30 nov. 2009

Smartmatic International Holding, la ganadora

El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales, de la Cámara de Diputados envió una carta al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, en la que solicita información sobre la licitación pública internacional SG-N-DA12/09, para la adquisición de 200 equipos especializados que tienen como fin la obtención de la información biométrica, en la que resultó ganadora la empresa Smartmatic International Holding B.V.
En el oficio se pide a la Segob que explique la procedencia de los recursos que serán destinados para la adquisición de los equipos, es decir si estaban presupuestados por la dependencia federal en el proyecto económico del 2010 ó en su caso se tuvieron que hacer modificaciones.
También, se demanda información de cuántas y cuáles fueron las empresas que participaron en la licitación y qué garantías brinda el ganador de ésta para asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales y la confidencialidad de la información que maneje Smartmatic International.
Asimismo, se pide determinar la necesidad y alcances del contrato, así como los criterios y valoración que se siguieron para tomar la decisión, la dinámica de pagos y planeación del gasto; los precios convenientes y no convenientes establecidos en la Ley de Adquisiciones.
Poco después, en conferencia de prensa, el secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Escudero Morales (PVEM), afirmó que en caso de que no se explique a detalle el proceso de licitación citarán a comparecer al secretario de Gobernación.
Informó que también giró un oficio a Fernando Gómez Mont, a fin de que detalle el proceso por el que ganó la licitación la empresa Smartmatic International. “Que nos informe detalladamente de qué recursos dispone, dónde se llevó a cabo la licitación, el estudio de mercado, quiénes participaron, cómo, cuáles fueron los fondos y toda la información correspondiente”, dijo. Notilegis

Freno a la censura

Freno a la censura
JORGE CARRASCO ARAIZAGA,,
Revista Proceso # 1726, 29 de noviembre de 2009;
En octubre pasado, por unanimidad, los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que era improcedente el amparo presentado por Marta Sahagún contra esta revista por presunto daño moral (Proceso 1719). En su voto concurrente, anexo a la sentencia definitiva del máximo tribunal (recién entregada a las partes), el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo dejó en claro que detrás de la demanda había un propósito de censura que no sólo perjudicaba a la publicación, sino que atentaba contra la libre circulación de la información y el derecho de la sociedad a saber.
Al negarle el amparo a Marta Sahagún en el juicio contra Proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación evitó que se establecieran en el país la censura previa y la cadena de responsabilidades entre empresas editoriales y autores.
Así lo determinó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en el voto concurrente que elaboró para abundar en el fallo con el que la Corte puso fin a la demanda civil por daño moral interpuesta por Sahagún contra la revista.
La argumentación del ministro, conocida apenas el martes 10 de noviembre al notificarse la resolución a las partes, deja en claro que detrás de la demanda había un propósito de censura que no sólo perjudicaba a la publicación, sino que atentaba contra la libre circulación de la información y el derecho a saber.
Aunque el fallo contra Sahagún fue adoptado por unanimidad de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte, de la que él mismo forma parte, Gudiño Pelayo argumentó su voto por escrito. Considera que el fallo debió abundar en otros temas, como la responsabilidad que puede existir entre las empresas editoras y quienes escriben para ellas en casos en que se afecten derechos de terceros.
El fallo de la Corte, adoptado el 7 de octubre a partir del proyecto elaborado por el ministro Sergio Valls Hernández, le negó a Sahagún el amparo con el que quería echar abajo la resolución adoptada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) a favor de Proceso.
El TSJDF absolvió a la revista en el juicio por daño moral emprendido por Sahagún en contra de este medio y de la periodista Olga Wornat por la publicación del texto Historia de una anulación sospechosa, en el que se da cuenta de la manera en que Sahagún logró la disolución de su matrimonio religioso con Manuel Bribiesca Godoy.
Al negar el amparo, la Corte confirmó la exculpación, pero dejó firme la sentencia en contra de Wornat, a la que el TSJDF encontró responsable de haber incurrido “en una ilicitud” al hacer impu­taciones a Sahagún más allá de la información que presentó.
Gudiño Pelayo explicó que el amparo promovido por Sahagún consistía en determinar si fue constitucional la absolución de Comunicación e Información, S.A. (CISA), editora de la revista, así como la responsabilidad de los medios de comunicación cuando a través de ellos se difunden opiniones o informaciones firmadas por otros.
En la sentencia se puso énfasis en que Sahagún fue un personaje público con amplia proyección en medios, y por esa condición se consideró admisible la intromisión que se hizo en su vida privada en la publicación objeto del juicio (Proceso 1719).
Gudiño sostiene que en la demanda no estaba en juego la responsabilidad de la revista porque sólo sirvió de vehículo para la libertad de expresión de otros.
Aclara, sin embargo, que la responsabilidad de las empresas editoriales debe valorarse en cada caso, pues “no todas las publicaciones son iguales”.
Para el ministro, en el caso de Sahagún no se trataba de juzgar si la periodista se extralimitó al revelar la información o si invadió el derecho a la vida privada de la quejosa. Más bien, dice, el juicio de amparo contra la revista tenía que ver con la responsabilidad o corresponsabilidad –en caso de que hubiera existido– de CISA por lo que publicó la periodista.
Los deslindes
Por encima de la demanda de la esposa del expresidente Vicente Fox, el ministro se pregunta: ¿Son responsables también las editoriales o sólo los autores por lo que firman? Según Gudiño, la participación de la editorial varía.
En el caso de Proceso, “la editorial no hace suyas las opiniones ni las informaciones que presenta su autora, ni las complementa con dichos propios, sino que abre sus espacios para que la autora exprese, revele, diga y opine lo que ella considere”.
Gudiño fue uno de los tres ministros de la Primera Sala de la Corte que le negaron a Wornat el amparo que tramitó contra la sentencia del TSJDF, con lo cual se cerró la puerta para que el máximo tribunal definiera criterios respecto al derecho a la información, el derecho al honor, el derecho a la intimidad y la responsabilidad civil por daño moral.
El voto concurrente, sin embargo, le sirvió para fijar su posición respecto a esa responsabilidad.
Señala que en una demanda como la que se emprendió contra CISA, “no podemos exigirle a las editoriales que revisen y que sean corresponsables con los autores –que a través de ellas publicitan sus escritos– de lo que ellos suscribieron, informaron u opinaron”, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No podemos exigirle responsabilidad a las casas editoriales por las posibles extralimitaciones en que incurrieron quienes, a través de ellas, publicaron escritos que se tildan de ‘invasivos’ de la vida privada de otros, bajo el criterio de que contribuyen al debate público. En este caso, la responsabilidad pesa sobre quien suscribe lo dicho”, sostiene Gudiño.
El ministro dice que el texto que motivó el juicio fue “una publicación neutra”; no porque carezca de opiniones, sino que no refleja ni información propia de la editorial ni la opinión de la editorial.
Tanto en su demanda civil como en su escrito de amparo, Sahagún sostuvo que Proceso era corresponsable de haber violado, entre otros, el artículo 7 de la Constitución respecto a que la libertad de imprenta no reconoce más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
“Los límites y deberes exigibles a las casas editoras no siempre son los mismos que se aplican a los autores en lo individual”, responde el ministro a ese reclamo de Sahagún.
Precisa: “Hay que ver primero cuál es la modalidad en que se hace la publicación, así como también habrá que tener presente que el derecho a la tutela de la vida privada no es absoluto”.
Directo, Gudiño dice que el texto es una publicación en la que “no advierto que, dadas las circunstancias específicas en que se hizo… hubiere elementos que permitieran exigirle responsabilidad a la editorial; aun cuando la Sala responsable del TSJDF haya encontrado a la autora responsable del libelo”, responsabilidad que la Corte decidió no revisar al negarle el amparo a Wornat.
Junto con los ministros Valls y Juan Silva Meza, Gudiño hizo mayoría en la Primera Sala de la Corte para negarle el amparo a la periodista por razones de “caducidad”.
Gudiño sostiene que darle la razón a Sahagún contra la revista, habría generado “cadenas de responsabilidad entre editoras y autores” con lo que se “haría de los editores censores previos de todo lo que se quiera expresar”. Más aún, “inhibiría de manera importante la circulación de información y opiniones”.
Esos escenarios, añade, son “inadmisibles por ser fuertemente limitantes de la libertad de expresión y del derecho a la información”, pues “inciden en aspectos cruciales para el desarrollo de las sociedades democráticas” y “de manera trascendental en la circulación de información y opiniones”.

Aborto debate en España

Aborto: ni derecho ni obligación/José Bono, presidente del Congreso de los Diputados
Publicado en EL PAÍS, 26/11/09;
Cuando me enfrento a la regulación legal de la interrupción del embarazo, no puedo hacerlo como si de una ley sobre seguros agrarios se tratara. Al votar una ley sobre el aborto mi conciencia me interpela.
Creo que le ocurre algo parecido a muchos ciudadanos cuando reflexionan sobre la vida del no nacido. Y es así porque, se diga lo que se diga, sabemos con certeza que el feto no es un órgano propio de la mujer, sino una realidad distinta de la mujer gestante. El feto es más un “alguien” que un “algo”. No puedo negar sin mentirme que tengo la convicción de que en el seno materno se alberga una vida humana en formación que es digna de protección. Estamos ante un valor constitucional. El alto tribunal establece que el feto “en todo caso, es un bien no sólo constitucionalmente protegido sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional” (STC 53/1985, FJ 9).
Sin embargo, el aborto es también una realidad, y la experiencia nos dice que su prohibición en cualquier circunstancia, además de acarrear graves e indeseadas consecuencias, sólo ha logrado su práctica clandestina. Ante esta realidad, el legislador responsable no debe mirar a otro lado. Como dice el profesor Peces-Barba, “el aborto es siempre un mal porque acaba con un germen de vida y se rompe una línea biológica natural… -pero la ley lo regula- porque ponderando los bienes y los males en juego considera que puede haber otros males mayores”. (La democracia en España, página 193).
El aborto no es un bien ni un derecho. En el núcleo de mis convicciones éticas y religiosas está la defensa de la vida y el amparo al más débil, valores que son patrimonio de la tradición humanista y progresista española. Giner de los Ríos defendía con énfasis los deberes éticos y jurídicos del Estado respecto del feto. (Ver Resumen de Filosofía del Derecho, página 118).
En este tema, como dice Obama, hemos de evitar, especialmente, “la caricatura del otro”, porque el aborto no debe presentarse como un asunto ideológico sino de conciencia, y debe plantearse con serenidad, de manera que nos permita atribuir a quienes discrepan la misma presunción de buena fe que nos concedemos a nosotros mismos.
El debate que hoy se plantea en España no es si se despenaliza o no el aborto. Ese debate tuvo lugar en 1985. La cuestión es que aquella despenalización de 1985 ha dado cobertura, por su ambigüedad, a un excesivo número de abortos: 115.812, sólo en 2008. Más aún, la falta de limitación temporal del tercer supuesto, el de la salud psíquica, bajo el cual se ha producido el 97% de los abortos, ha provocado abusos escandalosos. El Consejo de Estado dice en su dictamen que la actual legislación:”Ha llevado a España a una indeseable situación de aborto libre cuando no arbitrario… ha hecho de España un paraíso del turismo abortista” (página 17). ¿Es esta normativa la que hay que preservar? Evidentemente, no.
El nuevo proyecto de ley supone un modelo de regulación, el de plazos, y una concepción preventiva que precisamente se dirige a corregir las insuficiencias del anterior. Debe servir para reducir el número de embarazos no deseados que conducen al aborto y también para garantizar mejor la protección del nasciturus y mejorar las garantías jurídicas para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En este sentido, puede hablarse con verdad de que apoyaremos una ley que bien podría denominarse Ley para la Reducción de Abortos en España.
A este respecto es preciso recordar que la Iglesia católica acepta que “un parlamentario… pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley (aborto) y disminuir así los efectos negativos…” (Encíclica Evangelium Vitae, n. 73). Resultan contradictorias con esta disposición papal, además de socialmente chocantes, las posiciones condenatorias y de agresividad actual de aquellos religiosos españoles que, durante los ocho años que gobernó el PP, aceptaron mansamente la aplicación de la ley de aborto aprobada en 1985.
El proyecto de ley es, sin duda, mejorable. En su actual redacción queda claro que no hay un derecho fundamental al aborto. En ningún sitio del proyecto podrá encontrarse tal formulación. No es un derecho porque como dice Peces-Barba “los derechos se basan y buscan bienes, nunca males” y, además, porque la vida prenatal es un bien jurídico constitucionalmente protegido. Según el proyecto de ley, hasta las 14 semanas prevalece la decisión de la mujer, pero a partir de esa fecha, como en la mayoría de los países europeos, se impone la protección del nasciturus, salvo la doble indicación: el grave riesgo para la salud de la embarazada o las graves anomalías fetales.
Los diputados vamos a debatir el proyecto y puede salir mejorado. Confío en que el resultado sea conforme al patrimonio moral compartido por la mayoría de los españoles, de manera que la nueva ley no se vea como una propuesta partidista. En este sentido, hay al menos tres cuestiones que ocuparán la atención parlamentaria: la primera, la información a los padres de la menor con más de 16 años; la segunda, el reconocimiento de la objeción de conciencia para los profesionales; la tercera, las acciones dirigidas a la reducción de los embarazos no deseados, en cuyo marco destaca la educación sexual.
El conflicto moral es propio de la acción política en democracia. La política no puede limitarse a la proclamación verbal de los principios. Por el contrario, debe atender a la realidad concreta en la que los principios han de aplicarse, evaluando las consecuencias de tal aplicación (principio ético de responsabilidad por las consecuencias). La disminución del número de abortos que la nueva ley comportará al modificar la actual regulación del supuesto del conflicto psíquico que carece de limitación temporal y que ha dado cobertura legal a abortos en estadios de gestación muy avanzados, invita a defenderla, aunque sólo sea por “la teoría del mal menor”. En este aspecto, la nueva ley supondrá un notable progreso que es decente reconocer y valorar por todos. Yo, desde luego, lo valoro y reconozco.
Hay sectores de la Iglesia católica que exigen al Estado que actúe con mano justiciera, aplicando penas y castigos, mientras se reservan para ellos la mano acogedora del perdón o de la penitencia purificadora. Como político que quiere inspirar su vida en el Evangelio de Jesús, aspiro a que también la nueva ley incluya una dimensión de comprensión y de misericordia. ¡Mujer actúa en conciencia, esta ley no te condena!
***
Respuesta de
Arantza Quiroga
Derecho a la vida y obligación de protegerlo/Arantza Quiroga Cía, presidente del Parlamento Vasco
Publicado en EL PAÍS, 28/11/09):
El presidente del Congreso de los Diputados publicó hace unos días un artículo en el que reflexiona sobre la propuesta de reforma legislativa sobre el aborto, patrocinada por su propio partido. José Bono comienza por señalar que en un tema tan serio “su conciencia lo interpela”. Apunta, acertadamente, que no se puede considerar un asunto tan delicado como si de “una ley sobre seguros agrarios se tratara”. No obstante, luego de un sorprendente esfuerzo de acrobacia argumentativa, concluye haciendo precisamente eso: considerando a la vida humana como un simple elemento más de ponderación en la ecuación política. Creo sinceramente que es sana cualquier iniciativa encaminada a un necesario debate sobre este asunto; pero deseo comentar algún extremo de lo argumentado.
Lo que primero me llamó la atención del artículo fue que el diputado Bono, buscando soslayar el dilema que le supone como católico votar a favor de este proyecto de ley, dice que en virtud de la encíclica Evangelium Vitae un parlamentario creyente puede apoyar “propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley (aborto) y disminuir así los efectos negativos”, hipótesis en que supuestamente encajaría esa iniciativa legislativa que busca evitar “el número de embarazos no deseados” y abortos clandestinos. Olvidó quizás mencionar que, de acuerdo con el propio texto de la misma encíclica, dicha excepción se aplica sólo en los “casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados”.
No hace falta un análisis demasiado sofisticado para comprender que en este supuesto no encaja una normativa que amplía “las garantías jurídicas de mujeres que deciden interrumpir su embarazo” y que permite a menores de edad abortar sin que medie la autorización de sus padres.
Por otra parte, resulta incompresible, cuando menos, sostener “la convicción de que en el seno materno se alberga una vida humana en formación que es digna de protección”, para luego aceptar la posibilidad de acabar con la vida del embrión hasta las 14 semanas de embarazo, o cuando éste presentase “anomalías”. Y, para que esto resulte incongruente, no hace falta ostentar credo religioso alguno, sino sólo aceptar la fórmula básica de nuestro teorema constitucional, la inviolabilidad absoluta e irrenunciable dignidad de la vida humana. Desde el momento en que hablamos de vidas humanas, no hay relativismos, ya no se trata tampoco de la innegable libertad de la mujer sobre su propio cuerpo, sino de la obligación que tenemos todos de proteger la vida de un individuo. ¿Es acaso esa vida menos digna por encontrarse en un periodo más temprano de desarrollo? O, más aún, ¿podemos desecharla, como si de un producto defectuoso se tratara, por adolecer de “anomalías”? No, simplemente no podemos aceptar todo ello sin menoscabar la esencia de nuestro sistema político y jurídico.
Hay, en verdad, una pregunta básica que subyace al debate: ¿es o no el embrión una vida humana digna de protección? Un tema casi inacabable, de múltiples dimensiones: bioéticas, filosóficas, científicas, etc. Y si así es, si tenemos a una persona desde el primer momento, entonces los dilemas quedan zanjados.
Yo estoy convencida de que hay una persona desde el momento de la concepción, pero presumo buena fe en quienes piensan distinto, porque sé que hay algo que tenemos en común la mayoría de quienes tomamos parte en ese debate: el respeto inapelable a la vida humana. Pero por ello creo que es necesario que entablemos un diálogo más directo, intentando depurar nuestros argumentos de las distorsiones ideológicas existentes. Lo que no se puede es dar credibilidad a quienes, aun a pesar de reconocer el carácter humano de un embrión, y por tanto digno, intentan cosificar la vida humana. Esto transgrede los parámetros básicos de la lógica constitucional.
Hay interrogantes muy hondas que merecen ser disipadas mediante un diálogo público y sincero. Pero creo que, en todo caso, hasta que se disipen completamente, nuestra única opción es respetar la vida del embrión. Nos basta para ello con seguir principios jurídicos básicos. ¿Es posible, al menos, darle preferencia a la preservación de la vida humana mientras subsistan las dudas? Sí. En Derecho Penal es conocido el aforismo indubio pro reo: en caso de duda el juez debe fallar a favor del acusado. En el ámbito laboral está su equivalente, indubio pro operario: en caso de duda debe preferirse la opción que más favorezca al trabajador. Lo mismo sucede con la legislación ambiental con el principio de precaución. Esto es así porque la libertad, el bienestar laboral y la conservación del medio ambiente son valores fundamentales de nuestro esquema constitucional. Entonces, si estamos de acuerdo en que la dignidad de la vida humana es el valor supremo, otorguémosle, al menos, al que está por nacer las mismas garantías que tiene el reo de un delito o incluso un árbol. Permitir la realización de cien o mil nuevos proyectos de vida es siempre preferible a arrepentirnos de truncar ilegítimamente uno solo de ellos.

Informe de Sergio Valls

Informe de labores 2009 del ministro Sergio A. Valls Hernández,  hasta hoy presidente de la Primera Sala de la SCJN.
Manifestó que a partir de mañana, 1 de diciembre, por Acuerdo Plenario, dejará de formar parte de la integración de la Primera Sala y se incorporará a la Segunda Sala.
En sesión solemne, informó que dentro de los temas de gran importancia que fueron resueltos en este año, destacan: el de pensión alimenticia respecto de descendientes y por concepto de viudez; indemnización en juicio de divorcio; violencia intrafamiliar; interés superior del niño, y restricción al derecho de los cónyuges o concubinos a recibir pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador.
Asimismo, pérdida de la patria potestad; libertad de expresión y derecho a la información; derechos de honor y a la privacidad, y acceso pleno de las personas indígenas a la jurisdicción del Estado.
También se encuentran, agregó, los que se refieren a fármacodependencia; inviolabilidad del domicilio; suspensión de derechos civiles del sentenciado, y portación de armas de uso militar no permitidas en domicilios privados ni mucho menos en lugares públicos.
Expuso que además de los criterios emitidos en materia procesal y los referentes a la Ley de Amparo, se encuentran los temas relacionados con la protección del medio ambiente; las universidades públicas como organismos descentralizados y autónomos, que implican autoformación y autogobierno, y el de no discriminación en materia de salud.
Referente a los asuntos que determinó la Sala ejercer facultad de atracción, destaca el relacionado con los amparos promovidos por un particular en el que demandó la indemnización por daño moral a una empresa y a la persona que escribió una nota periodística sobre su vida privada, por lo cual su contenido comprende temas como la libertad de expresión, derecho a la información, derecho al honor y derecho a la intimidad, así como los límites que debe respetar el ejercicio de los derechos y libertades que contienen los artículos 6 y 7 constitucionales.
(En octubre pasado, por unanimidad, los cinco ministros de la Primera Sala determinaron que era improcedente el amparo presentado por la Sra. Marta Sahagún contra la revista Proceso por presunto daño moral. Al negarle el amparo a Marta Sahagún en el juicio contra la SCJN evitó que se establecieran en el país la censura previa).
El ministro Valls señaló como un caso especial, el que se refiere a los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó. La resolución del asunto permitió a la Primera Sala fijar 23 criterios referentes a la garantía constitucional de defensa adecuada y debido proceso, así como los derechos mínimos que tienen los indígenas en un juicio.
Datos duros:
Informó eque en los meses que se reportan (enero-noviembre) ingresaron a esa Sala 2 mil 193 asuntos, que sumados a los 159 que se encontraban en trámite el año pasado, dieron un total de 2 mil 352; de ellos, indicó, en 36 sesiones públicas, se fallaron mil 699; se enviaron para conocimiento del Tribunal Pleno y Segunda Sala, 263; egresaron 62 (7 por dictamen y 55 por acuerdo de Presidencia de la Sala), y quedaron por resolver 328.
De este total de ingresos, en los rubros principales se tienen los siguientes:
359 amparos directos en revisión;
351 amparos en revisión;
21 amparos directos;
11 acciones de inconstitucionalidad;
50 competencias;
152 contradicciones de tesis;
34 controversias constitucionales;
61 facultades de atracción;
176 inconformidades;
652 incidentes de inejecución de sentencia;
236 reclamaciones y;
38 revisiones administrativas.
Fuente: SCJN

Despedidad de Góngora


El ministro Genaro Góngora Pimentel, se despidió hoy del alto tribunal con un llamado de alerta por "el alto riesgo social que corre nuestro país".

En medio de aplausos, de elogios a su trayectoria, acompañado de la cúpula del Poder Judicial Góngora dijo que es urgente que el gobierno convoque a las instituciones académicas de más alto nivel del país para que participen en la reconstrucción de la vida nacional.
Después de repasar su trayectoria de 37 años como juzgador, 14 de los cuales se desempeñó como ministro y presidente del máximo tribunal del país, Góngora aclaró que no podía irse sin antes expresar su creciente preocupación "por la situación tan difícil por la que atraviesa nuestro país".
Es preocupante, dijo, saber sobre los altos índices de inseguridad en que vive la población, y la distancia que separa a la sociedad del gobierno. "De mantenerse esta tendencia, no es necesario tener una bolita de cristal para avizorar sobre el alto riesgo social que corre nuestro país. Creo que la paz duradera no se logra con confrontaciones o cobro de facturas políticas ni tampoco con falsos triunfalismos", alertó
En este escenario, dijo, México requiere con urgencia de un Plan Nacional (Sic), del cual carecemos, que responda verdaderamente a los intereses de las mayorías y rescatar el principio político de que la soberanía reside y seguirá residiendo en el pueblo.
Porque, precisó, el pueblo no puede seguir siendo preso de intereses políticos o de grupo, por ello, si queremos construir una paz duradera, es hora de supeditar el interés privado sobre el interés público.
Para la reconstrucción de la vida nacional, explicó, se necesita convocar a las instituciones del más alto nivel, porque su opinión debe escucharse para encausar lo que verdaderamente importa a todos los mexicanos.
Consideró urgente definir lo que México hará en el corto, mediano y largo plazo, y llamó a reformar la función de los jueces.
Góngora también pidió dejar atrás el modelo decimonónico de impartición de justicia, por la que el juez es una máquina que aplica literalmente la ley.
Los otros nueve Ministros hablaron antes que Góngora, Salvador Aguirre, opuesto ideológico con quien tuvo constantes debates y desencuentros pese a su cercana relación inicial, enfatizó la originalidad, la sutileza y el sentido del humor cáustico de su colega. "Nuestras ideas enfrentadas han llegado al debate, la polémica y la controversia (...) sus afirmaciones jamás han sido débiles", dijo Aguirre, al agradecer la cortesía y respeto personal de Góngora.
José Ramón Cossío, quien llegó a calificar a Góngora de perverso y a abandonar una sesión del Pleno en protesta por una de sus intervenciones, destacó la capacidad del Ministro para colocar de inmediato su postura como eje central de muchas discusiones y lo caracterizó como un constructor de mayorías en la Corte.
Margarita Luna Ramos recordó las bromas que por años le han lanzado a Góngora por su parecido con el papa Benedicto XVI, así como un verso de Aguirre en el que se refirió al Ministro como un friegaquedito.
Trayectoria
Góngora tuvo su primer cargo en el Poder Judicial en 1969, como secretario de estudio y cuenta en la Corte, luego de cinco años en el Tribunal Fiscal.
Tres años después ya era juez de distrito, y de 1978 a 1995 fue magistrado de circuito, hasta ser electo para la Corte, luego de la reforma judicial de ese año.
El Ministro reemplazó a su colega Vicente Aguinaco como Presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal en 1999.
Desde que era Presidente, Góngora entabló una relación cercana y de abierta simpatía con el entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés López Obrador, y en la Corte, su posición ideológica se fue haciendo más claramente hacia la izquierda, en antagonismo con las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Aunque se postuló para consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) en 2007, lo que le generó serias críticas en el Poder Judicial, y luego coqueteó con la idea de encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Góngora a fin de cuentas se dedicará a la cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM, su alma mater, en la que da clases desde 1964.
Todo apunta que mañana el Senado elegirá este martes a los sucesores de Góngora y Azuela, quien dejó su cargo a principios de mes; se perfilan Arturo Zaldívar, y el magistrados Luis María Aguilar
Nota de Víctor Fuentes Reforma on line, y de Carlos Avilez de El Universal.











El cártel del golfo


Revista Proceso, # 1324, a 17 de marzo del 2002
El cártel del golfo, en plena actividad /jesús Belmont Vázquez
Matamoros, Tamps.- Desde sus orígenes, a principios de los años cuarenta, con don Juan Nepomuceno Guerra al frente del cártel del Golfo, la lucha por el liderazgo de esta organización criminal ha sido motivo de múltiples ejecuciones, venganzas y traiciones.
Actualmente, este cártel —responsable de 30% de la cocaína que se vende en el mercado estadunidense— es encabezado por Osiel Cárdenas Guillén, quien heredó el control luego de la detención de Juan García Ábrego en enero de 1996 y de haber asesinado a El Chava Gómez a mediados de 1999. Su campo de acción abarca no solamente el tráfico de drogas, sino también controla a los llamados polleros, contrabando de armas y joyas preciosas, centros de consumo de enervantes y de prostitución, robo de vehículos y hasta el ambulantaje.
Mediante El Gordo Mata y El Goyo Sauceda, cobra cuotas de derecho de piso a narcos menores. De hecho, la franja fronteriza tamaulipeca está bajo su control.
La historia de Osiel Cárdenas Guillén está llena de traiciones, venganzas y una buena dosis de astucia que le permitieron convertirse en uno de los capos más peligrosos e influyentes de la nueva camada de narcotraficantes.
Casado con Celia Salinas Aguilar y padre de tres hijos (Celia, Osiel y Grecia Cárdenas Salinas), Osiel tiene bajo sus órdenes a 14 exmilitares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) que inicialmente fueron comisionados por el secretario de la Defensa Nacional para coordinarse con las tareas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) de la Procuraduría General de la República (PGR) en la lucha contra el tráfico de drogas.
De hecho, esos exmilitares representan la fuerza operativa de cártel del Golfo. El Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) de la Secretaría de la Defensa posee en sus archivos los nombres, datos personales y confidenciales de los 14. Uno de ellos es Arturo Guzmán Decena, identificado como Z-1.
Desde 1998, la Secretaría de la Defensa (Sedena), mediante la Sección Séptima (S-7), fortaleció su área dedicada al combate a las drogas. En 1994, la Sedena contaba con cuatro grupos GAFE, y en 1998 tenía 70 grupos aeromóviles, como el que participó en la reciente detención de Benjamín Arellano Félix. En febrero de 2000, el número ascendió a 124.
Hábil negociador y conocedor de la enorme importancia de los medios de comunicación, a mediados de 2001 Osiel Cárdenas, mediante su abogado Juan Guerrero Chapa, filtró a varios diarios de circulación nacional información sobre la existencia del cártel de Monterrey y se hacía especial referencia a sus competidores en el mercado, los presuntos narcos Edelio López Falcón, El Yeyo, conocido también como El Señor de los Caballos, por su afición a los equinos pura sangre; Rolando López Salinas, El Role, y Mario Ramírez, La Gata.
Y es que al parecer El Yeyo delató a Gilberto García Mena, El June —detenido en abril de 2001—, ante autoridades militares y de la PGR, luego de enterarse de que gatilleros contratados por García Mena fueron los responsables de varias ejecuciones de miembros de su grupo en Tamaulipas.
De esta forma, Osiel Cárdenas también pretendía distraer la atención de las autoridades civiles y militares hacia el cártel de Monterrey para que disminuyeran, en cierta medida, los operativos realizados en Tamaulipas.
El director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, en conferencia de prensa, desmintió poco después que existiera el cártel de Monterrey.
El ascenso al poder
Capos del cártel del Golfo detenidos en fechas recientes aseguraron a la UEDO que para asumir la jefatura del cártel de Matamoros, Osiel Cárdenas asesinó, a mediados de 1999, a su jefe Salvador Gómez Herrera, cuando regresaba de playa Bagdad en Tamaulipas y el mismo Osiel había acudido a recogerlo.
Cárdenas mantiene fuertes nexos con capos de Colombia, en particular con lo que queda del cártel de Cali y otros jefes de cárteles menores que operan en aquella nación.
La familia Cárdenas Salinas viaja con frecuencia de la frontera tamaulipeca a la zona de Jardines de San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, donde fuentes de inteligencia militar han detectado algunas residencias propiedad de Osiel. En esa misma zona también vivía la familia de Benjamín Arellano Félix.
Actualmente, a lo largo de toda la frontera de Tamaulipas, lo mismo en Matamoros que en Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y Ciudad Mier, El Gordo Mata y El Goyo Sauceda, lugartenientes de Osiel, se encargan de cobrar el derecho de piso a narcotraficantes menores que pasan cocaína, mariguana y todo tipo de enervantes a Estados Unidos. La única fuerza que puede enfrentárseles, ya que comúnmente actúan mediante comandos de hasta 50 elementos con armas de alto, que viajan en camionetas blindadas, es el Ejército.
Acerca del desempeño del general Luis Roberto Gutiérrez Flores, jefe de la Octava Zona Militar con sede en Reynosa, el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos sostiene que después de su llegada se intensificaron los operativos en los que participan militares, apoyados con toda una estructura paralela de la Procuraduría General de la República, a través de la UEDO y de la Policía Federal Preventiva.
Sin embargo, Ernesto Sánchez Pérez, agente de la Policía Ministerial de Tamaulipas, comenta: Vienen el Ejército y la UEDO, detienen a narcos menores, hacen todo un escándalo y sólo calientan la plaza, porque después que se marchan, los capos recrudecen sus acciones contra la Policía Ministerial del estado y los mismos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, antes Policía Judicial Federal.
La organización de Osiel Cárdenas controla también el tráfico de indocumentados y de armas, el contrabando de ropa, la trata de blancas, centros de consumo de enervantes, ambulantaje y robo de vehículos. Fuentes de la UEDO indican que a raíz de los cateos recientemente realizados en la Ciudad de México y en diversas localidades de Tamaulipas, se comprobó que el cártel del Golfo utiliza un gran número de autos robados, en su mayoría blindados, 15 de los cuales fueron suministrados por una banda de delincuentes del Distrito Federal.
El abogado Francisco Javier Flores Iruengas, defensor de El June, recientemente asesinado por militares, llevaba por los menos una veintena de expedientes relacionados con miembros del cártel del Golfo.
Mario Cárdenas Guillén, hermano del jefe del cártel del Golfo, se encuentra en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya, Estado de México. El 29 de mayo de 2000, fue trasladado desde el Cereso II de Matamoros bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en el que intervinieron 300 elementos de diversas corporaciones policiales estatales y federales. Enfrenta una condena de 10 años de prisión por delitos contra la salud.
La fuga de Osiel
En su libro Narcotráfico y poder, el periodista Jorge Fernández Menéndez afirma: El recrudecimiento de la violencia de los últimos tiempos parece tener relación con el creciente protagonismo de grupos de Nuevo Laredo y Reynosa, y su enfrentamiento con los sucesores de Juan García Ábrego, con la fuga de dos de los operadores principales del antiguo cártel de Golfo en una casa de seguridad de la PGR, ubicada en la calle de Cráter en el Pedregal de San Angel en el Distrito Federal; hecho ocurrido en agosto de 1998.
Agrega: Ángel Salvador El Chava Gómez y Osiel Cárdenas Guillén se fugaron de la casa donde poco antes habían estado arraigados la esposa y la nuera de Daniel Arizmendi López y que fue propiedad de El Güero Palma. Ambos pertenecían al cártel del Golfo; El Chava Gómez era considerado lugarteniente de Juan García Ábrego y su sucesor operativo. Según la PGR, Gómez es responsable de varios homicidios en la lucha por el control de la frontera, entre ellos los de Antonio Ávila, El Comandante, y el de Hugo Baldomer, con quienes se disputó el control de la plaza de Reynosa y Matamoros tras el reacomodo de la organización.
Gómez y Osiel habían sido capturados el 5 de julio de 1998 en el rancho El Refugio, ubicado a 10 kilómetros de Matamoros, y trasladados a la Ciudad de México, en donde un juez federal obsequió a la FEADS las órdenes de arraigo judicial correspondientes. Los narcotraficantes pagaron 15 mil dólares a cada uno de los cuatro agentes que los custodiaban y pudieron escaparse por una ventan. Los agentes, además, tardaron varios días en denunciar la fuga.
Los detenidos
Luego de que durante el sexenio salinista el cártel del Golfo gozó de la protección de autoridades civiles y militares, en la actualidad ha recibido fuertes golpes. Según datos de la PGR, actualmente alrededor de 40 miembros de esa banda se encuentran tras las rejas, mientras que el número de propiedades e inmuebles asegurados oscila en alrededor de 40 en los estados de Tamaulipas y Nuevo León.
En la prisión de máxima seguridad de La Palma destacan Gilberto García Mena, detenido a principios de abril de 2001; Baldomero Medina Garza, El Señor de los Tráilers, capturado en enero del mismo año; Zeferino Peña, a mediados de enero pasado; Mario Cárdenas Guillén, el hermano de Osiel; Rubén Sauceda, El Cacahuate, quien es considerado por la PGR y la Sedena como el cerebro financiero de la organización, también aprehendido a mediados de enero pasado.

El negocio de la Plaza Mariana

Fue un regalo que hizo el Gobierno de la Ciudad, entonces gobernada por AMLO, para recibir las bendiciones a su candidatura.
Pero es un negocio privado.
Plaza fantasma, negocios marianos
RODRIGO VERA, reportero.
Revista Proceso # 1726, 29 de noviembre de 2009;
La jerarquía de la Iglesia católica corre el riesgo de perder el predio que hace más de seis años le donó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para edificar la Plaza Mariana. El convenio firmado entonces estipulaba que si el conjunto urbano no se construía ahí en un plazo de dos años, la cesión tendría que ser revocada. El delegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, dice que hasta ahora no se ha iniciado ninguna obra, lo que no ha impedido a las autoridades eclesiásticas seguir con su lucrativo negocio de venta de “nichos guadalupanos”.
El nuevo titular de la delegación Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, planea quitarle a la Iglesia el amplio terreno, de 30 mil metros cuadrados, que le donó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que ampliara el atrio de la Basílica de Guadalupe y construyera ahí la llamada Plaza Mariana.
La razón: seis años después de haber recibido la donación, la Iglesia ni siquiera ha iniciado las obras para edificar la plaza, en la que prometió dar cabida a cientos de comerciantes que fueron desplazados del predio donado. Ahora se encuentran instalados en la calle y la delegación tiene que apoyarlos económicamente hasta que concluya esa obra que aún no empieza.
Así, para las autoridades civiles la donación resultó ser una onerosa carga financiera. En cambio, para las eclesiásticas representa un jugoso negocio, pues llevan años recibiendo donativos de los fieles y vendiendo los miles de “nichos guadalupanos” que supuestamente estarán en esa plaza.
En entrevista con Proceso, Lobo lanza un ultimátum a los responsables del proyecto, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la Ciudad de México, y monseñor Diego Monroy, rector de la Basílica de Guadalupe:
“A más tardar, para el próximo mes de marzo necesito una resolución formal sobre si van o no a construir la Plaza Mariana. No podemos esperar más tiempo, pues nos está resultando muy costoso ese proyecto. La delegación Gustavo A. Madero no aguanta más esa carga impositiva, por la que estamos dejando de atender nuestros programas sociales. Son gastos que no tienen fin.”
En sus oficinas de la delegación, desde cuyos ventanales se observa el terreno cedido por López Obrador, cubierto de abrojos y circundado por muros de lámina, el delegado comenta:
“Mire, como puede observar, el terreno está vacío. Así lleva años. Vemos con preocupación que no hay ninguna obra. Ni siquiera hay una estructura de base. ¡Todo está parado!”
A un costado del área, a lo largo de la avenida Fray Juan de Zumárraga, una de las más importantes arterias de la zona, se apiñan los comerciantes que fueron desalojados y que aguardan a ser reinstalados cuando la plaza esté concluida.
Agrega Lobo:
“Hay mil 300 comerciantes a los que apoyamos con más de 20 millones de pesos al año. Les construimos en la avenida Zumárraga ese mercado provisional, al que además debemos darle mantenimiento y afrontar el caos vial que provoca. No podemos seguir así.”
–¿Qué tan oneroso resulta ese gasto para la delegación?
–Demasiado. Para el próximo año, la delegación dispone de menos de 300 millones de pesos para atender la problemática social y el mejoramiento en infraestructura urbana. De manera que esos 20 millones que damos a los comerciantes es un porcentaje importantísimo de nuestro presupuesto.
“Le doy más cifras comparativas: en materia de agua potable gastamos anualmente 13 millones de pesos; en drenaje desembolsamos unos 14 millones, y en becas escolares a los niños invertimos 9 millones. Debido al proyecto Plaza Mariana estamos sacrificando importantes recursos que deberían destinarse a programas sociales, educativos o de salud. Toda la comunidad maderense resulta afectada.
“Y lo peor es que, pese a que fuimos al Congreso a pelear nuestros recursos, para el año próximo van a recortarnos 10% el presupuesto. Ya de por sí trabajamos con un profundo programa de austeridad que canceló teléfonos celulares a los servidores públicos, quienes además deben pagar el mantenimiento de sus vehículos oficiales.”
Complicaciones
El titular de la delegación asegura que el conflicto social ocasionado por el proyecto de la plaza afecta los programas viales, comerciales y de reordenamiento urbano:
“Los comerciantes que instalamos temporalmente en la avenida Zumárraga viven en la incertidumbre; consideran incierto su futuro laboral porque están invadiendo el arroyo vehicular y no saben si se construirá la Plaza Mariana. Por ello, insisten en que van a tomar el terreno donado a la Iglesia. También nos piden que les aumentemos el apoyo económico. En fin, nos están presionando mucho.
“Aquí se tiene el proyecto de hacer el centro histórico del norte de la ciudad, enmarcado en el proyecto turístico Zócalo-Basílica. Para ello, entre otras acciones, ya se rehabilitan calles y se planea remozar fachadas, en colaboración con el INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) y el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia). Pero este proyecto no podrá realizarse con una importante vialidad bloqueada por comerciantes, a causa de una obra que prometió la Iglesia y que ni siquiera inicia.”
Frente a la larga mesa de su oficina, el joven delegado se recarga en su silla, hace una pausa y advierte:
“Yo no voy a heredar el problema de la Plaza Mariana al delegado que me sustituya en el cargo. Ha provocado todo un conflicto en el entorno. Llegó el momento de darle solución.”
–¿Qué tipo de acciones emprende para resolverlo?
–Por lo pronto, ya le solicité formalmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) que cancele el permiso a la Fundación Plaza Mariana, responsable de realizar la obra. Quiero que al término de mi administración, a la que le faltan más de dos años, ese terreno donado a la Iglesia se reintegre a la comunidad.
–¿Y qué obras piensa realizar ahí?
–Construiremos un parque y un nuevo mercado para los locatarios que fueron desplazados a la calle. El mercado contará con un estacionamiento subterráneo y otro en la parte superior. Ya tenemos el proyecto de resistencias, de espacios y distribución de los giros mercantiles. Su construcción costará unos 35 millones de pesos, suma muy inferior a los más de 100 millones de pesos que, durante cinco años, hemos dado como apoyo a esos comerciantes.
Sin embargo, asegura que todavía le dará una oportunidad a la Iglesia para que utilice el terreno donado y construya ahí su Plaza Mariana:
“Repito: necesito su resolución a más tardar para el próximo mes de marzo. Requiero un compromiso puntual y claro por parte de la Fundación Plaza Mariana. Al firmar el convenio mediante el cual se hizo la donación, se estipuló que tenían un plazo de dos años para empezar a construir. Éste se venció desde hace mucho, por lo que legalmente ya podemos recuperar el predio.”
Efectivamente, en el “decreto desincorporatorio”, publicado el 8 de abril de 2003, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se estipula que el gobierno de López Obrador hace la “transmisión a título gratuito a la Fundación Plaza Mariana” del área de 29 mil 534.27 metros cuadrados. Y precisa que si “en el plazo de dos años” los terrenos “no sean destinados para el desarrollo del conjunto urbano denominado Plaza Mariana”, entonces “la transmisión a título gratuito será revocada y los bienes se reintegrarán al patrimonio del Distrito Federal”.
La Iglesia: negocios intactos
El presidente de la Fundación Plaza Mariana es el cardenal Rivera Carrera; el secretario y apoderado es monseñor Diego Monroy, rector de la Basílica; el tesorero es Fernando Chico Pardo, del Grupo Posadas, y el comisario es el empresario Carlos Abedrop.
En el área donada estaban el mercado Villa Zona y otros locales comerciales, así como un jardín. Las construcciones se demolieron y sus locatarios lo aceptaron, con la condición de ser reinstalados en Plaza Mariana y, mientras concluía la obra, de recibir apoyo económico por parte de la delegación. Sin embargo, quedaba un grupo de 250 comerciantes establecidos, liderados por Jesús Badillo, que se negaban a salir, por ser los propietarios de sus locales y considerar “ilegal” la donación de López Obrador (Proceso 1449).
Diego Monroy instó a las autoridades civiles a sacarlos, pues de otra manera no podían empezar la obra. “Es imposible ponernos a excavar encima de los comerciantes”, se quejaba.
Los comerciantes rebeldes fueron desalojados por la fuerza mediante un aparatoso operativo policiaco en el que intervinieron más de mil elementos de distintas agrupaciones. Los acompañaban grúas y trascabos que, al momento del desalojo, demolían los locales. Hasta hoy, esos comerciantes llevan un litigio en los tribunales con el fin de recuperar sus predios (Proceso 1519 y 1571).
Por su lado, Norberto Rivera y Diego Monroy emprendieron desde entonces una ambiciosa campaña publicitaria –“Plaza Mariana… el milagro continúa”– enfocada a vender los 117 mil nichos que, según ellos, albergará la Plaza Mariana. Y entre otras formas de allegarse recursos, abrieron cuentas bancarias para recibir las “donaciones” de los fieles, en México y en el extranjero, que quisieran financiar el proyecto.
En 2003, Chico Pardo calculó que el costo de construcción sería de 500 millones de pesos. Y agregó que ya tenían más de la mitad –300 millones de pesos–, gracias a un crédito bancario que habían conseguido.
Diseñado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno, el proyecto Plaza Mariana incluye un ultramoderno mall comercial; un centro administrativo y de evangelización; un museo guadalupano interactivo; una amplia explanada que será la extensión del actual atrio; estacionamientos subterráneos, y el columbario donde se ubicarán las criptas, que llevan años vendiéndose.
A mediados de 2007, Francisco Chíguil, entonces delegado de la Gustavo A. Madero, ya denunciaba la pesada carga financiera que representaba para la demarcación el retraso de la obra.
Al igual que el actual delegado, Chíguil intentó quitarle los terrenos a Rivera Carrera y Diego Monroy mediante la revocación del decreto. Incluso le envió una carta a Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, para pedirle su apoyo. Todo fue inútil.
De acuerdo con Chíguil, el retraso obedecía a que los “grupos financieros” metidos en el proyecto, con el fin de “maximizar sus utilidades”, no lograban “ponerse de acuerdo” en “cómo se repartirán las ganancias”. Indicaba que ni siquiera el grupo Autofin, que entonces vendía los nichos, contaba con permiso para hacerlo, por lo que el negocio era “ilícito”. Mientras que la Gustavo A. Madero tenía una “fortísima erogación” para sostener a los comerciantes (Proceso 1592).
El presidente del consejo de administración de Autofin, Juan Antonio Hernández Venegas, reconocía que no tenía permiso para comercializar los nichos. Y aseguraba a este semanario: “A más tardar, la Plaza Mariana quedará concluida en marzo de 2009”.
Ahora, el actual delegado, al igual que su antecesor, intenta recuperar el predio con el apoyo de Marcelo Ebrard. Al respecto dice Lobo:
“El jefe de gobierno es muy sensible a este asunto. Es una persona con mucha disciplina financiera. Aunque reconoce la identidad guadalupana de nuestro pueblo, sabe que el convenio con la Iglesia es de carácter civil y que la delegación no puede seguir pagando costos tan altos.
“No tenemos ninguna diferencia con la Iglesia ni con monseñor Monroy. Al contrario, siempre hemos apoyado a los peregrinos que vienen a la Basílica, como nos corresponde hacerlo. El problema es que no hay nada claro, ni siquiera tenemos información si la Plaza Mariana finalmente se va a construir.”
–¿Ha tenido alguna reunión formal con monseñor Monroy para que le explique? ¿Alguna junta de trabajo?
–No, nada. Nosotros hemos buscado a los encargados de la Fundación Plaza Mariana, intentado tener una interlocución con ellos, pero no hemos tenido la fortuna de realizar ese encuentro. Eso sí, me he topado en algunas ocasiones con monseñor Monroy y le he comentado nuestra preocupación.
–¿Cuál ha sido su respuesta?
–Sin dar más detalles, sólo me dice que es una obra muy costosa y que no tienen financiamiento. Pero no hemos obtenido información concreta. Está bien: si no pueden construir, pues entonces que nos regresen el predio y asunto concluido.
“Sin embargo, veo que siguen vendiendo los nichos guadalupanos. También me doy cuenta de que han estado cambiando a las empresas financiadoras de su proyecto. Primero estuvo Bancomer; luego, si mal no recuerdo, Santander, y después Autofin. Al parecer, ahora tienen a otra financiadora. No sabemos los motivos de tanto cambio.”
En varias ocasiones, como ahora, Proceso ha solicitado una entrevista con Monroy a fin de saber cuánto dinero han recaudado, cuántos nichos han vendido, por qué se retrasó la obra… El rector de la Basílica siempre se ha negado.
***
El cardenal y su“pandilla”/Rodrigo Vera
Revista Proceso, No. 1607, 19/08/2007;
Mientras la Corte Superior de Los Ángeles decide si tiene jurisdicción para someter a juicio a Norberto Rivera Carrera por la supuesta protección que brindó a un cura pederasta, esta semana el cardenal debe responder ante las autoridades mexicanas por una denuncia penal. Está acusado –junto con el rector de la Basílica de Guadalupe– de un presunto fraude multimillonario relacionado con el malogrado proyecto del templo de San Juan Diego. El representante legal de la empresa demandante revela a Proceso el modus operandi de lo que describe como la “pandilla” del arzobispo primado de México.
Apocos días de que la justicia estadunidense sometió a un interrogatorio al cardenal Norberto Rivera Carrera, ahora la justicia mexicana lo está requiriendo para que –ante un agente del Ministerio Público– declare sobre el multimillonario “fraude” que presuntamente cometió contra miles de fieles, a quienes durante años pidió “donativos” para levantar el santuario a San Juan Diego, un ambicioso proyecto arquitectónico que jamás construyó, por lo que deberá explicar qué hizo con el dinero recaudado.
Inclusive, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acaba de pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –mediante un oficio con fecha del 10 de julio pasado– que le informe sobre los movimientos de las dos cuentas en las que se recibían estos donativos, las cuales fueron finalmente canceladas sin dar una explicación a los fieles.
Estas primeras diligencias judiciales son producto de una denuncia penal contra el controvertido cardenal, interpuesta en abril de 2005 por Arquitectura a la Vanguardia, S.A. de C.V., la empresa de arquitectos que diseñó el proyecto del santuario y que también fue presuntamente defraudada por Rivera Carrera.
El abogado de Arquitectura a La Vanguardia, José Carlos González, se pregunta indignado:
“¿Qué hizo Rivera Carrera con todo ese dinero que recibió en donativos, de miles y miles de fieles mexicanos? No lo sabemos ¿A cuánto ascendió la suma recaudada, que seguramente fue estratosférica? Tampoco lo sabemos. Lo único cierto es que desapareció el dinero y jamás construyó el santuario. Hubo un fraude gigantesco.”
–¿Por cuánto tiempo estuvo recibiendo donativos?
–Durante aproximadamente dos años y medio: todo 2000 y 2001, y parte del año 2002. A través de hojas volantes y desplegados de prensa daba a conocer el proyecto del santuario y pedía dinero. En las iglesias de todo México también se pedía la cooperación de los fieles. Se decía que el propio Papa inauguraría el santuario a San Juan Diego, al que se denominó así mismo Monumento a la Mexicanidad.
Entrevistado en su despacho, el abogado indica que, después de más de dos años de haber interpuesto su denuncia penal, no es sino hasta ahora cuando la justicia mexicana cita a declarar al cardenal.
“¡Imagínese! Cuando pusimos nuestra denuncia, en abril de 2005, el Ministerio Público ni siquiera investigó, y en sólo 10 horas –un tiempo récord, digno de mencionarse en el libro Guiness– determinó el no ejercicio de la acción penal contra el cardenal. La justicia estuvo protegiéndolo, encubriéndolo todo ese tiempo. Tuvimos que recurrir a cuatro amparos para que, por fin, se decidiera investigar a Rivera Carrera. Y todo fue gracias a que el sexto juez de Distrito en Materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, determinó finalmente abrir una investigación en serio.”
Así, por órdenes del juez, la PGJDF ya envió formalmente un citatorio a Rivera Carrera para que, “en calidad de probable responsable” de los “hechos que se investigan”, se presente este lunes 20 de agosto, a las 9:30 de la mañana, en las oficinas de la delegación Gustavo A. Madero ante el “agente del Ministerio Público, titular de la Unidad Dos de la Coordinación Territorial”.
Un citatorio semejante fue enviado a otro miembro de la jerarquía eclesiástica: monseñor Diego Monroy Ponce, rector de la Basílica de Guadalupe, quien deberá presentarse ese mismo día ante el Ministerio Público.
Monroy, por cierto, se ha convertido en el amo y señor del principal santuario del país. Su megalomanía sin límites lo hizo mandar pintarse un descomunal retrato al óleo, que hoy se exhibe en el museo de la basílica, como si fuera un personaje de la realeza española estampado por Velázquez. Sólo que aquí el pintor fue Fernando Leal Audirac. Hasta un libro finamente encuadernado –Retrato de monseñor Diego Monroy– detalla el proceso de ejecución y los aciertos artísticos del óleo.
–¿Es probable que el cardenal vaya a declarar? –se pregunta al abogado demandante.
–Mire, estamos hablando de un primer citatorio, una diligencia prevista en el Código de Procedimientos Penales. El objetivo es que el cardenal informe al Ministerio Público sobre su participación en el fraude. Puede decidir no ir. Pero después, mediante una orden de presentación, el Ministerio Público tiene la facultad de recurrir a la fuerza pública para obligarlo a declarar. Y ya serían agentes judiciales quienes irían por él, como le sucedió al empresario Carlos Ahumada apenas salió del reclusorio, cuando un grupo de policías se lo llevaron en vilo.
–Causa sorpresa que la justicia mexicana cite a declarar al cardenal pocos días después del interrogatorio al que lo sometió un juez estadunidense por su supuesta protección a un sacerdote pederasta.
–Sí. Y resultaría absurdo que sí se subordine a la justicia estadunidense, como ya lo hizo, y en cambio se vaya a burlar de la mexicana, como está acostumbrado a hacerlo. En este caso no se trata sólo de llamarlo a declarar, sino de perseguirlo, pues es clarísimo que jamás realizó las obras que prometió y que el dinero recaudado desapareció.
“Esos donativos se estuvieron depositando en dos cuentas bancarias, una en Banamex y otra en Banorte. Ahí se recolectaron todos los fondos. Pero después, en 2003, inexplicablemente fueron canceladas esas cuentas. ¡Se vaciaron! ¡Desaparecieron los rastros del dinero! De ahí que, por orden judicial, hoy se pide a la Comisión Nacional Bancaria que informe sobre todos los movimientos que se dieron en esas cuentas.”
Efectivamente, en un oficio fechado el pasado 10 de julio, la procuraduría capitalina se dirige al presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, en los siguientes términos:
Solicito a usted gire sus apreciables órdenes a quien corresponda, a efecto de que me sea enviada la siguiente información:
–El nombre y el domicilio del titular de la cuenta de cheques número 0204177566 del Banco Nacional de México, así como de la número 0161-0132549020 de la institución bancaria Banorte.
-La fecha en que dichas cuentas fueron aperturadas y en su caso las fechas en que las mismas fueron canceladas.
–El nombre de las personas físicas autorizadas para realizar movimientos, disposiciones de dinero, traspasos y demás operaciones bancarias, desde la apertura de las cuentas hasta su cancelación, si fuera el caso.
–Remita el cárdex o registro de firmas autorizadas en las cuentas ya mencionadas.
En papel membretado, y con el sello de la PGJDF, la misiva establece que se requiere esa información para una “indagatoria”; registra el número de averiguación previa (“FGAM/GAM-4/T2/1026/04-05 y sus acumuladas”); enumera los delitos y a los presuntos delincuentes que actúan en “pandilla”, con el cardenal encabezando la lista.
La autoridad expresa al presidente de la CNBV:
Me permito hacer de su conocimiento que en la indagatoria citada al rubro existe una imputación por el delito de fraude, desobediencia de particulares, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, delincuencia organizada, asociación delictuosa y delitos cometidos en pandilla, en contra de Norberto Rivera Carrera, Diego Monroy Ponce, Enrique Roberto Salazar y Salazar en su carácter de presidente y apoderado legal de la persona moral denominada Centro de Estudios Guadalupanos, A.C., en contra de Luis Ávila Blanca en su carácter de asociación del Centro de Estudios Guadalupanos, A.C.
Firman la misiva: Yolanda Ravelo Fernández de Lara, agente del Ministerio Público; Alejandro Muñoz Ramírez, fiscal desconcentrado en Gustavo A. Madero, y Moisés Moreno Hernández, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas.
“Modus operandi”
El abogado José Carlos González recalca que, efectivamente, el cardenal Rivera encabeza a esta “pandilla de delincuentes” dedicada a cometer ilícitos a costillas del culto guadalupano, y señala que, por cierto, ya falleció uno de los miembros de la misma, monseñor Enrique Salazar.
–¿Qué significa el término “pandilla”?
–No es sólo un término coloquial. En el lenguaje jurídico es una asociación delictuosa compuesta por tres o más personas, de acuerdo con el artículo 252 del Código Penal para el Distrito Federal.
Y asegura que el fraude con el santuario a San Juan Diego fue minuciosamente planeado, en todos sus detalles, de principio a fin.
Cuenta que, a principios de 2001, el cardenal Rivera, junto con sus subalternos Diego Monroy y Enrique Salazar, contrataron los servicios de Arquitectura a la Vanguardia para realizar el proyecto del santuario, que se edificaría sobre el cerro de Zacahuitzco, aledaño al del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México.
Érika Aguilar, representante de esa empresa de arquitectos, fue la que mantuvo contacto directo con los jerarcas, quienes le aseguraron que la Iglesia era la propietaria del cerro. Y así quedó estipulado en el contrato que, por órdenes del cardenal, se hizo con el Centro de Estudios Guadalupanos (CEG), dirigido entonces por monseñor Salazar.
Arquitectura a la Vanguardia hizo inmediatamente el levantamiento topográfico y los estudios de mecánica de suelos, de impacto urbano y ambiental, y en seguida elaboró el proyecto arquitectónico del colosal Monumento a la Mexicanidad.
La obra se haría en un área de 5 mil metros cuadrados. Tendría una capilla abierta para mil 200 feligreses, mientras que en su interior cabrían 700 personas. Sus cuatro niveles alcanzarían una altura de 30 metros. El santuario –con su respectivo altar, coro y sagrario– comprendería también una zona de criptas, oficinas parroquiales, una tienda, un restaurante, una sala de proyecciones, dos núcleos de baños públicos, un área de enfermería, salas de usos múltiples, jardines…
Y para disfrutar aún más la vista panorámica, los feligreses podrían viajar por aire del cerro del Zacahuitzco al del Tepeyac, puesto que estarían unidos por un teleférico.
En abril de 2001, Érika entregó personalmente el proyecto al cardenal y a Diego Monroy, a quienes acompañaban otras personas, en una junta que se realizó en las oficinas del Arzobispado de México. Todos quedaron encantados, al grado de que difundieron las imágenes del proyecto por todo el país.
Refiere el abogado González:
“Realmente el proyecto fue el gancho para jalar más donativos. Para decirle a los fieles: ‘Miren, así de bonito va a quedar el santuario, cooperen para construirlo’. ¡Era parte del negocio! Por eso les urgía la entrega de las láminas y maquetas, que era sólo la primera etapa del proyecto. Hasta ahí llegó todo.”
–¿Qué pasó después?
–¡Qué iba a pasar! Que este grupo de pandilleros deshizo el convenio con Arquitectura a la Vanguardia, a la que ni siquiera le pagó por el trabajo realizado. Nos fuimos a una demanda civil por incumplimiento de contrato, que obviamente ganamos. Pero no pudimos recuperar el dinero invertido, pues al Centro de Estudios Guadalupanos, con el que se realizó el contrato, lo pusieron en estado de insolvencia. Por eso nuestra acusación de insolvencia fraudulenta.
“Por otro lado, ya habían desaparecido las cuentas bancarias en las que recibían los donativos. A mis representados ahorita se les deben aproximadamente 6 millones de pesos; es nada en comparación con el multimillonario fraude que cometieron contra los fieles mexicanos. Por tal motivo pusimos la denuncia penal.”
El abogado detiene el curso de su conversación. Se quita los anteojos. Se recarga en el respaldo de su asiento giratorio y, en voz baja, como si revelara un secreto, confía:
“¿Sabe qué? Ni siquiera eran propietarios de los terrenos sobre los que, según ellos, levantarían el santuario… Ni siquiera eso… El cerro del Zacahuitzco no les pertenece. Así que, desde el principio, urdieron el engaño, nos engañaron a todos con el fin de obtener dinero.
“A las autoridades judiciales ya les advertimos que este caso ilustra a la perfección el modus operandi de esta pandilla de delincuentes, y que es sólo un fraude, entre otros que han cometido.”
–¿En qué consiste este modus operandi? ¿A qué otros fraudes se refiere?
–Bueno, su mecánica delictiva salta a la vista: inventan algún proyecto guadalupano para el cual piden dinero; abren cuentas bancarias que luego desaparecen; meten por ahí a alguna organización católica de bajo nivel para que dé la cara y a la que luego puedan declarar insolvente, o de plano desaparecer. El engaño siempre prevalece.
“El actual ejemplo es el proyecto Plaza Mariana, que están promoviendo. Se venden nichos de esta obra que aún no se realiza y que carece de ciertos permisos. Inclusive, el terreno sobre el que se piensa construir está en litigio. Las autoridades gubernamentales lo saben, pero no hacen nada para impedir un nuevo fraude.”
No es esta la primera vez que se denuncia al cardenal Rivera y a Diego Monroy por realizar negocios ilícitos. En un contrato efectuado el 31 de marzo de 2002, Monroy –con la anuencia del cardenal– vendió el copyright de la imagen guadalupana en 12.5 millones de dólares a la empresa estadunidense Viotran. El hecho fue calificado de ilegal, ya que la imagen es considerada un símbolo nacional de “dominio público”, por lo cual no debió venderse en exclusividad (Proceso 1371).
Tres años antes, en 1999, el cardenal fue demandado ante la Procuraduría General de la República (PGR), puesto que manejaba, con fines de lucro, la Lotería Guadalupana, un juego de azar que tenía estampada la imagen de la virgen. La demanda fue interpuesta por Cronopolis, una organización social dedicada a defender el patrimonio cultural del país. Cronopolis argumentó que el cardenal no sólo violaba algunas leyes civiles, sino las mismas disposiciones canónicas de la Iglesia (Proceso 1354).

A la mitad del camino

Largos tres años/MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Revista Proceso # 1726, 29 de noviembre de 2009;
El martes primero de diciembre llega el presidente Calderón a la mitad de su sexenio. Le quedan, nos quedan, por delante tres años. “Tres largos años”, anunció él mismo el miércoles pasado, en un nuevo relanzamiento de su gobierno, semejante al que intentó el 2 de septiembre, si bien con mayor aparato difusor, con menos posibilidades de realización. Calderón se refirió pesaroso al trienio que viene, como niño que acepta resignado volver a la escuela cada mañana después de exclamar: ¡Cómo?, ¿otra vez! Proclamó su estado de ánimo en una lucidora ceremonia organizada por el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero (que se corrigió a sí mismo por su desplante frente al Premio Nobel Joseph Stiglitz), estrella de un espectáculo multimedia, con protagonistas en vivo (gente pobre de a de veras), destinado al combate a la pobreza.
La pobreza. Esa lacerante condición humana, que abarca en alguna de sus modalidades a más de la mitad de la población mexicana, evoca dos de las mayores derrotas de Calderón en su primer trienio, en esos años también largos que han transcurrido desde que, luego de entrar por la puerta de atrás, pudo rendir protesta como presidente de la República, un cargo cuya legitimidad le es negada aún ahora por millones de personas que –a la cabeza Andrés Manuel López Obrador– no dejan de considerarlo espurio.
Aunque es posible registrar claros avances en varios aspectos parciales de la política social, el saldo neto, reconocido oficialmente y aun en boca de Calderón, es que ha crecido el número de pobres precisamente en los años de su administración. Aunque el gasto social se ha incrementado considerablemente, no mejora la suerte de una ancha capa de sus destinatarios. Hay más pobres y quizá vivan en mayor desprotección que antaño. Prevalecía la indigencia rural; en el campo se concentraba la mayor parte de los menesterosos, los que enfrentan problemas para lograr la subsistencia diaria. Pero ahora una amplia porción de ellos se ha trasladado a las ciudades, donde carecen del auxilio mínimo, de la solidaridad que las redes familiares ofrecen a quienes son pobres entre los pobres.­
Consciente de esa realidad, Calderón buscó un remedio fiscal contundente, en una iniciativa que además fuera aprovechable con fines propagandísticos. Presentó al Congreso un proyecto para crear un nuevo gravamen, que nadie pudiera resistir. Se le llamó “contribución al combate a la pobreza”. Consistía en cobrar 2% al consumo general, incluidas las mercancías que tienen alguna excepción en el impuesto al valor agregado. Por ello se le consideró un IVA disfrazado, que gravaba medicamentos y comida, cuyo costo está hoy aliviado por pagar tasa cero de aquel impuesto al consumo.
Alrededor de esa iniciativa se desplegó una intensa campaña mediática, que hizo crecer la dimensión del impuesto a una suerte de panacea. Todos los problemas, no únicamente los de la población paupérrima, iban a ser resueltos con esa contribución. La mala conciencia de los sectores medios, aun los empobrecidos en las décadas, años y meses recientes, fue atacada directamente: ¿Quién osaría rechazar un gravamen de monto módico, que además sería etiquetado para que ine­quívocamente llegara a los programas de desarrollo social orientados a atenuar los rudos efectos de la miseria?
La iniciativa estaba afectada por defectos e insuficiencias que la propaganda ocultó o procuró enfrentar con sofismas. Puesto que se aplicaría a todo consumo, los pobres pagarían también, con lo cual se empobrecerían todavía más. Había una respuesta para eso: se ha calculado que los destinatarios de la contribución reciban prestaciones sociales en mucho mayor monto de lo que deban pagar con la nueva contribución. Y el impedimento legal de destinar específicamente a una partida –el combate a la pobreza– recursos fiscales que deben formar una masa, aplicable a fines específicos sólo al formularse el presupuesto de egresos, se dijo que iba a ser enfrentado en el proyecto del gasto social, donde programas como Oportunidades tendrían un financiamiento crecido de manera considerable.
El PRI, sin cuya colaboración el gobierno se paraliza, rechazó la contribución al combate a la pobreza. Nadie, ni el presidente mismo, su autor e impulsor, derramó una sola lágrima por la frustración de tan esplendente proyecto. En vez del nuevo gravamen se aumentó un punto a la tasa del impuesto sobre la renta. Y aunque la alternativa provino de la Secretaría de Hacienda, es decir del Ejecutivo, la victoria política fue atribuida al PRI, que obtuvo en efecto triunfos sustanciosos al establecer ingresos en cuyo manejo tengan ventaja los gobernadores, y al destinar los egresos a partidas que igualmente rindan provecho político. Como hizo al final del trámite legislativo de sus iniciativas de reforma energética, Calderón aparentó no ser el perdedor del lance y felicitó a los autores de su derrota, no con espíritu deportivo, sino ocultando la naturaleza real del desenlace. Pero esta vez lo hizo con menor convicción, metido ya en la insólita sucesión de gestos antagónicos y amistosos a sus aliados naturales, los grandes empresarios que fueron bien aceitadas piezas de la maquinaria que llevó a Calderón adonde está.
Voluble con los dueños del capital, a los que un día muestra el ceño adusto y otro día saluda con sonrisas, Calderón llega a la mitad de su sexenio en una acusada soledad, no remediada siquiera por su propio partido, en cuyo seno se gestan o se muestran disensiones que debilitan a un presidente en posición precaria. En las calles, en el llano, se extienden la desesperanza, el desencanto, reflejados en las páginas de la prensa usualmente dispuesta a aplaudir al gobierno en general y a Calderón en particular, y a denostar a sus detractores. Armando Fuentes Aguirre, Catón, probablemente el periodista más leído en el país, o al menos quien publica sus textos en un mayor número de diarios, adivinó hace poco el malestar presidencial. Diagnosticó que Calderón parecía contar los días que le faltan para concluir su sexenio. Ahora sabemos, por boca del interesado, que así es. Le quedan por delante, nos quedan, tres largos años.
O menos si se condensa el desánimo que crece en casi todos los círculos sociales, casi todas las capas de la población. El presupuesto de egresos está montado sobre una base ilusoria, ya que los ingresos calculados para encarar el gasto descansan en factores fuera del control del Estado. Diputados y senadores incrementaron el déficit, levemente, pero desde ahora mismo aparecen señales que acaso obliguen a aumentarlo en mayor medida. Es que se cubrirá con deuda pública la diferencia entre los ingresos reales y el gasto. Y la calidad del endeudamiento, su costo, depende del mercado financiero, está sujeto a la calificación que se otorgue al papel mexicano en las bolsas internacionales. Y ya una calificadora, que no obstante el desprestigio en que incurrió como partícipe en la gestación de la crisis financiera mundial sigue lanzando admoniciones, ha puesto la alerta sobre la deuda mexicana. En el extremo caótico, pudiera llegar un momento en que nadie nos preste dinero, en que no haya quien compre papeles de la deuda mexicana. Una suerte análoga, por impredecible, puede afectar al mercado petrolero y echar abajo el cálculo de los ingresos del crudo en que se basa nuestro equilibrio presupuestal.
Si esas apocalípticas circunstancias, más el agravamiento de las crisis acumuladas y no resueltas y su consecuencia en la gobernabilidad del país, si todo ello se sumara y generara un efecto disruptor, podría deteriorarse la estabilidad del gobierno al punto de que el rumor sordo que ahora se escucha termine en estentóreo clamor para exigir, al modo argentino, que se vayan todos.
Si es así, nadie, ni Calderón ni los gobernados, tendríamos que esperar tres largos años.