10 feb. 2010

Comisión de Seguridad Pública

Acta DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN, REALIZADA EL MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2009
A las 11:00 horas del 6 de octubre de 2009, en el salón de protocolo A, ubicado en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, de conformidad con la convocatoria de fecha 10 de octubre del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes
Se pasó lista de asistencia, encontrándose los diputados José Luis Ovando Patrón, presidente; Bonifacio Herrera Rivera, María de Jesús Aguirre Maldonado, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Heriberto Ambrosio Cipriano, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Alejandro Gertz Manero (secretarios); Miguel Álvarez Santamaría, Óscar Martín Arce Paniagua, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera, Ernesto de Lucas Hopkins, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente, Francisco Lauro Rojas San Román, Ricardo Sánchez Gálvez, Arturo Santana Alfaro, Víctor Hugo Círigo Vázquez.
Cada uno de los integrantes de la comisión se presentó y mencionó el grupo parlamentario al cual pertenece.
2. Declaratoria de quórum
En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el secretario Bonifacio Herrera Rivera informó al presidente que se contó con una asistencia inicial de 16 diputados registrados, por lo cual hubo quórum, iniciando la reunión.
3. Lectura del orden del día
Acto seguido, el presidente puso a consideración de los presentes el orden del día e instruyó al secretario Bonifacio Herrera Rivera para que le diera lectura; se aprobó por unanimidad. Asimismo, le pidió que leyera el Acuerdo de Integración de la Comisión, siendo aprobado por el pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara.
4. Intervención y declaración formal de instalación, a cargo del presidente José Luis Ovando Patrón
El presidente dijo que se les iba a pedir de manera amable que pasaran al punto relativo a la declaratoria formal de instalación de la comisión, para lo cual pidió que se pusieran de pie.
Acto seguido el presidente declaró formalmente instalada la comisión, manifestando que "en la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:37 horas del 6 de octubre de 2009, se declara instalada formalmente la Comisión de Seguridad Pública, que funcionará durante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como de conformidad con el acuerdo aprobado por el pleno el 29 de septiembre de 2009. Muchas gracias."
5. Intervención a cargo de los diputados de la comisión
A continuación, dirigieron un mensaje algunos diputados. Para empezar Alejandro Gertz Manero, de Convergencia, habló sobre la importancia de crear un diagnóstico de los trabajos pendientes de la comisión sobre el cual se pueda empezar a trabajar y sacar adelante los proyectos, este diagnostico lo debe conocer la sociedad.
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, comentó sobre una visión común entre todas las fuerzas políticas, que el problema de la seguridad pública es un tema de interés general, que es por ello la insistencia de presentar una propuesta integral referente a los temas de seguridad pública, protección a los derechos humanos, derechos de las víctimas, de la población y hacer un llamado a las fuerzas de seguridad para que no violenten los derechos humanos.
Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, manifestó que su grupo parlamentario realizará una correcta revisión para la implementación de las políticas públicas en materia de seguridad y así fortalecer los esquemas de prevención del delito.
Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, se refirió a que el diagnóstico solicitado a la comisión debe estar enfocado desde una perspectiva de la victimización ciudadana, perspectiva de la organización policial, y desde la perspectiva de las corporaciones de la calificación de la profesionalización, lo anterior para generar condiciones de seguridad sobre la base de políticas preventivas; a su vez solicitó un listado de los asuntos pendientes de dictaminación de la comisión.
María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional, manifestó la importancia de trabajar de manera urgente estos tres años para arrancarle a la delincuencia los espacios sociales de los que hoy se ha apoderado, así los millones de jóvenes que está utilizando como material desechable, por lo tanto establece que se reúnan constantemente en comisión.
María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, planteó trabajar en temas de prevención del delito involucrando a las instituciones que ayuden realmente a prevenirlo, no sólo la Secretaría de Seguridad Pública es la encargada de prevenir, también se pueden inmiscuir la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública e instituciones en el ámbito de salud, deportes, cultura y por supuesto justicia.
6. Asuntos generales
Al tocar este punto el presidente de la comisión exhortó a los integrantes a que se anotaran para hacer uso de la palabra, pidiendo al secretario Bonifacio Herrera Rivera fuera tan amable de anotarlos. Acto seguido, intervinieron los siguientes legisladores:
Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, se refirió al tema de trata de personas, el cual considera que es de suma importancia que la Comisión de Seguridad Social trabaje sobre ello.
Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, realizó una petición al presidente para obtener un análisis sobre el comportamiento de la incidencia delictiva de delitos federales de los últimos años en el orden nacional como estatal; asimismo, solicitó la instalación de un equipo de trabajo que tenga que ver con el fortalecimiento de las policías municipales, así como la obtención de un análisis del proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal que refleje el esquema bajo el que se dan los recursos del subsidio federal para seguridad pública.
María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional, manifestó la necesidad de crear un plan de trabajo y calendario de las reuniones de la Comisión de Seguridad Pública para el desahogo de los temas pendientes.
7. Clausura
No habiendo temas pendientes a tratar y una vez desahogado el orden del día, el presidente dio por clausurada la reunión a las 13:40 horas del 6 de octubre de 2009.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), presidente; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alejandro Gertz Manero (rúbrica), secretarios; Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vázquez (rúbrica).
***
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 14 horas con 20 minutos del miércoles 14 de octubre, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de ese día y anteriores, y con la asistencia inicial de 18 legisladores, el diputado presidente, declara abierta la sesión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.
5. Propuestas para integrar el plan anual de trabajo.
6. Asuntos generales.
Descripción de la reunión
A solicitud de José Luis Ovando Patrón, presidente de la comisión, la diputada secretaria María de Jesús Aguirre Maldonado hizo la declaración de quórum y dio lectura al orden del día, que fue aprobado por unanimidad.
Posteriormente, a petición del presidente, leyó el acta correspondiente a la sesión anterior que sometió a votación y también fue aprobada por unanimidad.
Diputados que estaban presentes: José Luis Ovando Patrón (PAN), María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (PRI), Felipe Amadeo Flores Espinoza (PRI), J. Eduardo Yáñez Montaño (PRI), Sergio González Hernández (PAN), Bonifacio Herrera Rivera (PAN), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), Adriana Sarur Torres (PVEM), Óscar Martín Arce Paniagua (PAN), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), Salvador Caro Cabrera (PRI), Ernesto de Lucas Hopkins (PRI), Aarón Irízar López (PRI), Feliciano Rosendo Marín Díaz (PRD), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (PRI), María Antonieta Pérez Reyes (PAN), Camilo Ramírez Puente (PAN), Arturo Santana Alfaro (PRD).
El presidente en atención al desahogo del orden del día hizo referencia a los documentos que con antelación se habían hecho llegar a los diputados integrantes, a decir, las memorias de la Comisión de Seguridad Pública en la LX Legislatura; nota informativa del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sobre el subejercicio del presupuesto en materia de seguridad pública asignado a las entidades federativas al 30 de junio de 2009; programa anual de trabajo 2006-2007. Asimismo, mencionó que al inicio de la sesión se había entregado el programa anual de trabajo 2007-2008.
El presidente propuso como plazo para la entrega de propuestas para el plan anual de trabajo, el viernes 30 de octubre de 2009, a efecto de establecer los ejes temáticos de la comisión. Cabe señalar que los temas no previstos en el también serían atendidos por la comisión.
La diputada Teresa Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propuso hacer un diagnóstico previo de la situación para así conformar el plan de trabajo, ante lo cual el presidente comentó que la propuesta fue sometida en la sesión anterior.
El presidente informó que se les hicieron llegar insumos para la elaboración del programa, enfatizando del riesgo de recurrir a información emitida por otras dependencias, la cual pudiera estar incompleta, por lo cual, de considerarse procedente se tendría que hacer un análisis más minucioso.
El diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, manifestó la posibilidad de considerar para el plan de trabajo dos vertientes: en el plano operativo, homogenizar la información para generar certidumbre y analizar avances; en el entorno jurídico, analizar el informe de la Comisión de Seguridad Pública de la pasada legislatura, la diputada Incháustegui manifestó su acuerdo, quien además comentó la necesidad de contar con un informe por parte de la SSP, ya que en la glosa del III Informe de Gobierno, en materia de seguridad pública, la información se presentó muy dispersa.
El diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, expresó que existen otros temas de los que ya se tienen datos y cifras, por lo que solicitó analizar y programar la comparecencia del secretario de Seguridad Pública en virtud de que cuando asistió a la Cámara, no dio respuesta a distintos planteamientos y como ejemplo citó los 15 mil muertos en materia de incidencia delictiva, así como de diversos activistas en materia de derechos humanos, el sistema penitenciario, a efecto de revisar los programas de readaptación social. Propuso la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para conocer el avance en la materia. Planteó la revisión de los subejercicios (ramos 33 y 36), entre otros puntos, a reserva de hacerlos llegar como propuesta y solicitó que fueran considerados de manera formal.
El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de los integrantes de la comisión sostener una reunión con miembros de la SSP para conocer la situación que guarda en la actualidad la seguridad pública y revisar así en su contexto los temas presupuestales.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, sostuvo que existe claridad en los temas que preocupan a los integrantes de la comisión, entre ellos, el del presupuesto. Manifestó la imposibilidad de reducir el presupuesto en materia de seguridad pública, ejemplo de ello, se refirió a la imposibilidad de reducir el presupuesto otorgado al Subsidio para la Seguridad Muncipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Subsemun, así como el ramo 33. Respecto a la fecha de integración del programa anual de trabajo, estuvo de acuerdo en que el plazo fuera el 30 de octubre, y sugirió que las propuestas fuesen entregadas el sábado 24 de octubre del presente y de ser posible reunirse antes del 30 con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Teresa Incháustegui manifestó que no se tiene el criterio necesario para poder analizar la eficiencia de los programas existentes en la materia y con base en ello poder decidir si se aumenta o no el presupuesto, toda vez que se carecen de indicadores. Insistió en que no se debe dejar de lado la revisión de logros obtenidos en los programas.
El diputado Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional, apoyó la propuesta del presidente de que sea el viernes 30 de octubre la fecha perentoria para someter las propuestas al plan anual de trabajo de la comisión, sin perjuicio de ir avanzando en temas. Señaló la necesidad de contar con parámetros y puntos de comparación. Propuso la unificación de indicadores de prevención. Destacó la importancia de tener actitud y voluntad para fortalecer la mejor seguridad pública con miras al futuro.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido de l Trabajo, señaló que se requiere información no sólo de la SSP sino que es necesario contrastarla con información en materia presupuestal proveniente de otras dependencias, como lo son la Auditoría Superior de la Federación, Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con temas de seguridad pública, así como con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a efecto de conocer qué está ocurriendo con los subejercicios, desde el punto de vista legislativo.
A su vez, manifestó que se encuentran pendientes 18 dictámenes en la comisión, entre los cuales se encuentran la Ley del Uso de la Fuerza Pública, y el Estatuto de las Islas Marías, debiéndose conocer el estado que guardan. Expresó su inquietud por conocer el tema de contratos y licitaciones realizados por la Secretaría de Seguridad Pública, solicitando de igual manera la comparecencia del secretario de Seguridad Pública.
El diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, propuso los siguientes ejes de trabajo: 1. Elaboración del programa anual de trabajo, 2. Análisis de indicadores tomando en consideración a la Auditoría Superior de la Federación, 3. Análisis del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el análisis de fondo de las aportaciones en materia de seguridad pública estatal. Remarcó la necesidad de trabajar en los puntos anteriormente citados, a la brevedad.
El diputado Ernesto de Lucas Hopkins, del Partido Revolucionario Institucional, manifestó la necesidad de clarificar el concepto de seguridad pública, toda vez que hay quienes lo entienden desde un punto de vista federal, estatal o municipal respectivamente. Expresó que la crisis en materia de seguridad pública por la que atraviesa nuestro país deriva de los problemas generados por el narcotráfico.
El diputado Eduardo Yáñez Montaño, del Partido Revolucionario Institucional expresó la necesidad de analizar el presupuesto de manera rigurosa así como los plazos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como ejemplo citó el próximo vencimiento del plazo para la creación del Centro de Control de Confianza. Propuso ahondar en temas relativos a reclusorios, sentencias condenatorias y trabajo de inteligencia a fin de incluirlos en el plan de trabajo.
El diputado Felipe Amadeo Flores Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, expuso la necesidad de reunirse con funcionarios de la SSP, como tema prioritario y analizar el aspecto presupuestal de los estados y municipios.
El diputado Márquez Lizalde comentó que el programa anual de trabajo es un insumo muy importante, siendo punto de partida para dar seguimiento a la labor de esta comisión mediante la creación de subcomisiones que en la anterior legislatura ya se encontraban en funciones. Citó a la Subcomisión del sistema nacional de seguridad pública y legislación penal, prevención del delito y readaptación social, profesionalización y dignificación de policías, así como el análisis en materia de presupuesto y fiscalización, manifestando la posibilidad de que en estas subcomisiones se puedan insertar todos los tema.
Propuso el acercamiento con titulares de la Secretaría de Seguridad Pública para empezar el análisis de las propuestas de presupuesto así como el programa anual de la comisión.
El presidente manifestó la necesidad de reunirse con los responsables de las dependencias, sin embargo manifestó la dificultad que representa la citación de funcionarios sin antes concretar un programa anual de trabajo. En cuanto al plazo perentorio para la entrega de propuestas pidió respetuosamente a los integrantes de la comisión se mantenga como fecha de entrega el 30 de octubre de 2009. Solicitó a la diputada Teresa Incháustegui, así como al diputado Sergio González Hernández sugerir el planteamiento para estructurar el plan de trabajo así como para la integración de las subcomisiones. A su consideración expuso como tema prioritario y urgente el relativo al presupuesto el cual deberá de empezar a trabajarse de inmediato a través del grupo de trabajo ya propuesto para tal efecto.
Con lo anterior se finalizó el punto 5 del orden del día: Propuestas para integrar el plan anual de trabajo.
Se procedió al desahogo del punto 6 del orden del día, asuntos generales, en el cual el diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, expresó que derivado de una consulta a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, con excepción del Grupo Parlamentario Convergencia, los diputados que integrarán el grupo de trabajo para la revisión del Subsidio en Materia de Seguridad Pública para los Municipios (Subsemun) son:
Diputados: Felipe Amadeo Flores Espinoza, J. Eduardo Yáñez Montaño, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Ernesto de Lucas Hopkins, del PRI. María Antonieta Pérez Reyes, del PAN. Adriana Sarur Torre, del PVEM, del PRD Teresa Incháustegui Romero y Arturo Santana Alfaro, y del PT, Jaime Cárdenas Gracia.
A su vez comentó la urgencia de que dicho grupo de trabajo sesionara a la brevedad, señalando que en el Presupuesto de 2008 hubo un subejercicio del 76.8 por ciento siendo este año el subejercicios de 63.8 por ciento en materia de Subsemun y de 86.5 por ciento en materia de FASP. Enfatizó la existencia de problemas estructurales en cuanto a la disminución de recursos o cual se relaciona con la reducción de fondos dado que durante dos años consecutivos ha habido recursos no ejercidos.
Sugirió los siguientes temas como puntos a tratar durante las reuniones del citado grupo de trabajo:
Primera reunión: Propuesta de medidas administrativas y consideraciones presupuestales, revisión de información y desglose del PEF de 2010.
Segunda reunión: Reunión con diversos funcionarios de Seguridad Pública de estados y municipios.
Tercera reunión: Elaboración de propuesta de consideración del presupuesto final, observaciones administrativas para que el gobierno federal, estatal y municipal accedan a los recursos asignados con facilidad.
El diputado Camilo Ramírez Puente solicitó que se le incluyera en el grupo de trabajo, manifestó su preocupación en materia de subejercicios, lo cual lo tradujo en falta de compromiso de autoridades en la materia, y destacó como inadmisibles los subejercicios.
Expresó que la solución no está en reducir fondos en materia de seguridad pública sino aplicarlos de manera correcta.
La secretaria María de Jesús Aguirre Maldonado sometió a consideración de los integrantes de la comisión, la aprobación de la propuesta hecha por el diputado Caro, incluyendo al diputado Camilo Ramírez como integrante de éste, lo cual fue aprobado por unanimidad.
El diputado Sergio González Hernández, del Partido Acción Nacional, solicitó que se considerara en asuntos generales la incorporación de información en materia de presupuesto.
El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira propuso un equipo de trabajo distinto para revisar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública y solicitó el apoyo de la secretaría técnica de la comisión para la citación de funcionarios proponiendo como fecha el jueves 22 de octubre.
El presidente propuso que el mismo equipo de trabajo ya aprobado por los integrantes de la comisión atendiera la inquietud del diputado González Hernández y dentro del propio equipo se dividiera el trabajo, a lo cual el diputado De Esesarte respondió que operativamente implicaría complicaciones en el desempeño de es te grupo de trabajo. En función de lo anterior el presidente sometió a los integrantes de la comisión la propuesta de creación de otro grupo de trabajo, el diputado Camilo Ramírez Puente dijo que era responsabilidad de todos los integrantes de la comisión, la revisión del presupuesto, oponiéndose por lo tanto a la creación de otro equipo de trabajo.
Al respecto, la diputada Teresa Incháustegui expresó que la idea no era eximir a nadie de responsabilidades sino que la finalidad del grupo de trabajo sería sometida a consideración de todos los miembros de la comisión.
Derivado de lo anterior, el presidente propuso que en vez de crear un nuevo grupo de trabajo, las labores que se le hubiesen encomendado a éste fueran atendidas por la mesa directiva de la comisión, manifestando que tanto el grupo de trabajo como la mesa directiva estaban abiertos a la recepción de propuestas e información.
A continuación, hizo la presentación del licenciado José Antonio Sandoval Perea como secretario técnico de la comisión.
Por último, agradeció la presencia de los legisladores y, con un quórum final de dieciocho legisladores, dio por terminada la primera reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, a las 15 horas con 32 minutos del miércoles 14 de octubre de 2009.
Atentamente
Diputado José Luis Ovando Patrón
Presidente
Lista de asistencia
José Luis Ovando Patrón (rúbrica)
María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica)
Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica)
Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica)
Sergio González Hernández (rúbrica)
Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica)
Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica)
Heriberto Ambrosio Cipriano
Adriana Sarur Torre (rúbrica)
Alejandro Gertz Manero
Miguel Álvarez Santamaría
Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)
Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
Víctor Hugo Círigo Vázquez
Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica)
Omar Fayad Meneses
Jorge Fernando Franco Vargas
Luis Alejandro Guevara Cobos
Aarón Irízar López (rúbrica)
Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica)
Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica)
Rosi Orozco
Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín
María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica)
Camilo Ramírez Puente (rúbrica)
Francisco Lauro Rojas San Román
Ricardo Sánchez Gálvez
Arturo Santana Alfaro (rúbrica)
Ardelio Vargas Fosado
 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, REALIZADA EL MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2009

Objetivo, Garzón

Objetivo, Baltasar/JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
Publicado en El País, 10/02/2010;
El Consejo del Poder Judicial no ha desperdiciado tiempo en impulsar los trámites para suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón. Las diligencias del Tribunal Supremo contra el juez llegaron el lunes al secretario general del Consejo y éste, sobre la marcha, las metió en el orden del día de la Comisión Permanente de ayer, martes. Y, también ayer mismo, el Consejo hizo una excepción con Garzón y se saltó su propia costumbre de no actuar contra un magistrado si no media contra él una decisión judicial firme (auto de procesamiento o conversión de unas diligencias en procedimiento abreviado) o sin que la causa disponga del aval de la fiscalía. Lo que ha valido para otros jueces, no sirve ahora para Garzón, que ni está procesado ni es acusado por la fiscalía en ninguno de los dos procedimientos que le ha abierto el Supremo merced a querellas de ideologizados y extraños acusadores.
La decisión de preguntar al fiscal si Garzón debe ser apartado de su juzgado fue adoptada por unanimidad de los cinco miembros de la Comisión Permanente, que encabeza el propio presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, y de la que también forman parte las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra, así como los conservadores Manuel Almenar y Antonio Dorado. Estos vocales favorecieron ayer el titular periodístico a sabiendas incluso de que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, les advierte por escrito de que las resoluciones recaídas sobre Garzón están en fase preliminar y, además, no son firmes. Por ello, es muy probable (según reconocen fuentes del Consejo) que la respuesta de la fiscalía sea que no procede apartar al juez porque ninguna resolución goza de firmeza.
Garzón tiene pocos amigos en el Consejo, donde vaticinan malos augurios a su continuidad como juez de la Audiencia Nacional, ante el convencimiento de que el Supremo terminará llevándole al banquillo por al menos alguna de las dos querellas que pesan sobre él. No resulta extraño, pues, que quieran desterrar a Garzón los vocales del Consejo propuestos por el PP -obsesionado con Garzón, a quien no le perdonan haberles aflorado los sucísimos trapos del caso Gürtel-. Pero sí rechina en fuentes progresistas del Consejo que a ese empeño del PP se hayan sumado vocales como Lastra y, "con especial beligerancia y proselitismo", Robles.

Hacía la suspensión de Garzón

Proceso exprés para suspender a Garzón
El Poder Judicial se salta los trámites habituales con el fin de acelerar el relevo del juez de la Audiencia Nacional, impulsado desde el Supremo por Luciano Varela
JULIO M. LÁZARO - Madrid - 10/02/2010
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer por unanimidad iniciar los trámites para suspender de funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Lo hizo sin esperar siquiera a la resolución de los recursos planteados por Garzón contra la decisión del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela de sentarle en el banquillo por investigar el franquismo y contra la admisión de una querella por no haber archivado un proceso contra el presidente del Santander.
Varela, magistrado instructor de la querella de Manos Limpias por la investigación de los crímenes de la dictadura, pidió el viernes al presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, que remitiera al Consejo el auto del pasado día 3 en el que plantea seguir el proceso contra Garzón por esos hechos. Saavedra remitió el auto de Varela al órgano de gobierno de los jueces indicando que lo hacía porque así se lo había pedido el juez instructor del proceso a Garzón, pero advirtiendo expresamente a esa institución de que el auto no era "firme".
Paralelamente, el presidente de la Sala Penal remitió también al Poder Judicial otro auto del juez Miguel Colmenero, en el que éste abre otra causa a Garzón por haber archivado una querella contra el presidente del grupo Santander, Emilio Botín, meses después de haber dirigido unos cursos en la Universidad de Nueva York patrocinados por el citado banco. Este auto de Colmenero tampoco es firme y el defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha planteado contra el mismo un recurso de nulidad de actuaciones.
La diferencia entre una y otra remisión estriba en que la segunda responde a una costumbre habitual cuando se admite a trámite una querella contra un juez, en tanto que la primera fue instada expresamente por Varela, sin necesidad aparente.
El lunes, en la reunión preparatoria del orden del día de la Comisión Permanente, a la que no asistió el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, se acordó, a propuesta de la vocal Margarita Robles, incluir el estudio de ambos autos del Supremo en la sesión de la Permanente de ayer.
Margarita Robles, magistrada de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal y vocal del Consejo del Poder Judicial, es amiga personal y compañera de Luciano Varela en la asociación Jueces para la Democracia. También es enemiga furibunda de Garzón desde sus tiempos de secretaria de Estado de Interior con el ministro socialista Juan Alberto Belloch. Fue ella la que instó, junto a algunos magistrados, una modificación en el discurso oficial de apertura de tribunales pronunciado por Carlos Dívar el pasado 21 de septiembre, en respuesta a un artículo crítico con Varela titulado Garzón, en el punto de mira publicado por este periódico. Dos días después intentó junto a Varela, sin conseguirlo, que el secretariado de Jueces para la Democracia emitiese un comunicado de apoyo al instructor del Supremo.
En el curso de la Comisión Permanente celebrada ayer, Robles propuso, a la vista de los dos oficios remitidos por el Supremo, recabar el informe del Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el artículo 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, a efectos de suspender de funciones a Garzón, aunque según las fuentes consultadas aún no había necesidad de hacerlo.
El presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Dívar, opuso que la práctica habitual para tramitar la suspensión era esperar a la admisión de una querella siempre que ésta fuera del Fiscal, pero en este caso es de Manos Limpias y el Ministerio Público no la apoya. Dívar agregó que tampoco se había abierto aún juicio oral ni dictado auto de procesamiento contra Garzón, pasos necesarios para privarle de sus funciones, puesto que el presidente de la Sala Penal había expresado que el auto de Varela no era "firme".
Margarita Robles contestó al presidente que podía iniciarse el trámite, ya que la Sala Penal del Supremo no es "un juzgado cualquiera" y que el instructor, Luciano Varela, había indicado expresamente su intención de seguir el procedimiento contra Garzón. A la postura de Robles se sumaron los dos vocales conservadores, el magistrado Manuel Almenar y el secretario judicial Antonio Dorado y la fiscal progresista Almudena Lastra. Ésta, a preguntas de algunos de sus compañeros tras la comisión, adujo que así iban "ganando tiempo" y tenían preparada la suspensión para cuando el Supremo confirmase los autos. El acuerdo, finalmente, se adoptó por unanimidad.
Dado que el informe pedido por el Poder Judicial al fiscal no es vinculante, las fuentes consultadas indicaron que, una vez recibido, Garzón será previsiblemente suspendido sin más trámite. Un grupo de vocales del Poder Judicial expresó a EL PAÍS su sorpresa por una medida que ni entienden ni comparten y de la que tuvieron conocimiento por la prensa.
Actores para una defenestración
- Requisitos legales para suspender a un juez.
Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Artículo 383. La suspensión de los jueces y magistrados sólo tendrá lugar en los casos siguientes: 1. Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. 2. Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento.
- Artículo 384. En los supuestos de los dos primeros apartados del artículo anterior, el juez o tribunal que conociera de la causa lo comunicará al Consejo General del Poder Judicial, quien hará efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal.

Alianza en Oaxaca

Columna De naturaleza política/Enrique Aranda
Excélsior, 10/02/2010;
Contra Gómez Mont, alianza en Oaxaca…
Ayer, de manera inusual, Fernando Gómez Mont concurrió a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional blanquiazul. Asistió en calidad de militante de Acción Nacional y funcionario, y con un solo propósito: evitar que se avalara la alianza con el pejismo oaxaqueño —PRD, Convergencia y PT— de cara a los comicios en que, en esa entidad, habrá de elegirse al sucesor del priista Ulises Ruiz.
Infructuosa, sí, pero sobre todo frustrante, pues, a decir de los suyos, la breve exposición del funcionario apenas consiguió convencer a uno de los casi 40 miembros del CEN panista que, si bien no avaló plenamente su posición, sí se abstuvo al momento de votar. Fuera de ello, su inesperada concurrencia ante la más alta instancia partidista redundó en una sonada derrota para su causa, la del panismo tradicional, menos pragmático…
Y más, agregaría alguno de los asistentes, cuando de sobra se conocen las versiones sobre la escasa, cuando no nula, credibilidad que entre los más altos niveles del partido en el gobierno —y de otras fuerzas políticas, el PRD incluido— merece el pejista-diodorista Gabino Cué, independientemente de haber aceptado “reconocer” al presidente Felipe Calderón, a cambio de una candidatura que ya hoy, en opinión de los más, “tiene en la bolsa…”
Preocupante situación ésta, por otra parte, dada la escasa sensibilidad y nula respuesta de los panistas —muchos de ellos “de nuevo cuño”— ante una petición-reclamo de quien, con el jefe del Ejecutivo, lleva la política-política de la presente administración y, obviamente, ve estrecharse los habituales márgenes de operación “reservados” para cualquier titular de la Segob y, en consecuencia, jefe del gabinete presidencial.
Más de uno, en el cortísimo plazo, va a lamentar lo ocurrido la noche de ayer en la sala de juntas de la sede blanquiazul. Si no, al tiempo…
Asteriscos
* Con la nueva de que, en el cortísimo plazo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que encabeza la señora Karen Sánchez, deberá reponer la elección de su Consejo Consultivo dado que, a juicio de la Secretaría de Economía cuyo titular es Gerardo Ruiz Mateos, el proceso en el que resultó electo presidente Rafael Borbón, el pasado 16 de octubre, incurrió en tal cantidad de anomalías, que debió invalidarse…
Veámonos aquí el viernes, con otro asunto De naturaleza política.

El proceso contra el Juez Garzón

El juez instructor del Tribunal Supremo español Luciano Varela dio el paso previsto y definitivo para acabar con la carrera del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En un auto de 54 folios (tengo el documento completo, por si te interesa), Varela atribuye a Garzón un delito de prevaricación (artículo 446.3 del Código Penal), castigado con inhabilitación de 12 a 20 años, por querer investigar los crímenes del franquismo. Y ha dico que si la Sala de lo Penal del Supremo no revoca su decisión, preparará el juicio oral.
El día de ayer -martes-9 de febrero- Garzón interpusó un recurso ante el Supremo contra la decisión de Varela- de pedir respaldo a la Sala de lo Penal para que siga adelante el proceso.
Garzón ha solicitado que el auto de Varela quede sin efecto y ha convocado a varios magistrados internacionales y expertos en el proceso contra el franquismo para que declaren a su favor. Entre los jueces que solicita que comparezcan están Carla del Ponte -antigua fiscal jefe del TPI de la antigua Yugoslavia-, Eugenio Raúl Zaffaroni -uno de los jueces que declaró inconstitucional la ley de punto final en Argentina-, Juan Guzmán Tapia -quien abrió causa contra los responsables de la dictadura chilena-, Hugo Relva- coordinador de Justicia de Amnistía Internacional-, Sergio García Ramírez -magistrado de la Corte Internacional- y Eduardo Freile -presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones contra las leyes de punto final en Argentina-.
Garzón pide además la declaración como testigos de los magistrados de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri, que apoyaron la competencia del magistrado para investigar los crímenes del franquismo. Incluye también en la lista al antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, al fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y a un grupo de expertos en el proceso contra el franquismo.
El magistrado de la Audiencia Nacional considera en su recurso que los argumentos del juez Varerla son "insostenibles", "incomprensibles" y sin fundamento jurídico.
Causa Especial Nº: 20048/2009
Magistrado Instructor Excmo. Sr. D.: Luciano Varela Castro
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo


Gabio Cue a Oaxaca

César Nava Vázquez, anunció que el CEN del PAN  aprobó avalar la alianza para enfrentar las elecciones a gobernador en Oaxaca junto con el PRD, PT y Convergencia y abanderar al senador con licencia, Gabino Cué Monteagudo.
Esta es la segunda coalición electoral que aprueba la cúpula de Acción Nacional con el frente de izquierdas Dia que integran el PRD, el PT y Convergencia, pues hace unos días dio su anuencia para conformar otro frente opositor al PRI en Durango.
Por una aplastante mayoría 52 votos y una absteción (aunque el CEN dice que por unanimidad) los panistas dieron su aval para que Gabino Cué encabece la candidatura a Gobernador.
Durante una reunión de tres horas, en la que sólo el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el senador Jorge Ocejo manifestaron su rechazo a la coalición, el PAN aprobó el acuerdo que permite impulsar candidatos propios en alrededor de 40 municipios -la capital Oaxaca incluida- y en 10 de los 25 distritos para diputados locales.
Después de tres horas de deliberación se impuso una abrumadora mayoría de los 52 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, que sesionó durante la tarde-noche de este martes, y a la que no asistió Manuel Espino, el más tenaz detractor de la coalición y el apoyo a Cué. Así, con solo la abstención del diputado Marco Pérez Esquer, tesorero del CEN en la presidencia de Espino, quedó aprobada la segunda coalición del PAN con el PRD, del Trabajo y Convergencia, después de la que convalidó, la semana pasada, en Durango para postular al expriista José Gómez Aispuru a la gubernatura.
La Columna Templo Mayor de Reforma, dice.
MÁS DE UN PRIISTA está que truena contra Fernando Gómez Mont por no cumplir la promesa que, según ellos, les hizo el año pasado.
SUPUESTAMENTE cuando el secretario de Gobernación pidió el apoyo del PRI a la reforma fiscal que se aprobó en San Lázaro, ofreció entre otras cosas que no habría alianza PAN-PRD en Oaxaca.
DE HECHO, por eso el funcionario se lanzó hace unas semanas contra las coaliciones y ayer pidió rechazarlas en la reunión de su partido...
El discurso de César Nava Vázquez, anoche:
“Muy buenas noches. A todos les agradezco su mucho su presencia.
El Comité Ejecutivo Nacional acaba de concluir su sesión extraordinaria en la que analizamos la posibilidad de la formación de una coalición electoral en el estado de Oaxaca.
Informo a todos ustedes y a la opinión pública que el Comité Ejecutivo Nacional ha aprobado, prácticamente, por unanimidad, con una sola abstención, la formación de una coalición electoral para competir en el proceso electoral del 2010, en el que vamos a elegir gobernador, diputados locales y alcaldes.
Como lo hemos dicho, la formación de esta alianza tiene como eje la posibilidad y el deseo de un cambio profundo para el estado de Oaxaca. Lo que buscamos es la transformación de las cosas, la transformación de la situación; de un estado lacerado ancestralmente por la pobreza, por la miseria, por la ignorancia, por la corrupción que se han prorrogado debido al cacicazgo en turno.
Estamos convencidos que la formación de esta coalición tiene una clara razón ética. Lo que nos une a los partidos por encima de nuestras diferencias naturales es el bien de los oaxaqueños, el ánimo de cambiar las cosas de fondo; no buscamos solamente llegar al poder, no buscamos solamente ganar una elección que, estoy seguro que lo vamos a hacer el próximo 4 de julio, buscamos mucho más que eso. Buscamos la transformación profunda de las circunstancias debidas para los oaxaqueños.
Un estado en donde cuatro de cada 10 viven en pobreza alimentaria. Un estado en donde el 15 por ciento de las mujeres son analfabetas. Un estado que ocupa los últimos lugares del país en índice de desarrollo humano, en posibilidades de inversión y de creación de empleo y los primeros en corrupción y en oscuridad, falta de transparencia, opacidad.
Estas son las razones que han llevado al Comité Nacional a tomar esta decisión.
Los hacemos convencidos que, de esta manera, Acción Nacional presta un servicio a los oaxaqueños y al país.
Los hemos dicho: Cada decisión la tomamos atendiendo a la realidad de cada estado. No se trata de una política general, tenemos 14 elecciones durante este año y esta es segunda coalición que se aprueba apenas.
Lo hacemos, precisamente, mirando la realidad de los oaxaqueños y apostándole al cambio profundo, para integrar un gobierno de transición que siente las bases de la transformación de las circunstancias sociales y económicas.
Lo hemos dicho y lo reiteramos: No hay desarrollo posible sin democracia y no hay democracia posible sin alternancia.
Y lo que estamos haciendo es sentar las bases, por fin, para la alternancia en Oaxaca y, por consiguiente, la democracia y el desarrollo.
Lo haremos postulando como candidato a gobernador a Gabino Cué, un oaxaqueño que se ha distinguido por su trayectoria, por su lucha social y que representa algo que va mucho más allá de los partidos que formaremos esta coalición.
Porque representa un anhelo ciudadano, un proyecto cívico y un auténtico movimiento social que trasciende a los partidos.
No sólo es el PAN ni somos los partidos los que queremos el cambio para Oaxaca. Son los oaxaqueños los primeros interesados en que esto ocurra. Es el anhelo, es la intención que ha movilizado esta alianza.
Esta coalición surgió como idea, como iniciativa y como impulso a partir de lo local.
Me acompaña el Presidente del partido en Oaxaca; me acompaña nuestro Delegado Especial para el Proceso, y su Secretario General. Y Carlos Moreno, nuestro Presidente Estatal, ha explicado al Comité Nacional las circunstancias en la que el partido a nivel local promovió la formación de esta coalición.
Por unanimidad en el Comité Estatal y por unanimidad en el Consejo Estatal. Nos hemos unido en torno a este propósito. Hemos dejado de lado cualquier diferencia, no solamente con otros partidos, sino también al interior, para ir juntos en esta alianza, en esta coalición que, estoy seguro, sentará las bases para el cambio pacífico y profundo del Estado Oaxaca.
Con estas consideraciones el Comité Nacional ha tomado esta votación y estaremos registrando el convenio respectivo pasado mañana, el jueves 11, que es el plazo legal establecido para tales efectos.

43 jueces amenazados:CJF

El Poder Judicial reconoce que los jueces y magistrados en materia penal del fuero federal corrren riesgos al tomar casos del crimen organizado.
Excélsior, .10-Febrero-2010;
El narco tiene a 43 jueces amenazados
Nota de Aurora Vega
El Consejo de la Judicatura ha pedido a la PGR el reforzamiento de las medidas de seguridad para evitar asesinatos de impartidores de justiciaLa amenaza constante del crimen organizado sobre 43 de los 62 jueces federales en el país en materia de crimen organizado ha obligado al gobierno federal a proporcionarles todas las medidas de seguridad para evitar que sean asesinados, o que algún miembro de su familia resulte afectado por las intimidaciones de grupos criminales.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha realizado diversas peticiones a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Seguridad Publica federal (SSP) para el reforzamiento de seguridad, así como de vehículos blindados para los impartidores de justicia, ante el asedio de las organizaciones criminales para que retrasen procesos de extradición de gente vinculada al crimen organizado o para que aplacen sentencias.
Elvia Rosa Díaz de León, magistrada del cuarto tribunal colegiado en materia penal, reconoció que sí existen y que no se pueden negar los casos de amenazas e intimidaciones. “Sí, sí existen, no podemos negarlo, sí tenemos amenazas, a nuestros jueces tratan de atemorizarlos, por eso se busca que los jueces tengan la preparación y tengan cualidades que les permitan desempeñar su trabajo con eficiencia, honestidad y con entereza todos los días”.
“Ser juez penal nos va a enfrentar a este tipo de situaciones. Estamos expuestos a tener, ya sea la lisonja, o la amenaza. El peligro lo tenemos siempre, sobre todo los jueces penales que estamos más expuestos que los que están en otras materias. “Yo creo que la justicia federal tiene que tener la templanza y la fortaleza para poder enfrentar este tipo de retos”, agregó la magistrada.
De acuerdo con jueces y magistrados, la intimidación constante del crimen organizado hacia impartidores de justicia federales es constante y permanente en funcionarios del Poder Judicial que están adscritos a los penales de máxima seguridad.
De los 43 jueces que han recibido las amenazas, la mayoría de ellos pertenecen a la rama penal; es decir, son aquellos que reciben las investigaciones y pruebas contra miembros de grupos de delincuencia organizada.
Más violencia, más precaución
Miembros del Poder Judicial afirman que el recrudecimiento de la violencia en México también ha obligado a tomar medidas extremas para evitar ejecuciones de sus jueces o magistrados. Primero con medidas de seguridad, lo segundo es la aplicación de blindaje hacia los expedientes de casos de crimen organizado y lo tercero es evitar la corrupción en cualquiera de los niveles.
Funcionarios del Poder Judicial señalaron que los tiempos han cambiado y que ahora en el crimen organizado ya no existe ética ni palabra de honor.
“Antes los delincuentes tenían palabra, entre ellos se respetaban y también a los jueces cuando éstos no les recibían sobornos, ahora, los narcotraficantes no respetan a nadie, ni siquiera a sus propios secuaces.”
Para la magistrada Elvia Díaz de León, pese a las amenazas hacia los juzgadores, no se debe de pensar en los llamados jueces sin rostro. “Eso no nos va a resolver la situación, por que a la delincuencia no se le pude combatir con métodos que parecen de delincuentes y creo que dar la cara siempre ha sido una de las grandes fortalezas que ha tenido nuestro país”, afirmó la juzgadora.

Marcha de la Lealtad

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa encabezó esta mañana el 97 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, en el Castillo de Chapultepec.
Acompañado de integrantes de su Gabinete, así como de representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, el presidenete Calderón pasó Lista de Honor a los héroes de las batallas de 1874 y 1914.
En el evento, el Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, reiteró la lealtad de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República.
Alejado del discurso tradicional -algo inusual-, el general secretario llamó a las fuerzas políticas a respaldar la propuesta del Presidente. Argumentó que las iniciativas de reformas integrales buscan propiciar “ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran”.
Como único orador del acto, sostuvo que el gobierno ha sido enfático en plantear la urgencia de los cambios que el país demanda y que, para realizarlos, se requiere “de todos sin excepción”.
Pidió anteponer el apego nacional a las particularidades del poder político.
Niega General Galván pleito con la Marina. "Pierden el tiempo aquellos que pretenden dividir a los soldados de aire, mar y tierra. Jamás habrá discordancia entre quienes tenemos la misma cuna, la misma forja y un mismo horizonte: México.
"Bajo las órdenes de nuestro Comandante Supremo, marinos y soldados nos mantenemos unidos, atentos y disciplinados, con el compromiso y la responsabilidad que implica servir a la Nación", dijo el mando militar en el marco de la conmemoración del 97 aniversario de la Marcha de la Lealtad, celebrado en el Castillo de Chapultepec.
Tras la ceremonia, el Primer Mandatario saludó de mano a diversos Generales, comandantes y jefes operativos.
Al Presidente  Calderón le acompañaron en el pase de revista el General Galván; el Secretario de Marina, Almirante Francisco Saynez, además los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Carlos Navarrete y Francisco Ramírez Acuña, así como el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Corte.
***
-MODERADOR: Nuestro Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pasará Lista de Honor a los Héroes de 1847 y 1914.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Del Heroico Colegio Militar: Teniente Juan de la Barrera.
-VOCES A CORO: Murió por la Patria.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Cadete Juan Escutia.
-VOCES A CORO: Murió por la Patria.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Cadete Agustín Melgar.
-VOCES A CORO: Murió por la Patria.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Cadete Vicente Suárez.
-VOCES A CORO: Murió por la Patria.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Cadete Fernando Montes de Oca.
-VOCES A CORO: Murió por la Patria.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Cadete Francisco Márquez.
-VOCES A CORO: Murió por la Patria.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: De la Heroica Escuela Naval Militar: Teniente José Azueta.
-VOCES A CORO: Murió por la Patria.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Cadete Virgilio Uribe.
-VOCES A CORO: Murió por la Patria.
-MODERADORA: El ciudadano General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, hará uso de la palabra.
-SECRETARIO GUILLERMO GALVÁN GALVÁN: Maestro Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.
Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores.
Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, Secretario de Marina.
Distinguidos miembros del presídium.
Damas y caballeros.
Compañeros de armas:
La historia es una veta que nos alecciona y orienta. Conocerla en las escuelas y en los hogares, evocarla en las oficinas, fábricas o en la campiña, es buen alimento para la identidad nacional e inmejorable sendero para profundizar en la comprensión de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos.
Hemos nacido en territorio donde los valores son signos nutricios de la personalidad individual y colectiva. Los símbolos patrios, códices que resumen nuestra estirpe y espíritu, así lo representan.
Esta mañana evocamos con singular interés un episodio que puso a prueba un ideal del país.
Hace 97 años, Francisco I. Madero, el Apóstol de la Democracia y ejemplo de verticalidad, enfrentó con férrea actitud a las aviesas intentonas de quienes se oponían a su convicción política.
El rumor, la intriga y la crítica destructiva crearon un ambiente de descomposición social que culminó en amargos desenlaces. Las fuerzas que obstruían el cambio hacia la democracia, conspiraban para atentar contra la voluntad popular.
La sublevación antimaderista fue una clara ofensa a las instituciones, que exaltó el amor patrio. Momento en que la lealtad se hizo presente en la noble y valerosa reacción de los cadetes del Colegio Militar, que supieron cumplir con su deber escoltando al Presidente de la República a Palacio Nacional.
Hablo de las virtudes que conforman la mexicanidad de ayer, de hoy y de siempre.
Al reflexionar en torno a la lealtad, resulta difícil encontrar un rango más alto en la escala axiológica universal de todas las épocas. Quien es leal, posee el mejor acervo moral.
Los soldados la conocemos a profundidad, la honramos con esmero e integridad y la practicamos en el cotidiano quehacer castrense.
La mujer y el hombre, la sociedad en conjunto y sus instituciones, crecen con los permanentes actos de lealtad que realizan día a día.
Su antónimo, la deslealtad, carcome cimientos, disuelve principios y mancilla convicciones. Nada más profano que las traiciones, y el país ha sabido de ellas.
Este año, por razones y motivos conmemorativos, nos ubicamos en un periodo excepcional que nos invita a revisitar acontecimientos.
Vivimos las centurias independentistas y el siglo revolucionario, cronología inédita que nos debe motivar al repaso de los hechos como una obligación cívica, no para hacer tabla rasa del pretérito, sino para realizar un permanente ejercicio de conciencia.
Nuestra población, que enaltece sus luchas por la libertad, igualdad y democracia, principales baluartes de su sentido de pertenencia. Esta práctica nos permite ponderar fielmente los actuales desafíos para confirmar o rectificar rumbos y decisiones.
Desde nuestro ámbito miliciano, estimamos que las prioridades del México contemporáneo pueden quedar enmarcadas en dos grandes objetivos: la cohesión social y el acuerdo político. Ambos en aras del interés nacional.
La cohesión de la sociedad es un factor indispensable e insustituible para concretar el proyecto del país. Transformada en apoyo hace viable toda estrategia comprometida con el desarrollo, seguridad y bienestar de la población. Su materia prima es la proverbial solidaridad, que desde siempre prodigamos y se nos reconoce.
El acuerdo político es actitud propositiva y virtuosa que conduce al consenso por la vía del respeto, la prudencia y la buena intención para escuchar y comprender las razones de los demás. Es expresión de madurez y fino diálogo, que permite capitalizar las coyunturas que se nos presentan.
El Gobierno de la República ha sido enfático al plantear la urgencia por alcanzar los cambios que demanda el país. Para ello, es necesaria la savia tonificante de todos; de todos, sin excepción. Se requieren ideas creativas, renovadoras y dinámicas que sincronicen a la Nación con la modernidad.
También es imprescindible fortificar la institucionalidad en todos los ámbitos de poder y órdenes de Gobierno, para hacer propicio el orden y asegurar una visión de futuro válida y factible; para capitalizar la grandeza de la República, de su gente, de sus recursos e historia.
Para generar una mayor calidad de gestión y garantizar un sistema político que dé cauce a la resolución de conflictos; y para fortalecer los vínculos entre gobernados y autoridades, que puedan estimular respuestas ágiles en ambos sentidos. Tensar el tejido social, lastima y obstruye el avance.
Es ésta una oportunidad inmejorable para tomar decisiones, cambiar lo obsoleto y anquilosado, e impulsar lo vigente o innovador. Sólo mediante reformas integrales estaremos en condiciones de consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran.
Esa es la propuesta. Esa es la convocatoria presidencial. No es utopía, se trata de voluntad, de responsabilidad cívica y compromiso histórico.
Entendemos que el poder político es complejo y acumula variados intereses, propios de su naturaleza, normas y fines.
No obstante, en todo momento y circunstancia, es necesario anteponer el apego nacionalista.
Somos gente generosa y afín al progreso. Tenemos genio inventivo y nivel intelectual para afrontar y superar, razonadamente, los retos que el destino nos depare.
Somos una sociedad pujante y valerosa, que no se arredra ante ningún obstáculo. Por eso, México sigue y está presente a pesar de sus detractores.
Es menester, entonces, tener siempre presente que la coexistencia pacífica es un bien inestimable. Mal haríamos en ver nubarrones en el porvenir o hacer cábalas con las coincidencias cronológicas, para emplearlas como matriz de nuevas reediciones violentas de la historia.
No hay duda. Nuestro objetivo debe ser el desarrollo en un ambiente de fraternal armonía.
Con esa visión, las Fuerzas Armadas rinden hoy, como ayer, un tributo a la lealtad institucional. Es un homenaje a la virtud, que nos hermana, fortalece y da sentido a nuestra existencia.
Pierden el tiempo aquellos que pretenden dividir a los soldados de aire, mar y tierra. Jamás habrá discordancia entre quienes tenemos la misma cuna, la misma forja y un mismo horizonte: México.
Bajo las órdenes de nuestro Comandante Supremo, marinos y soldados nos mantenemos unidos, atentos y disciplinados, con el compromiso y la responsabilidad que implica servir a la Nación.
Contener en primera línea el daño que la criminalidad organizada causa en la sociedad, nos hace conscientes de los peligros que acechan y de los riesgos que se corren.
Continuaremos redoblando esfuerzos para combatir esos desafíos a la seguridad interior, dando todas las batallas, las que sean necesarias, contra viento y marea, sin la mínima confusión. Nos asiste la confianza social y la razón del Estado para responder a la exigencia de paz y tranquilidad de la población.
Señor Presidente:
La lealtad del Instituto Armado se ha labrado en la historia Patria. Es la más preciada divisa que portamos en el uniforme verde olivo, azul o blanco, pues ella apellida el nombre y da lustre a nuestro antecedente institucional.
Gracias a ella, permanece encendida la llama de la más alta encomienda: Cumplir con el deber con indubitable lealtad. Lealtad para vencer antagonismos, lealtad para enaltecer el orgullo de ser soldados y lealtad para resguardar las instituciones.
Como Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, cuenta usted con ella.
Muchas gracias.