25 ago. 2009

La historia

Historia no debe caer en manos políticas/Jonathan Steele, analista de The Guardian y autor de Soviet Power: The Kremlin’s Foreign Policy-Brezhnev to Andropov
Publicado en EL MUNDO, 25/08/09;
A las siete en punto de la tarde, miembros de las mismas familias y desconocidos se cogieron de las manos entre ellos e invadieron la carretera principal, algunos con banderas, otros con chapas en las solapas en las que se veía la cruz gamada al lado de la hoz y el martillo. Los organizadores aseguraron que había tomado parte en la manifestación un millón y medio de personas aunque, desde donde yo me encontraba situado, en medio de un campo de Lituania, en un atardecer bañado por el sol del que el pasado domingo se cumplieron 20 años, el ambiente era tan impresionante como la muchedumbre.
La conciencia de estar plantando cara y la solidaridad eran las sensaciones predominantes, así como el regocijo que muchos exteriorizaban. Para la mayoría de aquellas personas, aquélla era su primera manifestación política. Por todo el territorio de la Unión Soviética y de su imperio de la Europa Oriental surgían protestas públicas en 1989 pero, de golpe y porrazo, el Camino Báltico, como se dio en llamar aquella vasta cadena humana, había dejado atrás a las demás por sus dimensiones y su tranquila dignidad.
La cadena se extendió desde la capital de Estonia, Tallinn, hasta la de Lituania, Vilna, pasando por Riga, la capital de Letonia. Su objetivo era denunciar un hecho que se había producido exactamente medio siglo antes, el pacto Molotov-Ribbentrop, en el que Hitler y Stalin acordaron públicamente no atacarse entre sí, si bien añadían unas cláusulas secretas en las que se repartían la Europa central, lo que sentaba las bases para que los nazis invadieran la Polonia occidental mientras que Stalin se apoderaba de los estados bálticos prácticamente en su totalidad, la parte oriental de Polonia y zonas de Rumanía.
La cadena humana tenía, por encima de todo, la intención de demostrar a Moscú y al mundo la fuerza del movimiento independentista de los países bálticos. No obstante, constituía además una protesta contra la manipulación de la Historia. Las autoridades soviéticas todavía seguían empeñadas en negar la existencia de las cláusulas secretas, aunque habían sido descubiertas por las fuerzas occidentales en Berlín en 1945 y eran sobradamente conocidas.
Poco después del Camino Báltico, Mijail Gorbachov, el dirigente soviético reformista, admitió la cuestión y publicó la versión soviética de los acuerdos. Así y todo, este asunto sigue siendo materia de disputas políticas 20 años después, al ser objeto de conmemoración como consecuencia de una resolución que el Parlamento Europeo aprobó en la primavera pasada para declarar el 23 de agosto en toda Europa el Día del Recuerdo a las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios.
En consonancia con el estilo subrepticio con que se hacen estas cosas en la Cámara, la resolución era una versión suavizada de una declaración que el mismo Parlamento había aprobado en septiembre pasado, en la que se proponía consagrar el 23 de agosto como día de conmemoración de «las víctimas del estalinismo y el nazismo». Los gobiernos de la Unión Europea (UE) toman cada uno por separado la decisión final al respecto y pocos son los que han designado fecha especial el 23 de agosto. Sin embargo, el tema tiene su importancia y pone de manifiesto los esfuerzos ímprobos de muchos políticos bálticos y centroeuropeos por equiparar estalinismo y nazismo o por proclamar que el estalinismo aún era peor. Preocupados en parte por la fortaleza de la que todavía hacen gala antiguos partidos comunistas en esas zonas, esos políticos utilizan la equiparación de nazi con soviético como estratagema para calumniar a cualquier partido de izquierdas (el borrador de resolución fue suavizado por los grupos de izquierda del Parlamento Europeo). Ese mismo recurso es un intento mal disimulado de mantener vivo un recelo extremo, si no una rotunda hostilidad, hacia la Rusia contemporánea.
El pacto Molotov-Ribbentrop dejó claro, sin lugar a dudas, que Stalin era tan cínico como Hitler. Sin embargo, pasar de ahí a equiparar las realizaciones o la ideología de estos dos hombres no se compadece con la realidad. Tampoco tiene en cuenta el hecho de que, después de la muerte de Stalin, la política soviética evolucionó hasta el punto de que la actividad política, y no digamos ya la vida cotidiana de las familias, no estuvo sujeta a ningún tipo de terror arbitrario en las dos décadas bajo mandato de Brezhnev. Los políticos bálticos derechistas tienen cierta razón cuando afirman que el resto de los europeos no estaba al tanto de las deportaciones de masas ordenadas por Stalin desde los países bálticos. Quizás fueran 100.000 las personas enviadas a Siberia con posterioridad a 1939 o cuando el Ejército Rojo derrotó a los nazis y volvió a apoderarse de la zona.
Sin embargo, pensar que los europeos occidentales no sabían nada sobre el gulag implica no tener ni idea de la enorme influencia de Alexander Solzhenitsyn a partir de las traducciones de sus libros a todos los idiomas europeos en la década de los 70.
Siempre hay algo más que aprender y los historiadores siempre están haciendo algún esfuerzo de reinterpretación. Una de las áreas más importantes que todavía está por investigar es el grado de participación de los civiles de cada lugar en los campamentos de exterminio de los nazis en la Europa central. En su obra The Continuities of German History (Lo permanente en la historia de Alemania), el historiador norteamericano Helmut Walser Smith señalaba recientemente el hecho de que la imagen del Holocausto basada en Auschwitz, una imagen sin rostros, de cadena de montaje, de máquina de matar, es una tergiversación. En su mayor parte, los judíos murieron de las formas más arcaicas y primitivas, de tiros disparados desde muy cerca al borde de fosas y zanjas o por inhalación de gases de tubos de escape. De las matanzas eran testigos cantidades muy elevadas de vecinos de cada lugar, que incluso tomaban parte en ellas o que sabían que se producían, así como también alemanes.
En las últimas ediciones de The New York Review of Books, otro historiador estadounidense, Tim Snyder, ha insistido en estos mismos datos al tiempo que ha resumido los estudios más recientes sobre los asesinatos ordenados por Hitler y Stalin. «A finales de 1941, los alemanes (junto con tropas auxiliares locales y soldados rumanos) habían dado muerte a un millón de judíos en la Unión Soviética y los países bálticos. Esa cifra es equivalente al número total de judíos asesinados en Auschwitz durante toda la guerra», ha escrito este historiador. En lo que toca a los números, el historial de Hitler no tiene parangón. Mató a casi el doble de personas que Stalin. Snyder calcula que el número de judíos europeos asesinados por instigación de los alemanes fue de 5,7 millones; el de ciudadanos soviéticos dejados morir de hambre por los alemanes, del orden de cuatro millones, y el de asesinatos de no combatientes en actos de represalia masiva, principalmente como confesos o sospechosos de actividades de resistencia, de 750.000 como mínimo. Stalin acabó con la vida de unos 5,5 millones de ciudadanos soviéticos por hambre y alrededor de 700.000 personas murieron fusiladas en la etapa prebélica conocida como el Gran Terror.
Hay diferencias entre Memoria e Historia, concluía el primer ensayo de Snyder, una puntualización que él mismo tuvo que admitir posteriormente cuando un lector le recordó su error de haberse dejado en el tintero el exterminio de los romaníes o gitanos por Hitler, proporcionalmente casi tan masivo como el de los judíos de Europa. Lo mismo podría decirse en relación con la película de Andrzej Wajda sobre Katyn -el bosque próximo a la ciudad rusa de Smolensko, donde en 1943 se halló una fosa con 10.000 cadáveres de oficiales del Ejército polaco asesinados por los rusos- que en la actualidad se proyecta en Londres, y sobre la forma en que los polacos se vieron obligados a autocensurarse sobre este tema durante décadas. Sin embargo, por importante que sea que se recuerde que fueron las autoridades soviéticas las que hasta 1989 culparon a los nazis de la matanza en 1940 de los oficiales polacos hechos prisioneros, no habría que olvidar en absoluto que en la Operación Tannenberg los nazis habían asesinado a un número comparable de intelectuales polacos apenas unos meses antes.
¿Hay una ética? La conmemoración del pacto Molotov-Ribbentrop que se plasmó en el Camino Báltico lanzó un mensaje muy especial en agosto de 1989, al transgredir un tabú imperante durante 50 años y expresar una exigencia absolutamente generalizada de independencia. Sin embargo, lo que en un momento muy concreto fue lo que había que hacer en una determinada parte de Europa no debería generalizarse para todo el continente con carácter duradero. La Historia es demasiado compleja y sensible para dejarla en manos de los políticos. Primero manipulan los aniversarios, luego eso pasa a los libros de texto y cualquier ocurrencia desafortunada cobra velocidad.

Desafios poselectorales

Desafíos postelectorales en Afganistán/Mariano Aguirre, director del Norwegian Peacebuilding Centre, Oslo
Publicado en EL CORREO DIGITAL, 25/08/09;
Las elecciones celebradas el día 20 en Afganistán representan un paso positivo hacia la participación pacífica en la política y un ejemplo de que no todas las disputas se resuelven a través de la violencia. Sin embargo, las denuncias de intimidación, fraude y corrupción les quitan legitimidad y disminuyen el apoyo en los países que aportan tropas a la intervención militar de Estados Unidos y la OTAN.
El mayor problema de estas elecciones no es sólo la situación de guerra entre el Gobierno, apoyado militar y políticamente por Washington, Gran Bretaña y la OTAN, y los talibanes y otros grupos insurgentes, sino la sensación de falta de presencia del Ejecutivo que tiene gran parte de la población. Una vez que las elecciones, pese a las amenazas de los talibanes, llegaron a celebrarse, comienza el desafío de cómo lograr que el voto tenga un sentido para mejorar las condiciones de vida de las personas. La legitimidad del proceso depende del futuro.
El actual presidente, Hamid Karzai, y el ex ministro Abdalá Abdalá alegan haber ganado los comicios, aunque el recuento tardará unos días y los resultados definitivos, varias semanas. Karzai conserva un respaldo relativo de Estados Unidos y la OTAN, que ven con preocupación la corrupción extendida en su Gobierno y su tendencia a hacer pactos y alianzas con líderes locales. Abdalá tiene apoyo de diversos sectores y posee la credibilidad de haber luchado contra los soviéticos en los años 80 y luego contra los talibanes y Al-Qaida.
Los problemas
El nuevo gobierno, y sus aliados internacionales, tendrán que restablecer y extender la presencia legal del Estado, algo muy complejo dado que tiene que pactar con las formas legales de hacer justicia en un país fragmentado, y en el que vida, derechos privados y públicos, por un lado, y religión y política, por otro, están superpuestos. Algunos analistas consideran que promover un Estado liberal centralizado es una tarea imposible.
El gobierno también tiene que ocuparse del problema del narcotráfico. El cultivo de opio se ha extendido, en parte protegido, según denuncias, por familiares o amigos de Karzai. Esto le quita legitimidad al actual Ejecutivo para emprender cualquier medida. Las inmensas ganancias derivadas del narcotráfico alimentan la guerra a través de la compra de armas, a la vez que persisten las pugnas violentas por el control de zonas de cultivo, rutas de tránsito y mercados. El narcotráfico debilita a las ya endebles instituciones estatales y cierra oportunidades a otras formas de economía productiva. Pero la respuesta al negocio de la droga no es sólo militar. Sin infraestructura, créditos y oportunidades en el mercado interno y regional, y presionados por la fuerza de los insurgentes y carentes de protección de las autoridades, los campesinos continuarán produciendo la base de la droga.
¿Una guerra sin victoria?
A los problemas internos para crear gobierno se superpone la cuestión de la guerra y la intervención extranjera. El presidente Barack Obama insiste en que ésta no es una guerra elegida (como fue la de Irak) sino que se libra «por necesidad». Estados Unidos tiene ahora 62.000 efectivos en Afganistán y otros 6.000 llegarán próximamente. Como indica Richard Haas, presidente del Council on Foreign Relations (Nueva York), las guerras por necesidad son aquéllas en las que están en juego intereses vitales para la seguridad nacional del país implicado y, además, no hay otra alternativa al uso de la fuerza.
George W. Bush definió que el terrorismo era una prioridad de la seguridad nacional y, por lo tanto, resultaba necesario librar una «guerra global contra el terror». Obama está cambiando esa política, pero Haas indica que dado que en Afganistán hay un Gobierno aliado de Washington, la guerra contra Al-Qaida y sus agentes locales se podría librar con operaciones militares limitadas, al tiempo que se mantendría la ayuda militar y policial y otras medidas civiles.
Otros analistas consideran, asimismo, que los talibanes no tienen interés en llevar la guerra fuera de sus fronteras. De este modo, la operación militar masiva no sería necesaria y se precisaría una negociación con las fuerzas insurgentes. Durante la campaña electoral, este asunto surgió constantemente. El presidente Karzai y los otros candidatos se han mostrado favorables a dar pasos para negociar con los talibanes y otros grupos en armas.
El punto de referencia para todos es qué política de negociación llevarán a cabo Estados Unidos y la OTAN. Tanto Washington como los jefes militares de la Alianza Atlántica son favorables a negociar desde la fuerza. Primero, controlar zonas que ahora están tomadas o amenazadas por la insurgencia, debilitar militarmente a los talibanes y luego dejar que el Gobierno de Karzai negocie. Paralelamente, tratan de fortalecer al ejército y la policía afganos para que asuman cada vez más funciones.
Esta posición tiene algo de ingenuidad en la medida en que sus promotores esperan que los jefes talibanes o de otros grupos pedirán negociar cuando se sientan débiles. Se trata de una hipótesis no comprobada. Al contrario, desde 2001 los talibanes han mostrado que ante las ofensivas de EE UU y la OTAN se repliegan, cambian de posición geográfica y de estrategia, para luego volver a atacar en frentes múltiples.
En realidad, cada vez está más extendida la idea en círculos de la OTAN de que esta guerra no es posible ‘ganarla’ en el sentido militar estricto de la palabra. Pero el ejército de EE UU se prepara para pedir el envío de más efectivos mientras que cada vez más críticos consideran que Afganistán producirá en Obama el mismo desgaste político que tuvo la guerra de Vietnam sobre el presidente Lyndon Johnson. Éste también trató de impulsar una política social avanzada en su país y librar una guerra en el Sudeste asiático. La casi segura solicitud de más fuerzas a Obama para enviar a Afganistán por parte de los mandos militares recuerda las constantes ofensivas en Vietnam.
Los talibanes cuentan con cuatro armas muy efectivas. Primero, producir la mayor cantidad de bajas posibles a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Holanda y otros países con fuerzas en Afganistán, con el fin de que sus opiniones públicas pidan la retirada. Una encuesta reciente indica que más del 50% de la población estadounidense no apoya esta guerra y en Gran Bretaña el clima social es cada vez más crítico. Segundo, ganar adeptos locales cada vez que las fuerzas extranjeras o afganas matan a civiles inocentes en sus operaciones. Tercero, que Pakistán sigue siendo una retaguardia para sus operaciones. Y cuarto, la creciente falta de credibilidad de Karzai y el descontento hacia su Gobierno.
Para Estados Unidos, derrotar a la insurgencia en Afganistán es una forma de contener la expansión radical hacia Pakistán, pero cada vez más críticos dudan de que embarcarse en una guerra masiva en el primer país sea la solución para el segundo.
La negociaciónDada la complejidad tribal, la falta de un Estado centralizado y las alianzas dinámicas entre grupos, el debate se sitúa entre negociar acuerdos locales para ir avanzando hacia un diálogo general o lograr un acuerdo por arriba que fluya hacia abajo. El proceso de negociación será complejo, porque además de la ideología nacionalista afgana contraria a la presencia de fuerzas extranjeras, hay una economía política de la guerra -especialmente vinculada al narcotráfico- y los que se benefician con ella no quieren abandonar el control de la producción y el comercio. Otras actividades ilícitas como la venta de armas y el contrabando son también fuentes de poder que deben ser incluidas en toda negociación.Un proceso de este tipo puede durar años, y aún así no tener éxito, pero el nuevo gobierno tiene que buscar cómo ponerlo en marcha mientras que Washington y sus aliados deberían reconsiderar si Afganistán no será el Vietnam de todos ellos

Opiniòn de Fernando Reinares

¿Se acabó la guerra al terrorismo?/Fernando Reinares
Publicado en EL PAÍS, 24/08/09;
Lo que Barack Obama piensa sobre terrorismo y antiterrorismo ha quedado suficientemente claro en algunos de sus discursos públicos. El más importante de ellos fue pronunciado el 1 de agosto de 2007, cuando aún era candidato a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, en el Woodrow Wilson Center de Washington. Los contenidos de esa alocución están informando ahora la toma de decisiones en materia de política antiterrorista del actual presidente. Desde que jurara su cargo ha desarrollado una parte sustancial de los mismos en tres importantes intervenciones oficiales. Primero el 27 de marzo de 2009, desde la propia Casa Blanca, acerca de la nueva estrategia estadounidense en Afganistán y Pakistán. Apenas un mes después, el 21 de mayo, sobre seguridad nacional, en la sede de los Archivos Nacionales, asimismo en la capital norteamericana. Finalmente, el pasado 4 de junio, en El Cairo, a invitación de la Universidad de la capital egipcia y de El Azhar, institución de referencia para el Islam suní.
Pues bien, una primera constatación que emana de esos discursos es que para Barack Obama la amenaza terrorista en Estados Unidos no es una invención, va a perdurar y está claramente identificada. El 27 de marzo afirmó que “múltiples estimaciones de inteligencia han advertido de que Al Qaeda está planeando activamente ataques en el territorio de Estados Unidos desde su santuario en Pakistán” y el 21 de mayo insistió en que “sabemos que Al Qaeda se encuentra planificando activamente atacarnos de nuevo. Sabemos que esta amenaza estará con nosotros por mucho tiempo”. En la percepción de la amenaza no parece que existan discrepancias fundamentales entre el actual inquilino de la Casa Blanca y su predecesor, George W. Bush. Llama la atención, eso sí, que igualmente eluda hablar del problema que supone la existencia de células terroristas constituidas por individuos radicalizados en el seno de la propia sociedad estadounidense y abunde en la tradicional visión norteamericana de la amenaza terrorista como amenaza exterior.
Pero Barack Obama pretende diferenciar su estrategia contraterrorista, los objetivos de la misma y los medios para lograrlos, de la de su antecesor en el cargo. A partir de 2002, las declaraciones oficiales y los documentos estratégicos de la Administración republicana coincidían en definir al terrorismo como una amenaza global y referirse a la lucha contra dicho fenómeno como una guerra. Una guerra cuyo fin era el de eliminar no sólo ése sino cualquier tipo de extremismo violento y fomentar la democracia, recurriendo de manera preferente a medios militares y adoptando un enfoque unilateralista. El actual presidente de Estados Unidos, a diferencia de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, o de su secretario de Defensa, Robert Gates, fue muy crítico con esa estrategia y sus desvaríos desde que era candidato a la nominación. El 1 de agosto de 2007 dijo que “a causa de una guerra en Irak que nunca se debió hacer, estamos ahora menos seguros de lo que estábamos antes del 11 de septiembre”. Palabras discutibles porque en Estados Unidos no se han repetido hechos como los de ese día.
Esa afirmación se incluía en el mencionado discurso del Woodrow Wilson Center, en el que Barack Obama presentó los cinco elementos de lo que sería y está siendo su estrategia contra el terrorismo. El primero, salir de Irak y entrar en el correcto campo de batalla de Afganistán y Pakistán. El segundo, desarrollar las capacidades y partenariados que sean precisos para acabar con los terroristas y las armas más mortíferas del mundo. El tercero, involucrar al mundo en privar de apoyo al terror y el extremismo. El cuarto, restablecer los valores estadounidenses. El quinto y último, hacer que la patria norteamericana sea más segura y consistente. Tres de estos cinco elementos han sido desarrollados por el ya presidente de Estados Unidos en otros tantos discursos pronunciados desde el inicio de su mandato, a los cuales he hecho alusión al comienzo de este artículo, así como en las decisiones ejecutivas tomadas en relación con sus contenidos. Aquellos discursos y estas decisiones permiten apreciar cambios pero también continuidades en la estrategia contraterrorista de dicha nación respecto a la que existía con anterioridad.
El principal objetivo de dicha estrategia es ahora, según lo dicho por Barack Obama el 27 de marzo, “desbaratar, desmantelar y derrotar a Al Qaeda en Pakistán y Afganistán, y prevenir su retorno a cualquiera de esos países”. Se trata de fines más precisos y, en cierto modo, menos ambiciosos que los del periodo en que George W. Bush desempeñó la presidencia de Estados Unidos. La nueva estrategia no se formula como entonces en términos bélicos, pero los medios militares continúan siendo preferentes, como difícilmente podría ser de otro modo en aquel escenario transfronterizo de conflicto armado generalizado. Esos medios incluyen asistencia militar a las autoridades paquistaníes y el despliegue de 17.000 soldados más en territorio afgano, aunque se contemplan también ayudas económicas y el refuerzo de instituciones democráticas. No se plantea una negociación con los talibanes. Si bien se alude asimismo al fortalecimiento de la cooperación internacional, el enfoque que se propone no renuncia a la acción unilateral ni puede ser calificado de multilateralista. Incluso los controvertidos ataques norteamericanos con misiles lanzados desde aeronaves no tripuladas, contra lo que se considera son blancos de Al Qaeda, han aumentado en Pakistán durante 2009.
Por otra parte, el actual mandatario estadounidense calificó el 21 de mayo de ineficaces e insostenibles una serie de decisiones adoptadas por la Administración previa republicana, presentando así su decisión de prohibir determinadas técnicas utilizadas en el interrogatorio a sospechosos de terrorismo y ordenar el cierre del campo de prisioneros de Guantánamo al tiempo que la revisión de todos los casos pendientes en el mismo. Pero la restauración de un apropiado marco legal en su estrategia contraterrorista encuentra serias dificultades, evidentes con el retraso en la clausura de esas instalaciones, la persistencia de tribunales castrenses para los internados en ellas e incluso de la detención indefinida si aquellos no son tenidos por competentes. En otros aspectos ni siquiera se abordan modificaciones: instrucciones expresas de Barack Obama han autorizado a la CIA para que continúe secuestrando presuntos terroristas y trasladándolos a países que colaboran con Estados Unidos en ese tipo de actividades. Antes de acceder al cargo habló de “perseguir y matar terroristas en todo el mundo”, lo que no se compadece muy bien ni con el Estado de derecho ni con la legalidad internacional.
En el mensaje que el presidente de Estados Unidos dirigió el 4 de junio a los musulmanes del mundo les instó a no tolerar el “extremismo violento” y combatir la “violencia contra civiles” -pese a lo equívoco que pudo resultar el hecho de que no hiciese mención alguna al terrorismo y de que se refiriese implícitamente a este último como si no fuera igualmente reprobable cuando mata policías turcos o soldados argelinos-, reiterando de cualquier manera que su país “no está ni nunca estará en guerra con el Islam”. Es importante vocear esto último y acompañarlo con hechos, para impugnar la narrativa de los terroristas, que presenta la guerra al terrorismo como guerra al Islam. Porque, como tal, la guerra al terrorismo no se ha acabado. Más bien se ha redefinido, en un contexto como el norteamericano en el que los condicionantes institucionales y la cultura política tienden a inhibir transformaciones profundas en el ámbito de la seguridad nacional. En la nueva Administración demócrata no se habla ya de la guerra global al terrorismo que propugnaban los republicanos. Pero Barack Obama, el 21 de mayo, fue rotundo: “Por supuesto que estamos en guerra con Al Qaeda y sus afiliados”.

Las enseñanzas de Antîgona

Las enseñanzas de Antígona/Gustavo Martín Garzo
publicado en EL PAÍS, 24/08/09;
Los montes Torozos son las únicas elevaciones en la inmensa llanura de Tierra de Campos. Durante la Guerra Civil, especialmente durante el terrible verano de 1936, se convirtieron en un cementerio improvisado. Era allí, aprovechando sus cortes y vaguadas, donde grupos de falangistas conducían diariamente a sus rivales políticos y, tras matarles con frialdad, los enterraban entre carrascas, quejigos y encinas. En estos montes se concentra el mayor número de fosas comunes de la provincia de Valladolid.
No fueron meros ajustes de cuentas, sino asesinatos perfectamente organizados cuyo objetivo era el exterminio “planificado, sistemático y generalizado de todo el tejido asociativo y las corporaciones municipales de la Segunda República”. Asesinatos consentidos y apoyados por las nuevas autoridades, tan crueles como innecesarios, pues no hubo en la zona ni un conato de resistencia. Las patrullas de falangistas recorrían los pueblos de los alrededores y se llevaban a hombres, muchachos y, en algún caso, mujeres, con la obscena impunidad del que acude a los puestos de la feria a elegir el ganado para el matadero.
Es difícil saber la cifra total de los asesinados, pero la Asociación para la Memoria Histórica habla de unos 2.000, lo que en una zona escasamente poblada es una cifra estremecedora. Un informante que ha vivido en estos montes toda su vida recuerda a su padre comentando que llegaban camiones con más de 20 personas cada noche. Sólo en Medina de Rioseco, la capital de la comarca, un pueblo con una importante tradición sindical y republicana, mataron alrededor de 200 personas.
Todos los años, en un lugar de los montes Torozos, situado junto a Peñaflor de Hornija, a unos 20 kilómetros de Valladolid, se reúnen familiares y amigos para recordar lo que pasó. Es una ceremonia sencilla y emocionante, en que se leen poemas y testimonios personales ante un monumento improvisado con dos vigas de tren.
Este año acudió Sabina de la Cruz, viuda del poeta Blas de Otero. Su familia procede de Cuenca de Campos, un pueblo cercano, y su padre es uno de los desaparecidos. Vivía en Bilbao pero quiso la mala suerte que regresara a su pueblo ese verano para visitar a su familia y aprovecharan para matarle. En los años sesenta, ella y Blas de Otero se acercaron a estos montes tratando de encontrar algún indicio de su fosa, pero nadie quiso hablar con ellos. “Allí no había nada” se dice en el poema estremecedor que ella escribiría a su regreso. “Ni una tumba que Miguel diga dulcísima, / ni esa brizna de hierba que refresca / los huesos de los muertos”. Los muertos del bando nacional figuran en placas expuestas a laentrada de las iglesias, pero estos otros no tienen derecho ni siquiera a que se pronuncien sus nombres. Sorprende el silencio de las autoridades y, en general, de la sociedad vallisoletana, que consiente estas manifestaciones anuales como si se tratara de reuniones nostálgicas de ancianos que rememoran tristes batallas de juventud. Y sorprende sobre todo el silencio de la Iglesia, para quien enterrar dignamente a los muertos es una de las tareas esenciales de su credo. Y digo que sorprende porque la mayoría de los asesinados eran creyentes y sin duda habrían deseado para sí mismos un entierro con los rezos, las bendiciones y el amor de sus sacerdotes.
Han pasado 70 años y es más necesario que nunca hablar de todo esto. Los familiares más directos de los desaparecidos son ya muy ancianos, y dentro de poco no quedará nadie que los recuerde. Interesarse por ellos es un acto con un profundo significado cívico, pues a un crimen político se ha respondido con un crimen ontológico. “Los desaparecidos -ha escrito George Steiner- son nuestra memoria. Un mal que existe en nuestros cuerpos personales, una huella con la que vivimos y que ninguna justicia puede borrar. Deuda impagable, sin compensación posible. Así trabaja la memoria, como una marca con la que debemos vivir, como una terrible elección. El desaparecido dejaría de ser si la memoria de los desaparecidos dejara de existir”. Y añade: “Si lo que sucedió no se reconoce, entonces no tiene más remedio que seguir ocurriendo siempre, en un eterno retorno”.
Somos lo que recordamos. Si al hombre le privaran de memoria perdería su humanidad. Gracias a la memoria no sólo vivimos nuestra vida sino la de los demás. La cultura es memoria. Las bibliotecas, los museos, los monumentos el pasado, son construcciones de la memoria. En ellos se guardan las huellas de los hechos y las vidas de los que nos precedieron, lo que nos permite dialogar con ellos y burlar a la muerte. Todos los seres queridos que desaparecen, siguen viviendo en los relatos de quienes les sobreviven. La memoria es “lo más necesario de la vida”. Sin embargo, en muchas cunetas y vaguadas de España aún yacen enterrados sin identificar decenas de hombres y mujeres que fueron asesinados vilmente durante la Guerra Civil. Reconocerlo no es un acto caprichoso ni irresponsable. No se trata de ajustar cuentas con el pasado, sólo de ocuparnos de estos miembros de nuestra comunidad como desearíamos que se ocuparan de nosotros.
Antígona fue condenada a muerte por querer enterrar a su hermano, abandonado al arbitrio de los perros y los cuervos por orden del rey de Tebas.
Cuidar a nuestros muertos, nos enseña Antígona, es integrar su muerte en la vida. Es un acto de amor, tender ese lazo posible y deseado entre seres que se pertenecen y que se ven unos a otros como seres humanos. Los que fueron enterrados sin amor ni lágrimas, fueron deshumanizados por este acto. Recordarles es devolverles la humanidad que se les negó.
Es esto lo que significa la historia del zamorano Venancio Prieto. Su padre fue asesinado en agosto del 36 con otros del pueblo. Dejó mujer y cinco hijos muy pequeños. No tenían para comer y Venancio, que sólo tenía seis años, iba a pedir pan y manojos de leña por las casas. Cuando le preguntaban de quién era él, contestaba candorosamente: “De Medero, el que mataron”.
Tiene razón Almodóvar, hay muchos tipos de familia. Por ejemplo, la de ese niño y su padre asesinado por los fascistas; o las de todos los que aún se empeñan en buscar a los seres que perdieron una noche aciaga de hace 70 años. Una familia es un grupo de personas que cuida de un pequeño ser, ha dicho Pedro Almodóvar. Seres pequeños son los niños, pero también los muertos que amamos. No hay nadie más insignificante ni más necesitado que ellos, pues basta que dejemos de recordarlos para que desaparezcan para siempre.
Sorprende que en este país, donde hay tantos defensores de la familia, se olviden de familias tan ejemplares y fieles. Frente a la crueldad de los que una noche entraron en sus casas para privarles de lo que amaban, ellas siguen pronunciando a solas los nombres de esos pequeños seres que son sus muertos. Quieren tomarles de la mano y conducirles, como a niños maltratados, a un país justo donde puedan encontrar el respeto y la ternura que se les negó. Ayudarles en esa tarea es una obligación no sólo política sino moral. Una tarea de todos que no debe demorarse más
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Seminario: El contraste de la DO

Seminario El contraste a la delincuencia organizada en el marco de nuevas reglas para el desarrollo: reflexiones, experiencias y propuestas.
México D.F., 1 – 4 de septiembre de 2009
Sede: Auditorio del edificio “Las Flores”
17:00 hrs. Inauguración. Ministro Juan N. Silva Meza, integrante de la Primera
Sala SCJN
Excmo. Sr. Roberto Spinelli, Embajador de Italia en México
17:30 – 20:00 hrs.
Tema:
Instrumentos de contraste a la delincuencia organizada.
17:30 hrs.
Ley de extinción de dominio del GDF: problemas y soluciones.
Leticia Bonifaz Alfonzo, Consejera Jurídica y de Servicios Legales del GDF.
El contraste a la delincuencia organizada en Italia y en el mundo.
Antonio Ingroia, Procurador Adjunto antimafia del Tribunal de Palermo.
18:15 hrs. Protección de testigos.
Eloísa Quintero, Investigadora INACIPE.
Lilia Mónica López Benítez, Magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del 1er Cto.
19:45 hrs. Arraigo ¿Detención arbitraria?
Jorge Ojeda Velázquez, Magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 1er Cto.
Samuel González Ruiz, Asesor Internacional en Seguridad Pública y Justicia.
Moderador: Miguel Ángel Aguilar López, Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del 1er Cto.
20:00 hrs. Vino de Honor
Miércoles 2 de septiembre
Sede: Universidad del Claustro de Sor Juana
10:00 – 13:00 hrs. Tema: La sociedad civil en el contraste a la delincuencia organizada.
10:00 hrs. Conferencia: La acción de los municipios en el contraste a la delincuencia organizada: el caso de Bari.
Stefano Fumarulo, responsable de las aéreas “Análisis e investigación” y “Menores”. Agencia para la lucha no represiva a la criminalidad organizada del Municipio de Bari.
10:40 hrs. Conferencia: La participación civil de Iglesia en el contraste a la delincuencia organizada.
Mons. Raúl Vera OP, Obispo de Saltillo.
11:20–11:30 hrs. Receso
11:30 hrs.
Mesa Redonda -
La sociedad civil en el contraste a la delincuencia organizada.
Ponentes:
Marcos Fastlicht, Stefano Fumarulo, Raúl Vera, Meyer Klip Gervitz, Fausto Pretelin, Moderador: Paolo Pagliai
13:30 hrs. Comida.
15:00 – 18:00 hrs. Tema:
Experiencia Legislativa de México e Italia en el contraste a la delincuencia organizada.
15:00 hrs. Conferencia: La experiencia italiana y el rol de la Comisión Parlamentaria Antimafia.
Antonio Ingroia, Procurador Adjunto Antimafia del Tribunal de Palermo.
15:40 hrs. Conferencia: Elecciones legislativas para el contraste a la criminalidad organizada y rol de la Comisión Parlamentaria Antimafia.
Ottavio Sferlazza, Procurador Adjunto del Tribunal de Reggio Calabria.
16:20–16:30 hrs.- Receso
16:30 hrs. Responsabilidad del Congreso en la lucha contra el crimen organizado.
Mesa Redonda
Ponentes: Pedro Joaquín Codwell , Senador (Por confirmar), Porfirio Muñoz Ledo, Diputado
Ricardo Cervantes, Senador (Por confirmar), Moderador: Pedro Rivas Monroy
Jueves 3 de septiembre
Sede: Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Tlalpan.
10:00–13:00 hrs.Tema:
El Contraste a la Delincuencia Organizada la economía y la política.
10:00 hrs.
Conferencia: El crimen organizado en la economía informal.
Fernando Pérez Correa, Instituto Nacional de la Administración Pública.
10:40 hrs. Conferencia: La criminalidad organizada y el contraste político institucional entre acción penal y extrapenal.
Ottavio Sferlazza, Procurador Adjunto de Reggio Calabria.
11:20 hrs. Receso
11:45 hrs. Mesa Redonda
Ponentes:
Stefano Fumarulo, Samuel González, Fernando Pérez Correa, Ottavio Sferlazza, Alfredo Sánchez Castañeda. Moderador:Karina Ansolabere
13:30 hrs. Comida
Tema :
La Delincuencia Organizada: perfiles
15:00hrs. Conferencia: El contraste a la Delincuencia Organizada en Italia y en el Mundo.
Antonio Ingroia, Procurador Adjunto Antimafia del Tribunal de Palermo.
15:40 hrs. Conferencia: Mafia y Mafiosidad como Hegemonía para un Modelo Interpretativo Global del Fenómeno.
Giuseppe Carlo Marino, Universidad de Palermo.
16:20 hrs. Conferencia:
La 'ndrangheta: una criminalità poco conocida.
Ferdinando Cordova, Universidad de Roma “La Sapienza”
17:00 hrs. Receso
17:20 hrs. La delincuencia organizada: identidad y cultura.
Mesa Redonda
Ponentes: Antonio Ingroia, G. Carlo Marino, Ferdinando Cordova, Corina Giacomello
Manuel Quijano, INACIPE
Moderador: Marco Bellingeri
Viernes 4 de septiembre
Sede: ExTemplo de Corpus Christi, (frente al Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez).
10:00 – 12:00
Tema:
El contraste a la delincuencia organizada y la cultura de la legalidad y de la responsabilidad.
10:00 hrs. Presentación del Centro ítalo-mexicano de estudios jurídicos, sociales, históricos y de la Administración Pública.
Mesa redonda con todos los participantes.
Moderador:
Franco Avicolli

Santa muerte de nuevo

Revivió la Santa Muerte/Guillermo Sheridan
El Universal, 25 de agosto de 2009;
La Santa Muerte revivió de manera absolutamente inesperada en su iglesia del barrio de Tepito donde reside desde hace siete años. Según testimonios recabados, la también llamada “La Huesuda Linda”, “La Ojotes Horribles”, la “Niña Blanca” o “La Pinche Calaca”, se encontraba total y perfectamente muerta, por lo que no se descarta un complot.
“Andamos muy consternados” –declaró la obispa Amigdalia Basurto. “Llevamos años luchando por ella, por sus derechos y porque Gobernación la reconozca, y de repente que agarra y revive.” La obispa, quien estaba a cargo de las finanzas personales de la antaño difunta, agregó: “Ahora sí que se nos va a quedar toda la mercancía.”
La Santa Muerte es una iglesia “creada por los pobres para los pobres”, como declara su obispo primado Elvis Canseco, doctor en tanatología, que tuvo la ocurrencia de ponerle copyright a la muerte, por lo que cuenta en la actualidad con varios millones de fieles seguidores en Tepito y en Chicago.
Según información recabada por este reportero, la Santa Muerte comenzó a revivir luego de que un mariachi le cantó las mañanitas por su onomástico.
Luego de escuchar varias veces lo de “despierta mi bien, despierta”, la Calaca tuvo unas temblorinas traqueteantes y unos sudores de resistol 5000 y entró en franca resucitación. El obispo llamó de inmediato una ambulancia que la trasladó al Hospital de Xoco, donde le prestaron los últimos auxilios y le aplicaron una intravenosa de ácido clorhídrico para volverla a matar. Todo fue en balde: sus huesos se empezaron a recubrir de carnita, su calaverita agarró cutis, su naricita de la que carecía le volvió a salir, así como cabello, y por último, para angustia de todos los presentes, exhaló su primer suspiro.
“En un ratito se nos fue, o sea que se nos vino, así nomás. Luego tuvo rigor vitae y hasta se sentó y cuando nos dimos cuenta ya estaba pidiendo su licuadito de plátano”, declaró el obispo Canseco.
Luego de haber revivido, la Santa Muerte se puso su ropita para no dar mala impresión, agarró su Santa Guadaña y se fue a su iglesia, donde confesó ser la primera en hallarse sorprendida. “Francamente no me explico por qué reviví, sobre todo si se considera que soy un esqueleto de resina comprado por internet en www.skeletonmodels.com”, dijo ante sus acongojados discípulos.
En entrevista exclusiva, las autoridades eclesiásticas dijeron temer que pueda ocurrir un cisma de occidente, pues sus feligreses están acostumbrados a venerar “una calaca”, no un maniquí que parece que se escapó de un aparador de una tienda de ropa par dama en el Eje Central. De hecho, al día siguiente de la resurrección ya apareció una nueva iglesia de la Santa Muerte que garantiza que su “Huesudita” nunca va a revivir porque es la legítima, mientras que la que revivió obviamente es espuria.
El obispo primado Elvis Canseco anunció que si la Santa Muerte no se vuelve a morir y regresa muerta y salva a su iglesia, sus fieles organizarán una manifestación a la Secretaría de Gobernación, donde no descartan realizar un bloqueo de avenidas. “No hay derecho”, concluy
ó

Coordinadores parlamentarios

Coordinadores parlamentarios/Jorge Alcocer V.
Reforma, 25 Ago. 09
Hoy por la noche los 237 diputados electos del PRI elegirán a su coordinador parlamentario. Como la convocatoria autoriza que con la mitad más uno de los votos de sus pares pueda ser electo, todo hace prever que la decisión será a favor del diputado Francisco Rojas Gutiérrez y quedará confirmada hoy mismo. La disputa interna será por las presidencias de las comisiones.
La tercia de coordinadores significados en la LXI Legislatura quedará formada por el citado Francisco Rojas (PRI), Josefina Vázquez Mota (PAN) y Alejando Encinas (PRD). Los dos primeros tendrán que ejercer sus cargos en una circunstancia no vivida en San Lázaro, que es la de tener en su correspondiente bancada a su respectivo presidente de partido. Rojas a Beatriz Paredes y Vázquez Mota a César Nava. En Xicoténcatl la historia es diferente: Adolfo Lugo y Luis Donaldo Colosio fueron presidentes del PRI y senadores en funciones; no así Amalia García (PRD) y Luis Felipe Bravo Mena (PAN) quienes ocupando un escaño solicitaron licencia, una vez que resultaron electos presidentes de sus respectivos partidos.
Los problemas de cada uno de los tres coordinadores provendrán, en lo inmediato, de la forma en cómo logren los acomodos internos que les garanticen unidad de voto y cohesión práctica, más que discursiva. Aunque por la disciplina del PRI la tarea parece más fácil para Rojas, lo cierto es que podría tener problemas. En el reparto de presidencias de comisiones hay demasiados aspirantes, con patrocinios directos de los gobernadores con mayor número de diputados, o con respaldo de otras fuentes de poder interno.
A menos que el PRI decida usar la mayoría absoluta que los votos del Verde le otorga, la práctica parlamentaria, en condiciones de pluralidad, obliga a repartir con criterio de tres bandas las presidencias de las comisiones más importantes. Si el PRI tiene la de Hacienda, no tendría la de Presupuesto; si preside Puntos Constitucionales no puede tener la de Gobernación; si opta por la de Educación, deberá dejar a otro la de Desarrollo Social. Así se ha construido la solución desde 1997.
Mayoritear en el reparto de presidencias de comisiones tendría como un costo para el PRI entregar al Verde, es decir a la telebancada, la presidencia de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con todas las consecuencias que eso supone. Pero además, una alianza PRI-Verde, con el objetivo de apoderarse de las presidencias de las comisiones importantes, provocaría un temprano enrarecimiento del clima en San Lázaro; sería una declaración de guerra que, además de imprudente, tendría efectos negativos en la otra Cámara, en la que el PRI y el PAN, en muestra de concordia, decidieron otorgar a Carlos Navarrete, coordinador del PRD, sus votos para que ocupe la presidencia del Senado. Conductas opuestas en ámbitos equivalentes, por parte del PRI, será visto por los demás grupos parlamentarios como señal de alerta, para mal de los necesarios acuerdos que deben construirse en las semanas por venir.
Para Josefina Vázquez Mota (PAN) la negociación de comisiones será su primera prueba de fuego. Sus reconocidas dotes concertadoras en cargos gubernamentales podrían ser insuficientes cuando de operar en San Lázaro se trata. Diputada por unas cuantas semanas en los albores del sexenio de Vicente Fox, tendrá que atender reclamos y hacer realidad aspiraciones de no pocos integrantes de su bancada, molestos tanto por los resultados electorales como por la influencia de Los Pinos en los relevos y designaciones partidistas y parlamentarias.
Alejandro Encinas tiene la carga mayor; coordina una tan variopinta como disminuida e irascible bancada con tribus y etnias distantes; algunas llegan a San Lázaro con tambores de guerra, y además miran a los lados (PT-Convergencia) listas para la fuga. Tendrá que echar mano de toda su capacidad y experiencia para equilibrar y mediar los múltiples intereses que cruzan a su partido y su bancada, empezando por construir liderazgo propio, más allá de la sombra del caudillo
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Acuerdo 8/2009 del CJF

DOF: 25/08/2009
ACUERDO número 8/2009, de diecisiete de agosto de dos mil nueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el procedimiento para la designación del Consejero de la Judicatura Federal que ocupará el cargo del primero de diciembre de dos mil nueve al treinta de noviembre de dos mil catorce.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACUERDO NUMERO 8/2009, DE DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACION DEL CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE OCUPARA EL CARGO DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE AL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Por decreto del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre del mismo año, se realizaron diversas reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación; en ellas se creó el Consejo de la Judicatura Federal, al que se encomendó la administración, vigilancia y disciplina del mismo, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la instrumentación de la carrera judicial.
SEGUNDO. Por decreto de nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mismo año, se reformaron, entre otros, el párrafo segundo del artículo 100 de la Constitución, para quedar en los siguientes términos: "El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ..."; así como el párrafo quinto del propio precepto constitucional, para establecer: "Salvo el presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo".
TERCERO. En la sesión del veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó al Magistrado Luis María Aguilar Morales como Consejero de la Judicatura Federal para ocupar el cargo del primero de diciembre de dos mil cuatro al treinta de noviembre de dos mil nueve.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 100 constitucional los Consejeros de la Judicatura Federal deben reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la propia Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades y, en el caso de los que nombre esta Suprema Corte deben gozar, además, con reconocimiento en el ámbito judicial; incluso, dadas las atribuciones que corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, los Consejeros deben contar con conocimientos y habilidades administrativas, con una sólida preparación académica y con una trayectoria en materia de docencia e investigación jurídicas.
QUINTO. Con el objeto de cubrir la vacante que se genere una vez concluido el periodo por el que fue designado como Consejero de la Judicatura Federal el Magistrado Luis María Aguilar Morales, es necesario expedir el presente Acuerdo para establecer un procedimiento que, en principio, permita valorar objetivamente los factores que revelan el desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional de los aspirantes a ocupar ese cargo y que, una vez seleccionados aquéllos con mayores aptitudes y conocimientos, brinde a los Ministros de este Alto Tribunal los elementos necesarios para ejercer la facultad que les confiere el párrafo segundo del artículo 100 constitucional.
Por todo lo anterior, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. La designación del Consejero de la Judicatura Federal que corresponde al Pleno deberá recaer, indistintamente, en alguno de los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito que reúnan los requisitos constitucionales, y que hayan sido ratificados en cualquiera de esos cargos.
SEGUNDO. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito interesados en ser designados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal para el periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil nueve al treinta de noviembre de dos mil catorce, que reúnan los requisitos previstos en los artículos 95 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hayan sido ratificados en cualquiera de esos cargos, dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, deberán presentar en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal la solicitud respectiva, acompañada en un solo ejemplar de la documentación siguiente:
1. Currículum vitae, acompañado de fotografía actual.
2. Escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad:
a) Edad y fecha de expedición del título profesional de licenciado en derecho;
b) En términos generales, cuáles han sido los resultados de las visitas de inspección realizadas por Ministros Inspectores o Visitadores del Consejo de la Judicatura Federal, a los Juzgados de Distrito o Tribunales de Circuito, en los que hayan sido titulares;
c) Si han sido ratificados en el cargo que ocupan actualmente o en el que le precedió, precisando la fecha del acuerdo respectivo;
d) Proporcionar los datos estadísticos correspondientes al cierre del año dos mil siete y al inicio y cierre de dos mil ocho derivados del trabajo desarrollado en el Tribunal de Circuito o en el Juzgado de Distrito al que hubieran estado adscritos como titulares, precisando por año la existencia, el ingreso, la salida y cuántos asuntos quedaron. En el caso de los Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito el informe será únicamente por la ponencia respectiva.
En el supuesto de los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito que hubieren estado comisionados total o parcialmente durante los referidos años, deberán presentar la estadística correspondiente a los dos últimos años que ejercieron la función jurisdiccional.
Para efectos de lo anterior, se inserta modelo de cuadro estadístico que deberá ser utilizado, sin perjuicio de las adecuaciones que sea necesario realizar.
AÑO
ORGANO JURISDICCIONAL
EXISTENCIA
INGRESO
SALIDA
QUEDAN
JUZGADO DEDISTRITO
TRIBUNALUNITARIO
TRIBUNALCOLEGIADO
2007
2008
Además, deberán rendir un informe sobre el número de asuntos pendientes de dictar resolución y de engrosar a la fecha de la presentación de la solicitud a la que se refiere este punto.
3. Los interesados deberán presentar además, dos escritos; uno referente a cuál es, según su criterio, el perfil que debe reunir un Consejero de la Judicatura Federal y el otro relativo a cuál es su visión y propósitos en caso de llegar a ser Consejero.
Los trabajos no podrán exceder, cada uno, de diez cuartillas en hoja carta, letra times new roman, tamaño 12, entrelineado de 1.5 centímetros, con márgenes de 1.5 centímetros.
4. Deberán remitir original o copia certificada de:
a) Acta de nacimiento.
b) Título profesional.
c) Cédula profesional.
d) Documentos que corroboren su currículum vitae o, en su caso, constancia de la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal en la que se señale que dicha dirección cuenta con los originales de los documentos que lo acreditan.
Los documentos señalados en los incisos b), c) y d) deberán presentarse en original o en copia certificada por notario público o por el secretario de acuerdos del órgano de su adscripción.
TERCERO. Los aspirantes deberán abstenerse de realizar gestión personal alguna ante los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante cualquier otra persona. La inobservancia de esta regla dará lugar a la descalificación.
CUARTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaborará una lista de los aspirantes que reúnan los requisitos aludidos y a cada uno de ellos se le formará un expediente.
QUINTO. La lista a que se refiere el punto que antecede será publicada oportunamente en el Diario Oficial de la Federación, en tres diarios de circulación nacional y en medios electrónicos de consulta pública a fin de que, dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente al de su publicación, cualquier persona pueda formular por escrito, de manera fundada, comedida y respetuosa, las observaciones u objeciones que estime pertinentes, en relación con los integrantes de la lista, las que podrá presentar en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, apoyándolas, en su caso, con prueba documental, lo que será tratado en forma confidencial.
SEXTO. Con base en la información proporcionada por los aspirantes que reúnan los requisitos señalados en los puntos Primero y Segundo de este Acuerdo General, se evaluarán los factores de antigüedad, desempeño, cursos de actualización y especialización impartidos o recibidos en el Instituto de la Judicatura Federal o en cualquiera otra institución del sistema educativo nacional, así como la obra jurídica publicada, conforme a los siguientes parámetros:
I. La antigüedad genérica, respecto de la cual se podrán obtener hasta quince puntos (15), en la inteligencia de que por cada año completo de haber laborado en el Poder Judicial de la Federación se obtendrán punto setecientos catorce (0.714).
II. La antigüedad en los puestos de la carrera judicial o en puestos destacados de funciones
administrativas dentro del Poder Judicial de la Federación respecto de la cual se podrán obtener hasta veinticinco puntos (25); en la inteligencia de que por cada año completo desempeñado en los referidos puestos se obtendrán las siguientes puntuaciones:
1. Un punto (1) como Magistrado de Circuito o Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
2. Nueve décimas (0.9) como Juez de Distrito;
3. Ocho décimas (0.8) como Secretario Ejecutivo, Director General o puestos análogos o superiores en el Poder Judicial de la Federación antes de haber alcanzado el de Magistrado de Circuito o Juez de Distrito.
4. Siete décimas (0.7) en cualquiera de los puestos indicados en las fracciones III a VII del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
5. Cinco décimas (0.5) como Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
6. Cuatro décimas (0.4) como Secretario de Juzgado de Distrito; y
7. Dos décimas (0.2) como Actuario del Poder Judicial de la Federación.
Para el cómputo al que se refieren los puntos 1 y 2 de esta fracción se tomarán en cuenta incluso los años en los que un Magistrado de Circuito o un Juez de Distrito hubiere estado comisionado en diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.
III. Los antecedentes en materia de responsabilidades administrativas, respecto de los cuales se podrán obtener hasta veinticinco puntos (25) cuando el aspirante no haya tenido queja fundada; en la inteligencia de que por cada queja fundada se perderán, respecto de esos veinticinco puntos:
1. Veinticinco puntos (25) cuando se haya impuesto la sanción de suspensión.
2. Diez puntos (10) por cada amonestación pública.
3. Ocho puntos (8) por cada amonestación privada.
4. Seis puntos (6) por cada apercibimiento público.
5. Cuatro puntos (4) por cada apercibimiento privado.
Una vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido la lista a la que se refiere el punto quinto de este Acuerdo General, la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal solicitará al Consejo de la Judicatura Federal los datos relativos a los antecedentes indicados en el párrafo primero de esta fracción.
IV. El grado y los cursos recibidos, respecto de los cuales se podrán obtener hasta veinte puntos (20), conforme a las siguientes equivalencias:
1. Doctorado con título cuatro puntos (4), sin que se puedan obtener más de cuatro puntos en este rubro.
2. Maestría con título tres puntos (3), sin que se puedan obtener más de cuatro puntos en este rubro.
3. Dos puntos (2) por cada especialidad, sin que se puedan obtener más de cuatro puntos en este rubro.
4. Un punto (1) por cada diplomado, sin que se puedan obtener más de cuatro puntos en este rubro.
5. Tres décimas (0.3) por cada seminario, sin que se puedan obtener más de cuatro puntos en este rubro.
6. Una décima (0.1) por cada conferencia o diverso curso de actualización, sin que se puedan obtener más de cuatro puntos en este rubro.
Los referidos cursos únicamente se valorarán cuando se acredite haberlos recibido del Instituto de la Judicatura Federal, anteriormente de Especialización Judicial, o de alguna institución del sistema educativo nacional.
V. La actividad docente, respecto de la cual se podrán obtener hasta cinco puntos (5), conforme a las
siguientes equivalencias:
1. Cuatro décimas (.4) por los cursos o materias de doctorado, sin que se puedan obtener más de dos puntos en este rubro.
2. Tres décimas (.3) por los cursos o materias de maestría, sin que se puedan obtener más de dos puntos en este rubro.
3. Dos décimas (0.2) por los cursos o materias de especialización, incluidos los impartidos como titular de cualquier materia en el Instituto de la Judicatura Federal, antes de Especialización Judicial, sin que se puedan obtener más de dos puntos en este rubro.
4. Una décima (0.1) por cursos o materias de licenciatura o por los diplomados, seminarios o cualquier conferencia impartida en una Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que se puedan obtener más de dos puntos en este rubro.
VI. La obra jurídica o administrativa escrita, respecto de la cual se podrán obtener hasta diez puntos (10), conforme a las siguientes equivalencias:
1. Dos puntos (2) por cada libro de autoría exclusiva, sin que se puedan obtener más de cuatro puntos en este rubro.
2. Un punto (1) por cada libro en coautoría, sin que se puedan obtener más de cuatro puntos en este rubro.
3. Tres décimas (0.3) por cada participación en un libro colectivo, sin que se puedan obtener más de cuatro puntos en este rubro.
4. Una décima (0.1) por cada participación en una revista jurídica, sin que se puedan obtener más de cuatro puntos en este rubro.
A la Secretaría General de Acuerdos corresponderá resguardar la documentación presentada por los aspirantes, analizarla y sistematizarla con el objeto de proponer al Pleno los cuadros informativos que resulten necesarios.
SEPTIMO. Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el punto quinto que antecede, con base en el resultado de la evaluación de los datos derivados de los documentos presentados por los aspirantes, conforme a los parámetros indicados en el punto anterior, el Pleno de la Suprema Corte hará del conocimiento en sesión pública cuáles son los diez aspirantes con la mayor puntuación y ordenará publicar lista con el nombre de éstos en el Diario Oficial de la Federación y en medios electrónicos de consulta pública. Los diez aspirantes se sujetarán al siguiente procedimiento:
I. En la fecha que se indique en la lista señalada en el encabezado de este punto, los diez participantes seleccionados comparecerán ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objeto de realizar una exposición sobre las facultades de administración del Consejo de la Judicatura Federal y sobre los principales Acuerdos Generales del Pleno del propio Consejo. Dicha exposición se sujetará a las siguientes reglas:
1. Al inicio de la sesión señalada en la fracción I de este punto, por sorteo se seleccionarán dos temas, uno entre diez sobre las facultades de administración del Consejo de la Judicatura Federal y otro entre diez sobre los principales Acuerdos Generales del Pleno del propio Consejo.
2. A los diez candidatos se les entregarán los dos temas seleccionados y decretado un receso de la respectiva sesión plenaria, se trasladarán al salón del Antepleno, en el cual contarán con el apoyo del equipo informático necesario (laptop e impresora), para desarrollar en cuarenta y cinco minutos los referidos temas y realizar la impresión correspondiente; en la inteligencia de que durante este lapso los diez candidatos se abstendrán de comunicarse entre sí y de consultar documento alguno. Dicha actividad se grabará por el Canal Judicial de Televisión y el video respectivo tendrá carácter público.
3. Antes de concluir los referidos cuarenta y cinco minutos, los diez candidatos deberán entregar al
secretario general de acuerdos impresión del trabajo desarrollado, en el cual deberá constar el nombre de su autor.
4. El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reanudará la sesión pública plenaria y solicitará a los candidatos que se reincorporen al salón de sesiones del Pleno, con el objeto de que en el orden determinado previo sorteo den lectura al trabajo desarrollado, el cual les será devuelto antes de su exposición por el secretario general de acuerdos.
II. En la misma sesión, una vez concluidas las comparecencias de los diez aspirantes seleccionados, cada uno de los Ministros entregará al secretario general de acuerdos tarjetón amarillo previamente sellado por la Secretaría General de la Presidencia, en el que se indique a los tres candidatos que conforme a su criterio cuenten con mayores aptitudes para desempeñar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal.
III. El secretario general de acuerdos entregará los tarjetones a los Ministros designados como escrutadores los que llevarán a cabo el cómputo de los votos obtenidos, conforme a las reglas aprobadas por el Pleno, con el objeto de integrar una terna de candidatos.
IV. La lista de la terna de candidatos seleccionados en la sesión pública a que se refiere este punto será publicada en el Diario Oficial de la Federación y en medios electrónicos de consulta pública. En dicha lista se convocará a los tres candidatos seleccionados a comparecer a una sesión pública.
OCTAVO. En la sesión pública indicada en la fracción IV del punto anterior, una vez declarada abierta por el Presidente, se desarrollará el siguiente procedimiento:
I. El Ministro que designe el Presidente narrará el desarrollo seguido para seleccionar a los tres candidatos.
II. El secretario general de acuerdos leerá, por orden alfabético del primer apellido, los nombres de las tres personas seleccionadas y un resumen de su currículum vitae.
III. El Presidente designará a dos Ministros que fungirán como escrutadores.
IV. El sistema conforme al cual se elegirá al Consejero, es el siguiente:
1. Cada uno de los Ministros entregará al secretario general de acuerdos para ser depositada en una urna transparente una tarjeta blanca en la que indique el nombre del candidato que conforme a su criterio deba ser designado para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal.
2. El secretario general de acuerdos entregará la urna a los Ministros escrutadores.
3. Los escrutadores leerán sucesivamente y en voz alta cada tarjeta y las irán entregando al secretario general de acuerdos, quien las colocará sobre la mesa de manera ordenada por nombres.
4. Una vez ordenadas las tarjetas por nombres, el secretario general de acuerdos informará en voz alta cuántos votos obtuvo cada uno de los candidatos.
5. Si un candidato alcanza ocho votos o más, automáticamente obtiene el derecho a ser designado Consejero y por tanto el proceso de selección se dará por concluido.
6. En el caso de que ninguno de los tres candidatos alcance la mayoría calificada de ocho votos o más, pero diferente número de votos cada uno, se entregará una tarjeta a cada Ministro para elegir de entre los dos candidatos que hayan obtenido los dos números mayores de votos.
7. En el caso de que ninguno de los tres candidatos alcance la mayoría calificada de ocho votos, uno tenga mayoría relativa y los otros dos empaten, se entregará una tarjeta a cada Ministro para el desempate.
8. Una vez conocido el resultado del desempate, se entregará una tarjeta a cada Ministro para elegir al Consejero entre el candidato que obtuvo mayoría relativa y el ganador del desempate.
El secretario general de acuerdos informará el resultado de la segunda y posteriores votaciones, si las hubiere.
El Ministro Presidente realizará la declaratoria respectiva y tomará la protesta al elegido.
NOVENO. Las situaciones no previstas en este Acuerdo General serán resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo General en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en tres diarios de circulación nacional y, en términos de lo dispuesto en el artículo 7o., fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en medios electrónicos de consulta pública.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Rúbrica.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERTIFICA: Este Acuerdo Número 8/2009, EN EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACION DEL CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE OCUPARA EL CARGO DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE AL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, fue emitido por el Tribunal Pleno en Sesión Privada celebrada el lunes diecisiete de agosto de dos mil nueve, por unanimidad de votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. México, Distrito Federal, a diecisiete de agosto de dos mil nueve.- Rúbrica.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERTIFICA Que esta copia constante de treinta fojas útiles concuerda fiel y exactamente con su original consiste en el Acuerdo General Plenario Número 8/2009; y se certifica para la difusión correspondiente.- México, Distrito Federal, a diecisiete de agosto de dos mil nueve.- Rúbrica
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