3 ago. 2010

Drogas y violencia

Una proliferación peligrosa/Juan Gabriel Tokatlian, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires
Publicado en LA VANGUARDIA, 03/08/10):
Los crecientes y descontrolados niveles de violencia vinculados al asunto de las drogas en ciudades grandes y pequeñas de México, el Caribe insular y Centroamérica; el persistente auge del narcotráfico en el mundo andino, tanto en centros metropolitanos como áreas rurales; y el avance de la criminalidad en varios ámbitos urbanos en el Cono Sur son fenómenos que se han instalado en la región. La emergencia de una potencia zonal – Brasil-con ambición de proyección global; el relativo buen comportamiento de varias economías en la región en medio de la turbulenta crisis financiera del 2008-2009; la recurrencia de procesos electorales en la inmensa mayoría de las naciones del área; el gradual mejoramiento de ciertos indicadores sociales en algunos países; la rápida disponibilidad de asistencia de todas las administraciones latinoamericanas y caribeñas a la reciente tragedia vivida por Haití; y la vitalidad de sociedades civiles muy movilizadas son factores positivos que contrastan con aquella tendencia negativa que, de hecho, mancomuna a toda América.
Ese hilo conductor violento, que no hace diferencia respecto al tipo de ideología imperante en los distintos países, ha conducido, nuevamente, a que reemergiera la cuestión de los “estados fallidos” o las “áreas sin gobierno”. Los casos de México, El Salvador, Jamaica, Colombia y Paraguay, por ejemplo, comparten un denominador común: el lucrativo negocio de los narcóticos y de la delincuencia organizada que se sirve de él ha generado niveles alarmantes de violencia e inestabilidad. Ya no se trata de una clase emergente que se apoya exclusivamente en la violencia, sino de una clase criminal con capacidad de consolidación en diversos ámbitos geográficos que recurre, simultáneamente, a prácticas coercitivas y persuasivas.
En ese contexto, la reaparición de la cuestión de los “estados fallidos” o las “áreas sin gobierno” no es sorprendente. Ambas nociones – que algunas veces se superponen-surgieron hace ya unos años en la academia y entre los tomadores de decisión en Estados Unidos. En esencia, existen tres brechas entre un Estado aparente y otro empírico: una brecha de legitimidad, otra de capacidad y una última de soberanía. Los “estados fallidos” carecen de legitimidad, no disponen de los atributos y estrategias para enfrentar las dificultades que afrontan y tienen menos control territorial del que poseen los estados plenamente constituidos. Así, entonces, lo que provoca un “Estado fallido” es una combinación de incapacidad de gobernar y ausencia de voluntad política.
Esa presunta carencia de capacidad y de voluntad motivó que se argumentara que la solución al desfallecimiento estatal debía provenir de fuera. Básicamente, un “Estado fallido” no es necesariamente un Estado hostil y pendenciero, sino un Estado inepto e indolente, lo cual lo hace ingobernable. La perturbación que produce ese tipo de Estado es fuente de problemas; en particular, cuando en algunos casos se presentan, a su vez, actores terroristas. Por tanto, ese Estado subordinado y tumultuoso debía (y debe) ser estabilizado para que sus efectos no produjeran males mayores.
El billonario Plan Colombia para ese país de los Andes que se viene desplegando desde el 2000; la Iniciativa Andina que le siguió; el acuerdo del 2009 para el uso de siete bases colombianas por parte de Estados Unidos; el Plan Mérida para México y Centroamérica, que se acompañó de la inquietante militarización de la frontera mexicano-estadounidense; la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, reforzada últimamente con 124 millones de dólares; el más reciente compromiso para desembarcar unos 7.000 marines en Costa Rica y enviar a ese país 46 buques de guerra como parte de labores antidroga; el incremento en el 2009 de la asistencia en materia de seguridad otorgada a Paraguay, el rápido despliegue de unos 20.000 soldados después del terremoto en Haití a comienzos del 2010, son algunas de las medidas que ha emprendido Washington para evitar desfallecimientos estatales y la multiplicación de espacios desgobernados.
Sin embargo, el impacto de esa ayuda, cada vez más bélica, ha sido pobre. La “guerra contra las drogas” se ha tornado rutinaria y estéril, al tiempo que su ampliación geopolítica y su “normalización” discursiva sólo encubre un fracaso enormemente costoso.
En el código anglosajón, no existe ni quick fix ni magic bullet en la superación del fenómeno de las drogas. Más aún: hay que tener en cuenta que Estados Unidos no es, naturalmente, un proveedor de orden; puede, incluso, ser un generador de más desorden.
América Latina es testigo de una proliferación peligrosa: el encumbramiento de una pax mafiosa a lo largo y ancho de la región; es decir, la afirmación de una nueva clase social criminal con capacidad hegemónica ante la desorientación de las élites dirigentes, la parálisis de la sociedad civil, el debilitamiento del Estado, la torpeza de Estados Unidos y las inconsistencias de la comunidad internacional. Esta pax mafiosa, que se expresa más a escala local, municipal, provincial y departamental que en el plano nacional, confirma la existencia de una sofisticada criminalidad organizada que opera con más influencia y recursos que muchos estados de América Latina. Desactivar esta tendencia proliferante exige, en primer lugar, repensar seriamente el sentido y el alcance de la “guerra contra las drogas”, así como la equívoca estigmatización que acompaña el uso del calificativo de “Estado fallido” para definir la situación de varios países de la región.

Diálogo por la seguridad 2

Segunda Intervención del Presidente Calderón en el Diálogo por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento  2010-08-02 |
Bien, amigos.
Reitero mi gratitud por su presencia.
La verdad es que he escuchado con mucha atención y hemos tomado debida nota de las reflexiones que han hecho, de sus planteamientos, de sus propuestas que, por supuesto, independientemente de que algunas de ellas o muchas se hayan planteado con anterioridad, siempre es importante volverlas a revisar, volverlas a escuchar, volverlas a plantear, verlas en otro contexto, que es, ciertamente, un contexto muy distinto el que estamos viviendo ahora. Es un contexto, en muchos aspectos, nuevo.
Yo coincido con lo que muchos de ustedes han dicho. Independientemente de las cosas que se hayan hecho o las que estén en curso, la verdad es que la ciudadanía exige resultados y esos resultados todavía son un saldo pendiente. Eso me queda perfectamente claro.
Y mi mayor empeño como Presidente de la República es, precisamente, para lograr esos resultados, que deriven, como muy probablemente ocurra, no a corto plazo, pero que deben derivar necesariamente en la tranquilidad y en el bienestar de los ciudadanos.
También me ha quedado muy claro que es indispensable la participación de los liderazgos sociales del país para impulsar, precisamente, que las cosas sucedan.
A mí me parece que sólo la presión ciudadana puede hacernos a nosotros, los gobernantes, la exigencia ciudadana, el cumplir detalladamente con nuestros compromisos y con nuestras obligaciones legales.

Diálogo por la Seguridad

Primera intervención del Presidente Calderón en el Diálogo por la Seguridad. Hacia una Política de Estado 2010-08-03
Señoras y señores.
Muy buenos días.
Aprecio profundamente el que hayan aceptado la invitación a este Diálogo por la Seguridad, un ejercicio de reflexión, de crítica, de análisis, por el cual buscamos, precisamente, generar que la lucha por la seguridad sea una política de Estado, con plena corresponsabilidad de los poderes públicos, de los órdenes de Gobierno y de la sociedad civil.
La labor de ustedes, especialistas, académicos, periodistas, estudiosos del tema, es fundamental, precisamente, para hacer una revisión a fondo de lo que debemos hacer, de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal, de lo que falta por hacer en la lucha por la seguridad pública en México.
Su escrutinio, su crítica, su propuesta, sobre todo, nos permitirá adoptar medidas adecuadas para mejorar y precisar la política pública en la materia.
Sé que hay en cada una y en cada uno de ustedes un compromiso con el país, con México, con sus instituciones, con la vigencia plena del Estado de Derecho; y, sin duda, sus ideas y propuestas serán de gran valor en el propósito último de garantizar la seguridad de las familias mexicanas y restituir la paz y el orden público.

"Diálogo por la Seguridad"

Líderes de distintas organizaciones ciudadanas y empresariales le exigieron al Presidente Calderón la creación de instancias civiles que supervisen el desempeño de las dependencias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Pidieron que sean los ciudadanos quienes certifiquen a los policías; que se instituya un observatorio del delito; que haya un auditor independiente en las corporaciones policíacas; y que sea el ICESI -que dirige Luis de la Barreda- el que siga realizando las encuestas de victimización.
Durante la primera reunión denominada "Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento", Eduardo Gallo, presidente de México Unido Contra la Delincuencia, indicó que a las organizaciones ciudadanas les han faltado "dientes" para poder obligar a las instituciones a cumplir los compromisos que asumen y por ello propuso que sean éstas las que apliquen los exámenes de control de confianza a los uniformados
Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), dijo que de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, las policías funcionan mejor cuando quien las supervisa son entes ajenos a las corporaciones y no los departamentos de asuntos internos, que pertenece a la misma institución. "Analicemos la figura del auditor independiente de la Policía. El auditor independiente de la Policía es una figura que se está realizando de muchas formas en el mundo y esa es una figura que permite construir contrapesos, contrapesos formales, con dientes, precisamente para generar un contrapeso institucionalizado independiente frente a la Policía", explicó.
Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que en ese organismo han venido trabajando en el último año en el diseño de un Observatorio Ciudadano del Delito, que fue uno de los compromisos adquiridos por la sociedad civil y el Gobierno en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito hace casi dos años.
Varios de los asistentes se congratularon de que el Presidente Calderón, en su discurso inicial, informara que el ICESI seguirá aplicando las encuestas de victimización, ya que por una decisión no aclarada en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se le dejó fuera.
Llamados
Puntos puestos sobre el mesa durante el encuentro del Presidente con representantes de la sociedad:
· Se exigió que las Procuradurías de las entidades sean transparentes.
· Fue reiterada la necesidad de implementar estrategias contra el lavado.
· Solicitaron la creación de una cárcel para mujeres encarceladas por crimen organizado.
· Fue tachado como indignante lo que sucede en los penales.
· Pidieron que los ciudadanos se hagan cargo de los organismos de fiscalización.
· Advirtieron sobre la utilidad de la Plataforma México.
· Demandaron acelerar la implementación de los juicios orales.
· Exigieron cuentas sobre lo invertido y los resultados obtenidos en la lucha anticrimen.
· Plantearon crear la figura de un Auditor Independiente de la Policía.
· Reclamaron unidad de la clase política para llegar a acuerdos.
· Pidieron retomar la Reforma Constitucional Penal y renovar el Código Federal de Procedimientos Penales.
Orlando Camacho de M´pexiuco SOS dijo:
"Me parece que es importante que esta reforma (la de justicia penal) se ponga en marcha, y funcione con todo el apoyo y la fuerza que requiere. Quisiera pedir el apoyo por parte de la Presidencia".
Primera Intervención del Presidente Calderón en el Diálogo por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento
2010-08-02 | Discurso
Muy estimados amigos representantes de la sociedad civil.
Agradezco y valoro profundamente que podamos continuar este diálogo acerca de la estrategia para combatir todas las expresiones del crimen, y lograr la seguridad pública que todos anhelamos.
Reconozco en cada una y en cada uno de ustedes, a mujeres y hombres comprometidos con la seguridad de nuestras familias, con la tranquilidad de nuestras comunidades y con la vigencia plena del Estado de Derecho.
Hoy estamos ante una nueva etapa del fenómeno de la inseguridad. Hemos presenciado un escalamiento de la violencia del crimen en nuestro país.
Actualmente no sólo se amenaza ya la tranquilidad con los conflictos que tienen entre sí los grupos criminales, sino que se amenaza el patrimonio y la integridad de las personas; también a los medios de comunicación y a las instituciones democráticas.
Desde el momento en que fue asesinado el Candidato a la Gubernatura de Tamaulipas, el doctor Rodolfo Torre Cantú, convoqué a los actores políticos y sociales a un diálogo para combatir con mayor eficacia y responsabilidad compartida a la delincuencia; es decir, para impulsar entre todos una política de Estado en materia de seguridad pública.
Se trata de que todos seamos conscientes de los graves peligros que enfrenta nuestra Nación, y que sumemos voluntades y esfuerzos para hacerles frente.
A lo largo de estas semanas, he celebrado intensos diálogos con diversos liderazgos sociales, empresariales, políticos y de medios de comunicación. Han sido encuentros francos, abiertos y constructivos.
A partir de esas reuniones, he podido identificar preocupaciones fundamentales de los ciudadanos, algunas de las cuales las agruparía en tres vertientes:
Por un lado. En la responsabilidad que tenemos todos los actores gubernamentales y políticos en el cumplimiento de nuestro elemental deber de hacer frente a la delincuencia.
Por otro lado. La necesidad de intensificar el fortalecimiento de las instituciones que tienen la encomienda de velar por la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos.
Y finalmente. La búsqueda de vías para tener una política preventiva mucho más activa y mecanismos eficaces para dar un seguimiento puntual de los compromisos que todos hemos asumido en este tema.
Como ustedes saben, la estrategia que ha seguido mi Gobierno tiene como primer eje de acción, recuperar los espacios que las autoridades le habían dejado a los delincuentes.
En segundo lugar. Escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado.
En tercero. Fortalecer el marco legal e institucional.
En cuarto lugar. Contar con una política activa de prevención del delito.
Y por último. Fortalecer la indispensable cooperación internacional en la materia.
Soy consciente también de que se han hecho cuestionamientos a esta estrategia y mi Gobierno ha estado y estará siempre dispuesto a revisarla, a fortalecerla, a perfeccionarla.
Durante las reuniones recientes escuché diversos puntos de vista, preocupaciones y propuestas, que comparto. Muchas de éstas se articulan en torno al fortalecimiento institucional y a la participación social como mecanismos para garantizar que todas las autoridades hagamos lo que nos corresponde, generemos resultados y asumamos nuestro compromiso con la seguridad.
En lo que toca al Gobierno Federal, hemos enfocado nuestro esfuerzo y nuestros comentarios en el fenómeno que más directamente nos compete, que es la acción del crimen organizado y la tarea de contrarrestarlo y combatirlo. Sin embargo, en los diálogos recientes he escuchado también la preocupación de muchos actores por el incremento notable de delitos que lastiman profundamente a la ciudadanía, como son: el robo, el homicidio, el secuestro y la extorsión.
Independientemente de que se trata de delitos cuya persecución corresponde fundamentalmente a las autoridades locales, mi Gobierno ha apoyado en todo momento y sin distingo alguno a todas las autoridades para que, sumando esfuerzos, se pueda cumplir con esa responsabilidad.
He, también, escuchado también el reclamo sentido de que las policías deben estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de la delincuencia, como ocurre en algunas partes del país. Es momento de fortalecer la estrategia con sentido de unidad nacional, de traducirla en una política de Estado que convoque a todos y que incluya a todos. Ese es el propósito de estos diálogos, que, en el caso de la representación ciudadana, me parece fundamental que sean públicos, porque ustedes son una pieza fundamental para el éxito de este esfuerzo.
En el proceso de construcción de una política de Estado en materia de seguridad y en el combate a todas las manifestaciones del crimen, es necesario que comencemos ahora una nueva etapa, una etapa más profunda, una etapa de compromisos concretos, de exigencia clara a todas las autoridades, de su cumplimiento y de seguimiento cercano de lo realizado para ello.
La política de seguridad tiene que ser una política de Estado. Es decir, no puede ni debe ser sólo una política del Gobierno en turno; o sólo de uno de los órdenes de Gobierno; o sólo de uno de los poderes, o sólo de una corporación. Tiene que ser un esfuerzo permanente y un esfuerzo de todos.
México requiere una política de seguridad que trascienda a esta Administración o a este Gobierno, y comprometa a todos para garantizar que los mexicanos podamos vivir en un entorno de paz, de leyes y de justicia.
Es por eso que bajo los principios de la seguridad democrática, entendida como la participación de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, de los tres Poderes, de las fuerzas políticas, de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación, en la preservación del orden público, la seguridad y la vida y las instituciones democráticas, todos debemos integrar nuestras capacidades y esfuerzos para fortalecer y perfeccionar la Estrategia Nacional de Seguridad.
Durante la primera fase de los diálogos, quedó clara la necesidad de que todos compartamos una visión estratégica en materia del combate a la delincuencia, así como la urgencia de actuar en un solo frente, a fin de poner un alto a la expansión del crimen.
La primera etapa demostró que existe un claro consenso en que, si actuamos divididos ante este enemigo común, pierde la sociedad, pierden las instituciones y pierde México.
Con creciente frecuencia, los hechos ligados al crimen demuestran que los delincuentes desafían a todos por igual, que no tienen límite ni escrúpulo moral, que están dispuestos a intimidar e infundir miedo a la sociedad y a las autoridades, a fin de hacerlas retroceder en el cumplimiento de su deber. También demuestran que, sin unidad, somos más vulnerables los mexicanos.
Este es el momento de la unidad de todos los mexicanos en un tema que a todos nos afecta y a todos nos compete.
Un insistente señalamiento que me han hecho los ciudadanos, es que aunque el problema es general, cada región del país registra particularidades y problemáticas que no se pueden obviar.
Para avanzar hacia una verdadera y eficaz política de Estado, es necesario que ampliemos este diálogo. Es por eso que los he convocado, para que lo ampliemos ahora. Y es por eso que he convocado a integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, para que los escuchemos y dialoguemos con franqueza, con claridad, con absoluta libertad, acerca de lo que debe hacerse, de lo que debe hacerse más, acerca de lo que debe mejorarse.
Debe ampliarse también este diálogo a todo el país. Necesitamos oír a todos, escuchar sus experiencias y sus opiniones sobre lo que se está haciendo bien, sobre lo que se está haciendo mal y lo que falta por hacer, que es mucho, en materia de seguridad.
La estrategia debe recoger las particularidades locales y, al mismo tiempo, la sociedad debe vigilar que los compromisos que hemos asumido en las leyes o en los acuerdos se cumplan en cada uno de los rincones del país.
Los ciudadanos son el origen y el destino de toda política pública. Por eso, quiero proponerle a las organizaciones aquí representadas, lo siguiente:
Primero. Les pido que nos exijan. Les pido que nos exijan a todas las autoridades del país, por igual, desde el más modesto Alcalde o Regidor, hasta al Presidente de la República, resultados concretos en la tarea y, en particular del fortalecimiento institucional que necesita el país.
Es decir, que actúen como vigilantes de la depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos y los Ministerios Públicos, que está comprometida; de la implementación de los controles de confianza efectivos y generalizados, a lo cual nos comprometimos los gobernantes; de la dotación de mejor equipamiento y de más recursos a las instituciones de seguridad; del mayor control sobre los centros penitenciarios; de una reducción sensible en los índices de criminalidad, entre otros muchos aspectos que ustedes han planteado como preocupaciones en los diálogos que hemos sostenido, y que muchas autoridades hemos asumido como compromisos públicos.
De la misma forma, para que, como sociedad civil, nos guíen y nos impulsen a los gobiernos y a los legisladores a orientar y aplicar políticas preventivas, a fin de que a través de la educación, el deporte, la salud, la prevención y tratamiento de adicciones, en particular con una perspectiva de salud, el sano esparcimiento y la generación de oportunidades, pueda reconstituirse el tejido social en las diversas comunidades del país.
Segundo. Les pido una presencia más activa, más permanente en la discusión y seguimiento de las políticas en materia de seguridad, en todos los órdenes de Gobierno y en todos los poderes públicos.
Es fundamental que avance el Observatorio Ciudadano comprometido por los ciudadanos; y en particular, les propongo que convirtamos este espacio, este espacio ciudadano que hoy nos reúne, esta mesa ciudadana, que la convirtamos en una mesa institucional permanente, que dejemos este espacio abierto para que aquí participen las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades Federales, y en la que, además, se convoque a otros poderes, a otras autoridades, a expertos en la materia, con una agenda de trabajo específica y puntual.
Tercero. Les pido que como parte de la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad, revisen con cada uno de los actores firmantes, la ejecución y los avances de los compromisos establecidos en el Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; así como el cumplimiento de los objetivos que se derivan de las leyes generales que el Congreso de la Unión ha aprobado y que nos obligan a todos.
Y cuarto. Les invito a que a partir de este encuentro, y también como resultado de la evaluación que ustedes realicen, formulen propuestas específicas sobre cómo fortalecer las instituciones, mejorar la estrategia y lograr un mayor compromiso de todas las autoridades en el combate a la delincuencia.
Los ciudadanos tienen que exigirnos cuentas específicamente a cada Gobierno, sea municipal, estatal y Federal; y las autoridades tenemos la obligación de responder.
En el caso del Gobierno Federal, públicamente asumimos el compromiso de responderle a los ciudadanos en la exigencia de rendición de cuentas, a la que tienen derecho.
A partir de la evaluación que ustedes realicen y de las propuestas ciudadanas que se formulen, mi compromiso es presentar sus iniciativas al Consejo Nacional de Seguridad Pública, al Congreso de la Unión, si es el caso, y a otras instancias de decisión.
El propósito es que, a partir del empuje de la sociedad, se fortalezcan las instituciones del Estado en materia de seguridad y procuración de justicia. La sociedad debe ser copartícipe en la construcción de una política moderna y eficaz de prevención que contribuya a restaurar el tejido social.
El objetivo es también lograr mayor transparencia, rendición de cuentas por parte de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y, al mismo tiempo, restituir la confianza ciudadana en sus autoridades.
Hoy compartimos el propósito de refrendar a México como una Nación de leyes, donde nuestras familias puedan convivir en armonía, en paz y con tranquilidad.
En el marco de la seguridad democrática, sociedad civil y los tres órdenes de Gobierno debemos tender puentes de entendimiento y puentes de convergencia para restituir la seguridad pública en aquellos lugares donde se ha perdido.
La evaluación de nuestro trabajo debe ir a todos los estados y a todos los rincones del país; debe alcanzar también a todos los poderes públicos, porque todos tenemos mucho que hacer.
Por mi parte, seguiré empeñado en mantener estos lazos de trabajo a través de este tipo de diálogos con otros actores específicos. Lo tendré con expertos y especialistas en la materia; lo tendré con organizaciones religiosas, con medios de comunicación, con diversas autoridades y, desde luego, con las señoras y los señores Gobernadores del país, para sumar más voluntades a la lucha en contra del crimen y por la seguridad pública.
Además, convocaré nuevamente a los partidos políticos, a legisladores, a miembros del Poder Judicial; en su momento, les pediré a ustedes, organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales, que me acompañen y sean testigos de estos diálogos.
Soy sensible también al hecho de que en distintos foros se ha expresado una preocupación sobre los instrumentos de medición ciudadana, en particular, por ejemplo, sobre la participación del ICESI en la Encuesta Nacional de Seguridad.
Reconozco el valor de la participación de la sociedad en la medición de los fenómenos delictivos. Nada más lejos de la intención de mi Gobierno, que el prescindir de un instrumento de evaluación y monitoreo fundamental para el seguimiento de política pública en materia de seguridad, como lo es el esfuerzo del ICESI.
Me ha informado el Secretario de Gobernación del avance en las conversaciones, a fin de seguir contando con la valiosa aportación de esta Institución, y le instruyo a que concrete los mecanismos para institucionalizar la participación del ICESI en este tipo de mediciones.
Amigas y amigos:
Hoy, más que nunca, la lucha por la seguridad nos convoca y nos compromete a todos; nos obliga a ver más allá de cualquier diferencia, de cualquier cálculo político, de cualquier tentación de eludir responsabilidades, y de cualquier consideración de costo.
Nos exige enfrentar el problema en unidad y con visión de futuro. De eso se trata una política de Estado.
La delincuencia es un enemigo que no conoce límites; que lastima profundamente a toda la sociedad. Por eso, en la lucha por la seguridad y la justicia, todos debemos de participar de manera corresponsable y de manera decidida.
A los ciudadanos les pido apoyo y comprensión. A las autoridades les pido corresponsabilidad. A los líderes sociales y políticos, les pido que ejerzan su liderazgo, para que pueda, desde una política de Estado, enfrentarse con éxito y superarse este desafío.
Es inaplazable que vayamos más allá de un simple reparto de funciones o, peor aún, de un simple reparto de culpas.
Hoy debemos establecer con toda claridad los parámetros generales que guiarán nuestra actuación; para que cada uno de nosotros, en nuestro ámbito de competencia, constituyamos una única fuerza para combatir a la criminalidad.
Reitero la total apertura del Gobierno Federal para escucharles a ustedes, para escucharles públicamente, para escuchar todas las propuestas que busquen genuinamente contribuir a la solución de este problema, que a todos nos incumbe.
Una vez más reconozco su voluntad de diálogo y su sentido cívico, sobre todo, reconozco su valiente compromiso con México. Trabajando juntos, autoridades de los tres órdenes de Gobierno, los tres Poderes, la sociedad, los medios de comunicación y las organizaciones ciudadanas, habremos de derrotar al crimen.
Tenemos que hacer causa común en contra de la criminalidad. Ésta es una lucha de todos los mexicanos. Y sé que unidos la libraremos mejor, porque unidos es como somos más fuertes.
Muchas gracias por asistir el día de hoy, y estamos atentos a todos sus comentarios, sus críticas y sus propuestas.
Muchas gracias.