28 ago. 2010

Concluyen los diálogos por la seguridad

Concluyen los diálogos por la seguridad en el Campo Militar Marte,  27 de agosto de 2010;
Acompañado por los Secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna; así como del Procurador, Arturo Chávez Chávez, y del Secretario Técnico del Gabinete de Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré , el presidente destacó que ahora que concluyen estos diálogos por la seguridad, se llevarán a cabo mesas de trabajo sobre cuatro ejes generales, desprendidos de dichas pláticas: fortalecimiento del entramado institucional, redoblar los esfuerzos en materia de prevención del delito, contar con sistemas efectivos de información, evaluación y control de la política de seguridad y de justicia, y la corresponsabilidad de los tres órdenes de Gobierno en las tareas de seguridad, como lo indica la Constitución.
Además, el Presidente pidió a los representantes de la sociedad civil ayudarlo a reforzar, de ser necesario a través de una iniciativa de ley, el papel de las víctimas en los procesos penales. “Y pido a la sociedad civil, aquí presente, que nos ayude, por ejemplo, acompañándonos a verificar qué está pasando en esos lugares donde, sea a través de las cifras oficiales, o sea a través de la cifra negra que, coincido, debemos seguir recolectando a través de un ejercicio estadístico y de otros medios, sepamos qué está pasando en esos lugares; es decir, si hay, por ejemplo, unidades especializadas contra el secuestro, cómo es que están integradas y qué es lo que está ocurriendo que no funcionan, precisamente, los mecanismos establecidos”, indicó.
Versión estenográfica.
Primera intervención del Presidente
Doctor José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Señor licenciado Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Maestro José Reyes Ferriz, Presidente Municipal de Ciudad Juárez y Presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

Doctora María Elena Morera de Galindo, Presidenta de Causa Común, A. C.

Señor Marcos Fastlicht, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República.

Distinguidos representantes de asociaciones civiles y líderes de la sociedad civil.

Señoras y señores representantes y líderes de organizaciones empresariales.

Señoras y señores especialistas y académicos.

Ingeniero Salomón Presburger, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

Señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de Alto al Secuestro.

Señor contador Eduardo Joaquín Gallo y Tello, Presidente de México Unido Contra la Delincuencia.

Doctor Luis de la Barreda Solórzano, Director General del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.

Licenciada Edna Jaime Treviño, Directora General y Representante de México Evalúa, Centro de Análisis y Políticas Públicas.

Distinguidos representantes de la sociedad civil, aquí presentes.

Estimados pastores de iglesias cristianas y evangélicas.

Ingeniero Juan Manuel Durán Gutiérrez, Rector de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey.

Amigas y amigos:

Muy buenos días.

En las últimas semanas, los principales actores políticos, económicos y sociales del país hemos participado en un ejercicio inédito de diálogo para fortalecer la lucha por la seguridad y por la tranquilidad de los mexicanos.

Hoy, estamos reunidos para hacer juntos un balance de este ejercicio democrático, pero, sobre todo, para conocer la evaluación que hacen los representantes de la sociedad civil, para conocer su opinión nuevamente y escuchar la relatoría sobre los avances de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

La delincuencia se ha convertido no sólo en la principal amenaza de la paz, la seguridad y la libertad de los mexicanos, sino también en el mayor riesgo para nuestro desarrollo y para la estabilidad democrática del país.

Esta situación nos ha convocado, nos ha urgido y nos ha comprometido a actuar de manera conjunta. Por eso agradezco su participación, y agradezco la de todas las personas, agrupaciones e instituciones que han respondido a esta convocatoria; a las organizaciones ciudadanas, religiosas y empresariales; a los representantes de los medios de comunicación, de la academia, a los expertos; a los representantes de los Poderes Judiciales de la Federación y de los estados, a los partidos políticos y a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión; a los Gobernadores y a los Presidentes Municipales.

Expreso, además, mi reconocimiento a quienes fungieron como testigos sociales en cada uno de los nueve diálogos que he sostenido en semanas recientes.

Ha sido, sin duda, un ejercicio franco, abierto, plural, incluyente, en el que los participantes se han expresado con absoluta libertad. Los argumentos, las razones, las experiencias y las propuestas nos han ayudado a tener una perspectiva más realista e integral del fenómeno delictivo en el territorio nacional. Confirman, desde luego y con tristeza, lo mucho que nos hace falta por hacer.

Dentro de todo, los Diálogos han movido parte de la conciencia nacional sobre la urgencia de enfrentar a la delincuencia con un trabajo conjunto de los tres órdenes de Gobierno, de los poderes públicos y de la sociedad entera.

Hoy tenemos la oportunidad histórica de transitar juntos, de una estrategia de Gobierno, hacia una verdadera política de Estado en materia de seguridad; una política que levante la mirada por encima de diferencias ideológicas, de coyunturas y de ciclos de Gobierno y concentre los recursos y las capacidades del Estado mexicano en un esfuerzo de todos sus integrantes para alcanzar un México de paz, de leyes y de justicia.

Durante los Diálogos por la Seguridad, que hemos sostenido, intercambiamos propuestas, puntos de vista y compromisos alrededor de varios aspectos fundamentales.

Uno, que quiero destacar, es que esta lucha por la seguridad, esta lucha contra el crimen organizado, no está referida, ni única y probablemente ni principalmente, contra el narcotráfico.

Los trágicos sucesos ocurridos esta semana, señaladamente la barbarie cometida con el homicidio de 72 personas, migrantes, en nuestro país, habla, precisamente, del grado de violencia y de barbarie con el que actúan los criminales.

Habla, también, de que están enfocados a agredir a la sociedad y a apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de cualquier actividad económica de nuestras comunidades.

Habla de que constituyen una verdadera amenaza para nuestra sociedad, y de que esa amenaza requiere que le hagamos frente, de manera decidida, unida y sin titubeos.

El enemigo, claramente lo refrendo, los enemigos son los criminales. No somos unos mexicanos respecto de otros, por muy diferentes que sean nuestras ideologías y nuestro distinto modo de pensar.

Hoy los hechos han sacudido verdaderamente la conciencia nacional e internacional. Nos hablan, sí, del tamaño del reto y del desafío que tenemos enfrente, pero también nos hablan de la urgencia de trabajar unidos, entre órdenes de Gobierno, entre poderes públicos, pero también entre sociedad y Gobierno.

Quiero destacar, también, las vertientes sobre las cuales fueron construyéndose las principales discusiones de este Diálogo.

Primero. La necesidad de fortalecer el entramado institucional. La preocupación central es que, sin importar quién gobierne, los mexicanos estén protegidos por policías honestos y profesionales. Por un sistema de justicia eficaz y transparente; por un marco legal que fortalezca a la autoridad frente a los criminales, no sólo frente al crimen organizado, sino frente al crimen del orden común, que es el que más afecta a los ciudadanos; un marco legal que permita castigar eficazmente a los delincuentes.

Por ejemplo. Se propuso instituir un nuevo modelo policiaco, integrado por 32 policías estatales, profesionalizadas y confiables, cada una de ellas con un mando único; y redefinir las funciones, los alcances y las vías de coordinación con los cuerpos de seguridad municipal.

También se planteó transformar al Ministerio Público en una institución fuerte, profesional y bien remunerada, con el fin de mejorar, precisamente, la investigación del delito, la integración de averiguaciones previas y cerrar espacios a la impunidad desde la procuración de justicia.

Asimismo, se propuso fortalecer la carrera judicial, a través de la revisión de los mecanismos de selección, profesionalización, protección y remoción de los jueces.

Segundo. Se destacó en los Diálogos la urgencia de redoblar esfuerzos en materia de prevención del delito.

Hubo un amplio consenso sobre la importancia de reforzar el componente social de la estrategia, mediante una mayor oferta educativa y de mayor calidad; una mayor oferta recreativa, cultural y, especialmente, laboral para los jóvenes y los adolescentes; y una política, también, mucho más activa en materia de prevención y de tratamiento de adicciones.

Particularmente, se hicieron propuestas muy importantes acerca de la prevención del delito.

Uno. Definir metas claras en la contención de las adicciones, a la que debemos de llegar desde todas las disciplinas: de salud, de educación y de readaptación social, entre otras.

Dos. Lograr un cambio cultural que arraigue la formación de valores y ponga a la familia como centro de la convivencia, de la persona, y especialmente de los jóvenes y los adolescentes.

Y tres. Fortalecer el sistema educativo, ampliando su cobertura y calidad, particularmente en los niveles medio y superior. Hay una demanda generalizada de mejores maestras y maestros, de mejores instalaciones y, en general, de mayor inversión en la educación.

Tercero. La necesidad de contar con sistemas efectivos de información, de evaluación y de control de la política de seguridad y de justicia. Se planteó la urgencia de hacer accesible la información sobre el fenómeno delictivo. Se propuso la creación de instancias ciudadanas de seguimiento y evaluación de las acciones de las instituciones policiales, ministeriales y judiciales, para poder evaluar con objetividad el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Y cuarta vertiente. El imperativo de asegurar la corresponsabilidad entre los tres órdenes de Gobierno en las tareas de seguridad, a la que hace referencia nuestra Constitución. Ello implica definir con claridad las tareas de seguridad en los niveles Federal, estatal y municipal.

Pero, sobre todo, se propuso establecer mecanismos de colaboración e intercambio de información en todos los órdenes de Gobierno, a partir de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.

Se planteó, también, la colaboración de todos los órdenes de Gobierno en la operación del Sistema Único de Información Criminal.

En estos Diálogos no sólo se hicieron propuestas y críticas, sino también varios compromisos. Muchos líderes de organizaciones ciudadanas y académicas, se comprometieron a apoyar el proceso de transformación de los sistemas de seguridad y justicia en todo el país, así como a contribuir en el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad.

Diversos representantes de asociaciones religiosas se comprometieron a promover una nueva cultura de la legalidad en la población, con base en valores e ideales humanistas.

Por su parte, varios dirigentes de partidos políticos se comprometieron a redoblar esfuerzos para tener las mejores leyes en seguridad y justicia, y participar activamente en la construcción de una política de Estado en esta materia, al margen de diferencias, colores o trincheras partidistas.

Asimismo, una parte de los Gobernadores se comprometió a replicar los Diálogos por la Seguridad en sus estados, a fortalecer el trabajo coordinado y corresponsable con las autoridades Federales y municipales, a ampliar las partidas destinadas a seguridad y garantizar su adecuada aplicación, así como a discutir en sus entidades la creación de mandos policiacos únicos.

Por mi parte, como Presidente de la República, soy el primero en asumir los compromisos que le corresponden al Gobierno Federal, como resultado de estos Diálogos; en seguir, precisamente, los avances que hemos tenido en cumplimiento, y en reconocer lo mucho que nos falta por hacer.

En lo que respecta al fortalecimiento institucional, tenemos que hacer varias cosas.

Primero. Seguiremos apoyando con Fuerzas Federales a estados y municipios para contrarrestar la acción de los criminales en esos lugares.

Reforzaremos la Estrategia Nacional de Seguridad y revisaremos, ajustaremos y rectificaremos lo que sea necesario.

Revisaremos nuevamente los procedimientos de control de confianza en nuestros mandos medios y superiores, tanto en las Fuerzas Armadas, como en la Policía Federal y en la Procuraduría General de la República.

Yo quiero invitarles a ustedes, señoras y señores, a que exploremos alternativas para que las propias organizaciones civiles puedan participar en la evaluación de los mecanismos de control de confianza de todas las instituciones de seguridad y justicia, tanto a nivel Federal, como a nivel estatal.

Impulsaremos una nueva Estrategia contra el Lavado de Dinero que, precisamente, y en respuesta a la exigencia de estos diálogos, fue presentada el día de ayer a la opinión pública.

Seguiremos trabajando con el Poder Legislativo en nuevas leyes que nos permitan derrotar a este enemigo común, que es el crimen.

En lo que concierne a la prevención del delito, seguiremos impulsando una política social que genere más oportunidades de educación, cultura y recreación para los jóvenes. En particular, nos esforzaremos en ampliar el presupuesto en materia de educación media superior y superior.

En lo que se refiere a evaluación y control. Revisaremos la ejecución de los avances del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, junto con la sociedad civil.

Mantendremos de forma permanente las mesas de diálogo con la ciudadanía. Haremos más accesible la información que tiene el Gobierno Federal sobre la criminalidad.

Es por ello que he designado un Vocero en Materia de Seguridad en el Gobierno Federal, que recopile la información y coordine la comunicación en este tema.

Por último. En lo que respecta a la corresponsabilidad. Seguiremos tendiendo puentes de colaboración con todos los actores para sumar voluntades en esta lucha por la seguridad.

Pondremos todo lo que esté de nuestra parte para arribar a una política de Estado que nos permita enfrentar y superar, lo más pronto posible, el fenómeno delictivo.

Asimismo, en los próximos días someteré a la aprobación del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas sobre temas que son prioritarios, como son: la creación de la policía con mando único estatal, la corresponsabilidad de integrantes de bandas criminales en los delitos cometidos por esas bandas y reformas a la Ley de Extinción de Dominio.

Este paquete complementará otras iniciativas que ya hemos presentado ante el Congreso y que aún están pendientes. Es indispensable contar con su apoyo, para enriquecerlas y lograr su aprobación.

Les pido que se acerquen a los legisladores, que nos acompañen en el impulso que necesitamos para lograr la arquitectura legal que nos dé fuerza y contundencia en la lucha por la seguridad.

Entre las iniciativas que hemos presentado al Congreso y que aún requieren de aprobación se encuentran, por ejemplo: el proyecto que reforma el Código de Justicia Militar, la Reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, las reformas para sancionar delitos contra familiares de servidores públicos de instituciones de seguridad y de candidatos de elección popular, y las reformas a la Ley de Seguridad Nacional.

Señoras y señores:

Los Diálogos nos han servido para conocer mucho más a fondo el tema, para hablarnos y escucharnos, para sumar voluntades, para despertar conciencias y para remover resistencias. Nos han ayudado a identificar lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal y en dónde es imprescindible redoblar esfuerzos.

Uno de los resultados más destacados de los Diálogos consiste en que, con la participación de todos, nuestros esfuerzos se dirijan al mismo objetivo, que es asegurar la tranquilidad de los mexicanos.

Hay que extender este ejercicio democrático para enfrentar a la delincuencia y alinear las capacidades públicas del Estado en todos los niveles de Gobierno, en todos los poderes, para potenciar los recursos con los que cuentan la sociedad civil y los medios.

Hay que seguir en contacto con la gente, escuchando sus problemas, sus experiencias y sus propuestas.

Es necesario llevar este proceso de diálogo a todas las entidades federativas y respaldar las audiencias públicas, donde se revise la problemática y las políticas en materia de seguridad pública.

La lucha por la seguridad de los mexicanos tiene que ser una tarea, responsabilidad primerísima del Gobierno, pero que sea impulsada y parte desde la sociedad misma, y nos obliguen a las autoridades y a los representantes populares a asumir la corresponsabilidad para dar respuesta eficaz a las demandas de seguridad de los ciudadanos.

Hoy, esta sesión, no es ni remotamente un punto de llegada. Al contrario, es apenas un punto de partida. Porque el desafío es claro: seguir avanzando hacia una auténtica política de Estado que nos permita fortalecer a las instituciones de seguridad y de justicia en el país, y hacer retroceder el delito, alejarlo de nuestras calles y de nuestras familias.

Es una tarea compleja. Es uno de los mayores desafíos del país. Pero es más grande la grandeza de México. Es más fuerte el deseo de su gente de vivir en paz, porque somos más, muchísimos más los mexicanos que aspiramos y anhelamos vivir una tranquila convivencia en el orden.

Por eso, vamos a seguir adelante, hasta lograr para las futuras generaciones de mexicanos, y también para la nuestra, el México seguro, el México libre, el México en paz que las mexicanas y los mexicanos merecen.

Muchísimas gracias.

Y estamos atentos a sus observaciones.
Diversas intervenciones (I )
-MODERADOR: Tiene la palabra el ciudadano doctor Alejandro Alfonso Poiré Romero, Secretario Técnico del Gabinete de Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad Nacional.

-C. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO: Con su permiso, señor Presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

Uno de los compromisos fundamentales del Presidente de la República y el del Gobierno Federal es el de ofrecer la mayor cantidad de información disponible, detallada y explicada respecto del fenómeno de criminalidad que vive nuestro país. Es por ello que en este momento estaremos dando cumplimiento a la instrucción del señor Presidente, respecto a entregar la información relativa al fenómeno de homicidios vinculados al crimen organizado, fenómeno que, con razón, preocupa a ciudadanos y autoridades.

Esta presentación, que en este momento voy a empezar a hacer, estará disponible de manera inmediata en el sitio de la Secretaría de Gobernación para la consulta de la población y de los medios en general.

Debo anunciar también, que como resultado de este proceso de diálogo se ha integrado, en virtud del trabajo de la Secretaría de Gobernación, una Mesa de Trabajo en la que participan un grupo de analistas y expertos que han acompañado este proceso de diálogo, desde su inicio, para que este grupo conozca y evalúe junto con las autoridades, con todo detalle, la metodología de construcción de la información sobre homicidios que en esta presentación se informa.

Se realiza esto con la convicción de que la transparencia es un mecanismo fundamental para la adecuada contextualización y comprensión del fenómeno, así como para la rendición de cuentas por parte de todas las autoridades, y así contribuir a la corresponsabilidad en la solución de los problemas vinculados a la seguridad.

Voy a tratar de hacer la presentación con cierta agilidad, deteniéndome, sobre todo, en las imágenes que ilustran el fenómeno de la violencia, tanto en una perspectiva regional, como en una perspectiva de su línea de tiempo, a lo largo de los últimos años.

Iniciamos. Desde el inicio de su Gobierno, el Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón, puso en marcha una política integral, sin precedentes, para atender la demanda social de recuperar la seguridad de los mexicanos.

A casi cuatros años de haber iniciado ese esfuerzo, hay avances muy importantes. Sin embargo, es cierto que existen retos por superar. Por lo tanto, la política para derrotar al crimen y recuperar la seguridad debe de redoblarse con una participación más amplia y decidida, no sólo de los Gobiernos Federal, estatales y municipales, y de los Poderes Legislativo y Judicial, sino también de la sociedad.

Este documento tiene como objetivo informar sobre el estado actual de la lucha por la seguridad, así como de las causas de la violencia en algunas regiones del país.

Los antecedentes del fenómeno. La situación que actualmente vive nuestro país en materia de seguridad es el resultado de una serie de factores acumulados a lo largo de décadas y otros de gestación más reciente.

Entre las principales causas se pueden mencionar las siguientes: la expansión y fortalecimiento de la delincuencia organizada, especialmente de los cárteles del narcotráfico; la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia en todo el país; la existencia de condiciones sociales y económicas que propician que algunos mexicanos hayan decidido incorporarse a las actividades ilegales.

Durante la década de los 80, con el cierre de la Ruta del Caribe, como vía de ingreso de los cargamentos de drogas a Estados Unidos, comenzó a gestarse el poder que ahora tiene el crimen organizado en nuestro país.

A partir de ese momento, los cárteles, como los colombianos, empezaron a suministrar drogas al mercado norteamericano a través de México, estableciendo para ello alianzas con las organizaciones criminales mexicanas.

Desde entonces, asociada a la expansión de las organizaciones criminales, comenzó a crecer la violencia en nuestro país. Esta situación generó tres factores decisivos:

Primero. Un cambio de modelo de negocio, en el que las organizaciones criminales, además de traficar drogas hacia a Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, comenzaron a fomentar un mercado interno de consumo.

La creación de este mercado interno de consumo propició la disputa entre las bandas criminales por el control territorial, situación que los llevó a desafiar a las autoridades y a los ciudadanos.

Así, la violencia empezó a crecer, no sólo en las zonas de producción, tránsito y cruce fronterizo, sino también en las zonas de consumo.

El incremento en la capacidad logística de las organizaciones criminales, y su necesidad de ejercer el control territorial, las obligó a aumentar su capacidad de fuego para enfrentar a sus competidores.

Asimismo, la decisión del Gobierno de Estados Unidos de levantar, en 2004, la prohibición sobre la venta de armas de asalto, posibilitó a las bandas delictivas adquirir armas de alto poder, prácticamente sin restricción.

Al iniciar la actual Administración Federal, prevalecían serias deficiencias en el marco jurídico e institucional del país para garantizar la seguridad. La existencia de muchos cuerpos policiales, mal pagados y equipados, sin esquemas de coordinación entre sí. Además, muchas de estas corporaciones estaban amenazadas, o compradas, incluso, por los delincuentes. Ministerios Públicos y juzgados insuficientes, poco profesionalizados e ineficaces; leyes obsoletas en la materia.

Estas múltiples deficiencias motivaron que algunas instituciones de seguridad y justicia, particularmente a nivel local, optaran por llegar a arreglos a arreglos tácitos o explícitos con los criminales.

En suma. La situación de inseguridad presente al inicio del Gobierno del Presidente Calderón concentraba varios fenómenos, que debían ser atendidos con decisión y sin demora.

La presencia de organizaciones criminales extendida en todo el país, grupos delictivos estructurados, y con amplia capacidad de corrupción y generación de violencia, la fragilidad de instituciones que debían combatir la delincuencia, el consumo creciente de drogas y tejidos sociales desintegrados, y la escasa cooperación internacional para la atención de problemas de carácter regional.

Ahora, vamos a mostrar el mapa nacional de homicidios por conflictos entre organizaciones criminales.

La violencia asociada al crimen organizado se vive con diversos grados de intensidad en el país. Por lo anterior, es erróneo afirmar que todo México está sumergido en una situación de violencia generalizada.

Cada fenómeno es distinto y responde a causas específicas.

Durante los últimos años, derivado de las disputas por el control de rutas y mercados de consumo, así como de las fracturas de las propias organizaciones delictivas, los grupos criminales han estado inmersos en una guerra, en algunas ocasiones, cada vez más cruenta entre ellos.

Este dato ya se conoce, del 1 de diciembre de 2006 hasta el 31 de julio del 2010, en todo el país se han registrado 28 mil 353 homicidios vinculados con el crimen organizado.

Para este mismo periodo, el 80 por ciento de estos homicidios; es decir, 22 mil 701 homicidios han ocurrido concentrados en 162 municipios, de los dos mil 456 municipios de todo el país, que son, justamente, los municipios que se ilustran en esta gráfica.

La gran mayoría de estos homicidios son atribuibles a la lucha existente entre las organizaciones criminales.

En la actualidad, y ahí se ilustran también, existen siete conflictos principales entre estas organizaciones criminales, que voy a detallar conforme avance la presentación.

El primer conflicto que estoy ilustrando es del Cártel del Pacífico contra el Cártel de Juárez. Éste es el más cruento de todos los conflictos hasta el momento, producto de antiguas rivalidades y traiciones familiares, así como por el control de Ciudad Juárez, el puerto de salida de drogas más estratégico hacia los Estados Unidos.

Este conflicto concentra en estos municipios alrededor del 36 por ciento de los homicidios, correspondientes a este subtotal de 22 mil 701; es decir, el 80 por ciento.

Si nosotros vemos la gran mayoría de los homicidios se cometen o se han cometido en estos 162 municipios, y de ellos, prácticamente, cuatro de cada 10 se han realizado o pueden ser atribuibles al conflicto entre el Cártel del Pacífico y el Cártel de Juárez.

Se manifiesta, como se puede ver, fundamentalmente en los Estados de Chihuahua, Durango y partes de Sinaloa.

El siguiente conflicto que se ilustra es el Pacífico contra Beltrán Leyva, que concentra la mayor parte de los homicidios en la zona de Sinaloa, Sonora, Durango, Nayarit y partes de Jalisco y Guerrero.

Este conflicto se originó a partir de la ruptura de los hermanos Beltrán Leyva con su antiguo aliado, Joaquín El Chapo Guzmán.

El siguiente conflicto en magnitud en términos de homicidios es el Cártel del Pacífico contra el Cártel del Golfo. Estas dos organizaciones criminales son las más extendidas del país y se disputan varios territorios desde antes del inicio de esta Administración.

Escenifican su lucha en lugares de Durango, Coahuila y Sinaloa donde se cruzan las rutas de trasiego hacia el Norte y la producción, asimismo, al igual que Guerrero, Tabasco, Quintana Roo y el Sur de Chiapas, lugares donde ingresa la droga de Sudamérica.

El siguiente conflicto que estamos ilustrando es el del Cártel del Pacífico contra los Arellano Félix que se escenifica fundamentalmente en el Estado de Baja California y que se explica tras las detenciones de los hermanos Arellano Félix en la década de los 90 y a principios de la actual.

El cártel se divide en facciones, una aliada con Joaquín El Chapo Guzmán y otra leal a los hermanos Arellano Félix.

El siguiente conflicto que se ilustra es el de La Familia contra el Cártel del Golfo-Zetas, a mediados de esta década, la organización criminal michoacana de La Familia que trabajaba inicialmente para el Cártel de El Golfo-Zetas se independizó y se autodenominó así, La Familia.

La guerra entre ambas organizaciones se anunció en septiembre del 2006, hay que recordarlo con cinco cabezas que fueron arrojadas en centro nocturno de Uruapan, Michoacán y en noviembre del mismo año con un desplegado público. Hasta ahora, su disputa se ha desplazado de Michoacán hacia el Estado de México, Guerrero y Guanajuato.

La siguiente disputa que se ilustra es la del Cártel del Golfo contra Los Zetas, que es una disputa muy reciente, relativamente, a finales del año pasado, y que es parte de la explicación de los fenómenos más recientes de violencia en el Noreste del país.

Originalmente Los Zetas eran el grupo armado del Cártel del Golfo, pero como lo acabo de decir, en diciembre del 2009 rompieron con sus aliados por diferencias en el control de los mercados y las rutas.

A partir de enero del 2010 se han enfrentado en Tamaulipas y Nuevo León, lo que explica el incremento de violencia, justamente, en estos estados del país.

Finalmente. El conflicto de La Familia contra los Beltrán Leyva, que es proporcionalmente el menor en términos del número de homicidios que ocurren, que se manifiesta en Guerrero y partes del Estado de Morelos.

Esto ilustra la concentración relativa de estos homicidios en distintas partes del país, y también su vinculación directa con la lucha entre cárteles por el control de territorios, por el control de mercados.

Ahora, vamos a mostrar una gráfica de homicidios desagregados por estado. Esta gráfica ya se ha mostrado, y es la gráfica que ilustra el número de homicidios vinculados al crimen organizado a lo largo de esta Administración; e ilustra, también, no solamente los componentes estatales de estos homicidios, sino también cómo es que el incremento en la violencia está vinculado, específicamente, a algunos conflictos en lo particular.

Esta gráfica ilustra los homicidios asociados a la delincuencia organizada a nivel nacional. La línea azul, y la sombra, abajo, son los asociados, son los que han ocurrido en el Estado de Chihuahua, fundamentalmente, en Ciudad Juárez,

Chihuahua, como estado, registra alrededor del 30 por ciento de todos, todos los homicidios a nivel nacional, vinculados al crimen organizado. La situación de seguridad debe entenderse a partir de una serie de factores geográficos, económicos y sociales que se han desarrollado de manera compleja a lo largo del tiempo.

Durante los últimos meses de 2007 y los primeros de 2008, como se puede ver en la gráfica, en Ciudad Juárez se desató una ola de homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Los picos de violencia en esta entidad se registraron en el cuarto trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2009.

A finales del 2008 se agudizó la pugna entre el Cártel del Pacífico y el Cártel de Juárez; y ante el aumento de la violencia en febrero de 2009 se implementó y se reforzó el Operativo Conjunto Chihuahua.

En abril del 2009, Vicente Carrillo Leyva hijo del extinto Amado Carrillo Fuentes, alías El Señor de los Cielos, y fundador del Cártel de Juárez, fue detenido en el Distrito Federal, posterior a esta detención se registraron diversos hechos violentos.

En enero del 2010, se anunció replanteamiento de la estrategia con el inicio de la Operación Coordinada Chihuahua, encabezada por la Policía Federal. En el segundo trimestre del 2010, como puede verse al final de esta gráfica, se ha caracterizado por la radicalización de agresiones contra la autoridad, como, por ejemplo, la explosión de un coche contra dos unidades de la Policía Federal.

La siguiente gráfica ilustra los homicidios asociados a la delincuencia organizada en el Estado de Sinaloa, y también este componente de crecimiento en algunos momentos a lo largo del tiempo.

Sinaloa concentra poco más del 13 por ciento de los homicidios totales a nivel nacional. Actualmente, y como lo mencionamos hace unos momentos, el Cártel del Pacífico se enfrenta, simultáneamente a las organizaciones criminales de Juárez, de los hermanos Beltrán Leyva, del Golfo, Los Zetas y los hermanos Arellano Félix.

El 21 de enero del 2008, elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano detuvieron en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a Alfredo Beltrán Leyva, alías El Mochomo; desde entonces, el Estado de Sinaloa se convirtió en escenario de violentos enfrentamientos entre estos grupos criminales rivales.

El 13 de mayo del 2008, se anunció el inicio del Operativo Conjunto de Culiacán-Navolato; en julio del 2008, se amplió el operativo a los municipios de Mazatlán y Salvador Alvarado.

El incremento en la violencia en Sinaloa se registró en el segundo semestre del 2008 y el cuarto semestre de 2009, ocasionando un pico en el número de homicidios durante el primer trimestre del 2010, que también se ilustra en esta gráfica.

En mayo del 2008, Edgar Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue ejecutado, lo que desató una ola de homicidios en la entidad.

En junio de 2009, en Badiraguato, Sinaloa, fue desmantelado el laboratorio de cristal más grande de América Latina. La muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, en Cuernavaca, Morelos, ha generado un incremento en el número de ejecuciones, también, en Sinaloa.

Asimismo, la muerte, en abril del 2010, de Santiago Lizárraga, alias El Chago, operador de los hermanos Beltrán Leyva, ocasionó una serie de revanchas en la entidad.

Ahora mostramos las gráficas correspondientes al Estado de Tamaulipas.

Tamaulipas registra el tres por ciento de los homicidios totales a nivel nacional, esto, insisto, hasta la fecha del 31 de julio del 2010. Sin embargo, el fenómeno del aumento de la violencia en la entidad se explica a partir del enfrentamiento entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, que ha propiciado un aumento en el número de homicidios desde principios de este año.

En Tamaulipas. Tamaulipas es un punto estratégico para la entrada y salida de drogas hacia Estados Unidos, ya que cuenta con una extensa costa, y ciudades importantes como Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros, que son los destinos más cercanos para los criminales, que operan y trafican droga por el Golfo de México y, lamentablemente, también para el tránsito de migrantes.

La siguiente gráfica ilustra los homicidios asociados a la delincuencia organizada en el Estado de Nuevo León, que comparte estas características con el Estado de Tamaulipas para la salida de drogas hacia Estados Unidos y, desde luego, también sus ciudades, en particular ,la Zona Metropolitana de Monterrey, como un punto muy importante de consumo dentro del mercado interno.

Durante la presente Administración, en Nuevo León, se han registrado alrededor del 2.6 por ciento total de homicidios a nivel nacional, subrayando los datos al 31 de julio de 2010.

El fenómeno del aumento de la violencia en la entidad se explica a partir del enfrentamiento entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, que ha propiciado un aumento en el número de homicidios durante este año.

Ahora mostramos la gráfica del Estado de Baja California, que ilustra, no solamente el crecimiento de la violencia en el cuarto trimestre de 2008, sino también su reducción significativa, y su contención a partir del primer trimestre, y segundo, del año de 2009.

Durante la presente Administración, en Baja California se han registrado alrededor del 6.3 por ciento de los homicidios totales a nivel nacional. Por su ubicación geográfica, Baja California es una región estratégica para los grupos de la delincuencia organizada, los cuales operan, principalmente, en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali.

Actualmente, el Cártel de los hermanos Arellano Félix se encuentra debilitado, por lo que las organizaciones criminales del Cártel del Pacífico y La Familia intentan aprovechar la coyuntura para ganar terreno en su combate contra este cártel.

En febrero del 2007 se dio inicio al Operativo Conjunto Tijuana, mismo que fue reforzado en abril de ese año. En septiembre de ese año, Francisco Javier y Benjamín Arellano Félix fueron sentenciados.

El incremento de la violencia en la entidad se registró en el tercer trimestre del 2008, alcanzando un pico muy marcado en el cuarto trimestre de ese mismo año en Baja California, después de este pico de violencia registrado en ese trimestre, el número de homicidios bajó drásticamente y se ha mantenido relativamente constante.

Ahora se muestra el fenómeno de homicidio vinculado a la delincuencia organizada en el caso de Michoacán, que también muestra algunos picos y su reducción relativa en otros momentos en el tiempo.

El Estado de Michoacán concentra poco más del 5.4 por ciento del total de homicidios a nivel nacional. Por su ubicación geográfica, clima y topografía, desde la década de los 80, Michoacán ha sido un importante centro de producción de marihuana y amapola.

En diciembre del 2006 inició el Operativo Conjunto Michoacán. Durante 2001, Michoacán fue escenario de la lucha entre diversos cárteles, es el punto neurálgico para la Ruta del Pacífico, lo cual representa el control de tráfico de drogas para Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Baja California, Baja California Sur y otros estados del país.

El centro de operaciones del grupo delictivo de La Familia se encuentra cercano al Puerto de Lázaro Cárdenas, donde se coordina el trasiego de cocaína proveniente de Centroamérica, así como el de efedrina y pseudoefedrina de Asia y Europa, para la fabricación de metanfetaminas en laboratorios clandestinos ubicados en el interior del estado.

A partir del primer trimestre del 2009, se registró un aumento en el número de homicidios, que alcanzó su pico en el segundo trimestre de este año. En respuesta, en julio del 2009 dio inicio la segunda fase del Operativo Conjunto Michoacán, que conllevó a la detención de Arnoldo Rueda, alías La Minsa, operador de muy alto nivel de La Familia Michoacana.

Como podemos ver, la suma de estos fenómenos son los que explican, fundamentalmente, el incremento relativo de la violencia; es la suma de estos fenómenos concentrados en estos estados y vinculados a las rupturas entre estos cárteles, los que explican el incremento de la violencia, no solamente en estas entidades, sino a nivel específico en los municipios que hemos ido detallando.

Como se puede ver también, los episodios de violencia pueden tener picos, pero también pueden tener reducciones sensibles en virtud de la acción de la autoridad para poder contener la violencia.

El pico creciente de la violencia en 2008, como se mencionó, se explica a partir del incremento en el número de homicidios de Chihuahua, Sinaloa y Baja California, vinculados, fundamentalmente a la detención de El Mochomo, y durante los dos primeros trimestres de 2010, además de que se ha mantenido alto el nivel de violencia en Chihuahua y Sinaloa, a pesar de la reducción de la violencia en el Estado de Baja California, se ha incrementado, muy significativamente, el fenómeno en Nuevo León y Tamaulipas.

Toda la información que se está ofreciendo y que se tiene como resultado del trabajo de las áreas del Gobierno Federal, también ha tenido como resultado logros muy relevantes en términos del combate al crimen organizado.

No es el objetivo fundamental de esta presentación hacer ese recuento, pero sí es indispensable recordar las detenciones y aseguramientos que ha hecho el Gobierno Federal en su combate a la delincuencia organizada durante esta Administración.

Como puede verse en la siguiente gráfica, tenemos un total de 81 mil 128 detenciones hasta el 29 de julio del 2010, por delitos contra la salud, identificables con alguna de esas organizaciones criminales; 19 mil 714, el 24 por ciento vinculados al Cártel del Pacífico; 22 mil 138, vinculados al Golfo-Zetas; 11 mil 769 a Beltrán Leyva; 12 mil 847 al Cártel de Juárez; 10 mil 12 al Arellano Félix; tres mil 15 a La Familia, y mil 632 a Milenio, que es una escisión, también, de La Familia.

Es decir, el combate de las Fuerzas Federales a los cárteles ha sido sistemático en contra de todas y cada una de estas organizaciones. Hay un total de 115 mil 478 detenidos por delitos contra la salud y los que se están graficando aquí, son aquellos para los cuales existen elementos suficientes de convicción para vincularlos a algunas de las organizaciones criminales.

Finalmente, también en virtud del esfuerzo histórico del Gobierno mexicano que enfrentó esta situación desde el inicio de la Administración, tenemos esta muestra de los logros que subraya los importantes avances en términos del debilitamiento de estas organizaciones criminales en diversas manifestaciones.

El aseguramiento de cocaína, de 97 toneladas a lo largo de estos años de la Administración, es un nivel máximo histórico comparable con las últimas dos administraciones.

El nivel de aseguramiento en toneladas de marihuana, también es un nivel histórico máximo. El nivel de armas aseguradas, armas cortas y armas largas, también es un nivel en un histórico máximo con más de 84 mil 49 en todo el país; 34 mil 731 vehículos, también un nivel histórico de aseguramiento, por no mencionar los muy significativos aseguramientos y confiscación de dinero, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera y el número de detenidos que ya se ha mencionado, esto en toda la Administración con datos al 31 de julio del 2010.

Esta información, subrayo, en su integridad está siendo colocada en el sitio de la Secretaría de Gobernación para la consulta de los ciudadanos, de los medios, para su evaluación y para su análisis.

Subrayo también, que se está integrando una Mesa de Trabajo, que empezará a sesionar la próxima semana para el análisis y evaluación de la metodología, conocer y evaluar con todo detalle de la metodología de construcción de la información relativa al homicidio.

Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.

-MODERADOR: Toma la palabra el ciudadano licenciado Juan Miguel Alcántara Soria, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

-LIC. JUAN MIGUEL ALCÁNTARA SORIA: Señor Presidente, señores de la Mesa, buenos días.

La incidencia delictiva que se presenta es consultable en las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. Esta incidencia delictiva se refiere a los delitos de los que tuvo conocimiento el Ministerio Público y a los reportados o almacenados, a través del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática sobre Seguridad Pública.

Las tasas se presentan por cada 100 mil habitantes. La tasa de incidencia general de enero a junio del 2010, tanto de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes fue de 732.7; en tanto, que los delitos del fuero Federal fue de 62.3. Esto implica que entre enero a junio del 2009, frente a enero a junio del 2010, la tasa delictiva general de delitos del orden común, como del fuero Federal, disminuyó un 2.8 por ciento.

La tasa general en ese periodo del 2010, respecto del 2008, bajó 1.1 por ciento, mientras que en el mismo periodo del 2010 respecto del 2006, subió el 8.1 por ciento, y si lo comparamos al año 2000, subió el 9.7 por ciento.

Si vemos el delito del secuestro, como se puede apreciar, entre el periodo enero-junio del 2009 y el mismo periodo del 2010, la tasa de secuestros subió 14.7 por ciento.

Si comparamos la tasa de ese periodo en el 2010, con respecto a la del 2008, subió un 78.8 por ciento. Si referimos ese periodo entre la tasa del 2010 con respecto al 2006, se podrá constatar que subió a un 200.5 por ciento, y si lo comparamos respecto al año 2000 sería un aumento del 129.2 por ciento.

Respecto del delito de extorsión, entre el 2009 y el 2010, en el periodo que se muestra, la tasa de extorsión subió el 6.7 por ciento, pero en el mismo periodo, la tasa del 2010 con respecto al 2008 subió el 68.1 por ciento.

Si lo comparamos con respecto al 2006, el mismo periodo, hay un incremento del 122.3 por ciento en el delito de extorsión, que si se hace la referencia con respecto al año 2000, el crecimiento es del 419.7 por ciento.

Respecto del delito del robo con violencia, en el periodo de enero a junio, entre el 2000 y el 2010, a tasa del robo con violencia subió un 11.2 por ciento para el periodo que se menciona, respecto a ese periodo entre el 2010 y el 2008 subió un 26.5 por ciento de la tasa de este periodo en el 2010 comparado al 2006 que se incrementó en el 46.1 por ciento.

Ahora bien, si se compara la tasa en ese periodo del 2010, respecto al año 2000, bajó 5.5 por ciento. Si se ve la incidencia delictiva general por entidad Federativa en este periodo, la mayor incidencia, esto es considerando mil 775 delitos por cada 100 mil habitantes, se concentra en los Estados de Baja California y Baja California Sur.

La incidencia media, considerando esta métrica, entre 857 delitos y mil 775 delitos por cada 100 mil habitantes, se concentra en: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, el Distrito Federal, Hidalgo, el Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Con este sistema métrico, la baja incidencia, esto es de menos de 857 delitos por cada 100 mil habitantes, estaría referida a Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En la gráfica que ven ustedes, se puedo replicar la misma información que ya fue georeferenciada.

Por lo que toca al delito de robo con violencia, se puede considerar que los robos con violencia por cada 100 mil habitantes se concentran fundamentalmente en la muestra, en los estados de Baja California, Baja California Sur, el Distrito Federal, el Estado de México, Morelos, Sinaloa y Tabasco.

Consideramos como estados con incidencia media a aquellos que están entre 51 y 121 robos con violencia por cada 100 mil habitantes. Pueden ustedes constatar ahí, los estados que están en esta media

Y, finalmente, también pueden ustedes ver los de baja incidencia en blanco, que son los que tienen menos de 51robos por cada 100 mil habitantes. La gráfica que se muestra confirma, también, los mismos datos.

Por lo que se refiere al delito de extorsión, éste se concentra, hablando también por cada 100 mil habitantes, según la muestra, al ser de más de 14 extorsiones por cada 100 mil habitantes, en los estados de Durango y Morelos.

Los de incidencia media, estamos coincidiendo que son aquellos que se registran entre dos a 14 extorsiones por cada 100 mil habitantes, son los estados ahí marcados: Baja California, Chihuahua, el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco.

Los demás, por tener una incidencia menor a 12 extorsiones, se consideran de baja incidencia. La gráfica que se exhibe confirma la misma información.

Finalmente. La incidencia de secuestro muestra una alta incidencia, esto es, más de 1.15 secuestros por cada 100 mi, habitantes, concentrada en: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán y Morelos.

Los que están en rojo en este sistema de medición, se consideran de incidencia media, referida a 0.37 a 1.15 secuestros por cada 100 mil habitantes. Y los de baja incidencia, que tienen menos de 0.37 secuestros por cada 100 mil habitantes son los que aparecen en este mapa en blanco.

Esta incidencia delictiva general por entidad se actualiza mensualmente y se puede consultar por todo el interesado en la página web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es todo, señor Presidente.

-MODERADOR: Toma la palabra a la ciudadana doctora María Elena Morera de Galindo, Presidenta de Causa en Común, Asociación Civil.

-DRA. MARÍA ELENA MORERA GALINDO: Buenos días señor Presidente, Felipe Calderón Hinojosa; buenos días a los secretarios del Consejo de Seguridad Nacional; al licenciado Fidel Herrera, Presidente de la CONAGO; al licenciado José Reyes, Presidente de la Confederación Nacional de Seguridad Pública Municipal; a todos los amigos académicos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil; organizaciones religiosas y compañeros todos. Amigos de los medios de comunicación.

Durante estos Diálogos cada uno de nosotros nos hemos comprometido en una sola causa: en recuperar nuestras calles para que nuestros hijos vivan con más tranquilidad y que nuestras familias puedan convivir en un clima de no violencia.

Dentro de este marco que convocó el Presidente al Diálogo por la Seguridad, el pasado 18 de agosto en una reunión en la Secretaría de Gobernación, Ciudadanos por una Causa en Común, asociación que presido, tomó la responsabilidad de evaluar los avances del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que firmamos hace dos años con las autoridades gubernamentales y un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil como muchas que hoy se encuentran el día de hoy aquí.

Los ciudadanos esperamos o hubiéramos esperado encontrar información clara que nos permitiera retroalimentar a los responsables de la seguridad, que son las autoridades. Con ello, estaríamos en la capacidad de llamarlos a cuentas y señalar con conocimiento de causa, dónde y cómo están fallando para que cumplan con su responsabilidad.

Desgraciadamente, la poca información disponible y la opacidad de muchas de las instancias involucradas, sólo nos permitieron realizar un seguimiento cuantitativo sobre los procesos que iniciaron a partir del Acuerdo.

Hoy desconocemos si los procesos fueron cumplidos con el rigor necesario, y si corresponden a los objetivos planteados por el Acuerdo en un principio.

Permítanme platicarles cómo fue que llegamos a esta conclusión. Ciudadanos por una Causa en Común y las instituciones de educación superior que respondieron a nuestra convocatoria, y que les agradecemos por el poco tiempo que tuvimos, como fue la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctor Narro. El Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Anáhuac; entonces, juntos procesamos la información recibida por el Sistema de Seguridad Pública, por algunos gobiernos estatales que nos la hicieron llegar directamente, así como por el análisis de los portales, e intentamos evaluar los avances del Acuerdo bajo un método claro acordado entre todos.

A continuación, señaló algunos de los problemas con los que nos enfrentamos:

Primero. No hay información cualitativa que permita evaluar la calidad de los procesos, sólo encontramos información cuantitativa que da cuenta del cumplimiento formal, pero no del rigor técnico con el que se están llevando a cabo los procesos.

Y pongo como ejemplo. Las entidades federativas, 31 de ellas, a excepción de Quintana Roo, dice haber cumplido con tener una Unidad Antisecuestro; pero no dicen cómo hicieron el proceso de selección de los policías, no hablan del Ministerio Público cómo lo profesionalizaron.

Y podemos ver en las gráficas, que aquí presentó el licenciado Alcántara, como el secuestro en lugar de irse para abajo se va para arriba, cuando se ha hecho un gran esfuerzo y se ha gastado muchísimo dinero en que estas unidades estén en todos los estados.

En segundo lugar. La CONAGO cerró el sistema de información para el seguimiento del acuerdo, se había abierto un sistema de información que se llamaba el SISAN, y de repente, hace un año, la CONAGO lo decidió cerrar.

Supuestamente iban a implementar un sistema de tablero de control para que pudiéramos ver exactamente cómo iban los procesos y, sin embargo, este tablero de control, hasta la fecha, no está implementado.

Tercero. Las páginas de los Gobiernos estatales. Ninguna página de la Secretaría de Seguridad Pública estatales, ni tampoco de las procuradurías estatales tienen ninguna información directa relativa al Acuerdo.

Cuarto. No se hicieron los ajustes necesarios al diseño del Acuerdo, que ya habían sido mencionados en evaluaciones anteriores, como la que hizo México Unido Contra la Delincuencia, como los comentarios que mandó CIDE, los de la Red de Seguridad y Justicia.

Sexto. No existe un protocolo institucional que derive en prácticas para la transparencia y la rendición de cuentas. Creemos todas las organizaciones de la sociedad civil, y los grupos académicos, que lo primero que tendríamos que tener es una buena información. Y que, además, esta información fuera disponible para todos los ciudadanos.

Consideramos que todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a saber qué está sucediendo en el país, de una manera clara. Y esto es responsabilidad de las instituciones, como bien lo dijo el Presidente.

Séptimo. No hay una vinculación directa entre los procesos y los resultados esperados. Tenemos otro ejemplo.

La Ley de Telefonía Celular, que estuvimos impulsando organizaciones de la sociedad civil. Resulta que la Ley, para empezar, el Legislativo la hace a la mitad de lo que las organizaciones habíamos pedido.

Habíamos pedido, en primer lugar, que se levantaran las antenas para que se pudieran localizar a los criminales en el momento en que estuvieran cometiendo un delito. Y por otro lado, que se hicieran la domiciliación.

No sabemos si los legisladores hicieron mal la tarea, y dejaron huecos en la ley, o si después Gobernación acordó con las compañías de celulares, e hicieron una burla de la ley, que realmente no nos sirve para la domiciliación. Y por último, una compañía de celulares resulta que se ampara.

Entonces. Qué es lo que estamos viendo en México. Un verdadero proceso de ilegalidad. Me parece que aquí todos somos responsables, las autoridades, por supuesto, mucho más, pero todos tenemos que asumir nuestra tarea.

Con estos elementos concluimos, con las universidades, que el ejercicio realizado no cuenta con los estándares mínimos requeridos para tomarse, en sí mismo, como un instrumento en la toma de decisiones respecto del Acuerdo.

Si continuamos en este camino estaremos ante el riesgo de que el Acuerdo se convierta en un simulacro. Y no queremos las organizaciones de la sociedad civil, ni los grupos académicos, y estoy segura que las autoridades tampoco, que esto sea un simulacro.

Para evitarlo, consideramos necesario aplicar un mayor rigor técnico y metodológico a todos los procesos de obtención de información, observación, evaluación e implementación, desarrollando un protocolo de seguimiento, recopilación y análisis de esta información.

Necesitamos diseñar y probar indicadores que permitan concentrar la información en tableros de control que posibiliten una mejor administración del ejercicio y facilite la comprensión de los ciudadanos.

Un trabajo de esta naturaleza requiere, por supuesto, recursos humanos profesionales altamente especializados para dirigir la tarea. Necesitamos invertir, sociedad y Gobierno de forma transparente en una bolsa para fondear estas actividades.

Los indicadores de los acuerdos que impactan directamente a los ciudadanos, éstos deben, forzosamente estar cruzados con encuestas de victimización y por encuestas de percepción.

No podemos pensar que si estamos haciendo un proceso, estamos mejorando las instituciones, no se puedan éstos cruzar con los índices de victimización y de percepción. Porque lo que pensamos los ciudadanos y, sobre todo, lo que sentimos los ciudadanos, es lo que nos hace la diferencia entre vivir en un país con tranquilidad y en sentirnos felices y en poder tener familias sanas.

También hay que decirlo. El Acuerdo es un instrumento amplio y por ello tiene que homologar criterios de evaluación y estandarizar los procesos que limiten la interpretación de los responsables y la discreción de los alcances de los mismos, ya que nos dimos cuenta, en varias instituciones, que cada quien interpretó los alcances del Acuerdo como quiso y no había una manera de limitarlos. Me parece que esto es un punto importante que se debe de aclarar en el Acuerdo.

En cuanto al análisis cuantitativo se refiere, hemos obtenido dos conclusiones:

La primera es que faltan compromisos por cumplir, como todos lo sabemos, pero en estos compromisos por cumplir también tenemos que hacer una autocrítica, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones empresariales, los sindicatos, los medios de comunicación, que es lo que nosotros firmamos y que tampoco no hemos cumplido.

Y en segundo. Que la mayoría de los casos, las acciones con menor grado de avance son aquellas que involucran diferentes órdenes y niveles de Gobierno. Esto último resulta preocupante, pareciera que nuestras autoridades no han sabido dejar de lado sus diferencias e intereses políticos para sumarse por una misma causa, pero no todas son malas noticias.

El Acuerdo en sí, tiene muchas virtudes, y esas aún se pueden rescatar y reposicionar en la agenda pública, recordemos, nos costó mucho trabajo a la sociedad civil sentar a todos los actores políticos en una misma mesa y acordar.

Recordemos por qué nos sentamos ese día en la mesa. Porque verdaderamente la sociedad está dolida de todo lo que nos sucede, tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de dónde se van a educar nuestros hijos y cómo los vamos a educar; tenemos miedo que pasen a ser uno de esos millones de muchachos que hoy no tienen un porvenir definido.

Hoy tenemos frente a nosotros, entonces, la oportunidad de hacerle ajustes convenientes al Acuerdo y generar un método claro de evaluación orientado a resultados para corregir los errores que se han cometido y trabajar juntos con mayor eficiencia. Para lograrlo, necesitamos mayor conocimiento y capacidad, por eso consideramos necesario darle mayor protagonismo a las instituciones de educación superior y a los centros especializados en investigación en materia de seguridad.

Necesitamos invertir para que nuestras universidades y los centros de investigación produzcan conocimiento y sobre todo, cuadros capaces de enfrentar los retos que hoy se nos presentan. Recordemos cuando necesitábamos ingenieros, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico se dedicaron mucho tiempo a ponernos en la mesa ingenieros para hacer carreteras. Hoy necesitamos cuadros que sean confiables, que estén bien profesionalizados. Y esos nos los pueden dar nuestras universidades.

Ante la pregunta qué hacemos. Ellos tienen una parte de la respuesta, otra la tienen las autoridades y otra la tenemos la sociedad civil. Todos tenemos que poner nuestro compromiso en la mesa.

El Acuerdo también sirvió para demostrar que la exigencia social por una mayor seguridad en el Estado mexicano, lo podemos construir entre ciudadanos y autoridades. Como consta en esta reunión y como ha constado a lo largo de estos últimos 10 años, la sociedad civil ha estado participando con el interés de sumar esfuerzos con todos los niveles de Gobierno; y si bien, debemos reconocer que la puerta se ha ampliado, esta no ha sido suficiente.

Nosotros debemos de aprovechar esta oportunidad que se nos da para elevar el nivel y la claridad en nuestras propuestas.

Señor Presidente.

Amigos de los medios de comunicación.

Compañeros de la sociedad civil organizada:

Es verdad, México no estaba preparado para enfrentar la crisis de inseguridad y violencia que hoy vivimos, y la curva del aprendizaje ha sido gravemente costosa.

En Ciudadanos por una Causa en Común estamos convencidos que la seguridad no se resuelve si atacamos la violencia y la criminalidad de forma aislada. Tenemos que llegar a la raíz del problema para poder sembrar nuevamente esperanza.

Además de la lucha frontal en contra del crimen organizado y la violencia, señor Presidente, tenemos que trabajar por la reconstrucción del tejido social, y en eso, el Gobierno tampoco no debe estar solo.

Las organizaciones de la sociedad civil debemos promover una cultura de participación ciudadana, que incluya valores cívicos y, sobre todo, un profundo respeto a la legalidad. Y a eso nos comprometimos nosotros desde hace dos años.

Tenemos que trabajar con los empresarios en la generación de nuevas fuentes de trabajo y con las escuelas, para que los jóvenes se reincorporen al sistema educativo y no se sumen a las filas de la delincuencia organizada. En fin.

Necesitamos actuar todos juntos, pero necesitamos el liderazgo de usted, señor Presidente. Necesitamos que realmente las autoridades Federales, estatales y municipales actúen en coordinación; que tengan un compromiso los legisladores y el Poder Ejecutivo.

No podemos permitirnos, a dos años de la firma del Acuerdo, volver a tropezar con la misma piedra. Hoy sabemos qué funciona y también sabemos cómo las cosas no funcionan. Conocemos las consecuencias de la falta de diálogo entre diferentes autoridades emergentes de ideologías distintas. Con lo que hemos aprendido podemos evitar otros 25 mil muertos para el año siguiente.

Por ello, convocamos a reeditar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, incorporando nuestra experiencia, para que la factura que nos está cobrando hoy la realidad nacional quede liquidada en esta generación y no tengan que venir nuestros hijos a resolver nuestras deudas, sino a disfrutar de la vida, de un ambiente de paz, explorando al máximo sus capacidades creativas y productivas. Gracias.

-MODERADOR: Tiene la palabra el ciudadano Marcos Fastlitch Sackler, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República.

-C. MARCOS FASTLITCH SACKLER: Gracias.

Gracias, señor Presidente. Buenos días.

Obviando tiempo, saludo con todo respeto a todos los presentes en esta reunión.

Se nos ha pedido, a todas las organizaciones cívicas presentar un documento el día de hoy, mismo que me permitiré leer a continuación, antes de una reflexión, señor Presidente, donde sentimos que el tiempo se ha agotado, las oportunidades son cada vez menos, nos alcanzó el futuro, nos alcanzó el futuro con mucha incertidumbre, donde el débil equilibrio que tenemos hoy, ya no es sustentable.

En cuanto a seguridad y procuración de justicia, ciertamente, no es un Estado fallido, pero sí un Estado con fallas, con grandes fallas, que si no nos sumamos a resolverlos, a partir de ayer, todos nos vamos a arrepentir mañana.

Este documento no pretende sustituir ni abarcar todas las propuestas vertidas durante el Diálogo por la Seguridad, ni las conclusiones que habrán de derivarse de las distintas Mesas de Trabajo convocadas por la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, y otros foros que sean convocados posteriormente.

Sí propone, en cambio, un conjunto de postulados básicos, y acciones prioritarias que se propondrían ante el Presidente de la República, líderes legislativos y autoridades estatales y municipales.

El documento fue elaborado con base en propuestas de Alto Nacional del Notariado Mexicano, Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, Alto al Secuestro, Causa en Común, Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República, Iluminemos México, Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, Instituto para la Seguridad y la Democracia, México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia, PRO-VECINO, Seguridad Pública en México y Centro de Investigación para el Desarrollo, así como la valiosa participación de la COPARMEX, que será coordinadora con esta asociación para las audiencias públicas estatales, a llevarse a cabo próximamente.

Postulados principales.

Las organizaciones de la sociedad civil, y especialistas convocados, coinciden en que es necesaria una visión integral, y de largo plazo de la seguridad pública en el país, que comprenda algunos de los ejes trazados por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Dos. Es necesario trazar una política de Estado en materia de seguridad pública, que traducida en un nuevo marco legal Federal comprometa, no sólo al Ejecutivo Federal, sino al Congreso de la Unión, y al Poder Judicial Federal, así como a los gobiernos de los estados y municipios a lo largo del tiempo.

Tres. El proceso de fortalecimiento del sistema de seguridad pública y justicia penal es prioritario, pero debe transparentarse y evaluarse los resultados parciales de manera continua y con la participación de la sociedad civil.

Cuatro. Es necesario transparentar el diagnóstico realizado por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales sobre la incidencia delictiva nacional, estatal y municipal. Dicho diagnóstico debe actualizarse permanentemente y comunicarse de manera periódica.

Cinco. Es necesario transparentar las políticas adoptadas para hacer frente al problema delictivo identificado en el diagnóstico realizado.

Seis. El combate a la delincuencia y la situación actual es responsabilidad del Estado mexicano. El Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal y los gobiernos estatales y municipales deben asumir sus responsabilidades y acelerar el desarrollo de sus capacidades para combatir los delitos, en particular, los de más alto impacto.

Los siguientes son acciones identificadas como prioritarias en el corto plazo:

Creación de los Observatorios Ciudadanos, contemplados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, como mecanismo para implementar la supervisión ciudadana del diagnóstico de la incidencia delictiva y la evaluación de las políticas públicas implementadas para combatirlo.

Se debe presentar y aprobar una iniciativa a nivel Federal que regule las bases mínimas de acceso a la información y funciones de los Observatorios Ciudadanos, a fin de orientar y facilitar la creación de los Observatorios Estatales y Federales, partiendo de los esfuerzos que se han hecho en ese sentido.

Esta iniciativa debe estar regulada por la Norma Oficial Mexicana para la recolección, sistematización y utilización de la estadística delictiva oficial, que se emitirá para garantizar el acceso a la información, la cual debe incluir sanciones administrativas o, incluso, penales por su incumplimiento.

La información que se provea a los Observatorios deben comprender, mínimamente, los requerimientos de información derivados del grupo de auditoría, acordado con la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia.

Énfasis en la reducción de la violencia y, en particular, del homicidio, secuestro y extorsión en los estados y municipios identificados como de mayor riesgo.

Se propone específicamente que el Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos de las entidades y municipios más afectados diseñen y pongan en práctica una estrategia conjunta dirigida, específicamente, a combatir los homicidios vinculados con el crimen organizado y otros delitos de alto impacto, delimitando claramente las responsabilidades de cada parte.

Es indispensable implementar, plenamente, la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, y las leyes derivadas de ésta, de tal suerte que cumpla plenamente con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas y el de fortalecer, y depurar las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, publicando los reglamentos que aún están pendientes e informando sobre el estado de avance que se guarda.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública debe concentrar y publicar de manera periódica los avances registrados a nivel estatal en materia de servicio policial y ministerial de carrera; centros de evaluación y certificación e implementación del informe policial homologado, así como los datos solicitados por el grupo de auditoría. Se debe acelerar el desarrollo de la Cédula Única de Identidad de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

Es indispensable que el Congreso de la Unión discuta y apruebe las iniciativas presentadas por el Presidente de la República para fortalecer el marco legal en materia de lavado de dinero y combate el financiamiento al terrorismo, así como que se publiquen periódicamente los indicadores del desempeño en la materia.

Establecer una fecha límite para cumplir con los compromisos asumidos respecto del Sistema Penitenciario Federal en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Toda acción o política implementada en materia de seguridad pública y justicia por los tres niveles de Gobierno, debe incorporar, desde su diseño, un mecanismo de supervisión y evaluación conjunto entre la ciudadanía y la autoridad competente, incluyendo al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Esto significa, como ya se ha mencionado, elevar a carácter de ley el acceso a la información en materia de seguridad pública y la institucionalización de la participación y supervisión ciudadana en las instancias correspondientes.

Señor Presidente:

Es prácticamente imposible en una reunión y con tantos pocos días fijar las bases para una política de Estado o para la creación de una política de Estado.

Finalmente, esperamos que las Mesas de Trabajo con la Secretaría de Gobernación den inicio de inmediato con éstos, más todos los temas mencionados con el señor Secretario de Gobernación, y que son muchos, a nivel Federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Perdón, omití a SOS como miembro de organización cívica.

Agradecemos esta oportunidad, esta ventana que abre la Presidencia de la República a la actitud y a la actividad ciudadana. Esperamos, Presidente, realmente, que esta ventana se convierta en un gran zaguán, en una gran puerta donde formemos parte de coadyuvar en las soluciones de estos problemas que nos afectan a todos.

Cuente con nosotros, estamos unidos, necesitamos un México mejor para todos. Nuestro único partido político, el de nosotros, es México, señor Presidente.

Gracias.

-MODERADOR: A continuación hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Con el permiso del Presidente.

Buenos días a todas y a todos quienes integran esta Mesa de Diálogo para la Seguridad Pública.

Saludo con aprecio a los representantes de organizaciones académicas y organizaciones empresariales, religiosas, sociales. A los funcionarios Federales, estatales, a todos los ciudadanos.

Enseguida abriremos un espacio de participaciones, como ha sido ya costumbre en estos diálogos. Les hago la sugerencia, por razones de tiempo, que podamos hacer intervenciones de hasta cinco minutos, para que quienes deseen hacer uso de la palabra y expresar sus reflexiones, tengan todos la oportunidad.

En el orden del registro, me ha solicitado el uso de la palabra el Gobernador Fidel Herrera Beltrán, el ingeniero Claudio X. González, la señora Isabel Miranda de Wallace.

Y seguiré registrando, en el ejercicio de los comentarios, a más participantes que así soliciten el uso de la palabra.

Para dar inicio, le concederé el uso de la palabra al Gobernador Fidel Herrera Beltrán, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.

-GOBERNADOR FIDEL HERRERA BELTRÁN: Gracias, señor Presidente.

Muy distinguidos integrantes de esta reunión de conclusiones de diálogos, que han sido verdaderos ejercicios de evaluación para encontrar qué se debe hacer mejor para la seguridad de las familias mexicanas.

Con el mismo ánimo que los Gobernadores de los diferentes partidos concurrimos a esta mesa, en un ejercicio crítico y autocrítico. He sido comisionado para expresar lo que ya hemos señalado.

Primero. La convicción de que por encima de orígenes partidarios, la lucha por la seguridad y contra la criminalidad es una tarea común, que no puede permitir diferencias de carácter ideológico ante el riesgo que no respeta ni colores ni orígenes.

Segundo. Esta oportunidad es realmente única para fortalecer, a partir del alinear, de potenciar nuestros esfuerzos, recursos, capacidades, voluntad y compromiso para alcanzar los fines que los mexicanos nos han encomendado.

Tercero. Que la autoridad, cualquiera su orden, municipio, estado, la Federación, hace bien en buscar a través del diálogo la participación de la sociedad, pero no puede rehusar su obligación fundamental como titular monopólico de la fuerza pública para hacer prevalecer el orden y la ley, y llevar a los criminales ante la justicia.

Y cuarto. Que junto a los diálogos necesitamos dar resultados que nos acrediten y nos reencuentren con un elemento fundamental para hacer eficaces, no sólo en el desarrollo de una percepción o de una sensación, sino, fundamentalmente, de la recuperación de la confianza, que es el elemento perdido con los padres y madres de familia, con los jóvenes, con los adultos y hasta con los niños.

Esta es, por lo tanto, una gran oportunidad de la República, probablemente, si no la última, una de ellas, para poder tomar decisiones que frente a la gravedad, que a veces se presenta con la brutalidad extrema de la que hemos sido testigos con los hechos ocurridos recientemente, nos ponen en la ruta de tomar las decisiones, cada quien en nuestro sitio.

En los estados hay una gran determinación de todos los servidores públicos, de los ejecutivos para hacer las cosas mejor. Queremos ir a policías estatales de mandos únicos. Por eso alienta mucho la medición que México Unido entrega a esta mesa sobre la calificación de los ejercicios estatales que arrancaron en el 2009 con tres, en promedio, y van en 6.2.
Queremos, desde luego, más leyes, como la de Corresponsabilidad y de Extinción de Dominio que ha hecho suya el propio Presidente de la República, pero queremos, al mismo tiempo, que con la asignación de los recursos suficientes y con la cooperación de los Poderes Legislativos estatales y de la Federación, encontremos todos estos puntos de vertebración que nos hagan, más que meter más fierros a la lumbre, generando todos los días nuevas disputas y arrojamiento de culpas, más resultados y, desde luego, más recuperaciones de los espacios perdidos.

Es cierto, no se trata sólo de luchar contra el narcotráfico. Se trata de restablecer el Estado de Derecho y de luchar en contra de todas las formas posibles de violaciones de la ley y de restricciones de la vida o de la libertad, o del patrimonio de los mexicanos.

Entonces. Con los instrumentos que se han requerido, con la invocación para que a partir de ahora podamos desarrollar este ejercicio en nuestras comunidades, municipios y estados, con el acuerdo para profundizar el nacional sobre procuración de justicia, debiéramos, a partir de esta conclusión, fijarnos nuevas metas.

En el caso de la Conferencia de Gobernadores, hemos avanzado ya en la conciliación de lo que primero se disputó; eran percepciones y victimizaciones para hacerlas coincidir con tableros de cumplimiento, y las sugerencias que ahora se dan para elevar, con transparencia, a los portales los avances realizados a través de las secretarías y procuradurías, habrán seguramente, de ser cumplidas muy pronto.

Pero las estadísticas, por dramáticas o alentadoras, en algún caso, no reflejan lo que vivimos todos. Todos tenemos problemas, y mientras exista un robo, un secuestro, una privación ilegal de la libertad, una abducción de un inmigrante, tenemos tareas que hacer.

Y en ella, todas las organizaciones de la sociedad civil, todos los esfuerzos del sistema educativo, todas las religiones y todas las posiciones políticas tenemos una responsabilidad urgente.

De manera que, a implementar las acciones que nos requieran, a hacer, desde ahora, posible que los planteamientos y las agendas que aquí se han levantado, se vuelvan acciones en el mando policiaco, que tiene que tratar con los ciudadanos y con los criminales. Acciones en el Poder Judicial y acciones en el Poder Legislativo.

Desde el ángulo de vista de los que servimos en los Poderes Ejecutivos de los estados, está clarísimo lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo. La visión crítica fundamenta más nuestra responsabilidad. La necesidad de recuperar espacios se une con la de generar puestos de ocupación, empleos, desarrollar las regiones y ser solidarios; en la misma manera que reclamamos el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los mexicanos en el extranjero, con el drama que viven nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe, que se agrava ahora, por cierto, con las dificultades asociadas a los fenómenos meteorológicos y que amenazan con producir fenómenos sociales más profundos.

Hay fortalezas. Yo, en lo personal, me llevó de estas reuniones la convicción de que tenemos que hacer las cosas mejor, que ésta es una oportunidad para todos, que no podemos dejar solo a nadie, menos al Presidente; reconocer al Ejército y a la Marina, a las fuerzas policiacas de buenos servidores públicos que existen y señalar a los malos. Y recordar, que de verdad, somos más los que queremos ley, orden, respeto, democracia y libertades.

Que la lucha contra la criminalidad no puede suponer la extinción o la limitación de la democracia es claro, pero también tenemos que revalorar la función y la tarea de cada quien y cumplir con nuestro deber ya. Es ahora o nunca.

Es cuanto.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, Gobernador. Enseguida tiene el uso de la palabra el ingeniero Claudio X. González, Presidente del Comité de Estrategia del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Tiene el uso de la voz.

-C. CLAUDIO X. GONZÁLEZ: Muchas gracias. Señor Presidente, señoras y señores.

Mi buen amigo el señor Gobernador de Veracruz se tomó cerca de nueve minutos, así es que quizá me pase yo medio minuto.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Fueron siete. Sí le recomiendo respetar el tiempo.

-C. CLAUDIO X. GONZÁLEZ: Muy bien. Buenos días. Inicio para expresar a nombre del sector empresarial nuestro reconocimiento a usted, señor Presidente, por habernos convocado a este Diálogo, que debe ayudar a la comprensión por la sociedad de la lucha contra la delincuencia organizada, y que a la vez permita sentar las bases para establecer una política de Estado contra la inseguridad; que articule y coordine los esfuerzos de todos los distintos niveles de Gobierno.

Diversos miembros de mi sector han participado activamente en las sesiones de Diálogo celebradas en las últimas semanas, y hemos revisado las muy valiosas propuestas que se han presentado por los más diversos grupos económicos, políticos y sociales.

Ahora, el verdadero reto es pasar de las ideas a los hechos y a la instrumentación. Mencionó usted la necesidad de definir la seguridad como política de Estado. Al respecto, sabemos bien que la definición de un tema tan trascendente es un proceso complicado, en el que se requiere la concurrencia de muy diversos actores.

Sin embargo, pensamos que dentro de ella debería considerarse que los siguientes conceptos queden incluidos:

Primero. El principal deber del Estado es otorgar seguridad a sus habitantes a fin de que convivan en paz dentro de un Estado de Derecho.

Dos. La seguridad pública estará confiada a cuerpos civiles debidamente fortalecidos y capacitados como dispone la Constitución.

Tres. Hasta en tanto ello se logra, el Ejército debe colaborar en las actividades de seguridad interna con la debida base legal, y que tan pronto los cuerpos civiles puedan asumir plenamente su responsabilidad, opere como reserva estratégica para casos críticos.

Cuatro. Promover se implementen las medidas necesarias que fortalezcan el tejido social que impidan la acción del crimen organizado.

Cinco. Procurar el respaldo internacional para el combate al tráfico de drogas y de armas, lo que implica agotar el debate sobre la legalización de las primeras.

Seis. Fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia asegurando su actuación pronta, expedita, imparcial, coordinada y honesta, que promueva en la sociedad una cultura de denuncia.

Siete. Si bien el Gobierno Federal deberá asumir la coordinación de la estrategia de combate al crimen organizado, el compromiso y corresponsabilidad de estados y municipios es fundamental para garantizar que los esfuerzos deriven en resultados.

Ocho. Debe cerrarse el paso a que el dinero de procedencia ilícita se incorpore a la economía, poniendo en vigor las acciones legales y administrativas necesarias que lo eviten.

Nueve. La atención de los delitos del orden común, en muchos casos derivados del crimen organizado, debe recibir una atención prioritaria por parte de estados y municipios.

Diez. El inhibidor más eficaz de la delincuencia es el crecimiento económico alto y sostenido, que genera oportunidades de empleo suficientes, por lo que el impulso de las reformas y acciones necesarias para propiciarlo debe ser prioritario. Tenemos que quitar los obstáculos al crecimiento y a la creación de empleos.

A fin de lograr el fortalecimiento institucional en el corto plazo, pensamos, es indispensable depurar los cuerpos policiacos, estableciendo un padrón confiable, sujeto al escrutinio de la sociedad, de manera que el siguiente paso sea concentrar a los miles que hoy existen en 32 sistemas estatales bien articulados y con altos niveles de profesionalización, en los que se considere, no sólo la remuneración, sino la calidad de vida de los agentes.

Es igualmente indispensable implementar medidas que permitan garantizar que los miembros de la delincuencia organizada sean confinados por separado de los delincuentes comunes, que por la actual convivencia se contaminan con ellos. Esto, además de la necesidad de abatir los altos niveles de corrupción y sobrepoblación de los centros penitenciarios y revertir así el bajo nivel de profesionalización del personal que se asigna a los Centros de Readaptación Social.

Por otra parte, la presentación el día de ayer de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado del Dinero fue, sin duda, un gran paso adelante para combatir a la delincuencia organizada en donde más le duele, la disposición de sus ganancias derivadas de actos criminales. Sin embargo, es urgente que los legisladores sean sensibles de la necesidad de aprobar las iniciativas al respecto cuanto antes.

Para la prevención del delito es indispensable la reconstrucción del tejido social, lo que consideramos debe iniciarse a través de ajustes profundos a la política de educación con acento en los valores, pues de ella depende la creación de empleos de alto valor agregado, la movilidad social y nuevas y mejores oportunidades para la población.

Señor Presidente. Termino manifestando a usted el respaldo del sector empresarial, al que se suma el de millones de mexicanos que hoy estamos dispuestos a apoyar una causa que es de todos.

Reconocemos el esfuerzo, señor Presidente, el de usted y su Gobierno y sobre todo, el realizado por las Fuerzas Armadas, pero a la vez sabemos que todavía falta mucho.

Esperamos que la muerte de tantos inocentes sirva para que los diferentes órdenes de Gobierno tengan conciencia de que lo que necesitamos en México es voluntad de trabajo coordinado, eficiencia, resultados y sobre todo, que tengamos en cuenta que debemos todos trabajar por y para México.

Sólo así lograremos lo que todos buscamos, un Estado seguro y en crecimiento, que le ofrezca a todos sus ciudadanos oportunidades para un mayor bienestar.

Muchas gracias.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias ingeniero. Enseguida tiene el uso de la palabra la señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de Alto al Secuestro, A.C.

Tiene el uso de la voz

-C. ISABEL MIRANDA DE WALLACE: Gracias Secretario. Buenos días señor Presidente, buenos días a toda la Mesa.

Señor Presidente, es importante para mí destacar un punto. El otro día usted hacía una pregunta tanto al Ministro de la Suprema Corte como al Procurador. Por qué en Chihuahua seguíamos teniendo tanta violencia pese a la Reforma del Sistema Penal Acusatorio. Y eso es algo que yo quiero poner sobre la mesa debido a la importancia.

Y a mí me gustaría reunirme con el Secretario de Gobernación para poderle presentar un estudio que hicimos al respecto, en el cual se prueba la importancia que debemos de tener en cuenta para volverlo a implementar en cualquier estado, el tener en cuenta un contrapeso y éstas son las víctimas.

Estamos aplicando un sistema completamente garantista, en que solamente se ven los derechos del debido proceso y los derechos del procesado. Y como usted bien lo dijo, señor Presidente, y concuerdo plenamente con usted, a veces tienen mucho más derechos los delincuentes que las víctimas.

Entonces, lo que nosotros queremos pedir en Alto al Secuestro es que esto sea tomado dentro del Código Penal Federal. Porque, si bien está puesto en la Constitución, no así se está aterrizando en el proyecto que se está elaborando.

Y si no existe un contrapeso de la víctima, en el que además está probado, a través de diversos estudios, los cuales están a su disposición; que la víctima es la que empuja cualquier proceso para poder llegar al esclarecimiento de los hechos, y no por sí sólo el sistema, estaríamos creando un sistema que nos lleve a la impunidad del delito.

Y prueba de esto, señor Presidente, es el caso de Chihuahua. En lo que, antes de la reforma, traía una eficacia del 33 por ciento en homicidios, al día de hoy lo trae en el 0.1 por ciento. Están a la vista, en Internet, los datos, lo pueden checar en la página de la Procuraduría.

Esto es escalofriante. Qué mensaje estamos enviando a los delincuentes. En Ciudad Juárez puedes matar a quien se te pegue la gana, que es casi nulo el que te puedan perseguir.

En el 2008, para que ustedes tengan una idea, de 64 delitos, que son los que aparecen en Internet, de homicidios que se cometieron en 2008, que fue cuando empezaron a juzgar, y a tratar de hacer todo por el procedimiento abreviado, 23 se resolvieron por el sistema abreviado, pero únicamente hubo dos sentencias condenatorias. Eso fue en el 2008. Y ahora, al 2009, estamos, repito, en el 0.2.

Entonces, creo que esto es importante que lo tomen en cuenta, señor Presidente, porque mientras no tengamos a las víctimas como contrapeso en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, muy poco vamos a poder hacer por mandar, realmente, la señal de que esto va a cambiar.

Aunado también, lógicamente, a una serie de procesos en los que conlleva la policía. Ahorita que escuchaba yo los reportes de guerra que nos daban, realmente es, a veces ya perdemos la capacidad de escuchar y de captar la información.

Decía aquí la persona de su Gabinete, mientras las instituciones se han debilitado, el narcotráfico y los delincuentes se han fortalecido. Eso nos debe de preocupar y alarmar, señor Presidente, porque ya tenemos cuatro años diciendo que tenemos que fortalecer a las policías, pero muy poco hemos hecho para fortalecerlas.

Creo que de verdad la sociedad ya no queremos partes de guerra, ya no queremos estadísticas, queremos poder salir a las calles y poder transitar libremente sin el temor a ser secuestrados o a ser víctimas de algún acto violento.

Y prueba de ello también es la estadística que acaba de presentar el licenciado Alcántara, en la cual el secuestro se ha ido por las nubes. Por más que traten de acallar la realidad, eso es lo preocupante del caso. Ahí está la realidad.

Y digo la tratan de acallar por lo que sucedió, también, ayer en Tamaulipas, en la que hubo dos coches-bomba y ya nadie reporta nada, y ya a los medios y les da miedo comentarlo. Y gracias a las redes es que nos pudimos enterar.

Creo, de verdad, firmemente, que mientras no tengamos un equilibrio, como lo acabo de decir, en la que nos den más poder a las víctimas para poder intervenir en los juicios y poder tener más empuje dentro del proceso, poco vamos a hacer.

Pero también, mientras sistemáticamente se quede en palabras el que vamos a depurar las policías y no se haga, tampoco vamos a poder lograr nada; porque dentro de este sistema penal acusatorio, la policía va a jugar un papel muy importante.

Gracias, señor Presidente.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, señora Wallace.

Enseguida tiene el uso de la palabra el doctor Manuel Ordorica Mellado, Secretario General de El Colegio de México.

Tiene el uso de la palabra doctor.

-DR. MANUEL ORDORICA MELLADO: Si. Muchas gracias, señor Presidente Felipe Calderón.

Se han presentado cifras muy importantes en este día, considero que tenemos un muy buen diagnóstico. Y yo quisiera tocar tres puntos que me parecen importantes:

El primero. Es el de tener un sistema de información estadístico y geográfico que nos permita analizar con precisión las muertes violentas por estado, municipio y áreas más pequeñas, para ubicar exactamente las áreas de responsabilidad. De alguna manera aquí se ha planteado, pero sí considero que éste es un elemento que se tendría que monitorear continuamente.

A qué Presidente Municipal o Delegado le corresponde responder de lo que ocurre. Y esto me parece un elemento fundamental.

Un segundo punto que quisiera tocar, y que aquí se ha mencionado, es el hecho de avanzar en la construcción de nuestro sistema de identificación personal. Tener nuestra Cédula es un objetivo prioritario, hace falta ya, realmente tener un esfuerzo único de identificación.

Y un tercer punto que quisiera yo tocar, es el hecho de que en estos años tenemos el mayor número de jóvenes en toda la historia del país. Es un bono demográfico, son nuestro tesoro.

Tenemos que atenderlos y darles oportunidades, programas sociales hacia los jóvenes se tendrán que dirigir, es necesario, como usted lo ha mencionado, fortalecer programas a los adolescentes.

Reconocemos su esfuerzo, señor Presidente, y estamos con usted.

Gracias.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, doctor.

Enseguida tiene el uso de la palabra el doctor José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tiene el uso de la palabra.

-RECTOR JOSÉ NARRO ROBLES: Muchas gracias y muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Señor Presidente de la República. Gracias por su atención.

Asisto, por supuesto, a esta reunión, convencido de la gran transcendencia, del asunto que nos convoca y en razón de que el día de ayer, por la tarde, recibí, amablemente, de parte de una colaboradora del Subsecretario de Gobernación, la invitación, primera, que recibo para estar aquí. Por eso me encuentro entre todas y todos ustedes.

Y yo quiero simplemente enfatizar algunas de las cosas, que seguramente algunos podrán recordar, que en lo personal he señalado. México es un gran país y tenemos, todos nosotros, la obligación de fortalecerlo, de resguardar su historia y cultura, y de aprovechar las posibilidades que tenemos para nuestro desarrollo. Por eso lo reitero frente a ustedes. México no merece lo que le pasa.

El problema que hoy nos reúne es, ni más ni menos, que un problema crónico, no es algo que hubiéramos arrancado, iniciado, desafortunadamente, el día de ayer. Es un problema agudizado, como nunca, grave, masivo, con numerosas áreas involucradas y que no puede admitir ni en su análisis, diagnóstico y, mucho menos, en la solución, la comprensión o inclusión de sólo dos partes.

El asunto, de hecho, reclama la participación de todos bajo un principio claro. Ni la sociedad puede substituir las obligaciones de las instituciones públicas del Estado y del Gobierno, ni éstas deben, por supuesto, ignorar a la sociedad.

En la base del problema hay lastres que no se deben pasar por alto: la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la pérdida de valores laicos, la corrupción, la impunidad, la desesperanza, condiciones lamentables de orden económico y social, problemas de salud y una visión nublada de futuro, para muchos no pueden ser hechas, insisto, a un lado.

El problema que afecta a México es complejo y por tanto, no admite medidas simples o únicas si de verdad queremos resolverlo. El punto demanda de un planteamiento integral, el puro uso de la fuerza no resuelve, pero sin él, sin duda, no hay solución.

Las enmiendas al Estado de Derecho, al control de la ruta del dinero, la lucha contra la corrupción, no son suficientes por sí solas, pero otra vez, sin ellas no se alcanzarán los objetivos, sin un gran programa de rescate social intensificado, adicional a lo que estamos haciendo, no habrá mejoría permanente.

Sin la atención a los problemas de los jóvenes como ha señalado el Presidente de México, y en especial, como lo ha mencionado en esta oportunidad, educación, empleo y agregaría yo, cultura, deporte y recreación, no habrá forma de salir de este hoyo negro en el que nos encontramos.

Por eso celebro, señor Presidente, su determinación que nos ha comunicado el día de hoy, de incluir a la educación y al empleo en la base de la solución del problema de seguridad en México, en particular, el apoyo a la educación media superior y superior, a pesar de que algunos, los menos, por cierto, sostengan lo contrario. Creo que somos muchos los que pensamos que sin más educación y de mayor calidad, el futuro no será mejor y nuestro desarrollo no podrá alcanzarse como lo queremos.

No tengo ninguna duda de que este asunto, tema tan doloroso para México, nuestro país va a salir adelante, porque ha salido, porque tiene esa historia, cultura, recursos y posibilidades detrás de él y porque debemos, sin duda alguna, avanzar juntos todos unidos con una estrategia común en la solución del problema.

Muchas gracias por su atención.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias doctor. Enseguida tiene el uso de la palabra el contador Eduardo Joaquín Gallo, Presidente de México Unido contra la Delincuencia.
Tiene el uso de la voz.

-C.P. EDUARDO JOAQUÍN GALLO: Presidente, buenos días.

Bueno días a todos.

Cuando nos reunimos por primera ocasión con usted, México Unido manifestó claramente que no estábamos contentos con tantos muertos ni con tanta violencia. Esa razón nos llevó, precisamente, en el diálogo con las otras organizaciones de la sociedad civil, a plasmar claramente en nuestro posicionamiento, que es necesario abatir la violencia que está prevaleciendo en el país.

Es una realidad, no la desconocemos, que los enfrentamientos entre bandas originan muchos muertos, pero tampoco nos pasa desapercibido que dependiendo de la estrategia que se sigue para combatir a las bandas criminales, se genera más o menos violencia. Combatirlas a través de operaciones de inteligencia financiera origina menos violencia que combatirlos con violencia, porque la violencia invariablemente genera violencia.

Combatir a las bandas a través de simplemente fracturarlas, genera más violencia, que abarcar un bloque completo que incluya operadores financieros, operadores del trasiego de drogas, jefes de sicarios y además a los jefes.

En ese contexto, nos preocupa mucho que hemos hablado de una política Estado y que vemos hacia adelante en una política de Estado, pero nos preocupa que se mantenga una estrategia de violencia que siga originando violencia de aquí a la época en que llegue a haber una política de Estado.

En ese contexto, queremos insistir en que en el inter que llegue una política de Estado, se trabaje fuertemente, sensiblemente, intensamente para disminuir las acciones que derivan en más violencia en las propias organizaciones criminales.

Por el otro lado, yo quisiera referirme, también, a la evaluación del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, porque nosotros hicimos un ejercicio muy profundo en el que sí logramos obtener unas evaluaciones que le hemos dejado, precisamente, en su lugar a usted, señor Presidente, al Secretario de Seguridad Pública, al Secretario de Gobernación y al licenciado Fidel Herrera.

Y de esta evaluación se aprecia claramente que, prácticamente, 31 entidades federativas aumentaron su calificación. El Gobierno Federal, desgraciadamente, no la aumentó, el Poder Legislativo tampoco, y solamente el Poder Judicial alcanza la máxima, que es siete, en el cumplimiento de los acuerdos.

Pero lo importante de esto no es que hayan aumentado su calificación, porque en 18 de estas entidades federativas, aumentaron los delitos entre el 2008 y 2009. En 17 de ellas, aumentaron los secuestros entre 2008 y 2009. En 26 entidades federativas aumentó la inseguridad; en 11 de ellas, la situación actual es crítica en términos de seguridad. En 16 por ciento de ellas, disminuyó el porcentaje de denuncias, no en los términos de los números oficiales, que mienten, sino en términos de las encuestas de victimización que hace la sociedad civil, a través de ICESI..

En este contexto, refleja claramente que hay un efecto de que, independientemente del cumplimiento o no del Acuerdo o de la mejoría en los esfuerzos por cumplir con los compromisos, se descuidó todo lo demás en términos de seguridad en las entidades federativas.

Reconocemos que ha habido un esfuerzo del Ejército, que hay un esfuerzo de las Fuerzas Federales, pero también creemos que no hay la coordinación entre esas Fuerzas Federales y las fuerzas estatales, ni la voluntad en términos de las fuerzas estatales y de las entidades federativas en resolver el problema de la inseguridad. Esto ha sido un: simplemente éste es tu problema, Presidente, y todo lo demás nos desentendemos de la realidad.

Hemos platicado con personas de Ciudad Juárez, con personas de Chihuahua, y entendemos claramente que hay un esfuerzo serio del Gobierno Federal, pero también vemos cómo, con tristeza, Gobernadores como Coahuila, miente cuando dice: las realidades de la situación que prevalece en Coahuila porque, precisamente, se dejan de levantar actas por secuestro y se disfrazan como actas circunstanciadas, o se dice que no hay secuestros cuando aparecen todos los cadáveres, que para parecer como cadáveres fueron secuestrados anteriormente. Y eso se distorsiona en las cifras.

Entonces, creemos que esto es fundamental, acotarlo de una vez por todas. Esta evaluación no puede seguir realizándose así, tenemos la necesidad de una Ley General de Participación Ciudadana.

Tiene que crearse un instrumento legal que obligue a todos en el Gobierno Federal, pero como ley general que permee hacia las entidades federativas, en las que se establezcan obligaciones para proporcionar información para establecer cuál es la información y cómo accesar a ella para que sea transparente, independientemente, también, de que haya regulaciones para establecer cuál es información reservada, cuál no se puede accesar, bajo qué circunstancias no se puede accesar y que también regule a las propias organizaciones de la sociedad civil, para que no tengamos alguna que aparece como organización de la sociedad civil, siendo una organización infiltrada de la delincuencia.

Pero necesitamos una ley general que regule, de una vez por todas, que sí tenemos acceso a la información, que no es un privilegio que nos obsequian, sino que es un derecho ciudadano que tenemos para accesar a toda la información.

Gracias.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, contador.

Enseguida tiene el uso de la palabra la maestra Verónica Baz Suárez, Directora General del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.

-MTRA. VERÓNICA BAZ SUÁREZ: Señor Presidente, en estas mesas por el Diálogo, hemos visto una serie de propuestas que van a tomar tiempo y se tienen que llevar a cabo; sin embargo, considero que hay una serie de acciones que se deben de llevar a cabo de forma urgente.

Voy a dejarles la propuesta técnica, pero voy a remarcar cinco puntos que me parecen cruciales.

Necesitamos urgentemente un caso de éxito que le pueda dar el punto de inflexión al tema de la seguridad. Sugerimos concentrar los esfuerzos en combatir la impunidad del homicidio, reducir la extorsión y reducir la violencia en Ciudad Juárez, con fines de mostrar que la estrategia está produciendo resultados.

El segundo punto. Reducir la violencia. Sugerimos atacar por diferentes flancos y de manera simultánea a las organizaciones que utilicen más intensivamente la violencia. Consideramos que es momento de que el Estado establezca la amenaza creíble de que va a actuar de forma rápida y contundente frente a cualquier manifestación pública de violencia.

Consideramos que el Estado debe dar certeza. Proponemos privilegiar la rapidez en el castigo, más que la severidad del mismo. Consideramos que el costo de cometer un homicidio debe endilgarse a la organización delictiva en su conjunto.

Y por último. Consideramos que se debe coordinar una estrategia con el Gobierno de Estados Unidos y pedirle que se comprometa a tomar medidas en su territorio contra los miembros de las organizaciones más violentas.

Personalmente, cierro esta primera etapa con un mejor entendimiento de que tenemos que pasar de la observación y la crítica, a la lucha pacífica, ordenada y estratégica.

Señor Presidente.

Le ruego que nos siga escuchando y que haga de todos los mexicanos su equipo en esta lucha. Gracias.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias maestra. Enseguida tiene el uso de la palabra el profesor Ernesto López Portillo Vargas, Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.

-PROF. ERNESTO LÓPEZ PORTILLO VARGAS: Muchas gracias.

Buenos días señor Presidente.

Buenos días a todas y a todos.

Voy a ser muy breve. Tengo la oportunidad en este momento de participar como miembro del jurado del Primer Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Prevención del Delito y de la Violencia, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Estudios Seguridad Ciudadana de Chile, y he vuelto a confirmar una propuesta, la necesidad de implementar una propuesta, que hice ya en la anterior oportunidad que tuve de estar con usted, aquí, y que ahora reitero.

Los países, las comunidades, las alcaldías que están logrando resultados para frenar violencia y delito lo están haciendo a través de metodologías especializadas. Lo están haciendo a través de la formación de cuadros civiles expertos en metodologías especializadas, que en su inmensa mayoría no han llegado a México.

Por esta razón, reitero la importancia estratégica, y yo diría histórica, de fundar el Centro Nacional de Investigación y Docencia en Seguridad Pública y de darle a este país el futuro de los expertos en seguridad pública que otros países ya tienen.

Los policías han hecho una labor extraordinaria, muchas veces, y han hecho lo mejor posible con lo que tienen, muchos de ellos. Los procuradores, los alcaldes, los gobernadores. No tienen sentado a la mesa a la persona que conozca cuáles son los métodos que se han integrado para generar hoy lo que en el concierto internacional se denominan las buenas prácticas de prevención del delito y la violencia.

Dejo nuevamente esta propuesta porque para el Instituto para la Seguridad y la Democracia ésta es una propuesta de visión de futuro. Todos estamos preocupados por el presente; yo estoy preocupado por el presente y por el futuro. Y estoy comparando las experiencias internacionales. Es contundente la lección, necesitamos una inversión sin precedentes en la formación de cuadros capaces de sentarse con un Alcalde, con un Gobernador y con el Presidente de la República con la integración de estas metodologías. El Instituto está a la orden para poner a su disposición exactamente de qué estoy hablando.

Y termino con una solicitud formal, señor Presidente. Solicito se incluya al sector de derechos humanos de este país, en la continuidad de estos diálogos y en las Mesas de Trabajo para profundizar en otros aspectos de la discusión, que me parecen absolutamente fundamental, en un país que ha suscrito, como debe ser, los instrumentos fundamentales de regulación de derechos humanos que rigen a la comunidad internacional.

Muchas gracias.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, profesor.

Enseguida tiene el uso de la palabra el licenciado Elías Kuri Terrazas, Presidente de Iluminemos México, A. C.

-LIC. ELÍAS KURI TERRAZAS: Gracias, señor Presidente.

Veo un gran esfuerzo por sacar leyes adelante, reglamentos, por tratar de que esta Reforma Penal sea todo un éxito. Y creo que todo llega y se topa en un punto a la hora de que tenemos a un Juez, a un policía, a un investigador, a alguien que va a tomar una decisión, que si va a actuar legalmente o se va a corromper.

Y yo siento que hay un gran esfuerzo por el lado de las leyes y de los procesos, pero veo que por el lado de tratar de bajar esa corrupción veo poco. Y me preocupa la práctica del usted disculpe, porque siento que lo más que le pasa a un funcionario que acepta ese dinero o acepta corromperse, es perder el trabajo.

A la hora de que hablamos con el Ministro Presidente, yo le pregunté cuántos jueces se habían ido a la cárcel por corrupción y la respuesta que obtuve es que habían inhabilitado a un cierto número de jueces.

Considero importante mandar un mensaje, un mensaje contundente donde se vea cuál es el verdadero resultado de corromperse, donde el castigo sea un castigo ejemplar y donde, de veras, se le aplique, porque lo único que veo es que lo peor que le pude pasar a ese corrupto es pedir una disculpa y perder su trabajo, y creo que, como sociedad, nosotros sí estamos perdiendo muchísimo más.

Muchas gracias.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, licenciado.

Enseguida tiene el uso de la palabra el licenciado Marco Antonio Hernández Murrieta, Presidente de la Fundación Murrieta.

Tiene el uso de la palabra, licenciado.

-LIC. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ MURRIETA: Muchas gracias.

Buenos días, señor Presidente. Buenos días a todos.

No todo lo que cuenta se puede contar, no todo lo que se puede contar, cuenta. Esta frase la dijo un fanático de los números, Albert Einstein, y es lo que, ahorita, en el principio de la reunión, fue lo que vimos: números, números, números, pero no todo eso es nada más lo que cuenta.

En cada reunión a la que he asistido, siempre tenemos a los mismos cargos, a los mismos funcionarios. Y a mí me gustaría, al menos a parte de la sociedad civil de la yo represento, que no nos dedicamos directamente a la lucha contra la delincuencia y, sin embargo, nos ha afectado a todos, y por eso ya estamos metidos en esto, es, los demás Secretarios, las demás Instituciones que están en el Gobierno.

Dónde están los programas muy concretos que yo, desde mi punto de vista, debería tener cada una de las instituciones. Un programa muy concreto para luchar, desde su ámbito de acción, contra la delincuencia.

Qué programa tiene CONACULTA, qué programa tiene CONADE, qué programa tiene la Secretaría de la Reforma Agraria, qué programa tiene la Secretaría de Agricultura. Un solo programa que tuviera cada uno de ellos, que estuviera enfocado, además, a algunos de estos municipios, donde ya estamos viendo, se concentra la mayoría, al menos de estos números que vimos el día de hoy, por dar un ejemplo. Qué se está haciendo.

Creo que si el problema es un problema transversal, debe ser atacado por las diferentes áreas de la sociedad y, dentro de eso, una parte muy, muy importante para nosotros son los demás programas.

No nada más se lucha desde el ámbito de la policía, y de los jueces, nos olvidamos de ellos. Ellos son los inmediatos, los que están aquí, que agarran a esos delincuentes. Pero qué pasa con los que se están formando, qué pasa con los que van a salir y van a sustituirlo. Esto es como luchar con la guerrilla, donde cae uno, e inmediatamente hay 10 dispuestos a ocupar su lugar.

Si no atacamos, no minamos las bases de las cuales alimentan a la delincuencia, vamos a continuar igual. Por ello, creo que en estos diálogos deberían estar sentados sectores del Gobierno que no luchan directamente contra la delincuencia, pero que pueden tener programas muy importantes, aunque sea como dije, uno, para atacar esto.

Esa sería mi propuesta. Y apoyo la propuesta del contador Gallo sobre una ley de participación que obligue a los estados, municipios y al Gobierno Federal a recibir a las organizaciones y a trabajar con ellas; y no con la que ellos escojan, sino con una base de participación bien estructurada.

Gracias.

-SECRETRARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias licenciado. Enseguida tiene el uso de la palabra Héctor Tello García, Director General Adjunto del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.

Tiene el uso de la voz.

-C. HÉCTOR TELLO GARCÍA: Buenos días, señoras y señores integrantes de la Mesa. Señor Presidente.

Ya hablaba don Claudio a nombre del empresariado de este país. Desde luego, que nos sumamos a sus palabras. Sin embargo desde la trinchera de trabajo que a nosotros nos compete el COMCE, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología; quisiéramos tomar un punto, que afortunadamente el mismo señor mismo Presidente, mencionó dos veces en su intervención, y que ya muchos de ustedes, incluyendo, desde luego, al señor Rector de la UNAM, han mencionado y tiene que ver con el tema de la educación.

Y efectivamente, los aspectos sociales son centrales en esta lucha y no se pueden dejar de lado. En ese sentido, señor Presidente, nosotros quisiéramos proponer que se nos convocara, así como se nos ha convocado a este diálogo, a sostener lo más pronto posible un diálogo que tenga que ver con el tema central de la educación.

Quisiéramos que se contemplara la posibilidad de empezar a forjar una política de Estado en materia de educación. Sentimos que es un tema que no se puede seguir dejando de lado y que tenemos que atender lo más pronto posible.

Así que quisiera dejar esa propuesta muy concreta, y esperamos que tenga eco entre todos ustedes, particularmente en el Gobierno Federal, en el Ejecutivo y estamos a sus órdenes.

Muchas gracias.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias. Enseguida tiene el uso de la palabra la licenciada Laura Elena Herrejón Caballero, Presidenta de Movimiento Pro-Vecino, A.C.

Tiene el uso de la voz.

-LIC. LAURA ELENA HERREJÓN CABALLERO: Gracias.

Señor Presidente, buenos días.

Buenos días a todos.

Lo decía usted al inicio. Hoy, de alguna manera, se cierra un ciclo, nueve reuniones con todos los sectores de la sociedad civil, una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, lo dije yo en la primera sesión, que yo esperaba que estas sesiones no fueran para escuchar más de lo mismo y que tuviéramos más de los mismos malos resultados.

Hay quien dice que el verdadero trabajo empieza después de las reuniones. Yo espero que así sea, señor. Porque el día de mañana se cumplen dos años, cuando cientos de miles de mexicanos salimos en 88 ciudades de la República a levantar la voz y decir: Ya basta.

Estamos a más de dos años de que se firmó un acuerdo en donde aparentemente estaban todos los actores políticos. Hubo compromisos, hubo fechas y hoy, nuevamente, estamos sentados exigiendo seguridad, exigiendo paz y justicia.

Es por esto, señor, que me parece muy importante que quien ha seguido estos diálogos sepa que se cierra un ciclo, pero debe empezar otro, las Mesas de Trabajo, en donde vamos a tratar de poner, los que hemos estado colaborando en estos diálogos, de ver exactamente qué se puede hacer en fortalecimiento institucional, en prevención social del delito, en donde coincido con Marco Antonio Murrieta, en donde debe de ser una cuestión integral. El problema de la inseguridad no es sólo policías y ladrones, no es sólo falta de empleo, es multifactorial.

Así es de que en esta mesa de prevención del social del delito sí sugiero que estén todas las demás Secretarías: de Educación, de Cultura, de Salud, ahí tienen que estar. Hay que prevenir en lugar de castigar.

Por otro lado, quisiera que todos pensáramos de qué manera se pueden hacer estos acuerdos o estas acciones vinculantes. A qué voy. En el 2004, que también salimos a una marcha y también salieron ciertos acuerdos, hubo algunos estados donde sí avanzaron.

El Estado de Veracruz, justamente, que hoy nos acompaña el señor Gobernador. En aquel entonces el Gobernador Miguel Alemán se sentó con los organizadores de la marcha, hubo una serie de aspectos importantes de transparencia de avances, mismos que se perdieron cuando salió el Gobernador.

Echamos pasos para atrás.

Lo lamentamos mucho, porque le trabajamos mucho y se publicaba en los periódicos la incidencia delictiva, y se sabía cómo iba el Estado de Veracruz. Se vino para atrás.

También ahí supimos que se había logrado bloquear que no salieran llamadas de las cárceles, lo cual para nosotros era una experiencia exitosa, y ya no volvimos a saber si siguen sin salir estas llamadas, o se volvió a dar esta extorsión por teléfono.

Entonces, muy importante, cómo podemos hacer que no sean cuestiones de personas, sino de instituciones, que el compromiso sea institucional y que no tengamos que estar nuevamente reinventando el hilo negro cada tres, cada seis años.

Por último, señor. Lamento que en esta mesa no esté la presencia de partidos políticos. Ellos tienen mucho que ver aquí, nos deben mucho a los mexicanos. Quizá piensan que sólo en su sede es el único espacio para dialogar. Lo lamento mucho.

Usted lo invitó y me parece que sólo algunos partidos, lo vivimos aquí, estuvimos actores sociales, como usted lo dice, y tienen una obligación, no con usted, nos la deben a los mexicanos. Hay una serie de leyes pendientes de autorizar, sin ir más lejos la que usted presentó ayer del lavado de dinero, usted dio el primer paso. Queremos ver que ahora los legisladores hagan lo suyo.

Y no se vale, lo digo como mexicana, lo digo como madre preocupada por mis hijos que quiero lo mejor para ellos, que los partidos nuevamente vuelvan a tomar este tema de la inseguridad como bandera para negociar posiciones para ellos, para sus partidos y para las cuestiones personales.

Señor, es un reto. Las mesas verdaderamente es lo que la gente va a estar esperando. Qué sale en esas mesas. Qué podemos dar en concreto y que no se quede sólo en un diálogo de más de lo mismo. Queremos resultados, ya.

Gracias.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, licenciada.

Enseguida tiene el uso de la palabra el licenciado Arturo Arango Durán. Tiene el uso de la voz.

-LIC. ARTURO ARANGO DURÁN: Coincido con algunos de los que me han precedido, en que es importantísimo tener escuelas, es una acción que no se puede hacer en el corto plazo, pero me parece que debemos iniciar ya.

Debemos tener programas académicos, escuelas, capacitación a capacitadores en ciencias policiales, en análisis delictivo, cartografía, estadística, criminología, entre otras materias.

Es importante entender que si no tenemos a las personas, a los académicos, a los especialistas que apoyen y continúen con este proceso, va a ser difícil la comprensión y la solución del fenómeno.

Esto me lleva, entonces, al segundo punto que quiero plantear ahorita en esta Mesa. La información que vimos en la mañana es importante y puede ser valiosa, pero me parece que no está contemplando:

La primera. Todo el fenómeno de la violencia que se parece. Tendríamos que estar midiendo lesionados, huérfanos, lugares donde se dan los delitos, intentar entender, incluso, los homicidios piratas que como ven mexicanos ya existen también los homicidios piratas; aquellos que se enmascaran, por parte de la sociedad, para que en esa intención ya no se investigue.

En ese sentido hay que avanzar con la generación de información para tener una comprensión total sobre el fenómeno.

La segunda información que nos presentaron en la mañana, normalmente aparece maquillada de origen. Tenemos casos gravísimos, como el caso de Tabasco, que durante seis años, durante un Gobierno puso cero secuestros, sin embargo, haciendo el análisis teníamos el mayor número de secuestradores en las cárceles de Tabasco, del país.

Entonces decíamos, de dónde salen unos y otros y que además, la información que se considera sólo toma en cuenta a la información que viene registrada y tomada por esos sistemas. Y no olvidemos, además que no sólo este sistema es el que cuenta, hay un segundo sistema que está trabajando el INEGI, que de alguna manera si hacemos un cruce entre el Sistema del INEGI y el sistema de las instituciones que tenemos en la Mesa, no cuadra uno con otro.

Es en ese sentido la propuesta que deberíamos tener y me parece muy prudente que iniciáramos con un instituto especializado similar al IFE, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se encargara de la generación, recopilación y difusión de la información, esto no implicaría mayor presupuesto, implicaría tomar la parte o reorientar la parte del personal y de los equipos que ya están en el sistema nacional o en la Secretaría de Seguridad Pública, en el CISEN y ponerlos a eso, ponerlos a eso, porque definitivamente en esta Mesa hemos oído todo el día que hay mucha necesidad de información y esa información lamentablemente con los sistemas de registro que tenemos en este momento, los tres o cuatro que yo conozco, no coinciden ni uno con otro.

Entonces, me parece que sí tendríamos ya que estar avanzando en eso, porque de alguna manera y definitivamente, me parece que las autoridades no pueden ser Juez y parte en el proceso de contarse y de evaluarse ellos mismos.

En ese sentido, con este instituto similar al IFE, con personalidad jurídica y patrimonio propio, terminaríamos con la corrupción institucional que se da en la generación de información. El poner ceros es un riesgo impresionante para la sociedad, entonces esto permitiría acabar con la impunidad, lo que nos llevaría tener la tan deseada transparencia y la rendición de cuentas.

Cabe aclarar, ya con esto termino, que ese instituto o que la sociedad civil debería de estar contando desde afuera y en ese sentido a mí me parece irrazonable que el INEGI sea el que esté manejando las encuestas de victimización.

Yo creo que tienen que ser por fuera, porque ya se probó que el INEGI, en tantos años que lleva con ese sistema no ha podido, y ya se probó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública en tantos años que lleva no han podido.

Entonces, yo creo que es prudente que nos oportunidad a la sociedad civil.

Gracias señor Presidente.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Gracias. Enseguida tiene el uso de la palabra la licenciada Patricia Bugarín Gutiérrez, Coordinadora General del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF.

-LIC. PATRICIA BUGARÍN GUTIÉRREZ: Muchísimas gracias. Señor Presidente.

Gracias a todos los integrantes de la Mesa.

Creo que el día de hoy y luego de dos años de trabajo a partir del Acuerdo, hemos obtenido una lección, una lección importante para todos. El problema de delincuencia y de seguridad no es un problema de policías y ladrones, es un problema cuya solución atañe a toda la sociedad, a las instituciones, a las Cámaras, a los empresarios, a los colegios; es decir, a todos, no podemos dejarlo única y exclusivamente en manos de las instituciones y de las policías. La inseguridad y la solución a esa problemática es de todos.

También es muy importante que no dejemos de lado las lecciones que nos da el pasado. Veíamos en las gráficas que delitos tan graves como el secuestro van a un repunte, la historia la tenemos que analizar y tenemos que observar qué es lo que está pasando.

El fenómeno se está repitiendo y hablamos de un fenómeno que se está dando a 13 años de distancia exactamente igual. Vale la pena sentarse a discutirlo, sentarse a analizarlo porque el incremento de la extorsión, precisamente, tiende a eso. Estamos observando la conformación de nuevas bandas, nuevas formas de llevar a cabo la extorsión, que definitivamente se van a traducir en un mayor número de secuestros. Entonces, vale la pena sentarse a analizarlo ahora.

Hoy, creo que yo, que surgen más y nuevas oportunidades que tenemos todos y todas. Es tiempo de que llevemos a cabo acciones que nos permitan disfrutar de nuestras calles, de nuestras carreteras, de nuestro país con confianza.

Esto necesariamente lleva a reconocer una cultura de corresponsabilidad. El día de hoy me permito a nombre del Consejo Ciudadano felicitar al Presidente por las acciones y propuestas de cambio al marco normativo.

Me parece que son, es el cumplimiento de necesidades que se están dando. Sabemos por experiencia que primero surge el fenómeno delictivo y lamentablemente después, vienen las leyes. Creo que este es el momento oportuno.

Repito, felicito al señor Presidente por las propuestas legislativas, parece que son muy importantes. Ahora le toca al Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo ya hizo su tarea, vamos a ver qué pasa en las cámaras, qué sucede con el apoyo a este cambio normativo.

También sugiero, y respetuosamente propongo, que se dé seguimiento a las propuestas ciudadanas. Tuvimos, durante el año pasado, dos acciones importantes: el Registro Nacional de Celulares, vamos a ver qué sigue en la materia, qué va a pasar ahora con esas acciones, con ese registro; qué se va a hacer con esa información y qué se va llevar a cabo por parte de, no sólo de las instituciones de seguridad, sino de todas las demás instituciones, como es la Secretaría de Comunicaciones. Qué viene en consecuencia.

El análisis de la información sobre delitos no denunciados. Efectivamente, las estadísticas no pueden ser confiables porque se habla sólo de averiguaciones, es decir, de delitos denunciados. Sabemos que la cifra negra, lamentablemente nos acaba de transparentar, y una muestra de ello es que el Consejo Ciudadano lleva dos años, más de dos años, cerca de dos años y medio, en que se abrió un número telefónico para el reporte de las extorsiones y hemos recibido de toda la República, un aproximado de 350 mil llamadas. Esto no es compatible con las cifras que las autoridades nos dan. Sabemos que no hay denuncias. Lo que proponemos ahora es pasar a analizar esa información.

Es importante también, programar acciones conducentes para el combate al delito, como lo es la extorsión y la privación ilegal de la libertad con el apoyo de todas las instituciones, como efectivamente lo mencionaron; no basta con que las asociaciones o las instituciones civiles lo propongan, falta ver qué van a hacer instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los Bancos, las empresas que tienen la información que le puede servir a las instituciones de seguridad para que combatan eficientemente el delito. Y, obviamente, trabajar en la prevención y en la recuperación de espacios que han sido tomados por la delincuencia.

Esa es la propuesta del Consejo Ciudadano y en lo que nosotros podemos apoyar. Creemos que lo importante es, efectivamente, ya a dos años de la protesta, pasemos a las propuestas y pasemos a la acción, respetuosamente.

Muchísimas gracias.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, licenciada.

Enseguida tiene el uso de la palabra Pastor Tomás Torres de Dios, Presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

-PASTOR TOMÁS TORRES DE DIOS: Gracias.

Señor Presidente, muchas gracias por tener el espacio, por segunda vez, en esta Mesa de Trabajo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Quiero mencionar que, en su discurso inicial, usted mencionó algo muy importante en el proceso de un cambio, que es la educación. Creemos que la educación tiene dos vertientes.

La primera. No solamente es la transmisión de conocimientos, sino también la formación del carácter. Y las instituciones educativas del país, tanto oficiales como particulares, considero que tienen una tarea muy importante que hacer a largo plazo en la formación de mejores ciudadanos.

Es por eso que esta mañana yo quiero decirle: el hecho de poner dentro de la lista de posibles soluciones elevar el nivel educativo en el país. La Iglesia Adventista, en sus diferentes universidades que operan en el país, estamos dispuestos a colaborar, en encauzar, no solamente la forma, sino también el fondo de la solución para un México que nos brinde un mejor espacio de seguridad en el futuro.

Gracias, señor Presidente.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Gracias.

Enseguida tiene el uso de la palabra el doctor Ely Camas Pérez, Presidente de la Iglesia del Nazareno en México.

-DR. ELY CAMAS PÉREZ: Gracias, señor Presidente. Gracias, señoras y señores.

Retomando un poco lo que el Pastor Tomás Torres mencionaba, y con respecto a los líderes de educación que hay en esta Mesa de Trabajo, quisiera enfatizar un asunto que creo, que no lo he oído mucho aquí, aunque ya se ha mencionado.

Se habla mucho del hacer. Y cuando hablamos del hacer, hablamos de que los policías deben hacer, los políticos deben hacer, los empresarios deben hacer, y estamos formando una sociedad para hacer.

Pero yo me pregunto y, con todo respeto, les pregunto, también, a ustedes. En ese hacer cuánto trabajamos en el ser del individuo. Creo que este es uno de los grandes problemas.

Tenemos grandes policías o policías tremendamente entrenados o grandemente entrenados para hacer lo mejor de su trabajo, y resulta que esos grandes policías o esas grandes autoridades, ministerios Públicos, jueces, y todo lo demás, para hacer su trabajo que han sido grandemente entrenados para ello, terminan trabajando para la delincuencia organizada.

La pregunta es por qué.

Y yo creo que, de manera muy personal, que la respuesta es porque los entrenamos siempre para hacer, los trabajadores también para hacer, todo es hacer, pero qué con el ser del individuo. Las grandes sociedades, las grandes culturas de nuestra historia, si leemos un poco, vamos encontrando que el gran problema del por cual muchas de ellas desparecieron fue por la falta de valores éticos y la falta de valores morales.

Y si algo tendríamos que hacer en nuestra sociedad sería enfatizar el hacer, como usted bien nos los ha expresado en sus diferentes áreas y con gran excelencia en su presentación, pero también tendríamos que trabajar con el asunto del ser. Si no trabajamos en el asunto del ser del individuo, todo lo que hagamos o lo que tratemos de hacer, no tendrá mucho valor y seguiremos trabajando en futuras generaciones con grandes problemas.

Gracias, señores. Muy amables.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias.

Enseguida tiene el uso de la palabra Monseñor Víctor René Rodríguez Gómez, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano y Obispo Auxiliar de Texcoco.

-MONSEÑOR VÍCTOR RENÉ RODRÍGUEZ GÓMEZ: Muchas gracias, señor Secretario.

Ha quedado muy claro que el problema de la inseguridad en México es sumamente complejo y requiere la participación de todos para caminar hacia la solución.

Es muy laudable la participación de la sociedad civil que aquí se manifiesta, representada desde distintos ángulos. Y creo que ha habido también propuestas muy valiosas en el sentido de caminar hacia la seguridad en la promoción de los distintos valores que animen a nuestra sociedad.

Con la participación de la ciudadanía, hemos recibido propuestas muy valiosas, como, por ejemplo, involucrar las distintas Secretarías de su Gobierno, señor Presidente. Hemos visto también las Mesas de Trabajo que se convocan en los distintos estados para dar seguimiento.

Sabemos también que hay mucho más iniciativas por parte de los distintos niveles de Gobierno, pero también sentimos que hay, como todavía una tarea muy pendiente para poder completar la labor, yo diría heroica que está realizando actualmente el Ejército Nacional y algunos sectores de la policía, sobre todo Federal.

Pero hay tareas pendientes como las reformas estructurales donde nos da la impresión, al pueblo le queda la impresión, de que en las Cámaras hay más preocupación por los intereses de los partidos políticos que un verdadero interés por México.

Creo que en ese sentido, podemos como sociedad civil también pedir una mayor corresponsabilidad de los partidos políticos. También sentimos que nuestro problema no es solamente nacional, sino que tiene que ver mucho con el contexto del mundo en que vivimos.

Y es muy importante seguir buscando la colaboración, la corresponsabilidad con los países vecinos.

En el ámbito internacional sigue haciendo falta lograr acuerdos más equitativos y dentro del desarrollo de nuestro país, también todas las políticas de educación desde los niveles básicos hasta los niveles más sobresalientes, sigue siendo muy importante que caminemos en la misma dirección.

Hacen falta seguramente, reformas también en el sistema educativo, que den seguimiento a todas estas iniciativas tan valiosas de la sociedad civil. Creo que todo esto será posible solamente cuando tengamos también el respaldo, decía, de las reformas estructurales que siguen pendientes en nuestro país y de esta manera los distintos niveles de Gobierno, pero, sobre todo, los tres Poderes de la Unión, harán posible que toda esta iniciativa de la sociedad civil contribuya a la seguridad, a la paz y al progreso que nuestra Patria merece.

Muchas gracias,

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Monseñor.

Enseguida tiene el uso de la palabra el doctor Orlando Camacho, él es Director General y Representante del Sistema de México SOS, Observación para la Seguridad Ciudadana. Tiene el uso de la voz.

-DR. ORLANDO CAMACHO: Buenos días, señor Presidente.

Yo solamente quisiera insistir y voy a ser lo más breve posible, en un aspecto que lo hemos platicado mucho en México SOS con Alejandro Martí, con la gente de la que nos hemos rodeado, y ha sido tema grande a discusión. Y el tema es que a pesar de que estamos trabajando activamente y con mucha fuerza en lo que tiene que ver con mejorar las leyes, en lo que tiene que ver con las reformas constitucionales, en lo que tiene que ver con todo ese apoyo a la estructura seria para tener un marco legal mucho mejor, al final también hemos concluido que no se trata sólo de más y mejores leyes, que no se trata solamente de llevarnos convicciones a nuestros lugares, a nuestros estados, a nuestros municipios, como se ha mencionado aquí.

Me llevo la convicción de, no se trata nada más de eso, no se trata solamente de tenemos que, la palabra que más se ha mencionado aquí es: Tenemos que. No se trata nada más de tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, tenemos que mejorar, tenemos que coordinarnos, tenemos que meter mayor presupuesto.

No se trata, tampoco, solamente de más o mejor información. Claro que es importante. No se trata solamente de analizar o reformar la estrategia de seguridad que se está llevando; no se trata solamente de más recursos.

Yo creo que no, señor Presidente.

Yo creo que se trata ya en este momento de actitud. Se trata de hacerlo vida; se trata de que se vean acciones contundentes e inmediatas, fundamentales, que realmente sean cimiento. Que sean cimiento, porque sin ellos, difícilmente se podrá lograr todo lo que se ha dicho aquí.

Solamente con esos cimientos se podrá avanzar en los puntos manifestados en las nueve sesiones de estos Diálogos por la Seguridad.

Por ejemplo. Cómo y cuándo se van a sentar y se van a coordinador los Gobernadores con sus presidentes municipales; los presidentes municipales con sus gobernadores, con el Ejército, con la seguridad pública, para ver específicamente el plan de acción de su estado y de su municipio.

Cuándo y cómo.

Yo creo que si no tenemos 32 fechas en las que se nos diga cómo ese estado o ese municipio, en concreto, específicamente va a combatir a la delincuencia o a la inseguridad de su municipio o de su estado, me parece que no habremos avanzado mucho.

Si no tenemos esas 32 fechas en donde se sienten a definir concretamente puntos como: cómo elevo la calidad de vida del policía, de mi municipio, de mi estado, o su formación. No creo que vayamos a avanzar mucho.

Si no se sientan estos Gobernadores o estos presidentes municipales para definir cómo y cuándo van a terminar con la corrupción de sus ministerios públicos, yo creo que no vamos a avanzar mucho tampoco. Si no hay una fecha específica para reajustar los funcionamientos de los centros penitenciarios de ese estado, tampoco se va a avanzar mucho.

Yo creo que una gran conclusión de estas mesas sería que no en más, que no pase de una semana, en la que los Gobernadores y los presidentes municipales nos digan ynos dieran públicamente la fecha en la que se van a sentar a coordinarse y a platicar.

Yo creo que también sería importante el que las Cámaras nos den las fechas adecuadas, las fechas exactas en las que van a legislar todas las iniciativas de ley que usted ha propuesto y que la ciudadanía ha propuesto, que hemos dado y que hemos metido, y que están ahí, congeladas o paradas.

Cuándo lo van a hacer. Ojalá en el término de una o dos semanas pudiéramos también tener esa fecha exacta.

Yo creo que también necesitaríamos fechas exactas, de aquí a diciembre, para dar seguimiento con usted, con el Secretario de Gobernación, a los acuerdos que concretamente salgan de aquí, pero con fechas, con acciones exactas.

Mi papá me decía: si quieres algo, quiérelo, pero con hechos. Y esto implica convicción, convencimiento y compromiso. También mi papá un día me dijo que hay una gran diferencia entre la gallina y el cerdo. Dice: la gallina pone, da, genera y entrega; pero el cerdo se compromete, el cerdo da la vida.

Quiénes somos en este momento y hacía dónde queremos ir. Si no hay compromiso, no hay nada.

Gracias, señor Presidente.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Enseguida tiene el uso de la palabra el doctor Luis de la Barreda, Director General del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad.

-DR. LUIS DE LA BARREDA: Me parece importantísimo que el Presidente haya convocado a dialogar a diferentes sectores sociales sobre el tema que más nos preocupa y que más nos lastima
Pero muchas veces las acciones plausibles tienen un riesgo, y uno de los riesgos es que dialoguemos hasta el infinito. Porque, además, psicológicamente nos hace mucha falta desahogarnos, y que en este diálogo nos embauquemos sin que se tomen acciones concretas.

Laura Elena hablaba con entusiasmo de las Mesas de Trabajo, pero esas Mesas de Trabajo pueden ser un mecanismo, si no las manejamos adecuadamente para que se siga hablando, y para que ahí nos desahoguemos, y propongamos cosas, y discurramos, sin que nada de esto incida favorablemente en la realidad.

Y mucho más importante me parece el seguimiento de las acciones que se vayan tomando. Y así como el Presidente ha tenido el valor de convocarnos a estos diálogos, donde hemos podido proponer, criticar, analizar todo lo que hemos querido, sería importante que diéramos seguimiento bajo la convocatoria, también, del Presidente, a las acciones que se vayan tomando y que ahí se nos explicara qué resultados se están logrando, cuáles no se están logrando y por qué.

Le queda a este sexenio un poco más de dos años, es muy poco tiempo para un problema de las dimensiones que estamos enfrentando y para que esto tenga realmente un sentido favorable, que incida favorablemente en la realidad es preciso que nos propongamos medidas muy concretas.

Cuando uno amanece y dice: Hoy voy a ser mejor que ayer y no dice en qué, qué pasos va a dar, que actitudes va a tomar. Es posible que eso se quede en un buen deseo que ya para las 12 del día se haya olvidado o se haya diluido.

Y hay cosas muy concretas que habría que hacer. El doctor Narro dijo, con toda razón, que este es un problema que debe enfrentarse desde muchos flancos y que medidas como la educación, la recreación, la cultura, etcétera, son de primera importancia y sin eso no se puede resolver el problema.

Pero hay medidas muy concretas que se pueden tomar. Cuando decimos que hay que dignificar, que hay que profesionalizar, que hay que depurar a las policías, generalmente no decimos cómo.

El Presidente decía en el primer diálogo al que nos convocó, que, por ejemplo, una medida para empezar a rescatar a las policías del país del estado en que se encuentran era que el policía del menor nivel, espero no estar tergiversando lo que dijo el Presidente, el policía del menor nivel jerárquico en cualquier parte de la República no ganara menos de 10 mil pesos.

Y el Secretario de Seguridad Pública nos explicaba que 10 mil pesos es lo menos que se requiere para una vida decorosa. Y si un porcentaje importante de los policías ganan sólo cuatro mil, los seis mil los sacan de otra parte, de otra parte que puede ser extorsionando al ciudadano, que puede ser aceptando propinas o que puede ser una parte que proporciona el crimen organizado y esto es gravísimo.

Pero como el Presidente no es un Monarca absoluto que pueda mandar sobre todo el país, se requiere el compromiso de los Gobernadores. Y, entonces, como el Presidente no puede obligar a nada a los gobernadores, por supuesto, el espacio para convencerlos, diría para orillarlos, para convencerlos, para persuadirlos, es el Consejo Nacional de Seguridad Pública y que se tome esta medida concreta. Y en qué va a consistir la profesionalización; cuál es la preparación mínima a la que debe someterse un policía o un aspirante a policía; un policía ya en activo o una aspirante a policía.

Tenemos un SIDEPOL muy importante, que no debe quedarse solamente en el ámbito Federal, porque el problema más grave está en algunas de las entidades federativas. Tenemos un problema de coordinación policiaca, y tenemos una Policía Federal que sin ser perfecta, y estando muy lejos de las grandes policías del mundo, es mucho mejor que las policías que teníamos antes.

Esta Policía Federal podría tener una presencia nacional, y esto no requiere ninguna modificación a ninguna ley; una presencia nacional y coordinar a las policías de las diferentes entidades federativas.

Estas medidas concretas, junto con otras. Pero señalo dos:

La supervisión de lo que está haciendo cada agente del Ministerio Público, cada agente del Ministerio Público actúa con una discrecionalidad, verdaderamente escandalosa, que propicie que una averiguación previa pueda tardar todo el Paleolítico en resolverse, y que al final se resuelva mal. Cómo supervisar efectivamente esta actuación. Estas medidas concretas sería importante tomarlas, empezar a tomarlas inmediatamente, y que pudiéramos, sería excelente que siempre reuniéndonos con el Presidente, pero quizá, con el Secretario de Gobernación, con el Secretario de Seguridad Pública, el Presidente no siempre podrá por toda su agenda y viéramos, diéramos seguimiento a qué se está haciendo, qué está fracasando y por qué; y viéramos como enderezar las cosas.

Por último, quiero señalar un tema que es muy importante: las paradojas de la estadística oficial. La estadística oficial nos dice cuántas averiguaciones previas están registradas en una Procuraduría respecto de cierto delito, solamente. La estadística oficial no nos puede dar, por ejemplo, la cifra negra, el porcentaje de delitos no denunciados.

Y entonces, en las muy interesantes cifras que nos ha dado a conocer el licenciado Alcántara, vemos que entidades que en la Encuesta Nacional sobre Inseguridad son las de más alta incidencia delictiva. Aquí aparecen con una incidencia media. Lo que significa que aunque ahí aunque hay muchos delitos, hay pocas denuncias.

Eso explica, en buena parte, la irritación de algunos Gobernadores de que se den las cifras de una encuesta victimológica sólidamente diseñada y sólidamente analizada.

Muchas gracias.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra la licenciada Edna Jaime Treviño, Directora General y Representante de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.

-LIC. EDNA JAIME TREVIÑO: Gracias, muy buenos días.

Señor Presidente.

Yo le debo de hacer un reconocimiento porque hace ya casi tres semanas que iniciamos estos diálogos, yo traía a esta mesa una demanda de información.

Primero. Un tema con la Encuesta de ICESI, y ese mismo día tuvimos una respuesta muy favorable. Y a partir de ese momento, con esta demanda de información, ha tenido reacciones muy positivas.

Y el día de hoy creo que podemos estar atestiguando un cambio de paradigma en la relación entre Gobierno y el ciudadano, y la manera en como fluye la información del Gobierno al ciudadano.

El que se hayan presentado cifras tan duras, de delitos tan graves hayan visto, tengan una tendencia tan pronunciada de incremento, me parece que, y que lo hagan, que nos lo entreguen este día, me parece muy importante.

Yo he visto en estas Mesas de Diálogo, señor Presidente, esa semilla de cambio de paradigma, que ojalá que se llegase a consolidar.

Y a qué me refiero.

Me refiero al tema de transparencia, pero también me refiero al acudir a la sociedad para pedir apoyo para llevar a cabo los cambios que este país necesita.

Sabemos que el arreglo político que tenemos no necesariamente es conducente a las reformas en todos los ámbitos qué tanto se requiere. Y yo creo que esto de convocar a la sociedad, convocar a la sociedad en los temas que van a cambiarlo estructuralmente, es fundamental.

Entonces, esos grandes rasgos me parecen que pueden ser el cimiento de un cambio de paradigma, que sería muy necesario, señor Presidente. Por eso es tan importantes las siguientes acciones. Si vemos que se camina en esa dirección, entonces, estaremos confirmándolo y será un gran legado de su Administración.

-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Enseguida tiene el uso de la palabra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa.

| Discurso
Gracias.

En primer lugar. Quiero agradecer nuevamente a todas y a todos ustedes por su participación.

Éste es un ejercicio insuficiente, pero muy necesario. Es insuficiente porque, como ustedes han señalado y, evidentemente, coincido, lo que se requiere, además, y más que los diálogos y las reflexiones, son las acciones.

Pero a mí me parece que era muy importante, y lo sigue siendo, hacer un alto en el camino y entender que muchas de nuestras acciones no están acompañadas con los resultados esperados. Eso es evidente. Y que sí necesitamos, como también es evidente, rectificar y corregir el actuar, particularmente de los gobiernos, en general, del Gobierno Federal; en particular, de los gobiernos estatales, de los poderes públicos, sí es muy importante la reflexión y sí es imprescindible la visión de los ciudadanos.

Hemos tratado de recoger todas las participaciones, los cuestionamientos, las propuestas que se han hecho a lo largo de los Diálogos por la Seguridad. Hemos sistematizado, como algunos de ustedes saben, a través de la Secretaría de Gobernación y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información. Y el paso siguiente es, precisamente, el de trabajar en la concreción de compromisos, propuestas y correcciones que deben hacerse.

He recogido, también, aquí, en la medida de que me ha sido posible, lo que han planteado ustedes en algunos temas generales y conclusiones, con los cuales, desde luego, estoy de acuerdo.

El documento, los documentos que nos han hecho llegar son claros a ese respecto y sólo haré mención a algunas de las cuestiones esenciales que se han planteado, en las cuales estamos de acuerdo y bordando, quizá, con algún comentario, algunas cuestiones que considero que pueden ser de utilidad.

Primero. Comparto el tema de que se requiere una visión integral y de largo plazo sobre el tema de la seguridad pública, y me parece que esa visión integral y de largo plazo no es, ni puede ya limitarse, incluso, al periodo de esta Administración Federal, sino que necesariamente tiene que construirse mucho más allá.

Por supuesto, que coincido con el doctor De la Barreda, que quedan dos años, tres meses y cinco días para esta Administración, que puede ser un tiempo breve para algunos y muy amplio, a mi juicio, también, para otros.

Yo creo que hay mucho qué hacer y se puede hacer muchísimo si, verdaderamente, queremos aprovechar el tiempo. Yo les aseguro que yo quiero aprovechar el tiempo, y de ninguna manera pienso administrar simplemente el tercer tercio de mi Administración.

Quiero dejar claramente establecido, por lo menos, los cimientos de un nuevo sistema de seguridad y de justicia, a sabiendas, lo he dicho y lo reitero, que es de tal tamaño y de tal dimensión el desafío que tenemos enfrente, que sería irresponsable decir que esto tiene soluciones de corto plazo. No tiene soluciones de corto plazo.

Tiene solución. Sí. Y esa es la noticia y ese es el tema, y ese es el objetivo en el que queremos concentrarnos. Sí tiene solución, pero si ésta ha de ser verdadera, ha de ser de largo plazo.

Y si algo debemos hacer es concentrarnos en establecer bases claras, firmes y sostenidas, para que este problema se corrija de raíz, y se corrija de manera definitiva.

Es difícil decirlo para un Presidente de la República, pero si queremos asegurarle a los mexicanos que vienen un mejor futuro y un México seguro mañana, tenemos que pagar los costos hoy, que implica, precisamente, cambiar lo que evidentemente está fallando en México, y que es el tema de la seguridad.

Por eso, debe traducirse lo que hacemos, los principios que debemos postular. Las premisas, las tendencias, las estrategias, tienen que plantearse no en el contexto de una respuesta unilateral, limitada, parcial del Gobierno y de un Gobierno, sino que deben plantearse en el entorno de una visión de Estado, que no está constituido el Estado sólo por el Gobierno, o sólo por un Gobierno de un nivel, el Federal, sino por los gobiernos Federal, estatal, municipal, y por los poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y el Estado, además, no está constituido sólo por los Poderes, sino que el Estado es la conjunción de territorio, de sociedad y de Gobierno.

De ahí, que política de Estado deba marcar, precisamente, estrategia general compartida por todos los que integramos el Estado, políticas públicas obligatorias para los gobiernos y los poderes y, también, cada quien en el marco de sus posibilidades, tareas qué hacer, que todos tenemos mucho que aportar, en el entendido de que los compromisos del Gobierno son irrenunciables, y de que sé perfectamente que no les podemos trasladar a los ciudadanos la carga que nos compete.

Y de manera exclusiva, además, como se ha señalado aquí, por el Presidente de la CONAGO, tareas que son exclusivas, como el monopolio de la fuerza al Estado.

Asumo el compromiso, que ustedes han señalado, de transparencia, que ha sido, me parece, lo que más insistentemente exigen los ciudadanos, además de resultados.

Como ustedes lo han señalado, transparencia en la información y en la evaluación de los resultados, de manera continua y con la participación de la sociedad. Sí nos ha faltado esa transparencia.

Y la instrucción que he dado al Gobierno Federal, a sus dependencias, es: de ahora en adelante transparentar y dar, no sólo tal y como recibimos, por supuesto, pero, sobre todo, acordes a una metodología, y a una norma procedimental, que permita que la información que se dé, sea útil.

Y más allá de la información general que hemos recibido hoy, cruda, dura, difícil para todos, necesitamos información cada vez más detallada, información cada vez más puntual, información cada vez más sistematizable.

Y no sólo, digamos, la expectativa y los datos por estado sino, incluso, tenemos que verlo a nivel, por ciudades, y por zonas y por puntualización geográfica. Y no sólo la estadística numérica y fría acerca de las víctimas o los homicidios, o los homicidas, o los fallecidos, sino también datos que nos arrojen luz acerca de lo que podemos hacer; de las edades de las víctimas; de su condición social, por ejemplo; del modus operandi de los criminales, y otros. Ese es el compromiso del Gobierno.

Y no se trata, créanmelo, simplemente de acceder a una demanda ciudadana o de evitar algún tipo de presión social, sino que nosotros mismos, en el Gobierno, también necesitamos claridad acerca del fenómeno que estamos combatiendo.

A lo largo de estas semanas, por ejemplo, he observado y me he dado cuenta de que es tal la intensidad de la problemática que vemos, es tal la exigencia de la coyuntura que tenemos, que muchas veces eso demanda todos nuestros esfuerzos, ocupa toda nuestra atención y eso, muchas veces, nos impide ver con mucho más profundidad y trascendencia lo que debemos de hacer.

Las coyunturas de esta semana, el homicidio bárbaro, insisto, de migrantes, fundamentalmente, las del mismo día de hoy, la explosión de carros-bomba, digamos, en Tamaulipas; el homicidio del Ministerio Público que había tenido el primer conocimiento de estos datos respecto de los migrantes, por ejemplo. Tan sólo esos fenómenos de coyuntura ocupan de tal manera la atención, la energía, la preocupación del Gobierno, que muchas veces eso impide, precisamente, hacer un ejercicio simultáneamente de largo plazo, de visión más amplia y de integralidad, que sólo lo podremos hacer si tenemos su ayuda, su apoyo y su exigencia, como ciudadanos y organizaciones.

Comparto también, y como ustedes lo han dicho y lo hemos también sostenido, que la transparencia en el diagnóstico, no sólo del Gobierno Federal y los estatales, debe actualizarse periódicamente y que el combate a la delincuencia y su situación actual es una tarea que, algo que ha quedado bien claro también en los Diálogos, es una tarea de corresponsabilidad. Y qué bueno que tanto en el nivel estatal, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, como en el nivel municipal a través de quien representa a los Alcaldes, se ha asumido como una tarea de corresponsabilidad. Y, desde luego, el Gobierno Federal asume, refrenda su responsabilidad en este tema.

Comparto también las acciones que han identificado como prioritarias. Uno, indispensable, es la creación de los Observatorios Ciudadanos. Éste también era un compromiso de hace dos años, que hay que cumplir. Y hay que cumplirlo, además, no sólo porque es un derecho de los ciudadanos, sino porque es una tarea indispensable para que los acuerdos se cumplan.

Otra reflexión que quiero compartir con ustedes, es que entre quienes gobernamos, indistintamente del partido político al que pertenezcamos, los incentivos, más bien, no pueden ser los más fuertes en términos de cumplimiento, como lo son, o lo son, pero no son tan fuertes como los incentivos que mueven a los ciudadanos.

Y por qué.

Porque los ciudadanos son los que están sufriendo más la situación, y quienes tienen más incentivos o más poderosos para que esto se corrija. Los gobernantes, quizá, los legisladores o los jueces, quizá, tenemos los mismos incentivos, pero con mucho menor intensidad, y quizá vamos generando, a querer o no, de manera deliberada o inconsciente, resistencias, temores a la propia presión ciudadana, que llevan a lo que muchos de ustedes decían, a que las cifras, muchas veces, se busca que o no se conozcan, o simplemente se presenten parcialmente.

Creo que en la medida en que ustedes estén, en que estemos juntos ciudadanos y Gobierno, vamos a poder avanzar. Pero sí quiero dejar muy en claro que, independientemente de esa variante en los incentivos, nos mueve el mismo propósito, que es la seguridad. Créanme que nosotros no ganamos absolutamente nada en no resolver este problema. Es el más lacerante para los mexicanos, es el que más preocupa al país.

La paradoja es que en otros temas, por ejemplo, puede haber avances, puede haber resultados; puede haber incipientes logros en materia económica, en política social, pero mientras este tema siga gravitando tan pesadamente en la vida ordinaria de los ciudadanos, el país no va a avanzar con la fuerza de su enorme potencialidad.

También coincido en las características que ustedes reclaman para que los Observatorios funcionen, y que es, precisamente, el regular normas mínimas para la información, cómo debe presentarse esta información.

Que se establezcan, si es necesario, normas oficiales que la regulen y vamos a trabajar. De hecho, he dado instrucciones ya al Gabinete del Ejecutivo para trabajar en ello.

Hay un segundo punto de acciones prioritarias en las que coincido totalmente. Y es el énfasis que debemos de poner en la reducción de la violencia y de los delitos que más agravian al ciudadano, como el secuestro, el homicidio y la extorsión.

Y aquí quiero hacer también algunas puntualizaciones.

Por parte del Gobierno Federal, tengan la certeza de que tomamos puntualmente esta exigencia, y vamos a concentrar la fuerza pública Federal en aquellos lugares donde se registre una mayor incidencia de violencia o de hechos violentos, en particular los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, con objeto de detener esta espiral.

Sin embargo, haría dos puntualizaciones muy importantes a este respecto:

Como ha dicho con mucha certeza el Rector de la Universidad, el doctor Narro. El puro uso de la fuerza, no resuelve el problema. Pero sin el uso de la fuerza no es posible resolver el problema. Esa es la verdad.

Yo soy consciente de que si no existe una política social intensificada o acelerada, a como dijo él, sería impensable que pudiera resolverse este tema.

Aquí, déjenme hacer un paréntesis, por una nota muy importante que me pasa el Secretario de Gobernación, porque acabo de dar un dato que me habían pasado de manera imprecisa. Hace rato había señalado que había fallecido el Ministerio Público que tomó, en primer lugar, datos de esta investigación. Me informa el Secretario de Gobernación que el Procurador del Estado de Tamaulipas acaba de informar, hace unos minutos, que el Ministerio Público de estos homicidios, ciertamente está desaparecido, pero no se reporta información acerca de su fallecimiento. Entonces, rectifico de inmediato este tema y, obviamente, estamos investigando al límite de nuestros recursos este delicado asunto.

Continúo. Vuelvo al tema. Sí, el uso de la fuerza por sí misma no resuelve la problemática, pero sin el uso de la fuerza no es posible resolverlo. Y coincidiría yo con el señor Gallo, en el sentido de, qué más quisiéramos nosotros de que pudiéramos combatir los delitos de una manera que minimice la violencia.

Sin embargo, debo decir que en estas dos vertientes, yo veo dos vertientes. Uno. Es la violencia criminal asociada, sobre todo, a la delincuencia organizada y la criminalidad creciente, orientada a los delitos del orden común, básicamente extorsión y secuestro, y homicidio, digamos, común.

En el caso de la violencia asociada con la criminalidad organizada, deseando, desde luego, que podamos minimizar esa violencia en el corto plazo, veo muy difícil que podamos asegurar que la violencia en el corto plazo pueda reducirse.

Es más. Mi temor es que probablemente, la mayor probabilidad es que tienda, incluso, a incrementarse en el muy corto plazo. Por qué razón. Porque si es cierto que gran parte de esta violencia o estos homicidios violentos están asociados a una grave confrontación entre bandas criminales, es muy probable que ese proceso se exacerbe, porque se van acumulando agravios, revanchas, rencillas. Y eso forma parte de una espiral que sólo puede detenerse por dos vías, o por una combinación de dos vías.

O por una parte, que este proceso lleva, como ocurrió en otros países, como Colombia, a un grave deterioro de las propias bandas criminales, o porque la acción del Gobierno logra someter este campo de batalla de las bandas criminales con una fuerza superior que es la del Estado; o porque se combinan estas dos acciones. Pero en ambos casos supone un proceso intensificado de violencia, que a mi juicio es en el que estamos asistiendo.

Algún especialista, también, que concurrió a estos Diálogos por la Seguridad, Joaquín Villalobos, que fue un importante comandante de la guerrilla salvadoreña en su tiempo y que, independientemente del tránsito que él ha hecho hacia vías pacíficas y democráticas, ha sido, también, un estudioso de los temas de seguridad, comentaba en un artículo muy relevante, en la Revista Nexos, de enero, que esta confrontación entre bandas, independientemente del grado de afectación que genera en la estructura social, en el lugar donde se realiza, porque estas bandas tienden en su conflagración a afectar a la sociedad, a agraviarla, a involucrarla, desde luego, en su problemática, también forma parte de un proceso de destrucción o autodestrucción de las bandas criminales, que los lleva, finalmente, a un proceso de debilitamiento.

Y tiene cierta lógica. Es decir, las bandas criminales, en teoría, pudieran estar mucho más cómodas, y aprovechando mucho más las ganancias de sus actividades criminales, en ausencia de este proceso.

Pero el sólo concentrar tiempo, recursos, energía, atención, sicarios, armas, dinero para el proceso de conflagración, las lleva a un proceso de deterioro.

A mí me queda claro que ese proceso ocurre. Lo que no queda claro es cuál es su duración. Y mientras dure ese proceso, lleva a un proceso de deterioro aún mayor en términos de violencia, que es lo que estamos presenciando en algunas zonas del país, me refiero concretamente a Tamaulipas y Nuevo León. Habrá que estar atentos a cuáles sean los límites que presente, precisamente, ese proceso de deterioro.

Por ejemplo. Antes, las bandas criminales actuaban con toda impunidad; impunidad cínica, diría yo. Y esa impunidad cínica va retrocediendo, precisamente, frente al choque que tienen contra otras bandas y contra la acción del Estado.

Antes decíamos que podían simplemente llegar a las distribuidoras de automóviles, y comprar los vehículos más lujosos, y pasearse, simplemente, con ellos en cualquier parte.

El estado de conflagración los lleva, incluso, a tener acciones hostiles sobre la sociedad, de robos, de asalto con violencia en las carreteras, por una acción urgente y con cierta desesperación, de poder reclutar vehículos que les van siendo decomisados o anulados.

O bien, la sustitución y reemplazo de sus propios sicarios. Antes las bandas, por ejemplo, podían darse la facilidad de reclutar, incluso, muchos miembros de las instituciones públicas; pienso, por ejemplo, en policías judiciales experimentados, mayores, con alto rango jerárquico. Y, sin embargo, este proceso de deterioro y de destrucción los lleva a tener que reemplazar cada vez más rápidamente sus propios sicarios, si se captura a jefes de plaza tienen que reemplazarlos, pero van deteriorando los reemplazos en personajes cada vez con menor perfil, también con menos escrúpulos, desgraciadamente, con menor experiencia.

En lugar de reemplazar, por ejemplo, sus fuerzas de choque con policías experimentados, por ejemplo, los van reemplazando cada vez con jóvenes, incluso, de menor edad. O bien, los lleva hasta un momento en que les es de tal manera difícil el reemplazo en el sicariato, que los lleva a cometer actos de barbarie, como el que acabamos de ver esta semana.

Para mí, hay dos cosas que, aparte de la indignación y el coraje, que me dio este hecho, me llamaron la atención:

Uno. Que, por una parte, una de las versiones del testigo es que se trató de un proceso de intento de reclutamiento, lo cual refleja probablemente, en una hipótesis, la existencia de ciertos límites en ese proceso de renovación, que no puede ser infinito.

Y dos. La edad, por desgracia, de los agresores. Tres de ellos, como ustedes saben, fueron abatidos en el enfrentamiento con la Marina, tres de los culpables. Un marino, por desgracia, también falleció. Y uno de ellos, que fue capturado, es un menor de edad, de 16 años.

Lo cual nos refleja, precisamente, ese proceso, por un lado, de deterioro y la urgente necesidad del Estado de actuar con políticas en favor de los jóvenes; pero también, precisamente, límites en el proceso de reclutamiento de las propias bandas.

Pero, vuelvo a mi punto. Si el Estado no actuara en el uso legítimo de la fuerza pública para combatir este fenómeno, difícilmente es pensable que eso reduzca la violencia. Es decir, tiene que usar la fuerza pública para combatir a estos criminales, que están actuando en las calles, en las carreteras, sin ningún límite moral y sin ningún escrúpulo.

Y la única manera de detenerlos es a través del uso de la fuerza pública, que va necesariamente a traer, por lo menos en el corto plazo, también violencia.

Hoy hemos registrado, este año, por ejemplo, en enfrentamientos entre grupos criminales que se encuentran en la carretera, por ejemplo, con el Ejército, o con la Marina, o con la Policía Federal, o en las calles, incluso, de las ciudades, hemos registrado en promedio más de un enfrentamiento diario, con bajas sensibles, ciertamente, de las Fuerzas Federales, pero también y principalmente en una escala mucho mayor, de los propios criminales.

Entonces, cierro mi punto. Comparto el propósito de que podamos encontrar la manera de reducir esta criminalidad minimizando la violencia. Pero en el corto plazo, hay que admitirlo, es esperable que haya permanencia de la violencia e incluso una intensificación, que posteriormente debe tender a reducirse drásticamente, en la medida en que, por un lado se deteriora la capacidad de reclutamiento y crecimiento, y de fuerza de las organizaciones criminales. Y por otra, el Estado, fortaleciéndose constantemente, que es la estrategia adecuada, toma control y somete y hace suyo, digamos, el dominio de esos campos de batalla.

Y el otro tema es, que ha quedado claro aquí y preocupa, a mi juicio, mucho más a muchos ciudadanos. Es el crecimiento de los delitos comunes. Es el crecimiento exorbitante, pienso, del secuestro, y la extorsión. Y por eso, creo y propongo y aprovecho aquí la presencia y el interés del Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y del Presidente de la Conferencia de Seguridad Municipal, el que nos concentremos todos los gobiernos en reducir los índices de secuestro y de extorsión.

Claro que tenemos que combatir al crimen en todas sus expresiones, pero concentrémonos en eso nuevamente. Y pido a la sociedad civil, aquí presente, que nos ayude, por ejemplo, acompañándonos a verificar qué está pasando en esos lugares donde, sea a través de las cifras oficiales, o sea a través de la cifra negra que, coincido, debemos seguir recolectando a través de un ejercicio estadístico y de otros medios, sepamos qué está pasando en esos lugares; es decir, si hay, por ejemplo, unidades especializadas contra el secuestro, cómo es que están integradas y qué es lo que está ocurriendo que no funcionan, precisamente, los mecanismos establecidos.

Y creo que sí podemos abatir el secuestro. De hecho, después del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, abatimos considerablemente los datos de secuestro, Pero éstos han repuntado. Por qué razón. Investiguémoslo y comprometámonos los Gobiernos: Federal, estatal y municipal, a una política específica y urgente de reducir secuestro y extorsión en el país.

Coincido en que hay lastres que tiene el país y que si no resolvemos, tampoco podremos resolver el problema de la seguridad: la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la pérdida de valores, la impunidad, la corrupción.

Por eso, coincido en que tiene que haber una política, un rescate social intensificado, como dijo el señor Rector, que nos permita una mejoría permanente, que no será, otra vez, en el corto plazo.

Es decir, la violencia que estamos registrando en varias partes del país, en Durango, en Nuevo León, en Tamaulipas, sí podrá erradicarse en el largo plazo, con una política social muy intensa; o en Ciudad Juárez. Pero esa política social, también entendámoslo, no rendirá frutos en el corto plazo.

Es decir, tendrán que venir varias generaciones de muchachos que sí pudieron ir a la escuela, que sí pudieron ir a la universidad, que sí pudieron encontrar trabajo, antes de ver, y para eso transcurrirá tiempo, por lo menos lo que dura su educación, antes de ver que eso se traduzca en una reducción inmediata de violencia.

Pero, tan es cierto que el mero uso de la fuerza no resuelve el problema, pero que sin él no se puede resolver, como que el mero establecimiento de una política social no resuelve el problema, pero que sin ella tampoco se podrá resolver.

Tomo, desde luego, la sugerencia de crear centros de investigación y docencia en materia de seguridad. Es una buena propuesta, como lo es la que formuló algún Alcalde, precisamente el Alcalde de Chihuahua, hace unos días, de hacer toda una carrera profesional en materia de formación policiaca, sustituir los cursos de meses por carreras completas de tres, cuatro o cinco años, para hacer un oficial de policía, que, naturalmente, tiene que ser complementada con una remuneración verdaderamente profesional a quien pueda cursar eso.

Coincido también y le pido, además, a las organizaciones civiles, a la señora Wallace, a México Unido Contra la Delincuencia, a todos, que me ayuden a reforzar, si es necesario a través de una iniciativa de ley, el papel de las víctimas en los procesos penales.

Coincido yo. El llamado impulso procesal, como llaman los abogados, no estará presente, mientras no esté presente el interés del afectado, que es la víctima. El impulso procesal es fundamental. Choca con ciertas premisas que tenemos los abogados; por ejemplo, la sacralidad, digamos, del monopolio de la acción penal, que ha sido un principio, no sé cómo llamarle apropiadamente, puesto, troquelado, inoculado, digamos, en el criterio jurídico, pero que es un principio que debemos cuestionar.

La verdad es que sí debe ser el Ministerio Público el principal responsable. Pero si no le damos fuerza legal a quien resultó afectado, difícilmente le podremos dar celeridad, por ejemplo, a los procesos penales en delitos comunes.

Decía el doctor De la Barreda, también, que nos propongamos cosas muy concretas y muy medibles. Coincido. Me parece que, por ejemplo, esto que: démonos una fecha para verificar el funcionamiento de las Unidades Antisecuestro que existen en el país; una especie de auditoría, que nosotros trataremos de hacerlo, pero la verdad es que si no hay la presencia crítica y exigente de la sociedad civil, no va a funcionar eso. Esa es la verdad.

Porque nosotros nos reportamos unas cosas, el Secretario me reporta una, o los estados pueden decir: aquí sí ya funciona, funciona muy bien. Sí. No tengo otro elemento, además, como bien dijo el propio doctor De la Barreda, éste es un sistema Federal, no es un sistema central, como puede ser, no sé, muchos países donde el Director de la Policía Nacional, por ejemplo, de Colombia, sí puede exigir cuentas a un subordinado en una entidad y removerlo. Aquí es, todo depende del grado de colaboración que haya.

Por eso, si colaboramos todos, y coincido con el Consejo de Seguridad Publica, es la instancia adecuada, establezcamos eso, pero ayúdennos a presionarnos, ayúdennos a supervisarnos ustedes.

Y finalmente. Creo que algo muy concreto y medible también puede ser el avance en el fortalecimiento institucional.

Insisto. Cuánto tiempo va a durar esta problemática. Es difícil preverlo, pero sí puedo asegurar que el día en que tengamos policías estatales, o a nivel estatal, confiables, fuertes, bien equipadas, bien pagadas, ese día le estaremos dando la vuelta al problema, tanto de la delincuencia organizada, como los de la delincuencia común.

Entonces. La pregunta que debemos hacernos no es sólo, o quizá, no es tanto cuánto va a durar el problema de la inseguridad, sino cuánto tiempo nos vamos a tardar en tener esas policías. Y como bien se ha dicho aquí, ya nos tardamos muchísimo tiempo, por lo menos dos años desde que comprometimos a tenerlas, en el Acuerdo.

En síntesis, amigas y amigos. Reitero lo que dije al principio. Esto no es un punto final, sino apenas un principio renovado de lo que debemos hacer.

Habrá mesas de trabajo, efectivamente, de cada uno de los ejes generales: de fortalecimiento institucional, de política social, de transparencia, información y participación ciudadana, y de corresponsabilidad sobre este tema. Sí.

Pero coincido, también, con lo que dijo el doctor De la Barreda, que no se trasformen simplemente en mecanismos de desahogo sobre un tema en el que estamos todos preocupados.

Yo les propongo, incluso, algo muy concreto. Que esas mesas se concentren en darnos un calendario específico, deseable, con fechas específicas, con plazos concretos sobre lo que tenemos que hacer.

Y que ese calendario, yo ofrezco, aunque está previsto que esta modalidad del Diálogo por la Seguridad terminara aquí, para dar paso al Diálogo por los Estados, yo ofrezco que establezcamos esta Mesa como permanente, que periódicamente, una vez que ustedes nos elaboren, o elaboremos juntos, Gobierno y sociedad, un plazo, o plazos concretos para cada acción que hay que tomar, antes de que se cumpla cada fecha de esos plazos, nos reunamos para ver cómo van las cosas, y veamos si se van cumpliendo o no.

Dos años después del Acuerdo, me queda claro que si algo falló, fue que no establecimos un proceso de seguimiento adecuado para esos acuerdos.

Si nos hubiésemos reunido cada mes, por ejemplo, para decir: este mes se vence este compromiso; este mes se vence este compromiso de este estado o de este poder, o esta iniciativa de ley, quizá, otra hubiera sido la resultante.

Aún así, pienso que estamos a tiempo, muy a tiempo de poder darle al país el rumbo que necesita en materia de seguridad. Es lamentable lo que estamos viviendo. Me duele tanto como a cualquier persona. No tanto como, quizá, a las víctimas, a sus deudos, pero sí más, digamos, en el rol y la responsabilidad que tengo como Presidente de la República.

Pero también, en ese carácter, les digo, que estamos a tiempo de actuar, de darle la vuelta, de cambiar, precisamente, la suerte del país. Sí se puede hacerlo. Y ese mensaje lo debemos dar a los ciudadanos: Sí se puede corregir el problema de la seguridad. Que no será fácil y que no será rápido, y que nos va a costar mucho, pero sí se puede. Y ahí está la clave de la esperanza, que el país urge y necesita.

Y, precisamente, en la esperanza está el secreto de la voluntad, esa voluntad que se hace necesaria para darle solución a este tema que nos duele profundamente a los mexicanos.

Sin la sociedad civil no se podrá hacer. Sin la voz y la exigencia de los ciudadanos que sufren este problema, no será posible avanzar a la velocidad que se necesita.

Por eso, les agradezco mucho su participación y les pido, respetuosamente, que sigamos la tarea que nos hemos puesto adelante. De trabajar en esas mesas para establecer plazos concretos y métodos de seguimiento, y de trabajar en los Diálogos por la Seguridad en todas y cada una de las entidades federativas, para que este esfuerzo de corresponsabilidad rinda los frutos que todos estamos esperando.

Les agradezco, nuevamente, su participación y su atención.