18 mar. 2010

Venezuela y el narco

RAFAEL REY Ministro de Defensa peruano
"Existe la sospecha de que Venezuela es el pasillo del 'narco' a Centroamérica"
VERÓNICA CALDERÓN - Madrid -
El País, 19/03/2010;
El ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey (Lima, 1954), no se anda por las ramas. Ha venido a Europa, afirma, para defender la imagen del ministerio que encabeza, después de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dedicada a investigar los crímenes cometidos durante la lucha entre el grupo armado Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas peruanas, atribuyera unas 22.000 de las casi 70.000 víctimas del conflicto al Ejército de Perú. "[El informe de la comisión] contiene exageraciones. Deberíamos estar agradecidos por el esfuerzo que han hecho las Fuerzas Armadas en contra del terrorismo".
El ministro destaca que Perú se ha convertido en la última década en uno de los "milagros económicos" de América Latina. El índice de pobreza ha disminuido en nueve años de un 54% a un 34%, y junto con Brasil y Uruguay lidera el crecimiento de la región previsto para este año: su producto interior bruto (PIB) aumentará un 5% de acuerdo con las previsiones de los organismos internacionales.
Sin embargo, reconoce que las heridas sufridas por el pueblo peruano aún no han sido sanadas del todo. Rey insiste en que el informe no distingue entre las víctimas civiles y los muertos involucrados en el conflicto. "El informe obliga a indemnizar a los familiares de terroristas", refiriéndose a los combatientes de Sendero. Rey destaca que hay 300 miembros del Ejército acusados por delitos de lesa humanidad y añade que "ni siquiera Abimael Guzmán [el líder senderista, capturado en 1992] ha sido juzgado por crímenes de lesa humanidad", afirma. Lo más importante, en su opinión, es distinguir que entre las bandas armadas vinculadas con Sendero que aún operan en Perú mantienen contacto con grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una alianza que, según Rey, está alentada por acuerdos relacionados con el tráfico de drogas en la región, productora de casi 1.000 toneladas de cocaína al año, según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).
Pregunta. ¿Sendero Luminoso es todavía una amenaza para Perú?
Respuesta. No para la democracia ni el Estado, pero todavía para las autoridades y los pobladores de las zonas en las que operan. Aunque no atacan a la población civil, ahora sus ataques se limitan a las fuerzas del Estado. En concreto, con las que luchan contra el narcotráfico.
P. La semana pasada se difundió que Sendero Luminoso mantenía contacto con las FARC desde 2006. ¿Hay un riesgo de que operen en la frontera entre Perú y Colombia?
R. No es así. Por supuesto que quieren unirse. Pero la colaboración entre nuestro Gobierno y Colombia ha sido muy estrecha para detectar los nexos antes de que se concreten.
P. ¿Por qué se ha extendido las actividades vinculadas con el narcotráfico entre los grupos armados de la región?
R. Hay una simbiosis entre lo que persigue el narcotraficante y lo que brinda el terrorista. Hay un enemigo en común [el Estado] y de ahí consiguen los fondos. El combate a la subversión está unido a la lucha contra el narcotráfico.

P. ¿Cómo se concretan las colaboraciones en el tráfico de drogas entre las FARC y grupos armados como Sendero Luminoso?
R. En proteger los cultivos clandestinos y transportar la droga. La colaboración entre Colombia y Perú ha sido estrecha, aunque existe la sospecha de que Venezuela se ha convertido en un pasillo para el narcotráfico hacia Centroamérica.
P. ¿Y en esta lucha es necesaria la ayuda de Estados Unidos?
R. Sin ellos, la batalla estaría perdida. Es necesario un compromiso real y firme con los países consumidores para acabar con el problema.
P. ¿Y una ayuda militar?
R. No creo que sea indispensable ni conveniente. Nuestras fuerzas del orden están capacitadas para solventar el problema.
P. ¿Lo están?
R. Lo que no tienen son recursos. Es necesario contar con cierta tecnología para detectar campos de cultivo, rutas de distribución. Ahí sí contamos con ayuda extranjera, de servicios de inteligencia, fotografías satelitales y en ese aspecto se puede trabajar mucho más. Pero presencia militar en el territorio no hace falta.
P. El presidente Alan García había pedido que América Latina parara su carrera armamentística ¿Entonces no es contradictorio dejar de comprar armas y plantearse una lucha autónoma contra el narcotráfico?
R. ¿Pero de qué tipo de armas hablamos? Las armas necesarias contra el narcoterrorismo no son las mismas ni son tan costosas como los equipos o armamentos que se adquieren para una carrera armamentística contra supuestas amenazas externas. Son armas de protección, no de ataque.

Subsecretario de Gobernación

Columna PLAZA PÚBLICA/Subsecretarios de Gobernación
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 18 Marzo de 2010;
Hacía falta un panista en Bucareli, y además un interlocutor confiable, cuya conducta en San Lázaro lo muestra como adversario firme pero abierto al diálogo, abierto, no en las trastiendas
En medio de un insólito aplauso general le fue otorgada licencia al diputado Roberto Gil Zuarth, que deja San Lázaro para trasladarse a Bucareli, donde será subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación. Reemplaza a Gerónimo Gutiérrez cuya borrosa presencia allí duró apenas un año.
Nacido en Villaflores, Chiapas, el 10 de octubre de 1977, Gil Zuarth es abogado y doctor en derecho público. Comenzó su carrera como secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de donde ahora se marcha, cuando la encabezó, por primera vez en un periodo anual, Francisco José Paoli. Dos legislaturas después, en la LIX, sería asimismo secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Allegado a Germán Martínez, fue su coordinador de asesores en la Secretaría de la Función Pública y luego, cuando el michoacano fue enviado a encabezar el PAN, Gil Zuarth fue director jurídico del partido y su representante en el IFE (de cuyo consejo general había sido asesor). Fue colocado en el primer lugar de la lista de la tercera circunscripción para la elección federal del año pasado y a partir de septiembre se convirtió en uno de los diputados más activos y brillantes. Además de ser secretario de la Comisión de Hacienda, fue vicecoordinador de su bancada y usuario frecuente de la tribuna, donde era un adversario duro pero al mismo tiempo claro, lo que facilitaba los entendimientos que propició. Eso explica la universal complacencia provocada no por su retiro sino por la causa de su marcha, que es la nueva responsabilidad que se le ha asignado.
De varias maneras puede explicarse su colocación en Bucareli. El secretario Fernando Gómez Mont ha quedado en situación precaria después de firmar como testigo de honor un pacto que, junto con el texto expreso, contenía implicaciones y compromisos que Gómez Mont no pudo honrar. Se ha vuelto un interlocutor no muy confiable porque su modo de proceder lo lleva a suscribir obligaciones que otros han de practicar. Quedó además dañada su relación con el partido a que pertenece su familia y del que él no era miembro a la hora de renunciar a él. Esas circunstancias hacían necesario un refuerzo, y Gil Zuarth es la figura apropiada para el efecto, por su capacidad de diálogo y su panismo acendrado, algo que su partido espera esté presente en esa Secretaría.
Tendrá que abordar una agenda estancada. Además de contribuir con el secretario a la promoción de la reforma política, hará bien en retomar asuntos que Gutiérrez dejó pendientes. Por ejemplo, la mesa de conversación con los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde se había formulado ya un temario que no se desarrolló, lo que ha acrecentado la tensión entre ese gremio y el gobierno federal, suscitado desde luego por la extinción de Luz y Fuerza pero agravado por las secuelas y los modos de encarar el problema político provocado por aquella medida. Es de suponerse que también podría reactivar el trato con la Comisión de mediación con el EPR, cuya decisión de reintegrarse fue saludada por la Secretaría de Gobernación el 6 de enero sin que le siguiera ningún intento de reanudar la comunicación.
Lo ocurrido con esas conversaciones suspendidas es ejemplo de la abulia que caracterizó al subsecretario que se va. Después de dirigir la fundación Miguel Estrada Iturbide, que asesora a los grupos parlamentarios del PAN, Gerónimo Gutiérrez ingresó al gobierno de Fox a través de la Secretaría de Economía. Cuando su titular Luis Ernesto Derbez se convirtió en canciller, hizo subsecretario para América del Norte, primero, y después para América Latina y el Caribe a Gutiérrez, que carecía de una formación especial en materia diplomática. También le faltaba entrenamiento para las funciones políticas de la subsecretaría a que Gómez Mont lo convocó en marzo pasado. El trato con Carlos Montemayor, vocero de la Comisión mediadora, injustamente fallecido hace tres semanas, es ilustrativo de su actitud general en el cargo que ahora abandona: lo ejerció con una mezcla de desidia y arrogancia.
El cargo de subsecretario de Gobierno, o como se llamara antes el que suple al secretario en sus ausencias, es de gran importancia. Muchos de sus titulares han pasado por allí para destinos aun más relevantes. No nos remontemos al caso de Luis Echeverría que fue subsecretario dos sexenios antes de ejercer el Poder Ejecutivo. Dos de las figuras sobresalientes en el mando priista de hoy, Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones, ocuparon esa posición en los extremos del sexenio de Carlos Salinas. De allí partió el sonorense para ser gobernador de su estado. Después de la alternancia, la jerarquía del cargo quedó de manifiesto cuando el presidente Fox hizo subsecretario a Ramón Martín Huerta, que lo había sustituido en el gobierno de Guanajuato, y a quien nombró después secretario de Seguridad Pública, puesto que ocupaba a la hora de su deplorable fallecimiento. El secretario Santiago Creel llamó para sustituirlo al gobernador de Aguascalientes, Felipe González, que se mantuvo allí bajo Carlos Abascal y es hoy senador de la República. Francisco Ramírez Acuña, primer secretario en esta administración, designó a su paisano Abraham González Uyeda, quien permaneció en ese sitio con Juan Camilo Mouriño y sólo fue reemplazado por Gutiérrez cuando resolvió volver a Jalisco a hacer carrera local hacia la gubernatura, pasando por la legislatura estatal, a cuyo frente se halla ahora.
Gil Zuarth, pues, tiene presente y futuro.
Cajón de Sastre
En buena hora dos poderes federales mostraron interés por la injusta prisión de las señoras Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, condenadas a 21 años de prisión por secuestrar a seis agentes federales de investigación. Por un lado, el martes el Senado acordó pedir a la PGR una revisión de su postura ante el caso y el senador Pablo Gómez inició una ley de amnistía a favor de ambas, detenidas junto con Jacinta Francisco Marcial que está libre por la misma causa que debieran estar en esa situación sus dos compañeras: su inocencia. Más eficaz será, supongo, la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que atrajo de oficio la apelación iniciada por las mujeres hñahñú ante el tribunal unitario del 22º. Circuito. Alienta saber que la ponencia respectiva se encargó a la ministra Olga María Sánchez Cordero.


Misión cumplida

Columna Archivos del poder/Martín Moreno
EU y los regaños a México
Excélsior, 18 de marzo de 2010;
En unas cuantas horas, la relación entre el gobierno de EU y el de México cayó en la crisis más grave y profunda del último año. Los responsables del asesinato de personas vinculadas al consulado estadunidense en Ciudad Juárez lograron su objetivo: tensar la cuerda entre la Casa Blanca y Los Pinos. Misión cumplida.
De Washington a Nueva York, con escala en Texas, los halcones estadunidenses soltaron artillería de grueso calibre contra la lucha del gobierno de Calderón en contra del crimen organizado. Aún más: pasaron de la furia a la abierta intromisión, al enviar, sin que nadie se los impidiera, a agentes federales.
Es el clásico “garrote concertador” de los gringos.
¿Cómo respondió Calderón? Con un tardío y trillado mensaje, invitando a la clásica “responsabilidad compartida” en esta guerra. Mientras el Presidente mexicano hablaba de que se debe ser aliado, pero “cada quién en su territorio”, los del FBI ya pisaban tierra juarense. La advertencia quedaba rebasada.
Desde Washington —tras el enojo público de Barack Obama—, la poderosa secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, daba el mazazo en la nuca: “La presencia del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez no ayudó a detener la ola de violencia”.
Napolitano tiene razón. En esta columna lo asentamos el martes pasado, al señalar que “no alcanza con la intervención del Ejército”. Y no se trata de cuestionar la efectividad y la lealtad de los soldados mexicanos. Simplemente es reconocer que la ausencia de cooperación de policías federales, estatales y municipales ha creado un vacío de poder contra el narco.
De Washington a Nueva York. El influyente diario The New York Times publicó ayer, en su primera sección, página 6, que “las promesas del presidente Calderón para mejorar la situación en Ciudad Juárez avanzan lentas”.
Y más: el NYT criticó que días después del ajusticiamiento de 15 jóvenes en una fiesta, se comprometieran a construir un campo de futbol americano en un lote lleno de basura, cerca del lugar del crimen.
“Y, después, todo el mundo se fue. El terreno todavía está baldío, y los niños aún tienen problemas para dormir”, señaló el periódico neoyorquino, que se lamenta de que, a pesar del cambio de rumbo de Calderón, “al darse cuenta de que la solución militar no servirá por sí sola, y a pesar de diez mil efectivos de seguridad, cada semana la violencia parece recrudecerse”.
Tampoco el NYT miente.
Y por si la conexión entre Washington y Nueva York no bastara, el gobernador de Texas, Rick Perry, amenazó con incrementar la presencia policiaca en la frontera “ante la amenaza de que la violencia de México se desborde”.
Pero ni Perry ni la Casa Blanca ni el NYT hablan ni se ocupan de tres grandes pecados estadunidenses: el impune tráfico de armas que llega de EU; cómo se caza, en la frontera, a los indocumentados mexicanos, igual que si fueran conejos, asesinándolos como animales, y que más de cinco millones de estadunidenses son adictos a las drogas, mientras que el consumo ocasional de drogas ilícitas en estudiantes de 12 años o más, llega a casi… ¡13 millones! (Archivos del poder, 3/VI/2008).
De ello disimula el Tío Sam.
“Es un mito” que se desborde la violencia fronteriza, respondió por internet el embajador mexicano, Arturo Sarukhan. Ojalá que su frase no resulte como aquel “mito genial” del salinista Pedro Aspe al referirse a la pobreza en México, que a la postre fue una postura cínica y ofensiva para millones.
Por lo demás, la visita del presidente Calderón a Ciudad Juárez en poco ayudó a la desesperanza de una ciudad arrodillada. “En enero y febrero, los homicidios bajaron 40%”, dijeron los jefes de la seguridad nacional. Sí, ¡cómo no! Que se lo digan a las familias de las montañas de ejecutados en los últimos días.
“Las estadísticas nos muestran un mundo fabuloso, pero afuera no lo estamos percibiendo… hay más ejecuciones en masa… ni el ejército más poderoso del mundo ha salido victorioso cuando se combate en terrenos urbanos… Juárez arde y sigue en llamas”, respondieron los juarenses.
A cada palabra oficial, una bala para un mexicano… y un regaño de Estados Unidos.
ARCHIVO CONFIDENCIAL… Por falta de espacio, no nos referimos a lo que ocurre en La Paz, Tijuana y Monterrey, como lo prometimos el martes pasado. Lo haremos, sin falta, la semana próxima.
Pasaron de la furia a la abierta intromisión, enviando, sin que nadie se los impidiera, a agentes federales.

Nava le dijo a la reeleción

Columna Arsenal/Francisco Garfias
Nava le dijo adiós a la reelección
Excélsior 18 de marzo de 2010;
En el gobierno federal ya bajaron las palancas de alarma. Mientras que César Nava le entregaba el anillo de compromiso a la cantante Patylú, durante su publicitado viaje a Nueva York, el titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, se reunía con gobernadores y líderes panistas para pedirles un “cierre de filas” con el régimen calderonista.
Uno de los mandatarios azules que acudió a Bucareli reveló la preocupación que existe en el régimen por la crisis de credibilidad que viven tanto la dirigencia nacional del PAN como el gobierno federal, a raíz del firmado —y abortado— pacto antialianzas, y la polarización con el PRI. “El costo es alto”, reconoció el gobernador.
Desde la Secretaría de Gobernación se impulsa un “realineamiento” de la política, con un objetivo prioritario en la mira: recuperar la interlocución perdida con el resto de las fuerzas —fundamentalmente con el tricolor— debido a los tremendos errores políticos cometidos en los últimos meses por el primer panista del país, en su afán por impedir el regreso del PRI a Los Pinos.
No hay nadie en Acción Nacional que se crea las versiones oficiales de que el presidente Calderón no sabía de los oscuros pactos anticoaliciones que tanto daño le han hecho, no sólo a los firmantes —PAN y PRI—, sino a la clase política en general. Los panistas, calladamente, aceptan que tanto Gómez Mont como César Nava se han inmolado para salvarle la cara al inquilino de Los Pinos.
Una de las piezas fundamentales en ese “realineamiento” de la política gubernamental es el talentoso diputado con licencia Roberto Gil, ya nombrado subsecretario de Gobierno de la Segob. “El aplauso de salida que le dieron sus compañeros de todos los partidos es interesante”, destacó el mencionado gobernador.
n Hay panistas de primer nivel a quienes no les gustó pero ni tantito el intempestivo anuncio de que César Nava se va a casar con la cantante Patricia Sirvent, mejor conocida como Patylú. Nomás no entienden que haya escogido el difícil momento que vive su partido —a la baja en las preferencias electorales y con un vergonzoso pacto antialianzas a cuestas—, para filtrar, con gran ruido mediático, la noticia de su próximo enlace con la ex integrante del grupo Jeans. “Esto me confronta como militante del partido y en muchos sentidos me genera molestia”, confesó una de las personalidades del azul. La “romántica historia” del anillo de compromiso entregado en Nueva York es calificada por no pocos azules como un “escándalo de frivolidad”.
Con el anuncio de su boda, la segunda de su vida, César Nava se une al “exclusivo” grupo de políticos que han sido pareja de mujeres de la farándula. La más vistosa en la actualidad es, sin la menor duda, la que forman Enrique Peña Nieto, puntero en las preferencias electorales para 2012, y la famosísima Gaviota.
Pero hay otras que dan, o dieron, mucho de qué hablar: Omar Fayad y Victoria Ruffo; Santiago Creel y Edith González; y dos ex presidentes, José López Portillo con Sasha Montenegro, y Gustavo Díaz Ordaz con Irma Serrano, sólo por mencionar algunas.
Nava es la comidilla entre sus correligionarios. No hay conversación en la que no aparezca el chisme destapado por la revista Quién. “¿Qué te parece lo de la ex cantante de Jeans? ¿No es de risa? Muy de nuestros políticos de los nuevos tiempos. El colmo sería que Fernando Gómez Mont funja como ‘testigo de honor’ en esta alianza del corazón; y que César se raje después de firmar”, escribió, mordaz, un funcionario del gobierno calderonista.
Más allá de la ironía con la que algunos tratan el tema, los panistas dan por hecho que Nava no tiene la menor oportunidad de reelegirse, cuando complete el periodo que inició en diciembre de 2007 el igualmente vapuleado Germán Martínez.
n En la cafetería El Balmoral nos topamos ayer con Carlos Medina Plascencia. El ex senador panista, retirado ya de la política, es de los que están preocupados por la situación que se vive en su partido. “Es tremenda”, calificó. El guanajuatense no descarta hacer públicas sus reflexiones sobre el PAN, el próximo mes de abril.

Justicia para menores

Inicia Foro de Justicia para menores
El Presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, informó que se entregará a la federación el diagnóstico general que arrojen todas las ponencias.
Nota de Yáscara López
Reforma, on line, 18 marzo 2010.- La urgencia de que el Gobierno Federal legisle la ley de justicia para adolescentes, necesidad de políticas públicas para frenar la inserción de jóvenes en actividades ilícitas y el reconocimiento de que se está apunto de una crisis en el tema, son algunas posturas con las que inició el Foro de Justicia para adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF).
En la inauguración del evento, que tendrá mesas de análisis y conferencias sobre el tema de justicia para adolescentes, y el primero desde que se hizo la Reforma Penal, el Jefe del Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, reconoció la necesidad de crear políticas públicas y una ley federal para frenar el aumento de jóvenes que comenten ilícitos.
El Mandatario local explicó que hay un incremento en toda la República Mexicana de delitos, en donde están participando los menores de edad de entre 12 y 18 años.
"Este fenómeno se expresa primordialmente en violencia, uso de armas de fuego, acelerada expansión de adicciones de todo género, y por consiguiente en cada vez mayor problema de justicia respecto a los adolescentes. Por eso la necesidad de revisar y de reorientar las políticas que se están siguiendo a nivel nacional", dijo.
El Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, (Conatrib), Rodolfo Campos Montero, reconoció que actualmente el sistema de justicia para adolescentes es obsoleto y se caracteriza por la opacidad, la lentitud y la ineficacia, por lo que es necesario estudiarlo, analizarlo y de ser necesario modificarlo.
"Resulta fundamental que la federación cumpla con su obligación de dotarnos no sólo de la legislación federal para quitarnos la carga adicional de trabajo que nos impone el tener que estar juzgando cuestiones de orden federal, sino también necesitamos urgentemente los recursos necesarios para reencauzar y rescatar este sistema", dijo.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Mayagoitia, reconoció que por la prisa en que algunos Estados del País legislaron sus leyes de justicia para adolescentes, con el fin de cumplir con las reformas, actualmente existen disímbolas regulaciones relacionadas a justicia para menores.
"Es una excelente oportunidad para reposicionar el tema en la agenda pública y contribuir al fortalecimiento y modernización del sistema integral de justicia para adolescentes atentos a los mandatos constitucionales", dijo.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Édgar Elías Azar, informó que se pretende entregar a la federación el diagnóstico general que arrojen todas las ponencias, para que se contemple en la elaboración de la ley federal.
" El problema que tenemos en el DF es el de la penalidad, no tenemos ley federal y eso provoca discordinción nacional, la falta de homogenización en sanciones penales, aquí tenemos la pena máxima de 5 años, hay Estados que tienen 20, 10. Queremos privilegiar también la reparación del daño, la reinserción", señaló Elías Azar.
El foro se realiza en la cede de Plaza Juárez del TSJDF con la presencia de representantes del tribunales de todo el País, y al finalizar este viernes se entregará un diagnóstico del tema en México

Maricarmen Valls Esponda

Hija de ministro toma curul de Gil Zuarth
Notimex, El Universal, Jueves 18 de marzo de 2010
Maricarmen Valls Esponda, hija del ministro de Corte Sergio Armando Valls, llega a San Lázaro en sustitución del panista, quien solicitó licencia para ocupar la subsecretaría de Gobierno en Segob
Maricarmen Valls Esponda rindió protesta como diputada federal del PAN, en sustitución de Roberto Gil Zuarth, quien solicitó licencia el pasado martes para ocupar la subsecretaría de Gobierno en Gobernación.
Valls Esponda, hija del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , Sergio Armando Valls Hernández, es egresada de la Universidad Iberoamericana (UIA) en la licenciatura en Derecho, donde obtuvo mención honorífica.
La nueva integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) , cuenta con una maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual, la cual cursó en la Boston University School of Law, en Boston, Massachusetts.
En su experiencia laboral destaca su trabajo como abogada en diversas empresas internacionales con sede en la ciudad de México y una de ellas en Nueva York, Estados Unidos.
Domina el idioma inglés y cuando era pasante laboró en el área de investigaciones de derecho comparado internacional en la Corte.

El profesor Paul Kahan

Las reformas necesarias/Fernando Serrano Migallón
Excélsior, 18-Mar-2010
Kahan propone un modelo en el que se pueden analizar las instituciones jurídicas como fenómenos culturales.
Paul Kahan es el más importante autor en una corriente denominada “análisis cultural del derecho”. Esta forma de apreciar las normas jurídicas parte de una crítica al sistema contemporáneo de análisis y enseñanza del derecho. Como hoy las conocemos, estas prácticas se basan, no en el estudio a profundidad de las instituciones jurídicas, sino en el de su historia reciente —tan reciente como las últimas reformas legislativas— y además todo sobre la base del dogma del progreso. Por alguna razón siempre pensamos que la reforma implica progreso y que siempre estamos caminando hacia adelante. Al contrario, Kahan propone un modelo en el que se pueden analizar las instituciones jurídicas como fenómenos culturales, como sucede con la literatura, las artes, la historia y la sociología. Se trata de acercar los fenómenos a los ciudadanos, desde ese punto de vista el estudio se centra en dos elementos que hacen posible la norma: el consenso —que refleja el estado cultural de una sociedad— y la racionalidad, —que refleja la dogmática y el desarrollo de las disciplinas jurídicas—.
Estamos llegando a un punto en nuestra historia en que debemos preocuparnos más por discutir a fondo el estado de nuestro marco jurídico, que nos prepare, no para el futuro, sino con el fin de resolver el presente que ya de suyo urge. Las reformas propuestas por el Presidente son un punto de avance en ese sentido y han tenido ya un mérito que es necesario reconocer: han puesto en marcha el diálogo hacia objetivos precisos. El resto, o bien es parte del anecdotario político o es parte de la marcha hacia esos acuerdos básicos.
La experiencia ha demostrado que no requerimos una nueva Constitución, pero sí un nuevo marco jurídico y un nuevo sistema de valores democráticos. Es cierto que los partidos son, sobre todo, instituciones ciudadanas, sin embargo, su divorcio de la sociedad ha implicado que cada vez más ciudadanos organizados estén presionando sobre la realidad política para generar consenso u obligar a quienes deben formarlos a dar pasos adelante.
Ninguna propuesta es la última palabra, pero encierra, en sí misma, la posibilidad del acuerdo. Todo puede ser negociado, una de las bases de la democracia es que ni hay valores absolutos ni ninguna postura es invencible. Si los partidos apuestan por su respectiva reforma, bien, siempre que estén dispuestos a entrar al diálogo. Lo que ya no es posible es sostener la idea de que normas basadas en el pasado permitan solucionar los problemas de un presente que ha cambiado hasta nuestra forma de vernos en el mundo.
El mayor peligro está hoy en la falta de actores que decidan renunciar a sus posiciones de los partidos y a sus cuotas del poder, para perfeccionar el ejercicio de la política. Aquí no necesitamos una Moncloa, lo que requerimos es aprovechar una democracia ya formada y sacarla de las normas justas para llevarlas a la vida diaria. Esta ocasión de diálogo es una oportunidad histórica.
*Profesor de la Facultad de Derecho UNAM
Un texto de Kahan

Un decreto para medir el desempeño del gobierno

Este 18 de marzo el senador Tomás Torres Mercado (PRD) presentará ante el pleno una iniciativa que contiene proyecto de decreto para medir el desempeño del Gobierno Federal y de los gobiernos locales en el rubro de seguridad pública y evaluar el avance en la instrumentación de las reformas constitucionales y legales en materia de justicia penal y seguridad.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un aspecto preocupante de las iniciativas de seguridad y justicia presentadas en fecha reciente por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, es la existencia de propuestas que criminalizan a los ciudadanos y prefiguran un estado de sitio en el que las libertades ciudadanas deben ser arrinconadas como responsables de la grave situación de inseguridad y violencia que padecemos todos.
Cualquiera que haga una revisión de dichas propuestas, será testigo de la renuncia del Estado a cumplir con una de sus responsabilidades fundamentales: salvaguardad la vida, el patrimonio y la tranquilidad de los mexicanos.
Ya sea en la propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en la propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional o en el decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pueden encontrarse disposiciones que colocan sobre los hombros de los ciudadanos la responsabilidad de prevenir y hasta perseguir la comisión de delitos. Y si no lo hacen, corren el riesgo de ser considerados cómplices, encubridores, delincuentes.
Lo que subyace es la idea errónea de que gran parte del problema radica en la falta de disposiciones legales o en la falta de cooperación de los ciudadanos. Pero cada vez queda más claro que el problema no es de leyes, sino operativo.
El problema no es la legislación o los ciudadanos, es nuestra falta de eficiencia; es el bajo desempeño de las autoridades; es la negligencia o la incapacidad de algunos funcionarios que reciben recursos de los contribuyentes para prevenir y castigar los delitos y no cumplen con su trabajo.
La falta de disposiciones legales no puede explicar el brutal asesinato de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, o en Torreón, Coahuila. Tampoco pueden explicar los hechos violentos del pasado fin de semana en el que murieron más de 40 personas en la ciudad de Acapulco, Guerrero, ni las más de 18 mil ejecuciones que se han registrado en todo el país en menos de cuatro años.
En el corazón de la grave situación de inseguridad que vivimos todos los mexicanos está la falta de aplicación de las leyes vigentes y la escasa o nula operatividad de las instituciones de seguridad pública. Estos son los factores que nutren la impunidad y que han generado un ambiente propicio para la criminalidad y la corrupción. De poco o nada servirá expedir nuevas leyes si falta profesionalismo y capacidad de investigación de las autoridades. De poco o nada servirá incrementar las penas o crear nuevos tipos penales, si los criminales no son llevados a juicio y castigados y si no garantizamos la reparación del daño a las víctimas.
No es exagerado afirmar que el legado de quienes construyeron nuestra nación se encuentra en grave riesgo y que si no hacemos nada al respecto cancelaremos el futuro y los sueños de millones de mexicanos. Si no actuamos de manera urgente, pagaremos un precio enorme.
Es momento de hacer un alto en el camino y corregir lo que está mal, sin revanchas políticas y sin propósitos ajenos al interés colectivo. Es momento de rescatar a nuestra nación. Debemos dejar de señalar a otros como los culpables de nuestros problemas y retomar las riendas de nuestro futuro.
A través del presente decreto buscamos establecer mecanismos institucionales que mejoren el desempeño y operatividad de las autoridades federales y locales en el combate a la delincuencia; castiguen la negligencia y la deslealtad de quienes son responsables de la procuración y administración de justicia, y den respuesta al clamor de paz y justicia de los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se expide el Decreto para Medir el Desempeño del Gobierno Federal y de los Gobiernos Locales en el Rubro de Seguridad Pública y Evaluar el Avance en la Instrumentación de las Reformas Constitucionales y Legales en Materia de Justicia Penal y Seguridad, para quedar como sigue:
Artículo 1.- México padece la peor crisis de inseguridad pública de la que se tenga memoria. Nos encontramos frente a una espiral de violencia e impunidad que amenaza con destruir la vida, el patrimonio y la paz de millones de mexicanos y la viabilidad misma de nuestra nación.
Artículo 2.- Los últimos acontecimientos demuestran que el problema de la inseguridad en nuestro país no es de falta de disposiciones legales, sino eminentemente operativo.
Artículo 3.- Esta grave situación nos obliga a establecer mecanismos institucionales que:
I. Mejoren el desempeño y operatividad de las autoridades federales y locales en el combate a la delincuencia;
II. Castiguen la negligencia y la deslealtad de quienes son responsables de la procuración y administración de justicia.
III. Den respuesta al clamor de paz y justicia de los ciudadanos.
Artículo 4.- Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el artículo anterior se crea la Comisión para la Seguridad Pública y la Justicia.
Esta Comisión estará integrada por:
I. Tres legisladores representantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República;
II. Tres legisladores representantes de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República.
III. Tres legisladores representantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional
Artículo 5.- La Comisión será presidida de conformidad con el reglamento interno que se den.
Artículo 6.- La Comisión medirá el desempeño del gobierno federal y de los gobiernos locales en el rubro de seguridad pública y evaluará el avance en la instrumentación de las reformas constitucionales y legales en materia de justicia penal y seguridad.
Artículo 7.- La Comisión deberá presentar su reporte final en un plazo de cuatro meses calendario contados a partir de su integración.
Dicho reporte incluirá como mínimo:
I. Grado de coordinación entre autoridades federales y locales;
II. Grado de actualización de los datos para el combate de la delincuencia;
III. Avance en la red de telecomunicaciones de las dependencias e instituciones de seguridad pública federales y locales.
IV. Destino de los recursos financieros destinados al combate de la delincuencia.
Asimismo, incluirá un apartado en el que propondrá las políticas públicas y programas necesarios para mejorar el desempeño y operatividad de las autoridades federales y locales en el combate a la delincuencia.
Artículo 8. El documento a que se refiere el artículo anterior se hará del conocimiento del Pleno de las Cámaras del Congreso de la Unión; del Titular del Poder Ejecutivo Federal; de los gobiernos locales y, cuando proceda, se dará vista a la Auditoría Superior de la Federación o al Ministerio Público Federal.
Artículo 9.- Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Comisión contará con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación y de un Consejo Técnico Consultivo conformado por:
I. Un investigador o especialista proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que será designado por su Rector;
II. Un Investigador o especialista proveniente de la Universidad Autónoma Metropolitana, que será designado por su Rector;
III. Tres representantes de instituciones u organizaciones de la sociedad civil que desarrollen actividades destacadas en favor de la justicia, la seguridad pública y el respeto a los Derechos Humanos.
Artículo 10.- La Comisión, con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación y del Consejo Técnico Consultivo, diseñará la metodología necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 11.- Las dependencias de la Administración Pública Federal que a continuación se señalan y la Procuraduría General de la República estarán obligadas a entregar a la Comisión la información y bases de datos que ésta les solicite. Como mínimo, deberán entregar a la Comisión la siguiente información:
I. Secretaría de Seguridad Pública:
a) En el ámbito de Plataforma México:
1. Relación completa de averiguaciones previas y procedimientos penales en el país, federales y del orden común;
2. Relación completa de los sujetos a proceso y sentenciados, así como los que se encuentran en prisión y en libertad.
3. Relación completa de sentenciados que están gozando de beneficios de pre liberación o liberación anticipada.
4. Estado y grado de integración de la red de telecomunicaciones de las dependencias e instituciones de seguridad pública federales y locales.
5. Recursos asignados y situación actual de los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, conocidos como C4.
b) En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
1. Padrón de policías federales, estatales y municipales;
2. Reporte de los avances en la depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia federales y de las entidades federativas;
3. Reporte de los avances en materia de creación o fortalecimiento de centros de evaluación y control de confianza;
4. Padrón de empresas de seguridad privada;
5. Información actualizada sobre el inventario nacional vehicular y sobre el nivel de cumplimiento de las entidades federativas en la actualización de los datos;
6. Relación de licencias de conducir expedidas en el Distrito Federal y Entidades Federativas;
7. Inventario de vehículos automotores de procedencia extranjera;
8. Base de datos con información cruzada a nivel nacional sobre robo de autos y bienes que se dan en prenda en casas de empeño;
9. Base de datos con información cruzada a nivel nacional sobre delitos aduaneros y bancarios.
II. Procuraduría General de la República:
1. Relación de querellas y denuncia recibidas.
2. Relación de órdenes de aprehensión libradas a nivel nacional:
i. Porcentaje ejecutadas.
ii. Porcentaje pendientes de ejecución.
3. Causas penales prescritas por falta de cumplimiento de órdenes de aprehensión.
4. Número de averiguaciones previas reservadas, archivadas o consignadas a los jueces.
Artículo 12.- La información a que se refiere el artículo anterior deberá ser entregada en bases de datos de fácil consulta y en un plazo que no excederá de treinta días naturales posteriores a la fecha en que la Comisión haya sido integrada.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la información cuando medie solicitud de la dependencia o entidad, en la que se explique a la Comisión los motivos por los que no cuenta con la misma. La prórroga no deberá exceder de quince días naturales.
Artículo 13.- Si la información no es entregada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, los titulares de las dependencias podrán ser acusados por omisiones en el buen ejercicio de la función pública y por delitos contra la administración de la justicia.
Artículo 14.- Para medir el desempeño en el combate a la delincuencia se incluirán indicadores de eficiencia y calidad, en los que se pondere el contenido de la información en cuanto a su veracidad, oportunidad y utilidad.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- La Comisión para la Seguridad Pública y la Justicia y el Consejo Técnico Consultivo deberán quedar integrados e instalados dentro de los quince días naturales siguientes de la entrada en vigor de este Decreto.
Salón de sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de marzo de 2010.

Convocatoria del PAN en Sialoa

El PAN dio seis días de plazo al senador priista Mario López Valdez para decidir si se registra para participar en la contienda interna para postular candidato a la gubernatura en Sinaloa.
Sin embargo, la dirigencia estatal panista condicionó a los tres aspirantes -el exrector Melesio Cuen, el diputado Alejandro Higuera y el senador López Valdez- a firmar una carta compromiso en la que advierten que, de ganar la elección en alianza con el PRD y Convergencia, el PAN definirá a los funcionarios de primer, segundo y tercer nivel de su eventual Gobierno.
López Valdez rechazó el documento, pues consideró que es una imposición. Empero anoche Nava se comprometió con el senador todavía priista a revisar el asunto. Si prevalecen las condiciones que trata de imponer el panismo sinaloense (que no el CEN), Malova deberá decidir si se registra aún en esas circunstancias.
Durante una reunión anoche con César Nava, Mario fue informado que la Comisión Nacional del Elecciones emitirá hoy su convocatoria para el registro de aspirantes al Gobierno estatal, que será del 18 al 23 de marzo.
El viernes pasado, tras una reunión con César Nava, MALOVA reconoció que hay resistencias en el blanquiazul para aprobar su candidatura.
El gobernador de Morelos, Marco Adame, presente en la reunión de ayer reconoció que la única decisión firme de su partido es llevar a cabo un proceso interno entre activos y adherentes en Sinaloa. "No es una decisión excluyente, es una decisión que apuesta a la vida institucional del partido. Cualquier otra lectura son especulaciones", dijo el también miembro del CEN panista cuando le preguntaron los medios si le cerraron las puertas a Malova.
En su intento por convencer a Nava, López Valdez entregó al dirigente panista una encuesta en la que sería el único abanderado capaz de derrotar al candidato del PRI, Jesús Vizcarra.
Por separado, el presidente del PRD, Jesús Ortega, aseguró que las condiciones del PAN sinaloense están obstruyendo la alianza, y confió en que Nava pueda resolver las diferencias internas para lanzar a López Valdez. "Nava está tratando de resolver estas condiciones. Sería un grave error acceder a esas condiciones porque ni siquiera son de carácter ideológico".  "El PAN deberá ponderar su decisión y tomar en cuenta otros elementos. Mario López es el más posicionado y, si nos interesa ganar, debemos tomar en cuenta estas cifras", señaló Ortega.
El dirigente perredista acusó al gobierno priista de Sinaloa de utilizar "triquiñuelas" para dividir a los panistas y evitar no sólo la alianza sino que su abanderado sea López Valdez.

Respuesta a Janet Napolitano

Mensaje del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sobre el compromiso del Gobierno Federal con la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, en particular el narcotráfico
México, D. F., a 17 de marzo de 2010 | Discurso
Muy buenas noches.
Los temas que ocuparán el posicionamiento que se hace desde aquí, desde la Secretaría de Gobernación. El primero que es en el orden de políticas públicas y el segundo para anunciar un cambio en el equipo de la Subsecretaría, en función de los actores que hoy nos acompañan.
Primero. Reafirma el Gobierno de México su compromiso con la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, en particular el fenómeno del narcotráfico.
El Gobierno de México reitera su determinación para seguir combatiendo de manera enérgica y contundente a la delincuencia organizada transnacional, de una manera integral, utilizando todos los recursos legítimos y lícitos disponibles para el Estado mexicano.
En particular, desde que en marzo de 2008 se anunció el inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, hoy Operación Coordinada Chihuahua, el despliegue del Ejército Mexicano ha estado orientado a reafirmar a la autoridad pública en Ciudad Juárez.
La presencia del personal militar en tareas de seguridad ha permitido dar tiempo para la depuración, reconstrucción y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
A lo largo de estos meses, el Ejército ha logrado desarticular redes logísticas y financieras de grupos criminales que operan en Ciudad Juárez. Asimismo, el personal militar ha capturado a destacados líderes y operadores responsables, no sólo de traficar grandes cantidades de droga, sino de cometer múltiples homicidios en la entidad.
Hoy, la presencia del Ejército Mexicano está orientada a coadyuvar a las autoridades federales y locales en los distritos de mayor incidencia delictiva en Ciudad Juárez, por lo que continuará realizando patrullajes terrestres y aéreos, así como estableciendo puestos de control.
Ante los retos que México enfrenta en materia de seguridad, el Ejército Mexicano es fundamental para salvaguardar el Estado de Derecho, por lo que mantendrá su actuación en Ciudad Juárez y el resto del país, mediante efectivos que reforzarán y apoyarán a las autoridades de seguridad pública en el orden civil.
Dada la naturaleza internacional de la amenaza que se enfrenta, la cooperación con otros países resulta indispensable, toda vez que diversas manifestaciones del fenómeno tienen su origen más allá de nuestras fronteras.
Por ello, los gobiernos de México y Estados Unidos han impulsando un cambio paradigmático en los esquemas de cooperación bilateral para enfrentar este reto común, con base en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la jurisdicción y soberanía de cada país.
La Iniciativa Mérida conlleva el compromiso tanto de medidas de cooperación para fortalecer las capacidades institucionales de ambos países, como de reforzar las acciones que cada país desarrolla en su propio territorio para enfrentar, con sus propios medios y conforme a sus estrategias nacionales, a la delincuencia organizada. Estas acciones nacionales son fundamentales.
Frente a la situación actual, el Gobierno de México expresa que se requiere fortalecer acciones en las siguientes áreas:
Reducción de la demanda por drogas. Expertos de México y Estados Unidos se reunieron en febrero pasado en Washington para analizar los retos que ambos países enfrentan en materia de prevención y consumo de drogas.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay 20 millones de usuarios habituales de enervantes, cuyo consumo es el principal incentivo para el tráfico ilícito de estupefacientes.
Son preocupantes también las decisiones estatales y locales que facilitan el cultivo y el consumo terapéutico de la mariguana. Se trata de políticas públicas que contrastan con los esfuerzos federales para reducir la demanda de drogas ilícitas y enfrentar frontalmente al narcotráfico.
Actualmente existen 14 estados en Estados Unidos que han aprobado iniciativas de esa índole.
La demanda ilegal de drogas contribuye, también, a generar corrupción entre las autoridades de los dos países y otras actividades delictivas, como el tráfico de armas y el lavado de dinero que, en conjunto, afectan seriamente la salud de la comunidad y provocan preocupantes niveles de violencia.
Por ello, es esencial fortalecer la coordinación en los esquemas de repatriación a México de personas que han sido sujetas a procesos penales en Estados Unidos, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de la zona fronteriza.
En tráfico de armas. Es indispensable detener el flujo de armas ilícitas a través de la frontera norte, en particular, las armas automáticas de asalto cuya venta estaba prohibida en Estados Unidos hasta 2004.
Asimismo, con respeto a las garantías constitucionales de las personas se podría establecer un registro de armas en ese país para desincentivar las compras fraudulentas de armas que suelen tener como destino las organizaciones delictivas que, con ellas, atacan tanto a la autoridad, como a ciudadanos inocentes de ambos países.
En cuanto a las operaciones contra las organizaciones criminales, las acciones contra las organizaciones de traficantes y las redes de distribución y narcomenudeo de drogas que operan en el territorio de los Estados Unidos, son fundamentales para el éxito conjunto en esta materia.
Igualmente, es necesario revisar las políticas de procuración de justicia que facilitan la liberación de delincuentes que son detenidos con pequeñas cantidades de droga.
Los esfuerzos gubernamentales deben dirigirse tanto contra las organizaciones delictivas que transportan grandes cargamentos de enervantes, como contra los individuos que lo hacen en pequeña escala, ya que la mayoría de los casos forman parte de dichas organizaciones criminales.
Las sociedades de México y Estados Unidos están pagando un precio muy alto en términos económicos y de vidas humanas por el tráfico y consumo de drogas ilícitas.
Los oficiales y las personas inocentes que han muerto como consecuencia de los ataques de la delincuencia organizada, provocan pérdidas irreparables para sus familias y para sus comunidades.
Por ello, el Gobierno de México ratifica su compromiso de seguir consolidando y fortaleciendo la estrecha cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos.
El Gobierno y pueblo de México reconocen el compromiso, la vocación de servicio y la contribución de policías, soldados y marinos, que combaten con valor y honestidad a la delincuencia organizada para garantizar el bienestar de la sociedad.
El Gobierno del Presidente Calderón no dejará de enfrentar a la delincuencia y redoblara sus esfuerzos para promover el desarrollo social y la seguridad de todas las familias mexicanas.
Con respecto a este posicionamiento en términos del carácter internacional, estoy dispuesto a las preguntas y respuestas y luego presentaré el otro punto.
Sesión de preguntas y respuestas.
-PREGUNTA: Buenas noches. Dado lo que usted acaba de decir, si bien es cierto mucho han señalado que trabajan en conjunto, se planean estrategias para hacer frente a este problema de criminalidad.
Sin embargo, me llama la atención, Secretario, habría que hacer un llamado a las autoridades estadounidenses, tanto federales como locales, para cambiar legislaciones que tienen establecidas ahí, usted lo señaló hace un momento, en cuestión -por ejemplo- de permitir el consumo de ciertas sustancias en pequeñas cantidades.
¿Tienen que cambiar legislaciones allá para poder hacer frente correcto a la criminalidad?
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: El Gobierno mexicano en los últimos años ha hecho un esfuerzo de transformación institucional muy importante y que seguirá haciendo.
Hoy en el Senado de la República se discuten reformas para seguir avanzando en la transformación institucional de México en materia de seguridad.
Nosotros, con el ejemplo, lo que señalamos es: existen políticas públicas del otro lado de la frontera que hacen mucho más complicado el problema y que requieren un posicionamiento responsable de todas las autoridades.
Seguimos bajo la lógica que es un problema común, que la dinámica de las organizaciones criminales trasciende en las fronteras nacionales pero que el hecho de que existan regulaciones distintas, por ejemplo en materia de armas, por ejemplo en materia de persecución del consumo de ciertos estupefacientes, complican de manera grave una solución más eficaz y más eficiente del problema.
Y que eso obliga, como México lo ha hecho, a que las partes revisen sus propias políticas públicas, a fin de lograr mejores objetivos y que abatan los niveles de violencia y delincuencia que lastiman a la gente, que al final son los sujetos de la tutela a la que estamos obligados a responder.
-PREGUNTA: Yo le quiero preguntar su opinión sobre las recientes declaraciones de la señora Napolitano en el sentido que el Ejército o la presencia del Ejército en Ciudad Juárez no ha funcionado.
Sobre esto, yo le quiero preguntar qué estrategia sigue del Gobierno Federal y por qué apuestan tanto a las Fuerzas Armadas que, supongo, de alguna manera tendrán algún desgaste en esta concentración tan intensiva en Ciudad Juárez.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Primero. Como lo he dicho al principio del comunicado, la presencia de las Fuerzas Armadas en Juárez ha sido fundamental para construir el espacio histórico de reconstrucción institucional que se viene demandando en Juárez y en Chihuahua. Y sólo generaron un espacio de seguridad y de presencia de la autoridad pública para posibilitar una transformación profunda, por ejemplo, de las policías municipales, en miles de elementos, unos que fueron depurados y otros que han sido entrenados, seleccionados y pasados por los controles de confianza.
No se puede vaciar de autoridad un lugar para reconstruir a la autoridad. El Ejército nos ha permitido tener la presencia de la autoridad mientras podemos llevar a cabo este ejercicio de reconstrucción institucional.
Dos. Hemos dicho que el modelo de la violencia en Juárez ha cambiado a partir de la presencia de las Fuerzas Armadas, pasando de los convoyes totalmente aparentes y que circulaban de manera impune, a un manejo distinto en cuanto a su operación, más atomizada y más discreta.
Este tipo de fenómenos se combaten con nuevos esquemas de inteligencia y con nuevas habilidades y capacidades institucionales, más propias de las policías.
Por eso, se ha ido fortaleciendo la presencia de los sistemas de Policía Federal en Juárez, a fin de responder con los instrumentos adecuados a ese tipo de fenómenos.
Pero sin la presencia de las Fuerzas Armadas, sería difícil que hubiéramos podido hacer este ejercicio de reconstrucción institucional y sería difícil establecer la parte del control periférico en ciertas áreas que permitan que la policía puedan entrar a actuar con sus mecanismos de inteligencia y de neutralización de este tipo de organizaciones, sin un respaldo de fuerza suficiente que permita tener la potencia y la incidencia necesaria en este fenómeno.
Claro que hay un desgaste. Primero, la autoridad está obligada a desgastarse para proteger a los ciudadanos.
Claro que el tiempo, el sacrificio y el costo que estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas es enorme, pero nos obliga a acelerar el ejercicio de reconstrucción institucional en este país, a fin de que se fortalezca las capacidades federales, estatales y municipales en términos de seguridad.
Hoy en el Senado se discute cuál debe ser el modelo, sobre el cual se reconstruyan los cuerpos de seguridad pública civiles en México, y que tiene que ser en un tiempo razonable para ya no estar pidiendo este sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas.
En seguridad pública, deben ser instituciones civiles las que hagan esta tarea y las Fuerzas Armadas sólo nos están dando el espacio histórico para poder hacerlo.
Pero eso obliga a legisladores, en términos de diseño legal y de asignación de presupuesto, el acelerar ese paso. Esto no puede ser para siempre, esto tiene un plazo histórico definido y es la capacidad en tiempo y forma del Estado mexicano para reconstruir las instituciones de seguridad pública civil.
-PREGUNTA: -De lo que dijo la señora Napolitano.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: De la señora Napolitano.
No quiero pasar por injusto frente a una afirmación que a mí me parece reprobable. Hay que entender en el contexto que me informan que fue dicho y no fue parte central de una declaración, hay que entender problemas de traducción.
Lo que yo sí le voy a decir: no acepto por falso que se diga que el papel de las Fuerzas Armadas en Juárez es insustancial o insuficiente.
Ha sido muy importante, se sigue necesitando de su presencia muy importante en Ciudad Juárez y yo creo que esto es algo que conoce, o así me lo ha expresado a mí la señora Napolitano, que reconoce que en las actuales condiciones si bien, como en todo México, queremos transitar a un modelo de presencia fundamental o toral de fuerzas de seguridad pública estatal, no es posible hacerlo sin la participación de las Fuerzas Armadas.
Y esto ha sido reconocido por el propio gobierno estadounidense. Por eso, antes de armar guerra santa hay que entender el contexto en el que fueron hechas esas declaraciones, pero aún en ese contexto, son de rechazarse por esta Secretaría.
-PREGUNTA: -Para ver si pudiera precisar sobre el punto de las Fuerzas Armadas.
Tras las observaciones que hizo las autoridades de Estados Unidos, ¿van a seguir o van a replantear los trabajos que está haciendo el Ejército?
¿Este contexto histórico del que usted se refiere es de manera indefinida, es decir, vamos a ver el año 2012 y el Ejército seguirá en Ciudad Juárez como en otras entidades?
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Yo le voy a decir, hay dos maneras de darle certidumbre de una fecha: o se establece un día del calendario o se establece una condición histórica para que algo suceda.
Las Fuerzas Armadas dejarán de prestar el valioso servicio que están presentando cuando las fuerzas civiles ya tengan la potencia suficiente para hacer frente a sus obligaciones.
A nivel federal hemos avanzando mucho, a nivel de algunos estados también. Tenemos que sacar, y es parte de lo que se está discutiendo en el Senado de la República, bajo qué modelo acelerar el proceso de transformación institucional en materia de seguridad pública.
Al final, que por parte del Gobierno Federal, el Gobierno Federal solicitará el apoyo de las Fuerzas Armadas sólo en la medida que auxilien y aceleren el proceso de reconstrucción institucional.
Todos estamos conscientes del enorme sacrificio y esfuerzo que han hecho. y todos estamos conscientes de que tenemos que terminar este proceso de transformación a la celeridad que le dé consistencia, ni tan rápido que no sea serio, ni tan lento que se abuse del esquema actual.
-PREGUNTA: -Perdón. Es que no me respondió si se va a replantear el papel de las Fuerzas Armadas después de las observaciones de Estados Unidos.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Con todo respeto, esa es una decisión soberana del Gobierno de México y yo, desde que tengo el honor de estar en esta Secretaría, he escuchado un mensaje consistente del Gobierno Federal.
Las Fuerzas Armadas nos están dando el espacio para la reconstrucción institucional de habilidades y capacidades del Gobierno en materia de seguridad pública.
Se han hecho notorios avances tanto en la Federación, como en algunos estados, y tenemos que garantizar que esto sea un esquema nacional que se consolide.
No son observaciones de otros los que tienen que mover las decisiones de política pública. Si bien todo esfuerzo de buena fe se escucha, y todo consejo o asesoría es escuchada, esto ha sido una posición consistente del Gobierno Federal, desde que yo tengo el honor de participar con él.
No ha habido ningún cambio en el discurso. Hemos escuchado siempre del Presidente de la República y de los funcionarios del Gabinete de Seguridad, que éste es un ejercicio transitorio en tanto se fortalecen capacidades y habilidades institucionales en materia de seguridad. No hay ningún cambio en el discurso.
Hoy por hoy, de haber pasado de etapas de fortalecimiento en ciertas áreas institucionales, de haber fortalecido, por ejemplo, no sólo la parte de la Policía Federal, no sólo las facultades de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal, sino fortalecido el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos que seguir avanzando en ese proceso.
Y no puede ser un proceso ni tan lento que se abuse de este esquema, ni tan rápido que se simule este esquema.
-PREGUNTA: -Buenas noches, señor Secretario.
Disculpe la insistencia, pero ante estos calificativos del gobierno, que usted ha dicho que son cuestiones de interpretación.
Sí quisiera saber si el Gobierno de México ha hablado ya con sus homólogos en esta materia para aclarar estas interpretaciones que usted dice son erróneas por la traducción.
Y la otra, si se espera que también estas advertencias del gobierno de Estados Unidos a sus connacionales para que no lleguen a territorio mexicano por la violencia que hay, ¿cómo les va, cuál va ser el tratamiento y si habría más elementos del Ejército participando en estos operativos dado que siguen las ejecuciones, sobre todo en Ciudad Juárez?
Y quisiera también un comentario sobre Guerrero.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Muy bien.
El Estado mexicano está actuando con todas las capacidades que tiene bajo su disposición.
Yo lo que he dicho es que no quiero sacar fuera de contexto lo dicho por la Secretaria Napolitano, pero que aún en su interpretación más benigna no son aceptables las expresiones proferidas por la Secretaria Napolitano, toda vez que nosotros insistimos en el valor, el sacrificio, el heroísmo y la entrega de las Fuerzas Armadas en una lucha que no siéndole natural, ha tenido que tomar mientras que reconstruimos las capacidades de aquellas autoridades que deben acometer el problema.
Y que, y así lo hice al principio de mi intervención, se debe reconocer que especialmente en Juárez: Uno, dieron un espacio histórico para reconstruir instituciones de seguridad que estaban devastadas allá y, dos, han generado una modificación en la manera como se conduce la delincuencia organizada que nos obliga a establecer nuevas habilidades porque con las del puro patrullaje y la inteligencia ya no se podían resolver, pues se mimetizó -en alguna manera- el proceso o la visibilidad de las organizaciones criminales.
En ese sentido, insisto, actuaremos siempre frente a la disposición de las capacidades institucionales para afrontar los problemas. No lo hemos eludido y ese es un signo de esta Administración, no eludir el problema de la seguridad y la necesidad de fortalecer al Estado mexicano para cumplir con sus disposiciones.
En cuanto a la logística. Ya se ha venido anunciando cuál es la logística para Juárez.
El hecho de que se acompañe a la parte de seguridad, toda la parte de prevención de la violencia, a través de la política social, implica una articulación que habla de una etapa o una aproximación fortalecida al tema de la seguridad en un caso de devastación comunitaria, como se puede dar en algunas zonas de Juárez. Y en ese tema.
También en cuanto a lo que está sucediendo en Guerrero, yo le puedo decir que estamos en comunicación constante con los diversos niveles de gobierno, que estamos buscando actuar con la acritud y la diligencia, que en las últimas semanas se han dado enfrentamientos contra las autoridades en función de que las autoridades y la manera de transformar las autoridades en Guerrero ha afectado a las organizaciones criminales.
Y la voluntad de los niveles de gobierno involucrados sigue siendo indubitable en términos de avanzar en el sentido de recuperar para Guerrero la seguridad, desde obras de infraestructura hasta la reconstitución o reconfiguración de autoridades de seguridad, tanto a nivel estatal como a nivel federal en Guerrero.
-PREGUNTA: Secretario, buenas noches.
Después de lo que vivimos este fin de semana en la frontera, lo que se vivió en el estado de Guerrero, ¿usted coincide con el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de que la violencia bajó 40 por ciento en el país?
Y la segunda pregunta: Esta exigencia de la que usted habla del gobierno de los Estados Unidos en esta lucha, ¿formalmente México, las autoridades mexicanas ya le hicieron esta exigencia de que finalmente asuman el papel que les corresponde?
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: A fin de no tener yo que coincidir con una versión que no conozco en sus términos exactos, porque don Genaro, como todo funcionario público tiene diversas declaraciones.
Yo sí les puedo decir que ha habido una reconstitución de la violencia en el país. En algunas zonas se ha abatido de manera muy importante, en otras zonas presentan problemas. En cuanto a la estadística nacional, tendríamos que ver a qué tipo de violencia se refiere.
En principio, yo tengo que don Genaro García Luna trata de ser serio en sus afirmaciones estadísticas pero, al fin y al cabo, tendrán que ser argumentadas y evidenciadas en ese sentido.
¿Y cuál era la segunda?
-PREGUNTA: Si formalmente van a iniciar la exigencia al gobierno de Estados Unidos que asuma su responsabilidad en esta lucha.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Todo el concepto del discurso de Iniciativa Mérida implica un discurso de corresponsabilidad, donde ambas partes reconocen en qué se afectan unas a otras.
Al tiempo que eso se hace, hemos ido avanzando en la concreción de ese discurso porque un discurso político que no tiene consistencia institucional -al fin y al cabo- sólo son palabras que se llevan al viento.
Y hemos ido empujando programas de cooperación que parten de la dinámica de los delitos en ambos lados de la frontera, así tenemos el Juárez-El Paso y tenemos el Tijuana-San Diego, tratando de encontrar aquellos mecanismos donde se retroalimentan lo que hacen las organizaciones criminales en ambos lados de la frontera.
Lamentablemente no se pueden explicar hechos tan difíciles como los que se han vivido en las últimas semanas pero tan emblemáticos, como el del fin de semana, si no se reconoce que hay un problema de tráfico de armas que están nutriendo esta violencia.
Y si lastiman, siempre que vulneran vidas, pues también cuando estas vidas sean extranjeras no sólo mexicanas, también lastima porque son vidas humanas, o sea, su realidad está más allá del principio de la nacionalidad.
Y ambos gobiernos han reconocido que tienen que ir trabajando en ese sentido, ambos gobiernos están haciendo inversiones, pero sepan ustedes: la próxima semana va a haber una binacional del gobierno americano y el Gobierno mexicano que ya estaba calendarizada. Este tema es central en esa binacional.
Y lo que yo les he comentado aquí es una posición del Gobierno mexicano frente a esa binacional, en un tema donde tenemos que, no sólo, identificar las causalidades que se dan en cada parte de la frontera, que inducen a este problema que lastima a todos, sino de avanzar en los mecanismos concretos que a cada parte le permitan ser más eficaz en la parte de la tarea que le corresponde.
Está claro que del lado americano el tráfico de armas, la demanda de las drogas y problemas de lavado de dinero y de entrega, por ejemplo, de efectivo son causas que generan directamente aspectos que fomentan la violencia, como aquí tenemos también el caso del envío de la droga, entre otros aspectos.
Y que hay corrupción en ambos lados de la frontera que tenemos que reconocer y solucionar, porque estos fenómenos son dinámicos, altamente corruptores y altamente corrosivos.
Gracias.