4 jun. 2009

Harold Bloom

Shakespeare, la invención de lo humano, de Harold Bloom /Marcel Sisniega
Letras Libres , MAYO DE 2002
¿REINVENCIÓN DE SHAKESPEARE?
Harold Bloom, Shakespeare, la invención de lo humano, Anagrama, Barcelona, 2002, 862 pp.
Vasto y polémico, el libro de Harold Bloom Shakespeare, la invención de lo humano aparece finalmente en español. Precedido por la fama de El canon occidental, el célebre profesor de Yale decidió embarcarse en otra empresa titánica: revisar las 38 obras teatrales de William Shakespeare, para sustentar la hiperbólica afirmación de que el dramaturgo inventó nada menos que la personalidad humana.
De acuerdo con Bloom, el Cisne de Avon no solamente es el más grande escritor de todos los tiempos, sino también el ser más inteligente que haya hollado la tierra y el autor de una "Biblia secular" cuya influencia sobrepasa las obras de Homero y Platón para medirse con los textos sagrados de Oriente y Occidente. A esta admiración desmedida le llama, sin empacho, "bardolatría".
Semejante desparpajo no abunda en nuestras universidades, donde el llamado rigor académico suele atrofiar cualquier brote de ingenio o provocación. No por ello hay que irse con la finta.
Es bien sabido que el mejor modo de dejar huella en la crítica literaria consiste en postular alguna hipótesis audaz y reiterarla por todos los medios disponibles. En El canon occidental, Bloom alcanzó este objetivo al hacerse vocero de una idea que muchos reclamaban: devolver la literatura a sus lectores y reconsiderar a los clásicos antes que sucumbir ante el estructuralismo, las ideologías y los estudios multiculturales y de género.
El problema central de aquel libro era que el autor pretendía erigirse en juez supremo del Olimpo literario y convencernos, por ejemplo, de sus motivos para preferir a Chaucer sobre Molière o Joyce. La clave de su método consistía en redefinir parámetros como la universalidad y la originalidad. El hecho de que las tramas de Shakespeare procedan de otras fuentes carece de importancia, ya que para Bloom la originalidad se caracteriza por cierta "extrañeza" y, ante todo, por el movimiento interno en la conciencia de los personajes y la capacidad de éstos para cambiar de acuerdo con sus reflexiones.
En Shakespeare, la invención de lo humano, el autor retoma este criterio para estudiar a los personajes del dramaturgo isabelino y decidir quiénes han sido los más sobresalientes. Como cabría esperar, lo interesante no es el concurso, sino la indagación profunda en los caracteres observados.
Bloom señala que Shakespeare escribe sus primeras obras bajo la sombra grandilocuente de Christopher Marlowe. Por esta deuda de estilo, incluso a Ricardo III le falta cierta autonomía. No es hasta El rey Juan cuando Shakespeare plasma en el Bastardo Faulconbridge a un personaje con voz propia y personalidad ilimitada. Le siguen Julieta, Ricardo II, Berowne, Rosalinda, Falstaff, Hamlet, Lear, Yago, Cleopatra, Edmundo y Édgar. En todos ellos Bloom discierne movimientos internos, autoobservación, poder cognoscitivo e inflexiones sutiles y punzantes. Son más grandes que las obras que los contienen; sobrepasan la suma de sus acciones y parlamentos: "El Bastardo debería ser rey... Ricardo II, un poeta metafísico." Esta es la veta más rica del libro y la que lo vuelve imprescindible: Bloom explora los límites de la conciencia hamletiana, la teatralidad absoluta de Cleopatra, la frialdad de Edmundo, la sexualidad de Macbeth y su señora. Relaciona con agudeza a personajes de obras distintas, como Horacio y el Bufón, que vienen a ser el vínculo entre protagonistas inabarcables, como Hamlet o Lear, y el entendimiento del público.
El profesor emérito hilvana argumentos con soltura y brillantez, aunque tiene sus excentricidades, como la de intentar convencernos de que Rosalinda, la protagonista de Como gustéis, figura entre los tres grandes personajes de Shakespeare. Los otros son Falstaff, por su vitalidad absoluta, y Hamlet, por lo que llama "su trascendencia secular".
En buena medida, Harold Bloom desarrolla las interpretaciones clásicas de Samuel Johnson, William Hazlitt y A.C. Bradley. Sin embargo, insiste en que las obras mayores de Shakespeare están marcadas por el nihilismo, motivo por el cual disiente de los críticos que enfatizan un trasfondo religioso, como podrían ser G. Wilson Knight, T.S. Eliot y W. Auden.
Un problema con los textos de Bloom es su fascinación por las hipérboles. No le basta con presentarnos apuntes deslumbrantes sobre Falstaff. Quiere convencernos de que este personaje es el monarca absoluto del lenguaje, sin parangón en la literatura universal, incluido Sancho Panza. A esto hay que añadir su conjetura de que la personalidad de William Shakespeare se parecía a la de Falstaff, de lo cual infiere que la relación entre el rollizo caballero y el Príncipe Hal se equipara a la de Shakespeare con el Duque de Southampton, el posible destinatario de sus sonetos.
Otra hipótesis, tan imposible de refutar como de comprobar, es que Edmundo, el hijo bastardo del Duque de Gloucester, posee las características del malhadado Christopher Marlowe. Nadie sabe con certeza quien escribió el llamado "Ur-Hamlet", cuyo texto se ha perdido. Por una referencia en la prosa confusa de Nashe, se ha supuesto que el autor fuese Thomas Kyd. Sin embargo, Bloom sigue al crítico Peter Alexander y sostiene que el mismo Shakespeare escribió el "Ur-Hamlet" al principio de su carrera. Llevado por su entusiasmo, inventa las particularidades de ese primer Hamlet y sus diferencias con las versiones posteriores. Si en alguna parte de su libro Harold Bloom señala con ironía que pertenece a una "secta gnóstica de un solo integrante", la inclusión del "Ur-Hamlet" entre las obras completas de Shakespeare seguramente gozará de igual número de adeptos. Estas digresiones un tanto caprichosas forman parte del estilo literario del autor, quien se presenta como un hombre de sesenta y siete años de edad, dando a entender que tiene derecho de escribir lo que le plazca. Tal vez por ello ataca sin cesar a los "parisinos" de la Escuela del Resentimiento, se burla de los montajes de Peter Brook y alcanza la cima de la petulancia cuando afirma, con un guiño a John Lennon, que Hamlet es un personaje literario más grande que Yahvé o Jesucristo.
La mayoría de los estudios sobreShakespeare se centra en un puñado de obras. Bloom es posiblemente el primer crítico en abarcar la producción dramática completa, lo cual tiene sus ventajas, como la de destinar un ensayo a Los dos parientes nobles, esa última colaboración de Shakespeare con Fletcher, de la que rara vez se habla.
Sin embargo, resulta casi imposible especializarse en todas las obras, y cuando Bloom no advierte en ellas a un personaje digno de figurar en su galería, les dedica menos atención. Al enfrentarse a dilemas irresolubles, puede apresurar sus conclusiones. De Medida por medida y Noche de Epifanía llega a decir que nadie las entiende porque los personajes están locos. En ocasiones se empeña en llevar la contraria. No se arredra por mencionar las alusiones sexuales de Troilo y Crésida, pero como la crítica reciente acentúa las de Sueño de una noche de verano, él afirma que éstas se han exagerado.
En cuanto a la tesis central del libro, la de Shakespeare como inventor de "lo humano", resulta francamente endeble. Por más que el autor se empeñe en redefinir el término, no puede escapar de las presencias de Sócrates y Jesucristo.
Ya en El canon occidental, Bloom había relegado la cultura helénica a una Edad Teocrática, desde la cual ejercía poca influencia sobre los autores renacentistas. De nueva cuenta se niega a tender un puente entre los escritores grecorromanos y los isabelinos, siendo que a mediados del siglo XVI la educación en las escuelas públicas, como la de Stratford, se centraba en los clásicos.
Es probable que Shakespeare no leyese a los dramaturgos griegos, pero sin duda tenía presentes a Séneca, Plauto, Ovidio y los historiadores romanos. De hecho, la capacidad para autoobservarse y transformarse de acuerdo con sus reflexiones, que Bloom considera la más alta característica de los personajes de Shakespeare, ya está presente en las Vidas paralelas de Plutarco. A pesar de sus inconsistencias, Shakespeare, la invención de lo humano es uno de los libros más provocadores, en el buen sentido de la palabra, que se hayan publicado sobre el dramaturgo isabelino. -

El ERPI no le interesa el diálogo con el gobierno

Al ERPI no le interesa dialogar con el gobierno; la acción militar está cerca, dice el comandante Ramiro
Publicado originalmente en El Sur
(Acapulco), 2 de junio de 2009
Zacarías Cervantes EL SUR [Chilpancingo] En lo que fue una segunda entrevista con medios de información nacional, Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) dijo que no le interesa dialogar con el gobierno. Asimismo, que la vía electoral no es la alternativa para el cambio en el estado y en el país, y, por el contrario, llamó al pueblo a luchar mediante la vía armada.
El jefe guerrillero de una de las columnas más numerosas del ERPI que opera en la sierra de Guerrero, advirtió que su grupo pronto va a actuar, “eso que ni duda les quepa, porque las condiciones que el mismo gobierno está generando para eso, pues ahora sí que aunque uno no lo quiera hacer, pues no… más bien nos orillan a hacerlo”, dijo.
Guerrero Solís señaló que es el propio gobierno el que está generando las condiciones para que la guerrilla actúe militarmente, porque señaló que: “de otra manera no entiende”.
El guerrillero agregó que la situación en la sierra de Guerrero en donde se encuentra está “muy difícil” y que eso hace que la gente se haya decidido a responder, “hay comentarios de la gente en las comunidades en donde nos dicen que los paramilitares llegan con el Ejército disparando a las casas. Y bueno, ahora ¿Cómo los vamos a esperar a ellos? ¿Como siempre? ¿Esperando que nos lleven, nos torturen y nos maten o con una arma?”, se preguntó el comandante Ramiro. Y luego agregó que la misma gente de la sierra en donde se encuentra ya se ha respondido que los van a recibir a balazos, “y al rato que no digan que nosotros empezamos, porque luego el gobierno nos dice delincuentes o bandidos, y se nos viene con todo. Pero de qué otra manera nos vamos a defender si ellos vienen armados”, dijo.
– ¿Que opina de la vía electoral para buscar el cambio? –preguntó al jefe guerrillero una enviada de una televisora nacional.
– La vía electoral no es que la veamos mal, es buena, pero el problema que pasa es que si el gobernante que llegue a la Presidencia de la República nos sale como Zeferino (Torreblanca Galindo, el gobernador de Guerrero), sería un problema porque luego el pueblo sale defraudado.
Y luego agregó que otra situación sería como Venezuela o Bolivia, en donde sus gobernantes han estado cerca de su gente, “si fuera así, mi opinión personal es que estaría bien, no me opongo a las elecciones, pero lamentablemente en estos momentos no veo a nadie en México que tenga las cualidades de honradez que se requiere y se necesita”.
– ¿Cuáles serían las condiciones para dejar la vía armada? –insistió la periodista.
– Que el pueblo tenga el poder. Mientras, no veo ninguna otra opción más que la vía armada –subrayó.
– Comandante, el gobernador Zeferino Torreblanca dice no al diálogo como lo propone el Congreso del Estado y dice que no va a dialogar con un delincuente como usted, porque tiene órdenes de aprehensión ¿Qué opina? –le consultó un reportero de un medio estatal.
– No hemos planteado ningún tipo de diálogo, para eso tendríamos que consultarlo con algunos de los compañeros, porque el ERPI actúa a nivel nacional no local, y eso no lo hemos considerado.
Y luego, ante el rechazo del gobernador a dialogar con el grupo armado, Omar Guerrero dijo que “tampoco nos interesa dialogar con Zeferino, ¿Para qué?, él nos dice delincuentes a nosotros y en Guerrero todo mundo sabe que el delincuente es él. Él permite que esas bandas de delincuentes, que son sus cómplices, hagan lo que se les da la gana en la entidad”, denunció.
Y luego añadió: “Simplemente hay que preguntarle cuando algún sector le pide audiencia o le demanda plazas de maestro como es el caso de los maestros de Ayotzinapa, les responde con garrotes, toletes, con represión pues. Por eso nosotros no pedimos diálogo con él”.
– ¿Ante esta ola de represión en el país y en Guerrero, el ERPI no ha pensado actuar?
– Ya vamos a actuar, eso que ni duda les quepa, porque las condiciones que el mismo gobierno está generando para eso, pues ahora sí que aunque uno no lo quiera hacer, pues más bien nos orillan a hacerlo. El gobierno está generando las condiciones para actuar militarmente, de otra manera no entiende.
– ¿Hay algún plazo fijado para actuar, digamos después de varios años de no accionar militarmente? –consultó la periodista.
– Está cerca el momento. Está cerca. Sí, está cerca. Y todo dependerá de la preparación militar de nuestras columnas, porque es bien sabido que para todo accionar militar se necesita una buena preparación anterior, y estamos en esa etapa en estos momentos.
– ¿Las columnas militares bajo su mando aquí en la Sierra de Guerrero están preparadas
militarmente?

– Sí, ya están preparadas. Ya tenemos la suficiente preparación militar para este momento, aunque usted debe saber que nunca está preparado uno para todo, siempre harán falta
muchas cosas, pero al menos lo que está al alcance de nuestras posibilidades lo vamos a hacer.
– ¿Entonces el diálogo que espere?
– En esta etapa de la lucha no nos interesa, y menos con Zeferino o Calderón.
Hemos visto como Zeferino ha tratado a los estudiantes que piden plazas, él quería que se las pidieran de rodillas, y yo creo que no se lo vamos a pedir, nadie se lo va a pedir de rodillas, porque a él lo puso el pueblo. Él llegó porque la gente votó por él y defraudó a la gente que votó por él.
– Hay el sentir de algún sector de la sociedad de no acudir a las urnas en julio próximo, ¿usted que opina?
– Efectivamente, esas decisiones las toma la gente porque ve el mal actuar de los gobernantes que ha elegido, y Zeferino es un claro ejemplo aquí en Guerrero del despotismo y del apoyo a la gente que más tiene, a los ricos. A los pobres solamente les reparte represión, y con sus sicarios les reparte la muerte.
El comandante Ramiro se volvió a referir en esta ocasión a los grupos de paramilitares que operan en la sierra y señaló que “son gente financiada por el Estado, son grupos pistoleros, que han traicionado a su clase, porque es gente pobre, pero se han ido a servir a los gobiernos del PRI”.
– ¿Pero tienen otros vínculos no? –cuestionó un periodista.
– Sí, están aliados con Rogaciano Alba, que es el principal cabecilla que tienen en la Costa Grande y protegidos con gente que está en el poder como Érit Montúfar, que aunque lo niegue ha estado protegiendo a ese tipo de personas.
Y luego denunció: “hay un individuo que se llama Daniel Mercado Serrano, El Chivo; es uno de los pistoleros más cercanos de Érit, anda con él y ojalá algún día lo fotografiaran, para que no lo ande negando. Y hay mucho más”.
Tomado de CEDEMA

Carlos Pascual

Comunicado de Prensa
Embajada de los Estados Unidos
Presidente Obama anuncia su intención de nombrar a Carlos Pascual como Embajador de E.U. en México
México, D.F., 4 de junio de 2009 – El día de hoy, el Presidente Obama anunció su intención de nombrar al Sr. Carlos Pascual, Vicepresidente y Director del Programa de Estudios sobre Política Exterior del Instituto Brookings, al cargo de Embajador de Estados Unidos en México. Dicho nombramiento requiere ser aprobado por el Senado de EE UU
Al anunciar la intención de nombrar al Sr. Pascual y otros funcionarios, el Presidente Obama afirmó: “Agradezco que estas personas ayuden a representar a nuestra nación en el extranjero durante este importante periodo para nuestro país y el mundo. Aportan vasta experiencia, y estoy deseoso de trabajar con ellos en los meses y años venideros”.
El Sr. Pascual ingresó a Brookings en el año 2006 tras prestar 23 años de servicio en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
Previo a su ingreso a Brookings, el Sr. Pascual fungió como coordinador para la Reconstrucción y Estabilización del Departamento de Estado, donde dirigió y organizó la planeación del gobierno de los Estados Unidos para coadyuvar a la estabilización y reconstrucción de sociedades en transición de conflicto o lucha social. Anteriormente fue coordinador de Asistencia de los Estados Unidos para Europa y Eurasia (2003), donde supervisó estrategias de asistencia regional y nacional para promover estados democráticos y de libre mercado. De octubre del 2000 a agosto del 2003 el Sr. Pascual brindó sus servicios como Secretario Particular del Presidente y Director Asesor para Rusia, Ucrania y Eurasia del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. De 1995 a 1998 fue Director para dicha región. De 1983 a 1985 el Sr. Pascual colaboró con la Agencia para el Desarrollo Internacional en Sudán, Sudáfrica y Mozambique, amen de ser Viceadministrador Adjunto para Europa y Eurasia.
El Sr. Pascual recibió su maestría por
parte de la Facultad Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard en 1982 y la licenciatura por parte de la Universidad de Stanford en 1980. Forma parte del Consejo Directivo de la Fundación Nacional para Democracia, la ONG de promoción de la democracia y la libertad Freedom House y la organización de apoyo a los medios Internews Network. Asimismo, participa en el Grupo de Asesores del Fondo para la Construcción de la Paz de las Naciones Unidas.

Debate por el caso de Juan Alberto Blanco

Debate en La Comisión, Permanente, miércoles 3 de junio de 2009
Por el caso de Juan Alberto Blanco Zaldívar
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA:
En otro apartado del orden del día tiene la palabra el señor diputado Don Carlos Reyes López, a nombre de los diputados y senadores del PAN en la Comisión Permanente, y de los legisladores del Estado de Chihuahua, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Estado de Chihuahua a conducirse con estricto apego a derecho respecto a la situación jurídica del Ciudadano Juan Alberto Blanco Zaldívar.
-EL C. DIPUTADO CARLOS ARMANDO REYES LOPEZ: Con su venia, señor presidente.
Señoras y señores
legisladores:
El Gobernador de Chihuahua ha hecho gala del autoritario uso del poder con objeto de ensuciar la imagen y el desempeño del candidato a diputado federal por el PAN para el Sexto Distrito, Contador Público Juan Blanco Zaldívar, hasta pretender inhabilitarlo en sus derechos políticos. Los antecedentes son los siguientes:
En enero de 2008 el ex Alcalde Juan Blanco Zaldívar es denunciado penalmente por la supuesta comisión de delitos relacionados con la función pública. En marzo de 2009 el Juez Cuarto de lo penal libró orden de aprehensión en contra del ex Alcalde por el delito de cohecho, siguiendo con este proceso el pasado 28 de mayo la resolución de la Juez Federal resolvió en forma definitiva y de fondo la situación jurídica de Juan Blanco.
En lo fundamental, la sentencia se base en dos hechos plenamente probados e incontrovertibles, no existen elementos para probar la existencia de un delito y no se acredita la participación de Juan Blanco en tales hechos. Frente a estos acontecimientos la respuesta del Gobernador de Chihuahua fue inmediata, el Ministerio Público, dependiente de la Procuraduría, integró en menos de 24 horas una nueva investigación sobre la base de supuestas pruebas posteriores.
El Juez giró una nueva orden de aprehensión y con inédita prontitud la policía ministerial con lujo de violencia y sin presentar la respectiva orden detuvo a Juan Blanco y actualmente se encuentra en la cárcel.
Señoras y señores legisladores:
El Estado de Chihuahua ha sido bastión en la construcción de la democracia en nuestro país y no podemos permitir revivir viejas prácticas políticas y mucho menos de retomar la perversidad con la que se eliminaban a los adversarios. El caciquismo y la tiranía han querido ensombrecer la democracia en el Estado de Chihuahua.
La manipulación y la compra de conciencias ha desencadenado en pleitesías de funcionarios públicos que se prestan para callar las voces disidentes al más puro estilo del sistema que se suponía ya habían superado los llamados miembros del nuevo PRI.
Que quede claro, no existía orden de aprehensión en el momento en que Juan Blanco fue golpeado y amedrentado por la policía ministerial. Subrayo y enfatizo nuevamente, fue perversamente privado de su libertad por el simple hecho de representar un peligro para el PRI.
De ese tamaño es Juan Blanco, un hombre que a todas luces ensombrece abismalmente lo que ha sido el PRI, lo que es y sigue siendo el PRI.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Permítame un segundo, señor legislador. ¿Me permite un segundo? A ver, señor diputado Duarte.
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: (Desde su escaño) Por su conducto si me permite hacerle una pregunta al orador.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: ¿La acepta?
-EL C. DIPUTADO CARLOS ARMANDO REYES LOPEZ: No.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: No la acepta.
-EL C. DIPUTADO CARLOS ARMANDO REYES LOPEZ: Para Acción Nacional el señor gobernador ha traicionado a la democracia y a la legalidad. Chihuahua erróneamente ha puesto en sus manos seis años de su historia. La manipulación que ha hecho de todo el aparato legal quedará bajo el escrutinio nacional, quien tendrá los ojos puestos en Chihuahua.
Por lo anterior, se presenta el siguiente punto de acuerdo.
Primero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua a que se conduzca con estricto apego a derecho y conduzca con plena y absoluta imparcialidad el procedimiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra del Candidato del PAN a la diputación federal por el VI Distrito Electoral de la entidad; el Contador Público Juan Blanco Zaldívar, detenido por autoridades ministeriales con lujo de violencia y sin haber presentado orden de aprehensión alguna.
Segundo, se exhorta al titular de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Chihuahua, a que se instruyan sus agentes que en el cumplimiento de sus funciones se respeten los derechos humanos, así como la dignidad y la integridad de las personas.
Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Gracias, señor Diputado.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea, si el asunto se considera de urgente y obvia resolución.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA CARDENAS SANCHEZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.
-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Perdón, Senadora.
-LA C. SENADORA BEATRIZ ZAVALA PENICHE (Desde su escaño): No se pidió de urgente resolución.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Senadora, en el guión que está a la vista está de urgente y obvia resolución, en la mañana, en la Mesa Directiva no estaba considerado, sin embargo a petición de sus compañeros es que se consideró de urgente y obvia resolución. Es por ello que nos permitimos planteárselo a la Asamblea.
Señor Legislador, como bien me lo dice la Secretaria, cambiaron de opinión, pero entiendan que la Presidencia pues es un órgano de gobierno de buena fe, y como tal es que lo estamos preguntando a la Asamblea, y ya se votó, pero además entiendo que cuando usted plantea el asunto, tendrá usted el interés también de que llegue a buen fin.
Señor Legislador proponente.
-EL C. DIPUTADO CARLOS ARMANDO REYES LOPEZ (Desde su escaño): Sí, repito, señor Presidente, el punto que he puesto a consideración del pleno es para turnarse a comisión. En ningún momento su servidor solicitó que fuera turnado de urgente y obvia resolución o que mínimamente se pudiera poner a discusión.
El Presidente: -Le vamos a conceder el uso de la voz a don César Duarte, para efectos de trámite. Tiene usted el uso de la voz.
Entonces se lo damos para efectos de hablar en contra.
Permítame un segundo, señor, vamos a respetar el derecho de la legisladora a intervenir. Dígame.
-LA C. SENADORA BEATRIZ ZAVALA PENICHE (Desde su escaño): Hay que dejar Constancia que está fuera de procedimiento la votación, fuera de procedimiento normativo, porque el Punto de Acuerdo no fue solicitado por el proponente para ponerse a discusión, es decir, para trámite de urgente resolución, y solamente si el Legislador lo solicita puede ponerse a votación que fuera o no de urgente resolución.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Senadora, tengo a la vista el ocurso del Legislador proponente, y lo basa en los artículos 58, 59 y 60. Esta Presidencia no está haciendo, sino lo que obliga el reglamento.
Tiene usted el uso de la voz.
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Sí, que quede asentado, precisamente que en la iniciativa presentada, precisamente se hace un llamado al artículo 58, 59 y 60 que establece precisamente de urgente y obvia resolución en el trato de este asunto, si no se aceptó una pregunta de mi parte y ahora no se quiere discutir, pues están asumiendo de manera clara la forma tan, ahora sí tan transparente de impedir el debate y el conocimiento de las partes, la Asamblea tiene derecho a conocer sobre los hechos que se han venido a imputar a esta tribuna.
El Estado de Derecho no puede estar a merced de los procesos electorales ni de ningún otro elemento distinto a la Ley. En los últimos meses los ciudadanos de Chihuahua han estado atentos a los acontecimientos que llevaron a la detención y formal prisión del exalcalde de la Ciudad Capital, Juan Banco, acusado de cohecho y peculado.
Algunos sostienen que es un asunto de carácter electoral, que es una persecución política en contra de un militante y candidato a diputado federal del Partido Acción Nacional.
Sin embargo, habría aquí que puntualizar algunos datos que nos pueden llevar a entender mejor el tema que nos ocupa hoy.
Lo curioso del asunto es que sale a la luz con la presentación de la denuncia de Eduardo Mendoza; Eduardo Mendoza era regidor de Acción Nacional en el Ayuntamiento que presidía Juan Blanco cuando se consumaron estos hechos, quién da a conocer que la empresa Sistemas e Ingeniería de Residuos Sólidos, no cumplía con los requisitos legales para mantener la concesión del relleno sanitario y además se había desfasado de los tiempos marcados de la licitación para iniciar las operaciones.
A la denuncia del regidor panista se suma la del Diputado Local Fernando Reyes, también del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, el Alcalde Blanco da a conocer que sí había solicitado al municipio una prórroga en los tiempos de la obra por 120 días.
El documento en el que solicita dicha ampliación fue recibida por la Subdirección Jurídica el 7 de mayo del 2007, es un asunto del 2007, a las 3 de la tarde, y a las 8 de la mañana del día siguiente, el alcalde responde positivamente a esa solicitud. Es entonces cuando en el cabildo se establecen estas dudas y el regidor de acción nacional presenta una denuncia ante el órgano fiscalizador del Estado por la presunta realización de delitos en contra del municipio y su patrimonio.
De la denuncia, el regidor panista se suma a la declaración de uno de los socios de la empresa concesionaria, quién acepta que entregó al entonces alcalde 5 millones de pesos para recibir trato preferencial en esas operaciones.
La propia constitución de la mencionada empresa estaba mal desde el principio, y eso genera los efectos de que la empresa no estaba apta para haber recibido una licitación que el alcalde se empeñó en otorgarle.
En la etapa inicial del procedimiento penal, el Ministerio Público ejercitó acción penal por cohecho en contra del señor Juan Blanco y otros, posteriormente los implicados se presentaron con amparos, mismos que les concedían la suspensión provisional y luego definitiva.
El amparo concedido a Juan Blanco contenía como medida del aseguramiento la obligación de presentarse ante el juez dentro del término de 3 días a rendir su declaración preparatoria, éste nunca la cumplió.
Por su parte, el juzgado de Distrito Fijó como garantía para la libertad provisional una cantidad monetaria, la cual no fue depositada ni garantizada en ninguna de las formas que la Ley permite, se incumplió de nueva cuenta.
Se estableció además la obligación de comparecer ante el juez, lo cual el señor Blanco nunca se presentó y el juez determinó desacato. Hay que agregar que Juan Blanco interpuso ante el juzgado segundo de Distrito en materia penal de Monterrey, Nuevo León un segundo amparo, y en este trámite señaló como domicilio uno situado en la ciudad de Monterrey, y en lo cual también a ha probado que falseó declaraciones al pedir ese amparo.
Posteriormente y por tercera ocasión, el señor Blanco tramitó otro amparo en el Juzgado Primero de Torreón, Coahuila, ahora señalando un nuevo domicilio en Torreón, Coahuila, volviendo, de nueva cuenta a dar declaraciones a la autoridad falsas, negándose, en todo momento, a atender las indicaciones de estos jueces a que compareciera a declarar ante el juez que lo había llamado en esta causa en Chihuahua, cosa que se ha negado a declarar siempre el señor Blanco.
Aunado a lo anterior, es de advertirse que en las firmas de Juan Blanco, en las distintas solicitudes de amparo, presentadas en Nuevo León y en Coahuila, son diferentes entre sí, es decir, presentó distintas identificaciones con distintas firmas.
Lamentamos que podría complicarse aun más el proceso, pues ya se están llevando acabo procesos en contra del señor Blanco por falsedad de declaración ante autoridad judicial, esto tampoco se dijo en esta mesa.
No obstante los hecho señalados aquí, esta Comisión Permanente debe pronunciarse por el respeto irrestricto al estado de derecho, y a sus representantes. Insisto, como única vía de convivencia social armónica nos pronunciamos porque nadie esté exento de la acción de la justicia.
En momentos de crispación, las decisiones que se toman no estarán guiadas por la prudencia, y esta nos la exige en nuestro encargo público.
Exhorto a la calma y al respeto a las instituciones, como hacedores de las leyes debemos ser los primeros e irrestrictos defensores. Los invito, compañeros legisladores, a votar en contra este punto de acuerdo, pues distorsiona totalmente, y limita la información de un caso que tiene más de dos años ventilándose en Chihuahua, y que ha sido acreditada la responsabilidad del exalcalde, hoy candidato de Acción Nacional, hasta ayer, que habían sido suspendidos sus derechos políticos. Es cuanto. (Aplausos).
-EL C. SENADOR PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Tiene usted el uso de la voz, don Ramón Galindo, perdón, la Diputada Andriana Davila.
-LA C. DIPUTADA ADRIANA DAVILA FERNANDEZ: Agradezco, primero que nada a nuestro compañero diputado César Duarte, que nos haya leído el acta ministerial, seguramente en ese privilegio que tiene de la cercanía con el señor gobernador, de su Estado, pues tendrá todos los elementos necesarios para hacerlo.
Sin embargo, yo quisiera pedir aquí, hacer algunas precisiones. En principio la juez resolvió que no hay nada en contra de Juan Blanco, obviamente y que casualidad el PRI, como siempre, con mucha oportunidad, ese PRI que ha cambiado, que es muy moderno, que es muy transparente, encabezado por un gobernador, que también es muy transparente, seguramente, ahora utiliza la fuerza pública y su poder estatal, el poder estatal que ha avasalla, que lastima, sobre todo a un personaje que puede hacerle la vida, creo que muy difícil a nuestro propio compañero que buscará la candidatura al gobierno del Estado de Chihuahua.
Yo creo, además, que así con esa transparencia, con esas condiciones que viene aquí a exigir el señor diputado César Duarte, ojalá como presidente de la Cámara de Diputados nos explicara qué pasó con esos 27 millones de pesos que están en entredicho, de la utilización de recursos de la Cámara de Diputados, para beneficio de los medios de comunicación en su Estado, y obviamente para su imagen personal.
Qué transparencia tan interesante nos muestra el señor diputado César Duarte, el gobierno del Estado de Chihuahua, que padre, no, digo, finalmente aquí el señor podrá decirnos dónde está ese dinero, aunque yo sí puedo decírselo. Ese dinero está en los convenios de los medios de comunicación, en los convenios que lo publicitan permanentemente, sí, nada más que con dinero de la Cámara de Diputados, y de los ciudadanos que tanto defiende en esta tribuna.
A mí me parece, compañeros legisladores, que valdría la pena que nos explicara por qué en este momento, por qué en esta oportunidad en donde por supuesto Juan Blanco tiene la posibilidad de ser no sólo candidato, que ya lo es, sino diputado federal, y seguramente podrá ser gobernador, de tal suerte que quien afecta directamente se encuentra sentado aquí, en este pleno.
Vale la pena, señor presidente, que se nos aclare, reitero, mi petición, con la misma transparencia que exigen en el gobierno del Estado de Chihuahua, pido que el señor presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, nos explique dónde están los 27 millones de pesos, que no aparecen. Muchísimas gracias, señor. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIERYRA: Para alusiones personales tiene el uso de la voz el diputado César Duarte.
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Que manera de desviar el tema, no han querido entrar a la discusión de un panista que se ha demostrado su responsabilidad por cohecho, que lo denunciaron los panistas, hay panistas decentes, lo reconozco, que lástima que manden aquí defensores de oficio, que puede dudarse esa característica.
Sin embargo, quiero aclarar que en la desviación del tema, que la presidencia no maneja recursos, y que precisamente este tercer año de ejercicio sólo se aprobó el 50 por ciento del presupuesto de lo que gastó el señor Zermeño, ya estoy ordenando una auditoría al ser Zermeño, como la ordené a mi misma administración, para que quede transparente el tema.
Segundo. A mí me parece un tema muy importante lo que ha venido a decir la diputada aquí. ¿Por qué en estas fechas? Michoacán también plantea esa pregunta, Nuevo León también plantea esa pregunta, porque la justicia no tiene fechas, por eso se tiene que ser pulcro en los procedimientos, y en Chihuahua por eso está el señor Blanco en la cárcel, porque se tuvo una orden de aprehensión que está en la cárcel, por qué no se discute o se le niega que se fue a cuatro distintos juzgados de distrito a pedir amparos, falseando información.
Por qué no se pregunta por qué el señor Blanco nunca ha querido comparecer y declarar ante el juez, si el que nada debe nada teme. El debiera de haber declarado, y probablemente su circunstancia le hubiera dado mayor posibilidad de defensa, nunca ha declarado.
Quien le entregó los cinco millones de pesos aparece en los periódicos del día de ayer en Chihuahua, diciendo, aquí estoy , soy empresario, tengo nombre, le entregué cinco millones de pesos a Juan Blanco en efectivo, directos para que me diera la licitación, y eso nada tiene que ver con las elecciones, eso el señor reclama que lo robó el Señor Blanco, que le quitaron los cinco millones de pesos, y le reitero, la denuncia inició por compañeros de su partido. Un diputado local y un regidor de Acción Nacional que no ha aceptó la corrupción, que estaba llevando acabo la administración municipal. Gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIERYA: No habiendo más oradores registrados. Senador Ramón Galindo tiene usted el uso de la voz.
-EL C. SENADOR RAMON GALINDO NORIEGA: Gracias, señor presidente, damas y caballeros. La razón por la cual el grupo parlamentario del PAN quería que fuera turnado este asunto a comisiones, es porque no es un asunto que podamos dilucidar con elementos suficientes en este momento, no somos poder judicial, y no tenemos los elementos para en esta sesión poder tener todos los datos para poder votar a favor o en contra.
De ninguna manera es porque rehuyamos el tema, lo que hicimos es pasarlo a comisión y verlo con toda frialdad con los elementos y los antecedentes que hemos venido comentando aquí en tribuna, y otros que no se han comentado.
Damas y caballeros, en Chihuahua se vive un problema de crimen organizado muy intenso, y ustedes saben, aquí lo hemos tocado, y de alguna manera hemos turnado los asuntos a comisiones para ser discutidos.
Hemos comentado que el gobernador de Chihuahua, una y otra vez voltea sus ojos y sus manos hacia el gobierno federal para pedir ayuda, para pedir que se colabore con él, a enfrentar un problema que es serio y que afecta todos los días a todos los ciudadanos del Estado.
Los resultados de la actuación policíaca local, municipales y estatales, no han sido exitosas, al grado que existen más de diez mil elementos federales, en Juárez, tratando de enfrentar un problema que se da en esa localidad.
Resulta por ello, muy extraño, o sea, no es posible dejar de extrañarse, que un lapso de 24 horas, pueda integrarse una averiguación y girarse una orden de aprehensión, detener a Juan Blanco, cuando ya había sido emitida una orden del juez; una resolución definitiva de amparo, que textualmente dice: “no existen elementos suficientes para probar la existencia de un delito, y no se acredita la participación de Juan Blanco, en tales hechos”.
Ante esta situación, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, emite otra orden de aprehensión, por otro delito; y es detenido, en efecto, con lujo de violencia, Juan Blanco, exactamente dos días después, que se da este dictamen definitivo de amparo.
Y esto resulta, al menos extraño, porque en todos los demás casos que le pasa a Chihuahua, el gobernador no ha mostrado capacidad para resolver de esta manera, ni para impulsar que haya fallos de este tipo; ni siquiera para combatir la corrupción y la ineficiencia de las policías locales.
Por eso es que, de repente, esta eficiencia resulta muy extraña.
¿Qué es lo que, damas y caballeros, sucede en Chihuahua? Que Juan Blanco tuvo el pecado de ganar la elección, después de 21 años de gobiernos priístas, en la capital del estado, en el 2004. gana las elecciones, y por primera vez en muchos años, el PAN gobierna en esa ciudad. Después de tres años, en el 2007, se comete el pecado nuevamente de volver a ganar las elecciones por Juan Blanco.
Y esto no es algo que se pueda perdonar tan fácilmente, como lo estamos viendo.
Desde que él sale de presidente municipal, recibe un acoso permanente del gobernador, que lo persigue de una y otra manera, para tratar de demostrar, que es una persona negativa y nefasta; al grado de que después de un amparo concedido por un juez federal, vuelve a integrar averiguación y lo detiene en un período de 24 horas, sin orden de aprehensión.
Juan Blanco estuvo detenido en una camioneta policíaca durante dos horas, haciendo tiempo para que se emitiera una orden y pudiera justificarse esa detención.
Entonces, resulta muy extraño, amigos, que de repente haya surgido esta ineficiencia inaudita de parte del gobierno del estado. Por eso es que quisimos presentar el tema, y quisimos incluso dar el tiempo para con frialdad, con responsabilidad platicarlo con toda responsabilidad en comisiones.
Sin embargo, aquí estamos defendiendo a Juan Blanco, porque queremos que hoy, en este momento, Juan está en la cárcel injustamente.
Y me parece que se está volcando toda la fuerza del aparato del Estado, para tratar de demostrar algo que es indemostrable.
Por eso es que, yo les pido, con todo el respeto, que apoyemos esta… este punto de acuerdo, que creemos que solamente es de justicia.
Buenas tardes. (Aplausos)
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: (Desde su escaño) Señor presidente, para hechos.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Para hechos tiene el uso de la voz, el diputado César Duarte.
Recordamos a la Asamblea, que estamos, originalmente, discutiendo el punto de acuerdo presentado por el señor diputado Carlos Reyes López.
Tiene usted el uso de la voz.
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Saludo la posición, siempre abierta, de mi amigo el senador Galindo, con quien por mucho tiempo he tenido una excelente relación y lo respeto.
De la misma forma, conocí en la universidad a Juan Blanco, y tuvimos una relación amistosa, generosa; sin embargo, la situación que hoy nos ocupa, lamentablemente tiene que ver, con un hecho, en el que por errores se ha probado una responsabilidad, que ha afectado a las finanzas públicas del municipio de Chihuahua.
Y éste es un tema, en el que los chihuahuenses, con el tono que el senador Galindo ha planteado, hemos siempre logrado llevar, y lo digo, por el pronunciamiento que se dio, en descalificar, de alguna manera, las acciones, a quitar la posibilidad al señor Blanco en el futuro.
Yo aquí reconozco que hay una definición del grupo parlamentario de Acción Nacional, en nombre de una legisladora, destapando a Juan Blanco como candidato del PAN al gobierno de Chihuahua, y desconociendo los méritos que el mismo senador Madero, que a propósito salió antes de este debate, justamente, del pleno.
Pero, en esa circunstancia, es otra cosa. Es una cuestión en el que el marco de la ley se ha aplicado, en el que para muchos se tardó la ley en aplicarse, puesto que este asunto ha estado ventilado desde inicio, desde el cabildo de Acción Nacional, promovido por regidores de Acción Nacional, que aquí nadie ha venido a decir cosa distinta…
-LA C. DIPUTADO ADRIANA DAVILA FERNANDEZ: (Desde su escaño) Señor presidente
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Permítame un segundo, señor legislador.
¿Con qué objeto, diputada Adriana?
-LA C. DIPUTADA ADRIANA DAVILA FERNANDEZ: (Desde su escaño) Presidente, si me permite hacerla una pregunta al orador?
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: ¿La acepta?
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Sí.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Sí la acepta.
Proceda.
-LA C. DIPUTADA ADRIANA DAVILA FERNANDEZ: (Desde su escaño) Usted acaba de mencionar, señor diputado, que en el caso de Chihuahua se aplicó la ley; que en el caso de Chihuahua se hizo de manera rápida, se hace justicia, usted así lo dijo.
Yo le quiero preguntar, en el caso de Chihuahua, hay 2,500 asesinatos y ningún detenido. Es el primer lugar en secuestros. son también de los estados con mayor índice de la delincuencia organizada y en el narcotráfico, ¿cómo se aplica la ley en esos casos, en el caso de Chihuahua?
¿A quiénes han detenido ustedes, respecto de otros delitos? ¿En este momento, que otras personas… si me permiten… que otras personas están detenidas en esa transparencia y en esa pronta resoluciones que hacen ustedes de la ley? Gracias.
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Esa pregunta, nos la hacemos todos los mexicanos, desde hace ocho años. Que violencia vivimos, estamos hasta el gorro de la violencia, de los asesinatos dolosos, de la delincuencia organizada, de la impunidad. De eso es, lo que precisamente todos los mexicanos renegamos.
Y yo no dije, de ninguna manera, que rápida la ley. Yo dije que mucha gente, habiéndose acreditado los delitos, en contra del exalcalde, se tardó dos años en meterlo a la cárcel.
Porque, a raíz de chicanadas, a raíz de procedimientos, a raíz del amparo, de muy buenos apoyos federales, y además yo ahorita no di lectura a ningún documento de la justicia local, hable de los juzgados federales, a los que Juan Blanco fue y les mintió e iniciaron en cada de uno de ellos ya, un proceso en contra de él, sumado al que hoy lo tiene, desgraciadamente, en la cárcel.
Así es que, sólo quería precisar estos puntos.
Y agradecería votar en contra de este punto, que distorsiona la realidad de lo que ha sucedido en estos casos. Muchas gracias, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Permítame, un segundo señor legislador…
-LA C. DIPUTADA ADRIANA DAVILA FERNANDEZ: (Desde su escaño) Señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Sí.
-LA C. DIPUTADA ADRIANA DAVILA FERNANDEZ: (Desde su escaño) Sólo quisiera que el señor diputado, me contestara, porque no contestó la pregunta que le hice.
No contestó la pregunta que le hice. Por favor, yo quisiera que el señor diputado contestara la pregunta que le hice.
Es solamente lo que quiero.
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: (Desde su escaño) ¿Quieren que suba de nuevo?
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Permítame un segundo.
Está en el orden de oradores, el diputado Juan N. Guerra. ¿Le cede usted?
Adelante. Solamente para los efectos de acabar de contestar.
-EL C. DIPUTADO CARLOS REYES LOPEZ: (Desde su escaño) Señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Don Carlos Reyes, ¿con qué objeto?
-EL C. DIPUTADO CARLOS REYES LOPEZ: (Desde su escaño) Para precisar unos datos que acaba de dar el diputado.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: ¿Quiere hacer usted uso de la voz?
Se le concederá, para hechos, en su oportunidad.
Tiene usted el uso de la voz.
-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: El tema de las estadísticas, no es un asunto privativo de Chihuahua. Ha sido un gran debate, el deslindar los asuntos que tenga que ver con los delitos comunes y los que la autoridad federal ha renunciado asumirlos, como los establece la ley.
Y ése es el punto. Desde el punto de óptica de la Procuraduría General de la República, nos dice, cuál es delito federal y cuál no.
Finalmente, todos están sumados en los pueblos, en los municipios y en los estados de la República, generados por un ambiente de violencia, que nos ha invadido al país entero.
Entonces, preguntaría, cuál es, finalmente, la estrategia para combatir los delitos, que de origen, tienen estos efectos. Porque el haber elevado el número de homicidios dolosos en todas partes, tienen que ver con armas exclusivas del Ejército, delito federal; por delincuencia organizada, delito federal; por narcotráfico, delito federal.
Entonces, ahí está contestada la respuesta. Y la respuesta está, que precisamente el Partido del Gobierno, debe responderle al pueblo de México, cuándo va a terminar estos ocho años de angustia; estos ocho años de intranquilidad; estos ocho años de inseguridad…
Muchas gracias.
-LA C. SENADORA BEATRIZ ZAVALA PENICHE: (Desde su escaño) Señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Permítame un segundo, señor legislador.
¿Con qué objeto, senadora Beatriz Zavala?
-LA C. SENADORA BEATRIZ ZAVALA PENICHE: (Desde su escaño) Para hacerle una pregunta al orador… al diputado.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Ya terminó.
Don Juan N. Guerra, tiene usted el uso de la voz.
E inmediatamente después, para hechos, don Carlos Reyes.
-LA C. SENADORA BEATRIZ ZAVALA PENICHE: (Desde su escaño) A mí también apunteme, por favor.
EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: También la apunto, y en su momento preguntaremos a la Asamblea, si el asunto está discutido, suficientemente discutido.
-EL C. DIPUTADO JUAN GUERRA OCHOA: Muchas gracias, Presidente, con su permiso.
Apoyamos, nuestra bancada, que esto fuera de urgente resolución pues por la temática en sí mismo, siempre es urgente, estamos hablando de elecciones y estamos hablando de tensiones. Pero una vez que hemos escuchado el debate, pues uno puede menos de inquietarse por algunos comentarios.
No vi que el Senador Ramón Galindo, no vi que desmintiera que este acusado Blanco no fuera pícaro, y de que no fuera un asunto incluso iniciado por propia gente de Acción Nacional allá. Pero, me llama la atención lo que dice, y es que con independencia de eso, le parece que la justicia es muy expedita y muy sospechosa en la coyuntura electoral, y yo dije, bueno, cómo les gusta ver la paja en el ojo ajeno, y nunca ven la viga. O sea, uno piensa que todo, tiene una mentalidad Acción Nacional que solamente hay que medio interpretarla de un mesianismo de un fundamentalismo, que si yo lo hago, está bien hecho; y si lo hace otro, está mal hecho. Entonces, el asunto no depende de las cosas en sí misma, sino de que yo las santifico, y otros no las pueden santificar.
Justamente les quiero decir que la estructura, y eso lo sabe cualquier estudioso en la estructura de los carteles de la droga, el primer apoyo que necesita un cartel en cualquier país para subsistir es el apoyo del gobierno federal, particularmente en las corporaciones policíacas federales; no subsiste un cartel si no infiltra a la PFP, y si no infiltra a la PGR, porque son las responsables de combatirlo, tan sólo por eso.
Yo con esto, ni siquiera voy a decir si el titular esté en esa situación, pero obvio, en cualquier análisis lo primero es eso, y también obvio que les interese infiltrar a las policías de los estados.
Por cierto, Germán fue a exonerar a la policía que es también de las más corruptas, la de Baja California y al Gobernador, porque él sí es santo, como es niño, él sí no tiene ningún pecado, si es de otro, y en algunos casos lo último que sí le va a interesar también a los carteles, pero dijéramos en ese orden, son las policías preventivas, y hay de carteles a carteles, y de prácticas a prácticas, por ejemplo en el caso de Michoacán, cuando se acusa a La Familia, y esto lo habían denunciado desde antes, los presidentes municipales, ellos más bien padecen la extorsión de este grupo, que les pide dinero, no les da dinero, les pide, y si no, los amenaza, pues obviamente con algún asesinato o con alguna represalia.
Entonces, esto se sabía que se tiene esa presión, y uno no ha dicho nada, uno ha dicho está bien, que se investigue, en el caso de Michoacán, pero de repente como que no hay esa coherencia que se combata de arriba hacia abajo, como que de repente yo puedo exonerar mágicamente, porque yo lo digo, a un estado donde también si hay narcotráfico tiene que haber penetración de los cuerpos de seguridad, se los digo claramente, y de repente ahí no ocurre nada, y de repente se sorprenden, y yo dije que pedí la palabra precisamente por lo que decía el senador, el senador qué expedita, es al justicia, entonces cuando de repente van y detienen presidentes municipales, sin detener federales, exonerando estados, no es expedita, no es electorero, pero ahora en el caso de Chihuahua sí lo es. O sea, lo que les quiero señalar es la incongruencia de sus argumentaciones, que siempre ven la paja en el ojo ajeno y nunca ven la viga que tienen, y que les parece que cuando es contra ustedes, es político, es electoral; y cuando lo hacen ustedes, aunque sea con interés político electoral, no lo es, a esa incongruencia me quería referir. Muchas gracias, Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: En el uso de la voz, Juan Carlos Reyes. Y tengo registrados a Rocío Morgan y al Senador Galindo.
-EL C. DIPUTADO CARLOS REYES LOPEZ: Gracias, señor Presidente. Bueno, primero quisiera hacer una serie de precisiones en relación a lo que el Diputado César Duarte ha comentado. El habla de transparencia y de mentiras, verdades y mentiras, yo les diría, si tiene pruebas el Diputado Duarte para sostener lo que dice, de que el señor Juan Blanco desfalcó las finanzas públicas del Municipio de Chihuahua, les quiero informar a todos ustedes que el caso que se le imputa bajo el cual se supone existe o existió un delito, quedó perfectamente finiquitado antes de terminar su administración, por lo tanto, en ningún momento hay desfalco a las finanzas públicas del Municipio de Chihuahua, por lo tanto miente, y yo le pediría, si tiene pruebas las presente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA Tiene el uso de la voz Rocío Morgan.
-LA C. DIPUTADA ROCIO MORGAN FRANCO: Gracias, señor Presidente. Pues sí, que se muy oportuno, como otra vez, el agandalle de los señores, bueno, ya no es novedad para nosotros, muy oportuno también la retórica del discurso del Diputado Duarte, que no nos extraña nada, primero viene y nos lee toda el acta ministerial, un acta que por cierto fue anterior a cuando la juez exonera a nuestro compañero Blanco, y la Diputada Dávila hizo una serie de preguntas que aquí no fueron resueltas.
No señor, no estamos hasta el gorro de esos ocho años que usted menciona; estamos hasta el gorro de los 70 años de los que ustedes dejaron crecer este asunto, y no estamos hablando de la guerra contra el narcotráfico, esa es una batalla que está librando el Gobierno Federal y es responsabilidad del Presidente Calderón, ciertamente, con el auxilio de las entidades federativas, y hay gobernadores que realmente no quieren cooperar, porque no les conviene, están metidos hasta el cuello en este tema.
Pero vamos a hablar del tema del narcotráfico. Ya dijimos, son 2,500 asesinatos en Chihuahua que son responsabilidad del Gobernador de Chihuahua, no del Gobierno Federal, señor, y no hay ningún detenido. No voy a hablar de secuestros ni de asesinatos, ni que son el primer lugar en secuestros en Chihuahua. Vamos a hablar de un tema que es muy sensible, y que por cierto a la gente del PRD se les llena la boca, se desgarran las vestiduras, hacen comisiones y van, y es el tema de feminicidios, y de ese tema tampoco lo ha resuelto el Gobierno de Chihuahua, qué le van a ir a decir a las familias de estas mujeres asesinadas en Chihuahua, que son tan expeditos para resolverles el tema de sus hijas violadas y asesinadas; el tema de sus hijas desaparecidas o de sus esposas o de sus hermanas, qué le va a ir a decir el Gobernador de Chihuahua con esta eficiencia que tienen para resolver los asuntos de tipo judicial en Chihuahua.
Y luego, viene aquí el diputado Guerra a decir, es que ustedes no desmintieron que el candidato Blanco es un pícaro, no, perdón señor, a Blanco lo exoneró una juez, y dicen ustedes, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio, y lo mismo le digo, no tiene alcances para ver la viga en el propio ¿qué pasó con Bejarano? También es un pillo, un pícaro, un corrupto, sin embargo, lo exoneró la justicia, y ahora, es más, es tan respetable como el que más, y merece que ya no se le llame ni pícaro ni pillo ni corrupto, porque ya lo exoneró la justicia; a Blanco también lo exoneró una juez, sin embargo, aquí se viene a señalar y aquí no se ha comentado por parte de los señores del PRI, ¿qué pasó en esas horas de detención arriba de una suburban, en lo que se elaboraba rápidamente una orden de aprehensión porque no se les fuera a pelar el señor candidato.
Por qué no hablamos las cosas como son? Es pura retórica, y lo único que quieren hacer es sacar tajada política, porque de ese tamaño es su miedo. Muchísimas gracias.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Esta Presidencia tiene la obligación de privilegiar alusiones personales e inmediatamente después, señor senador Ramón Galindo, ¿también para alusiones?, entonces tendrá usted el turno inmediato posterior.
-EL C. DIPUTADO DUARTE JAQUEZ: Podrán decir lo que sea de 70 años, pero fueron de paz, no ocho de violencia, no ocho de desorden, no ocho de mexicanos sacrificados, y que hoy justifican, que se maten, déjenselos solos, como si no fueran seres humanos el partido que defiende el el derecho a la vida.
“En sólo 2 años, dice hoy El Milenio, hubo sólo un plagiado sentenciado en el país”.
Pero el tema tiene que ver, con que aquí no se ha respondido el por qué el señor Blanco fue a distintos juzgados de distrito a pedir amparo…
-LA C. SENADORA MARIA BEATRIZ ZAVALA PENICHE (Desde su escaño): ¿Me permite, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Le ruego tenga usted la bondad de permitirme un segundo.
-Senadora Zavala.
-LA C. SENADORA MARIA BEATRIZ ZAVALA PENICHE (Desde su escaño): Para hacerle una pregunta.

-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Que suba ella cuando yo concluya, ya he atendido todas las preguntas.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Ya le contestó.

-EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ: Y el tema tiene que ver, precisamente, por qué no se ha aclarado desde esta tribuna, el hecho de que el señor Blanco buscó en distintos juzgados de distrito falseando declaraciones ante la autoridad, que se han iniciado procesos en contra de él.

¿Por qué nunca ha querido declarar ante el juez?

¿Por qué no ha aceptado que en esa declaración se le caree ante quien ha acreditado que le entregó 5 millones de pesos? Y claro, si está otorgando diseccionadamente una concesión, afecta, afecta el patrimonio del municipio. Sólo que quede claro, para que no se diga que miento. Quien ha mentido, es quien está hoy en la cárcel.

Y de ninguna manera se puede decir: que se construyó un delito de un día para otro. Hace dos años, los chihuahuenses, sabemos perfectamente en qué condiciones se fue ventilando este asunto.

Y yo sólo quiero decirles algo a todos los señores legisladores:

En Chihuahua, cuando llega el operativo conjunto, todos los legisladores federales y locales hicimos un acuerdo que hemos honrado en Chihuahua, y no queremos que otros estados u otra condición nos lleven a una confrontación distinta.

Acordamos, que lo que el Gobernador de Chihuahua y el señor Presidente de la República resolvieran en estrategias en materia de seguridad, no se cuestionan, se apoyan, y es un pacto de civilidad que habla de la civilidad política que tenemos en Chihuahua, y que hemos logrado en ese terreno mantener al margen de la discusión el cuestionamiento en materia de seguridad.

Así es que, esos ímpetus partidistas que pretenden matizar este tema, en Chihuahua no funcionan.

Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Don Juan N. Guerra.

-EL C. DIPUTADO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA: Muchas gracias, Presidente.

Obvio que no pedí la palabra para venir a defender a nadie, que además ya ha estado en la cárcel, no es esa mi naturaleza, ni mi estilo.

No me gusta escudar mis inconsecuencias y mis corrupciones en las de otros. O sea, ese es el estilo de la doble moral, precisamente.

Se les parece que otra gente es corrupto, pero yo ¿Cómo? Jamás.

No ves que yo estoy santificado.

No ves que yo soy puro.

Sin embargo, les debo de reconocer que en el cinismo, y en esa actitud, dijéramos, perceptualmente, han avanzado.

México ha pasado, de un lugar 70, y hablo en la escala de medición de inseguridad pública, allá arriba del 110, y estamos hablando de que esa escala va más allá de 130 países.

Es decir, la inseguridad en este país, es peor ahora. Esa es la medición que se tiene.

Y en materia de violencia, México sólo empata en una escala que se clasifica ahí mismo de 1 a 5 con Irak, y tiene 5 puntos, sólo 2 países lo tienen. O sea, justamente por los asesinatos que hay en todo el país y en varios estados.

Y por ahí oí algo de corrupción. Les quiero decir, hay, yo sí les digo que hay, en esto Naciones Unida ha avanzado tanto, que Naciones Unidas pone como condición, cuando el combate al narcotráfico es en serio, que se combata primero la corrupción, o sea, es una condición, porque el crimen organizado convive con la corrupción, agarra a los asideros de la corrupción.

Y entonces, nunca se cree un combate, en ningún lado, a fondo, contra el crimen organizado, si no se empieza a combatir la corrupción. Este es el asunto, que no han combatido ustedes, por cierto.

Y les puede doler, sin embargo, es un tema, y lo han hecho en un juego de pinzas. Germán Martínez va a estar sacando videos, sus spot van a ser de que el Presidente Calderón es el único valiente que combate la corrupción, y al mismo tiempo van a dar golpes espectaculares, no para combatir a fondo el narcotráfico, porque en eso tampoco dan resultados, no hay una disminución de nada. Pero han colocado bien el tema y la imagen, pero es eso, es una campaña, no es otra cosa.

Por desgracia, en este país, no hay un combate en serio al crimen organizado.

Yo les quiero decir dos casos, que siempre les voy a insistir: uno es el Chino Zhenly Yegon, porque eso está documentado. O sea, ustedes pueden pedirle a la COFEPRIS, ¿cuánto se importó de efedrina y de seudoefedrina?

Después, ustedes pueden consultar en cualquier lugar, y México, en esos años, se convirtió en el surtidor número 1 de las metanfetaminas, de este tipo de drogas.

Y les pueden preguntas a Aduanas, porque dobletearon, aún eso, que ya era exagerado, y que se hizo legalmente para favorecer la fabricación de eso, porque se daban permisos, todavía Aduana lo dobleteó.

Y todos ustedes saben, y eso, salvo que no lo quieran reconocer, lo saben gente del PAN en Guanajuato que ha padecido, que los Bribiescas manejaban las aduanas; lo sabe, que dejan importar la mercancía china y que cobraban por los contenedores una equis cantidad, y que golpeó, de tal manera, nuestra industria textil y peletera, que hoy hasta La Virgen de Guadalupe y La Bandera Mexicana, pues vienen hechas “Made in China”. Y nunca han hecho una investigación al respecto, absolutamente nada, y no combaten el crimen organizado en una escala, como se debe de combatir, si van al fondo de arriba hacia abajo, dan golpes espectaculares, sólo hacen campaña, y la única defensa que se les ocurre es: “Bejarano es corrupto”, pues sí es corrupto.

¿Eso los libera a ustedes de la corrupción?

¿Los libera a ustedes de las sinvergüenzadas?

¿Libera la demagogia en esto que dicen: combate, el haberlo convertido en una campaña, más que otra cosa?

O sea, ¿Les libera de la ineficiencia en esto? No, no los libera de nada.

La peor defensa que hay, es que dicen: “Oye, fíjate que tú tienes tu corrupto, y por lo tanto, no me toques a mis corruptos, ni mis sinvergüenzazas, ni me toques mi ineficiencia, ni me toques nada”.

Por eso les digo: son de doble moral, eso es lo que son, un partido de doble moral, que sólo ve la paja en el ojo ajeno, y no ve la vigota que tienen. Gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: A usted.

-Senador Ramón Galindo.

-EL C. SENADOR RAMON GALINDO NORIEGA: Damos y caballeros; amigos.

Las cosas en Chihuahua no están bien. O sea, la situación de la delincuencia y el crimen no está bien, o sea, es una situación que nos afecta y que reconocemos, en privado y en pública.

No podemos venir aquí a la tribuna a decir: “Que el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, y quizás, ni el Gobierno Federal estén haciendo lo que pueden hacer en Chihuahua”.

Venir aquí a presumir eficiencia en tiempos tan rápidos, y además tan cercanos a las elecciones, no puede dejar de ser sospechoso.

Y yo creo, César, con la amistad que tenemos, que tenemos que reconocer que las cosas no están bien en Chihuahua; que el ambiente de crimen está mal, pero además, esta situación rara de enfrentamiento electoral, que nosotros sentimos que viene del Gobernador, no ayuda en absoluto, y que debiéramos abonarle más a un esfuerzo para combatir los problemas que sí son de fondo.

Donde encontramos la dificultad, es en el hecho de que, esta situación de Juan Blanco, afecta todo el esfuerzo político para atender esos retos que tenemos…

(Sigue 16ª. Parte)

...todo el esfuerzo político para tender esos retos que tenemos en el Estado de Chihuahua.

Desde que tomó posesión Felipe Calderón, y eso no lo puede negar nadie, tomó la decisión de enfrentar el crimen organizado con mucha valentía, con mucha decisión. Quizá debiéramos valorar y evaluar de manera diferente los resultados, pero no podemos negar que ha entrado con una gran fortaleza, como no se ha había hecho nunca antes, ni en ocho años, ni en setenta años, al contrario, nos tocó ver presidente de la República que no fueron parte de la solución del problema, sino fueron parte del problema, y eso no podemos decirlo de Felipe Calderón.

Si esto lo empatamos con esta eficiencia expedita en Chihuahua no podemos menos que subir a la tribuna y comentarlo de manera respetuosa con todos ustedes. La Juez Patricia Chavarría el 28 de mayo, hace unos días, dice: “No existen elementos suficientes para probar la existencia de un delito”, repito, “y no se acredita la participación de Juan Blanco en tales hechos”.

Que la respuesta se dé de manera tan virulenta como se dio nos queda claro que se trata de impactar electoralmente un resultado que se ve muy favorable para Juan Blanco. Juan Blanco está muy arriba de las encuestas, a veces debatimos entren nosotros y sí es conveniente defenderlo o no, porque con el puro ataque del gobernador lo está haciendo más popular.

Pero nosotros no queremos enfocarlo en ese concepto, sino en el concepto de la confianza, el concepto de que realmente podamos estar ciertos de que el esfuerzo que se hace en Chihuahua es el adecuado para combatir los problemas que estamos enfrentando.

No convirtamos a Chihuahua en el nuevo Salem, en el nuevo Salem de Massachusetts en donde se dice a la justicia y se imparte a partir de percepciones bastante relativas. Creo que este ataque sistemático a Juan Blanco no es el correcto y menos cuando en efecto habíamos platicado, César, de un ambiente más cordial, de no enrarecer el esfuerzo para combatir el crimen a partir de lo electoral.

Yo les pido nuevamente, con todo respeto, como siempre lo he hecho en esta tribuna, que apoyemos este punto de acuerdo y que sigamos trabajando en Chihuahua para enfrentar con mayor coordinación los problemas que estamos enfrentando en la entidad.

Gracias.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Senadora Zavala, e inmediatamente después vamos a solicitar la votación.

-LA C. SENADORA MARIA BEATRIZ ZAVALA PENICHE: Con el permiso de la Asamblea.

La verdad es que no podía, al menos yo y creo que espero que otros legisladores de mi partido, y yo espero que del PRD también, asuman que no podemos hablar de 70 años de paz en México y no recordar, por ejemplo, el 68, como lo han citado acá.

Y me parece que desde ahí podemos ver a gobiernos priístas que aplicaron la ley, o más bien no aplicaron la ley, usaron la autoridad, la represión, los abusos de autoridad en contra de los ciudadanos y lo hicieron por motivos políticos. Aquí hay que diferenciar dos temas muy importantes:

Uno es la aplicación de la justicia, el uso de las fuerzas públicas, de seguridad, para buscar una paz en nuestro país que sea realmente de seguridad para los mexicanos. En la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra los secuestros, en estos actos realmente criminales que afectan y lastiman tanto a los ciudadanos y a la sociedad.

Y otro tema muy distinto es la aplicación arbitraria de la autoridad con fines políticos, que eso es lo que está ocurriendo en Chihuahua. Y la verdad es que el hecho de que pues no haya una suma, una colaboración de algunas autoridades estatales, por eso podemos ver hoy que simplemente dicen: “es responsabilidad del Gobierno Federal”.

El Gobierno Federal ha asumido esa responsabilidad, el Presidente Calderón encabeza la lucha contra el narcotráfico, el Presidente Calderón está respondiendo a los mexicanos que sí quieren pedir que haya paz, pero que haya seguridad en nuestro país. No hay una evasiva, la evasiva está, hay que decirlo con toda claridad, en algunos estados, en algunos gobernadores, porque a mí me parece que la actuación del Gobierno de Chihuahua no ha sido sobresaliente en la lucha contra la inseguridad en Chihuahua.

Y sí, pues no podemos menos que plantear que se revise por qué tan rápido ha actuado su policía con estos fines, pues a todas luces políticos, porque se detiene a una persona sin orden de aprehensión cuando es candidato. Digo, esto es un hecho ineludible, es un hecho que no pueden tapar, y aquí pues si hay doble moral está precisamente allá, en la doble actuación, no poner todo el empeño y sumarse a la lucha contra el crimen organizado, y, por otro lado, poner todo el empeño en una persecución política.

Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Pregunte la secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos Reyes López.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA CARDENAS SANCHEZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

-Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente.)

-Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente.)

No se aprueba, señor presidente, la propuesta.

¿Paraqué sirve el voto nulo?

Para qué sirve el voto nulo?/Octavio Rodríguez Araujo
Publicado en La Jornada, 4 de junio de 2009:
Con base en la información del Instituto Federal Electoral, la lista nominal de ciudadanos con derecho a voto consta de 77 millones 481 mil 874 personas. Algunos analistas han pronosticado que en la próxima elección federal del 5 de julio habrá entre 65 y 70 por ciento de abstención, lo que significaría, en la máxima abstención calculada, que sólo asistirían a votar poco más de 23.3 millones de ciudadanos. Los partidarios del voto nulo, por tanto, se dirigen a éstos y no a los más de 54 millones de mexicanos que probablemente se abstengan de sufragar.
Entre los promotores del voto nulo, en otros países también llamado voto en blanco, hay algunos que cuentan con blogs y otro tipo de representaciones en Internet, unos con más fundamento que otros. En todos los casos se lee una cierta posición en contra del sistema político y de los partidos, y se fundan sus esperanzas en la ciudadanía como si los políticos no formaran parte de ésta o fueran extraterrestres.
Esta propuesta tiene varios puntos flojos. El primero es creer que la ciudadanía no vive parcialidades subjetivas e intereses individuales de diversas orientaciones; es decir, se soslaya que es pluriclasista y que no son comparables los habitantes de los estados prósperos del país, incluido el Distrito Federal y buena parte de su zona metropolitana, y los de las entidades federativas donde radica el mayor número de pobres y de marginados de México. Más aún, se pasa por alto que en una misma ciudad no son semejantes los que viven en Las Lomas y Polanco, por ejemplo, con los habitantes de Iztapalapa o Milpa Alta, para sólo referirme a la ciudad de México. Ligado con esto, se omite que sólo un poco menos de 25 por ciento promedio de la población tiene acceso a Internet, y que incluso en este porcentaje general deben distinguirse las zonas del país más prósperas de las más marginadas. Los seis estados de la frontera norte y el Distrito Federal no tienen comparación, por cuanto a acceso a Internet, con los estados del centro y sur del país. En los primeros el acceso a la red es de casi el doble que en los demás. De ese 25 por ciento de la población que usa Internet, incluidos muchos menores de 18 años, ¿cuántos y por qué artes o inspiración, consultarán los blogs que llaman a anular el voto? ¿Cuántos están interesados en las páginas de contenido político, incluidos los periódicos que pueden ser consultados por medios electrónicos? ¡Qué bueno que existan páginas con intenciones de orientar o desorientar políticamente a la población! Pero, por favor, bájense de su pedestal. Pecar de soberbia puede ser peligroso, y el menor de sus riesgos sería ser víctima de la ingenuidad y del wishful thinking; es como si yo creyera que todos los lectores de La Jornada me leen y, peor, que influyo en ellos. Si en Estados Unidos muchos pensaron que mediante Internet
y redes sociales podían llevar a Obama a la Casa Blanca (como en buena medida ocurrió), tenían una base de realidad que México no tiene; esto es, que 220 millones de estadunidenses (72.5 por ciento de la población total) tenían acceso a Internet en 2008 (datos de Internet World Stats).
Llamar a anular el voto es dejar, deliberadamente, que los que sí votan, por pocos que sean, elijan a los diputados por todos los demás, es decir por los abstencionistas y por quienes anulen su voto. Es dar un cheque en blanco a quienes triunfen de la próxima contienda. Estos dirán: si no votaste por mí no te debo nada, aunque por lo general digan lo mismo a los que sí votaron por ellos, pues nuestros diputados, con algunas excepciones, son bastante cínicos y nada o muy poco comprometidos con sus electores.
El cinismo de la mayor parte de nuestros políticos es ampliamente conocido, al igual que la poca o nula eficacia de las instituciones creadas teóricamente para atender las necesidades de la población. ¿Por qué, entonces, los promotores de la abstención o del voto nulo piensan que los van a afectar y/o a sensibilizar con el “látigo del desprecio” ciudadano al no acudir a las urnas o al echar a perder su voto?
La abstención, como el voto nulo, no conmueve a nadie ni cuestiona en serio la legitimidad de un candidato ganador. Cuando los serbios quisieron buscar la mayor participación legitimadora de los votos para la presidencia de la república, estableciendo que si en la segunda vuelta de la elección presidencial no sufragaba por lo menos la mitad de los votantes los partidos/candidatos

Plazo para resolver una AP

Diario Oficial de la Federación, 4 de junio de 2009
Recomendación General 16 sobre el plazo para resolver una averiguación previa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
RECOMENDACION GENERAL 16 SOBRE EL PLAZO PARA RESOLVER UNA AVERIGUACION PREVIA
SEÑORAS Y SEÑORES PROCURADORES
GENERALES, DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, DE JUSTICIA MILITAR
Y DE LA REPUBLICA
Distinguidos señores y señoras:
El artículo 6o., fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala como atribución de ésta la de proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de sus competencias, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que a juicio de la propia Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos, en tal virtud y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de su Reglamento Interno, se expide la presente recomendación general.
I. ANTECEDENTES
Del análisis de las quejas recibidas en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue posible identificar diversas acciones y omisiones de carácter administrativo en las áreas de procuración de justicia del país, que son contrarias al respeto a los derechos humanos de las víctimas del delito, ofendidos y del probable responsable, ejemplo de ello los constituyen: los periodos pronunciados de inactividad en las investigaciones; la falta de acciones para garantizar la seguridad de las víctimas y testigos; la práctica de diligencias que no son reportadas dentro de la indagatoria y la emisión de citatorios que son notificados cuando ya han vencido.
También se advierte que persiste la práctica de negar al probable responsable la comunicación con sus familiares e incluso con su defensor, así como de obstaculizar el conocimiento de la averiguación previa, aun cuando exista una petición por escrito de la defensa.
Por otra parte, se denuncian diversas irregularidades causadas por los servidores públicos que laboran en las agencias del Ministerio Público, como lo es el extravío de constancias que integran el expediente, las deficiencias en la investigación realizada por la policía judicial, ministerial o científica, que la mayoría de las veces se concreta a consultar la indagatoria y no acuden al lugar de los hechos para recabar testimonios u otros indicios y verificar si los hechos constitutivos del delito ocurrieron acorde a las declaraciones vertidas, la falta de preservación de la escena del delito y el retraso injustificado en los dictámenes periciales, todo lo cual ocasiona una dilación en la procuración de justicia y un entorpecimiento en la investigación de los delitos.
II. SITUACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA
En nuestro país se encuentra expresamente prevista la función del Ministerio Público en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer en su artículo 21, párrafos primero, segundo y séptimo; así como en el 102, apartado A, párrafo segundo, lo siguiente:
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.
(...)
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.
Artículo 102. Apartado A. párrafo segundo:
Incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión
contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.
De igual forma, los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen que los agentes del Ministerio Público que conozcan de averiguaciones previas que se inicien por la detención en flagrancia o caso urgente, deben cumplir estrictamente con los términos señalados en dichos preceptos; así como también deben respetar en todo momento los derechos previstos para el o los probables responsables, víctimas u ofendidos referidos en el artículo 20 constitucional.
A su vez, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la procuración de justicia, establece en su párrafo segundo que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales".
Por otra parte, en los correspondientes códigos sustantivos penales federal y locales se prevén las formalidades que deben ser observadas por los servidores públicos que tengan conocimiento de la probable existencia de un delito, para la integración de la averiguación previa, ya que de no ser así las diligencias carecerán de valor probatorio.
Los artículos 14.3, inciso b), y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 11, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establecen que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación, y toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques y el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, hace referencia a la actuación de los servidores públicos miembros de las corporaciones policiales, y señala en sus artículos 1 y 2 que: "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.", y "en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas".
De igual forma, los servidores públicos encargados de la procuración de justicia se encuentran obligados a cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y sus equivalentes en las entidades federativas, que prevén que todo servidor público tiene como obligaciones la salvaguarda de la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia, que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y las sanciones que correspondan.
III. OBSERVACIONES
A partir del análisis de las quejas recibidas por esta Comisión Nacional, de las recomendaciones emitidas, de los ordenamientos jurídicos existentes en la materia, de los antecedentes referidos en el presente documento y su vinculación lógico-jurídica, se llegó a las siguientes consideraciones:
Uno de los retos más grandes a los que se enfrentan los diversos órganos de gobierno en el ámbito federal y estatal, es el de superar graves rezagos que existen en las áreas encargadas de procuración de justicia de nuestro país. Las deficiencias antes referidas han sido producto de diversas practicas administrativas que, aun cuando resultan contrarias a derecho, permanecen como parámetros de actuación de un desempeño de los servidores públicos, que se apartan del sentido y orientación institucional, debido a la falta de un servicio civil de carrera que contribuya en la formación y capacitación permanente de los agentes del Ministerio Público y de sus auxiliares.
Por lo que respecta, al problema de la constante reforma legislativa, esta Comisión Nacional observa que la disparidad de criterios que existen en torno a la etapa de investigación de los hechos delictivos, propicia que los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares no cuenten con márgenes claros de actuación, y en consecuencia el ideal de una justicia pronta, completa e imparcial no resulte asequible para la víctima, ofendido e incluso para el probable responsable.
Las quejas recibidas por esta Comisión Nacional se refieren a violaciones a derechos humanos derivadas de la carencia de un plazo para concluir la etapa de investigación del hecho delictivo, así como de los criterios que deben tomarse en cuenta.
En algunos códigos procesales de los estados de la República se establecen criterios para lograr resolver la averiguación previa en un plazo determinado; sin embargo, se incluyen criterios muy dispares, como sería el caso de tomar en consideración el tipo de delito atribuible al probable responsable, para otras será el momento en que se formuló o ratificó la denuncia, y existen las que prevén que la determinación del plazo razonable debe estar en función de la punibilidad prevista para el delito cometido, con lo que incluso se permite que opere la caducidad de la instancia o el archivo definitivo de la averiguación previa, en plazos que van de los 60 días naturales a los 24 meses.
En esta tesitura, resulta preocupante para esta Comisión Nacional la ausencia de criterio respecto al plazo en que se debe ejercitar acción penal o que se debe ordenar el archivo de una averiguación que carezca de elementos de prueba y cuyas diligencias no arrojen indicio alguno sobre la comisión de un ilícito, lo cual resulta contrario al derecho a una adecuada y expedita procuración de justicia, que, a la vez propicia para las víctimas u ofendidos por el delito una limitación al acceso a la justicia, a recibir la indemnización y la reparación del daño correspondiente, o en el caso del probable responsable a ser juzgado en un plazo razonable, a la debida defensa legal y al derecho a la presunción de inocencia.
Atento a lo anterior, es preciso señalar que a raíz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, los órganos legislativos de las entidades federativas se han dado a la tarea de revisar los ordenamientos jurídicos sustantivos y procesales, con el objetivo de brindar mayor seguridad a las víctimas del delito y a los probables responsables.
En esta medida es necesario reconocer los plazos máximos para la integración de las averiguaciones previas integrados a la legislación adjetiva de estados tales como Chihuahua, Tabasco y Zacatecas, que han incluido que no puede ser mayor a dos meses, en caso de que el delito merezca pena máxima que no exceda de dos años de prisión, o de seis meses, si la pena excediere de ese tiempo.
De igual forma los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Tlaxcala y Veracruz han dado pasos firmes en la transformación de sus sistemas jurídicos, incluyendo en ellos criterios que contribuyen a reducir la discrecionalidad en la actuación de los servidores públicos que laboran en las dependencias encargadas de la procuración de justicia de nuestro país, tal es el caso de la necesidad de concluir la averiguación previa lo antes posible, así como la de deslindar la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en la averiguación previa y determinar en qué casos se está en presencia de una inactividad; también se alude a que debe existir una revisión periódica de la averiguación previa por parte de funcionarios de alto rango para verificar si se han agotado todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos o bien se encuentra pendiente alguna.
Es por ello, que esta Comisión Nacional considera oportuno insistir en la necesidad de establecer límites claros a las facultades del agente del Ministerio Público respecto del trámite que ha de dispensar a la averiguación previa, a partir de criterios que incorporen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual hace referencia a la fijación de un plazo razonable para el cierre de una investigación, que debe tomar en cuenta las siguientes circunstancias: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procedimental de los interesados; c) la conducta de las autoridades investigadoras, principalmente de la policía judicial, científica, investigadora o ministerial; d) la afectación que genera el procedimiento en la situación jurídica del probable responsable, la víctima o el ofendido.
Es preciso reconocer que en algunos asuntos existe la necesidad de realizar pruebas prolongadas, de costosa, azarosa o tardía recaudación; que en ocasiones se presentan problemas severos en la apreciación jurídica o en la calificación de los hechos o lagunas en la legislación; sin embargo, lo anterior no obsta para justificar el incumplimiento de las formalidades que exige la ley en la investigación de cualquier delito.
La falta de resultados por parte de las instancias encargadas de la procuración de justicia del país no sólo obedece a la carga de trabajo, sino también a la ineficiencia o apatía de los responsables de la investigación, quienes en muchos de los casos se dedican a esperar que las víctimas aporten elementos que ayuden a integrar la averiguación previa, o que los peritos rindan sus dictámenes, sin que exista una verdadera labor de investigación en la que se realicen las diligencias mínimas necesarias.

La actividad de la víctima, del ofendido o del probable responsable suelen ser determinantes para la pronta o demorada solución del conflicto, ya que sus acciones u omisiones trascienden al procedimiento e influyen en éste. Puede suceder que el probable responsable, en aras de defender sus derechos, haga uso de un amplio conjunto de instrumentos y oportunidades que la ley pone a su disposición, pero que hacen más complejo el análisis del caso. De ahí que resulte indispensable la tramitación de forma diligente de cualquier promoción o recurso que se presente a la autoridad, ya que la actitud omisa de ésta repercutirá de forma negativa en la integración de la averiguación previa y por consiguiente en el inicio del proceso.
Es importante señalar que para esta Comisión Nacional los agentes del Ministerio público, a fin de garantizar una adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de su labor con las diligencias mínimas para: a) evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por los periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos, f) garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de la práctica de elaborar actas circunstanciadas en lugar de averiguaciones previas, g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas si no se han agotado las líneas de investigación y h) propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos de la policía que tengan a su cargo dicha función.
Los criterios anteriormente aludidos permitirán determinar los casos y circunstancias en las cuales la omisión del Ministerio Público implica que se vulneren los derechos humanos de las personas, en el caso de la víctima, el ofendido o incluso, el probable responsable; así como determinar el grado de responsabilidad de los sujetos que intervienen durante la etapa de investigación de los delitos, en atención a las acciones u omisiones en las que incurran.
De ahí que sea posible afirmar que la investigación de los delitos y persecución de los probables responsables no puede diferirse en el tiempo de manera ilimitada, debido a que la imposibilidad material para obtener los elementos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del sujeto se diluye conforme trascurre el tiempo, y es por ello que el límite de actuación de los servidores públicos se encuentra en la posibilidad real de allegarse nuevos elementos de juicio; de lo contrario, el mantener una investigación abierta después de trascurrido un plazo razonable puede arrojar información poco confiable sobre la eficacia con la que se desempeñan las instancias de procuración de justicia, sobre todo cuando el paso del tiempo es el principal enemigo de las investigaciones. Existe, por lo tanto, la necesidad de tener un control estricto de las actuaciones que realizan los distintos servidores públicos en torno a la averiguación previa, ya que omitir una diligencia o bien practicarla de forma inapropiada puede traer graves consecuencias en el desarrollo del procedimiento.
En el mismo orden de ideas, las instancias de procuración de justicia del país deben actuar con estricto apego al marco normativo, respetando ante todo los derechos de las víctimas, ofendidos y del probable responsable a una procuración e impartición de justicia, pronta completa e imparcial, ya que el exceso de trabajo no justifica la inobservancia del plazo razonable en la práctica de diligencias necesarias para la determinación de la averiguación previa.
En este mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sostener la necesidad de que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia respeten un plazo razonable en la investigación y el formal procesamiento de los probables responsables de un delito, de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual ha sido expuesto en las sentencias de los casos: López Alvarez vs. Honduras de fecha 1 de febrero de 2006; García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú de fecha 25 de noviembre de 2005, Tibi vs. Ecuador de fecha 07 de septiembre de 2004, caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005, los votos razonados del juez A.A. Cançado Trindade y del juez Sergio García Ramírez, en el caso López Alvarez vs. Honduras, del 1 de febrero de 2006, y el voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramirez en el Caso Tibi vs. Ecuador, del 7 de septiembre de 2004, en donde dicho tribunal determinó que la oportunidad de la tutela, corre el riesgo de ser inútil, ineficaz, ilusoria, si no llega a tiempo, en la inteligencia de que "llegar a tiempo" significa operar con máxima eficacia en la protección y mínima afectación de los derechos del individuo, prontitud que no es atropellamiento, irreflexión, ligereza. Esas estipulaciones acogen la preocupación que preside el aforismo "justicia retardada es justicia denegada". En los casos anteriormente señalados la Corte Interamericana explica la necesidad de que
las autoridades actúen con diligencia, con el objeto de tutelar eficazmente los derechos humanos de víctimas, ofendidos y los probables responsables.
De igual forma, la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos se pronuncia respecto de la protección de derechos humanos en los procedimientos penales, al señalar que el derecho a la vida se infringe si la investigación sobre un homicidio no ha sido efectiva. En este sentido quizás se exonera al Estado por la muerte de las personas, pero no así por la negligencia en la investigación de la causa de la muerte, para el citado tribunal europeo "toda investigación tiene que ser completa, imparcial y profundizada". Se condena la falta de investigación o bien si ésta no se ha realizado con independencia e imparcialidad y con celeridad.
La importancia de que los servidores públicos realicen una actuación diligente, con un uso cauteloso de la figuras tales como la reserva temporal, la cual mantiene el proceso de investigación en un tiempo indefinido y sólo concluye cuando opera la prescripción, no abona una pronta justicia, por el contrario, la obstaculiza. Los servidores públicos del Estado deben llevar adelante, con rigor y escrúpulo, la investigación que permita la apertura de un proceso, y no confiar en que habrá siempre una "segunda oportunidad" para reparar los errores, vacíos o deficiencias de la investigación inicial, y que mientras esa oportunidad llega y se aprovecha la seguridad queda en suspenso y se retarda la procuración de justicia.
Por otra parte, del análisis realizado al marco jurídico nacional se advierte que los plazos para la integración de una averiguación previa sólo existen generalmente cuando la libertad de una persona está sujeta al resultado del procedimiento, circunstancia contraria a la que ocurre en las averiguaciones previas sin detenido, laguna legal que esta Comisión Nacional considera debe ser subsanada, en virtud de que el resultado del procedimiento puede derivar en la afectación de los bienes jurídicos, como es el caso del derecho a la libertad personal (probable responsable) o a la reparación del daño (víctima u ofendido).
La circunstancia anterior se ha hecho patente en las diversas quejas recibidas por este organismo nacional, las cuales aluden a la dilación que existe en el trámite de las averiguaciones previas, las cuales en un porcentaje superior al 90% se envían al archivo o a la reserva por no estar acreditados los elementos constitutivos del delito, pero que también denotan una falta de actividad por parte de los agentes del ministerio público, al dejar la carga de la prueba a la víctima u ofendido, circunstancia que propicia en el porcentaje mencionado un favorecimiento a la impunidad.
Por otra parte, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha observado que en múltiples ocasiones la apertura de una averiguación previa tiene efectos negativos sobre el probable responsable y sobre toda su familia, ya que mientras permanece abierta la indagatoria persiste la amenaza de ser privado de su libertad, de ahí que sea posible afirmar que es necesario, en bien de la justicia y la seguridad que en ocasiones se ven seriamente comprometidas, que los procedimientos de investigación ante los órganos de procuración de justicia se hagan con eficiencia, a fin de que en breve tiempo se resuelva la situación del probable responsable.
Es común observar prácticas administrativas que obstaculizan la integración de la averiguación previa, como el caso de los citatorios emitidos por personal de las procuradurías de justicia que son enviados por vía postal y habitualmente llegan con posterioridad a la fecha señalada para la cita, lo cual ocasiona dilación en el procedimiento al tener que acudir ante la autoridad para obtener otra fecha; incluso en algunos casos se llega al extremo de tener que extraer del archivo el expediente, que fue enviado ahí por falta de asistencia del denunciante o querellante, lo cual difiere, en meses, la integración del expediente, debido a que el acuerdo por el cual se retira del archivo una averiguación previa debe estar firmado por un alto funcionario de la institución, y en la mayoría de los casos es un subprocurador.
La imperiosa necesidad de ejercer un control estricto sobre las actuaciones que realizan los distintos servidores públicos en torno a la averiguación previa se plantea como una condicionante para garantizar una adecuada procuración de justicia, por lo que debe fijarse un tiempo cierto y determinado, perentorio, para llevar a cabo las diligencias necesarias y determinar la averiguación previa; en ese sentido sería pertinente contar con un ordenamiento que señale expresamente en qué plazos y bajo qué circunstancias el Ministerio Público y sus auxiliares deben realizar sus funciones, lo cual generará un clima de certidumbre jurídica entre la sociedad y de confiabilidad ante su representante social, y de esta forma prevenir y evitar la continua violación a los derechos humanos de quienes directa o indirectamente se vean afectados por la integración de una indagatoria.
La falta de determinación de la situación jurídica oportuna de una averiguación previa afecta gravemente
la seguridad jurídica, ya que obstaculiza la procuración e impartición de justicia, es por ello que resulta conveniente promover la práctica de todas y cada una de las acciones que les otorgan los códigos adjetivos en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia, con lo cual se contribuye a abatir el rezago que impera en las instancias de procuración de justicia de nuestro país; pero, sobre todo, hacer efectivo el derecho de toda persona a gozar de un acceso a la justicia sea en calidad de víctima, ofendido o probable responsable.
Sin lugar a duda un paso fundamental para garantizar una mejor procuración de justicia lo constituye la figura jurídica del juez de control, funcionario judicial que supervisará las actuaciones de los servidores públicos encargados de la investigación y persecución de los delitos, inserta en el texto constitucional en virtud de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la cual se orienta a propiciar una mayor y mejor observancia de los derechos de las víctimas y del probable responsable; cuya eficacia se encuentra aún pendiente debido a la falta de criterios legales para su aplicación, pero hasta en tanto no se implemente dicha reforma es necesario buscar otros métodos para controlar la discrecionalidad en la actuación de los citados servidores públicos.
Las acciones y omisiones que retardan la procuración de justicia por parte de los servidores públicos encargados de investigar y perseguir los delitos implican una violación a los derechos humanos que consagra nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad con los artículos 14, párrafo segundo; 16 párrafo primero; 17, párrafo primero; 20 apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 14.1, 14.2, 14.3. incisos b) y d) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 7.5, 8.1, 8.2 inciso d), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como 2 y 5 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, que establecen que toda persona tiene derecho a disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en su perjuicio, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
Lo anterior, aunado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la verdad y el acceso a la justicia van de la mano en el sistema de derechos humanos, mas no deben confundirse, ya que el derecho al acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido, como lo es el derecho a la defensa adecuada, con el objetivo de que se sancione a los probables responsables, debiéndose respetar los derechos de las víctimas del delito, así como la práctica de todas aquellas diligencias necesarias de conformidad con los estándares de debido proceso.
Por lo antes expuesto, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formula a ustedes respetuosamente, señoras y señores procuradores generales de Justicia de las entidades federativas, de Justicia Militar y de la República las siguientes:
IV. RECOMENDACIONES GENERALES
PRIMERA. Se adopten las medidas necesarias para incorporar en el marco jurídico el plazo razonable para concluir una averiguación previa y en tanto eso no suceda se emitan los manuales o acuerdos correspondientes que prevean dicha circunstancia.
SEGUNDA. Se dicten los lineamientos correspondientes para que los agentes del Ministerio Público conozcan el mínimo de diligencias a realizar para acreditar la existencia del delito y reunir elementos que hagan probable la responsabilidad de las personas involucradas, a fin de evitar que sean remitidas a la reserva o al archivo averiguaciones previas, respecto de las cuales no se hayan agotado las líneas de investigación.
TERCERA. Se emitan los acuerdos correspondientes, en los que se detallen los plazos y términos en que se deben realizar las diligencias pertinentes para determinar una averiguación previa, así como notificar debidamente a los denunciantes sobre el término de ley para impugnar la resolución, con el fin de imposibilitar el envío injustificado de cualquier indagatoria al archivo o la reserva.
CUARTA. Se adopten los controles pertinentes para supervisar que se cumplan las formalidades de ley durante el inicio, trámite y conclusión de las averiguaciones previas, procurando ante todo: a) evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por periodos prolongados; b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto; c) preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse; d) propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales, y e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos.

QUINTA. Dotar a los agentes del Ministerio Público de los servicios periciales técnicos y científicos, con suficiente personal capacitado, para allegarse de los indicios necesarios para determinar las averiguaciones previas con prontitud e inmediatez.
SEXTA. Capacitar en materia de derechos humanos a los agentes del Ministerio Público y a sus auxiliares, policías y peritos, específicamente sobre las medidas de protección que deben otorgarse para evitar la dilación u omisiones en la integración de la averiguación previa.
SEPTIMA. Tomar las medidas adecuadas para capacitar al personal de las procuradurías de justicia en el manejo, integración, perfeccionamiento legal, resguardo de evidencias y constancias, mediante acuerdos, circulares y la emisión de instructivos y manuales de procedimientos, con la finalidad de establecer el procedimiento específico que deben seguir las autoridades para el adecuado uso y preservación de los indicios.
OCTAVA. Se dicten los lineamientos administrativos necesarios a efecto de que los agentes del Ministerio Público Investigadores, ante el conocimiento de delitos que pongan en peligro la integridad o la vida de los denunciantes, víctimas u ofendidos, garanticen a favor de éstos el pleno goce de los derechos que les reconoce el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La presente recomendación es de carácter general, de acuerdo con lo señalado por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 140 de su Reglamento Interno, y fue aprobada por el Consejo Consultivo de este Organismo Nacional, en su sesión número 253, de fecha 12 de mayo de 2009, tiene carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de que se promuevan cambios y modificaciones de disposiciones formativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos, para que las autoridades competentes, dentro de sus atribuciones, subsanen las irregularidades de que se trate.
Con el mismo fundamento jurídico, informo a ustedes que las recomendaciones generales no requieren de aceptación por parte de las instancias destinadas; sin embargo, se les solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes de su cumplimiento se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de 30 días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la presente.
México, D.F., a 21 de mayo de 2009.- El Presidente, José Luis Soberanes Fernández.- Rúbrica.