26 jul. 2009

Columna de Ricardo Alemán

Clumna Itinerario político/Ricard Alemán
El Universal, 26 de julio de 2009;
El inesperado resultado de la elección del pasado 5 de julio, la gravedad de la crisis económica con su cauda de desempleo y recortes presupuestales y la temporada vacacional de verano —que lleva a todos o casi todos a una suerte de valemadrismo— parecen conspirar a favor de la amnesia colectiva respecto a la tragedia y/o crimen de la guardería ABC.
En rigor, la muerte de 48 niños y las lesiones a otros tantos, debido a una probada negligencia criminal de los tres órdenes de gobierno y de instituciones fundamentales del Estado —además de la tragedia que significa para cientos de familiares y el agravio social colectivo—, son un tema que debe ser tratado con el mismo rigor social que crímenes de Estado y políticos como el del 2 de octubre, el 10 de junio, Acteal o Aguas Blancas, entre otros. Por eso, en este espacio regresaremos al tema cuantas veces sea necesario y cuando el interés informativo lo reclame.
LA CORTE, ÚLTIMA ESPERANZA
Pero más allá de las versiones maniqueas que se difundieron sobre la respuesta que dio la Suprema Corte de Justicia a los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC, conviene aclarar que se hayan ido o no de vacaciones los ministros, sean del agrado general o no los privilegios de los que gozan los integrantes de la Corte, lo cierto es que el máximo tribunal —cabeza del Poder Judicial— es la última esperanza de que se haga justicia en casos como el de la guardería. ¿Por qué?
Porque a pesar de que la Corte y sus ministros no están entre los servidores públicos siquiera medianamente aceptados por la sociedad en general —debido a que con frecuencias sus resoluciones son vistas sólo en blanco y negro por las mayorías—, nadie puede hablar de imparcialidad en sus resoluciones; sean o no del agrado de tirios y troyanos.
Lo más maniqueo es que cuando la Corte resuelve sobre tal o cual caso, es la mejor institución para los que se benefician con esa resolución, o es la peor de las instituciones para los que no se benefician. La Corte fue una institución ejemplar cuando le dio palo al duopolio televisivo al echar abajo la llamada ley Televisa y, en sentido contrario, los ministros de la Corte fueron colgados del pelo más alto y quemados en leña verde cuando no encontraron elementos para enjuiciar al góber precioso.
Pero alguien debe aclarar que el papel de la Corte no es el del contentillo para unos, el cadalso mediático para otros y que, por tanto, tampoco es un acto de fe en el que nos ministros adivinan lo que creemos y actúan en consecuencia.
VAN CON TODO
Por eso sorprendió que muy pocos explicaran a los desesperados padres de familia agraviados —y a la sociedad en general— que los tiempos de la Corte no son los tiempos de los juicios mediáticos y tampoco los tiempos que reclaman los familiares de las víctimas. Las vacaciones de la Corte, los recesos, los salarios y prestaciones y la capacidad que tienen para investigar una tragedia como la de la guardería, no son una ocurrencia de los ministros. Es la ley.
Pero, además, quedó claro para todos aquellos que quisieran verlo que, para salvar los impedimentos del 97 constitucional —que faculta a la Corte, a sus ministros a cada una de las cámaras, al presidente o a un gobernador solicitar que la Corte investigue si se violaron garantías individuales en tal o cual acontecimiento—, el ministro Sergio Valls hizo suya la causa para que la Corte indague lo ocurrido en la guardería ABC.
¿Alguien se ha preguntado por qué no solicitó esa investigación el gobernador Bours de Sonora, el presidente Calderón o alguna de las cámaras del Congreso? La respuesta es harto clara: porque todos saben que existe responsabilidad oficial, en los niveles municipal, estatal y federal. Por eso el ministro Valls hizo suya la solicitud. Y también por eso los ministros van con todo, pero claro, a
sus tiempos. Pero no es todo. Entre la mayoría de los ministros existe la sensibilidad sobre una tragedia que mató a 48 niños y que dejará lesionados graves a muchos otros.
NIÑOS, INTERÉS SUPERIOR
¿Por qué resulta procedente la investigación? ¿Y por qué es casi seguro que los ministros encuentren que entre las esferas de competencia de los tres órdenes de gobierno se violentaron garantías individuales de los niños muertos? Porque la protección de los niños “es de interés superior” para el Estado mexicano.
Pero, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice: “El Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada” en el cuidado de los niños. Y el Estado mexicano, todos lo saben, fue omiso, sobre todo instituciones como el municipio, el gobierno estatal y el federal. Por lo pronto, “el 5 de junio no se olvida”.
EN EL CAMINO
Todos en Pemex saben que la nueva refinería se construirá en Hidalgo, y que la de Salamanca será reconfigurada. Y por supuesto que en Pemex no lo dicen —y les dan trato igual a las dos entidades—, porque se verían mal si nomás por sus pistolas Pemex le da una prórroga a Hidalgo. Pero, además, guerrerar contra el PRI luego del 5 de julio sería suicida. Al tiempo.

Escándalo en Estambul

Televisa-Peña Nieto: El escándalo de Estambul
JENARO VILLAMIL
Revista Proceso # 1708, 26 de julio de 2009;
Los días 17 y 18 de marzo, en los noticiarios de Televisa se transmitieron dos notas (de 1 minuto 43 segundos y 1 minuto 50 segundos, respectivamente) sobre el Foro Mundial del Agua, realizado en Estambul, Turquía. La primera era una entrevista realizada por José María Siles al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y la segunda fue la entrega del premio “Compromiso” al mandatario estatal. Las protestas realizadas en las calles de la ciudad turca, las opiniones de organizaciones civiles y las numerosas intervenciones en el foro fueron minimizadas o simplemente ignoradas.
Lo prioritario era cubrir a Peña Nieto porque “estamos hablando del próximo presidente de México”. Así le dijo José Luis Arévalo, director de Información Internacional de Televisa, a José María Siles, corresponsal español de la agencia ANews que fue contratado como free lance por Televisa para que cubriera la cumbre del agua de Estambul.
A pesar de esta orden, Siles envió un total de nueve notas y crónicas a la redacción de Noticieros de Televisa, pero sólo se transmitieron cuatro, en las cuales aparecía Peña Nieto. Ni siquiera la intervención de José Luis Luege Tamargo, director de Conagua, le interesó a la televisora. Mucho menos las protestas o los puntos de vista de representantes de organizaciones no gubernamentales que criticaron la política pública en México sobre este tema.
Cuatro meses después de que Siles fue contratado verbalmente por Televisa ofreciéndole 650 dólares por nota y mil dólares por día, incluyendo viáticos y gastos de desplazamiento técnico, la empresa ha negado pagarle al exreportero de Televisión Española (TVE) el monto total de la factura, que asciende a 9 mil 200 euros por siete días de cobertura. Sólo le reconocen las notas en las cuales aparece Peña Nieto en la pantalla.
Ante la insistencia de Siles, el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, David López, le planteó una solución que escandalizó al reportero europeo: que el erario mexiquense pague los servicios profesionales. La propuesta se la hicieron por teléfono el 25 de junio pasado.
En su respuesta a David López, por correo electrónico, Siles le señaló lo siguiente:
“El ofrecimiento que nos ha hecho llegar de que el Estado de México pagaría nuestros servicios profesionales en Estambul no es aceptable para nosotros.
“La factura debe pagarla Televisa, como servicio profesional… porque estamos hablando de un servicio profesional que, por nuestra parte, estuvo siempre precedido por los principios periodísticos que siempre he practicado.”
Entrevistado vía telefónica por Proceso, José María Siles admite que Televisa lo envió a Estambul “sólo porque iba Peña Nieto”, y el gobernador mexiquense acudió a esa ciudad “porque le dijeron que las cámaras de Televisa iban a estar cubriéndolo”.
Siles ha negociado durante estos meses con Leonardo Kourchenko, vicepresidente de Información Internacional de Televisa, el adeudo de la empresa con los servicios de ANews. En el intercambio epistolar entre Kourchenko y Siles, el funcionario de Televisa niega que haya incumplimiento.
“Aquí y en cualquier medio del mundo, se paga por trabajo realizado, publicado, difundido y transmitido. No por lo que se suponía iba a cubrirse, reportearse o transmitirse, sino por lo que de hecho se transmitió”, le respondió Kourchenko.
En el intercambio epistolar, que se encuentra en el blog josemariasiles.wordpress.com, el corresponsal europeo le responde a Kourchenko:
“Si se hicieron menos crónicas es porque no había noticia, dicen ustedes. Bien, razonable, pero Televisa tenía un equipo contratado y desplazado en Estambul; no basta con pagar el hotel, no somos turistas, hay una obligación ‘contractual’, aunque se tratara de un pacto verbal. ANews estaba allí porque ustedes nos mandaron…
“No entro, evidentemente, en el tema de cuándo dejó de haber noticia. Porque es curioso que Televisa nos envíe nueve días al Foro del Agua, una cobertura anormalmente larga, y no les intereses ninguna crónica de la polémica final, cuando quedó en evidencia la impotencia de las fuerzas políticas y sociales representadas para firmar un pacto del agua.
“Don Enrique Peña Nieto había terminado para entonces su visita al foro de Estambul, pero no creo que eso influenciara en la decisión de noticieros Televisa de no querer crónicas, aunque sus enviados especiales siguieran allí, trabajando para ustedes.”
La respuesta de Televisa, semanas después, fue endosarle el pago faltante al gobierno del Estado de México.
El escándalo se conoció en México el mismo día que el Instituto Federal Electoral decidió perdonar a Enrique Peña Nieto por presunto proselitismo durante la cobertura de su participación en el mitin de Antorcha Campesina, en la transmisión especial del Día del Padre y en actos de los candidatos priistas, ampliamente difundidos por Televisa.
La resolución del secretario ejecutivo, Edmundo Jacob Molina, sostuvo que en la queja presentada por el PAN “no se acreditó el uso de recursos públicos en los actos denunciados; no se acreditó la compra de tiempo en radio y televisión; su presencia, junto con la de otros gobernadores y políticos, fue a invitación de la empresa”.
El único consejero que votó en contra de esa resolución, Alfredo Figueroa, insistió en que el caso de Peña Nieto entra en la categoría de “publicidad integrada” o “publicidad encubierta” que aún niegan el gobierno del Estado de México y Televisa.


Revista Proceso # 1708, 26 de julio de 2009;
El burlador del Ajusco
JENARO VILLAMIL
Empeñado en evadir la sanción más alta en la historia contra un medio de comunicación (38 millones de pesos), el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, recurre a todo tipo de presiones para desacreditar una resolución del IFE que califica de “gravedad especial” los desafíos del concesionario durante la campaña electoral federal.
Decididos a frenar el proyecto de resolución del Instituto Federal Electoral que propone sancionarlos con 38 millones de pesos, los ejecutivos y representantes de Televisión Azteca, en particular el senador Jorge Mendoza, han desafiado en los últimos días a los consejeros y al secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, con tal de evitar la multa más alta que el organismo electoral haya impuesto contra un medio de comunicación concesionado.
El anteproyecto de resolución, cuya copia obtuvo Proceso, establece que del pasado 6 al 24 de mayo la televisora de Ricardo Salinas Pliego dejó de incluir un total de mil 892 spots de la autoridad electoral y de todos los partidos políticos en la retransmisión de su señal a los servicios de televisión restringida en Cablevisión y en Sky. Estos promocionales formaban parte de la pauta de transmisión de los tiempos de Estado que administró el IFE durante el período electoral.
El anteproyecto SCG/PE/CG/308/2009 advierte que “sí existió por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHDF-TV, canal 13, y XHIMT-TV, canal 7, la intención de infringir lo previsto en el artículo 75 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, incisos c) y e) del mismo ordenamiento”.
El documento establece que “del análisis de los elementos que obran en autos, se advierte que Televisión Azteca, S.A. de C.V., estuvo enterada de las pautas a las que debía ajustarse en la transmisión de los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos, y no obstante que ya tenía pleno conocimiento del pautado correspondiente se abstuvo de incluirlos en los canales de los servicios de televisión restringida, Sky y Cablevisión, sin causa justificada”.
Por si fuera poco, subraya que la conducta infractora de Televisión Azteca “se cometió de manera reiterada” y califica esa conducta “con una gravedad especial”. Además, el IFE considera “reincidente” a la televisora, ya que “habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el código federal electoral incurre nuevamente en la misma conducta infractora”.
En efecto, no es la primera vez que el IFE sanciona a Televisión Azteca ni tampoco que los ejecutivos, legisladores y abogados de esta empresa desafían abiertamente las reglas del “nuevo modelo de comunicación política” que quedó establecido en la Constitución y en el Cofipe, a raíz de la reforma electoral del 2008.
La televisora del Ajusco ya ha sido sancionada por un total de 6 millones de pesos. El 24 de marzo, el IFE le impuso una multa de 2 millones de pesos por incumplir con la obligación de difundir los mensajes de los partidos políticos y de la autoridad electoral, al inicio de la campaña electoral. El 29 de marzo recibió otra pena igual por no transmitir los spots. El 20 de abril, en sesión extraordinaria del Consejo General, de nuevo fue condenada a pagar 2 millones de pesos por las mismas razones.
En esas tres ocasiones, Televisión Azteca apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero este organismo confirmó las sanciones impuestas por el IFE.
Ahora, el IFE considera que la conducta de Televisión Azteca “se ha calificado con una gravedad especial” y “lo procedente es imponer una multa” de 693 mil 430.6 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a 38 millones de pesos.
El mismo anteproyecto advierte que Televisión Azteca “omitió cumplir con más de la mitad de la totalidad del pautado que debía difundirse durante el desarrollo de las campañas electorales” y le acusa de no transmitir los mensajes correspondientes a las señales de televisión restringida de Sky y Cablevisión durante 19 días, entre el 6 al 24 de mayo de 2009.

Los recursos de TV Azteca

Las presiones de Ricardo Salinas Pliego y de sus abogados y cabilderos lograron, primero, que la multa original –que rebasaba los 40 millones de pesos– disminuyera a 38 millones y también frenaron la discusión de la sanción en el seno del Consejo General el pasado martes 21 de julio (el mismo día que se discutieron nuevos correctivos para el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), para TV y Novelas y para Televisa). El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina la pospuso y es probable que ahora se discuta hasta el 28 o el 30 de julio.
Información del interior del IFE prevé que la sanción disminuya aún más, ya que el número original de spots no transmitidos puede ser menor. Al parecer, hubo errores en el monitoreo del instituto y son menos los impactos no transmitidos. Cabe recordar que el IFE firmó un contrato por 25 millones 745 mil dólares con la empresa Grupo Tecnológico Cibernético, S.A. de C.V., justamente para que realizara un monitoreo exhaustivo de todos los promocionales transmitidos durante la campaña electoral.
De este supuesto error se han valido los representantes de Televisión Azteca para aumentar la presión. Pero además argumentaron que el procedimiento debió instaurarse en contra de TV Azteca, S.A. de C.V., no de Televisión Azteca, S.A. de C.V., en virtud de que la primera “es la titular de los derechos de autor sobre la programación que transmite la segunda”.
Para la autoridad electoral, esta argumentación es “inatendible” ya que “Televisión Azteca, S.A. de C.V., es un concesionario de televisión que se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones inherentes al título jurídico de concesionario que le fue otorgado en términos de ley para explotar o usar comercialmente canales de televisión abierta”.
El IFE establece que aun cuando Televisión Azteca haya celebrado un contrato con TV Azteca, “dicha relación contractual no la exime de cumplir con sus obligaciones que tiene como concesionaria, en virtud de que una relación particular no puede alterar la función pública y social que le fue encomendada al otorgarle la concesión de la que es titular”.
Este argumento ya lo había utilizado Televisión Azteca en las anteriores sanciones que le impuso el IFE y fue desechado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-073/2009.
También es muy similar al alegato de los abogados de Televisa para desentenderse de la publicidad integrada que difundieron del PVEM a través de la revista TV y Novelas. Argumentaron que esta empresa pertenece a Editorial Televisa, S.A. de C.V., y que los canales 2, 5 y 9 forman parte de la concesionaria Televimex, S.A. de C.V.
Por esta razón, en la sesión
del 21 de julio, a Televimex sólo le impusieron una sanción de 425 mil 248 pesos por los promocionales del PVEM difundidos entre el 12 y el 15 de junio. Al partido le aplicaron una multa de un millón 206 mil pesos (que se suma a la anterior de 4 millones de pesos por los spots transmitidos en las ediciones 22 y 24 de TV y Novelas). A Editorial Televisa le correspondía pagar 4 millones de pesos, pero disminuyeron la pena a un millón 206 mil pesos.
Los abogados de Televisión Azteca también se están valiendo de estos criterios establecidos con el caso del PVEM, Editorial Televisa y Televimex para intentar reducir la sanción en su contra.

Retos desde la pantalla

El más reciente capítulo de una serie de desafíos que tanto Televisión Azteca como Televisa han protagonizado en contra de la reforma electoral y de la autoridad electoral tiene un objetivo evidente: modificar el “nuevo modelo de comunicación política” que prohíbe la compra-venta de tiempo aire para la promoción electoral, lo que según ambas televisoras “viola la libertad de expresión”.
Televisión Azteca fue aun más explícita: en dos portadas de la revista Vértigo, propiedad también del mismo grupo, criticaron al IFE y demandaron el cambio de los consejeros. “IFE: de árbitro ciudadano a órgano censor”, rezaba el título de su edición posterior a los comicios del 5 de julio.
Pocos días antes de las elecciones federales, Vértigo y Televisión Azteca protagonizaron otro desacato a la normatividad electoral. Los días 29 y 30 de junio y 1 de julio, los canales 13 y 7 de Televisión Azteca y 40 de Televisora del Valle de México difundieron un spot relativo a la última edición de la revista. En la portada se promocionaba la lucha del presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico.
Los partidos opositores PRI, PRD, Convergencia y PT demandaron un procedimiento especial sancionador contra el PAN y las empresas de Ricardo Salinas Pliego por considerar que violaba la prohibición de difundir todo tipo de contenido político-electoral una semana antes de los comicios federales.
El 2 de julio, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, les solicitó a los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, que ordenaran el retiro de esos spots. La televisora siguió transmitiéndolos con la leyenda “censurado por el IFE”.
Doblegado ante las presiones de TV Azteca y la inacción de las autoridades federales, el 8 de julio el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina declaró “infundado” el procedimiento especial.
“No existen elementos que permitan llegar a la convicción de que el promocional buscaba que el televidente vinculara la figura del presidente de la República con el Partido Acción Nacional o con alguno de sus candidatos”, estableció el proyecto de resolución.
Para el consejero electoral Alfredo Figueroa existe una evidente “complicidad” entre las empresas editoriales pertenecientes a las televisoras.
Promotor sistemático de sancionar a Televisa y a Televisión Azteca por utilizar mecanismos de “publicidad integrada” o “publicidad encubierta” para promover en la pantalla lo mismo al PVEM que al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto o para criticar el IFE, Figueroa sostiene:
“La publicidad integrada tiene la característica y la particularidad de no hacerse visibles. Por cierto, legislar en torno a este tipo de publicidad es una discusión que está fuera de la agenda de los medios de comunicación y fuera de la agenda pública.”

Precisiones del Prof. José Luis Piñeyro a Proceso

Carta al director;
Revista Proceso # 1708, 26 de julio de 2009;
De José Luis Piñeyro
Señor director:
Me permito hacer algunas precisiones sobre el reportaje de Ricardo Ravelo titulado Como en Vietnam, como en Irak, publicado en Proceso 1707.
Al solicitarme una evaluación de la estrategia de la guerra contra las drogas en México, mencioné que la guerra es la suma de fuerzas materiales y morales, y que en nuestro país descansa más en las materiales (mejor armamento, entrenamiento, transporte, equipo de comunicación, más salarios –como atractivo de reclutamiento y disuasivo de corrupción–, coordinación interinstitucional, etcétera) que en las morales (vocación profesional, espíritu de cuerpo y sacrificio, patriotismo, etcétera).
Puntualicé que esta situación se ha manifestado en la deserción masiva de soldados, la corrupción de policías federales bien pagados, la impunidad de funcionarios policiacos y judiciales, etcétera. Además señalé que tal estrategia anticriminal carece de cinco tácticas amplias y permanentes (rehabilitación de drogadictos, prevención de delitos, confiscación de activos financieros, así como de propiedades, y participación social).
Advertí que ésta última táctica es de difícil impulso, ya que a la añeja desconfianza frente a las autoridades policiacas y judiciales se agrega hoy el temor a las represalias de los narcos.
A este panorama, apunté, se debe añadir el creciente desempleo y la pobreza en que sobrevive más de la mitad de la población, lo que implica desmoralización social, por lo que se requiere de una urgente política económica y social de Estado, y no sólo de llamados a la unidad nacional al estilo Calderón.
Concluí que se debía recurrir a la fuerza moral del Estado y de la nación mexicanos, pues por sí solo el material bélico no sirve para ganar ninguna guerra, como lo mostraron Vietnam e Irak, donde los soldados estadunidenses superarmados y entrenados no ganaron, entre otros factores, por la falta de moral de guerra.
Ante la pregunta de Ravelo de si en México estábamos frente a una derrota moral, respondí que no habíamos llegado a tal punto. Tampoco afirmé que “la del Ejército es una derrota moral”; creo que aún tiene capacidad de respuesta. El problema es por cuánto tiempo puede mantenerla y en cuánto espacio territorial puede actuar, y, por otro lado, cuánta “democracia” más puede aguantar nuestra empobrecida nación.
Si las Fuerzas Armadas, institución vital de cualquier Estado, no pueden y se desgastan más, entonces ¿cuál opción queda? ¿Recurrir a la “ayuda” militar externa? Si no disminuye sustancialmente la pobreza nacional, el crimen organizado tiene un ejército de reserva con un porcentaje mínimo que reclute de la misma.
México, ante el amplio deterioro humano y moral, no requiere de gobernantes sexenales, sino de estadistas que elaboren políticas de Estado democráticas anticrimen, económica y social, entre otras. Ojalá que en la nueva diputación federal haya diputados conscientes de la muy grave condición social y estatal y aprueben leyes que
impulsen tales políticas y no más políticas de Estado oligárquicas; y, por supuesto, ojalá que surjan fuerzas civiles que los obliguen a ser verdaderos representantes populares.
Aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo y felicitarlo por su atinada dirección de un semanario que aborda de manera oportuna y objetiva los grandes problemas nacionales.
Atentamente
José Luis Piñeyro
***
Respuesta del reportero
Señor director:
Aunque en su carta el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana José Luis Piñeyro menciona algunos datos y frases que no fueron incluidos en el reportaje por razones de espacio, al parecer olvidó que sustentó “la derrota moral” del Ejército Mexicano en las deserciones de militares, que él mismo estimó, en lo que va del sexenio, entre 30 mil y 40 mil soldados, algunos de los cuales, dijo, se enganchan con el crimen organizado. Manifestó que algo parecido ocurrió en Vietnam e Irak, para rematar que de poco sirven las armas cuando los soldados no quieren pelear.
Atentamente
Ricardo Ravelo

El halcón y la paloma

El halcón y la paloma/Gustavo Martín Garzo, escritor
Publicado en EL PAÍS, 20/07/09):
“Hay que elegir entre la justicia y el amor -escribió Elías Canetti- Yo no puedo, yo elijo las dos cosas”. Una leyenda del Mahabharata, recreada por Jean-Claude Carrière, nos dice que es posible. Cuenta la historia de un rey de quien todos decían que era el más justo de la tierra. Un día, estando en los jardines de su palacio, una paloma cayó sobre su muslo para pedirle ayuda. Pero un delgado halcón que se posó en una rama vecina le advirtió que era suya y que se la debía entregar. El rey se negó, con el argumento de que no se entrega un animal asustado a su enemigo, y el halcón le dijo que si era el más justo de la tierra no podía negársela, pues sólo esa paloma le permitiría aplacar la angustia de su hambre. ¿Acaso los halcones no se habían alimentado de las palomas desde que el mundo era el que conocían? El rey, turbado, reconoció que tenía razón, y le ofreció canjear aquella paloma por lo que quisiera, un buey entero, todo su ganado, todo su reino. “Sólo aceptaría una cosa, le contestó el halcón. Si sientes tal amor por esa paloma corta un trozo de carne de tu muslo derecho, del mismo peso que esa paloma, y dámelo”. El rey se cortó un trozo de su muslo derecho, y mandó que le trajeran una báscula, pero el peso de la paloma sobrepasaba el de la carne. Se cortó otro trozo y la báscula seguía sin moverse, pues la paloma seguía siendo más pesada que su carne. El rey se cortó el otro muslo. Se cortó los brazos, el pecho, toda su carne. Al final, cuando sólo era un esqueleto sangrante, se subió él mismo sobre el platillo, y la báscula no se movía. El cuerpo de la paloma era más pesado que el del rey. “Hemos venido hasta aquí para conocerte, la paloma y yo, dijo entonces el halcón. A ti, de quien se dice que eres el hombre más justo del mundo”. Y las dos aves echaron a volar juntas.
He pensado en esta fábula al visitar un centro para niños con parálisis cerebral en mi ciudad. Los niños que pueblan sus salas son como la paloma de esta leyenda, víctimas temblorosas de un mundo donde todo debe responder a unos preceptos de utilidad y eficacia; y los padres y educadores que los cuidan, como el rey que acoge en su jardín a esa paloma. También ellos entregan partes de sí mismos, de su tiempo y de su atención, para proteger a los niños que están a su cargo. Es una entrega que carece de lógica, pues ¿cómo el más dotado habría de ofrecer su vida y el ejercicio de sus capacidades a aquel que nada o casi nada podrá darle a cambio de su sacrificio? El que sabe andar, es dueño de un lenguaje, de unas facultades físicas y mentales superiores, ofrece esas piernas, esas palabras, parte de esos complejos pensamientos, a quien apenas podrá entenderlos o utilizarlos, pues ¿de qué podrían servirle si su destino es estar de más, haber venido al mundo no a enseñorearse de él sino a sufrir su peso inaudito? Y sin embargo, eso es el amor: que también para ese cuerpo haya un lugar entre nuestros brazos y que, al confiarnos su existencia, quedemos obligados a él como si fuera el cuerpo tembloroso de una paloma.
Esto es lo que sentimos al visitar este Centro. Paseamos por sus anchos pasillos, nos asomamos a las clases de grandes ventanas, y al ver las pizarras, los muebles, las mesas llenas de dibujos y objetos, expresión de una labor tan discreta como incesante, pensamos: “Sí, debió de ser en un lugar así donde el rey recibió a la paloma”. Y no tendremos entonces una impresión de abatimiento y derrota, sino de desafío. El desafío de una apuesta que tiene que ver con el incomprensible alentar de la vida. Y la visión de los niños ensimismados, de sus posturas extrañas y sus cuerpecitos deformes, pero a su manera delicados y perfectos, nos hará pensar que aún hay mucho por hacer. Y todo a nuestro alrededor tendrá que ver con esa tarea sin fin, la de la construcción de un mundo que no sea el lugar de la decepción y la renuncia sino el de la siempre misteriosa alegría. Eso será entonces este colegio para quien lo recorra y lo sepa mirar con atención, un mundo lleno de tareas pendientes, de apuestas inauditas, donde está presente el juego de la vida y sus siempre delicadas construcciones: las primeras palabras, los primeros gestos, los primeros nombres. Veremos, por ejemplo, a una niña que incapaz de pronunciar una sola palabra logrará comunicarse con nosotros señalándonos en su pequeño álbum la imagen de lo que desea. Si quiere ir al comedor, la figura de alguien comiendo; si quiere ir al baño, la de un pequeño retrete; si pide volver a clase, la de una mesa llena de cuadernos. Las demandas se multiplican y mientras otro de los niños quiere mostrarnos sus dibujos una nueva, pequeña como un cordero, se restriega contra nuestras piernas. “Quiero ser real” nos dicen sus ojos cuando la miramos. Y nos iremos asomando a ese mundo desconocido, a sus tareas y sus logros minúsculos, como a un reino lleno de objetos maravillosos y de proyectos tan dulces como insensatos. Masas de papel que dan lugar a una imponente figura de Obelix; soles, estrellas cubiertas de purpurina, un perro detenido sobre la mesa como una de esas figuras recortadas en un seto de boj por Eduardo Manostijeras. Uno de los niños no ve ni logra sostener su cabeza. Está acostado en un pequeño parque y cuando llegamos a su lado su educadora le advierte que es la hora de comer: “Venga, gandul”, le dice con ternura. Y el niño se despereza, extiende sus bracitos delgados y sus movimientos tienen la dulce somnolencia de las criaturas que viven en el fondo del mar.
Borges tiene un poema titulado Los justos en que va nombrando las acciones humildes de algunos hombres anónimos: el tipógrafo que compone una buena página, el que acaricia a un animal dormido, quien justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. Y nos dice que son esas acciones las que sostienen el mundo. Podríamos sumar a ellas las acciones de los protagonistas de esta historia que, como la leyenda del Mahabharata, habla de esa justicia que no sabe vivir a espaldas del amor. La madre que esperando encontrar en su cuna a un niño normal encuentra un ser desfigurado y se ocupa de él como si recibiera en su regazo el cuerpo de un dios diminuto; las pobres criaturas para los que el más elemental de los gestos, tomar una cuchara, por ejemplo, es comparable a la conquista por parte de los alpinistas de la cumbre del Everest; los educadores que escriben para sus alumnos cuentos en que las palabras se confunden con los objetos del mundo. Cada uno de ellos nos entrega una nueva leyenda. Son los nuevos justos, los que, sin darse cuenta, sin pretenderlo, hacen que el halcón y la paloma puedan volar juntos sin hacerse daño

No hay quejas por discriminación

El Ejército niega trato excluyente
Nota de Francisco Gómez
El Universal Domingo 26 de julio de 2009
El director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Jaime Antonio López Portillo, aseguró que no existe una sola queja ante esa dirección de algún soldado u organismo por discriminación o maltrato hacia algún militar con preferencias u orientación sexual diferente, ya sea por homosexualidad o lesbianismo.
El funcionario estableció que el instituto armado tiene programas de equidad de género e incluso en esta materia trabajan de cerca con el Instituto Nacional de las Mujeres y otros organismos, debido a la necesidad de dar atención integral a la promoción, difusión y respeto a los derechos humanos como se delineó desde el inició de la actual administración.
Entrevistado después de su participación en un foro sobre el Ejército y los derechos humanos, el general López Portillo señaló que hasta este momento a su dirección no ha llegado algún caso específico por violación de derechos humanos que involucre la preferencia sexual de algún miembro de esa institución.
“No hay registro alguno sobre bajas de personal por ese motivo, pero de presentarse algún caso se tratará dentro del marco de la ley y el respeto íntegro de los derechos humanos”, aseguró.
Un caso que no prosperó
López Portillo recordó que al inició de los trabajos de la dirección a su cargo se presentó una queja por violación de derechos derivada de preferencias sexuales, pero no próspero por falta de pruebas; se calificó de infundada y el expediente se archivó.
El funcionario estableció que ese tema no representa impedimento alguno para ser tratado por las autoridades de la Sedena, desde el punto de vista de la ley y el respeto a los derechos humanos, pero insistió en que la oficina a su cargo no tiene en este momento ninguna queja en trámite por la violación de derechos humanos con motivo de preferencias sexuales de los soldados.

Inculpado por decreto

Inculpado por decreto
PATRICIA DáVILA
Revista Proceso # 1708, 26 de julio de 2009;
Prófugo de la justicia desde el 7 de junio pasado, Arturo César Leyva Lizárraga, exdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, rompe el silencio desde la clandestinidad:
“El director del IMSS, Daniel Karam, ordenó mi cese. Cuando lo hizo, seguramente me señaló como autor de algún crimen y automáticamente giraron la orden de aprehensión en mi contra. Si yo soy culpable, con mayor razón lo es Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien, como director, el 29 de marzo de 2006, firmó la contratación de la guardería ABC, y el mismo Karam, porque antes de ocupar este cargo fue director de Finanzas del instituto. Él les pagaba a las guarderías.”
El abogado del exfuncionario, Víctor Raúl Montes Martínez, sostiene: “El único responsable de homicidio culposo por la muerte de los 48 niños en la guardería ABC es el gobierno del estado de Sonora, es el gobernador Eduardo Bours. Él y sus funcionarios de la Secretaría de Finanzas no midieron las consecuencias del incendio que provocaron. Ellos sí son responsables directos. Estaban ahí, ellos sí se salvaron. ¡A nadie se le ocurrió avisar a la guardería para que sacaran a los niños!”
Leyva Lizárraga se enteró por la prensa de que había una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y ejercicio indebido de la función pública. Por el mismo medio conoció su cese como delegado del IMSS el pasado 10 de junio.
Arturo César Leyva ocupó la delegación del IMSS en Obregón, Sonora, a partir del 6 de abril de 2006, una semana después de que Molinar Horcasitas y Sandra Lucía Téllez Nieves, propietaria de la guardería, firmaran el contrato para la prestación de servicios que seguía vigente cuando ocurrió el incendio.
–¿Cuándo recibió Leyva Lizárraga el primer informe sobre la guardería ABC? –se le pregunta al abogado.
–En el acta de entrega recepción del 6 de abril ningún apartado se refiere de manera particular a la guardería ABC. El punto IX, sobre el informe de los asuntos a cargo del delegado y del estado que guardan, hace referencia al anexo 20, en el que se destacan los asuntos, acciones y compromisos que requieren atención especial y, en su caso, los que es necesario atender de manera inmediata.
“Referente a guarderías, sólo menciona que derivado de la desincorporación de inmuebles, la delegación cuenta con 11, ocupados por asociaciones civiles que prestan el servicio de subrogación. Cinco ya cuentan con el avalúo, especifica. Y señala que únicamente se autorizó un expediente que corresponde a la asociación civil Din-Don. Además, establece que los representantes legales no reconocen el adeudo por uso del inmueble desde el ejercicio 2002”.
El contrato para la prestación de servicios, explica el abogado, señala al dueño de la guardería como responsable de obtener y mantener actualizadas las licencias, permisos y autorizaciones gubernamentales. La guardería presentó ante la Coordinación de Guarderías toda la documentación necesaria para otorgar el servicio a los derechohabientes del IMSS.
Proceso tiene copia de los documentos en que las oficinas de Prevención de Incendios y Seguridad Civil, la de Bomberos y la Unidad de Protección Civil, así como de Desarrollo Urbano y Obras públicas, todas del ayuntamiento de Hermosillo, avalan el funcionamiento de la guardería:
Además la Secretaría de Salud estatal le otorgó la licencia sanitaria 09000014053, y la aseguradora ING le vendió una póliza que excluye incendio en el edificio y sólo cubre el “incendio en contenidos” por 250 mil pesos, rotura de cristales por 2 mil y responsabilidad civil por 3 millones.
De acuerdo con la cláusula vigésima sexta, supervisarán los servicios la jefa del Departamento de Guarderías, en este caso Dora García Kobeth, y la coordinadora zonal, Delia Irene Botello Amante.
Pero “aunque (ambas funcionarias) informaban al delegado de sus actividades, no es él quien dirige la operación que desempeñan, sino la Coordinación de Guarderías y la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, ambas con sede en oficinas centrales, en la Ciudad de México”, argumenta el abogado.
Bours y su gente, los responsables
El litigante Víctor Raúl Montes señala que no le corresponde al delegado del IMSS, sino a la Dirección de Prestaciones Económicas, emitir el procedimiento de Seguridad e Higiene de las guarderías del Sistema Vecinal Comunitario.
El numeral 3.2 de dicho procedimiento señala que la directora de la guardería es la responsable de verificar y de participar en un programa de protección civil de la localidad y del IMSS, así como de coordinar la evacuación de las instalaciones cuando sea necesario.
“La directora tiene una clara responsabilidad”, afirma el defensor del exdelegado, y agrega que el procedimiento de seguridad obliga a que la puerta de acceso permanezca cerrada con llave y pasador, y éste debe estar fuera del alcance de los niños. “Esto pudo haber obstaculizado la salida de los niños”, dice.
–¿La responsable es siempre la directora?
–Yo creo que estamos en una cacería de brujas, buscando responsables en donde no existen. Hay un accidente y hubo omisiones en la gente que tenía que haber actuado de inmediato para salvar a los niños. Estamos hablando de la directora; debió de poner en marcha su plan de protección pero, en lugar de eso, la mayoría de los empleados corrieron.
–¿En que delito incurren los empleados de la guardería?
–Puede ser por omisión de ayuda a los menores.
–Si el delegado del IMSS tiene orden de aprehensión en su contra, ¿Molinar Horcasitas y Karam deberían de tener la suya?
–¡Por supuesto! Pero no la hay porque el hilo se revienta siempre por lo más delgado. Deberían de responsabilizarlos de los mismos delitos por los que acusan a Leyva Lizárraga. Karam hoy es el responsable de lo que pasa en el instituto.
“Por ejemplo (Leyva) no ha rendido informes falsos porque él ni siquiera rendía informes de guarderías. No administraba ni coordinaba, ni supervisaba ni vigilaba nada al respecto. ¿Qué pasa? Están viendo cómo lo vinculan”, afirma el abogado Montes Martínez.
“Luego lo acusan de homicidio culposo de 48 niños –prosigue–.¡Qué irresponsable imputación! Yo no encuentro ningún vínculo entre la conducta del delegado y el fallecimiento de los niños”.
En cuanto al homicidio, argumenta: “¿De qué manera el señor Leyva privó de manera culposa (sin dolo) de la vida a los niños? ¡Él no provocó el incendio! ¡Él no estaba en el lugar! No omitió ayudarlos”.
–¿Esta inculpación fue maquinada por el gobierno federal?
–Obviamente. Hoy la incompetencia la manejamos así.
–¿Cuál es la responsabilidad del gobierno de Eduardo Bours?
–Es el único responsable. El incendio se generó en la Secretaría de Finanzas, y al igual que la guardería tenía la obligación de contar con normas de protección civil. Pero no. No tenían extinguidores ni las medidas mínimas de seguridad para poder controlar un incendio. Ellos fueron los que, con su incendio, provocaron que la guardería se incendiara. No la gente de la guardería. Todos ellos fueron víctimas.
–¿Habla de un incendio premeditado?
–Esto es lo que se dice en Sonora, que hace seis años pasó lo mismo. Hoy, casualmente, sucede antes de las elecciones, cuando el gobernador sabía que le llevaba ventaja el PAN.
En efecto, el 29 de noviembre de 2002, cuando aún era gobernador Armando López Nogales, la Secretaría de Finanzas estatal sufrió un incendio. Perdió más de 40 toneladas de documentos, entre los que se encontraban copias de pagos de 1980 en adelante.
“Estoy claro de que no hay intención de nadie de privar de la vida a niños. Tengo claro que no midieron las consecuencias del incendio en sus instalaciones. Los responsables de homicidio culposo, por supuesto, son ellos. Ellos sí son responsables directos, porque estaban ahí y no lo atendieron a tiempo. Y con no avisarle a estos niños, ellos sí provocaron de forma culposa su muerte”, señala el abogado.
Y añade: “La gente de la Secretaría de Finanzas y el gobernador del estado, ya que finalmente, él, como mandatario, tiene la obligación de hacer que las instituciones a su cargo cumplan la normatividad”.
–¿En este caso estaban incumpliéndola?
–Sí, y la prueba está en que no tuvieron cómo controlarlo (el incendio). No había extinguidores, no había nada. Ellos sí lograron salir. Hasta donde tengo entendido, ahí no hay muertos. ¡Qué a gusto! Sí, nosotros nos hacemos a un lado... ¿y los niños?
–¿Por qué el gobierno federal responsabilizó al delegado y no a los funcionarios estatales?
–No lo sé. Pero tengo claro que aquí hay un solo responsable, y es quien generó el incendio.
Mientras tanto, Arturo Leyva sigue reflexionando, “¿por qué fui condenado sin ser escuchado? Qué manera de manejar la justicia en el Seguro Social. Me preocupa lo que pueda seguir”.
El viernes 24, el exdelegado del IMSS en Sonora fue notificado de que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal resolvió a su favor el juicio que interpuso para dejar sin efecto la orden de aprehensión.

Contratos en Pemex

Desde Pemex y la Sener, millonarios contratos para amigos panistas
JESUSA CERVANTES
Revista Proceso # 1708, 26 de julio de 2009;
El diputado federal electo César Nava, candidato oficial a dirigir el Partido Acción Nacional, compartió la cuestionada trayectoria de Felipe Calderón en el sector energético. Como consta en la relación de contratos que se asignaron cuando él encabezó las áreas jurídicas de Pemex y de la Secretaría de Energía, Nava favoreció a bufetes y litigantes afines a la élite panista para que realizaran trabajos que le correspondía hacer al área que él mismo encabezaba.
Desde los altos cargos que tuvo en el sector energético, César Nava Vázquez, quien ahora pretende reencauzar al panismo nacional, autorizó adjudicaciones directas de contratos y facilitó asignaciones por invitación restringida a despachos de abogados simpatizantes del PAN o bien a proveedores ligados a Vicente Fox y a Felipe Calderón, como Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia de quien fue secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Así lo muestra una serie de documentos –de los cuales Proceso tiene copia–, entre ellos 26 contratos asignados por Nava a diversos despachos, primero cuando fungió como abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) de octubre de 2001 al mismo mes de 2003, y después cuando encabezó la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (Sener) de octubre de 2003 a mayo de 2005, cuando el titular de la dependencia era Felipe Calderón.
Esos 26 contratos autorizados por Nava ascendieron en conjunto a 249 millones 318 mil 919 pesos y ninguno se sujetó al procedimiento de licitación pública, es decir, los entregó de manera directa o invitando a tan sólo tres concursantes.
Para ello, Nava se respaldó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su capítulo tercero, “De las excepciones de la licitación pública”, artículo 41, párrafo I, permite asignar contratos de manera directa cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.
En siete de esos casos, Nava se respaldó en la fracción X del mismo artículo, la cual indica que cuando se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, se puede realizar la licitación con invitación a tres proveedores, entre los que deberá incluirse a instituciones educativas.
Sin embargo, quienes finalmente se quedaron con estos contratos y cobraron sumas millonarias por ellos no tienen nada que ver con centros de estudio, sino con despachos de abogados cercanos al PAN.
Estos juicios, encargados a bufetes privados, los debió enfrentar orgánicamente el equipo de Nava, primero como abogado general de Pemex y luego como titular del área jurídica de la Sener, donde conservaba la obligación de supervisar todos los contratos del sector.
La función del panista era lograr que Pemex (y en su momento la Sener) contaran “con seguridad y certeza jurídica en sus operaciones”, como él mismo lo estableció en su Plan estratégico de la función jurídica 2002-2006, que dio a conocer el 12 de diciembre de 2002, cuando era abogado general de la paraestatal.
El hecho de que, en ambos cargos, Nava haya transferido sus obligaciones y responsabilidades a la iniciativa privada tuvo un costo adicional de casi 250 millones de pesos para el erario federal.
De los 26 casos entregados a la iniciativa privada, 11 correspondieron a juicios por incumplimiento de contrato correspondientes a la subsidiaria Pemex-Refinación, ya que a partir de 2002 los organismos subsidiarios trasladaron sus unidades jurídicas a las del abogado general de Pemex.
El 12 de diciembre de 2002, el entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, destacó la labor de César Nava como abogado general y dijo que al concentrarse todos los asuntos en su oficina Pemex estaría “en la vanguardia en materia jurídica al contar con herramientas para el funcionamiento de un área jurídica institucional que garantice la prestación de un servicio jurídico de excelencia”.
Los contratos entregados a despachos de abogados particulares muestran que no ocurrió así. Por ejemplo, para resolver el pleito que la empresa Conproca entabló contra Pemex-Refinación por incumplimiento de contrato en la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, en 2003, el panista autorizó un pago de 75 millones 520 mil 19 pesos a un despacho particular, que además perdió el litigio, por lo que Pemex quedó obligado a pagar 700 millones de dólares a la demandante.
Esta práctica de trasladar las obligaciones del área jurídica de una dependencia a despachos privados fue cuestionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 9 de agosto de 2005, cuando exhortó a Pemex-Refinación a evitar la contratación de abogados para su defensa, toda vez “que se incurre en duplicidad de funciones y genera (con ello) un alto costo económico”.
Amigos de Fox y de Calderón
Nava asumió la dirección jurídica de Pemex en octubre de 2001. Para marzo de 2002, el poderoso dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, ya enfrentaba acusaciones del gobierno federal por haber desviado mil 500 millones de pesos de la paraestatal hacia la campaña presidencial del PRI en 2000.
Y en lugar de que Pemex, que entregó el dinero a Romero Deschamps, colaborara con el Ministerio Público federal en la investigación del llamado Pemexgate, César Nava asignó de manera directa un contrato de 31 millones 500 mil pesos al despacho MYT Penalistas, S.C., para que hiciera el trabajo que le correspondía a su área.
En ese entonces el propio César Nava, en sus oficinas, no quiso dar una entrevista pero aceptó ante esta reportera que no entraría a ese asunto (la denuncia por el desvío de recursos) “por temor a Romero Deschamps”.
El 15 de marzo de 2002, el abogado general firmó el contrato SC-20-140/2002 a favor de MYT Penalistas, S.C., que en nueve meses cobró los 31.5 millones de pesos por “coadyuvar al Ministerio Público en la integración de las averiguaciones previas y apoyo en la defensa de asuntos litigiosos en materia penal”, según consta en la relación de los trabajos delegados por Nava.
Como relató el reportero Álvaro Delgado en Proceso 1560, Nava dictaminó que las tareas de coadyuvancia con la Procuraduría General de la República “no se pueden realizar con el personal y recursos técnicos disponibles” y por eso Pemex contrató al mencionado despacho, cuyo “socio administrador” es Marco Antonio del Toro Carazo, un abogado costarricense radicado en México, que fue asesor de Vicente Fox en su campaña presidencial de 2000 y después formó parte de su equipo de transición.
En entrevista con Delgado, Nava pretendió negar su responsabilidad en esa contratación: “No es un contrato adjudicado por mí ni firmado por mí”. Cuando el reportero insistió, tuvo que admitir: “Lo conocí, por supuesto, habida cuenta de que la coadyuvancia era necesaria”. El documento lleva la firma de dos colaboradores de Nava.
Del Toro Carazo se ha mantenido cerca del PAN y del actual presidente de la República: el 1 de agosto de 2006 apareció como responsable de la publicación de un desplegado en el que “la comunidad jurídica” demandaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que validara el triunfo de Felipe Calderón en la elección presidencial.
Aunque Nava no quiso colaborar directamente con la PGR para investigar el desvío de fondos hacia el PRI, sí contrató por un mes al despacho estadunidense Wine & Maney para que supervisara el juicio entre el sindicato y la empresa Arriba Limited, creada por el exlíder sindical Joaquín Hernández Galicia y que demandaba al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por incumplimiento en la entrega de cientos de barriles de petróleo. El costo de este servicio fue de 1 millón 9 mil 400 pesos.
Otro despacho beneficiado por Nava con una adjudicación directa fue González Calvillo, S.C. Su titular, Enrique González Calvillo, fungió como “secretario” de la agrupación Amigos de Fox, a través de la cual Lino Korrodi recaudó fondos para la campaña foxista del año 2000.
En entrevista con esta reportera (Proceso 1335, del 2 junio de 2002), Enrique González comentó sobre su papel en Amigos de Fox: “Nunca hice acciones propias de un secretario, sólo le ayudé a Lino a constituir la agrupación porque necesitaban un abogado y yo soy su amigo. Acudí a petición de él, y a Vicente Fox lo conocí el día en que informamos de la constitución (del grupo)”.
Tres años después de que Fox llegó a la Presidencia, al despacho González Calvillo, S.C. se le asignó el contrato SC-50-715/2003, por 5 millones de pesos, por invitación restringida, y con duración del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2003, para suministrar “asesoría en la revisión, análisis y estudios del estado actual que guardan los derechos de propiedad intelectual de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en México y España, y en su caso la realización de todos los actos necesarios para la defensa de los mismos derechos”.
Al año siguiente, 2004, el mismo despacho recibió su segundo contrato –esta vez por adjudicación directa– con vigencia del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2004 y por 10 millones de pesos, es decir por la mitad de tiempo de trabajo y el doble de honorarios. El concepto fue el mismo, como consta en el contrato SC-95-901/2004: “Servicios profesionales para la asesoría y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”.
Despachos consentidos
Entre 2003 y 2005, Pemex asignó de manera directa tres contratos al despacho Jáuregui, Navarrete, Nader y Rojas, S.C., por un total de 75 millones 520 mil 19 pesos (aunque extraoficialmente se informó que la firma recibió uno más, con lo que el monto total sería de 85.5 millones).
Estos contratos tuvieron como objeto la defensa de la paraestatal durante 15 meses en el juicio que interpuso en su contra el consorcio Conproca, S.A. de C.V., encargado de reconfigurar la refinería de Cadereyta.
En los contratos SC-85-371/2003, por 28 millones 750 mil pesos; SC-95-576/2004 por 29 millones 770 mil 019.93, y el SC-95-356/2005 por 27 millones de pesos, se establece que se adquieren “servicios para continuar con la defensa de Pemex-Refinación en el juicio 11760/KGA seguido por Conproca, S.A de C.V., en contra de Pemex-Refinación ante la Corte Internacional de Arbitraje, Cámara de Comercio Internacional”.
A pesar de las altas sumas pagadas al despacho Jáuregui, Navarrete, Nader y Rojas, S.C. por un trabajo que debió realizar el abogado general de Pemex, se perdió el litigio por cerca de 700 millones de dólares.
Así mismo, en enero de 2002 Pemex-Refinación decidió revisar un contrato que tenía con Mexicana de Lubricantes (Mexlub) e Impulsora Jalisciense para ver la posibilidad de darlo por terminado.
Para ello, César Nava adjudicó de manera directa a Alfonso López Melih un contrato por 450 mil pesos. Cuando las empresas afectadas entablaron un juicio, López Melih contó con la ayuda del despacho Quijano, Cortina, López y De la Torre, en el que trabajó anteriormente y al que Pemex le pagó 15 millones de pesos por tres meses de trabajo.
Finalmente, en 2003 la paraestatal le entregó 17 millones de pesos a Alfonso López Melih y a Javier Quijano Baz a cambio de un mes de trabajo. Así, Nava les adjudicó de manera directa contratos por un total de 32 millones 450 mil pesos.
Otro despacho beneficiado de esta forma fue el de Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C., del que era socio Santiago Creel Miranda, que obtuvo un contrato por 1 millón 100 mil pesos por una “consultoría para el desarrollo del proyecto denominado Estudio jurídico sobre la implementación de una flota petrolera para el servicio a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”, según consta en el contrato SC-10-070/2003.
Otro caso de “duplicidad de funciones” y “alto costo económico” –consecuencias de esta práctica, según la SFP– fue el de los contratos SC-10-421/2004, SC-10-422/2004, SC-10-423/2004 y SC-10-424/2004, que juntos suman 18 millones de pesos y se asignaron a cuatro firmas distintas: Lic. Miguel Ángel Pino Sánchez, Marcos Chávez y Abogados S.C., Lic. Ricardo Manuel Terán González, y Lic. Rodrigo Roel Olvera.
Estos despachos prestaron en 2004 servicios de “abatimiento de juicios laborales en contra de Pemex”, que son atribución directa del abogado general de la paraestatal. No obstante, César Nava –que en ese entonces era titular de Asuntos Jurídicos de la Sener y tuvo que conocer estos contratos– prefirió delegar las responsabilidades en la iniciativa privada, beneficiando a esas firmas con la adjudicación directa.
En ese mismo año, el director de Pemex-Refinación, Juan Bueno Torio, decidió cancelar el convenio que la subsidiaria tenía desde 1993 con la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga y la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex y Empresas Sustitutas, A.C. Su intención era integrar en el padrón de proveedores a nuevos empresarios del ramo, como Autotransportes Flensa, de la que es socio Javier Fox, hermano de Vicente Fox Quesada.
La anulación de este contrato le costó a Pemex 9 millones 439 mil 500 pesos, que fue el pago al abogado Abelardo Antonio Ayala García para que hiciera frente a los exproveedores inconformes.
A Ayala García se le entregaron los contratos SC-85-765/2004, vigente del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2004, y el SC-95-670/2005, de octubre a diciembre de 2005, cada uno por 4 millones 719 mil 750 pesos, con el objeto de brindar asesoría “en los procesos instrumentados y, en sus caso, aquellos que pudieran instrumentarse por transportistas en contra de Pemex-Refinación por virtud de la terminación del convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque”.
El paso de César Nava Vázquez por el sector energético no sólo benefició a la iniciativa privada con cerca de 250 millones de pesos, sino que además –según publicó la reportera Ana Lilia Pérez en la revista Contralínea de la segunda quincena de febrero de 2008– este panista cercano a Felipe Calderón dio por terminado un litigio donde presuntamente se incurrió en prevaricato, y en 2003 ordenó a sus abogados que negociaran el adeudo con el municipio de Coatzacoalcos. Pemex pagó 241 millones de pesos.
Cuando todavía estaba vigente el litigio, Marcelo Montiel, en ese entonces presidente del municipio veracruzano, comentó a la prensa local que destinaría el dinero a la construcción de un túnel subterráneo, obra promovida por Emilio Baños Urquijo, entonces suegro de César Nava y actual esposo de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, la también panista Cecilia Romero.
A Nava también le tocó autorizar, como abogado general de Pemex, la adjudicación directa de dos contratos a la empresa de Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., propiedad de la familia de Juan Camilo Mouriño, que siempre formó parte del grupo compacto de Felipe Calderón.
El primer contrato (GTT-0142-01/2002), por 7 millones 859 mil 627 pesos, se le asignó a Ivancar el 20 de diciembre de 2001 para transportar hidrocarburos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002.
Antes de que concluyera ese período, el 20 de diciembre, se le entregó a dicha empresa otro contrato por 16 millones 600 mil pesos y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003. Posteriormente se le autorizó un pago de 8 millones 300 mil pesos para que cubriera nuevas rutas de distribución.
Una vez fuera de Pemex, Nava pasó a ser el director de la Unidad del Área Jurídica de la Sener, de octubre de 2003 a mayo de 2005. Durante ese lapso, Ivancar recibió otros dos contratos (GTT-00142-01/204 y GTT-00142-01/2005) por 18 millones de pesos, de los cuales tuvo que estar enterado el exsecretario particular de Felipe Calderón
.
***
Persisten los ilícitos
JESUSA CERVANTES
Aunque César Nava ya no es el abogado general de Pemex, persisten las anomalías en los concursos de licitación de obras promovidos por la paraestatal a través de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. (Comesa), según se quejan algunos de los participantes afectados.
Un ejemplo, dicen, es el de la licitación número 18200002-016-09, actualmente en curso, para la “contratación y administración de personal” que realizará estudios sismológicos en Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.
Uno de los entrevistados, quien pide omitir su identidad por temor a que la dependencia lo retire de la lista de empresas concursantes en las futuras licitaciones, explica que todo se originó el año pasado cuando se lanzó la licitación 18200002-01-08, mediante la cual se contrató a obreros y profesionistas para el período comprendido entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre.
Según el entrevistado, en ese proceso hubo “un manejo faccioso” de las bases para beneficiar a un proveedor: Quality Laboral Services, S.A. de C.V. Inconforme con el resultado, la firma Proyección y Administración Empresarial de México, una de las perdedoras, solicitó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), un copia de la documentación de Comesa sobre la propuesta técnica y económica del contrato firmado con Quality por un monto de 399 millones de pesos.
Sin embargo, Comesa lanzó otra licitación –la 18200002-006-09– en marzo pasado para sustituir, según arguyó, el convenio 18200002-01-08, pese a que debió haberlo hecho antes de que terminara el anterior, el 31 de diciembre de 2008. Según los organizadores, el nuevo contrato tendría una vigencia del 15 de abril al 31 de diciembre de 2011.
Ante ese retraso de por lo menos tres meses, atribuible a la empresa convocante (Comesa), el acuerdo con Quality –que originalmente era de 399 millones de pesos y debió concluir el 31 de diciembre de 2008– se amplió. Hasta la fecha, esa compañía ha cobrado 750 millones de pesos, casi el doble de lo acordado al principio, según los entrevistados.
El 30 de marzo último, fecha en que debió ocurrir el fallo, Comesa canceló la licitación; alegó que la empresa contratada para realizar el estudio técnico y económico se equivocó en sus cálculos y se negó a dar el nombre de la compañía.
El argumento, según el acta de esa sesión de presentación y apertura de proposiciones, fue que “por un error se expresaron en algunos casos referencias de niveles y conceptos en forma equivocada, lo cual se traduce en considerar para determinados niveles de puestos, salarios mayores de los que realmente deben ser de acuerdo al nivel del puesto, propiciando con ello que el licitante incremente sus costos y como consecuencia representaría para la entidad un daño o perjuicio”.
En abril se realizó una segunda junta de aclaraciones de la licitación 1820000-006-09, en la que se informó que el monto del contrato alcanzará mil 988 millones 358 mil 469 pesos. En esa ocasión la empresa Proyección y Administración Empresarial de México se lanzó de nuevo contra Comesa, a la que acusó de favorecer a Quality.
Además, según los entrevistados, Comesa modificó las bases de licitación. Durante siete años, sostienen, únicamente solicitaba un respaldo económico de 40 millones de pesos. Ahora, agregan, en el punto 8.8 demanda 134 millones de pesos –¡más del triple!–; pero lo más curioso es que no sólo exige a los participantes la acreditación con estados financieros del último ejercicio fiscal, “sino mediante una carta expedida por una institución financiera”.
En esa junta de abril, el representante de Proyección y Administración empresarial preguntó: “¿Por qué se pide acreditar la capacidad financiera mediante una carta expedida por una institución financiera autorizada por Hacienda y no sobre estados financieros dictaminados de las empresas licitantes?” No hubo respuesta.
Los “errores” persistieron, insisten los inconformes, y una vez más se canceló la licitación. Pese a ello, aceptaron presentarse a una siguiente convocatoria, que se inició el lunes 6 de julio y continuó el miércoles 15, fecha en que los participantes entregaron sus propuestas económicas.

El último aplazamiento

El miércoles 15, Proceso estuvo presente en el acto de apertura de propuestas. Uno de los concursantes cuestionó el procedimiento y las facilidades que, arguyó, Comesa ha dado a Quality desde 2008; incluso mencionó que es posible que la nueva licitación fuera entregada a otra empresa, Excel Technical Services de México, que, según él, puede ser “pantalla de la misma Quality”.
Así mismo, presentó un escrito en el que detalla el “inadecuado actuar” del jefe de Departamento de Adquisiciones y Obras Públicas de Comesa, Juan Fernando Meza Zavala, durante las juntas de aclaraciones precedentes. El documento alude también a las “claras preferencias (de Comesa) hacia Quality”; además, demanda una revisión y una auditoría a los contratos firmados con anterioridad así como al cumplimento de obligaciones fiscales y laborales por parte de dicha empresa.
Ello se debe a que, de acuerdo con las bases de la licitación para entregar el contrato que hoy tiene Quality (el 13200002-01-08), que empezó a operar el 24 de febrero de 2008 y debió concluir el 31 de diciembre de ese mismo año, los concursantes debían acreditar experiencia en el manejo de por lo menos 500 empleados en un mismo ejercicio fiscal y comprobarlo mediante el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El documento del IMSS denominado Consulta numérica de patrones, fechado el 24 de septiembre de 2008, cuya copia tiene Proceso, establece que Quality sólo cuenta con 293 empleados, por lo que incumplió con el clausulado del contrato firmado con Comesa.
Meza Zavala impidió que se diera lectura al documento del participante inconforme. Contrariado por la actuación del funcionario, el autor del escrito solicitó la intervención del representante del Órgano de Control Interno (OIC) de Comesa, Arturo González Abud.
“Me están limitando mis derechos constitucionales”, dijo. Pero González Abud no respondió; los otros funcionarios incluso lo reprendieron porque, según ellos, ese no era el lugar adecuado para su reclamo; además, le dijeron que no había las condiciones para realizar la lectura.
Y cuando el representante del OIC se enteró de la presencia de la reportera de Proceso, prometió una entrevista para aclarar las dudas. Sin embargo, al término del encuentro, que duró cinco horas, se excusó y dijo que no estaba autorizado para declarar sobre ese tema.
Durante ese tiempo González Abud, el jefe de Departamento de Administración de Personal de Comesa, Héctor Díaz Pascual, y cuatro funcionarios más, cuya tarea era dar fe y soporte técnico sobre la aceptación o no de la información entregada por las empresas concursantes, nunca se acercaron a verificar la documentación que Quality y las otras empresas presentaron.
Los empleados de Comesa, por su parte, no restringieron la entrada, incluso permitieron que los participantes tomaran fotos con sus celulares, lo cual está prohibido en ese tipo de eventos, mientras que ellos videogrababan a los asistentes. Sólo el representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Alejandro Frank Díaz, estuvo atento a la apertura de cada propuesta.
Al término del encuentro, Comesa informó que el fallo se daría a conocer el miércoles 22, sin embargo, luego del enfrentamiento entre los concursantes y representantes de esa compañía, Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, para la cual trabaja Comesa, debió presentar un informe sobre el largo y accidentado proceso de licitación a los directivos de la paraestatal.
Después de que Morales Gil entregó el documento en las oficinas corporativas de Pemex –Proceso tuvo acceso a la lectura de una copia–, Comesa optó por diferir el fallo para el miércoles 29. Según la compañía, se realizó “la sexta mesa de asesoramiento… y como no se ha concluido la evaluación técnica”, se aplazó el fallo una semana más de lo programado.
En tanto, el autor del escrito que provocó la tensión en el encuentro del miércoles 15, presentó una denuncia ante la SFP el jueves 16, contra los funcionarios de Comesa por las irregularidades cometidas en el proceso de licitación.

Los Zetas

Washington informa… México no actúa
J. JESúS ESQUIVEL
Revista Proceso # 1708, 26 de julio de 2009;
Durante largos períodos, autoridades estadunidenses proporcionaron al gobierno de Vicente Fox, y ahora al de Felipe Calderón, información de inteligencia amplia y detallada que recabaron en torno a las actividades y puntos de ubicación de 19 líderes de Los Zetas y del cártel del Golfo. Hoy, esta información sirve de base en Washington para uno de los mayores procesos judiciales emprendidos en contra del narcotráfico internacional. Sin embargo, los dos gobiernos panistas no hicieron nada para detener a esos capos, quienes siguen moviéndose libremente en México.
WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos se lanzó con todo contra Los Zetas mediante procesos judiciales a sus principales líderes, por quienes ofrece millonarias recompensas. Al hacerlo exhibió la ineficacia y la falta de voluntad del gobierno mexicano para desarticular y capturar a los integrantes de este grupo de sicarios que aterroriza a la población de amplias zonas del territorio nacional.
La causa número 08-057 contra 19 presuntos líderes de Los Zetas y del cártel del Golfo, abierta el 15 de mayo pasado en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en esta capital, evidencia que los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón no hicieron nada concreto para detener a esos criminales, pese a que las autoridades estadunidenses les informaron con detalle sobre las actividades ilícitas que realizan y los lugares donde se ubican al momento de llevarlas a cabo.
La información contenida en la causa “en su momento se compartió con las autoridades de México”, asegura a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia que forma parte del grupo de expertos encargado de recabar datos en torno a los jefes de Los Zetas para integrar los cargos contra los también llamados sicarios del cártel del Golfo.
“A nosotros no nos toca hacer juicios sobre el gobierno de México, el cual consideramos que está haciendo todo lo necesario y lo que puede para desmantelar a los grupos del narcotráfico, como Los Zetas. Aunque debo decir que al gobierno mexicano se le entregó a tiempo, y en su momento, toda la información recabada”, aclara el mismo funcionario, quien optó por el anonimato.
Con base en la causa judicial aprobada por un Gran Jurado ante la corte federal de la capital estadunidense –a cargo de los fiscales Paul M. O’Brien, Patrick H. Hearn y John M. Gillies–, se inició un proceso por delitos relacionados con la producción, tráfico y distribución de drogas contra 19 presuntos integrantes de los círculos de mando de Los Zetas y del cártel del Golfo.
Los acusados son: Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Cos, Doble X o Dos Equis; Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado; Miguel Ángel Treviño Morales, Zeta-40 o Cuarenta; Jaime González Durán, El Hummer; Samuel Flores Borrego, Tres o Metro Tres; Mario Ramírez Treviño, Mario Pelón o X-20; Alfredo Rangel Buendía, Chicles, y otra persona identificada solamente por el alias Lino.
Las autoridades estadunidenses también van contra Gilberto Barragán Balderas, Tocayo; Juan Reyes Mejía Morales, R-1, Kike o Reyes; Omar Treviño Morales, 42; Jesús Enrique Rejón Aguilar, Manito, o Caballero; Alfonso Lam Liu, Gordo Lam; Eleazar Medina Rojas, Chelelo; Aurelio Cano Rojas, Yankee o Yeyo; Carlos Cerda González, Puma o Carlitos; Víctor Hugo López Valdez, Chiri o Chiriquas, y Sigifredo Nájera Talamantes, conocido con los sobrenombres de Canicón, Chito, Chito Can, Chito Canico o Chito Canicón.
De manera destacada, la causa judicial iniciada en la Corte Federal del Distrito de Columbia identifica a Heriberto Lazcano Lazcano, Miguel Treviño Morales y Jorge Eduardo Costilla Sánchez como el “triunvirato de mando” de Los Zetas.
El Departamento de Justicia señala a los 19 capos como responsables de producir, traficar, importar y distribuir mariguana, cocaína, heroína y drogas sintéticas, así como de lavar dinero procedente del trasiego de narcóticos en territorio estadunidense y mexicano.
“Los acusados son integrantes de las organizaciones de tráfico de narcóticos con sede en México conocidas como el cártel del Golfo y Los Zetas, que juntas operan bajo el nombre de La Compañía”, enfatiza el expediente de 27 páginas, cuya copia tiene Proceso.
Con la excepción de Nájera Talamantes, Lino, López Valdez, Cerda González, Medina Rojas, Lam Liu, Omar Treviño Morales, Rangel Buendía y González Durán, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien entregue información que conduzca al arresto de los otros 10 presuntos líderes de Los Zetas y del cártel del Golfo.
Los tentáculos
“Nunca en la historia de la lucha internacional contra el narcotráfico se había lanzado una operación legal como ésta en contra de los principales capos de una organización del crimen organizado de México tan peligrosa como Los Zetas”, asegura el funcionario del Departamento de Justicia.
El documento explica la extensión de poder y dominio territorial de las dos organizaciones criminales, así como los modernos y avanzados métodos tecnológicos que usan para el transporte de drogas, el cobro de derecho de piso en sus plazas y la eliminación de sus enemigos.
“La Compañía controla miles de kilómetros del territorio mexicano a lo largo de la frontera con Estados Unidos”, dividió sus zonas de influencia en áreas conocidas como “plazas” y asignó cada una de éstas a sus líderes.
Cárdenas Guillén, Costilla y Lazcano “son los encargados de dirigir el transporte de la cocaína y mariguana que le pertenece a La Compañía y que se mueve desde Colombia, Venezuela y Guatemala a varias ciudades y plazas de México. Para el transporte se utilizan barcos, lanchas rápidas, aviones y automóviles”, destaca el expediente judicial.
Una vez en las plazas del cártel del Golfo y de Los Zetas en territorio mexicano, la droga se transporta en automóvil a varios puntos del estado de Texas, agrega la denuncia.
Ahí mismo se describe cómo “los acusados y otros miembros de La Compañía organizan, dirigen y llevan a cabo varios actos de violencia contra los oficiales de la ley del gobierno de México y contra traficantes de droga de grupos rivales, y actúan violentamente para intimidar a cualquier individuo que interfiera o que se perciba como problema potencial para sus actividades de tráfico de cocaína y de mariguana”.
En cuanto a los métodos de comunicación de La Compañía, el Departamento de Justicia sostiene que los acusados utilizan teléfonos Nextel con capacidad de conexión celular y de radio para frecuencia UHF/VHF, mediante los que supervisan los envíos de la droga.
“Mantienen una base de datos muy sofisticada por medio de programas en computadoras portátiles y aparatos de memoria USB, en los cuales almacenan la información concerniente a las cantidades de cocaína y mariguana que importan y exportan, las identidades de los jefes de plaza y su ubicación, la nómina de pagos con los nombres de los funcionarios y agentes de la ley a los que sobornan, y los montos de los ingresos y egresos por la venta y trasiego de las drogas”. Si llegan a comunicarse por teléfono, lo hacen por medio de códigos propios.
Seis páginas de la causa judicial están dedicadas a explicar el rango y responsabilidad de cada uno de los 19 integrantes del círculo de poder y mando del cártel del Golfo y de Los Zetas.
Por ejemplo, Costilla Sánchez, Lazcano Lazcano, Miguel Treviño Morales y Cárdenas Guillén están a cargo de coordinar los envíos de cocaína y mariguana a Estados Unidos y de recibir en México el dinero procedente de la venta de los narcóticos. El Z-40, además, supervisa las plazas en el estado de Veracruz y en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Samuel Flores Borrego controla Reynosa y Miguel Alemán, pero además es el encargado de obtener y proveer información sobre las operaciones del gobierno mexicano en contra del cártel del Golfo y Los Zetas.
Lino, el acusado identificado únicamente por su apodo, recibe en Nuevo Laredo el dinero que proviene de Estados Unidos por el tráfico de cocaína y mariguana.
Destaca Gilberto Barragán Balderas como coordinador de las “actividades de la aplicación de la ley” de La Compañía: ejecuciones, secuestros, torturas y desapariciones. Juan Reyes Mejía Morales localiza a proveedores de cocaína en Centro y Sudamérica, y Omar Treviño Morales y Jesús Enrique Rejón Aguilar son los supervisores y encargados de las operaciones en el estado de Coahuila.
Alfonso Lam Liu es jefe de la plaza de Río Bravo, Cano Flores es el responsable de la producción de heroína, y El Puma controla Tampico y también coordina “la aplicación de la ley”.
El Chiriquas es una especie de secretario particular de Lazcano Lazcano y en él recae la responsabilidad de hacer y recibir llamadas de los otros miembros de la organización criminal, mientras que Sigifredo Nájera Talamantes es jefe de plaza en Monterrey, Nuevo León.
“Toda esta información –y más– ha sido compartida con las autoridades de México”, comenta el funcionario del Departamento de Justicia, quien evade comentar por qué el gobierno mexicano no ha detenido a los integrantes del triunvirato de La Compañía si conoce información detallada de sus actividades y puntos de ubicación.
“A nosotros no nos corresponde responder a esa pregunta”, indica el funcionario. Tras una breve pausa, suelta: “¿Sabe usted…? Es una buena pregunta que los mexicanos deben hacer a sus autoridades”, e inmediatamente da por terminada la conversación telefónica con Proceso.
Datos puntuales
De la página 13 a la 27, el expediente judicial contra los 19 narcotraficantes mexicanos, preparado por los fiscales O’Brien, Hearn y Gillies, expone el tipo de información, “confidencial y de inteligencia”, que compartieron las agencias federales estadunidenses con sus contrapartes de México durante la administración de Fox y lo que va del sexenio de Calderón, lo cual, sin embargo, no se ha traducido en el desmantelamiento de las líneas de mando del cártel del Golfo ni de Los Zetas.
El trabajo de infiltración en México de las redes de operación y mando de los dos grupos criminales mexicanos por parte de varias agencias federales estadunidense detalla el tipo de actividades realizadas por La Compañía, específicamente a partir de los últimos meses del sexenio foxista.
“En una conversación telefónica ocurrida el 21 de octubre de 2006 o por esa fecha, Miguel Treviño Morales le dijo a González Durán que los bonos para los jefes de plaza se pagarían ese año de acuerdo con la antigüedad de cada uno. Los jefes de plaza recibieron bonos por un promedio de 10 mil dólares”, señala el expediente.
En otra conversación telefónica interceptada y grabada por las agencias estadunidenses, “González Durán le preguntó a Treviño Morales si tenía algún cargamento de mariguana. Miguel Treviño Morales ofreció 200 mil kilos de mariguana a González Durán y éste le dijo que sólo necesitaba mil kilos”.
Alrededor del 6 de febrero de 2007, dos meses después de que el presidente Felipe Calderón tomara posesión de la Presidencia, y unos días después de lanzar su guerra militarizada contra el narcotráfico, “en una comunicación telefónica Costilla Sánchez y Flores Borrego hablaron del éxito de La Compañía en la recepción de mil 300 kilos de cocaína que fue enviada a Ramírez Treviño en Reynosa, Tamaulipas”.
Ese mismo día, también en una conversación telefónica, “Lino y Flores Borrego hablaron del arribo de 192 kilos de cocaína y de la pérdida de otros 400 kilos de la misma droga”.
El 10 de febrero de 2007, Costilla Sánchez y Flores Borrego “hablaron sobre la imposición de una cuota semanal de 20 mil dólares por cada persona que transportara mariguana por Reynosa, zona a la cual Flores Borrego le dijo a Costilla Sánchez: es tu plaza”.
Otra de las conversaciones telefónicas entre miembros de Los Zetas y del cártel del Golfo interceptadas por las autoridades estadunidenses y compartidas en su momento con las mexicanas, con fecha del 1 de marzo de 2007, apunta que Costilla Sánchez y Flores Borrego “hablaron sobre la información de un contacto para la compra de cocaína en Colombia con el propósito de que tuvieran un mejor acceso a múltiples cantidades de cocaína. Costilla Sánchez le dijo a Flores Borrego que, desde 1996, él había trabajado en Chiapas”.
El 26 de marzo de 2007, “Flores Borrego comunicó a Treviño Morales que la tarifa de La Compañía por el transporte de mariguana era de 20 dólares por kilogramo. Morales Treviño ordenó a Flores Borrego que consiguiera algunos camiones para el transporte y le dejó en claro que él tenía el control de la Policía Municipal de todo el estado de Veracruz”.
El contenido de las conversaciones telefónicas transcritas en la causa judicial contra los 19 capos mexicanos abarca varias de las actividades ilícitas de La Compañía, como los arreglos para el envío de cargamentos de mariguana y cocaína de México a Estados Unidos; los planes para formar caravanas de automóviles para mover droga en varios estados del norte de México; la confiscación de cargamentos en México y en Estados Unidos; la captación de dinero en efectivo procedente de la venta de los narcóticos en territorio estadunidense; los cobros entre los narcotraficantes por el transporte y venta de droga en distintas plazas; los pagos a funcionarios y policías mexicanos, y los métodos para esconder la droga en distintos tipos de transporte.
“Mario Ramírez Treviño y Flores Borrego, en una conversación interceptada el 8 de mayo de 2007 o por esa fecha, con un lenguaje codificado, hablaron sobre la aprobación y arreglos para el pago de un soborno por 2 millones de dólares a funcionarios del gobierno de México”, subraya el proceso fincado en la Corte Federal del Distrito de Columbia.
El expediente alude también a la manera tan sencilla como los capos del cártel del Golfo y Los Zetas consiguen la libertad de sus operadores cuando alguno de ellos es detenido transportando droga: simplemente sobornan a las autoridades mexicanas.
En lo que respecta a asesinatos, desaparición de personas o secuestros que realizan Los Zetas, el expediente sólo hace referencia a una conversación telefónica ocurrida el 12 de octubre de 2007, en la cual “Mejía González dijo a Flores Borrego, en un lenguaje codificado, que dijera a todo mundo que los inversionistas en el cargamento de cocaína que había sido recientemente confiscada en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, tenían un plazo de 72 horas para pagar el costo de la droga o de lo contrario serían asesinados”.
La conversación telefónica más reciente y detallada está fechada el 4 de marzo de 2008 y establece que “Barragán Balderas y Flores Borrego hablaron sobre la distribución de 5 mil kilos de mariguana a cuatro individuos, incluyendo mil kilos para González Durán. Barragán Balderas y Flores Borrego hablaron también de que le pedirían a Mejía González y a otra persona su apoyo para almacenar la mariguana”.
Los cargos dos y tres de la demanda que interpuso el Departamento de Justicia contra los 19 capos mexicanos señala que todos los acusados conspiraron para traficar droga a varios puntos de Estados Unidos desde Panamá, Colombia, Centroamérica y México, y para lavar dinero y llevarlo del territorio estadunidense al mexicano.
De ser declarados culpables de los tres delitos que se les imputa en la Corte Federal del Distrito de Columbia, los 19 dirigentes de Los Zetas y del cártel del Golfo podrían recibir sentencias mínimas de 10 años de cárcel o hasta cadena perpetua, sin libertad condicional, por medio de una fianza.
***
Z-40, “el más sanguinario”
J. JESúS ESQUIVEL
Revista Proceso # 1708, 26 de julio de 2009;
WASHINGTON.– Ante la cada vez más evidente presencia en Estados Unidos de operadores del cártel de Los Zetas, el Departamento de Justicia abrió dos causas judiciales –una en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en esta capital, y otra en la Corte Federal del Distrito Este del estado de Nueva York– en contra del que considera “líder principal” de esa organización criminal por delitos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero “y otras actividades delictivas”.
“El acusado, Miguel Ángel Treviño Morales, también conocido como Z-40, L-40 y Toño, es el líder principal de Los Zetas”, sostiene el proceso abierto en la Corte Federal de Nueva York el pasado 19 julio, y registrado con la clave 2009R01080/OCDETF/NYNYE-613.
Los Zetas “tienen la responsabilidad de garantizar el cruce seguro de cargamentos de narcóticos procedentes de México y destinados a varios puntos de Estados Unidos, y han incurrido en numerosos actos de violencia, como asesinatos, secuestros y torturas”, para cobrar adeudos relacionados con el trasiego de drogas, anota la acusación radicada en la corte neoyorquina, que le imputa 11 cargos a Treviño Morales.
En el proceso abierto el 19 de mayo pasado en la Corte Federal del Distrito de Columbia, Treviño Morales y otros 18 integrantes de Los Zetas o del cártel del Golfo son señalados por el Departamento de Justicia como partícipes de delitos asociados al tráfico de enervantes, lavado de dinero y “otras actividades criminales”.
El expediente de Treviño Morales, a cargo del fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Benton J. Campbell, identifica
a Los Zetas como una agrupación de sicarios al servicio del cártel del Golfo, pero también como un cártel del narcotráfico independiente, tal y como lo reportó este semanario en su número 1646, del 18 de mayo de 2008.
“Los Zetas son un grupo criminal desalmado que, además de traficar con drogas, se dedica al asesinato, secuestro y tortura de personas tanto en México como en Estados Unidos, aunque en menor escala en nuestro país”, comenta a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia.
“Miguel Ángel Treviño Morales es tal vez el criminal más sanguinario y desalmado de México, y por eso se abrió una causa judicial especial contra él en Nueva York. En los estados de Texas y California están en marcha otros procedimientos en su contra”, subraya el funcionario del Departamento de Justicia, quien habló con Proceso bajo la condición del anonimato por tratarse de un caso criminal a nivel federal que está en pleno proceso.
La semana pasada Treviño Morales, Ezequiel Cárdenas Guillén, Jorge Eduardo Costilla Sánchez y Heriberto Mariano Lazcano Lazcano fueron colocados en la lista de los 20 criminales más buscados por el gobierno estadunidense.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por la cabeza de cada uno de ellos o por datos que lleven a su detención en cualquier parte del mundo. Estos criminales también fueron nombrados como los “narcotraficantes más significativos” por el Departamento del Tesoro.
“Creemos que con estas acciones judiciales lanzadas contra Los Zetas, y en especial contra Morales Treviño, lograremos desmantelar a la cúpula de mando de esta red criminal. El gobierno de Estados Unidos ya tiene lista la solicitud de extradición contra el Z-40 y algunos de sus secuaces en caso de que sean detenidos en México o en cualquier otro país”, revela el funcionario del Departamento de Justicia.
Golpe a las ganancias
La Corte de Nueva York busca que las autoridades estadunidenses confisquen toda propiedad, dinero y bienes que Treviño Morales haya adquirido por medio de sus actividades criminales.
Investigaciones realizadas por la Administración Federal Antidrogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y los departamentos de Estado, del Tesoro y de Justicia calculan en mil millones de dólares las ganancias del Z-40 por el trasiego de drogas destinadas únicamente a la zona que está bajo la jurisdicción de la corte federal neoyorquina.
Al margen de esto, los 11 cargos imputados a Morales Treviño en Nueva York se agrupan por categorías: uno por manejo de una empresa criminal, cinco por conspiración para la distribución internacional de cocaína y cinco más por el uso de armas de fuego. Las “otras actividades criminales” son delitos relacionados con asesinatos y desapariciones de personas, aunque el documento no los detalla.
“El Z-40 ha dejado una estela muy larga de asesinatos en toda la franja norte de Tamaulipas y en varios puntos de la zona de Laredo, Texas, así como en otros estados del país que no puedo mencionar. Si llega a ser detenido, le van a llover los cargos por asesinatos”, advierte el funcionario del Departamento de Justicia.
La primera causa contra Treviño Morales en la corte neoyorquina, por manejo de una empresa criminal, indica que el Z-40 y sus cómplices –a los que no identifica– “con conocimiento de causa y de manera intencional se encargaron de supervisar y orquestar la importación y distribución de más de 150 kilogramos de cocaína que le redituaron ingresos por unos 10 millones de dólares”. Las fechas aproximadas del trasiego serían entre el 1 y 30 de junio de 2006, el 1 y 30 de abril y el 1 y 31 de agosto de 2007.
El segundo cargo contra el Z-40, conspiración para la distribución internacional de cocaína, lo señala como responsable de introducir cinco kilogramos de esta droga a Estados Unidos entre el 1 de septiembre de 2004 y el 19 de junio de 2009.
Por “uso de armas de fuego”, la causa número tres indica que, entre el 1 de septiembre de 2004 y el 19 de junio de 2009, “el Z-40 y otros portaron armas de fuego de manera intencional durante varias actividades de tráfico de drogas destinadas a la jurisdicción del Distrito Este de Nueva York”.
Entre el 1 y el 31 de julio de 2005, Morales Treviño y otros sujetos “se encargaron de una operación para exportar a Nueva York cinco kilogramos o más de cocaína”, dice el cargo número cuatro.
El resto de las acusaciones son por delitos idénticos: portación de armas de fuego de manera intencional durante la operación criminal de exportación de cocaína de México a Estados Unidos entre el 1 y 31 de julio de 2005, entre el 1 y 30 de junio de 2006, entre el 1 y 30 de abril de 2007, y entre el 1 y 30 de agosto de 2007.
De ser detenido y extraditado a Estados Unidos, procesado judicialmente y sentenciado culpable en el Distrito Este de Nueva York, el Z-40 podría ser sentenciado a cadena perpetua, sin derecho de apelación ni de libertad condicional, además de recibir una multa de varios cientos de millones de dólares. l

Crisis en Honduras

El Ejército de Honduras trata de apaciguar los ánimos
Respaldan la propuesta del mediador Arias, que incluye el regreso de Zelaya Vásquez: 'Las fuerzas armadas no son responsables de esta división interna'
Tras anunciar que acamparía en la frontera, Zelaya pernoctó en un hotel
Zelaya pide a EEUU enfrentarse 'con fuerza' a los golpistas
Portal de Elmundo.es Agencias Tegucigalpa
Actualizado domingo 26/07/2009 21:12 horas
"No podemos disparar a nuestro pueblo". El jefe del Ejército de Honduras, el general Romeo Vásquez, uno de los principales actores del
golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya, se ha comprometido a no disparar a los hondureños, mientas los partidarios del presidente depuesto esperaban su regreso a la frontera con Nicaragua, donde el ejército sigue desplegado. Este sábado, los militares emitían una nota en la que afirmaban que no serán un obstáculo en la negociación que contempla el regreso de Zelaya.
"Como institución respaldamos una solución a la problemática que atraviesa nuestro país, mediante un proceso de negociación en el marco del Acuerdo de San José", dice el
comunicado emitido por las Fuerzas Armadas hondureñas.
El Acuerdo de San José es la
propuesta de acuerdo lanzada por el presidente costarricense Óscar Arias, mediador internacional en la crisis, que propone la vuelta de Zelaya y la formación de un gobierno de unidad nacional. Tanto el gobierno de facto, liderado por Roberto Micheletti, como el presidente depuesto han rechazado la propuesta.
Romeo Vásquez. Reuters
Según The New York Times, el comunicado se esbozó en Washington tras días de conversaciones entre dos coroneles hondureños y asistentes del Congreso de EEUU. El documento es de gran importancia porque es el primer apoyo de un poderoso sector del gobierno 'de facto' hondureño a la propuesta de Arias para zanjar la crisis. Según fuentes estadounidenses, la nota trata de despejar cualquier posible sospecha de que los militares deseen impedir un acuerdo.
"Las fuerzas armadas no son responsables de esta división interna", ha subrayado este domingo el general Vásquez a Radio Globo. Asimismo, dialogó en antena con la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, que sigue en Honduras y a quien el jefe de las Fuerzas Armadas ha ofrecido un avión para reunirse con su marido en Nicaragua. Castro rechazó la propuesta.
Con todo, el general ha respetado los argumentos de las autoridades 'de facto': el derrocamiento de Zelaya, ha dicho, no ha sido un "golpe de Estado", sino una "sucesión constitucional". Esta afirmación es rechazada por toda la
comunidad internacional, que reconoce a Zelaya como el único presidente legítimo.
Acampada en un hotel
Este último se encontraba este domingo en Nicaragua, cerca de la frontera con su país, que
cruzó fugazmente el viernes para dar unos pasos en Honduras. El sábado, también volvió a la frontera y dijo que acamparían allí durante el sábado y el domingo. Pese al anuncio, el presidente regresó a la localidad nicaragüense de Ocotal, donde pernoctó por segunda noche consecutiva en el hotel Frontera.
El depuesto presidente demandó este domingo "a la secretaria [de Estado de Estados Unidos, Hillary] Clinton, que enfrente la dictadura con fuerza, que enfrente con fuerza" a los golpistas. Sin embargo, Zelaya ha dicho que no ha recibido ninguna invitación de Washington para dialogar esta semana (tal y como había anunciado un portavoz del departamento de Estado), aunque sí de la OEA. "Todavía no he decidido si ir", dijo, sosteniendo que se quedarán en la frontera.
Mientras tanto, sus partidarios
siguen esperándole al otro lado, en suelo hondureño, donde las barreras del ejército y la policía intentaban contenerlos a una decena de kilómetros de la frontera. La zona fronteriza se mantiene en tensa calma y bajo un toque de queda ampliado este domingo por el Gobierno de Micheletti.
Este domingo, no había señales entre su comitiva de cuál sería su próximo movimiento. Zelaya dijo a periodistas que participaría en reuniones en la zona. Algunos esperaban que retornara por tercer día a Las Manos, en un nuevo intento de presionar al Gobierno de facto.
Sin embargo, muchos partidarios del depuesto presidente, que llegaron en caravana hace tres días desde Tegucigalpa, trataban este domingo de volver a casa, tras frustrados intentos de reunirse con el mandatario en la frontera. "Estamos atrapados, no nos dejan avanzar ni retroceder, la gente sigue intentando llegar a la frontera, no hay comida y estamos cansados", dijo César Castro, de 38 años, quien vestía una camiseta del Che Guevara, pantalón arrugado y tenía señales de agotamiento en el rostro.
El nuevo canciller (ministro de Asuntos Exteriores) del Gobierno interino, Carlos López, dijo este domingo que el depuesto sólo tiene dos opciones: seguir en la frontera o regresar al diálogo. "O entra [a Honduras] y se le captura, porque esas son las instrucciones, o se retira [de la frontera con Nicaragua, donde permanece] y vuelve a la mesa de negociaciones en San José de Costa Rica, que es lo que le ha pedido la comunidad internacional".
Este domingo, la UE ha instado de nuevo a las partes implicadas en la crisis a "continuar las negociaciones pacíficas" y a "evitar provocaciones".