Concilio Vaticano II para el reconocimiento por la Iglesia católica de esa libertad e igualdad religiosa. "Hoy circulan en España y otros países católicos, como Italia, nuevas doctrinas que consideran inaceptable la equiparación de la religión católica con las otras confesiones. Se rechaza el principio de igualdad como criterio básico de la política del Estado en materia de cultos. Puesto que no resulta ya defendible por la Iglesia la teocracia, se recurre a la herencia y al Concordato con la Santa Sede para reclamar un trato privilegiado en materia de símbolos religiosos, financiación, educación, etcétera, y se pretende que las demás confesiones se contenten con ser toleradas".
El catedrático Antonio Monclús, que acaba de dirigir un encuentro de religiones en el Instituto Cervantes de Tetuán, considera que la laicidad es "una dimensión central en ese diálogo entre culturas y en la Alianza de Civilizaciones". "El laicismo es el mapa sobre el que se asientan las diferentes culturas. La laicidad es una característica esencial del Estado moderno. El Estado, laico, debe garantizar el derecho de cualquier cultura a expresarse y desarrollarse, desde la no confesionalidad de los poderes públicos. Los Acuerdos con la Santa Sede impiden que en España contemplemos hoy un mapa así de libre", añade el también director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo-Campo de Gibraltar.
El meollo del debate sobre el laicismo está en la financiación de las actividades del catolicismo. Nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que la Hacienda pública ejerza de recaudadora de impuestos para sostener a una religión concreta. El Vaticano se comprometió en los Acuerdos de 1979 a que su Iglesia en España se autofinanciaría con el llamado "impuesto religioso". Mientras tanto, Gobierno y episcopado acordaron un mecanismo transitorio de asignación tributaria mediante el IRPF. El plazo acabó hace dos décadas. En 2007, Rodríguez Zapatero aceptó la renuncia de los obispos a su compromiso de autofinanciación, e incluso les elevó un 34% (del 0,52% al 0,7%) el porcentaje de la cuota de IRPF que los católicos pueden destinar a su confesión, sin añadir un céntimo más que el resto de los contribuyentes.
El Gobierno no se propone reforma alguna en este asunto, y eso que los expertos de su propio entorno le han dicho que "financiar religiones es inconstitucional". Es la conclusión del Laboratorio de la Fundación Alternativas, que dirige el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray. Muchos miembros del patronato de esa fundación pertenecen también al PSOE. El Tribunal Constitucional nunca ha entrado en el fondo de la cuestión porque nadie ha recurrido ante él el concordato; aunque sí ha resuelto algunas cuestiones de constitucionalidad por jueces relativos a aspectos puntuales.
"El marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica es manifiestamente mejorable y en algunos casos profundamente inaceptable", sostuvo Eguiagaray cuando la Fundación Alternativas presentó en sociedad su proyecto de Estatuto de laicidad. "El sistema vigente de financiación es inconstitucional. El acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, estableció un régimen temporal de financiación estatal de la Iglesia católica que, además de haber sido incumplido por ambas partes, resulta de difícil encaje en la definición de un Estado laico o aconfesional, ya que la financiación de las confesiones religiosas no puede entenderse como contenido del derecho de libertad religiosa, amén de que su mantenimiento únicamente en favor de la Iglesia católica supone una violación del principio de igualdad", sostiene la Fundación Alternativas.
El informe había sido realizado por dos profesores de Derecho Eclesiástico, José María Contreras y Óscar Celador. Contreras ha sido director general de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia, un departamento que el Gobierno ha decidido eliminar.
Alejandro Torres, también profesor de Derecho Eclesiástico -en la Universidad Pública de Navarra-, hace estas cuentas. "La Iglesia católica lleva incumpliendo más de 30 años el compromiso de 'lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades' (artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos). Recordar esto no es anticlericalismo pues si dividimos los 250 millones de euros que percibe la Iglesia en concepto de Asignación Tributaria entre: 1) 44 millones de españoles, tocan cada español a 5,6 euros al año. 2) El 80% de esos 44 millones de españoles, que según el CIS se declaran católicos, tocan cada católico a 7,1 euros al año. 3) El 20% de esos 44 millones de españoles, que son católicos practicantes, toca cada católico practicante a 28,40 euros al año, menos de 50 céntimos por cada misa dominical.
Es poco dinero por cada fiel católico, pero los obispos se aferran al sistema de financiación pública porque desconfían, con razón, de la generosidad de sus fieles. Coinciden con el historiador William J. Callahan, de la Universidad de Toronto. "La tacañería del católico para sostener al clero es histórica. Las encuestas indican que, en práctica religiosa, la Iglesia católica española está viva y bien, como diría Jacques Brel. Pero las encuestas son engañosas. La religiosidad ha decaído en los últimos años".
Frente a la versión de los obispos, que hablan de que los españoles son el 90% católicos, Callahan opone el dato de los que van a misa o hacen caso a las consignas de sus jerarcas. "El cálculo varía entre el 15% y el 25% de la población", según el autor de La Iglesia católica en España.
El Ejecutivo tiene donde apoyarse si quisiera reformar el sistema de financiación. Esta es la tesis del profesor Fernando Amérigo, de la Universidad Complutense de Madrid y autor de La financiación de las confesiones religiosas en la UE. "A la hora de financiar a las confesiones religiosas hay dos grandes sistemas: los directos y los indirectos. Los sistemas directos (dotación presupuestaria, asignación tributaria, subvenciones directas o la creación de fondos estatales para el culto y clero) se caracterizan porque el Estado financia a las Iglesias mediante fondos públicos, es decir, considera la actividad estrictamente religiosa como parte del gasto público.
Los sistemas indirectos se basan en que el Estado facilita o promociona el sostenimiento económico de las confesiones a través de los ciudadanos de forma voluntaria. Es el caso de las desgravaciones fiscales a las donaciones, que se dan en Francia, Holanda o Portugal, o del impuesto religioso o cuota eclesiástica que se aplica en Alemania, Austria, Suecia o Finlandia.
Hay países donde las Iglesias se autofinancian -Reino Unido y Eslovenia- o donde se prohíbe la financiación de las confesiones, como Irlanda (si bien la Iglesia católica recibe allí ayudas en el sistema educativo). "Los sistemas directos son, en puridad, incompatibles con la laicidad del Estado, puesto que suponen una violación tanto de la separación como de la neutralidad", sostiene Amérigo.
Alejandro Torres subraya otros beneficios fiscales. "Las viviendas o casas parroquiales de los ministros de culto de las confesiones que han suscrito un acuerdo con el Estado, y los huertos y jardines adyacentes, están exentas en el IBI. Eso es incompatible con los principios constitucionales de laicidad del Estado y de igualdad. Pese a que 'ninguna confesión tendrá carácter estatal' (artículo 16.3 de la Constitución), se da la paradoja de que los ministros de culto de las confesiones con acuerdo tienen un régimen fiscal mejor que el de los funcionarios. ¿Qué relación tiene el uso y disfrute de un huerto o jardín con el ejercicio del derecho fundamental de libertad de religiosa?".
Otro privilegio: el que atribuye a las diócesis la Ley Hipotecaria (artículo 206) para la inmatriculación de inmuebles. "Si ninguna confesión tiene carácter estatal, y si la sentencia 340/1993 del Tribunal Constitucional prohíbe la confusión entre funciones y fines religiosos y funciones y fines estatales, ¿cómo es que los obispos católicos pueden emitir certificaciones de dominio, como si fuesen funcionarios dotados de fe pública?", se pregunta Torres.
Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología en la Universidad Carlos III, en Madrid, y secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, concluye que el Gobierno se ha quedado "sin política propia" en cuestiones de laicidad. "La agenda se la marca otro Estado, el de la Ciudad de Vaticano, cuyas orientaciones sigue discipularmente". Como ejemplo, señala el retraso en la presentación de la nueva ley hasta después de la visita de Benedicto XVI a España, el próximo noviembre, para no tener problemas".