16 jul. 2010

Lavado de dinero

La estructura financiera del narco, intocada
Ricardo Ravelo
Revista Proceso# 1758, 11 de julio de 2010;
Para el investigador Edgardo Buscaglia, es “inaudito” que las instituciones responsables del combate al crimen organizado carezcan de instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras de los cárteles de la droga; máxime que, sostiene, casi el ochenta por ciento de los sectores económicos del país están infiltrados por el narco. En estas condiciones, afirma el asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, el gobierno de Felipe Calderón no tiene con qué sostener, con posibilidades reales de éxito, el combate al narcotráfico.
Los cárteles de la droga y sus redes patrimoniales y financieras, que son base de su expansión y su capacidad de respuesta frente a los embates del gobierno federal, permanecen intocadas, y mientras no se destruyan las cadenas de testaferros y complicidades entre políticos y capos, “la guerra contra el narcotráfico puede darse por perdida desde este momento”.
Quien sustenta esta tesis es Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El también catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU puntualiza: El gobierno de Felipe Calderón no se preparó para enfrentar la guerra contra el narcotráfico. Y considera inaudito que las instituciones responsables del combate criminal no cuenten con instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras extendidas dentro y fuera de México.
Esa es la razón, explica el investigador, de que más de la mitad de los casi 2 mil municipios del país estén “completamente feudalizados” por el crimen organizado y de que sus figuras simbólicas –Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Eduardo Costilla, El Coss, entre otros– ejerzan no sólo el poder criminal, sino que hayan construido andamiajes muy sólidos para que sus cómplices se posicionen en las estructuras del poder político y empresarial del país.
Especialista en el estudio del crimen organizado a escala internacional, Buscaglia señala que la banca mexicana está infiltrada por el dinero de la delincuencia y es cómplice de los grupos delincuenciales “por omisión”; el motivo: no cumple con las recomendaciones del Grupo Financiero Internacional (Gafi) para prevenir el lavado de dinero, ni utiliza el instrumental técnico y legal del que dispone para impedir que el dinero sucio circule por las arterias del sistema financiero”, pues en muchos casos –dice Buscaglia– los banqueros argumentan que estas medidas les elevan los costos de operación.
–¿La pasividad de la banca mexicana para actuar en materia de lavado de dinero y otros delitos financieros se traduce entonces en una abierta complicidad? –se le inquiere.
–El sector financiero debe transformarse en un partícipe activo que apoye al gobierno federal. Lamentablemente no vemos este apoyo operativo hasta hoy. Lo veo paralizado, pasivo, se arrastra de los pies. Debería de haber mucho más activismo en ese sentido.
Explica: “Cuando por omisión o porque estás arrastrando los pies no estás implementando las mejores prácticas internacionales que la banca de la Unión Europea está aplicando de manera efectiva, pues no hay duda de que (quiérase o no) se está siendo cómplice de una situación catastrófica de delincuencia organizada y de corrupción política que le cuesta al país miles de muertos al año y deriva en una ingobernabilidad que ya parece irreversible”.
A poco más de tres años y medio de que el presidente Felipe Calderón lanzó su cruzada contra el narcotráfico, es evidente que la política criminal del régimen carece de instrumentos eficaces para desarticular los esquemas financieros del crimen organizado. Según Buscaglia, esta tarea es muy importante porque se trata de “quitarle el dinero a los narcos” para descapitalizarlos y vencerlos. Pero “eso no se ha hecho, por desgracia”, afirma.
En consecuencia, reitera, los cárteles de la droga se desplazan impunes por todo el territorio nacional, desde Tijuana hasta Quintana Roo; incluso en Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia y África. Por todos lados corre el dinero sucio de las drogas, y muchas de esas fortunas están en manos de políticos, empresarios y de una red de testaferros que, dice Buscaglia, “son actores intocados en México”.
Políticas fallidas
Cuando se le pregunta si el gobierno federal cuenta con instrumentos para investigar las redes patrimoniales y financieras de las organizaciones criminales, Buscaglia afirma: “Sí los hay, pero no se utilizan en forma adecuada.”
Y se explaya: “Ahí están los registros públicos de la propiedad mercantil, que contienen una mina de oro donde se puede comenzar a implementar lo que se llama una ‘minería de datos’ para poder vincular patrimonios con testaferros, patrimonios con personajes políticos o accionistas que están ligados a la delincuencia organizada.”
Dice Buscaglia que lo grave de todo es que el gobierno ni siquiera ha comenzado a recabar esa información para analizarla y así respaldar la Ley de Extinción de Dominio, aprobada por el Senado de la República el 2 de abril de 2009.
Además, insiste, esa ley, básica para despojar al narcotráfico de sus bienes y mermar su fuerza, carece de un instrumento clave: el insumo de la información sobre los personajes que administran, desde la política o desde el sector empresarial, el patrimonio de la delincuencia.
Para explicar cómo funciona una Ley de Extinción de Dominio en forma eficaz el especialista alude al caso colombiano, tan exitoso como cuestionado. En la década pasada ese país, como ocurre ahora en México, fue devorado por el narcotráfico; incluso la campaña de un candidato a la presidencia, Ernesto Samper, fue financiada por el cártel de Cali, según denunció el periodista Alberto Giraldo en su libro Mi verdad (Planeta 2005).
El reportero, ya fallecido, fue amigo y publirrelacionista de los hermanos Rodríguez Orejuela. Dice en su texto: “Desde 1979 los hermanos Rodríguez, con el apoyo financiero de (sus socios) José Santa Cruz Londoño y Hélmer Herrera participaron financieramente en las elecciones presidenciales”.
Buscaglia sostiene que, a diferencia de México –donde la Ley de Extinción de Dominio carece de respaldos informativos–, en Colombia los fiscales tenían el mapa patrimonial y criminal cuando decidieron enderezar una causa penal.
“Cuando el fiscal quiere impulsar una causa penal en contra de una persona, le solicita a las unidades de inteligencia o le solicita (a lo que en México sería la Secretaría de Hacienda) los insumos del mapa patrimonial para que se puedan seguir líneas de investigación que vayan más allá de la persona física que están deteniendo”, explica el investigador.
–¿Se actúa de oficio? –le pregunta el reportero.
–Lo más interesante es que en Colombia la Ley de Extinción de Dominio no es un instrumento reactivo, sino proactivo: se actúa de oficio para poder desmantelar el mapa patrimonial, el cual debe ser delineado previamente al impulso de la causa penal.
“En México, por el contrario, no hay mapas patrimoniales o no se quiere investigar al respecto. Esa ley tiene sus ventajas porque las investigaciones se pueden encauzar incluso por la vía no penal y se le baja la carga de la prueba al Estado. Pero insisto: en México esos mapas (financieros y patrimoniales del narcotráfico o de la delincuencia en general) todavía no están delineados.”
Estudioso del fenómeno de la delincuencia en 150 países, Buscaglia sostiene: “Un insumo para apoyar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio es precisamente intervenir el Registro Público de la Propiedad, sacar escrituras, analizar la información que existe. Ese trabajo debe hacerse en cada una de las entidades para identificar el mapa patrimonial y criminal que obviamente se extiende mucho más allá del país.”

Y añade: “Honduras y Guatemala tendrían que hacer lo mismo, para después cruzar información a nivel regional. El poder de la delincuencia organizada mexicana llega a esos países, a pesar de la supuesta guerra, y más allá de esos territorios. Sin embargo, es muy importante comenzar por casa e identificar ese mapa patrimonial en la economía legal.”
Dice Buscaglia que esta labor serviría para neutralizar la corrupción que existe tanto en el Distrito Federal como en los estados: “Lo ideal sería una colaboración operativa entre la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como entre las unidades de investigación patrimonial del Distrito Federal (que existen desde hace dos años) y la PGR.”
Sostiene que es difícil saber a cuánto ascienden las ganancias anuales generadas por el tráfico de drogas, pero, con base en la información que posee sobre el modus operandi de los cárteles, él calcula que el 78% de los sectores económicos del país están infiltrados.
Por eso lamenta que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) “caricaturice” a la delincuencia organizada y la considere una actividad ilegal dedicada exclusivamente al narcotráfico.
Según Buscaglia, a las fuentes de ingreso de los grupos criminales se suman actividades delictivas como la trata de blancas y la piratería, que generan altas sumas de dinero.
Una propuesta
Edgardo Buscaglia refiere que la información publicada en marzo de 2009 pasado por la revista Forbes sobre la fortuna de El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, calculada en mil millones de dólares, fue un golpe mediático que se halla muy lejos de la realidad.
“No tiene un fundamento técnico porque no se tomaron en cuenta otros tipos de delitos, enormemente importantes, que no están considerados como fuentes de ingreso”, sostiene.
El dinero del narcotráfico florece en México, y aunque no se puede todavía acreditar, es “muy visible” en la economía legal: en empresas y sindicatos, así como en giros que sirven para lavar dinero, como los bienes raíces (uno de los más boyantes) y la compra de tierras, agrega el investigador.
Además de la violencia, que cada vez es más exacerbada, el gobierno de Felipe Calderón enfrenta otro problema: el lavado de dinero, quizá el delito más difícil de acreditar, pues son pocos casos en los que la Procuraduría General de la República ha logrado sentencias en firme, dice Buscaglia.
Lo anterior se agrava debido a un hecho: desde hace varios meses la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR tiene problemas para sostener un fiscal a la cabeza.
En esta área se ha observado un manejo irregular al menos desde el año pasado y ejemplo de ello es que hasta el 15 de junio de 2008 José Luis Marmolejo fue responsable de investigar el lavado de dinero. Tras su salida, la dependencia se quedó sin titular durante tres meses y 15 días. Luego fue nombrado César Augusto Peniche, quien posteriormente dejó el cargo, pero el entonces procurador Eduardo Medina Mora, quien decía preocuparle el problema del blanqueo de capitales en el país, no designó un nuevo titular en esa unidad investigadora.
Esto explica en buena medida por qué las investigaciones más serias relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico en México derivan de indagatorias realizadas en Estados Unidos.
Por ejemplo, el pasado 12 de junio la Oficina de Control de Bienes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló bienes y activos de 15 empresas y nueve personas en México, Colombia y el Caribe presuntamente relacionadas con el capo colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien inició su carrera delictiva en el cártel de Medellín.
La investigación puso al descubierto –según la OFAC, por sus siglas en inglés– una red de empresas afincadas en Guadalajara, Jalisco, que eran manejadas por Luis Pacheco Mejía, presunto prestanombres de Ochoa Vasco. Las compañías operan en dos ramas de la economía mexicana: el campo y la industria de la construcción; de hecho, ésta última ha sido la más socorrida por los narcotraficantes para lavar dinero en México.
Las empresas cuyos activos fueron congelados por la OFAC son Granoproductos Agrícolas, SA de CV, Grupo GLP Constructora, SA de CV, Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, SA de CV, y Cimientos La Torre, SA de CV.
El pasado 15 de junio, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, reconoció que la banca en México capta más de 10 mil millones de dólares “excedentes”, es decir, cuyo origen no se explica dentro de la dinámica de la actividad económica del país, por lo que presumiblemente tienen un origen ilícito.
Por ello, el funcionario llamó a la banca mexicana y a las instituciones financieras en general a frenar la entrada masiva de dólares en efectivo al sistema bancario nacional.
La medida ya se puso en marcha: los bancos restringieron las operaciones con esa moneda en las ventanillas, aunque sólo las relativas a la compra de dólares. La venta de esta divisa no fue restringida, así que cualquier persona o empresa puede comprar los dólares que quiera en el momento en que lo desee.
Pero ante el flagelo del lavado de dinero, que según Buscaglia goza de impunidad en México, la PGR carece de instrumentos legales eficaces, si bien en septiembre de 2008 un grupo de expertos presentó a esa dependencia el proyecto Mejoramiento en el marco jurídico y su implementación contra la delincuencia organizada. Muchas de las reformas en la materia aún no se discuten en el Congreso pese a la emergencia que enfrenta el país en materia de seguridad y en su economía formal, que se ve perforada por los llamados narcocapitales.
De acuerdo con ese estudio, el país no cumple con sus compromisos internacionales. En el proyecto referido se expone: “México ha promulgado instrumentos jurídicos cumpliendo con el 87% de las cláusulas de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada (Palermo) y con el 46% de las cláusulas de la Convención contra la Corrupción (Mérida).
“Sin embargo, a través del análisis de expedientes judiciales se observa que, en la implementación práctica de estos instrumentos, México cumple sólo con el 64% de las cláusulas de la Convención de Palermo y con el 23% de las de la Convención de Mérida contra la Corrupción. A diferencia de México, Colombia ha alcanzado a implementar un 100% de las cláusulas de ambas convenciones de la ONU en sus instrumentos jurídicos e implementan activamente el 94% de ellos.”
En el caso de México, la ineficacia para combatir a la delincuencia organizada y el lavado de dinero es crítica: en las instituciones responsables del combate criminal existe “desempeño heterogéneo e incertidumbre jurídica en la aplicación de las normas legales a la Convención de la ONU de Palermo”, según el estudio.
Según el estudio, la atrofia institucional es más aún más crítica. En los organismos que “luchan” contra el crimen organizado hay “ausencia de programas de prevención de la delincuencia y asociaciones delictuosas”.
Para enfrentar con efectividad al narcotráfico y a la delincuencia en general, los investigadores proponen a la PGR, entre otras, las siguientes medidas: reformar el artículo 400 bis del Código de Procedimientos Federales para tipificar la “conversión de activos patrimoniales en lavado de dinero.
Tipificar la manipulación de mercados por parte de accionistas o empresarios en posesión de información confidencial; que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Investigación Patrimonial y una unidad específica dentro de la PGR coordinen y compartan sus bases de datos con la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para cruzar información con mayor efectividad y abrir líneas adicionales de investigación patrimonial.
Otra propuesta, que al igual que las anteriores no se aplica –lo que demuestra la atrofia institucional frente al narcotráfico–, es la expansión y cruce de información a través de una mayor “minería de datos” patrimoniales ligados a indiciados y personas jurídicas vinculadas que involucra las bases de datos de los entes reguladores del sistema financiero como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Banco de México.
–Si existe todo este arsenal contra del crimen organizado, ¿por qué no se usa? –se le pregunta a Buscaglia.
–Hace falta voluntad política y, en mayor medida, compromiso con el país. Si no se implementan estas y otras medidas, México puede ser devorado por el crimen junto con todo su sistema político infiltrado; y algo peor: el país seguirá exportando violencia e ingobernabilidad al resto del mundo.

Patricia Flores

Columna Estrictamente Personal /Raymundo Riva Palacio
La caída de la reina
Ejecentral. com July 16, 2010
Alguna vez dijo el monárquico Conde de Mirabeau que si para salvar a la República había que guillotinar al Rey, que le cortaran la cabeza. La Primera República Francesa se salvó, pero no así Luis XVI, quien murió en 1793 para salvar una crisis de Estado. La evocación surge por un pasaje de sobrevivencia similar, lejos por supuesto de esos niveles, por parte del presidente Felipe Calderón, quien tuvo que cortarle la cabeza –en este caso metafóricamente- a la persona a la que le entregó todo el poder y los recursos de su oficina para salvar la crisis en Los Pinos. La Presidencia no estaba en riesgo, pero sí la homogeneidad del equipo que le tiene que operar los dos últimos años de su sexenio, que había sido rota por Patricia Flores, hasta el miércoles jefa de la Oficina de la Presidencia, y puesto en riesgo la gobernabilidad interna.
Flores, una advenediza al equipo íntimo del Presidente, llegó de la mano de la hoy primera dama, Margarita Zavala, a la campaña presidencial, en el área que manejó los fondos privados, y a Los Pinos, en un puesto secundario, desde donde se fue ganando el apoyo total de Calderón. Su ambición política, por lo demás legítima, y los ajustes del equipo presidencial le acomodaron la escalera al Olimpo calderonista. Subió muy rápido, o le faltó el temple para procesar el poder que le delegaron. En cualquier caso no entendió que ese poder era prestado y que no le pertenecía. Y en solo un semestre dinamitó su carrera. El Presidente pareció tratarla con elegancia en su salida de Los Pinos, pero en realidad, su mensaje de despedida fue un ajuste de cuentas codificado.
Calderón pareció ser muy generoso con Flores al reconocer sus méritos como la persona que despachaba en una oficina junto a la de él, y que con el derecho de picaporte que tenía solía incomodar a los secretarios de Estado que a veces querían tener unos minutos de privacidad con el Presidente para tratar temas que pensaba sólo competían a los oídos de Calderón. Pero en el mensaje hay que leer lo positivo como negativo para alcanzar a comprender el tamaño de la molestia que le generó, y combinarlo con la encomienda a su sustituto, Gerardo Ruiz Mateos, para entender todo aquello que rompió.
Una clave la dio Calderón al instruir a Ruiz Mateos, con ella de testigo y rostro desencajado, a “dar seguimiento puntual de las órdenes y acuerdos del Presidente”. Para el buen entendedor eso fue exactamente lo que violentó las cosas, el dejar de “seguir” puntualmente las instrucciones de su jefe. Cuáles fueron exactamente las cosas que desgastaron esa relación tan sólida, sigue siendo un secreto en Los Pinos. Pero una señal la dio el Presidente en la despedida, cuando dijo que Flores había impulsado la lucha por la seguridad pública. La empujó, cierto, hasta el despeñadero.
El rendimiento de la campaña de comunicación política para colocar el discurso bélico como la razón de ser de Calderón, tuvo una caída tan vertiginosa que en cuestión de meses hasta sus defensores más vehementes comenzaron a criticarlo. La percepción no coincidía con la realidad de sus dichos y datos, y en Los Pinos nunca fueron capaces de conciliar lo objetivo con lo subjetivo. El resultado es que la mayoría de los mexicanos piensan que la lucha contra el narcotráfico la perdió el gobierno, que tampoco pudo logró el consenso de las élites a favor de esa cruzada.
La responsable de esa estrategia fue Flores, quien excluyó por completo del diseño y operación de la propaganda al responsable de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, y desoyó las objeciones que le hacía Alejandra Sota, la maestra de obras de ella, la arquitecta. La exclusión de Cortázar –hubo spots de los que se enteró hasta verlos en televisión- y las crecientes fricciones con Sota, provocaron un creciente enfrentamiento entre ellos, particularmente el primero, que rompieron el tejido entre los advenedizos de Flores, y el viejo equipo que venía trabajando con Calderón desde hace casi una década, y que lo acompañó durante los días más duros y difíciles de su carrera política.
El choque fue de trenes: entre ella y el grupo calderonista que está construyendo el proyecto transexenal. Flores tampoco vio con suficiente claridad y atención, vistos los resultados, que ese grupo de la más alta confianza, amistad y cariño del Presidente, había girado en torno a Juan Camilo Mouriño como el candidato de Los Pinos para 2012, y que a su muerte, el relevo natural era la persona más importante para Calderón en el gabinete, Ernesto Cordero, el secretario de Hacienda.
En su mensaje, Calderón dio otra clave al decir que Flores coordinó las tareas del gobierno durante la crisis de la influenza AH1N1, cuando la realidad es que durante los pocos días que tuvo a su cargo el manejo de crisis, esta se profundizó por los errores y contradicciones en las cifras. Cordero, en ese entonces secretario de Desarrollo Social, fue llamado para, desde una oficina alterna coordinar toda la información, y coordinar al gabinete, con lo cual el gobierno recuperó la iniciativa y se abrió el espacio público para actuar en el control de la epidemia.
Flores jugó a las contras de él y del Presidente, y Calderón lo registró en el mensaje de salida, al hablar de lo mucho que trabajó para el Bicentenario y el Centenario este otoño. En efecto Flores apostó en esas celebraciones, que terminaron concebidas como la plataforma para la candidatura presidencial del secretario de Educación, Alonso Lujambio. Desde hace poco más de cuatro meses, dijeron funcionarios de la Presidencia, el alineamiento fue claro: Flores estaba con Lujambio y presionaba para llevarlo a la nominación. Ingenua. Si no está claro si el propio Presidente tendrá la fuerza para imponer al PAN un candidato, menos ella al querer imponer un candidato a Los Pinos.
Calderón le encargó a Ruiz Mateos la “reorganización integral” de la Oficina de la Presidencia, que incluya “todas las áreas que (la) componen”. El mensaje es claro. Flores fue excluyente dentro de Los Pinos, maltrató a todo un equipo muy unido y alteró la coordinación con varias secretarías de Estado. Ruiz Mateos regresa a la Presidencia a un cargo que ya había tenido y cumplido, ese sí, con eficiencia. La paz debe regresar a Los Pinos y restaurarse la concordia. Era indispensable para el Presidente esta medida, pues los enemigos y los adversarios se encuentran afuera, no adentro, que es en lo que se convirtió la reina destronada.

Atentado contra una casa de religiosas

Esta semana -madrugada del miércoles-, sin que hasta el momento se conozca el móvil de los hechos, fueron lanzadas cuatro granadas contra una casa de retiro y convento de la Iglesia Católica, ubicada en la zona de Las Pintas, en los límites de los municipios de el Salto y Tlaquepaque, que forman parte de la zona conurbada de Guadalajara.
Las autoridades de seguridad pública del Estado de Jalisco han informado que tras el atentado no hubo heridos y sólo una de las cuatro granadas de fragmentación lanzadas contra los recintos católicos detonó.
De acuerdo con las versiones dadas por las moradoras del convento y casa de retiro espiritual, las granadas que no explotaron las descubrieron el miércoles, aunque en el transcurso de la noche del martes al miércoles habían escuchado una detonación a la cual no le dieron importancia.
Las primeras hipótesis indican la autoría del atentado por parte de la delincuencia organizada, en busca de crear un ambiente de terror en las grandes capitales de México, en la disputa de los mercados de droga. Como es habitual en estos casos, la movilización de ejército y policía fue muy intensa.
La casa de retiros que fue objeto de los atentados ni el templo católico aledaño sufrieron daños en su estructura, sin embargo, la magnitud del ataque hace prever a las autoridades policiacas de una escalada de violencia en contra de la Iglesia en esta metrópoli en donde se concentra el mayor número de seminaristas y sacerdotes del país.

Delitos más graves

Reacciones de Estados Unidos, Suiza, Alemania y otros países
Conferencias episcopales de todo el mundo han recibido con satisfacción las nuevas "Normas sobre los delitos más graves" reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En Estados Unidos, monseñor Blase Cupich, presidente del Comité de los Obispos Católicos para la Protección de los Niños y Jóvenes, ha dado la bienvenida a ese documento vaticano publicado este jueves.
"La importancia que la Iglesia atribuye al abuso de un menor por un clérigo no puede ser subestimada. Al poner el abusos sexual de niños por parte del clero en el mismo contexto del respeto de los sacramentos, la Iglesia está dejando claro que esta conducta viola el corazón mismo de nuestra fe y culto", afirma el obispo de Rapid City, South Dakota, y obispo electo de Spokane, Washington.
"Es un paso importante en el esfuerzo continuo por alcanzar justicia para los inocentes cuya confianza en un clérigo ha sido violada", afirma el prelado.
Una visita a las páginas web de las conferencias episcopales del mundo, como es el caso por ejemplo de la de Francia, Canadá o Chile, permite testimoniar el amplio espacio que dedican a este documento, en particular a la nota explicativa publicada por el padre Federico Lombardi S.I., director de la Oficina de Información de la Santa Sede.
Monseñor Felix Gmür, secretario general de la Conferencia Episcopal Suiza, ha publicado un comunicado en el que califica el documento de "coherente".
"Los obispos suizos acogen por este motivo con satisfacción sobre todo la derogación de diez a veinte años de la prescripción en casos de violencia sexual contra menores y la lógica penalización de la pornografía infantil. Además de todo esto, el documento vaticano prevé que las medidas se apliquen de manera más rápida y eficaz", añade.
"La Conferencia de los Obispos Suizos también afronta con decisión toda forma de abuso sexual en la pastoral, habiendo adecuado y endurecido sus directivas durante la asamblea ordinaria del 2 de junio de 2010 en Einsiedeln. La violencia sexual es un delito, y la violencia sexual contra niños es un delito verdaderamente ignominioso. En la Iglesia no hay lugar para estas infamias", concluye.
El arzobispo Robert Zollitsch, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana ha calificado de "señal clara" el documento con las nuevas normas emitidas por el Vaticano y de "testimonio unívoco a favor de las víctimas".
El prelado ha agradecido la actualización de la precedente normativa para asegurar medidas más rápidas, el aumento a 20 años de los términos de la prescripción por delitos de pedofilia, con posibles derogaciones y la introducción del delito de pornografía de pequeños.
"En particular", ha afirmado monseñor Zollitsch, "comparto el hecho de que, en casos de abuso sexual contra niños y jóvenes, que también tiene que afrontar la Iglesia en Alemania, la Congregación dé una señal clara con una información sin reservas y con el castigo de semejantes delitos".

Normae de gravioribus

Normas de la Santa Sede sobre los delitos más graves (Normae de gravioribus delictis) que ha emitido este jueves 15 de julio de 2010, la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Primera Parte
NORMAS SUSTANCIALES
Art. 1
§ 1. La Congregación para la Doctrina de la Fe, a tenor del art. 52 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, juzga los delitos contra la fe y los delitos más graves cometidos contra la moral o en la celebración de los sacramentos y, en caso necesario, procede a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio, sin perjuicio de la competencia de la Penitenciarí Apostólica y sin perjuicio de lo que se prescribe en la Agendi ratio in doctrinarum examine.
§ 2. En los delitos de los que se trata en el § 1, por mandato del Romano Pontífice, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene el derecho de juzgar a los Padres Cardenales, a los Patriarcas, a los legados de la Sede Apostólica, a los Obispos y, asimismo, a las otras personas físicas de que se trata en el can. 1405 § 3 del Código de Derecho Canónico y en el can. 1061 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales.
§ 3. La Congregación para la Doctrina de la Fe juzga los delitos reservados de los que se trata en el § 1 a tenor de los siguientes artículos.

Nuevo titular de FEPADE

El Presidente Calderón, a propuesta del Procurador Chávez Chávez, designó al maestro José Luis Vargas Valdez titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Vargas Valdez es maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, España, y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Cursó la especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la UPF. Cuenta con tres diplomados en Mercadotecnia Política y Campañas Electorales; en Derecho de la Seguridad Nacional y en Alta Dirección Gubernamental, impartidos respectivamente por el ITAM, la Universidad de Virginia y el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.