12 feb. 2009

Caso Atenco, resoluciones de la Corte

RESOLUCIÓN SOBRE CASO ATENCO DEBE MEJORAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
México, D. F., a 12 de febrero de 2009
El presidente del Alto Tribunal, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, dijo que se establecerán criterios que los poderes y niveles de gobierno pueden considerar, de acuerdo con sus propias competencias y responsabilidades.
Se pueden adoptar medidas administrativas y políticas públicas para que los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez tengan vida práctica y un resultado benéfico y útil para el estado democrático y de derecho, comentó a
l término de la sesión de hoy.
La resolución sobre los hechos en San Salvador Atenco y Texcoco debe llevar a mejorar las condiciones de seguridad y de convivencia, como corresponde en un estado de derecho, manifestó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Al término de las sesiones en las que se debatió sobre lo acontecido en esos municipios del Estado de México en 2006, dijo que el Alto Tribunal determinó que algunos de los hechos ocurridos constituyen violaciones graves a las garantías individuales, motivado esto por los datos que aportó la investigación y con fundamento en las disposiciones que rigen a la fuerza pública en México.
El ministro consideró que se han establecido referentes y criterios para el uso de la fuerza pública, que deben ser útiles para la autoridad y también para la sociedad; no se trata de una sentencia ni de una determinación obligatoria que resulte vinculante para ninguna instancia pública, precisó Tampoco se pretende, planteó, explicar la forma de hacer una intervención policiaca; son más bien, insistió, criterios y orientaciones desde y para el Estado mexicano, que cada órgano puede asumir de acuerdo a sus propias competencias y responsabilidades.
Los poderes legislativos federal y estatales tienen la potestad de normar el ejercicio de la fuerza pública y la forma en que las corporaciones deben determinarse entre sí y con la sociedad, a la que deben proteger y respetar, expresó.
Asimismo, comentó que los poderes ejecutivos, federal estatales y municipales, tienen facultades para adoptar medidas administrativas y políticas públicas, a fin de que los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez tengan vida práctica y un resultado benéfico y útil para el estado democrático y de derecho
Señaló que los poderes judiciales podrán interiorizar estos criterios en sentencias y la jurisprudencia, porque constituyen parte esencial de las garantías de los habitantes de la nación.
Todo el trabajo institucional sobre las investigaciones en San Salvador Atenco y Texcoco no tiene por objeto desalentar el uso de la fuerza pública, so pretexto de temores de quienes deban tomar esas decisiones, puntualizó el ministro.
Y abundó que la intervención del Estado es un deber que mucho tiene que ver con la salvaguarda del estado constitucional; se están procurando condiciones de certeza jurídica de supremacía constitucional y de homologación de criterios para que el uso de la fuerza pública encuentre el respaldo y el fundamento que la legitima, y a fin de que la sociedad cuente con los límites y referentes que garantizan su protección en contra de abusos y excesos que bajo ninguna circunstancia son admisibles, indicó.
RESOLUCIONES EN LAS SESIONES
El Alto Tribunal resolvió que sí existieron violaciones graves de garantías individuales, en los sucesos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
Los ministros determinaron que no puede atribuirse participación a las autoridades y funcionarios que se reunieron el 3 de mayo de 2006 y que autorizaron el uso de la fuerza pública, así como aquéllos que participaron en la reunión en la que diseñaron la estrategia para implementar el operativo.
Asimismo, que conforme a los datos de la investigación, sí podrán establecerse participaciones individuales y concretas en los hechos constitutivos de violaciones graves de garantías individuales.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las instancias respectivas pueden ampliar las investigaciones, en torno a quienes pudieren haber incurrido en graves violaciones a las garantías individuales.
En ese sentido, emitirá criterios jurídicos sobre el uso de la fuerza pública que sirvan como parámetros y referentes para determinar la existencia o no de violaciones graves de las garantías individuales.

Rayuela

La plenitud intermitente de ‘Rayuela’/Juan Cruz
Publicado en EL PAÍS, 12/02/09;
Poco antes de morir, y murió tal día como hoy hace 25 años, en París, Julio Cortázar hizo un viaje por España, poseído por la melancolía desconsolada producida por la muerte de su última mujer, Carol Dunlop; estuvo con amigos suyos (Mario Muchnick, entre otros) en Segovia, fue abordado por guardias civiles que querían su autógrafo, y pasó por Madrid y Barcelona. En Barcelona tuvo un encuentro que él contó luego en una de las últimas entrevistas que dio, a The Paris Review. En esa anécdota cabemos todos los que leímos Rayuela.
Contaba en esa entrevista Cortázar que en el barrio gótico de la Ciudad Condal se había detenido a escuchar un concierto de una joven que cantaba como Joan Baez. Escondido en la oscuridad de la calle, harto de que le abordaran para tener su autógrafo, este hombre de casi dos metros se vio asaltado por un joven que le ofreció una torta.
-Julio, toma un pedazo, le dijo el chico.
Cortázar se hizo a un lado; era, desde que fue un chiquillo, un hombre tímido; no le gustaban las fiestas ni los saraos literarios; por no estar en ningún sitio fijo fue capaz (con Aurora Bernárdez, su primera mujer, su viuda) de renunciar incluso a los empleos fijos. Así que allí estaba, en Barcelona, tímido siempre, y enfermo, escuchando a una chica que cantaba como Joan Baez, y deseando desaparecer del camino del joven que le ofrecía el pastel. Hasta que se convenció de que debía tomarlo. Y le dijo al chico:
-Muchas gracias por acercarte y convidarme.
Fue entonces cuando el joven le dijo a Julio Cortázar lo que muchos de los que leímos Rayuela (y los cuentos, y los cronopios, y Los premios, y 62 Modelo para armar) le hubiéramos dicho en ese sitio o en el limbo si existiera y fuera el sitio donde ahora estuviera mirando:
-Pero, escucha, te di muy poco comparado con lo que tú me diste a mí.
Julio le dijo: “No digas eso, no digas eso”, y le comentó después a quien le hizo esta entrevista (Jason Weis), quizá la penúltima: “Y nos abrazamos y él se alejó. Bien, cosas como éstas son las mejores recompensas de mi trabajo como escritor. Que un muchacho o una chica se acerquen a hablarme y a ofrecerme un pedazo de torta, es maravilloso. Así vale la pena el trabajo de escribir”.
Y el trabajo de leer. En ese párrafo, que ahora parece póstumo, está la validez de Rayuela, todavía y hasta cuándo. Se hizo tópico decir, hace años, y aún ahora, que Rayuela era la novela de aquel momento; la clave de Rayuela es que no es de ningún momento; es universal, pero latinoamericana, y no tiene tiempo, es de cualquier tiempo; como dice Luis Harss (el autor de Los nuestros, un libro de finales de los años 60 donde está todo el boom que habría de venir), Rayuela es una novela “donde el tiempo se despliega como un biombo”.
En ese libro se despliega Oliveira como si fuera Cortázar, pero Cortázar es también Rocamadour, y Morelli, e incluso la Maga puede ser Cortázar. De pronto aquel tipo que vivía “hacia adentro” descubre París, lo recorre como si fuera el continente de un sueño, y se pone a escribir para romper en mil pedazos la literatura, para hacerla de nuevo. Y después vuelve a Buenos Aires, a hacer de la pesadilla y del sueño que constituyen Rayuela una marca en el agua de la literatura latinoamericana y española tal como la conocemos ahora.
¿Se puede concebir la literatura de nuestra lengua sin Rayuela? No, fue una explosión. Harss dice en ese libro que la novela provocó un huracán. Pero en todo caso un huracán consistente, cuyo rumor sigue hasta hoy, con una vitalidad que quizá se contradice con la melancolía con la que se conducen los personajes y el autor mismo.
¿Qué nos dio? Lo que nos da. Se puso de moda algunos años después de su muerte, quizá una década, dar por saldadas las cuentas con Julio Cortázar. Su lenguaje se puso en el diván de los estudiosos, y se pensó que ya los jóvenes no iban a regresar a Cortázar porque su universo se había encerrado en sus juguetes de nostalgia. Tremendo error. Aquel joven que le ofrecía un pastel de gratitud en Barcelona era un elemento más de lo que sucedería luego, cuando Cortázar abandonó el purgatorio en el que lo recluían (en España) los que eran capaces de decir que a Cortázar había que traducirlo para divulgarlo otra vez.
El asunto es que esa novela, Rayuela, que es su monumento principal, provenía de una tradición rota, la tradición latinoamericana, se encontraba con los fantasmas literarios (Lautreamont, Jarry, Poe) que habitaban ya en la mente juvenil de Cortázar, y a su vez entroncaba con Borges, con Paz, con Lezama, con Onetti, que eran sus cuates más viejos y que están rondando en ese libro, o para ser tachados o para ser queridos.
Rayuela era un manifiesto extraño. En medio de la literatura que se abría paso (Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez), al lado del realismo mágico y de la melancólica fiereza de Onetti, o la ensoñación nórdica de Juan Rulfo, Rayuela se proponía como el motor humorístico de unas vidas que parecían no tener ni fin ni sueño. Nessun dorma: es la novela del nessu dorma. Cortázar, además, le dio una estructura que la convertía también en un juguete. La propuesta era rara pero también generosa: había que seguir un laberinto (como en Borges) para leerla, pero podías leerla como te diera la gana.
Y así, entre juegos, noches, música y melancolías, se hizo la lectura de Rayuela. Muchos de nosotros estuvimos tan subyugados por su atmósfera que deseábamos que no acabara nunca el día para que su atmósfera no se evaporara al cerrar el libro; era una novela de amor, de aventuras, un caleidoscopio feliz y también un puñetazo en el hígado. En ese libro que no me cansaré de recomendar (Los nuestros, me parece que ahora inencontrable), Luis Harss dice, cuando una afirmación así todavía era un riesgo: “[Julio Cortázar] es tal vez el primer latinoamericano que ha creado una completa metafísica moderna”. Y añadía Harss, como si él mismo fuera Cortázar, “un astrólogo que dibuja caracteres”: “Si por el momento, como todos los originales, parece estar un poco fuera de la corriente principal de nuestra literatura, podría muy bien anunciar el porvenir”.
Su pasión por Rayuela, la de Cortázar, se encontró pronto con la pasión de los lectores, y del editor. Él le escribió a su editor, Paco Porrúa, de Sudamericana, después de corregir las galeradas, las palabras que mejor reflejan qué le pasó mientras escribía: estaba leyendo. Le dijo a Porrúa, por ejemplo: “Yo mismo estoy abrumado por la ambición del libro, y por lo que en algunos momentos llega a conseguir. Es realmente uno de esos despelotes que solamente de tiempo en tiempo, no te parece”.
Era un despelote en el que muchos vieron autobiografía; él dijo que no, siempre; y aunque hay rasgos (e incluso identidades) que se han ido constituyendo como oliveiras o magas probables, e incluso morellis, lo cierto es que habría que hacerle caso a Cortázar y comprender con él que esta es una novela total, hecha por un tipo que se quería encontrar con otra vida en otras vidas. Así reacciona cuando se lee otra vez en Oliveira: “Pobre Oliveira, che”, le escribe a Porrúa. “Qué lástima me dio encontrármelo de nuevo y qué tipo formidable es. A él le tocó (sin que yo me diera cuenta hasta el final) llevar hasta sus consecuencias últimas la tentativa de Johnny Carter. Estos días ando muy habitado por Oliveira y le tengo envidia. Yo, con mi casita y mi pasar…”.
No está hecha Rayuela tan solo para ser escrita; está hecha, como otros libros grandes, para ser bailada, cantada, hasta besada, y el capítulo del beso (el famoso capítulo 7) es capital en el recuerdo adolescente de este libro hecho para volver a él por cualquiera de los caminos de sus laberintos. Veintiséis años después de aquel brindis de su joven lector en Barcelona no se me ocurre mejor homenaje de gratitud a lo que nos dejó Cortázar que volver a sumergirnos, como dice Harss, “en la plenitud intermitente de Rayuela”.

Tienen los jueces derechos a la huelga?

En España
Tienen los jueces derecho a la huelga?/Juan Bautista Vivero Serrano, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna
Publicado en EL MUNDO, 11/02/2009;
Esta pregunta, hasta hace pocos días limitada al mundo académico, está de moda y no sólo en los medios de comunicación, también en los innumerables parlamentos de lo cotidiano. La perplejidad que provoca el repentino protagonismo de tan extravagante cuestión es todavía mayor por la naturaleza simple, apodíctica y contradictoria de las respuestas que a la misma se vienen dando. Tiene toda la razón Javier Marías cuando dice que no corren buenos tiempos para los matices y las precisiones. Para los jueces y magistrados, agrupados en las férreas asociaciones profesionales, no hay ninguna duda acerca de su derecho a la huelga. Para el Gobierno y los dos principales partidos políticos españoles, tampoco ofrece la menor incógnita justo lo contrario: la prohibición constitucional de la huelga para jueces y magistrados. Y en una decisión adoptada este lunes, el Consejo General del Poder Judicial ha optado por considerar que la huelga convocada para el próximo día 18 no tiene cobertura legal.
Este panorama que para la ciudadanía puede parecer, con toda razón, desconcertante no es, sin embargo, tan extraño para los profesionales del Derecho, tan habituados a defender una postura y, en su caso, la contraria, aunque no necesariamente con argumentos igual de solventes y rigurosos. Por fortuna, la pregunta que da título a este artículo no es especialmente compleja y los materiales jurídicos disponibles para su contestación no son del todo “huidizos”. En resumen, puesto que las posiciones de unos y otros y las razones que las respaldan no tienen ni mucho menos el mismo valor, se puede y se debe acabar con esta situación kafkiana.
Conviene comenzar matizando la explicación que de manera mayoritaria vienen dando los estudiosos consultados por este periódico, constitucionalistas todos ellos, protagonistas junto a laboralistas y administrativistas del originario debate académico. Vienen a decir que siendo los jueces y magistrados titulares de uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, no pueden a su vez ser “agraciados” con el derecho fundamental de huelga. La titularidad de cualquiera de los poderes del Estado y el derecho de huelga serían así intrínsecamente incompatibles. Esta manera de razonar pertenece más a la política del Derecho que a la interpretación del Derecho y, en consecuencia, más que para resolver la pregunta que nos ocupa sirve para explicar el porqué político o ideológico de la vigente regulación constitucional española en este punto. Al fin y al cabo, en países tan cercanos a España como Francia, Italia y Portugal los jueces tienen derecho a la huelga -con profundas limitaciones, claro está-, que además ejercen enocasiones, y no parece que por ello hayan dejado de ser Estados democráticos de Derecho, ni mucho menos que la sacrosanta división de poderes haya saltado por los aires, al menos no sólo ni principalmente por este motivo.
Además, los jueces y magistrados no pueden meterse en el mismo saco que los parlamentarios y gobernantes, pues, a diferencia de éstos, son funcionarios públicos y, en tanto que tales, sometidos a un empleador que organiza su trabajo y con el que por definición pueden tener discrepancias, salariales o de otra naturaleza. Algo impensable para parlamentarios y gobernantes. Añádase a lo anterior que al margen de la situación jurídica de los jueces y magistrados, el resto de empleados públicos de la Administración de Justicia tienen derecho a la huelga y no hace muchos meses demostraron hasta qué punto pueden paralizar la justicia como servicio público.
En realidad, y aunque pueda parecer sorprendente dado el actual clima de desconcierto, la interrogante de marras hace muchos años que está razonablemente bien resuelta en el ámbito académico y lo que conviene ahora es darle divulgación. Pues bien, la opinión mayoritaria entre los laboralistas es que los jueces y magistrados tienen constitucionalmente prohibido el recurso a la huelga.
La Constitución prohíbe a jueces, magistrados y fiscales en activo cualesquiera actividades políticas y sindicales, negociación colectiva y huelga incluidas. No otra cosa puede significar la prohibición de pertenencia a sindicatos del artículo 127.1 CE. Al fin y al cabo, toda huelga que merezca tal nombre, aunque formalmente no tenga a un sindicato detrás, es desde un punto de vista material una típica actividad sindical. Se trata de una lectura de la -en este punto como en otros muchos- oscura regulación constitucional a la luz de los criterios interpretativos del artículo 3.1 del Código Civil, concretamente del criterio sistemático -interpretación del conjunto de normas constitucionales involucradas (arts. 7, 28.1, 28.2 y 127.1 CE)- y del teleológico o finalista -interpretación atenta al espíritu o finalidad de las normas-.
¿Acaso los jueces de lo social, siempre tan proclives a la interpretación sistemática, finalista y material del Derecho, van a retroceder de repente y porque les interesa al siglo XIX y convertirse en intérpretes “formalistas”?
Mientras no se reforme la Constitución en este punto, hipótesis tan lejana como improbable, mientras incomprensiblemente el legislador permanezca inactivo -30 años después todavía no hay ley orgánica de huelga- y mientras el Tribunal Constitucional no tenga ocasión de pronunciarse, lo más razonable, solvente y riguroso en Derecho es negar a jueces y magistrados el recurso a la huelga. Eso no significa que no puedan tener disputas con el Gobierno y con el CGPJ, que sus reivindicaciones no puedan ser legítimas y que no se deba dialogar con ellos. De hecho, un mínimo diálogo parece que ya existe y a todos interesa que concluya con éxito.
Por desgracia, el diálogo lo es con “rehenes” detrás, con la amenaza de huelga siempre presente. Si fracasara el diálogo y alguna huelga llegara a tener lugar, sería una modalidad de lo más curiosa, una huelga a lo Juan Palomo podría llamarse, en la que los jueces huelguistas serían a su vez juez y parte, es decir, ellos mismos resolverían los numerosos pleitos que a buen seguro podrían surgir -convocatoria, objetivos perseguidos, servicios mínimos, sanciones, acuerdos de fin de huelga, etcétera-.
A propósito de posibles situaciones y pleitos disparatados, ¿los jueces y magistrados que organizaran la huelga ilegal, y en menor medida quienes la secundaran, incurrirían en responsabilidad disciplinaria? ¿Y en responsabilidad penal conforme al olvidado artículo 409 del Código Penal? ¿Acaso deberían los jueces y magistrados correr mejor suerte que los guardias civiles sistemáticamente sancionados por el ejercicio de actividad sindical?
Diálogo sin amenaza de lo que no se tiene, por tanto.

El caso de Eluana

Eluana: derechos frente a despotismo/Margarita Boladeras, catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Barcelona. Su último libro publicado es El derecho a no sufrir, Los Libros del Lince
Publicado en EL PAÍS (www.elpais.com), 11/02/09;
El día 9 de febrero, a las 20.10 horas, murió en la clínica La Quiete, de Udine, Eluana Englaro, la italiana de 38 años que estaba en estado vegetativo irreversible desde 1992, cuando sufrió un accidente de tráfico. Esta dramática situación ha llegado al extremo de la mayor injusticia y crueldad por la actuación de algunos médicos y fiscales, así como por un Gobierno que ha desafiado los derechos de los ciudadanos y las sentencias judiciales, para proclamarse protector de los dogmas de una Iglesia, hasta el punto de intentar legislar de forma inconstitucional. El pulso entre el Gobierno italiano y los jueces ha alcanzado niveles tan grotescos como dolorosos para la sociedad de aquel país.
Durante los últimos 11 años, el padre de Eluana venía reclamando el derecho de su hija a rechazar un tratamiento médico que no podía aportar ninguna mejora y que era fútil. En estas situaciones aparece el poder actual de la medicina y sus flaquezas: puede mantener la vida vegetativa de una persona durante años, algo impensable en otras épocas, pero es incapaz de restablecer la vida psíquica y personal, y algunos grupos confesionales se resisten a admitir que la obstinación terapéutica es mala praxis médica.
Ella no podía hablar, pero su familia sabía que no hubiera querido permanecer en esta situación. Como tutor, el padre podía reivindicar la voluntad de Eluana y tomar la decisión de interrumpir la hidratación y la alimentación artificial, pero las denuncias de médicos y fiscales lo impidieron. Once años de pleitos y debate público; todo lo contrario del respeto a la intimidad y a la autonomía personal.
Por fin, en 2007, los jueces determinaron que Beppino Englaro, como tutor, tenía el derecho de aceptar o rechazar los tratamientos propuestos, a pesar de que “actualmente hay una carencia legislativa que proporcione las indicaciones en casos de petición de suspensión de tratamientos médicos por parte de los tutores de personas en coma y sin esperanzas de mejoría” (Tribunal de Apelación de Milán). En 2008, la Audiencia de Milán falló a favor de la interrupción de la hidratación y la alimentación artificial.
Cuando parecía que se habían aclarado las cuestiones fundamentales del caso, es decir, que, por el principio ético y constitucional de respeto a su autonomía y a su dignidad, toda persona tiene el derecho de aceptar o rechazar los tratamientos médicos que se le proponen -por sí misma si es capaz y, si no lo es, a través de su representante legal-, la fiscalía de nuevo recurrió la sentencia porque consideraba que no se había comprobado con suficiente objetividad la irreversibilidad del estado vegetativo persistente. En noviembre de 2008, el Tribunal Supremo italiano zanjó esta cuestión, amparando la petición de la familia Englaro.
En lugar de permitir un desenlace discreto, respetando la intimidad y el dolor de estas personas, una vez más los políticos de la derecha manipuladora y despótica entraron a saco, instrumentalizando el caso y masacrando los sentimientos y las convicciones más personales de la familia Englaro y de todos los que piensan como ellos, en aras de la defensa de una forma de entender la vida que no tiene respaldo constitucional ni ético racional. Han llegado a prohibir las actuaciones autorizadas por los jueces en los centros sanitarios públicos y a amenazar a los posibles colaboradores. Muchos hemos contemplado estupefactos, indignados y tristes cómo se tergiversan los hechos y los argumentos para imponer el control del Gobierno sobre el dominio de la vida y de la muerte, en contra de los derechos ciudadanos.
El punto culminante de las medidas del Gobierno de Berlusconi ha sido su intento de promulgar una ley para prohibir la muerte de Eluana, y ello no ha creado más que confusión, crispación y temor. ¡Hasta el presidente de la República Italiana la ha calificado de inconstitucional! No podía ser de otra manera, pues la judicatura había aclarado suficientemente las cuestiones de principios fundamentales. Giorgio Napolitano ha declarado: “El monopolio de la solidaridad y la autoridad moral no es patrimonio de nadie. Tampoco el fin de la vida”.
Esta apuesta tan decidida del Gobierno italiano de Berlusconi indica la dureza que están dispuestos a emplear los que se oponen a la ética racional. Hace siglos que el poder político y el dogma religioso se apoyan para tener el dominio de la vida y la muerte de las personas. Dicen que defienden la vida humana, pero no respetan los derechos humanos ni la legislación europea sobre el derecho a la autonomía del paciente y el consentimiento informado.
El señor Englaro ha manifestado: “Espero que su historia sirva para que la gente entienda que la medicina debe pensar mil veces antes de crear situaciones que no existen en la naturaleza. Eso es de locos. La vida es vida, la muerte es muerte. Blanco o negro. Las personas vivas son capaces de entender y decidir por sí mismas. Yo he pedido por caridad que dejen morir a mi hija Eluana. La condena a vivir sin límites es peor que la condena a muerte. En la familia, los tres habíamos dejado clara nuestra posición. Lo hablamos muchas veces. Vida, muerte, libertad, dignidad. Somos tres purasangre de la libertad. No necesitamos escuchar letanías. Ni culturales, ni religiosas, ni políticas”.

Esta libertad que reclama la familia Englaro es lo que el actual Gobierno paternalista y demagógico de Italia no está dispuesto a tolerar. Quiere mantener la vida vegetativa irreversible pero no respeta la integridad de la vida física, psíquica y moral, ni la dignidad de cada persona de acuerdo con sus convicciones.
¿Cuántos años necesitará Italia para tener una legislación acorde con los derechos fundamentales de las personas en este ámbito, que impida las intromisiones partidistas y sectarias?
En España la situación es clara para los casos de interrupción del tratamiento médico. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, reconoce el derecho de los pacientes y de sus tutores a solicitar la interrupción de un tratamiento médico. Inmaculada Echevarría, de Granada, se acogió a esta norma; el dictamen que elaboró la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía reconoció que “el ordenamiento aplicable permite que cualquier paciente que padezca una enfermedad irreversible y mortal pueda tomar una decisión como la que ha adoptado doña I. E. [...] Se trata de una petición amparada por el derecho a rehusar el tratamiento y su derecho a vivir dignamente”. El fin de Inmaculada, igual que el de Eluana, no debe calificarse de eutanasia, sino de suspensión de un tratamiento médico.
Con todo, nuestro país también ha sufrido la irresponsabilidad política en casos tan graves como el de Leganés, que ha tenido consecuencias negativas en la administración de la sedación terminal a los enfermos y en la seguridad de los profesionales que deben tratarlos.
Queda mucho trabajo que hacer para lograr claridad de ideas en todos los que tienen responsabilidades en estas cuestiones y en las personas en general. El debate público es importante y debería ayudarnos a superar la manipulación que algunos sectores pretenden. La preservación del verdadero sentido de la vida y de la dignidad humanas dependen de ello, así como la evitación de mucho sufrimiento innecesario.

Secretario porro

El porro de Calderón
Difundido por la red de FB
miércoles, 11 de febrero de 2009
Javier Lozano es un secretario de Trabajo fallido. Su programa de empleo fracasó, y con él la principal promesa de campaña de Felipe Calderón, quien proclamó que sería “el presidente del empleo”. Hoy, en medio de una crisis económica mundial que agravó el deteriorado proceso de generación de trabajos, aquella frase es una broma de mal gusto. El año pasado se perdieron 37 mil empleos, reconocidos por el propio gobierno, y el arranque de 2009 viene peor. La economía se está deprimiendo y cientos de empresas pequeñas y medianas han cerrado. Pese a todo, se siente con alas para volar más alto –quizás la jefatura de gobierno del Distrito Federal-, y sus servicios al presidente Felipe Calderón, obviamente, no pasan por los méritos profesionales en su encargo.
Lozano es amigo de Calderón desde que ambos estudiaban derecho, pero durante la campaña estrechó la relación con el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en cuyo entorno se estaba forjando el proyecto político calderonista para 2012. La muerte de él afectó sus posibilidades para escalar posiciones dentro del PAN, pero se ha venido reacomodando. Uno de los atributos que ha puesto Lozano sobre la mesa, dado que sus méritos profesionales para seguir escalando en la pirámide del poder serían escasos, es que permanentemente hace el servicio colateral a su jefe, el presidente Felipe Calderón, que todos temen hacer: el de porro.
En las últimas 48 horas lo demostró. Fue al foro parlamentario “México ante la crisis”, para echar en cara a los diputados que no puede haber una mejor estructura de empleo porque en 11 años no han sido aprobadas 264 iniciativas en el Congreso que construirían una nueva reforma laboral. Tiradas las lanzas a los legisladores, que vieron en su ponencia un mensaje ominoso de Calderón, comenzó a preparar la segunda escalada, por cierto la más violenta, en contra del empresario Carlos Slim, quien cometió el pecado de afirmar que el problema del empleo sería el más grave desde los 30s –lo mismo que calculan que sucederá en todo el mundo-, que cerrarán muchas empresas pequeñas y medianas-lo que ya sucede en México y en el mundo- y que caería el producto interno bruto –como ya anticipó el Banco de México-. Lozano se fue a un road show por noticieros de radio y televisión para responderle a Slim. No se volvió loco en su ataque contra él, pero se puso rabioso.
Con una muestra de poca tolerancia –algo muy característico en la administración calderonista, Lozano cuestionó fuertemente a Slim sugiriendo que era bueno para la crítica pero que él no aportaba mucho a México. No dijo que Carso que encabeza Slim, es el grupo que más impuestos paga, y que desde que se privatizó Telmex hace casi 20 años, no se ha despedido a ninguno de los casi 250 mil trabajadores. Es decir, entre los desempleados provocados por el fracaso de la política laboral del gobierno de Calderón, no se encuentran los telefonistas. Lozano se desvió de la parte que le toca, por responsabilidad en el gabinete, y mejor se comportó en las entrevistas dadas, como secretario de Comunicaciones y Transportes.
Ante un entrevistador soltó el golpe a Slim: “¿Cuál es la contribución de él y de sus empresas en materia de competencia, en materia de servicio residencial de bajo consumo de la telefonía es el más caro del mundo, la larga distancia internacional para los comercios también es el más caro del mundo?". Lozano reflejó el talante presidencial. Sin embargo, es un mentiroso. En un oficio dirigido al entonces director general de Telmex, Jaime Chico Pardo, el 4 de noviembre de 1998, Lozano, a la sazón presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, escribió: “… se estima que el promedio de las tarifas registradas por su representada, se encuentra al menos un 15 por ciento por debajo de los niveles que permitan una recuperación de precios razonable, para promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, así como
para fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores del servicio, por lo que esta Comisión lo conmina a que, a partir del próximo 15 de noviembre, corrija la estructura tarifaria de Telmex”.
Ese oficio desmiente a Lozano con sus propias palabras. Según aquél documento, no sólo Telmex tenía tarifas por debajo del mercado, sino que al mantenerla en esos niveles, no fomentaba la competencia entre los prestadores del servicio. El tiempo le ha hecho olvidar cosas a Lozano, y otras simplemente las oculta, como la relación estrecha y los favores realizados a operadores políticos de Francisco Gil Díaz, quien dirige Telefónica, la empresa española que se bate con Telmex en todo el mercado hispano. Pero lo que bien sabe es el deseo del gobierno calderonista, vinculado estrechamente a Televisa –enemiga de Slim-, y a otros empresarios que son neobanqueros –adversarios de Slim-, es minarlo.
Como porro, Lozano es altamente eficiente. Arrebatado y atrabancado, Calderón tiene pocos funcionarios que estén prestos a batirse por él en público. El Presidente no tiene muchos defensores, por timoratos o pusilánimes, y siempre se requiere de alguien como Lozano, dispuesto a agotar cualquier capital político que tenga ante el público, si puede aumentarlo con aquél que pueda definir su futuro.
r_rivapalacio@yahoo.com

"Algo, y muy grave, tiene que haber sucedido"

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Publicado en Excélsior, 12 de febrero de 2009;
Slim-gobierno: del apoyo al enfrentamiento
Los ecos del encontronazo entre el gobierno federal y el empresario Carlos Slim continuarán, porque el tema, en realidad, no es la crisis y sus consecuencias futuras. Leyendo completa la ponencia del principal accionista de Telmex, la misma es mucho más matizada que las frases que la hicieron famosa. No es que se hayan colocado fuera de contexto sus dichos, pero sí es verdad que ese contexto general era más amplio. Lo que llama la atención, en todo caso, fue que sólo muchas horas después de que se diera a conocer la versión del “catastrofismo” futuro, se comenzaron a presentar a un público más amplio las palabras íntegras del ingeniero. Un hombre como Slim sabe que sus declaraciones no son unas más en el mar de dichos cotidianos, y debe conocer el efecto devastador que las mismas, en o fuera de contexto, podrían tener. Además, hasta ahora no ha habido ninguna aclaración pública de Slim o de su oficina sobre el tema. En otras palabras se mantiene en lo dicho.
También la reacción gubernamental ha sido exageradamente dura, porque no sólo se debatió el futuro de la crisis (existían argumentos muy manejables sin necesidad de entrar en la confrontación directa, desde las cifras de decrecimiento económico de instituciones nacionales o internacionales, que en ningún caso van más allá de 1.8%, hasta la comparación con la crisis de 1995, que derrumbó el PIB más de 6%), sino que, además, en un punto clave de las declaraciones de Lozano, punto que parece estar en el centro del debate, se insistió en los beneficios que habría recibido Slim de la situación de mercado de la que se habría beneficiado.
Lo cierto es que algo, y muy grave, tiene que haber sucedido porque, hace apenas un mes, cuando se presentó el plan anticrisis, el propio Carlos Slim ofreció una entrevista en Palacio Nacional en donde fue muy entusiasta con el programa del gobierno, en el que, por cierto, sus opiniones tuvieron mucha influencia. Ese día se le preguntó sobre el programa anticrisis y el diagnóstico oficial y dijo que era un programa “muy bueno, muy bueno, excelente, necesario, y lo importante es que se aplique con oportunidad como se planteó”. ¿Le faltó algo a este programa emergente o está todo?, se le preguntó. “Nada es exhaustivo dijo entonces Slim—, si lo ven está muy completo, está incluyendo infraestructura, vivienda, las pymes, la eficiencia en el uso oportuno del gasto y la inversión pública, apoyo a las familias y sobre todo el apoyo al empleo”. Entonces, ¿no falta nada importante?, insistió el reportero. “No, algo importante no. Bueno aclaró Slim, ha faltado lo que se ha dicho muchas veces sobre que funcione el sistema financiero y se restablezca la normatividad de créditos... es muy importante que se normalicen de nuevo las operaciones de crédito a mediano y largo plazo”. En esa misma entrevista, el empresario dijo algo parecido a lo que sostuvo el lunes, aunque el énfasis y el tono fueron diferentes: “En esta crisis que está teniendo Estados Unidos, la recesión de Estados Unidos va a reducir nuestras exportaciones, va a reducir el precio del petróleo, va a reducir probablemente el turismo o las remesas y las manufacturas se van a ver afectadas, como todas las empresas que producen esos bienes” y destacó que, en ese sentido, lo más importante era la generación de empleos.
¿Qué tanto han cambiado las cosas desde el 7 de enero hasta ahora? No han mejorado, obviamente, pero tampoco se han transformado dramáticamente. Es verdad que distintas actividades relacionadas con el plan de reactivación (y sobre todo con el de infraestructura) no han logrado salir adelante, en especial en el ámbito de grandes obras. Y eso en parte es responsabilidad gubernamental, en parte legislativa y también es consecuencia directa de la crisis y la astringencia del financiamiento.
Pero lo que cambió significativamente es otra realidad. Ayer mismo se oficializó la nueva ley de interconexión de comunicaciones, llamada Plan Fundamental de Interconexión. Ello provoca que todas
las empresas que deseen utilizar la red de conexión de Telmex, que controla más de 90% de ella, podrán hacerlo para prestar sus servicios, una demanda que era muy exigida por la industria del cable, que les permitirá a muchos tener el llamado triple play (imagen, voz, datos), donde se establecerán las mismas condiciones para los nuevos jugadores que para el propietario de la red, en un contexto en el que Telmex reclama su derecho de propiedad y tener acceso pleno al triple play, y en el que se dio el acuerdo con MVS, que no ha sido aprobado por las autoridades.
Las divergencias sobre el tema son profundas y según como se resuelvan se reconfigurará el estratégico sector de las telecomunicaciones en el país. Telmex y sus empresas asociadas reclaman ser los legítimos propietarios de esa red y además exigen participar en el nuevo modelo tecnológico, en el triple play. Sus competidores dicen que esa participación los dejaría fuera o sólo marginalmente en el mercado. En el gobierno parecen pensar que de esa manera se podría comenzar a romper lo que consideran (y Slim niega terminantemente) un monopolio estratégico. Y un sector con miles de millones de futuras inversiones. Por lo pronto, al aplicarse el Plan, Telmex anunció que sus inversiones en el sector se tendrían que ajustar, de 12 mil, a ocho mil millones de pesos. Por eso Lozano, un ex subsecretario de Telecomunicaciones y ex presidente de la Cofetel, habló del compromiso de no reducir inversiones, aunque no tuviera relación con el diagnóstico de la crisis. Por eso la reacción de Slim. Allí es donde se genera y se generará aún más, en el futuro, el choque de trenes. Se entrecruzan los intereses del gobierno federal, de los partidarios, de las mayores empresas de México y de una de ellas, que constituye casi 7% del PIB nacional.

La Consejería del CISEN

Todavía sin publicarse en el DOF
■ El ordenamiento, por acuerdo de la Secretaría de Gobernación
Dotarán al Cisen de un consejero jurídico y una unidad de administración propios
Nota Fabiola Martínez ( hay una antes de El UniversaL)
La Jornada, 12 de febrero de 2009;
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tendrá un consejero jurídico y una unidad de administración propias que brindarán –entre múltiples atribuciones– asesoría directa al titular de este órgano de inteligencia civil, actualmente a cargo de Guillermo Valdés. También operará los contratos de adquisiciones, así como el presupuesto y estatuto laboral de los empleados de este centro.
En el acuerdo, autorizado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se argumenta que el Cisen debe tener la estructura necesaria para ejercer de manera “oportuna y eficiente” las responsabilidades que le confiere la Ley de Seguridad Nacional.
Con la creación de una consejería y una área administrativa superior, adscrita directamente al Cisen, se fortalecen otras funciones que se han encomendado a este órgano durante la actual administración.
Anteriores acuerdos firmados por el secretario de Gobernación en turno (ha habido tres en el presente sexenio) buscan dar mayor fortaleza y libertad al Cisen, especialmente para la compra de equipo e inmuebles para las labores especializadas, propias de inteligencia, así como diversos mecanismos para contratar y fortalecer la capacitación de su personal.
De igual forma, se encuentra en la última fase de análisis el texto que dará vida a la escuela para la capacitación de agentes del Cisen, otro mecanismo con base en el cual se planea que este organismo cumpla con sus responsabilidades.
Las autoridades de Gobernación admitieron, durante 2007, fallas en el Cisen, especialmente tras la explosión de bombas en ductos de Pemex, hechos reivindicados por el grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). Tras estas acciones, afirmaron que el centro acusaba un deterioro en recursos materiales y humanos.
Ahora, en la presente administración, los legisladores aprobaron un presupuesto sin precedente (cerca de 2 mil 500 millones de pesos) para este organismo administrativo desconcentrado de Gobernación, al tiempo que se pretende ampliar su rango de acción y autonomía.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria analiza actualmente varios documentos relacionados con el Cisen; un eventual veredicto satisfactorio es requisito indispensable para la publicación del citado acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y, en consecuencia, para su inmediata entrada en vigor.
Respecto a las funciones de la nueva consejería jurídica, ésta resolverá la procedencia de los contratos que generen derechos y obligaciones a cargo de Gobernación, en las que intervenga el Cisen; además, será auxiliar en los procesos de licitación, contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma.

Plata o plomo: no se pasen de listos

Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán
Publicado en El Universal, 12 de febrero de 2009
Conferencia de prensa del narco
Convocan a medios de la región para imponer sus propias reglas del juego
Amagan a periodistas y dueños de medios: nueva versión del “plata o plomo”
Si no lo saben, el presidente Calderón, sus secretarios de Defensa y Seguridad Pública, además del procurador general, debieran saberlo. Y claro, actuar en consecuencia.
Hasta Ginebra, en Suiza —sede del mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU—, llegó la versión escalofriante de que apenas en la cuarta semana de enero pasado
se llevaron a cabo inéditas conferencias de prensa en distintas ciudades norteñas del país, en donde los medios regionales habrían sido convocados por grupos narcotraficantes y advertidos de no publicar nada sobre esas actividades delictivas.
Según la versión —en manos de organizaciones internacionales de derechos humanos que investigan crímenes y desapariciones de periodistas—, el corredor Zacatecas, Durango, Torreón, Ciudad Juárez, se ha convertido en meses recientes en una región totalmente en poder del grupo mafioso La Familia, cuyos jefes han convocado a los medios regionales de comunicación —en sucesivas conferencias de prensa—, para imponer sus reglas sobre el manejo informativo.
“De aquí pa’l real sólo publican lo que se les ordene… Y no se pasen de listos. Díganle a sus jefes que sabemos quiénes son, dónde viven, quiénes son sus familias… aténganse a las consecuencias”, les habrían dicho a periodistas de medios de Zacatecas, Durango, Torreón y Juárez, no pocos de los cuales viven —con toda razón—, en zozobra permanente, sin garantía alguna, y sin informar una línea del tema del narcotráfico, salvo la difusión de las narcomantas. Porque, claro, ésas sí están permitidas.
Por razones obvias, en México no se ha sabido nada. Nadie dice nada, pero se tienen reportes de ciudades y hasta capitales —de ese corredor del crimen organizado y de otro como el de Veracruz -Laredo—, en donde de manera repentina desapareció toda la información sobre levantones, secuestros, asaltos y actividades de grupos criminales.
A simple vista pareciera que en esas regiones del país no pasa nada, ya que sólo trasciende la información de choques entre bandas criminales y elementos militantes o de la PFP. En esos corredores el ejercicio periodístico es lo más parecido a portar un pasaporte a la muerte.
El clima de violencia se ha intensificado en el corredor Zacatecas, Durango, Torreón, Juárez, porque se libra una batalla entre bandas que disputan la plaza. El cártel de Juárez intenta ser desplazado por el grupo que pretende el control total de la región y al que la autoridad identifica como La Familia; cártel mafioso que hace pocos meses llevó a cabo una “cumbre” en Fresnillo, Zacatecas, en donde se habría diseñado no sólo la “toma de Zacatecas” —por parte del grupo mafioso—, sino el control de todo el corredor fronterizo.
En Fresnillo todos se enteraron de “la cumbre”, que terminó con una fiesta de época, sin que interviniera autoridad alguna. A partir de esa información, los servicios de inteligencia militar identificaron una importante célula de La Familia, a la que pretendieron detener el pasado sábado 7 de febrero, precisamente en Fresnillo —parte del corredor que comunica a Durango, Torreón y Juárez—, pero militares y policías fueron recibidos a tiros y con granadas. En el choque se reportaron cinco muertos, uno de ellos militar.
La sorpresa fue la capacidad de fuego de la banda criminal, ya que cuando se aproximaba el convoy de militares y policías al objetivo, desde diversas casas fueron atacados. Más que una célula, se descubrió una colonia completa controlada por el grupo criminal.
Esa emboscada parece estar ligada con el comando de ocho sicarios que en los primeros minutos del pasado martes asaltó el Cereso de Torreón, mató a golpes y navajazos a tres internos, quemó sus cuerpos, y escapó con una decena de rehenes y/o cómplices. Nadie, ninguna autoridad municipal, estatal o federal detuvo a los sicarios, y menos impidió los delitos.
En Villa Ahumada, Chihuahua, se enfrentaron sicarios y elementos militares, en uno de los más sangrientos choques, ya que en dos enfrentamientos y persecuciones por lo menos perdieron la vida 21 personas, en su mayoría presuntos narcotraficantes.
Con asiento en Ciudad Juárez, desde donde despliega una fuerte influencia al sur de Estados Unidos, el cártel del mismo nombre no vive sus mejores tiempos, ya que la plaza pretende ser controlada por un grupo mafioso contrario que ha llegado al extremo de convocar a conferencia de prensa a los medios regionales, para dictar las reglas del juego. La moderna expresión del viejo adagio: “plata o plomo”.