30 may. 2009

Cárceles

Cárceles: castigo sin rehabilitación/Elena Azaola
Publicado en El Universal, 30 de mayo de 2009;
Lo que hoy ocurre en nuestras prisiones, desde los motines hasta las fugas, pasando por el deterioro de condiciones de vida ya de por sí insoportables e infrahumanas, no es sino el resultado de políticas criminológicas que privilegian el enfoque punitivo mientras que descuidan partes igualmente importantes para poder tener resultados eficaces en la reducción de la incidencia delictiva.
Una política criminológica integral supone una estrategia jurídica y social basada en decisiones de políticas públicas que se orientan a responder con pragmatismo a los problemas planteados por la prevención y la represión del fenómeno criminal, entendido en toda su extensión. Abarca tanto al aparato jurisdiccional punitivo del Estado, como a todas las políticas de intervención social de control (Bermudez Tapia, 2007, Urvio. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, FLACSO-Ecuador, núm. 1, mayo, 31-37).
No obstante que numerosos países, como México, han optado por una política criminal que hace de la pena privativa de la libertad el instrumento principal en el que finca sus expectativas de reducir la tasa de la criminalidad, diversos estudios han mostrado que dicha política, que durante la última década ha significado el encarcelamiento en masa en contra de los excluidos, no ha producido los resultados prometidos.
Así, por ejemplo, un estudio efectuado en Brasil aplicó modelos matemáticos para estimar los efectos del encarcelamiento y mostró que los niveles de criminalidad son prácticamente insensibles al tamaño de la población carcelaria.
Otras estimaciones realizadas en el Reino Unido señalan que apenas existe 1% de reducción de las tasas de criminalidad por cada aumento de 15% en la población carcelaria. Las evidencias en favor de esta conclusión son innumerables. Holanda y Francia, por ejemplo, tuvieron 12% de aumento en las tasas de la criminalidad durante la década de los 90, siendo que Holanda encarceló en el mismo periodo a 20 veces más delincuentes que Francia. Situaciones similares hicieron que, en noviembre de 2002, los gestores penitenciarios de 44 países del Consejo de Europa, reunidos en Estrasburgo, concluyeran que el número de presos en cada nación estaba determinado por las respectivas políticas criminales y no por las tasas de criminalidad.
A una conclusión similar han arribado otros estudios, como los de Tonry y Frase (Oxford University Press, 2001), que demostraron que cada sociedad puede escoger, por varias razones, el número de presos que admite tener, sea que tenga altas tasas de criminalidad o no. Se observa, por ejemplo, que Finlandia, Canadá y Alemania escogieron disminuir drásticamente sus poblaciones carcelarias sin que ello tuviera ningún impacto en su dinámica criminógena.
Otros estudios también han mostrado el éxito que han tenido diversos países que apostaron por penas distintas a la prisión, como el trabajo comunitario o la aplicación de modelos de justicia restaurativa, para sancionar los delitos no graves.
Las políticas criminológicas
vigentes hoy en día nos han hecho creer que es preciso librar una “guerra contra el narcotráfico” e incluso una “guerra contra los delincuentes”. Ello equivale a decir contra toda la ciudadanía con potencial de ser “criminalizada” que, como sabemos, es la gran mayoría por el hecho de ser pobres. Se sataniza, así, a los antisociales, como ha dicho Chivigny (Chevigny, Paul (2002), La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina, Buenos Aires, Paidós).
Y, mientras que la aplicación discrecional del control social suele ser severa sobre los vulnerables, permite, en cambio, que los privilegiados se eximan a sí mismos del respeto de la ley.
En suma, lo que prevalece tanto en México como en Latinoamérica son las políticas que privilegian el enfoque punitivo y que permanecen impermeables al cúmulo de evidencias producidas por la experiencia internacional y por los estudios científicos.
Lo que se requiere para enfrentar el lamentable estado de nuestras prisiones es elaborar políticas criminales mucho más orientadas y articuladas con las políticas sociales y con un énfasis mucho más acentuado en la prevención. Planteamos, junto con numerosos especialistas, que la crisis penitenciaria es el resultado de una política criminal equivocada y del relativo abandono de programas efectivos de rescate social, particularmente de los que deberían dirigirse a los jóvenes.
eazaola@ciesas.edu.mx
Investigadora del CIESAS

La narcolista

La narcolista en la que aparecen más de 60 servidores públicos de Michoacán presuntamente vinculados con La Familia fue encontrada por el Ejército el 29 de diciembre de 2008 en una camioneta de Alberto Espinoza Loya, La Fresa.
Milenio, 30 de mayo de 2009;
La narcolista en la que aparecen más de 60 servidores públicos de Michoacán presuntamente vinculados con La Familia fue encontrada por el Ejército el 29 de diciembre de 2008 en una camioneta de Alberto Espinoza Loya, La Fresa, miembro de este grupo delictivo, quien según la Secretaría de la Defensa Nacional era “el narcotraficante encargado de cooptar autoridades”.
El miembro de la organización fue detenido ese mismo día en la colonia Chapultepec, al sur de Morelia. Según el comunicado número 227 de la Sedena, La Fresa “fungía como ‘jefe de la plaza’ en la ciudad de Morelia, donde coordinaba el acopio de enervantes, sobresaliendo el tráfico de cocaína, misma que recibía en el puerto de Lázaro Cárdenas, procedente de Sudamérica, para su posterior traslado a Estados Unidos de América”.
“Además —continúa diciendo el informe militar—, ejercía el control de los puntos de distribución de droga en la ciudad de Morelia, donde realizaba sus actividades ilícitas adoptando un perfil extremadamente discreto”.
Espinoza Loya aseguró, dice el documento militar, “recurría a acciones de intimidación y cooptación de autoridades, logrando integrar una estructura de protección e impunidad hacia su organización delictiva
; extorsionaba a personas dedicadas a la venta de mercancía ilícita y negocios formales, secuestrando a quienes se negaban a colaborar con su organización criminal”.
Además, informa la Defensa, La Fresa “contaba con grupos de sicarios en la ciudad de Morelia que se encargaban de detectar la presencia de células narcotraficantes antagónicas, así como con grupos de colaboradores conocidos como ‘halcones’ encargados de vigilar los movimientos del personal militar y otras autoridades federales para evitar acciones en su contra”.
Según el mismo reporte “la organización narcotraficante autodenominada ‘Familia Michocana’, surge en el año 2006 como un grupo aliado a la organización ‘Cárdenas Guillén’ que operaba en el estado de Michoacán, separándose de dicha organización en junio de 2008 y asumiendo el control total de las actividades de narcotráfico en esa entidad”.
El mismo escrito asegura que como dirigentes de La Familia han sido identificados Nazario Moreno González, El Chayo, y Jesús Méndez Vargas, El Chango.Michoacán/Diego Osorno y Francisco García
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Comunicado del arzobispo de Morelia

Moseñor Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, señala que en el caso de los detenidos en Michacan: "ni están todos los que son, ni son todos los que están". Es decir que hay muchos otros que son culpables y que algunos de estos muy probablemente son inocentes", señaló.
En un mensaje difundido en la página de la CEM, dijo que "tristemente" algunas autoridades de diversos niveles de gobierno están sometidos a muchas presiones y amenazas e incluso algunos son traicionados por sus mismos colaboradores y "otros sean falsamente acusados por los mismos maleantes cuando no ceden a sus peticiones".
Suárez Inda lamentó que muchas familias
estén viviendo momentos e incertidumbre y angustia esperando el resultado de las investigaciones.
Pidió que no se juzgue anticipadamente a los presuntos culpables hasta que no se les comprueben las acusaciones y quien tenga responasbiliad, que se le sancione.
Sijo que más allá de intereses de gobierno y de partidos debe prevalecer la justicia y la concordia: "pidamos insistentemente al Espíritu Santo ilumine a nuestros gobernantes, doblegue las voluntades de los que se resisten a actuar con rectitud y nos conceda ver pronto tiempos nuevos en que podamos vivir en un clima de paz y confianza".
El mensaje de Mons. Alberto Suárez Inda, 29 de mayo de 2009;
El martes pasado Michoacán ha vivido una situación inédita que ha sacudido a la sociedad.
Un grupo de ciudadanos, entre ellos diez Presidentes Municipales, algunos funcionarios y otras personas más fueron llevados a la Ciudad de México a declarar ante las autoridades federales.
Es evidente e indiscutible que estamos viviendo en el Estado condiciones de inseguridad, secuestros y extorsiones, crimen organizado e impunidad, en un grado que resulta intolerable y que no vemos como pueda detenerse.
Muchas personas me confían frecuentemente su angustia e inconformidad.
Yo supongo que de las personas que han sido requeridas en forma inesperada podemos afirmar que “ni están todos los que son, ni son todos los que están”. Es decir que hay muchos otros que son culpables y que algunos de estos muy probablemente son inocentes.Tristemente quienes ejercen la autoridad en los distintos niveles de gobierno están sometidos a muchas presiones y amenazas. Algunos quizá sean traicionados por sus mismos colaboradores y otros sean falsamente acusados por los mismos maleantes cuando no ceden a sus peticiones.
El hecho es que en este momento hay familias que están viviendo momentos de incertidumbre y angustia en espera de conocer el resultado de las investigaciones. Oremos por ellos y por la integridad de los que se encuentran lejos de su hogar. Igualmente pidamos a Dios se recupere la tranquilidad y se pueda seguir trabajando en los pueblos y las ciudades en un clima de respeto y de justicia.
Es importante que no prejuzguemos, que no señalemos precipitadamente como culpable a nadie mientras no se lo compruebe. A quien tenga verdadera responsabilidad en hechos delictuosos es bueno que se le aplique la ley y se le sancione..
Más allá de colores e intereses de partidos interesa la justicia y la concordia. Pidamos insistentemente al Espíritu Santo ilumine a nuestros gobernantes, doblegue las voluntades de los que se resisten a actuar con rectitud y nos conceda ver pronto tiempos nuevos en que podamos vivir en un clima de paz y confianza.
+ Alberto Suárez Inda
Arzobispo de Morelia

El fiscal ordenó el arraigo

OBTIENE FISCAL DE SIEDO ARRAIGO POR 40 DÍAS EN CONTRA DE 30 PERSONAS
Viernes, 29 de Mayo de 2009 Boletín 578/09
El agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) solicitó y obtuvo del Juez Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, arraigo por 40 días en contra de:
1. Genaro Guízar Valencia.
2. Uriel Farías Álvarez.
3. Jairo Germán Rivas Páramo.
4. Antonio González Rodríguez.
5. Audel Méndez Chávez.
6. José Cortez Ramos.
7. Osvaldo Esquivel Lucatero.
8. José Luis Ávila Franco.
9. Adán Tafolla Ortiz.
10. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela.
11. Ramón Ponce Ponce.
12. Citlalli Fernández González.
13. Mario Bautista Ramírez.
14. Ricardo Rubí Bustamante.
15. Juan Gaona Gómez.
16. Victorino Jacobo Pérez.
17. Roberto Rubio Vázquez.
18. Gabriela Mata Chávez.
19. Irlanda Sánchez Román.
20. José Lino Zamora Hernández.
21. Noé Medina Martínez.
22. Faraón Martínez Molina.
23. Abel Salazar Gómez.
24. Dionicio Salvador Valencia Palomares.
25. Alfredo Ramírez García.
26. Antonio Sánchez Gaytán.
27. Baldomero Morales Rivera.
28. Jaime Liera Álvarez.
29. Miguel García Hurtado.
30. Ignacio Mendoza Jiménez*.
La medida cautelar permitirá al Representante Social de la Federación robustecer las investigaciones que los relacionan con la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento. El arraigo se cumplirá en el Centro Federal de Investigaciones.
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27 de los arraigados acordaron iniciar una huelga de hambre “indefinida” para presionar a las autoridades a que se resuelva su situación jurídica.
*En este grupo de arraigados fue incluido el ex subprocurador de Justicia Ignacio Mendoza Jiménez, quien tenía orden de presentación y tras comparecer de manera “voluntaria” ante el Ministerio Público de la Federación, se le dictó la medida cautelar, que fue concedida por el juez sexto federal especializado en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones.