11 ago. 2010

Reunión con el Poder Judicial

Primera intervención del Presidente Calderón en el Diálogo por la Seguridad con el Poder Judicial
2010-08-11 | Discurso
Señor Ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente del Consejo de la Judicatura Federal.
Señores integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Señoras y señores Magistrados de los Poderes Judiciales de las entidades federativas.
Señoras y señores:
Les agradezco, señor Ministro, muy sinceramente, su voluntad y, desde luego, la de todos los participantes en el Diálogo por la Seguridad del día de hoy.
El gran propósito de este ejercicio de reflexión con todos los actores políticos, económicos, sociales e institucionales del país, es avanzar hacia una verdadera política de Estado en materia de seguridad.
Yo reconozco el firme compromiso del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales estatales en esta lucha por la legalidad, la justicia y el Estado de Derecho.
Su participación en este Diálogo es esencial, dada su doble tarea. Por un lado, sancionar y aplicar la ley, en particular aplicar su peso a quienes cometen algún delito; y, por otro, garantizar la observancia de los derechos fundamentales de toda persona.
Debemos decir que México pasa hoy por un momento particularmente delicado en materia de delincuencia. La acción criminal, no sólo constituye una amenaza a la integridad física, familiar, patrimonial de los mexicanos, sino también a las instituciones democráticas, que hemos construido con el esfuerzo de varias generaciones.
Frente al reto que nos plantea la criminalidad, sólo cabe una respuesta contundente y unificada de los mexicanos. Y por eso celebro que estemos aquí, reunidos para buscar en estos diálogos las mejores estrategias, las mejores medidas, la mejor forma de abordar este problema, que es común, y que en común debe resolverse.
He sostenido estas reuniones desde hace varias semanas, con fuerzas políticas, con dirigentes sociales y empresariales, con representantes de los medios de comunicación, con líderes religiosos, y hoy me honra el poder compartir estas reflexiones con quienes representan al Poder Judicial, a nivel Federal y a niveles locales.
Lo que buscamos, señores, es fortalecer la estrategia de seguridad y de justicia, y construir un frente común contra la delincuencia en nuestro país; no sólo la delincuencia organizada, que aterra y asesina, sino también contra la delincuencia común que, a través de delitos como el robo, el secuestro y la extorsión, todos ellos en crecimiento, afecta de manera singular la vida de los ciudadanos.
Hasta ahora, los planteamientos que han hecho los participantes en estos encuentros podrían agruparse en cuatro grandes preocupaciones centrales:
Primera. Destacaría la importancia de fortalecer el entramado institucional; esto es, los cuerpos policiacos, los cuerpos ministeriales, los cuerpos judiciales. Las instituciones encargadas de la seguridad pública, de la procuración y la administración de justicia.
Segundo. La necesidad de redoblar esfuerzos en materia de prevención del delito, a través de políticas públicas que refuercen la educación y las oportunidades culturales, recreativas y, sobre todo, de trabajo de jóvenes y adolescentes en México.
La tercera. La imperiosa necesidad, y yo llamaría la exigencia ciudadana, de contar con mecanismos eficaces de evaluación y de control de la política de seguridad y de justicia.
Y cuarta. La exigencia de asegurar la corresponsabilidad de los distintos poderes, y de los distintos órdenes de Gobierno en esta lucha, cada cual en el ámbito de su responsabilidad y competencia.
A lo largo de estos diálogos se ha coincidido en la necesidad de que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las autoridades Federales, estatales y municipales, la sociedad entera, compartamos una visión estratégica en la lucha contra la inseguridad, así como en la imperiosa necesidad de cerrar filas para poner un alto a todas las expresiones del crimen.
Como mencionaba el día de ayer, la debilidad institucional es, quizá, el principal problema que debemos resolver en materia de seguridad y de justicia. No podemos renovar y fortalecer nuestras instituciones sin un compromiso común, en el que participemos todos quienes representamos a los Poderes Federales y a los estatales.
Se trata de construir una política de Estado en materia de seguridad y justicia que, por encima de diferencias partidistas o regionales, trascienda a cualquier Gobierno y a cualquier Administración.
Y lo he mencionado varias veces. Lo reitero. Éste no es un tema ni una tarea sólo del Presidente de la República. Es un verdadero desafío nacional, y no es sólo una lucha contra el narcotráfico, sino una lucha contra todas las expresiones del crimen, que están afectando y agobiando a los ciudadanos.
El Diálogo que hoy tenemos es una expresión de corresponsabilidad, una corresponsabilidad que está marcada en la Constitución y en la ley y, a la vez, es una exigencia de los ciudadanos para hacer cada más transparente y, sobre todo, más eficaz nuestro trabajo en materia de seguridad y de justicia.
El Poder Judicial ha estado siempre dispuesto, así lo he testificado, a revisar y perfeccionar su actuación para cumplir con sus responsabilidades.
Hace dos años, cuando la sociedad nos exigía a los gobernantes actuar en respuesta a la criminalidad y se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se asumió por parte de participantes del Poder Judicial compromisos muy concretos, como transparentar el desempeño de los órganos que integran dicha instancia, el instalar nuevos Juzgados y Tribunales Federales, cosa que se ha hecho; el establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República, que ahora operan; y, en general, favorecer la celeridad de los procesos judiciales, en particular de los procesos penales.
Asimismo, hubo un compromiso de fortalecer la autonomía, la independencia y la imparcialidad, así como los mecanismos de selección de jueces y Magistrados, de intensificar la capacitación y especialización de jueces en materia penal, de continuar la certificación de los juzgadores especializados, de fortalecer el control de los procesados y de sistematizar la información judicial para una mejor coordinación entre las autoridades.
Yo reconozco en ustedes, señor Ministro, señores Consejeros, señores Magistrados, a actores estratégicos para inhibir la actuación de los grupos delictivos y cerrar la brecha de impunidad, que es, entre otros factores críticos, uno de los que más estimula la acción delictiva.
Sé que el Poder Judicial, en estos dos años, ha hecho esfuerzos loables para dar cumplimiento a tales compromisos.
El reto que hoy nos plantea la criminalidad, sin embargo, nos exige a todos que redoblemos esfuerzos para cumplir cabalmente con aquellos objetivos del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y que asumamos nuevos compromisos, acordes con la nueva realidad que estamos viviendo, que permitan contribuir a restituir la seguridad, a la cual los mexicanos tienen absoluto derecho.
En las mesas de diálogo, realizadas en estas semanas, se ha señalado que nuestro país requiere una política de Estado en materia de seguridad; es decir, una política que parta de principios comunes, universales, que sean no sólo aceptados, sino apoyados de manera decidida por todas las instancias políticas de Gobierno, por todos los partidos y, en general, por quienes desempeñamos funciones de servicio público.
Con esa finalidad, se han puesto en marcha dos acciones. Una. Ya aplicada, que es establecer una mesa institucional, constituida por ciudadanos y representantes del Gobierno, y enfocada al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Por la otra. Realizar audiencias públicas estatales, conducidas por las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de actualizar el diagnóstico de cada entidad federativa, evaluar el cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en los estados y municipios; así como conocer las propuestas ciudadanas de fortalecimiento institucional.
Para que este ejercicio de Diálogo por la Seguridad tenga éxito, es imprescindible conocer el punto de vista y, desde luego, tener la participación de los Poderes Judiciales, tanto Federal, como estatales. Concretamente, y con pleno respeto a la división de Poderes, sugeriría que dialoguemos en torno a algunos temas relevantes en los cuales podemos colaborar. Por ejemplo:
Primero. La importancia de la opinión y la experiencia compartida de los Poderes Federal y locales, judiciales, en las deliberaciones que se tengan, precisamente, en este foro nacional y en los foros estatales ciudadanos. Es importante conocer su punto de vista para poder afinar y perfeccionar la Estrategia Nacional en Materia de Seguridad y de Justicia, repito, desde una perspectiva de Estado.
Segundo. Su aportación al establecimiento de mecanismos de seguimiento y de evaluación de avances en la administración de justicia, y en un tema particularmente importante, como es la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, con la participación de estos observadores ciudadanos.
Tercero. Su participación para conocer sus propuestas, discutir, analizar y, en su caso, retomar la agenda de cambios y reformas judiciales que faciliten el combate a la criminalidad y la reducción de la impunidad.
Cuarto. El cómo fortalecer a los Poderes Judiciales y, a la vez, cómo fortalecer la interacción entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Y quinto. Y concorde con lo anterior. El fortalecimiento institucional mismo del Poder Judicial. Concretamente, la ratificación del compromiso de consolidar la carrera judicial a través de mecanismos de selección, profesionalización, remoción y ratificación de servidores públicos judiciales, con el fin de robustecer el papel de los jueces en la aplicación del derecho y en el combate al crimen.
Uno de los mayores retos del Poder Judicial, pienso, es evitar que sus miembros sean presa de las amenazas, de la intimidación o de la cooptación por parte de la delincuencia. Sé que las tareas que realizan no han sido ni son fáciles. Soy consciente además, lo he sabido, de que algunos servidores públicos de los Poderes Judiciales han sido amenazados e incluso agredidos por los criminales.
Con pleno respeto a la división de Poderes, el Ejecutivo ofrece compartir al Poder Judicial información de inteligencia que contribuya a combatir la corrupción y prevenir amenazas y, desde luego, trabajar al máximo de nuestras capacidades por preservar la integridad de los miembros del Poder Judicial, y asegurarles condiciones de certeza y seguridad personal y familiar, que les permita desempeñar, con la libertad que requieren, su delicado deber.
No podemos, ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos y responsabilidades. En un Estado de Derecho, la ley no puede estar sujeta a extorsión, amago o coacción, y menos tratándose del impartidor de justicia.
Al igual que a ustedes, la situación nos indigna y nos preocupa. Es por ello, que le he instruido a la Secretaría de Seguridad Pública, y a la Procuraduría General de la República, trabajar coordinadamente con el Consejo de la Judicatura Federal para mejorar la seguridad en la que se desenvuelven los jueces y Magistrados y, en general, para preservar la integridad de todos quienes intervienen en un proceso penal.
No cejaremos en nuestro empeño para contribuir a que el Poder Judicial cuente con mejores condiciones para desempeñar sus tareas.
Un nombre clave del enemigo en el Sistema Judicial, es la impunidad. No debemos permitir que nuestras deficiencias y omisiones abran rendijas para que los criminales evadan la justicia.
Y para extirpar este cáncer de la impunidad se necesita, no sólo garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad de los tribunales, sino también revisar, actualizar y rediseñar, si es necesario, nuestro marco legal.
El proceso de combate a la inseguridad y a la impunidad debe contemplar la debida integración de la acción de las policías, de los Ministerios Públicos y de los jueces. Estos últimos que esclarecen los hechos e imparten la justicia; es decir, determinan la responsabilidad de los criminales y la inocencia de quienes no lo son, es fundamental en la tarea que tenemos de frente a los mexicanos.
Es indispensable que el fortalecimiento institucional tenga el mismo énfasis en los Ministerios Públicos y policías, como en los propios jueces y Magistrados Federales y estatales.
El Ejecutivo Federal, a mi cargo, propuso, como ustedes saben, una iniciativa que finalmente fue aprobada, con modificaciones, por el Congreso de la Unión, para reformar el Sistema de Justicia Penal en el país.
Con ello, México adoptará un sistema con juicios orales, procesos simplificados y mucho más transparentes, y un régimen de protección a los derechos de las víctimas.
Esta reforma otorga a las autoridades también más herramientas para combatir a la delincuencia. Se trata de una reforma penal fundamental, la más profunda realizada en décadas en el país. Y no tengo duda de que será un instrumento invaluable para superar el reto que hoy nos plantea la criminalidad.
Hay que darle a este proyecto la mayor atención y la mayor prioridad. Pero también es fundamental conocer la opinión y la experiencia de los juzgadores, a fin de evitar posibles errores en su aplicación, o que una interpretación indebida de sus propósitos nos lleve a no combatir adecuadamente la impunidad.
Es importante que todos aquellos que estamos implicados en su implementación y operación unamos esfuerzos e interactuemos más, dialoguemos más, para que este sistema pueda aplicarse plenamente y lo antes posible.
Por ello, tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, sé que han trabajado intensamente para dar cumplimiento a los plazos que la propia Constitución establece.
Cabe destacar que en poco menos de un año vence el término para que operen plenamente los jueces de ejecución de sentencias. Es imperativo que se tomen las medidas pertinentes para cumplir en tiempo y forma con tal mandato.
Reconozco que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han trabajado intensamente en la difusión de las implicaciones del nuevo Sistema de Justicia Penal, y en la sensibilización a los servidores públicos para implementar ordenadamente la reforma constitucional.
Sé que han, sobre todo, avanzado en la profesionalización y especialización de los servidores públicos responsables de aplicar la nueva justicia penal.
Es indispensable que tanto el Ejecutivo, como el Judicial Federal, asumamos con convicción la implementación de esta reforma y estemos en un diálogo permanente y en una interacción eficaz con los Poderes Judiciales locales en las entidades federativas.
Debemos tener presente que a pesar de que la división de Poderes nos asigna tareas muy específicas, compartimos todos un objetivo superior: que México sea, verdaderamente, un país de leyes y que los criminales reciban el castigo que se merecen.
La implementación de la reforma representará nuevos retos para todos. Por eso es fundamental que actuemos con un claro sentido de corresponsabilidad.
No debemos permitir que la delincuencia encuentre espacios para evadir la acción de la justicia. Debemos actuar y dialogar con otros actores, como el Legislativo, para corregir aquellas lagunas u omisiones que en la ley permitan, precisamente, generar mayores espacios de impunidad.
El Ejecutivo seguirá actuando con firmeza y con determinación en la lucha contra todas las expresiones de la delincuencia. En el ámbito Federal, desde luego, en aquellas que más directamente nos competen.
Es necesario que el Poder Judicial, en su ámbito de competencia, siga con valentía y decisión cumpliendo su deber, y no permita ser coartado o intimidado por los criminales.
Es imperativo que el Poder Judicial, con su conocimiento y experiencia, asuma el liderazgo en la implementación de la reforma a nivel nacional.
Se requiere impulsar la capacitación de los Poderes Judiciales para generar un verdadero cambio cultural en sus integrantes y en los litigantes. Dicho cambio debe generar una nueva óptica sobre la administración de justicia, que permita transitar con eficacia del modelo inquisitorial al modelo acusatorio.
Por otra parte, es muy importante contar con la experimentada opinión de los Poderes Judiciales, en cuanto a la actualización de la Ley de Amparo. El objetivo es que si la reforma busca dar mayor celeridad a la administración de justicia, el amparo represente, verdaderamente, una garantía para los ciudadanos, y no un obstáculo para la justicia pronta y expedita que los ciudadanos merecen, y a la cual la Constitución nos obliga.
En la institucionalización de este nuevo sistema de justicia, como en todos los frentes en que estamos combatiendo a los criminales, se requiere unidad de propósito y de acción. Si no cerramos filas ante el enemigo común, pierde la ciudadanía, pierden las instituciones y pierde México.
Señoras y señores:
Garantizar la seguridad de los ciudadanos es la primera obligación del Estado. Aplicar la ley es el mandato fundacional al que nos obliga la Constitución a todos los servidores públicos.
Los ciudadanos requieren certeza jurídica, seguridad en el ejercicio de sus libertades, en su integridad física y en su patrimonio.
Para que una sociedad se desarrolle plenamente se requieren normas y reglas claras, que se apliquen sin distingos para nadie. Y en esa obligación constitucional, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debemos trabajar juntos.
Lograr la vigencia plena del Estado de Derecho es uno de los mayores anhelos que compartimos los mexicanos. Para ello, es fundamental consolidar un sistema de justicia eficaz, expedito y honesto.
Con pleno reconocimiento al esfuerzo que ustedes hacen, desde el Poder Judicial Federal y desde los Poderes Judiciales estatales, les exhorto a que redoblemos esfuerzos en estas tareas por la justicia, la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos.
Sé que todos queremos un México seguro, un México en paz, un México de leyes.
Hoy reafirmo ante ustedes la voluntad, la apertura, la plena disposición del Gobierno Federal para valorar todas las ideas, para analizar todas las propuestas y planteamientos que nos permitan, verdaderamente, forjar una política de Estado en materia de seguridad y de justicia.
Tomemos con firmeza las riendas de nuestro destino.
Los desafíos en la materia son sin precedentes. Por eso se requiere, también, carácter y talante de todos aquellos que, al frente de una responsabilidad pública, sé que podemos, si actuamos unidos y coordinados, cambiar para bien el rumbo del país.
Actuemos por construir un futuro de paz y de tranquilidad, que anhelamos los mexicanos y que merecen nuestros hijos.
Muchas gracias.

Reunión con presidentes de partidos

Reunión en campo Marte.
En el marco de los Diálogos por la Seguridad, convocados por el Presidente Calderón, líderes de partidos políticos debatieron la estrategia anticrimen del Gobierno y señalaron que están dispuestos a apoyar una política de Estado, pero no asumieron ningún compromiso concreto para agilizar las leyes pendientes en el Congreso.
Tampoco mencionaron a funcionarios de sus partidos vinculados con el narco, dice una nota de Reforma en primera plana.
Beatriz Paredes, presidenta del tricolor, advirtió que no podía hablar a nombre de diputados ni Gobernadores del PRI. "En el ámbito donde correligionarios nuestros tienen responsabilidades públicas, ellos actúan con estricto apego a sus responsabilidades constitucionales, sean Gobernadores, sean legisladores o sean Presidentes Municipales. No me corresponde a mí asumir compromisos que ostentan de carácter constitucional", dijo.
Jesús Ortega, presidente del PRD, propuso cambiar la política económica, legalizar el uso de drogas y atacar el lavado de dinero, pero sin comprometerse a trabajar en reformas legislativas para tal efecto.
Eso si Paredes y Ortega reprocharon el "uso electoral" de órganos de seguridad. "Los casos de Michoacán, el Estado de México y de Quintana Roo son deplorables ejemplos de una politización, participación de ministerios públicos de la Federación y de muchos estados", señaló Ortega.
El Presidente demandó a los partidos su ayuda para cambiar o fortalecer la estrategia contra el narcotráfico y dejar a un lado las razones de carácter electoral.
El presidente estuvo acompañado por los Secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna; así como del Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, y del Director del CISEN, Guillermo Valdés Castellanos.
El presidente tuvo tres intervenciones a saber:
i) Intervención inaugural:
Ciudadana licenciada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Ciudadano licenciado César Nava Vázquez, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.
Licenciado Jesús Ortega, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.
Licenciado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Presidente Nacional del Partido Nueva Alianza.
Senador Arturo Escobar y Vega, Secretario de Procesos Electorales y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Licenciado Luis Walton, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia.
Señoras y señores representantes de organismos de la sociedad civil.
Señoras y señores de los medios de comunicación.
Señoras y señores Legisladores.
Señoras y señores:
Agradezco enormemente el que hayan aceptado la invitación a participar en este Diálogo por la Seguridad. Éste busca ser un espacio democrático, abierto al análisis crítico y a la reflexión, con el fin de que la lucha por la seguridad pública se transforme en una verdadera política de Estado.
En las últimas semanas me he reunido con organizaciones sociales, religiosas, con expertos, con medios de comunicación, con líderes sociales y políticos, entre otros. Y el día de hoy, sin embargo, reviste de una medular importancia, en virtud de que quienes estamos aquí tenemos una mayor capacidad de tomar o de impulsar decisiones públicas, tanto a través de las representaciones legislativas en el Congreso de la Unión y en los Congresos Locales, como a través de las autoridades que han sido emanadas o postuladas por los partidos políticos en la representación popular, principalmente en los gobiernos estatales y municipales.
Y es muy importante, indispensable, diría yo, que las fuerzas políticas sean protagonistas de este diálogo. Estoy convencido de que la participación responsable de los partidos políticos es una pieza clave en la construcción del bien común en una sociedad democrática, y que no hay democracia verdadera sin partidos fuertes y partidos responsables.
Sé también que, como en cualquier democracia, la exigencia ciudadana nos fortalece a todos y a cada uno de nosotros, siempre y cuando seamos capaces de atender y encauzar la inquietud, la exigencia de la lucha por la seguridad de todos los mexicanos. Tengo plena confianza en que sabremos todos responder a esta justa demanda.
Los he convocado porque el país pasa por un momento particularmente delicado en el tema de la delincuencia. El incremento de los hechos de violencia que testifican todos los días los ciudadanos y los medios de comunicación, aunado al incremento de los delitos comunes, como el robo, el secuestro y la extorsión, que sufren día con día cientos de familias mexicanas, nos reclama a todos un esfuerzo decidido y coordinado, particularmente a los Gobiernos de los distintos órdenes, que constitucionalmente compartimos la corresponsabilidad de enfrentar este problema.
En general, el desafío delincuencial demanda de todos, cada quien en la medida de su responsabilidad y capacidad, un esfuerzo y un compromiso común, coordinado y superior para hacerle frente.
Quiero hacer un recuento a ustedes sobre lo que, a mi juicio, ha sido la evolución de la violencia y la criminalidad en el país.
Durante décadas, el crimen organizado centró su acción únicamente, y prácticamente, se limitó a actividades de narcotráfico; es decir, literalmente, al tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos.
Se trataba de un negocio de bajo perfil, donde la clave del éxito para el criminal era no ser visto, ni ser advertido, ni por los ciudadanos, ni por la autoridad.
Sin embargo, desde mediados de los años 90, comenzó a tener lugar un cambio en el modelo de negocio de las organizaciones criminales.
Sea, porque los productores de droga en Sudamérica, comenzaron a pagar los servicios de tráfico a través de México en especie, como algunos señalan; o sea más bien por el mero crecimiento del poder de compra de nuestra economía, que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, llegó a crecer de poco menos de tres mil dólares de ingreso per cápita promedio, a más de 10 mil dólares en 2008. Sea de ello lo que fuere, los criminales empezaron a ver a México también como un mercado potencial, como un mercado creciente, un mercado joven y un mercado cada día con mayor capacidad de compra. Por eso dejaron de ser menos exportadores de droga y comenzaron a buscar un mercado de consumo también entre los jóvenes mexicanos.
La expansión de la delincuencia conllevó a dos importantes cambios operativos, por lo menos:
Primero. Pasó de ser una actividad centrada en el control de rutas y logísticas lineales hacia Estados Unidos; es decir, carreteras y puntos de entrada en la frontera, a ser una actividad de control territorial completo. Y, en consecuencia, y segundo cambio, dejó de ser una actividad de bajo perfil, que se supone no se metía ni con la autoridad ni con la gente, a ser una actividad abierta, violenta, y desafiante, que no sólo atacó a sus adversarios en el crimen, sino comenzó a meterse violentamente con la ciudadanía, con los medios de comunicación y con las instituciones políticas, fenómenos que hemos atestiguado lamentablemente en fechas recientes.
Explico esta dinámica, junto con el control de rutas y de puntos fronterizos tradicionales para traficar estupefacientes, que era la clave del negocio tradicional del narcotráfico, los criminales buscaron, además, el control de plazas y mercados al interior del país.
Ahora, además de un punto de cruce en la aduana para controlar su nueva actividad; es decir, sus tienditas, sus nuevos puntos de venta en centros nocturnos y en otros lugares, los criminales se abocaron también a controlar o a buscar el control de pueblos e incluso ciudades completas en el país.
Esto provocó un verdadero cambio de dimensión en su actividad. Pasaron de un control meramente lineal, a la búsqueda de un control territorial en su campo de acción.
A su vez, la necesidad de dominio territorial los llevó, primero, a expandirse a una gran parte de la República, y no sólo a puntos fronterizos del país. A colocarse, con su presencia violenta, en todos aquellos lugares que fuesen susceptibles de dominio, merced a la debilidad institucional presente en esos lugares o a cualquier otro factor.
Y los llevó a cambiar su perfil, del no meterse con nadie o el no ser vistos a, por el contrario, tratar de dominar a la autoridad; a ser vistos, a dominar a la sociedad y en particular a la autoridad, sea a través de la cooptación o a través de la intimidación, la llamada ley de plata o de plomo. Y en consecuencia, el crimen organizado se volvió violento, agresivo y desafiante hacia la autoridad y hacia el ciudadano.
Una vez hechos del control de una población determinada, su comportamiento evolucionó hacia el que ha tenido el crimen organizado en todo el mundo y en distintas etapas de la historia: el llamado control de plaza.
El asumirse dueño de una plaza implicó, primero, el cobrar cuota, entre comillas, a otros grupos criminales, a los robacoches, a los traficantes de piratería, a los traficantes de gasolina robada o de alcohol adulterado, a los traficantes de personas y, en general, a quienes lograban controlar otros delitos en cada comunidad.
Pero, más pronto que tarde, el llamado cobro de piso a otros criminales derivó explicablemente hacia el cobro de cuotas de protección o cuotas de no agresión a empresarios, a comerciantes, a ganaderos, a productores en general, a los ciudadanos; y de ahí, desde luego, a extorsiones, amenazas y secuestros, que son los que están asolando y afectando más a los ciudadanos.
Este cambio en la manera de actuar de las organizaciones criminales tomó por sorpresa a unas debilitadas estructuras institucionales en todos los niveles de Gobierno y, particularmente, en los estados y municipios.
A su vez, el debilitamiento institucional de la autoridad, el poder de intimidación que los criminales fueron logrando a través de una política de terror hacia los adversarios, hacia la autoridad y hacia la población, provocó también una semiparálisis en la acción policiaca, ministerial y judicial. Con ello, proliferaron también, entonces, en muchas regiones del país, delincuentes que aún sin vínculos con el crimen organizado actúan con gran impunidad, proliferando, entonces, los delitos más comunes y que más frecuentemente agravian al ciudadano. Crece así el robo, que es el delito más cometido en el país, en más del 80 por ciento de los casos; la extorsión telefónica, el secuestro y el homicidio.
Se trata de una tendencia creciente del fenómeno delictivo en el país, que hay que detener cuanto antes, que hay que detener por todos los medios lícitos al alcance del Estado y que hay que detener a través de la acción conjunta de los poderes públicos, de los órganos institucionales encargados de la seguridad y la procuración de justicia, y de todos los niveles de Gobierno.
Es por ello, también, que considero que es vital, urgente, el fortalecimiento institucional en el país, de las policías, Ministerios Públicos y jueces en todos los órdenes de Gobierno: Federal, estatal y municipal.
En materia de seguridad y justicia, la debilidad institucional es el Talón de Aquiles de México, en todos los órdenes, y es claro que a menor nivel de Gobierno, hay una mayor debilidad institucional y, en consecuencia, una mayor vulnerabilidad ante los criminales.
Hoy tenemos una deuda histórica con la renovación y fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad y de justicia. Y no puede hacerse tal renovación y fortalecimiento sin una sólida y renovada voluntad política que provenga de todas las fuerzas partidistas en el país, en la asunción de un compromiso común.
El Gobierno Federal no ignora su propia responsabilidad.
Sabemos que debemos estar al frente y, por supuesto, impulsar una política pública, que permita contener a la delincuencia, someterla y reducirla, pero se trata de enfrentar este grave problema a través de la construcción, más que de una política de Gobierno, o de un Gobierno, a través de una política de Estado en materia de seguridad.
Una política de Estado que, por encima de diferencias partidistas, trascienda a cualquier Gobierno, y trascienda a cualquier Administración. Esto, insisto, no es un asunto nada más del Presidente de la República, es un verdadero desafío nacional.
Y no es sólo una lucha contra el narcotráfico en sí mismo. Es una lucha contra el crimen organizado en todo el país que, como bien lo ha llegado a definir la academia, es aquel que, a través de la violencia o la amenaza, busca apoderarse de las rentas, lícitas o ilícitas en una comunidad.
Huelga decir que este desafío en la práctica desplaza y erosiona el poder del Estado mismo, en todos sus niveles de Gobierno, porque de facto sustituye a la autoridad en su relación con los ciudadanos.
El diálogo, en el que hoy todos participamos, así como el que deberé tener con otros Poderes, con otros actores políticos, contribuye a fomentar una actitud de corresponsabilidad en circunstancias específicas, en las que ciudadanía nos está exigiendo mayor transparencia y, sobre todo, mayor eficacia en la lucha por la seguridad.
Estos diálogos no pretenden, en modo alguno, sustituir los espacios institucionales de deliberación y decisión, sino aportar un foro adicional que fortalezca nuestra capacidad para discutir, de cara a la ciudadanía, la problemática de la seguridad, y generar los acuerdos indispensables para su atención.
Los planteamientos que me han hecho en estas reuniones las puedo agrupar en cuatro preocupaciones centrales:
Primero. La importancia de fortalecer el entramado institucional en todos los poderes públicos, pero particularmente en los diversos órdenes de Gobierno, orientado hacia las instituciones policiacas, ministeriales y judiciales en todo el país.
Segundo. La necesidad de redoblar esfuerzos en materia de prevención del delito, particularmente a través de políticas públicas que brinden oportunidades educativas, recreativas, culturales y de trabajo a jóvenes y adolescentes, cuya carencia, precisamente, los hace propicios, no sólo a las adicciones, sino también presa fácil de un reclutamiento criminal e irresponsable, hecho por la delincuencia.
Tercera. La demanda de contar con sistemas efectivos de evaluación y control de la política de seguridad. Ello implica la urgencia de contar con mecanismos de comunicación que permitan transmitir información sistemática, oportuna y relevante a la ciudadanía; ello, incluso, integraría un verdadero capítulo aparte. Cómo informar, cómo transmitir información, qué tipo de información y con qué oportunidad, a la ciudadanía, que nos está exigiendo a todos rendición puntual de cuentas.
Y cuarto. La creciente exigencia de definir con claridad corresponsabilidades en las tareas de seguridad en los niveles Federal, estatal y municipal. Corresponsabilidad que nos obliga la Constitución Política, a los tres órdenes de Gobierno.
A lo largo de los diálogos, también hemos coincidido en la necesidad de compartir una visión estratégica en materia de combate a la delincuencia, así como la urgencia de actuar en un solo frente que cierre espacios a todas expresiones del crimen.
En especial, ha existido, por parte de los participantes, una definición política fundamental, que hoy convoco a refrendar. Esta decisión fundamental, elemental al parecer, es que el Estado debe combatir al crimen con toda su fuerza y con todos sus medios. La lucha debe ser no de un Gobierno, sino del Estado mexicano. Y se trata de una causa que debemos compartir todos, quienes intervenimos en la vida pública, sea política, económica o social del país.
Quiero citar al Diputado Francisco Rojas, que recientemente señaló en el seno de la Comisión Permanente que es fundamental propiciar la colaboración entre el Gobierno de la República y los demás Poderes, sin distingo de las preferencias políticas o la mayoría que represente.
Ustedes, sin duda, como líderes de las fuerzas políticas de México, tienen un papel fundamental a la construcción de una política de Estado contra la inseguridad, y una capacidad de influencia y de decisión que en este momento está siendo requerida por el país.
Los partidos políticos ocupan espacios en los Poderes Legislativos, tanto de la Federación como de los estados, que los coloca en posición privilegiada para contribuir en la consolidación de un México de instituciones fuertes y representativas, que respondan a las necesidades y demandas de seguridad de los ciudadanos.
Reconozco, también, que con la participación de los partidos políticos y el responsable desempeño de sus grupos parlamentarios, se han dado avances significativos en materia legislativa. Sin embargo, es claro que la agenda de transformación de nuestras instituciones requiere de un nuevo ímpetu y de mayor profundidad.
Como se ha señalado, México demanda una política de Estado en materia de seguridad; es decir, una política que trascienda partidos, ideologías, coyunturas y periodos de Gobierno.
Una política de Estado que derive del acuerdo de las fuerzas políticas, no para respaldar al Presidente, ni a su partido, sino para promover un bien superior: un México de paz y justicia, un México de leyes.
La necesidad de invertir esfuerzos por parte de los actores políticos y de la sociedad para renovar y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y así garantizar que los Ministerios Públicos, las policías y los jueces sirvan, verdaderamente, a su comunidad, es mayúscula. No admite regateos y exige todo el empeño, y toda la voluntad política posible.
En especial, se necesita que los tres Poderes y los tres órdenes de Gobierno asumamos un compromiso de fondo en la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad pública.
Sólo así, con la corresponsabilidad, se convertirá la política de seguridad en política de Estado.
Qué podemos hacer gobiernos y partidos para contribuir desde nuestro ámbito a la solución de ese problema. Eso es fundamentalmente la pregunta que nos hacemos y que debemos responder en estos diálogos y en otras instancias de deliberación, dentro de nuestra pluralidad democrática.
En primer lugar, decía, debemos refrendar una premisa fundamental. El Estado tiene el deber irrenunciable de combatir la delincuencia. Esto, que parece obvio, ya no lo es, porque he escuchado voces y expresiones que cuestionan que el Estado esté combatiendo a los criminales. Debe recordarse y refrendarse esta premisa. Refrendarla, no supone asumir acríticamente la estrategia seguida.
Sé que la estrategia también ha sido cuestionada y mi Gobierno ha estado y está en la mejor disposición de revisarla, fortalecerla o rectificarla, si es necesario. Lo que pido, simplemente, a los actores políticos y sociales, son ideas claras y propuestas precisas acerca de cómo debe mejorarse esta estrategia.
Reconocer pública y abiertamente que el deber del Estado es combatir a la criminalidad y cumplir y hacer cumplir la ley, es el cimiento para articular la vida institucional.
Si alguien considerase que el error del Gobierno ha sido combatir a la criminalidad, también es momento oportuno que lo diga abierta y sinceramente, y comparta con la sociedad las razones por las cuales considera que esta premisa fundacional del Estado de Derecho ha dejado de tener vigencia.
Si, por el contrario, existe consenso entre nosotros, como creo que existe, de que esa es la misión del Estado y que debemos asumirla con responsabilidad, entonces el diálogo debiera enfocarse, en segundo lugar, a discutir, analizar y perfeccionar juntos la Estrategia Nacional de Seguridad. Hemos estado abiertos a todas las observaciones y a todas las alternativas.
Esta estrategia se ha desarrollado básicamente en los siguientes ejes:
Primero. Combate frontal a la delincuencia. Si la delincuencia ha elevado su capacidad de fuego e intimidación a la autoridad, el Gobierno ha orientado su esfuerzo a combatirla, en particular en aquellos lugares en los que pretende desplazar a la autoridad. Se trata de que a través de los operativos conjuntos se desplace y oponga una fuerza superior a la de los criminales, que es la fuerza del Estado, que incluye a las Fuerzas Armadas en su tarea de preservar la seguridad interior para, precisamente, enfrentarles y neutralizar su capacidad de acción.
Segundo. Depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia. Estamos construyendo una nueva institucionalidad a través de un esfuerzo constante de depuración de los cuerpos policiacos y ministeriales Federales; así como una revisión permanente de los mandos de las Fuerzas Armadas; el fortalecimiento de los ingresos y las condiciones de vida de la tropa y, también, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, tanto de la Policía Federal, como del Ejército y la Marina.
En particular, hemos avanzado a marchas forzadas en la construcción de una nueva Policía Federal, con mejores capacidades tecnológicas, equipamiento y un mayor y mejor número de integrantes, reclutados y capacitados, que incluye ya a miles de jóvenes universitarios enfocados a las tareas de inteligencia, que permiten un mejor combate a la criminalidad.
En este fortalecimiento institucional del país, que implica la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, todos los niveles de Gobierno establecimos compromisos claros en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que tienen que ver con el reclutamiento y selección de personal; con el establecimiento de Centros de Control de Confianza en cada una de las entidades, y con el sometimiento a esas Pruebas de Control de Confianza a los elementos policiacos y ministeriales, comenzando por los mandos superiores. Valdrá la pena, también, revisar el estado que observa el cumplimiento de tales compromisos.
Tercero. Fortalecimiento del tejido social. Las mejoras en educación media y superior, la educación tecnológica y oportunidades culturales y recreativas, así como programas como Escuela Segura, Prevención y Tratamiento de Adicciones Nueva Vida y Rescate de Espacios Públicos, en coordinación con autoridades locales, todas esas políticas tienen ese propósito. Estamos también dispuestos a revisarlas y a fortalecerlas.
La estrategia parte de un esquema integral, que incluye las diversas etapas de la acción criminal, desde la prevención hasta la rehabilitación o readaptación social, en la cual está también considerado un programa ambicioso para mejorar las condiciones de los Centros de Readaptación a nivel Federal y local.
Considero pertinente, en tercer lugar, orientar este diálogo a promover que todos quienes integramos el Estado asumamos un compromiso concreto en la lucha por la seguridad.
Las diferencias, señoras y señores presidentes de los partidos políticos, las diferencias no debilitan ni desprestigian a la política; lo que daña profundamente a una Nación es que la política no pueda trascender esas diferencias.
Ha llegado el momento de darle cauce a nuestras coincidencias. En las diversas plataformas y programas presentados por los partidos políticos, hay en todos este denominador común: un compromiso por la seguridad de los ciudadanos.
Al igual que ustedes, tanto como ustedes, yo también quiero un México seguro, un México tranquilo, un México en paz. El diálogo no supone renunciar a las tesis que nos hacen distintos, ni sacrifica el juicio crítico sobre la realidad o sobre la acción de los gobiernos.
El Diálogo por la Seguridad busca poner el interés superior de la Nación por encima de cualquier otra consideración. Su apoyo abierto es imprescindible para consolidar una política de Estado en materia de seguridad.
Debe quedarnos, además, a nosotros claro, a todos, que el enemigo son los criminales; que el enemigo a vencer es, precisamente, el crimen en sus distintas expresiones. La lucha contra la criminalidad exige de todos los mexicanos conciencia y compromiso, valentía y decisión, unidad y acción. Y esto es particularmente cierto para quienes desempeñamos una tarea pública frente a los ciudadanos.
Ratifico la apertura del Gobierno Federal, la mía, en lo personal, para valorar todas las ideas, todas las propuestas, todos los planteamientos que nos lleven a forjar una política de Estado en materia de seguridad.
Tenemos frente a nosotros la oportunidad histórica de cambiar el destino del país en esta materia, y hoy construir una nueva institucionalidad, cuyos efectos sean permanentes y benéficos para varias generaciones futuras de mexicanos.
Esta tarea no admite cálculo de vencedores y vencidos, porque lo que está en juego es el futuro de la Nación.
Nuevamente, agradezco lo que implica el estar presentes aquí y dialogar.
Y quedo atento, junto con mis colaboradores, a sus comentarios y señalamientos.
Muchas gracias.
ii) Segunda intervención del Presidente Calderón
Señora y señores Presidentes, Y representantes de los partidos políticos.
Me interesa hacer algunos comentarios sobre los temas que ustedes han expuesto, a reserva de omitir algunos de los que han hecho, y les pido una disculpa por ello.
Respecto del tema que menciona el licenciado Luis Walton, de Convergencia, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay un reto estructural en el país, que no sólo en este problema de seguridad, sino en muchos otros, es clave para resolver nuestros problemas, y que es el tema de la educación. Más educación y mejor educación, educación de calidad.
Y ello, desde luego, rebasa con mucho el alcance de sólo el tema de seguridad pública.
Específicamente, en este caso, sí me interesa focalizar lo que implica, efectivamente, para este problema de criminalidad que estamos viviendo, el tener varias generaciones de jóvenes que están atrapados por la carencia de oportunidades.
La llamada generación, o las generaciones Ni-Ni, los que ni estudian, ni trabajan, y que son, precisamente, por un lado el blanco de las adicciones de los criminales, son su mercado a esclavizar, esa es la palabra que yo uso. Y, por otro lado, son también su mercado de reclutamiento, del sicariato.
Y aquí no queda otra, más que hacer un esfuerzo, también como política de Estado, para proveer a esos jóvenes de oportunidades que no han tenido en muchísimo tiempo.
Cuando llegué a la Presidencia de la República, la cobertura educativa a nivel universitario era, aproximadamente, del 24 por ciento, jóvenes de entre 18 y 23 años, y con el temor, además, de que el empuje generacional de los jóvenes que, todavía con una alta tasa de natalidad, nacieron hace 18 años, no sólo no permitiera hacer crecer la cobertura, sino la hiciera retroceder.
Y efectivamente, con el apoyo del Congreso, yo debo reconocer, hemos hecho un esfuerzo por crear nuevos centros universitarios, casi 200 nuevos centros de educación media superior, es decir, preparatorias y, sobre todo, bachilleratos técnicos en el país; más de 80 nuevos centros de nivel universitario o profesional, incluyendo algunas extensiones de campus, como en nuevos centros universitarios.
Y eso nos ha permitido llevar la cobertura universitaria a un poco más del 29 por ciento. Nos habíamos propuesto llegar al 30 por ciento hacia el 2012. Creo que lo vamos a lograr antes. Pero sé que no es suficiente. Pero sí está directamente correlacionado con la criminalidad.
Simplemente, muestro un dato. En Ciudad Juárez, que vive una, creo que la peor problemática de criminalidad que ha vivido el país en mucho tiempo, el nivel de cobertura universitaria, siendo una ciudad de más de un millón de habitantes, siendo una ciudad con ingresos, finalmente, una economía que, por lo menos, durante mucho tiempo estuvo pujante, tenía un nivel de cobertura universitaria, tiene un nivel de cobertura universitaria que era casi cuatro por ciento menor al promedio nacional, lo cual implica que decenas de miles de jóvenes estaban, o cientos de miles están desprovistos de esta oportunidad.
Independientemente de las competencias que marca nuestro Sistema Federal, y éste es un tema que abordaré más ampliamente, porque es muy importante el punto que ha hecho la Presidenta del PRI.
El Gobierno Federal en la parte de la Estrategia de Todos Somos Juárez, ha metido un componente fuerte en esta materia.
Entonces, se están haciendo ahorita nuevas, cinco nuevas preparatorias, tan sólo en Ciudad Juárez; tres nuevos campus universitarios, con objeto de neutralizar, por lo menos, ese déficit.
Y, por supuesto, que los resultados en materia educativa se van a dar en el mediano plazo y en materia de seguridad todavía en un plazo más remoto, pero comparto totalmente eso. Esa es la vía. Tenemos que hacer, por el lado de la política preventiva, un esfuerzo enorme en materia educativa.
Y aquí creo que viene un planteamiento para todos, que creo que significa revisar nuevamente las prioridades nacionales, sobre todo a la hora de asignar el gasto público. Porque tanto en el propio Ejecutivo a la hora que se diseña, sobre todo con criterios de responder a la presión, a las presiones de gasto de las diversas dependencias, como también a la hora del Congreso, lo sabemos quienes hemos estado en el Congreso de la Unión, pesan mucho los criterios sectoriales. Y creo que es importante hacer un llamado de cuáles son los temas que verdaderamente necesita el país con mayor urgencia.
Y además del tema de seguridad, que a mí me parece evidente que se ha transformado en el principal problema nacional, sobre todo ahora que estamos, independientemente del comprensible escepticismo que hay en el país, saliendo de la crisis económica y recuperando ritmo de crecimiento, éste se constituye en el principal problema nacional.
Y el tema educativo, el tema de cobertura, sobre todo en jóvenes y adolescentes, yo diría que está también en esa escala de importancia y creo que debiera de corresponder, precisamente, un esfuerzo del Estado para abordar este tema.
También agradezco los comentarios de ustedes, de tanto de don Luis Walton como de Arturo Escobar. Y también, reconociendo el que el Senador hace y también la disposición del Partido Verde para avanzar en estos temas. Sí estimo y coincido con él que requerimos dar un salto en materia de lavado de dinero. Las unidades especializadas, la Unidad de Lavado de Dinero concretamente de la Secretaría de Hacienda, ha tenido una actividad mucho mayor a la de otras épocas, pero también el desafío que hoy enfrentamos es también considerablemente mayor al que se ha tenido nunca en el país.
Y esto encierra una peculiar dificultad. Yo le he instruido ya al Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y le he pedido ayuda al Gobernador del Banco de México en respeto, además, de su autonomía, para que tratemos de diseñar una nueva política contra el lavado de dinero, que también he instruido que se presente, precisamente, en el curso de estas semanas y estos diálogos.
Enfrentamos una problemática en particular, porque el investigador de lavado de dinero en México generalmente tiene que ser, por un lado, un experto en materia financiera, que no es fácil de encontrar. Y, por otra parte, los expertos en materia financiera en México tienen unas enormes oportunidades de trabajo muy bien remuneradas. Es decir, pueden ganar afuera del Gobierno tres o cuatro veces lo que nosotros les podemos ofrecer y, además, pueden ganarlo afuera sin correr los riesgos, incluso, para la vida que corren dentro del Gobierno.
Lo cual me lleva a pensar que esto constituye una dificultad real para integrar Unidades de Lavado de Dinero. También, me lleva a pensar que tenemos que hacer una reflexión acerca de qué manera estamos asignando las remuneraciones o la manera de reclutar en el sector público, porque no puede ocurrirnos esta situación, donde realmente es difícil cubrir un espacio tan importante para el país. Pero sí tenemos que avanzar en ello.
También coincido en la parte del Sistema Penitenciario, que han mencionado. Es claro que las cárceles representan una saturación, por el ordenamiento legal del país, por la manera en que siempre se consideró la parte de rehabilitación o de readaptación. Coincido, también, en que esto es una cuestión estrictamente nominal. Yo estoy convencido que las cárceles ni readaptan ni rehabilitan, por lo menos ahora. Pero siempre fueron desarrolladas por los sistemas estatales.
Es decir, siempre, a lo largo de la historia, por lo menos hasta hace una década, hasta hace dos décadas, cuando se creó el Penal de Máxima Seguridad de Almoloya, hoy llamado del Altiplano, hasta entonces, siempre todas las cárceles fueron, prácticamente, estatales.
Y en las cárceles concurren presos o internos, presidiarios, tanto Federales como locales. Sé que esta problemática tiene que revisarse, pero siempre ha ocurrido esta manera de incorporar los procesos de rehabilitación mezclando a los presos.
Nosotros, creo que debemos hacer un esfuerzo mucho mayor para expandir los centros de reclusión, y tenemos una propuesta, de hecho lo estamos haciendo en cumplimiento del Acuerdo por la Seguridad. Pero, aquí, por ejemplo, también plantearía que dada la urgencia de este tema, el Gobierno Federal sí necesita la comprensión y el apoyo, por ejemplo, de partidos, porque quizá, sea el momento en que tengamos que hacer una serie de licitaciones, o por lo menos de asignaciones mucho más expeditas que las licitaciones ordinarias, para poder rápidamente avanzar este tema a un ritmo en el que la urgencia lo demanda, y no al ritmo que una muy farragosa, muy estricta y muy compleja legislación en materia de obra pública, restringe esta acción.
Me refiero, también, al tema de la intervención del licenciado Jesús Ortega, que presenta esquemáticamente varias propuestas. La política económica. Probablemente no nos pondremos de acuerdo en las formas cómo se debe de implementar la política económica, pero, sí, evidentemente, en el propósito.
Yo creo que es clara la correlación entre dificultades económicas y criminalidad. Probablemente la crisis tan severa que se vivió el año pasado, también incidió en el crecimiento tan agresivo de la delincuencia, en el país, organizada o común.
Y, evidentemente, en lo que coincidimos totalmente es que debemos encontrar la forma de que el país crezca rápidamente. El Gobierno tiene su perspectiva, que está también dispuesto a compartir y discutir, que tiene que ver, precisamente, con hacer de la economía, en un entorno global, mucho más competitiva, mucho más productiva, mucho más generadora de empleos.
Ya he hablado del tema de la reforma educativa, y coincido en que se requiere una nueva cultura cívica que aliente la ciudadanización y fomente los principios democráticos.
A mí me parece que sí tenemos un problema estructural en la cultura social, sobre todo en los valores de nuestros jóvenes, que no tienen, por lo menos, en el rango más alto de su jerarquía, el valor, ni de la legalidad, ni de la ley, y por momentos parece que se generaliza este menosprecio por la vida, por el respeto a los demás.
El grado de violencia que vemos, de crueldad, incluso, en la violencia, refleja ciertamente un estrato de cultura que tenemos que revisar muy a fondo.
Coincido, además, que debe facilitarse que el Ejército no sea el primer frente de batalla contra la delincuencia, sino sean como entendiblemente deben ser las policías.
Aunque aquí sí, muy respetosamente, discrepo en el sentido de que no está el Ejército fuera de su ámbito constitucional. Claramente, el Artículo 89 Constitucional y otras disposiciones, establecen no sólo la atribución del Poder Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas, sino el objetivo, que es, ciertamente, la soberanía exterior, a la que se aludía en el sentido de que no hay en este momento tropas extranjeras o barcos extranjeros anclados en nuestros puertos.
Pero también se refiere la Constitución claramente al término de seguridad interior. Y es, precisamente, la criminalidad ahora el mayor desafío a la seguridad interior, por lo cual la acción de las Fuerzas Armadas no está fuera del ámbito constitucional.
Si bien es cierto, es deseable que se establezca con mucho mayor precisión la delimitación jurídica en leyes ordinarias del país, de este campo de acción, que es hasta ahora, no es inédito tampoco, hay que decirlo también, la acción del Ejército, por ejemplo, en lucha contra el narcotráfico viene realmente de décadas atrás.
Quizá no había sido tan intensa, o tan desgastante, o tan claramente cercana a los ciudadanos, pero siempre ha estado esa presencia del Ejército mexicano.
Coincido en que debemos propiciar, desde luego, que reduzca esa actividad, pero la única manera de hacerlo es que haya policías que puedan realizar esa actividad, Federales o estatales.
Porque, verdaderamente, si uno le pregunta a los ciudadanos de Tamaulipas: En serio quieren que retiremos al Ejército y a la Marina del estado. La respuesta, categóricamente, es no.
Al contrario. Nos están exigiendo a nosotros mucha mayor presencia de las Fuerzas Armadas en varias entidades de la República. Y yo entiendo esa actitud de desesperación de los ciudadanos. Pero, en este momento la única manera de propiciar un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas es generando un fortalecimiento institucional de policías, Ministerios Públicos y jueces en las entidades, que permita, precisamente, un reemplazo sensato y viable de la presencia de las Fuerzas Armadas.
Tomo como una propuesta seria la de formar una comisión para coordinar las Fuerzas del Estado, advirtiendo, además, que, como bien decía la licenciada Paredes, en materia de seguridad hay que actuar, más que deliberar mucho. Y muchas veces se requiere la coordinación en el mando, digamos, y la rapidez en la ejecución.
Del atacar toda la cadena del narcotráfico, coincidido con ella. Ya hice un comentario acerca del lavado del dinero.
Me reservé deliberadamente un punto, pero quiero abordarlo para que no se considere como una omisión mía, y que es el tema de la legalización de las drogas, al que ya he hice referencia en estos diálogos, y haré referencia nuevamente, procurando no volverlo a hacer. Pero interesa puntualizar mucho la posición del Gobierno.
No estoy de acuerdo con la legalización, pero de ninguna manera me opongo a que se debata, porque ésta es una sociedad democrática, que sí tiene que sacar sus temas a discusión.
Y ahora déjenme explicarles por qué me opongo a la legalización:
Primero. Soy plenamente consciente de que el tema es complejo, porque sí tiene aristas positivas y negativas.
Del lado de las ventajas, se menciona que una legalización provocaría que el alto precio de las drogas, derivadas del mercado negro que la prohibición implica, es lo que genera, precisamente, la rentabilidad y la capacidad de alto financiamiento de los criminales.
Entonces, si se quitara la prohibición, esa es la hipótesis, se bajaría el precio y se bajaría, en una buena medida, la renta de los criminales. Sin embargo, del lado de las desventajas, también se ha mencionado aquí, una legalización propiciaría, automática y lógicamente, un aumento masivo del consumo de drogas y de estupefacientes, particularmente entre adolescentes y jóvenes.
No sólo por la reducción del precio, que sería el menor efecto, sino simplemente por su libre disposición.
Y eso es una decisión medular para un país. Si está dispuesto, por cualquier razón, a dejar a sus jóvenes y adolescentes a merced de los criminales, y también asumir con frialdad que muy probablemente perderíamos varias generaciones de jóvenes a consecuencia de las adicciones, que son una esclavitud.
Una vez que un joven entra a un proceso de adicciones, difícilmente sale de él, a menos de que haya un proceso de readaptación verdaderamente agresivo. Se convierte en una esclavitud, y el joven sale esclavizado por el criminal.
Por qué razón.
Porque el mismo que a los 12 años le está dando la droga afuera de la escuela gratuitamente, es el mismo que a los 13 años ya le está cobrando la droga a ese muchacho; y el joven empieza, o el niño empieza a robar el monedero de la mamá y luego a robar los espejos de los coches de los vecinos. Y luego, a los 14, 15 años, ya es reclutado por ese mismo sicario para ser su chofer, su guardaespaldas, su vendedor de droga, y eso incrementa una cadena, precisamente, de los criminales.
Entonces, aumentaría el consumo. Y la pregunta es si el país está dispuesto a, en aras de la política criminal, dejar, simplemente, en manos de las adicciones a millones de jóvenes y adolescentes. Yo considero que no debe ser así.
Ahora. También me cuestiono el argumento que se usa, de que esto debe quedar al libre albedrío de las personas. Yo soy un hombre que cree en la libertad, por supuesto, y sé que cada quien es responsable de sus actos. Pero no creo que un niño de 12 años, o de 11, o de 14, sea verdaderamente lo suficientemente informado y responsable para, simple y sencillamente poder rechazar las drogas que van a estar disponibles, sé que están muy disponibles ahora, pero van a estar masivamente disponibles, en cada esquina del país, a su consumo. Eso no me parece una decisión aprobable o conveniente para el Estado.
Pero, finalmente, asumiendo que las ventajas fueran ciertas y que, en una situación hipotética, fueran mayores las ventajas que las desventajas, en México eso no ocurriría, si, como bien dijo el licenciado Kahwagi, esto no se plantea a nivel internacional.
Cuál es el principal argumento para legalizar drogas. Que legalizándoles se mata el precio del mercado negro y esto se reduce. Pero si en el mundo no se legalizan las drogas, o por lo menos en Estados Unidos no se legalizan las drogas, esto es simple y sencillamente absurdo. Porque el precio de las drogas no está determinado por México; el precio de las drogas está determinado por los consumidores en Los Ángeles, o en Nueva York o en Chicago, o en Texas.
Y en consecuencia, lo que tendríamos en México de una legalización así, es, todos los inconvenientes, incluyendo la pérdida masiva de varias generaciones de jóvenes y adolescentes en las adicciones, con ninguno de los convenientes. Porque el precio seguiría siendo alto, seguiría siendo un precio de mercado negro, quizá marginalmente impactado, pero un precio dominado por una delincuencia internacional.
Por eso, considero, en estas circunstancias y especialmente con el matiz que hace Jorge Kahwagi, que si esto no un es planteamiento internacional, México paga todos los inconvenientes y no gana ninguno de los convenientes. Y desde luego, esto no lo planteó como un intento de cerrar una discusión, sino, simplemente, de dar mi punto de vista en ello.
Finalmente. Quiero referirme a varios de los muy valiosos planteamientos que ha hecho la licenciada Beatriz Paredes.
El primero. Yo le agradezco que a pesar de su escepticismo, comprensible, acerca de este tipo de discusiones, haya asistido aquí, porque habla de la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional y de su dirigente, con un tema que sí creo que es medular en el debate nacional.
Segundo. Porque es cierto. Ella, con mayor experiencia que un servidor, pero ciertamente durante mucho tiempo hemos participado en foros, en debates, en fin. Y no siempre, por desgracia, se obtienen resultados. Sin embargo, a mí, esto sí me parece un diálogo y un debate absolutamente necesario en la opinión pública, porque sabemos que la gente lo está comentando en sus casas con enorme preocupación, en su trabajo.
Éste es el tema que más preocupa a los mexicanos y a todos nos está demandando definiciones y posturas claras. Y me parece que es imprescindible darlas de cara a la sociedad. Y por eso, hemos invitado a testigos sociales a estos diálogos.
Segundo. Porque, se los digo sinceramente, el Gobierno sí quiere, sí necesita, sí le conviene escuchar y escuchar directamente otras voces; y escucharlas, además, fuera de la tradicional disputa política-electoral, sino escucharlas así, de frente.
Y con toda honestidad preguntar: Está bien, he escuchado que la estrategia o es inadecuada, no da resultados, etcétera. Cuál entonces debe ser la estrategia correcta para enfrentar a los criminales.
Y, sobre todo, mi planteamiento original. Yo supongo que estamos de acuerdo, pero hay una duda, que creo que debemos resolver. Estamos de acuerdo o no que el Estado debe combatir a los criminales. Porque también en ese debate público se ha planteado que el error es que hayamos combatido a los criminales. Yo oigo estas expresiones: No es su lucha, para qué inició, por qué lo hizo.
Yo estoy de acuerdo en que se cuestione la estrategia, y entonces estoy dispuesto a analizar y recibir propuestas para cambiar o mejorar la estrategia.
Pero lo que me parece es que si la premisa es que el Estado no debe o no debió combatir a los criminales, también se debe de decir y aclarar; porque sí está en el debate público.
Yo coincido en que temas de seguridad nacional no debieran ser materia de disputa electoral. Sin embargo, en honor a la verdad, amigas y amigos, estos temas de seguridad nacional o no, estos temas son materia de disputa electoral de todos los actores. Y no juzgo la buena o mala fe. Es cierto. En la medida en que se politizan y son el elemento toral de las campañas, se generan mucho más incentivos o se pierden los incentivos al consenso.
Yo lo que pretendo con estos diálogos, o lo que mi Gobierno pretende, es poder generar nuevamente consensos que, por culpa o por razón atribuible a quien sea, se han erosionado. Y un consenso fundamental debe ser ese: el que la seguridad debe de estar por encima de los partidos.
Ahora. Yo veo imposible que en una democracia, y pienso, y qué bueno que así sea, temas como éste, el principal problema del país, pueda ser excluido del debate político.
En todo caso, entonces, a lo que aspiro, es a que nos pongamos de acuerdo en qué es premisa de Estado, qué es afirmación compartida por todos y qué no lo es. Es decir, qué es lo discutible en la política pública de seguridad y qué es lo no discutible.
Porque puede haber un punto peligroso para el Estado mismo. En la medida en que todo es cuestionable y todo es criticable, y todo es reprochable, se puede políticamente erosionar, deteriorar, vulnerar al Estado mismo. Y entonces, la sociedad no gana, quienes ganan son los criminales.
Si la acción del Estado se da en un frente, se da en un estado, y todo el impulso político y la energía política del país se orientan a atacar, o cuestionar, o a debilitar, sí se debilita al Estado. Sí se pierde la legitimidad de su acción. Sí se baja la moral de las tropas, la moral de los policías. Pero quien gana ahí, no son los partidos políticos, quien gana ahí son los criminales.
Y a mí me parece medular que nos pongamos de acuerdo, creo que no lo tenemos claro, por lo menos el Gobierno quiere tenerlo claro, qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale en el terreno político-electoral.
Y lo que no se vale, creo que tiene que ver con la política de Estado que buscamos: cuáles son las verdades, cuáles son las afirmaciones, cuáles son las premisas en las cuales todos los partidos políticos están de acuerdo y el Gobierno está de acuerdo. Yo creo que una es que el Estado debe combatir a la criminalidad, que aunque parezca obvio, insisto, quizá no lo es.
Otra, es que la seguridad pública es una corresponsabilidad, no sólo porque así lo establece la Constitución en su capítulo de garantías individuales, sino también porque no hay manera de derrotar a los criminales. Y porque tampoco hay, en honor a la verdad, dada la nueva realidad que enfrentamos, un deslinde claro de competencias.
Por ejemplo, una entidad federativa puede decir, y con parte de razón, que todo lo que está ocurriendo es crimen organizado y, en consecuencia, la Federación tiene que responder por todo. Pero también habrá quien diga que los delitos más comunes son los del fuero común y, en consecuencia, las entidades deben ser responsables de la ola criminal que estamos viviendo, y que incluso los homicidios, que tanto llaman la atención, formarían parte de esa competencia.
Señores:
A lo que estamos asistiendo es a un cambio de modelo criminal, que quizá ya no cabe y no resiste los viejos esquemas institucionales. Eso es lo que está ocurriendo.
Y por lo mismo, necesitamos la concurrencia; y por lo mismo, no llegaremos a ningún lado si toda la energía que tenemos, la usamos la Federación para culpar a los estados, y los estados para culpar a la Federación. Y, en honor a la verdad, es parte del problema que tenemos.
Yo creo que una de las cosas que deben de salir de aquí es: entre todos tenemos que entrarle, y entre todos podemos ganar esta batalla. Pero si seguimos descoordinados y culpándonos unos a otros, por razones electorales, o no, simple y sencillamente, esa es la realidad no vamos a salir adelante.
Y coincido y termino. Que quizá el quid, como ha dicho la Presidenta es, precisamente, nuestra naturaleza Federal.
Ciertamente, en la enorme complejidad que vivimos: violencia vinculada originalmente y exclusivamente a las drogas y luego a todo tipo de crimen, quizá una experiencia sobre la que debamos abrevar es Colombia.
Pero tiene razón la Presidenta. Colombia es un Estado central. Su Director de Policía es de Policía Nacional. Aquí, sin embargo, tenemos que hacer coincidir y coordinarse, como dijo, creo que el propio licenciado Kahwagi, a más de dos mil policías.
Y como yo decía hace unos días: Si nosotros sabemos que hay un policía municipal que está vinculado al crimen, por ejemplo, si no tenemos la evidencia judicializable, no hay manera de remover a ese policía. O sea, no hay manera que el Director de la Policía Federal diga: Usted se va a su casa, porque a menos que haya el testimonio, la prueba, la evidencia, la fotografía, lo cual es realmente muy complejo.
Y, si bien es cierto, esto es un problema real. El crimen no actúa limitado a la acción de los estados. Una organización, como Los Zetas, por ejemplo, tiene acción desde Reynosa y Laredo, en la frontera de Tamaulipas, hasta el Suchiate, donde trafica con migrantes. Y nuestra jurisdicción, ciertamente es Federal, pero se empalma en cada paso de su camino con una realidad local. Los secuestros, las extorsiones, los robos que hace de Norte a Sur, tienen que ver con una mezcla de competencias.
Cómo podemos articular esa mezcla de competencias. No está resuelto, no está resuelto y, a mi juicio, probablemente, quizá ya no responda el modelo constitucional a eso.
Por eso es válido el cuestionamiento. Se requiere una Policía Nacional o se requiere, como ha sido el consenso con Gobernadores, 32 policías estatales. Y surgen otras preguntas.
Quién se va a encargar de vigilar estas 32 policías estatales. Qué tal si una de ellas queda en manos de uno de estos criminales. En fin. Son preguntas que creo que debemos hacernos y debemos de resolver en conjunto. Pero, precisamente, a mi juicio son preguntas que justifican que dialoguemos abiertamente y de cara a la sociedad sobre estos temas.
Finalmente, coincido, comparto la idea de que las instituciones públicas deben y particularmente en materias como la Seguridad Nacional, orientarse estrictamente al cumplimiento de esos propósitos, y que de ninguna manera deben adscribirse a propósitos electorales o políticos. Y que, por otra parte, se reclama y se requiere el esfuerzo de todos.
Sinceramente, señoras y señores, no hay manera de que superemos este problema, si no salimos de estas discusiones con las premisas claras de que en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Y si de lo que estamos de acuerdo se deriva una corrección a la estrategia de seguridad pública, yo estoy dispuesto a asumirla.
Nos quedan, en el caso personal, dos años y medio de Gobierno, y si no reconstruimos institucionalmente a la seguridad pública a nivel Federal y a nivel local, el país padecerá por muchísimos años este problema y en condiciones de deterioro cada vez mayor.
Mi llamado respetuoso y urgente es a eso. Les pido a los partidos políticos su ayuda, su fuerza, su colaboración, para que podamos desarrollar una presión, un esfuerzo, un ejercicio tal, que nos permita reconstruir la institucionalidad pública en materia de seguridad y justicia en todo el país y en todos los niveles.
Pienso que si no se logra esa voluntad política, difícilmente lo podremos hacer.
Les pido una disculpa por la extensión de mi comentario y les agradezco su atención, también
***
iii) Palabras finales del Presidente
Bien. Quiero aprovechar esta intervención de cierre, más que para guiarme por las notas que originalmente tenía previstas; sí me gustaría también, el poder comentar acerca de algunas reflexiones que se han hecho aquí, en lo que yo considero ha sido un diálogo muy, muy enriquecedor.
Lo primero. Es las referencias que se hacen al número de homicidios, que creo que es el dato más espectacular y más hiriente, más preocupante de la violencia en el país. Sobre todo, con la crueldad con que se hace: decapitados, descuartizados, en fin.
Y primero. Lo que quiero compartir con ustedes, lo que hemos observado respecto de la lógica de estos homicidios. Sí es válida la hipótesis que formulé al principio, en la primera intervención, de que el cambio que está ocurriendo en la criminalidad, es el paso de lo lineal, del control de la carretera y el punto de aduana, al control territorial, es, en términos de geometría analítica, es literalmente un cambio de dimensión.
El hecho de que el criminal quiera ejercer su monopolio en una plaza determinada, lo obliga a medios terriblemente crueles que tratan de ser ejemplificativos para sus adversarios. Entonces, no se trata simplemente de eliminar a un adversario que entra a la plaza, entre comillas, sino se trata de expresar un mensaje a través de una decapitación o actos especialmente crueles hacia los adversarios.
Y por otra parte, implica, precisamente, que los criminales también están encontrando un límite a su propia capacidad de operación y de lucro, tanto en la acción de otros criminales, como en la del Estado; y eso, evidentemente, lleva a una lucha singular y cruenta, fundamentalmente, precisamente, entre no sólo, pero, fundamentalmente, entre estas bandas.
Yo si quiero apuntar, sin embargo, que en una situación como ésta, el número de homicidios o el grado de violencia no es necesariamente el mejor indicador ni de que se está avanzando o retrocediendo, o de que la guerra o la batalla, digamos, se gana o se pierde. Es un indicador de la gravedad del problema, y es un indicador, también, del fenómeno de disputa que estamos observando en México.
Próximamente, el otro día el licenciado Guillermo Valdés presentó los datos estadísticos, precisamente, de este número de muertes que hemos registrado. Pero más allá del dato general, que fue el que más capturó la atención, lo que ahí se presentaba, y creo que lo debemos volver a presentar y dar a conocer al público, además, como también se requirió, es la dinámica de lo que está ocurriendo con estas muertes.
Efectivamente, como dice el Senador Escobar, generalmente la lógica de los homicidios obedece, muchas veces, a procesos de división y de confrontación entre los cárteles en México.
Tradicionalmente, cuando no tenían que disputarse el territorio; es decir, no se empalmaban sus ámbitos de acción, finalmente uno tenía, usaba la carretera, no sé, a Nogales y otro la carretera Monterrey-Laredo, y no se cruzaban, cuando entran a la disputa territorial sí se entrecruzan sus acciones y sus comandos. Y eso comienza la ruptura y el rompimiento entre cárteles.
Primero. En 2004, 2005, por ejemplo, el Cártel de Sinaloa disputaba parte de la frontera de Tamaulipas, y ustedes recordarán un momento muy violento en Nuevo Laredo, donde incluso se mató, o se asesinó a algún Presidente Municipal, a funcionarios, un Director de Seguridad Pública que provenía de CONCANACO, que duró siete horas en el cargo. En fin. Porque, precisamente, obedecía a esa disputa por la plaza de Nuevo Laredo.
Pero estas disputas se han venido exacerbando y han tomado una espiral creciente desde hace muchos años. Los primeros decapitados, ustedes recordarán, aparecieron en 2004, 2005, probablemente, unos en Acapulco, otros en Michoacán, en Uruapan, precisamente, y se empezó a generar esta dinámica de confrontación violenta de los cárteles.
Ha habido varios momentos en los últimos años donde esta confrontación sí obedece, precisamente, a una exacerbación de la disputa, no sólo porque capturamos o son abatidos líderes de los criminales, que sí los hemos abatido, sino también porque no caben en el territorio y se les está reduciendo el margen de negocio a los criminales y compiten con mayor ferocidad.
Por ejemplo. El Ejército Mexicano captura a Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, que formaba parte del Cártel del Pacífico. Esto generó un rompimiento fundamental en ese cártel. De los cuatro sectores que tenía: El Chapo, Coronel, El Mayo y Beltrán, se separa Beltrán de los otros tres y se genera una disputa que genera, efectivamente, enfrentamientos considerables.
A su vez, Los Zetas, por ejemplo, estaban, no sólo asociados, sino dominaban a lo que, posteriormente, sería La Familia Michoacana, en mi propio Michoacán, hasta que en el 2007, 2008 viene una ruptura y eso genera un crecimiento de la violencia de este tipo de homicidios en Michoacán.
La propia captura de Arturo Beltrán Leyva y su abatimiento genera una disputa entre sus seguidores, como dice el Senador, entre El Indio, que también fue capturado, versus, el apodado La Barbie o el hermano de Beltrán Leyva, y eso genera una disputa, concretamente en los estados de Guerrero y de Morelos, que son las plazas que se disputan.
Hace dos años también, dos cárteles que eran asociados, el Cártel de El Chapo Guzmán y el de Los Carrillo, en Ciudad Juárez, rompen y se disputan Ciudad Juárez, que escenifican la peor o la más grave de las batallas de criminales que se ha presenciado en el país, que es en Juárez.
Y además es una disputa que llega a niveles casi personales. Un hermano de Carrillo Fuentes es asesinado en Sinaloa, también un hijo de El Chapo Guzmán, en fin. Y eso se traduce a las bandas que ellos reclutan: por un lado La Línea, por otro lado Los Aztecas o Los Doble A. Y esas bandas, a su vez, derivan en enfrentamientos en Ciudad Juárez, como dijo la licenciada Beatriz Paredes, en una demografía donde los muchachos están, prácticamente, sin un sentido de trascendencia, un gran vacío, quizá, que habrá que llenar también con otro sentido y con oportunidades.
Pero se están disputando, ya no ni siquiera el nombre de los cárteles, sino se están disputando esquina por esquina, un mercado que es bueno para el tráfico hacia Estados Unidos, y también es un mercado de alto consumo, como es en los suburbios de Ciudad Juárez.
Y la última gran disputa que hemos presenciado y que también, estadísticamente puede demostrar un salto en el número de homicidios, es la disputa de dos cárteles que fueron aliados durante casi 15 años, Los Zetas y El Golfo, en el Noreste del país, que a partir de enero de este año también rompen por disputas internas, y escenifican un enfrentamiento cruento en el Noreste del país: Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Hay que imaginarse, además, que si fueron socios 15 años, saben exactamente quiénes son la cobertura de unos y de otros, quiénes son los traficantes de unos y de otros, quiénes son las autoridades que eventualmente los cubren, y eso implica una disputa aún mucho más feroz.
Pero cuál es el punto que yo quiero enfatizar. Que no necesariamente el incremento de la violencia es el indicador más adecuado para ver, o si la estrategia avanza o si, efectivamente, la lucha del Estado contra los criminales va avanzando o no.
Lo que refleja es, precisamente, la gravedad del problema, insisto, y también el grado de disputa entre las organizaciones criminales. Que, además, yo quiero agregar una cosa que puede ser controversial, pero esa disputa también es un elemento importante de deterioro de los propios criminales.
Porque se podrá discutir y especular qué tanto puede durar esa disputa, pero lo que es un hecho es que es una disputa que no puede ser, por lógica elemental, infinita. Porque no puede infinitamente reemplazarse, ni recursos destinados a la disputa, ni tampoco reclutamiento de sicariato destinado a la disputa.
Es más. Hemos observado en los fallecimientos que se ven cómo, incluso, va bajando la edad de los fallecidos. Va, desgraciadamente, entrando, va perdiéndose el reclutamiento de lo que antes solían ser previos o antiguos comandantes, por ejemplo, judiciales o cosas así; ahora, va perdiéndose, digamos, ese reclutamiento, entre comillas, profesional, y se va perdiendo, realmente, en un reclutamiento cada vez más improvisado, cada vez menos eficaz y, desgraciadamente, cada vez menos criminal, respecto de estos jóvenes y adolescentes.
Pero el punto es que eso también está provocando un deterioro de los grupos criminales.
Por eso, entiendo perfectamente, y sé que es la percepción, esta afirmación de que la guerra se va perdiendo. No comparto la afirmación, pero comprendo que es una percepción general, que creo que también el Estado debe combatir.
Incluso, el propio término de guerra yo generalmente no lo utilizo, pero aún siendo así, si de guerra habláramos, y si fuera de guerra del Estado con los criminales, la verdad es que, independientemente, de que hay actos muy cobardes, ejecuciones o emboscadas a autoridades del Ejército, o sobre todo Policía Federal, la verdad es que la gran mayoría de los enfrentamientos entre las Fuerzas Federales y los criminales, han sido ganados por las Fuerzas Federales.
Incluso, revisemos, por ejemplo, los datos que la propia prensa da. En un enfrentamiento, la estadística, por ejemplo, de este año, y que ha sido el de mayor enfrentamiento, porque como ellos se disputan cada vez más abierta y agresivamente los lugares, el Ejército, la Marina y la Policía tienen más presencia y, evidentemente, los choques en una carretera o en una ciudad se dan con mayor frecuencia.
En los enfrentamientos, por ejemplo, aunque hay lamentablemente bajas del Ejército o de las Fuerzas Federales, las bajas del lado de los criminales son considerablemente mayores. Estoy hablando de proporciones quizá de 8 a 1 o más. Indefectiblemente, la victoria, digamos, de ese enfrentamiento corresponde al Gobierno.
De tal manera que, no es dable hablar de que esa guerra o esa batalla se va perdiendo. El problema radica en que, una vez que se controla una situación más pronto o más tarde, y la fuerza se retira, no hay algo que supla eficazmente el poder público en ese lugar. De ahí la importancia del fortalecimiento institucional de policías, Ministerios Públicos y jueces estatales y Federales en todo el territorio nacional.
Una buena parte de la violencia se explica por la división y la confrontación que hay entre cárteles. Y también debo decir que invariablemente la Fuerza Federal, a la hora de un enfrentamiento, ya no digamos de una batalla o de una guerra, como se dice, pero está avanzando, e indefectiblemente, salvo excepciones, la victoria corresponde a los Federales, salvo este caso de emboscadas o asaltos, que también hemos visto.
Incluso, cuando el operativo es verdaderamente conjunto, cuando concurren fuerzas locales con Federales, la eficacia del poder público, créanme, es muchísimo mayor.
Lo menciono, porque para mí es importante, y coincido con la licenciada Beatriz Paredes, que no se generalice, o que no aumente algo que sí está generalizado, que es una desesperanza, que es una idea de que no hay alternativa y de que no se puede. Sí se puede. Sí se puede vencer a los criminales. Sí se puede hacer prevalecer nuevamente el Estado de Derecho en todo el país.
Ciertamente, no pretendemos, no pretendemos que se acabe, por ejemplo, el consumo de drogas. Digo, eso sería ingenuo suponerlo porque, efectivamente, corresponde, el fenómeno de la adicción es un fenómeno sociológico, económico, de otra índole; pero sí pretendemos que la sociedad recupere su tranquilidad y que los criminales dejen de afectar la vida ordinaria de los ciudadanos, que dejen de secuestrar y que dejen de extorsionar, que dejen de cobrar derecho de piso.
Y eso implica no sólo combatir al crimen organizado y desarticularlo, sino también implica fortalecer la institucionalidad policíaca y ministerial para que se combata más eficazmente al delito local y delito común. Porque en este ambiente de desánimo, digámoslo así, también las propias policías se inhiben, y oyen que a una persona se metieron a su casa y la asaltaron, y quizá prefieren no intervenir ni investigar ese caso.
Eso es lo que pienso que debemos corregir de inmediato. Y para ello se requiere la acción conjunta y corresponsable de los tres órdenes de Gobierno.
Ese miedo de la sociedad, del que ustedes hablan, es un miedo que también debemos revertir, porque les facilita el trabajo a los criminales y se lo dificulta a la autoridad.
Porque, incluso, los criminales, en ese entorno, se asumen verdaderamente como impunes. Hablaba el licenciado García Luna de que se han capturado mil y pico, casi dos mil secuestradores. Así es. Es un número impresionante. Y yo les puedo hablar que sumado con los locales y lo que había, hay en las cárceles del país siete mil secuestradores.
Pero, la impresión es que no se ha investigado y resuelto ningún secuestro ni se aprehendido a nadie. En esa percepción general, lo que hemos encontrado es que una gran cantidad de secuestradores aprehendidos no son el criminal tradicional, experto en el tema. Hay una gran cantidad de gente que, por una imitación, se ha incorporado al crimen. Por eso, es tan importante los efectos de percepción.
Alguien que vio en la prensa cómo se hacía, cómo se llevaba una casa de seguridad, cuánto se pedía y que, con su amigo o su compañero, simple y sencillamente empiezan a delinquir, en un ambiente de descomposición que debemos evitar a toda costa.
También rectifico y coincido con la licenciada Paredes, y quizá el ejemplo de Colombia no es, quizá mi punto no puede ser totalmente diferente, pero tampoco es, digamos, aplicable a México, y creo que hay diferencias esenciales. En eso coincido.
Uno. Por ejemplo, es que en Colombia hay movimientos guerrilleros de alto poder y de presencia, como son las FARC o el Ejército de Liberación Nacional. Qué incluso, otra segunda diferencia, que tienen dominio territorial en Colombia, cosa que en México no ocurre. Hay debilidad institucional en alguna parte del país. Pero el Gobierno, el Ejército Mexicano puede ir a cualquier punto del territorio nacional en el momento que se le indique y no hay, digamos, dominio territorial, estrictamente de parte de los criminales, como ocurre en Colombia.
Otra es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que es el indicador más importante a nivel internacional. Tenemos problemas en México, una tasa alta, sí, pero tenemos, quizá, 13 homicidios por cada 100 mil habitantes; en Colombia hay 38 homicidios por cada 100 mil. Y no se trata de poner una cifra que implique una especie de mal de muchos, sino simple y sencillamente poner las cosas en perspectiva, como bien acotó la licenciada, de que no es exactamente equiparable Colombia y México.
Lo que sí creo que es que aún teniendo este problema, en Colombia hay una tendencia, un ánimo y una disposición, que es importante también construir en el país, y que está haciendo que se recuperen niveles de confianza de la gente.
Finalmente. Insisto en este tema de esperanza y expectativas, de que sí se puede avanzar, sí se puede tener éxito en la lucha por la seguridad. Sí se puede derrotar al crimen organizado. Sí se puede reducirlo, precisamente, para que deje de afectar a la sociedad. Y la pregunta que hace el Senador Escobar es, precisamente, la que implica a la sociedad y su angustia, que también hablaba el licenciado Ortega.
Qué está pasando y cuánto va a durar.
Es difícil saberlo, pero sí creo que estoy, es más, seguro, que el día en que México cuente con 32 policías estatales confiables y eficientes, y una Policía Federal confiable y eficiente, una Procuraduría General de la República fuerte y confiable, y procuradurías estatales fuertes y confiables, ese día, ese día estará derrotada la criminalidad.
No tendrá capacidad de movilización, porque la fuerza institucional del país es muy grande. Decía el licenciado Nava, tan sólo por el número. La Policía Federal tiene 32 mil, quizá 35 mil, ya, elementos; las policías estatales y municipales sumadas tienen 430 mil. Esa sola fuerza organizada, quizá no todos, pero, digamos, la mitad de ello, por ejemplo, sería suficiente para mantener un orden público tal, que, precisamente, logre los objetivos de control de criminalidad que buscamos.
Otro factor asociado es, precisamente, lo que puede ocurrir en este proceso. Incluso, asumamos, en el escenario de victoria, que es el que queremos y que sabemos que vamos a tener, aún en ese escenario de victoria, honestamente, es impensable que no haya violencia. Es más, probablemente, el escenario de victoria implica que, el escenario de violencia, de enfrentamiento, de bajas, se prolongue, incluso, más tiempo.
Cuánto tiempo. Es difícil de saberlo. Ahí sí creo que, quizá cometiendo un despropósito, sí tenemos que buscar en otras experiencias de este proceso, qué es lo que ocurrió, y a reserva, le pido a la Presidenta que me disculpe, pero a reserva de incurrir en una imprudencia. En el caso de Colombia, yo lo que veo es que desde los 80 empezó la espiral de criminalidad, con todas las diferencias que he descrito y que son ciertas, pero empezó este espiral de criminalidad.
Creo que el Estado titubeó mucho tiempo. En algunos casos lo toleró. En otros casos Colombia se implicó, trató de llegar a acuerdos con los criminales. Y durante, prácticamente, 20 años la violencia empezó a crecer, a crecer; empezó la criminalidad a secuestrar, a extorsionar, a tomar control territorial, a asociarse con la guerrilla, etcétera, etcétera.
Durante esos casi 15 años que transcurren, desde el inicio de la violencia, hasta la caída y muerte de Pablo Escobar, Colombia sufrió de todo. Nosotros hemos sufrido, ciertamente, el atentado y la muerte lamentable de un candidato, casi Gobernador de la República, que la Procuraduría, coincido, debe investigar a fondo y más profusa y precisamente.
Pero asumiendo que fuera consecuencia del crimen organizado, en Colombia cayeron no sólo candidatos a Gobernadores, cayeron Gobernadores, cayeron candidatos a la Presidencia de la República, legisladores. Es más, no estoy hablando de hace 20 años, este mismo año cayó todavía, fue asesinado, un Gobernador en Colombia.
Todo ese proceso, sin embargo, encierra una evolución. Crecimiento de los grupos criminales, ofensiva contra la sociedad a través de secuestros, homicidios, etcétera; formación de grandes cárteles: el de Cali, el del Norte del Valle, el de Bogotá. Y luego hay un proceso de disputa de estos cárteles, también terriblemente violento, que empieza a cambiar de etapa, precisamente, cuando cae Pablo Escobar.
Y luego se viene erosionando la fuerza de los cárteles, se fortalece la Policía Nacional de Colombia, ciertamente con la ayuda externa, y ese fortalecimiento implica que llega un momento, al que está alcanzando, donde la fuerza institucional del país sí puede superar a las organizaciones criminales, que éstas están dispersas y atomizadas; todavía actúan, pero llevan esa lógica.
En México, en ciertas partes, yo veo un proceso que no es equiparable ni siquiera igual, pero sí me hace pensar que estamos viviendo algunas de esas fases en periodos mucho más cortos. Digamos, desde el inicio de la exacerbación de la violencia, hasta la caída de Arturo Beltrán, que tenía tanto o más poder que Pablo Escobar, porque ahora controlaba desde México hasta Colombia, o la de Nacho Coronel, que es apenas unos meses después, es un periodo también de gran intensidad de violencia, pero mucho más compacto.
Y el periodo que sigue, que es el que a todos nos interesa, la pregunta de Escobar: cuánto nos falta. Creo que depende de cuánto podemos hacer en el fortalecimiento institucional.
Si tener policías fuertes y ministeriales fuertes nos toma 10 años, eso va a tomar más de 10 años. Pero si lo podemos hacer en dos años, lo que resta, por ejemplo, de esta Administración, que es el propósito que tenemos, estoy seguro que abreviaremos notablemente este sufrimiento para el país.
Porque tenemos, además, ventajas. Una ventaja es que empezamos a atacar este problema antes de lo que lo hicieron otros países; quizá mucho después de lo que a mí me hubiera gustado. La verdad, si este problema se hubiera tocado cuatro o cinco años antes, estaríamos en una situación ya mucho mejor. Pero no tenemos los niveles de acoso y de cooptación que tuvo Colombia en su tiempo.
Debemos de recordar que Pablo Escobar fue legislador, fue diputado varias veces en Colombia; que él desafiaba e increpaba a los Fiscales generales; que incluso al mismo fiscal que lo emplazó para debatir, y lo cuestionó por las extradiciones, él mismo lo terminó matando después.
Es decir, México está en una situación mejor para enfrentar el problema. Sí tenemos una fuerza como país, como Estado, un Estado fuerte, que es capaz de enfrentar a los criminales.
A esto se asocia, por cierto, a mi juicio, la presencia de violencia nueva en muchos países. A mí me parece que no depende tanto de la legalización y del consumo. De hecho, en México el consumo no está penalizado estrictamente. Las dosis personales, que están legisladas, no implican una sanción de cárcel.-
Creo que lo que responde al nivel de violencia de un Estado es la debilidad estructural del Estado. Y, por definición, Estados desarrollados, como Estados Unidos, o los europeos, tienen mucho más fortaleza institucional que los países en desarrollo.
Como México tiene más fortaleza institucional que muchos países centroamericanos: Guatemala, Honduras, El Salvador, por ejemplo, que tienen niveles de violencia de más de 60 muertos por cada 100 mil. En fin.
Amigas y amigos:
Concluyo, agradeciendo mucho su presencia, sobre todo a los partidos políticos que, haciendo un enorme esfuerzo, y asumiendo riesgos de costos políticos, están aquí. Por diversas razones, y ellos lo han expresado,
Yo veo que tenemos más coincidencias que diferencias. Coincidimos que se requiere una política económica que recupere empleo; coincidimos que se requiere una política social que genere oportunidades de educación, espacios recreativos, de cultura.
Coincidimos, así lo asumo, que se requiere una política de fortalecimiento institucional en todos los órdenes de Gobierno.
Discrepamos, quizá en el tema de la legalización o no de las drogas. Pero, independientemente de ello, la actividad de los criminales ha rebasado ello. Y lo que tenemos que combatir, en eso coincidimos totalmente, son los delitos que más agravian a los ciudadanos, desde la violencia que vemos todos los días, hasta el secuestro, la extorsión, el robo, que está presente todos los días.
Yo le aprecio mucho a los partidos políticos, a sus Presidentes, en especial, por su presencia aquí.
Y ofrezco, también, al Legislativo la absoluta disposición del Ejecutivo Federal de trabajar juntos, expresarles mi gratitud por la legislación que han logrado, y la disposición de trabajar por nuevas leyes, que están en curso de análisis que, pienso también, que el país necesita.
Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes a todos.