3 nov. 2010

Crear 18 batallones

Crear 18 batallones facilitaría las tareas del Ejército contra el narcotráfico: Vargas Fosado
2010.11.01 Boletín N°. 2375, CD
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ardelio Vargas Fosado, señaló que ante la contraofensiva del crimen organizado y la incapacidad de las corporaciones policiacas para reorganizarse, la Cámara de Diputados deberá incrementar los recursos a las fuerzas armadas a fin de cumplir con las tareas de apoyo a la seguridad pública y a la población en casos de desastre.
En entrevista, Vargas Fosado señaló que la Comisión que preside ha solicitado a la de Presupuesto y Cuenta Pública, una bolsa adicional de 13 mil 300 millones de pesos respecto del monto propuesto por el Ejecutivo en su proyecto del PEF 2011.
De acuerdo con éste, el monto total para la Secretaría de la Defensa Nacional es por 50 mil 39 millones 456 mil pesos, cifra que aunque es superior a la asignada en el presente año, “no es suficiente para cumplir adecuadamente las tareas encomendadas al Ejército”, refirió el legislador.
En este sentido, dijo, el incremento de 13 mil 300 millones de pesos está plenamente justificado porque la mayor demanda de los mexicanos es la seguridad. “En una sociedad democrática, si no hay seguridad difícilmente vamos a tener desarrollo”.
El punto central de esta propuesta entregada a la Comisión de Presupuesto, abundó, es la creación de 18 batallones para realizar tareas propias del Ejército Mexicano marcadas en la Constitución, particularmente en materia de apoyo a la población en casos de desastre y para contener a las bandas del crimen organizado en todo el país.
Destacó que dichos batallones se instalarían en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Sonora, Durango y Sinaloa. Asimismo, para reforzar Michoacán, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Morelos.
“Al interior de la Comisión de Defensa Nacional hicimos una proyección y determinamos que ante la actual situación, la posición estratégica de estos batallones permitirá avanzar en la contención de los grupos criminales. Para nosotros es preocupante que las corporaciones locales no concluyan su proceso de recomposición o de actualización para hacer frente al crimen organizado”.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional reconoció que la solución al flagelo del narcotráfico no es únicamente la inyección de recursos a la seguridad pública o fuerzas armadas, sino que debe ser integral. “Es decir, a la par de destinar más recursos a la seguridad, también se debe hacer a los rubros de educación, la generación de empleos y al desarrollo.
“La falta de oportunidades laborales y de desarrollo orilla a los jóvenes a que, dentro de su desesperación, primero cometan delitos del fuero común y luego se enrolen a los cárteles”.

Es innegable, dijo, que se debe hacer una revisión de la estrategia de contención a los grupos criminales. Analizar de manera puntual cada una de las regiones donde hay operaciones y efectuar los ajustes necesarios.

Por otra parte, opinó que la violencia en Ciudad Juárez es un caso particular porque lo que prevalece es el factor de las pandillas. “El factor de pertenencia. Un grupo que nace ni siquiera lo hace como grupo delictivo. Sin embargo, se va pervirtiendo y termina en ser un brazo armado del crimen organizado”.
Por eso, añadió, la lucha entre las bandas es encarnizada. Es una lucha histórica entre pandillas; “situación distinta se da en Nuevo León, que es grave pero no es igual que la de Chihuahua, y otra muy distinta la de Tamaulipas, y en este sentido, ojalá y las operaciones del Ejército fueran como una tabla gimnástica, en un solo plano, pero la delincuencia es multifactorial”, concluyó.

El cadáver del Mono Jojoy

Colombia: sin acuerdo para entrega cadáver de "Mono Jojoy"
Por LIBARDO CARDONA
The Associated Press para El Nuevo Herald, 3 de noviembre de 2010
BOGOTA -- La Fiscalía y el abogado de parientes del abatido jefe militar de las FARC conocido como "Mono Jojoy" no consiguieron el miércoles acordar la entrega de los restos del guerrillero, revelando lo espinoso del tratamiento de líderes insurgentes incluso después de muertos.
La Fiscalía informó en la jornada que análisis de ADN hechos a Aníbal Peralta Rojas dieron positivo como el de un medio hermano de Víctor Julio Suárez Rojas, alias "El Mono Jojoy", uno de los siete jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), abatido en un operativo militar el 22 de septiembre.
Con las pruebas, el abogado Rodolfo Ríos, representante de familiares del insurgente, se aprestaba a que en el Instituto de Medicina Legal le entregaran el cuerpo, pero la Fiscalía mantiene que hay ciertos requisitos como que el rebelde sea sepultado en un cementerio público de Bogotá y no sea cremado porque más adelante podría necesitarse realizar alguna prueba científica al cuerpo.
Temprano, Hermes Ardila, jefe de la Unidad Nacional Antiterrorismo de la Fiscalía, confirmó telefónicamente a The Associated Press que la prueba de ADN a Aníbal Peralta Rojas respecto de una muestra tomada al cadáver del jefe rebelde "dio positiva...y en las próximas horas empezará la entrega oficial" del cuerpo.
Pero pasadas las cinco de la tarde, el cuerpo aún no había sido entregado porque el abogado Ríos dijo que la familia tiene el derecho de sepultar al guerrillero donde lo desee y no donde disponga el ente investigador.
"La Fiscalía tiene secuestrado el cadáver", dijo el abogado en entrevista telefónica.
Ríos ha dicho que la familia desea que el sepelio sea en el municipio de Cabrera, departamento de Cundinamarca, a unos 80 kilómetros al suroeste de Bogotá. Cabrera es el poblado natal del abatido jefe rebelde y donde vive su medio hermano.
Ardila ratificó que el cuerpo debía quedar en un cementerio público de Bogotá para que las autoridades tuvieran acceso a él cuando fuera necesario.
Indicó además que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es facilitador en el proceso de entrega.
En medio del impasse no hay aún una fecha para que el cuerpo del guerrillero sea entregado y enterrado.
El jefe del Instituto de Medicina Legal, Juan Angel Isaac, dijo en una conferencia de prensa en su despacho que entregaba el cuerpo tan pronto recibiera la autorización de la Fiscalía y que debía ser en horarios laborales, es decir de ocho de la mañana a cinco de la tarde.
Tras ser abatido en zonas del sur del país, el cadáver de "El Mono Jojoy" fue trasladado a Bogotá y se encuentra en una morgue en la capital desde el amanecer del 24 de septiembre.
El director de Medicina Legal Isaac ratificó que de los siete cadáveres de rebeldes que ingresaron a la morgue, incluyendo el del jefe insurgente, han sido identificados cuatro y aún tres esperan por su plena identificación. Y de los identificados, dos ya fueron entregados a sus parientes, dijo el funcionario.
El CICR ha servido en el pasado de facilitador, siempre a pedido de parientes, de la entrega de cadáveres de rebeldes como fue en el caso de Iván Ríos, también de la jefatura de las FARC, muerto en marzo del 2008 a manos de uno de sus guardaespaldas guerrilleros. Las familias y las autoridades mantienen reserva donde son sepultados los abatidos rebeldes
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¿Curar la homosexualidad?, o curas gays

En Jalisco, proyecto para "curar" la homosexualidadVíctor Manuel López Álvaro
Unidos en su “asquito” por la diversidad sexual, el gobernador jalisciense, Emilio González Márquez, y el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, se proponen ahora “curar” la homosexualidad. Con esta finalidad el gobierno de Jalisco impulsa a una organización civil de corte ultracatólico que a mediados de este mes, en un congreso, abordará en Guadalajara el tema de las uniones entre personas del mismo sexo, siempre con la oferta de la “sanación” para esta gente “enferma”.
GUADALAJARA, JAL, 3 de noviembre (Proceso).- Como expresión de su “asquito” hacia los matrimonios y adopciones gay, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, ahora promueve y financia a la organización civil Valora, dedicada a “sanar” la homosexualidad, según pregonan sus integrantes. 
Integrada por católicos de tendencia ultraconservadora, cuyo lema es Conciencia en los Medios, Valora está registrada formalmente ante el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS). Incluso lleva tres años organizando talleres y retiros espirituales, y periódicamente fomenta encuentros de oración y terapias para “ayudar a los homosexuales a vivir en castidad”, dicen sus promotores.
De 2008 a la fecha, la organización ha recibido ayuda de la Secretaría de Desarrollo Humano estatal por más de 1 millón 300 mil pesos provenientes de la partida 4308, denominada “Aportación a los organismos de la sociedad civil”.

Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional

Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3129, lunes 01 de noviembre de 2010

INFORME De la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, primero semestral de actividades, marzo-septiembre de 2010
I. Fundamento legal
De conformidad con el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento de lo establecido en el plan de trabajo de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de la LXI Legislatura para el periodo 2010-2011, ésta rinde el primer informe semestral de actividades, correspondiente al periodo comprendido del 10 de marzo al 10 de septiembre de 2010.
El informe tiene por objeto dar a conocer los trabajos realizados por la comisión, cuya misión principal es supervisar los temas legislativos relacionados con la seguridad nacional del país, la supervisión de su órgano civil de inteligencia, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y conocer el proyecto de la agenda nacional de riesgos y las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nacional.
La actual mesa directiva de la comisión se instaló el 10 de marzo, con un presidente, dos secretarios y tres integrantes. De ellos, tres son diputados y tres senadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.
II. Antecedentes
La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional elabora el presente informe con objeto de dar a conocer su actividad legislativa en el primer semestre.
El presente documento contiene la información de carácter no reservado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionada con las actividades desempeñadas en la comisión en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en los artículos 56 a 60 de la Ley de Seguridad Nacional y demás disposiciones aplicables, y en cumplimiento de lo establecido en su plan de trabajo.
III. Integración
De conformidad con el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, la comisión se integra por tres diputados y tres senadores, de diversos grupos parlamentarios. En el primer semestre de actividades, la formación fue la siguiente:
Diputado Gustavo González Hernández, presidente; diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Jorge Mendoza Garza, secretarios; senador Felipe González González, diputado Rogelio Cerda Pérez, senador René Arce Islas, vocales.
IV. Sesiones
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el numeral 6 del artículo 45, establece que las comisiones legislativas deberán, entre otras cosas, sesionar cuando menos una vez al mes.
En el primer semestre de ejercicio de la presidencia, la comisión celebró seis sesiones para atender los asuntos de su competencia:
• 10 de marzo, decimoctava ordinaria.
• 6 de abril, decimonovena ordinaria.
• 12 de mayo, visita de trabajo al Cisen.
• 9 de junio, vigésima ordinaria.
• 7 de julio, vigésima primera ordinaria.
• 26 de agosto, vigésima segunda ordinaria.
V. Temas abordados por la comisión
La comisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 a 60 de la Ley de Seguridad Nacional, informa que las actividades desempeñadas en las seis sesiones del primer semestre estuvieron orientadas al conocimiento, estudio, análisis y opinión respecto al dictamen de las iniciativas y los asuntos que a continuación se describen:
Fecha: 10 de marzo
Principales temas
* Entrega del informe de la visita de la comisión a Washington, DC, del 2 al 4 de marzo.
* Instalación de la mesa directiva de la comisión para el periodo 2010-2011, con la firma de las actas de instalación y administrativa de entrega-recepción.
* Mensaje del diputado Gustavo González Hernández, presidente de la comisión para el periodo 2010-2011.
Fecha: 6 de abril.
Principales temas
* Aprobación del plan anual de trabajo, 2010-2011.
Fecha: Junio.
Principales temas
* Propuesta de instalación de mesa de trabajo para discutir el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional con la Secretaría de Gobernación.
* Proyecto de acuerdo para convocar a comparecer ante la comisión al secretario de Seguridad Pública federal y al procurador general de la República, con objeto de que señalen las labores de inteligencia que realizan sus respectivas dependencias.
* Proyecto de acuerdo para convocar a una reunión con el secretario de la Defensa Nacional, como parte de la discusión del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.
* Presentación del proyecto de asistencia de la comisión al seminario internacional de seguridad nacional en el Galilee Collage, de Israel.
* Presentación del preproyecto de visita al Centro de Estudios para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, en Suiza.
* Presentación del preproyecto de visita de la comisión a la Bicamaral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en Argentina.
Fecha: 28 de julio.
Principales temas
* Presentación del proyecto anual de la agenda nacional de riesgos, por el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y el director general del Cisen, en cumplimiento de la fracción II del artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional.
Observación legal: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los artículos 51 y 59 de la Ley de Seguridad Nacional, la sesión y su contenido tienen carácter de reservado.
Fecha: 26 de agosto.
Principales temas
1. Informe de la secretaría técnica sobre las observaciones realizadas respecto al proyecto anual de la agenda nacional de riesgos, por los miembros de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
2. Propuestas para la realizar las siguientes visitas:
a) Inglaterra
Intelligence and Security Committee (Comisión de Seguridad e Inteligencia)
Scotland Yard
MI - 5
MI - 6
b) Italia
Arma de Carabinieri - Policía Militar Italiana
Agenzia di Informazioni e Sicurezza Esterna - Agencia de Información y Seguridad Externa.
Centro Intelligence Interforze - Mando Central de Inteligencia
Centro Interforze di Formazione Intelligence/GE - Mando Central de Formación de Inteligencia (Escuela de Inteligencia)
c) Suiza
Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces
d) Canadá
Security Intelligence Review Committee - Canadian Security Intelligence Service (the Service)
e) Argentina
Comisión Bicamaral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación
Comisión de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior
Secretaría de Inteligencia
3. Informe de los avances de la mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación.
4. Propuesta para realizar un foro en materia de seguridad nacional.
5. Proyecto de acuerdo donde se remite opinión de la comisión bicamaral respecto a la minuta de reforma de la Ley de Seguridad Nacional aprobada por la Cámara de Senadores.
VI. Reuniones
La Ley de Seguridad Nacional establece en el artículo 57 las atribuciones que corresponden a la comisión, entre las cuales destacan conocer el proyecto anual de la agenda nacional de riesgos y emitir opinión al respecto; requerir al Cisen y a las instancias correspondientes los resultados de las revisiones, auditorías y procedimientos; y enviar al Cisen cualquier recomendación que considere apropiada.
En el primer semestre de ejercicio de la presidencia, que comprende el periodo 10 de marzo-10 de septiembre de 2010, la comisión sostuvo diversas reuniones con actores sociales y autoridades del Estado, en las cuales se intercambiaron puntos de vista y razonamientos que enriquecieron el proceso de estudio y análisis de variados temas legislativos.
Así las cosas, se llevaron a cabo reuniones con las siguientes autoridades:
• Secretaría de Gobernación
• Secretaría de Seguridad Pública federal
• Procuraduría General de la República
• Secretaría de la Defensa Nacional
• Cisen
VII. Otras actividades
• Seminario internacional México: seguridad nacional, relaciones cívico-militares y combate a la delincuencia organizada
En este rubro debemos destacar las gestiones que se han realizado por la comisión bicamaral para la realización del seminario internacional México: seguridad nacional, relaciones cívico-militares y combate a la delincuencia organizada, que se celebrará los próximos días 18, 19 y 20 de octubre del presente año, y cuyos resultados estaremos informando en el próximo informe.
El referido seminario será organizado por la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional con la participación coordinada de las siguientes instituciones:
- Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Programa de Estudios de Seguridad Pública y Estado de Derecho, División de Estudios Jurídicos
- Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
- Colegio de la Frontera Norte
- Instituto para la Seguridad y la Democracia
- Red de Especialistas en Seguridad Pública
- Instituto México. Woodrow Wilson Center
• Foro Fuerzas Armadas y seguridad ciudadana - Casa Lamm
Una de las organizaciones civiles más importantes en el estudio de los temas de seguridad en México es el Colectivo de Análisis de Seguridad y Democracia.
En el marco de sus actividades, me invitaron a participar como ponente en el foro Fuerzas Armadas y seguridad ciudadana: control civil de las Fuerzas Armadas y condiciones para su intervención en asuntos internos”, el 25 de junio del presente año en la Casa Lamm de la Ciudad de México, el cual compartí con un parlamentario alemán de nombre Wolfang Hunkel.
En mi ponencia alerté que “según los datos proporcionados por el Centro Nacional de Inteligencia contra las Drogas de EU, el tráfico de drogas por parte de las organizaciones mexicanas ha aumentado año tras año, desplazando incluso a las organizaciones colombianas, en ciertas zonas de aquel país. En consecuencia, el Estado mexicano debe evaluar con objetividad las políticas de seguridad pública y de seguridad nacional, y debe analizar otras políticas que podrían fortalecer esta lucha en contra de lo que se ha convertido en la principal amenaza a la seguridad nacional”. Haciendo hincapié que actualmente el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad nacional mexicana.
• Foro nacional Seguridad, justicia y paz - México, DF
El 19 de marzo de 2010 participé en el séptimo Foro nacional por la seguridad, justicia y paz, en el Centro Libanés de la Ciudad de México, donde di unas palabras inaugurales y compartí una de las mesas de trabajo y análisis jurídico con el Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mariano Azuela y el rector de la Universidad del Ejército, general Benito Medina.
Entre los principales organizadores se encuentra el Movimiento Blanco, organización que se ha preocupado por el problema de seguridad que vive nuestro país.
El tema que se trató este año en el foro fue “La participación de las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado”, el cual está directamente relacionado con mi labor legislativa como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
En mi intervención manifesté que aunque existe ya “un sustento constitucional para la participación de las fuerzas armadas en auxilio de las autoridades civiles, es improrrogable reglamentar las situaciones y procedimientos de su intervención cuando se afecte la seguridad interior”.
• Foro Hacia un modelo policial para el México del siglo XXI - Puerto Vallarta, Jalisco
En mi carácter de presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional asistí a la inauguración del foro internacional Hacia un modelo policial para el México del siglo XXI, el cual se celebró el 5 y 6 agosto en Puerto Vallarta, Jalisco.
En dicho foro participaron expertos y personalidades de varios países donde analizaron los diversos modelos policiales que funcionan en Europa y en concreto, países como Chile, España y Argentina.
En el marco de dicho foro, expresé ante varios medios de comunicación, que “es muy loable la labor de debate que está propiciando el Gobierno del Estado de Jalisco, porque muy pronto deberán tomarse decisiones que busque brindar un modelo policial en todo el país partiendo del objetivo primario y más importante que es la seguridad del ciudadano. Antes que hablar de derechos de los municipios debe hablarse y resolverse el problema de inseguridad que viven las personas y es ahí donde estos foros proporcionan mayor información para que nuestras decisiones sean las mejores”.
Con el presente informe, esta Presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, cumple el mandato conferido por el numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el período comprendido del 10 de marzo al 10 de septiembre de 2010.
Ciudad de México, septiembre de 2010.
Atentamente
Diputado Gustavo González Hernández (rúbrica)
Presidente
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica)
Secretario
Senador Jorge Mendoza Garza (rúbrica)
Secretario

El caso de Antonio Meño

El tribunal puede reabrir el caso de Antonio Meño, paralizado durante 21 años tras una operación.
- Un nuevo testigo contradice los argumentos de la defensa de la clínica y el anestesista
PABLO DE LLANO - Madrid -
El País, 03/11/2010
Después de meses durmiendo en la calle y tras 21 años cuidando a su hijo, en coma por un problema durante una rinoplastia, la familia de Antonio Meño se encontró en febrero pasado con lo más parecido a un rayo de esperanza para su caso. Un médico que pasó por su campamento en la plaza de Jacinto Benavente ha resultado ser, para la acusación, un testigo clave tras dos décadas de un litigio interminable cuyo penúltimo capítulo se saldó, en 2008, con una condena del Supremo a la familia. Esta mañana el alto tribunal ha acogido la vista oral para decidir si acepta o no la demanda de revisión solicitada por los padres de Meño, que ha salido por primera vez del campamento, tras 505 días postrado en la cama, para asistir al juicio.
La historia de este juicio sin fin se remonta a 1989. Antonio Meño entró en un quirófano de la madrileña clínica Nuestra Señora de la América para operarse la nariz. Durante la operación, Meño pierde la respiración asistida, y su cerebro se queda sin oxígeno, por lo que quedó en coma. Sus padres llevaron a los tribunales a la clínica privada donde lo operaron, Nuestra Señora de América, y al médico responsable de la anestesia. Pero tras batallar hasta llegar al Supremo, este tribunal exculpó de lo ocurrido a la clínica y condenó a la familia a pagar 400.000 euros por los costes del juicio. Los padres de Meño decidieron protestar y acamparon en una plaza cercana a la Puerta del Sol, junto al Ministerio de Justicia. Por allí pasó una noche de febrero un médico colegiado, I. F. G., que entregó días después al abogado de la familia una declaración con una versión de lo que ocurrió en el quirófano distinta a la que sostienen los testigos de la defensa.
El nuevo supuesto testigo asegura que estaba en la operación de Meño como aprendiz y que vio cómo las pulsaciones del paciente se alteraban en una pantalla, una vez que el anestesista ya no estaba en el quirófano. "Apareció al cabo de unos minutos, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y comprobó que el tubo a través del que respiraba se había desconectado. Exclamó: 'Dios mío, se ha desconectado", escribió en el documento que entregó al letrado familiar, Luis Bertelli, y en el que llega a precisar detalles del personal que estaba presente en la sala. Los testimonios que apoyan la versión del anestesista sostienen que, una vez terminada la intervención, el especialista desentubó al paciente y, por respiración espontánea, este aspiró su propio vómito.
Tras conocer el nuevo testimonio, el abogado pidió al Supremo que revisara la sentencia de 2008 y el fiscal mandó un escrito al tribunal valorando que el testimonio era un indicio de "maquinación fraudulenta", es decir, de ocultación de pruebas.
La abogada del anestesista, condenado en 1993 por un juzgado de primera instancia a indemnizar a la familia, argumenta que no se puede aceptar la demanda de revisión bajo el supuesto de maquinación fraudulenta ya que los demandantes nunca solicitaron una prueba testimonial de todo el personal que estaba en el quirófano, es decir, que no pudieron esconder unas pruebas que nunca se pidieron. Además, cuestiona la credibilidad del testigo, cuya declaración no puede tener, según la abogada, más validez que el resto de testimonios.
La fiscalía, sin embargo, ha pedido expresamente que se acepte la demanda de revisión ya que el nuevo testimonio "podía haber dado lugar a una sentencia totalmente distinta". "Entiendo que las declaraciones del testigo son contundentes y que habrá que llevarlas a los órganos judiciales para que las valoren con el resto de las pruebas encima de la mesa", ha dicho la fiscal, para quien el testimonio es un argumento suficiente "para romper el principio sagrado de inquebrantabilidad de la sentencia en firme del Tribunal Supremo".
La decisión tomada hoy será comunicada a las partes en un plazo mínimo de 10 días. Una negativa del Supremo corroboraría la condena a la familia de su última sentencia. Pero si aceptase la demanda, el juicio empezaría desde cero, con la anulación de todo el proceso. Y en ese caso, según fuentes de ambas partes, lo más probable es que se llegue a un acuerdo para pactar una indemnización.
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El Supremo reabre el caso de un hombre en coma desde 1989

Tras dos décadas de juicios por negligencia, el Supremo revisa el 'caso Meño'

PABLO DE LLANO - Madrid -
El País,.15/10/2010
Antonio Meño lleva 21 años en coma. Mientras tanto, su historia judicial avanza, se detiene, se cierra, vuelve a respirar: en 1989 salió de una operación de cirugía estética con el cuerpo y el cerebro paralizados; sus padres pusieron una denuncia por negligencia, un juzgado sentenció a la clínica en 1993 a pagarles una indemnización (más de un millón de euros) y empezaron las apelaciones.
Primero otro juzgado que les quitó la razón, luego la Audiencia Provincial se la volvió a quitar, y por último el Tribunal Supremo, que los condenó a pagar 400.000 euros por los costes del juicio. 400.000 euros y un hijo paralizado.
Sus padres, dos panaderos de Móstoles jubilados, se echaron a la calle con él en junio de 2009 y montaron una caseta de lonas y madera en la plaza de Jacinto Benavente. Para pedir justicia; clemencia al menos. Un anochecer de febrero de 2010 se encuentran un testigo. Y otra vez, el caso de Antonio Meño, vuelve a respirar. El Tribunal Supremo ha reabierto el caso del hombre en coma 21 años después de la cirugía fatídica, 16 meses después de que los padres, Juana Ortega y Antonio Meño, dos sexagenarios de Móstoles retirados de su panadería, se asentasen en la plaza de Jacinto Benavente, a una calle de la Puerta del Sol, a seis pasos de una sede del Ministerio de Justicia.
El responsable del vuelco judicial es un médico de familia. Un hombre que pasó por la plaza una noche del mes de febrero pasado, preguntó a Juana Ortega qué le ocurría a su hijo, si podía llevarse un pasquín de su taco de denuncias del caso y luego siguió su camino, según relataba ayer la madre. "No lo he vuelto a ver desde aquel momento".
I. F. G., el supuesto caminante circunstancial, entregó unos días después al abogado de la familia, Luis Bertelli, una declaración en la que daba una versión desconocida de lo que ocurrió en la clínica privada Nuestra Señora de América, donde Meño, que ahora tiene 41 años, se quedó en coma siendo un estudiante de Derecho con el antojo de tener una nariz bonita.
Este médico asegura que estaba de aprendiz en la operación y vio cómo las pulsaciones de Meño se alteraban en una pantalla. Dice que el anestesista se había ido del quirófano: "Apareció al cabo de unos minutos, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y comprobó que el tubo a través del que respiraba se había desconectado. Exclamó: 'Dios mío, se ha desconectado", se lee en su documento, en el que nombra a los cirujanos que estaban en la sala de operaciones, al anestesista y llega a precisar el color de ojos y de pelo de la enfermera.
En los juicios que han exculpado a la clínica se ha aceptado hasta ahora que el cerebro de Meño se asfixió porque el paciente vomitó sin motivo pasada la cirugía, cuando el anestesista lo había desentubado y había recuperado la respiración. La versión de I. F. G., del que no se supo nada en todos estos años de pleitos (en su escrito explica que creyó que al final se había indemnizado a la familia), no menciona ningún vómito. Apunta a un fallo durante la anestesia.
Basándose en el nuevo testimonio, el abogado de la familia pidió una revisión de la sentencia de 2008 del Supremo. El fiscal Félix Herrero Abad envió el mes de mayo pasado un escrito a este tribunal valorando que la prueba era un indicio de "maquinación fraudulenta", es decir, que se ocultaron pruebas en el juicio. La Fiscalía sostenía que la prueba supuestamente escamoteada "podía haber dado lugar a una sentencia totalmente distinta".
Por entonces, la abogada del anestesista, que ahora trabaja en un hospital público, se limitó a cuestionar la credibilidad del nuevo testigo, diciendo que su cliente negaba que estuviera en el quirófano. Y la clínica se opuso a hablar del caso.
El 4 de octubre pasado habló el Tribunal Supremo. Ha admitido el recurso y citado a las partes a una vista que se celebrará en noviembre. Ahí decidirá si estima la demanda de revisión, con lo que anularía su sentencia anterior y juzgaría de nuevo el caso, o si confirma su pronunciamiento de 2008: absolución de los acusados y condena de pago de costas a la familia.
El primer paso -que el Supremo acceda a estimar un recurso contra una sentencia en firme suya- es un fenómeno judicial infrecuente. Tanto como que un matrimonio de jubilados esté 485 días acampado en la calle con un hijo en coma vigil. Igual que un paseante casual se convierta en un testigo crucial. No más que un chico se quede muerto en vida por un arreglo en la nariz.
Juana Ortega, alma de la caseta de madera y lonas de la plaza de Jacinto Benavente, tampoco asimila el último recodo del caso Meño: "Estoy contenta. Pero también estoy incrédula".
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Último recurso de una madre coraje

Una mujer acampa en la calle junto a su hijo en coma tras 20 años de juicios perdidos contra los médicos

F. JAVIER BARROSO - Madrid - 24/06/2009
A Juana Ortega se le enrojecen los ojos cuando cuenta su problema. Habla con dolor. Es el fruto de la desesperación y de 20 años de olvido, de lucha. Junto a ella está su hijo Antonio Meño, de 40 años. No se mueve. Sufre un coma vegetativo desde hace dos décadas, tras someterse a una operación de nariz. Ambos se han instalado desde hace una semana en la plaza de Jacinto Benavente (Centro), hasta que alguien del Ministerio de Justicia les reciba y les dé una solución para los 400.000 euros que les exigen los jueces. Asegura que si es necesario pasará ahí todo el verano "y lo que haga falta".
Su historia comienza el 3 julio de 1989, cuando su hijo se sometió a una rinoplastia. La operación transcurrió bien, pero los problemas surgieron en el postoperatorio. El anestesista desentubó al paciente y éste vomitó. "Debido a la falta de reflejos de la glotis, al no haber recuperado la respiración espontánea, se produjo una aspiración del propio vómito y broncoespasmo", recogió el fallo del juzgado de lo Penal que condenó al anestesista por una falta de negligencia, con una indemnización de 175 millones de pesetas (algo más de un millón de euros). Sin embargo, posteriores recursos dejaron sin efecto este fallo. En especial, la Audiencia Provincial de Madrid, que no apreció mala praxis en la actuación del facultativo, pese a que él mismo lo reconoció en el primer juicio. "El mundo se me cayó encima. Vi que la justicia no funciona en este país", afirma Ortega.
El varapalo por la vía penal dejaba abierta la vía civil. Pero los resultados no fueron mejores. Mientras, Juana Ortega tuvo que arreglar su casa y pagar los tratamientos médicos a su hijo, lo que le costó 25 millones de pesetas (150.000 euros). Tuvo que cerrar la frutería.
Los jueces no dieron la razón a la mujer, pese a las pruebas que había aportado, entre las que estaba el hecho de que ni siquiera hubo consentimiento informado de la operación por parte del paciente.
Recurso tras recurso, las costas judiciales han ido subiendo hasta los 400.000 euros. La familia Meño Ortega acudió al Tribunal de Derechos Humanos, pero éste desestimó el caso. Ahora, para hacer frente a los pagos, ha recibido la carta de embargo. Y corren peligro su casa y su actual negocio, una panadería. "Como me echen a la calle y me encuentre sin nada, creo que haré algo muy grave. Estoy dispuesta a pasar aquí todo el tiempo que haga falta hasta que alguien nos reciba", afirma.
Su hijo está junto a ella, tumbado en una cama plegable inmóvil. Ella duerme, desde el día 17, junto a él en otra tumbona. Cada tres o cuatro días vuelve a su casa para bañar a su hijo.
Antonio vio truncada su carrera de Derecho. "Era muy trabajador. Estaba en activo todo el día. Cuando no ayudaba a su padre en la frutería, estudiaba. De hecho, se grababa las lecciones y se ponía los cascos cuando iba a correr. Y ahora verlo ahí, en una camilla inmóvil...", relata la madre con lágrimas en los ojos.
El Ministerio de Justicia declaró ayer que no puede opinar del caso porque no lo conoce.

Desorganización policiaca

Columna PLAZA PÚBLICA/Miguel Ángel Granados Chapa
Desorganización policiaca
Reforma, 3 Nov. 10;
La principal es, sin duda, la corrupción. Pero otra de las razones que impiden la eficacia de la actuación policiaca es la desorganización de las corporaciones respectivas, la falta de un criterio rector para su funcionamiento. Acaba de probarlo, una vez más, la resurrección de la Agencia Federal de Investigación, decidida al margen de la ley por el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.
El festejo del noveno aniversario de la AFI sirvió para relanzarla sin apoyo legal, pues se trata de una corporación inexistente. Ha sido extraño, e irregular, que se conserven uniformes con su sigla y, más todavía, que se convoque a formar parte de ella a quienes en realidad serán miembros de la Policía Federal Ministerial, única corporación reconocida por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Parecería, y si de eso se trata se comete un error, que se buscara utilizar esa denominación como si en el ámbito comercial se trata de mantener una marca de prestigio. Porque prestigio, prestigio, lo que se llama prestigio no es algo que forme parte del patrimonio de ese cuerpo, extinto legalmente y festejado como si existiera.
La AFI no tuvo nunca estatuto legal en el sentido estricto de la expresión, pues fue creada no por una ley del Congreso sino por un decreto presidencial, el suscrito por Vicente Fox y publicado en el Diario Oficial del 1o. de noviembre de 2001. El procurador Rafael Macedo de la Concha trabajó en los 11 meses anteriores en la supresión de la Policía Judicial Federal, de negra fama, y en la integración de la AFI, labor que encargó a Genaro García Luna. Sólo el 25 de junio de 2003 dicha agencia alcanzó presencia en la formación interna de la PGR, a través del reglamento de la ley orgánica.
Al ser ascendido García Luna a secretario de Seguridad Pública (no obstante objeciones provenientes de militares de muy alto rango, y a pesar de la mala reputación que la AFI había alcanzado en un lustro), su manía del mando único se expresó en la fusión, carente de apoyo jurídico, de esa agencia y la Policía Federal Preventiva. La decisión fue causa o efecto, no lo sabemos, del distanciamiento entre Eduardo Medina Mora, procurador de la República, y García Luna. En la política palaciega, en las querellas del organigrama, esa fusión se resolvió en perjuicio de la PGR y, lo más importante, del funcionamiento del Ministerio Público federal, al que se privó de la policía establecida constitucionalmente para la realización de sus tareas. El mando único, a cargo de Ardelio Vargas, se concentró en la SSP, a la que la PGR tenía que someterse en materia de investigaciones.
Al finalizar marzo de 2007 la pretensión del mando único se frustró y se mantuvieron separados los cuerpos que se intentó fundir, pero ambos permanecieron dentro de la SSP. Eso permitió a García Luna desmantelar a su criatura, a la que desproveyó de todo género de recursos en beneficio de la Policía Federal, que perdió su apellido de Preventiva para ampliar sus funciones, aunque tampoco esa operación contara con sustento legal. En esa maniobra se llegó a extremos grotescos y peligrosos: en septiembre de 2008 el cuartel general de la AFI, venida a menos, caída de la gracia de su creador, fue asaltado por la Policía Federal, que la tomó y arrojó de sus instalaciones a los cada vez menos miembros de la AFI. Ello dio lugar a movilizaciones y denuncias en que postergados agentes de la AFI dieron cuenta al Ejecutivo y al Congreso de malos manejos de García Luna y su círculo más cercano.
(Entre los integrantes de esa cúpula, por cierto, los denunciantes incluyeron a Francisco Javier Gómez Meza, que entonces era en la Policía Federal coordinador de mandamientos judiciales y ministeriales, y había sido alto funcionario en la AFI, que en abril de 2006, junto con la DEA, lo premió por "su trabajo en el combate a las drogas" y en noviembre de 2010 está preso en el penal del Altiplano por lo contrario, pues en tal sentido obró en los meses en que dirigió la cárcel de Occidente, cargo que depende de la SSP de García Luna).
El 30 de marzo de 2009 el procurador Medina Mora rescató su mando sobre la AFI y nombró como responsable provisional, no como directora, a Nicandra Castro, que se mantuvo en el cargo a la hora en que Chávez Chávez sustituyó al hoy embajador en Londres. Como otra prueba del errático curso de las decisiones en este campo, el propio Chávez Chávez formalizó el nombramiento de Castro el 11 noviembre pasado, sólo para despedirla un mes después, cuando la reemplazó Wilfrido Robledo. Ya en uno y otro momento la AFI había desaparecido, pues la omitió la reforma a la ley orgánica de la Procuraduría, que creó la Policía Federal Ministerial el 29 de mayo de 2009 como auxiliar en las investigaciones a cargo del Ministerio Público federal; de allí su nombre.
Pero sólo dos días después, el 1o. de junio, se publicó la Ley de la Policía Federal, que concede esa función no a la ministerial sino a la corporación de García Luna, pues entre sus objetivos se incluye "investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación" y entre sus atribuciones la de realizar, bajo esa conducción y mando, "las actuaciones que le instruya éste (el Ministerio Público) o las autoridades jurisdiccionales".
La AFI no existe formalmente. Las funciones de la Policía Federal Ministerial están atribuidas a la Policía Federal. La rivalidad entre la PGR y la SSP parece actualizarse. Así no se puede.
Cajón de Sastre
El Consejo General del IFE tomó decisiones ante la falta de tres consejeros, los que concluyeron sus funciones el sábado pasado. Para el órgano electoral no es inocua la tardanza de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues sus comisiones deben atender asuntos en que los términos no se interrumpen, como los relativos a la propaganda por radio y televisión en procesos electorales de carácter local que han comenzado ya, los de Guerrero y Baja California sur, por ejemplo. Tal actitud del IFE puede servir de acicate para que el órgano parlamentario cumpla su palabra de designar hoy a los nuevos consejeros. Pero puede también instalarlos en la inercia de dejar correr el tiempo en busca de consensos, a sabiendas de que su parsimonia no genera problemas de integración de las comisiones.