Los problemas hídricos de India/
William R. Polk, miembro del Consejo de Planificación Política del Departamento de Estado en la presidencia de John F. Kennedy
Publicado en LA VANGUARDIA, 0912/2007;
Traducción de Juan Gabriel López Guix.
India es hoy una ilustración perfecta del famoso verso de El viejo marinero de Samuel Coleridge: “Agua, agua, en todas partes, ni una gota que beber”. En la zona oriental, unos 20 millones de personas han perdido sus hogares en inundaciones causadas por las torrenciales lluvias monzónicas, mientras que en la región occidental no ha llovido en los últimos tres años. En medio, en la capital, Nueva Delhi, la sobreexplotación ha hecho descender tres metros el nivel freático en los últimos dos años.
Y, lo que es aún peor, en todo el país el agua potable está cada vez más contaminada por las aguas residuales. Los casi 13 millones de habitantes de Nueva Delhi no se atreven a beber su agua. Las cañerías que distribuyen agua se mezclan a menudo con cañerías rotas de aguas negras y las depuradoras no dan abasto o no funcionan; en consecuencia, lo que sale del grifo es un cóctel letal. Dado el hacinamiento de las grandes ciudades - sólo en Bombay (que ahora se llama Mumbai) viven casi tantos habitantes como en media España-, cabe esperar que en India se produzcan brotes epidémicos de ingentes proporciones.
La diarrea es ya común y el cólera, antaño un flagelo mortal, está volviendo a aparecer.
Los 1.100 millones de habitantes de India no poseen unos buenos recursos hídricos, puesto que sólo disponen del 4% de las reservas del planeta. De modo que ya, de entrada, el agua es escasa e incluso en el mejor de los casos se produce un deterioro de la relación entre la oferta y la demanda. La población es joven y aumenta con rapidez. Con un tercio de sus habitantes menores de 15 años, India crece cada cuatro meses el equivalente de las poblaciones de Madrid y Barcelona. Haga lo que haga el Gobierno, la población crecerá, pero los recursos hídricos no.
Las cifras son dramáticas y, además - lo que es al menos igual de importante-, el programa indio de desarrollo está ejerciendo una intensa presión sobre los recursos hídricos, puesto que se construyen nuevas fábricas y otras instalaciones y no hace nada para controlar el deterioro producido por los residuos industriales, los pesticidas y los fertilizantes químicos. El Gobierno indio está decidido a mantener su carrera hacia el desarrollo económico y lo está consiguiendo: la renta nacional (PIB) crece a un ritmo anual del 9%, aunque la mayoría de autoridades considera que en poco más de una década la demanda de agua superará todas las fuentes de suministro conocidas.
Dado que dos de cada tres indios se dedican a la agricultura, la llegada de las lluvias monzónicas es a la vez una bendición y una maldición. Cuando no llueve, los campesinos pasan hambre y cae la renta nacional; cuando las lluvias son demasiado intensas o caen sólo en la ya de por sí pantanosa región oriental, muchos de los 550.000 pueblos del país se ven inundados o incluso borrados del mapa. Ambas cosas han sucedido este mismo año: el poniente indio se moría de sed, mientras el levante casi se ahogaba.
No sólo sufren las personas - aunque los 600-800 millones más pobres padecen a una escala casi inimaginable incluso entre los europeos más pobres-, sino también las poblaciones animales y vegetales. En Rajastán, por ejemplo, el lago situado en medio de la gran atracción turística de Udaipur (la Ciudad del Lago), con su célebre palacio, presenta un nivel peligrosamente bajo; y, en Bharatpur, la reserva ornitológica del parque nacional de Keoladeo Ghana, que tiene fama mundial, casi se ha convertido en un desierto. Incluso el sagrado Ganges, como señala el destacado autor indio Patwant Singh en su último libro (The second partition),”está marrón y sucio, lleno literalmente de espuma en algunos lugares a causa de las aguas sin tratar y los vertidos de las curtidurías cercanas”.
Ese río, tan importante en el hinduismo, la principal religión india, constituye la base de la vida y la agricultura de casi la mitad de la población del país. Pero el Ganges se muere. No sólo se ve alterado por los vertidos industriales y las aguas residuales humanas mal tratadas, sino que también está en peligro a causa del cambio climático en su mismo nacimiento, las nieves de la gran cordillera del Himalaya. Los glaciares, fuente tradicional del agua que acaba circulando por su caudal, están desapareciendo con rapidez y se estima que no durarán más de otra generación. Los actuales 500 millones que hoy viven en las márgenes del río y los muchos millones más que nacerán en los próximos años se enfrentarán entonces a una auténtica pesadilla.
9 dic 2007
El informe de la CNDH y los desaparecidos
EL INFORME DE LA CNDH Y LOS DESAPARECIDOS/Gustavo Hirales M.
El 27 de noviembre de año 2001 fue presentado el Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas que la CNDH se había comprometido, meses antes, a elaborar. José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, leyó ante el presidente de la República un informe plagado de episodios estrujantes y definiciones jurídico-políticas, que incomodó a más de uno en el selecto auditorio, pero que posiblemente inauguró una nueva etapa en la vida política del país.
Más allá de eventuales errores u omisiones del Informe, su significado histórico -como lo pusieron de relieve destacados analistas de la vida política-, es que por vez primera un órgano público del Estado mexicano, la CNDH, no sólo admite, sino documenta un fenómeno por algunos vivido y conocido de primera mano, por muchos otros percibido, fenómeno denunciado públicamente cuando menos desde 1975, pero que siempre había sido negado oficialmente: que durante la década de los setenta y hasta principios de los ochenta del siglo pasado (bajo los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo), autoridades gubernamentales mexicanas llevaron a cabo, de manera sistemática (es decir, como política de gobierno) la práctica de la desaparición forzada de personas. El juicio de la CNDH sobre estos hechos fue implacable: “no hay razón de seguridad nacional que justifique la desaparición forzada de personas y no hay razón de Estado que pueda estar por encima del Estado de Derecho”.
La guerra sucia.
Ello ocurrió en el contexto de un enfrentamiento soterrado entre organizaciones (“revolucionarias”) de civiles que habían asumido la lucha armada como método de transformación social, y las corporaciones policíacas y militares responsables (legalmente o de facto) de la seguridad nacional y de la seguridad interior, como la Dirección Federal de Seguridad, en el periodo conocido como la guerra sucia. El signo de ese enfrentamiento fue la violencia de las partes, y en particular la ilegalidad de las acciones y la impunidad de los agentes gubernamentales involucrados, pues el informe documenta de modo irrefutable que, en la inmensa mayoría de los casos, las detenciones/desapariciones se hicieron sin que mediara orden de aprehensión, no se consignó a los detenidos ante autoridad judicial o ministerial competente alguna (como lo exige la ley), y los autores de estos delitos nunca fueron responsabilizados por ello, beneficiándose así de una absoluta impunidad.
De un total de 532 casos de los que la CNDH tuvo conocimiento, en 275 se comprobó de modo fehaciente –básicamente a través de registros y documentales internos de la llamada Dirección Federal de Seguridad, resguardados en los archivos del CISEN- la intervención de autoridades gubernamentales en la desaparición de esas personas; en otros 97 casos las investigaciones arrojaron fuertes indicios de que habían participado autoridades gubernamentales en su desaparición, sin que éstos llegaran a constituir prueba plena, y en los casos restantes, 160, la CNDH no encontró evidencias de que, ocurridas las desapariciones, éstas hubieran sido causadas por la intervención de alguna autoridad gubernamental.
Ahora bien, en los casos en que los indicios fueron insuficientes para considerar plenamente acreditada, a juicio de ese organismo público, la desaparición forzada, o incluso en aquellos en los que se estimó que no existían evidencias, la CNDH no cerró los casos, sino que los dejó abiertos a la espera de nuevos elementos que pudieran bien corroborar, bien desacreditar, la desaparición forzada de esas personas. Un dato significativo es que, en todos los casos, se acreditó que las personas reportadas como desaparecidas existieron en realidad, fueron miembros o simpatizantes de grupos armados, o familiares de estos miembros. Esto es importante porque incluso se llegó a negar, por parte de los defensores de la guerra sucia, que tales personas hubieran realmente existido.
Los culpables.
Si bien la CNDH se negó a revelar específicamente los nombres de las personas acusadas de ser responsables de las desapariciones, pues al no haberse establecido su responsabilidad por los tribunales competentes, se podía estar incurriendo en violaciones a sus garantías individuales; en el texto del informe y en los documentos referenciados aparecen una y otra vez los mismos nombres: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Luis de la Barreda Moreno, Arturo Durazo Moreno, Salomón Tanús, Jorge Obregón Lima, Francisco Sahagún Baca, Francisco Quiroz Hermosillo, José Guadalupe Estrella, Raúl Mendiolea Cerecedo, Luis Montiel, Florentino Ventura, en total, 74 ex servidores públicos y 37 dependencias gubernamentales involucrados en los hechos...más los nombres de numerosos jefes policíacos y jefes de guarniciones militares locales.
La actitud gubernamental.
El Informe de la CNDH exhibe, entre otras cosas, que la actitud gubernamental ante el problema de los desaparecidos tuvo como fundamentos básicos el ocultamiento, la mentira y la manipulación. Caso paradigmático sería el “Informe” hecho público, en 1979, por el entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, donde menciona –entre otras- a 44 personas que supuestamente resultaron muertas en el enfrentamiento ocurrido el 8 de septiembre de 1974 (durante el operativo militar de rescate de Rubén Figueroa, gobernador electo de Guerrero), en la sierra de Guerrero, de los cuales la mayoría eran reclamados como desaparecidos. Sin embargo, la investigación de la CNDH encontró que en ese enfrentamiento murió sólo una persona, con lo que queda en evidencia la intención gubernamental de descargar la responsabilidad por la desaparición y eventual muerte de las personas reportadas como desaparecidas, en eventos generales (“enfrentamientos”) de los que, además, no se dio noticia en su momento, de modo que quedara constancia legal y/o pública, de la presunta muerte de esas personas.
Como señala el Informe, “la desaparición forzada, tal y como se desprende de las evidencias, fue práctica común de las autoridades, las que incluso al ser requeridas de informes (acerca) de las personas detenidas, negaron sistemáticamente su intervención y conocimiento de los hechos, así como tener noticia del paradero y la suerte de los desaparecidos” (negritas mías, G. H.).
Complicidad de las instituciones de justicia.
A este respecto, la CNDH denuncia también “las irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la institución del ministerio público...pues...no obstante que se presentó denuncia (de las desapariciones) que cubría las formalidades legales, las averiguaciones previas que debieron iniciarse no tuvieron el desarrollo adecuado, en virtud de la inactividad en el curso de dichos procedimientos, sin que existiera explicación sobre tal omisión, no obstante que se trataba de delitos perseguibles de oficio y que incluso se agotó la vía de hacerlas públicas por los medios de comunicación”. Detrás del lenguaje cuidadoso de la Comisión, es claro el señalamiento de complicidad -por parte de las diversas instancias de procuración de justicia que conocieron en su momento las denuncias- con los perpetradores de la guerra sucia.
En síntesis, la investigación de la CNDH, pese a no contar con todos los instrumentos y facultades legales, por ejemplo de un ministerio público, pudo acreditar que en el curso de la llamada guerra sucia, las autoridades violaron sistemáticamente los derechos humanos de las personas que fueron retenidas ilegalmente, “ya que no sólo suprimieron su libertad personal, sino que se les impidió una adecuada defensa,...también quedó acreditada la incomunicación de la que fueron objeto...lo que trajo como consecuencia la violación a las garantías de libre tránsito, de seguridad jurídica, de justicia, debido proceso y de legalidad”.
Igualmente, fue práctica común la de efectuar cateos y allanar domicilios sin contar con la orden judicial correspondiente. Aún en el extremo de que se imputara a los agraviados la comisión previa de conductas antijurídicas o plenamente delictivas –dice la CNDH- “la persecución de los delitos corresponde de manera exclusiva al ministerio público, pero en manera alguna pudo serlo de los agentes de una corporación como la Dirección Federal de Seguridad, carentes de facultades” legales para allanar, catear, detener o interrogar.
La tortura era la norma.
De los testimonios recabados por la investigación de la CNDH, se acreditó que en la gran mayoría de los casos, por no decir que en todos, “las personas al ser detenidas eran remitidas a instalaciones que estaban a disposición de agentes de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad, donde eran vendadas de los ojos e interrogadas, y obligadas a declarar mediante amenazas, golpes, aplicación de corriente eléctrica en genitales, y sometidas a vejaciones y malos tratos, que las autoridades negaban sistemáticamente, como negaron el paradero y la suerte final de las víctimas de la desaparición”.
Breve numeralia.
En los 532 casos investigados, las detenciones se practicaron sin orden legal; 4 de cada 10 detenciones se realizaron de noche y en el domicilio de las víctimas; en el 100 % de los casos documentados, las personas detenidas fueron víctimas de tortura física y sicológica, o de otras formas de trato inhumano y degradante; en los 275 casos comprobados de desaparición forzada, hubo amenazas o violación de los derechos humanos contra familiares; 70 % de los desaparecidos en el medio urbano eran estudiantes, 20 % obreros y, el resto, profesionales y empleados; mientras que en el medio rural 75 % de los casos eran campesinos y profesores rurales.
De los 532 casos investigados, 351 ocurrieron en zonas rurales, 332 de ellos en el estado de Guerrero, y 181 en la zona urbana, particularmente en el Distrito Federal (50 casos) y en Sinaloa (40 casos).
La investigación, encabezada por el segundo visitador general de la CNDH, doctor Raúl Plascencia Villanueva, al mando de un equipo integrado por más de 80 profesionales, fue apuntalada con mil 603 diligencias hechas en 19 entidades del país, 544 testimoniales de familiares (de las víctimas) y testigos, la revisión de 80 mil tarjetas y 41 mil fojas de expedientes bajo resguardo del CISEN, además de numerosos reportes periodísticos.
Las reacciones al Informe de la CNDH.
Sin dejar de ser previsibles, algunas de las reacciones ante el Informe sorprendieron. En los extremos, destaca la reacción de Rosario Ibarra, la legendaria luchadora por la presentación de su hijo Jesús y de los demás desaparecidos (y figura muy importante de la izquierda mexicana), quien dijo cosas como que “el documento de la CNDH es una farsa”, o bien que el Informe es “la más sangrienta broma que se le puede jugar a una madre”. En su argumentación, Rosario explicaba que estaba en contra del Informe porque en él no se planteaba nada que no se supiera de antemano, que la CNDH sólo había “plagiado” la información que el Comité Eureka había entregado desde 1990 a la Secretaría de Gobernación, en tiempos de Gutiérrez Barrios, y la de los archivos del Cisen.
Pero Rosario Ibarra dejaba de lado lo fundamental: que una cosa era que las madres y familiares de los desaparecidos estuvieran convencidos de la desaparición forzada de sus familiares, y presentaran algunos datos de las condiciones en que ocurrieron tales desapariciones, y otra que esta convicción estuviera fundada en datos y testimonios incontrovertibles, “oficiales”, capaces al mismo tiempo de convencer a la sociedad y de jugar un papel decisivo en los procesos legales a seguir. Por lo demás, era injusta con el trabajo de la CNDH, que de ningún modo se limitó a “plagiar” información previa, sino que hizo su propio trabajo de investigación, tomando como base, en efecto, la información precedente. Pero ello es lo normal en toda investigación. Sin olvidar el hecho de que parte de esta investigación había sido desarrollada por la propia CNDH en sus primeros años de existencia[1].
El valor de la investigación.
El valor de la investigación reside entonces en que validó en su mayor parte las denuncias de los familiares, mediante una investigación que cubrió básicamente dos campos: la investigación en los archivos y en otros documentos oficiales (básicamente los archivos del Cisen [DFS] y los del Archivo General de la Nación), y el trabajo de campo con testigos directos e indirectos y con los familiares de las víctimas, comprobando la existencia previa de las personas y el contexto o condiciones de su desaparición, así como despejando el campo de posibles equívocos en función de homonimias, etcétera.
En algún momento Rosario Ibarra afirmó que “el informe no vale nada si no me dice dónde está mi hijo”; pero eso difícilmente podía decirlo el Informe: la CNDH no tiene facultades ministeriales, es decir, no puede citar, declarar ni arraigar a presuntos responsables, menos procesar a presuntos delincuentes; esa es tarea del ministerio público y, en su caso, del poder judicial. De ahí también la necesidad de una fiscalía especial -como lo propuso la CNDH-, quien sí puede legalmente profundizar en la investigación sobre el paradero de los desaparecidos y, en su caso, consignar a los presuntos responsables ante los jueces.
Así, el Informe de la CNDH no dice dónde está Jesús Piedra Ibarra, pero señala sin ambages y en base a documentos oficiales quién fue la última autoridad que lo tuvo en su poder, antes de su desaparición. Es decir, dice a quién o a quiénes, en todo caso, habría que preguntarles (y en su caso fincarles responsabilidades legales) por el paradero de Jesús.
En el otro extremo, está la entrevista que el general (retirado) del ejército mexicano, Alberto Quintanar Álvarez concedió al diario La Jornada (07.12.01), donde reivindica abiertamente los métodos de la guerra sucia, y se yergue retador ante los procesos y los actores que buscan esclarecerla y fincar responsabilidades. Niega para empezar que hubiera guerra sucia:
“Fue una guerra que sirvió al país para limpiarlo de delincuentes que lo desestabilizaban”.
Cuando el reportero le pregunta su opinión sobre la creación de una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas, pierde la compostura y contesta a gritos:
“¡Fiscal madres! Yo tengo Ministerio Público, jueces, procurador, prisión militar. ¡Qué jijos de la chingada! ¿El fuero de guerra vale madres?”
El general Quintanar, en medio de su furia, adelantaba uno de los temas que después estarían en el centro del debate: ¿bajo qué marco jurídico deben ser procesados y juzgados los mandos militares involucrados en la guerra sucia?, ¿el fuero común o el fuero militar?
Debate, críticas, visiones.
En el medio hubo muchas tonalidades y registros, desde un dirigente emblemático de la derecha como Diego Fernández de Cevallos, que dijo “temer” que con la investigación de la CNDH se quisiera hacer “héroes” a los guerrilleros (terroristas, dice él) olvidando la violencia muchas veces letal que éstos ejercieron contra las fuerzas de seguridad y contra gente inocente que fue secuestrada, etcétera; hasta el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), que se sumó a la caracterización de los procesos de investigación en curso como “una mascarada”, pues, dijo, ésta “sólo reprodujo datos aportados por familiares”.[2]
La senadora Leticia Burgos, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que el informe “tiene confusiones, omisiones graves e irregularidades que nos hacen prever un engaño más”; que en el informe hay “una maraña de enredos”. La senadora no aclaró cuáles eran dichas “confusiones, omisiones graves e irregularidades” que la inquietaban tanto, ni desenredó con argumentos la supuesta “maraña de enredos”.
Sin embargo, algunos miembros de su partido valoraron con otra óptica la aportación del Informe. Rosalbina Garavito, por ejemplo, señala que si bien no hay duda de que el Informe de la CNDH es incompleto, afirma que
“sin embargo, el valor político del documento es el reconocimiento por parte del Estado de haber actuado fuera de toda norma legal en la persecución y aniquilamiento de quienes en aquellos años optaron por la vía armada”.
La ex senadora del PRD (y ex militante de los grupos armados) dijo también, acertadamente, que antes que regodearse en sus supuestas limitaciones, al Informe había que verlo como un triunfo de todos los que, por lustros, denunciaron la existencia de los desaparecidos y lucharon por su presentación.
Otras críticas fueron en el sentido de que el Informe era la versión mexicana de la Ley de Punto Final de Argentina, pero aquí también se erró el tiro: mientras que Ley de Punto Final quiso, como su nombre lo indica, cerrar el capítulo de la guerra sucia y las desapariciones en aquel país, sin castigar penalmente a nadie; aquí el Informe de la CNDH y sus recomendaciones abrieron los cauces y los espacios para que se desarrolle la investigación, para que intervenga la sociedad y el Estado asuma su responsabilidad, para que se aclaren los crímenes del pasado, se conozca la verdad y se sancione a los responsables.
Finalmente, en la opinión pública quedó claro que, si bien la suerte del Informe dependería de la actitud del gobierno federal hacia sus conclusiones, ya la aceptación abierta de sus recomendaciones, por parte del presidente Fox, en particular la designación de un fiscal especial, constituía un mensaje inequívoco: que el Informe sobre desaparecidos inaugura una etapa en México, caracterizada porque el gobierno coincide con la opinión pública avanzada en la necesidad de esclarecer el pasado, abolir la impunidad, establecer medios, jurisprudencia e instituciones para la rendición de cuentas, y el castigo a los abusos y a las violaciones del poder.
Con una ventaja que destacó Federico Reyes Heroles: el Informe encontró una fórmula de presentación “que no genera confrontación institucional”, mediante el planteamiento –legalmente sólido- de que las instituciones (Ejército, Gobierno) no cometen delitos, sino en todo caso las personas que en un momento dado las encabezan o integran.
El Informe, escribió Raymundo Riva Palacio, “es la puerta de entrada al conocimiento público de lo que fueron esos años, pues las actuaciones de la CNDH valen jurídicamente para que se integre la denuncia penal”. Y Raúl Trejo Delarbre señaló que el Informe era un “ejercicio de franqueza y justicia” por parte de la CNDH, que ayudaba a enterrar para siempre a los espectros de la intolerancia y la represión.
[1] Por ejemplo, los testimonios que la CNDH obtuvo en 1990-91 de los agentes de la policía judicial del estado de Nuevo León que participaron en la detención de Jesús Piedra Ibarra.
[2] El temor de Fernández de Cevallos era infundado, pues en el propio Informe la CNDH decía que “es cierto que las organizaciones surgidas en torno a proyectos revolucionarios utilizaron la violencia, transgredieron las leyes y representaron un riesgo para la seguridad pública y las instituciones del Estado... Sin embargo, también es irrefutable que muchas de las respuestas por parte de las fuerzas públicas fueron realizadas fuera del marco jurídico”. Informe Especial sobre Desaparecidos, Presentación, p. 1.
El 27 de noviembre de año 2001 fue presentado el Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas que la CNDH se había comprometido, meses antes, a elaborar. José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, leyó ante el presidente de la República un informe plagado de episodios estrujantes y definiciones jurídico-políticas, que incomodó a más de uno en el selecto auditorio, pero que posiblemente inauguró una nueva etapa en la vida política del país.
Más allá de eventuales errores u omisiones del Informe, su significado histórico -como lo pusieron de relieve destacados analistas de la vida política-, es que por vez primera un órgano público del Estado mexicano, la CNDH, no sólo admite, sino documenta un fenómeno por algunos vivido y conocido de primera mano, por muchos otros percibido, fenómeno denunciado públicamente cuando menos desde 1975, pero que siempre había sido negado oficialmente: que durante la década de los setenta y hasta principios de los ochenta del siglo pasado (bajo los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo), autoridades gubernamentales mexicanas llevaron a cabo, de manera sistemática (es decir, como política de gobierno) la práctica de la desaparición forzada de personas. El juicio de la CNDH sobre estos hechos fue implacable: “no hay razón de seguridad nacional que justifique la desaparición forzada de personas y no hay razón de Estado que pueda estar por encima del Estado de Derecho”.
La guerra sucia.
Ello ocurrió en el contexto de un enfrentamiento soterrado entre organizaciones (“revolucionarias”) de civiles que habían asumido la lucha armada como método de transformación social, y las corporaciones policíacas y militares responsables (legalmente o de facto) de la seguridad nacional y de la seguridad interior, como la Dirección Federal de Seguridad, en el periodo conocido como la guerra sucia. El signo de ese enfrentamiento fue la violencia de las partes, y en particular la ilegalidad de las acciones y la impunidad de los agentes gubernamentales involucrados, pues el informe documenta de modo irrefutable que, en la inmensa mayoría de los casos, las detenciones/desapariciones se hicieron sin que mediara orden de aprehensión, no se consignó a los detenidos ante autoridad judicial o ministerial competente alguna (como lo exige la ley), y los autores de estos delitos nunca fueron responsabilizados por ello, beneficiándose así de una absoluta impunidad.
De un total de 532 casos de los que la CNDH tuvo conocimiento, en 275 se comprobó de modo fehaciente –básicamente a través de registros y documentales internos de la llamada Dirección Federal de Seguridad, resguardados en los archivos del CISEN- la intervención de autoridades gubernamentales en la desaparición de esas personas; en otros 97 casos las investigaciones arrojaron fuertes indicios de que habían participado autoridades gubernamentales en su desaparición, sin que éstos llegaran a constituir prueba plena, y en los casos restantes, 160, la CNDH no encontró evidencias de que, ocurridas las desapariciones, éstas hubieran sido causadas por la intervención de alguna autoridad gubernamental.
Ahora bien, en los casos en que los indicios fueron insuficientes para considerar plenamente acreditada, a juicio de ese organismo público, la desaparición forzada, o incluso en aquellos en los que se estimó que no existían evidencias, la CNDH no cerró los casos, sino que los dejó abiertos a la espera de nuevos elementos que pudieran bien corroborar, bien desacreditar, la desaparición forzada de esas personas. Un dato significativo es que, en todos los casos, se acreditó que las personas reportadas como desaparecidas existieron en realidad, fueron miembros o simpatizantes de grupos armados, o familiares de estos miembros. Esto es importante porque incluso se llegó a negar, por parte de los defensores de la guerra sucia, que tales personas hubieran realmente existido.
Los culpables.
Si bien la CNDH se negó a revelar específicamente los nombres de las personas acusadas de ser responsables de las desapariciones, pues al no haberse establecido su responsabilidad por los tribunales competentes, se podía estar incurriendo en violaciones a sus garantías individuales; en el texto del informe y en los documentos referenciados aparecen una y otra vez los mismos nombres: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Luis de la Barreda Moreno, Arturo Durazo Moreno, Salomón Tanús, Jorge Obregón Lima, Francisco Sahagún Baca, Francisco Quiroz Hermosillo, José Guadalupe Estrella, Raúl Mendiolea Cerecedo, Luis Montiel, Florentino Ventura, en total, 74 ex servidores públicos y 37 dependencias gubernamentales involucrados en los hechos...más los nombres de numerosos jefes policíacos y jefes de guarniciones militares locales.
La actitud gubernamental.
El Informe de la CNDH exhibe, entre otras cosas, que la actitud gubernamental ante el problema de los desaparecidos tuvo como fundamentos básicos el ocultamiento, la mentira y la manipulación. Caso paradigmático sería el “Informe” hecho público, en 1979, por el entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, donde menciona –entre otras- a 44 personas que supuestamente resultaron muertas en el enfrentamiento ocurrido el 8 de septiembre de 1974 (durante el operativo militar de rescate de Rubén Figueroa, gobernador electo de Guerrero), en la sierra de Guerrero, de los cuales la mayoría eran reclamados como desaparecidos. Sin embargo, la investigación de la CNDH encontró que en ese enfrentamiento murió sólo una persona, con lo que queda en evidencia la intención gubernamental de descargar la responsabilidad por la desaparición y eventual muerte de las personas reportadas como desaparecidas, en eventos generales (“enfrentamientos”) de los que, además, no se dio noticia en su momento, de modo que quedara constancia legal y/o pública, de la presunta muerte de esas personas.
Como señala el Informe, “la desaparición forzada, tal y como se desprende de las evidencias, fue práctica común de las autoridades, las que incluso al ser requeridas de informes (acerca) de las personas detenidas, negaron sistemáticamente su intervención y conocimiento de los hechos, así como tener noticia del paradero y la suerte de los desaparecidos” (negritas mías, G. H.).
Complicidad de las instituciones de justicia.
A este respecto, la CNDH denuncia también “las irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la institución del ministerio público...pues...no obstante que se presentó denuncia (de las desapariciones) que cubría las formalidades legales, las averiguaciones previas que debieron iniciarse no tuvieron el desarrollo adecuado, en virtud de la inactividad en el curso de dichos procedimientos, sin que existiera explicación sobre tal omisión, no obstante que se trataba de delitos perseguibles de oficio y que incluso se agotó la vía de hacerlas públicas por los medios de comunicación”. Detrás del lenguaje cuidadoso de la Comisión, es claro el señalamiento de complicidad -por parte de las diversas instancias de procuración de justicia que conocieron en su momento las denuncias- con los perpetradores de la guerra sucia.
En síntesis, la investigación de la CNDH, pese a no contar con todos los instrumentos y facultades legales, por ejemplo de un ministerio público, pudo acreditar que en el curso de la llamada guerra sucia, las autoridades violaron sistemáticamente los derechos humanos de las personas que fueron retenidas ilegalmente, “ya que no sólo suprimieron su libertad personal, sino que se les impidió una adecuada defensa,...también quedó acreditada la incomunicación de la que fueron objeto...lo que trajo como consecuencia la violación a las garantías de libre tránsito, de seguridad jurídica, de justicia, debido proceso y de legalidad”.
Igualmente, fue práctica común la de efectuar cateos y allanar domicilios sin contar con la orden judicial correspondiente. Aún en el extremo de que se imputara a los agraviados la comisión previa de conductas antijurídicas o plenamente delictivas –dice la CNDH- “la persecución de los delitos corresponde de manera exclusiva al ministerio público, pero en manera alguna pudo serlo de los agentes de una corporación como la Dirección Federal de Seguridad, carentes de facultades” legales para allanar, catear, detener o interrogar.
La tortura era la norma.
De los testimonios recabados por la investigación de la CNDH, se acreditó que en la gran mayoría de los casos, por no decir que en todos, “las personas al ser detenidas eran remitidas a instalaciones que estaban a disposición de agentes de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad, donde eran vendadas de los ojos e interrogadas, y obligadas a declarar mediante amenazas, golpes, aplicación de corriente eléctrica en genitales, y sometidas a vejaciones y malos tratos, que las autoridades negaban sistemáticamente, como negaron el paradero y la suerte final de las víctimas de la desaparición”.
Breve numeralia.
En los 532 casos investigados, las detenciones se practicaron sin orden legal; 4 de cada 10 detenciones se realizaron de noche y en el domicilio de las víctimas; en el 100 % de los casos documentados, las personas detenidas fueron víctimas de tortura física y sicológica, o de otras formas de trato inhumano y degradante; en los 275 casos comprobados de desaparición forzada, hubo amenazas o violación de los derechos humanos contra familiares; 70 % de los desaparecidos en el medio urbano eran estudiantes, 20 % obreros y, el resto, profesionales y empleados; mientras que en el medio rural 75 % de los casos eran campesinos y profesores rurales.
De los 532 casos investigados, 351 ocurrieron en zonas rurales, 332 de ellos en el estado de Guerrero, y 181 en la zona urbana, particularmente en el Distrito Federal (50 casos) y en Sinaloa (40 casos).
La investigación, encabezada por el segundo visitador general de la CNDH, doctor Raúl Plascencia Villanueva, al mando de un equipo integrado por más de 80 profesionales, fue apuntalada con mil 603 diligencias hechas en 19 entidades del país, 544 testimoniales de familiares (de las víctimas) y testigos, la revisión de 80 mil tarjetas y 41 mil fojas de expedientes bajo resguardo del CISEN, además de numerosos reportes periodísticos.
Las reacciones al Informe de la CNDH.
Sin dejar de ser previsibles, algunas de las reacciones ante el Informe sorprendieron. En los extremos, destaca la reacción de Rosario Ibarra, la legendaria luchadora por la presentación de su hijo Jesús y de los demás desaparecidos (y figura muy importante de la izquierda mexicana), quien dijo cosas como que “el documento de la CNDH es una farsa”, o bien que el Informe es “la más sangrienta broma que se le puede jugar a una madre”. En su argumentación, Rosario explicaba que estaba en contra del Informe porque en él no se planteaba nada que no se supiera de antemano, que la CNDH sólo había “plagiado” la información que el Comité Eureka había entregado desde 1990 a la Secretaría de Gobernación, en tiempos de Gutiérrez Barrios, y la de los archivos del Cisen.
Pero Rosario Ibarra dejaba de lado lo fundamental: que una cosa era que las madres y familiares de los desaparecidos estuvieran convencidos de la desaparición forzada de sus familiares, y presentaran algunos datos de las condiciones en que ocurrieron tales desapariciones, y otra que esta convicción estuviera fundada en datos y testimonios incontrovertibles, “oficiales”, capaces al mismo tiempo de convencer a la sociedad y de jugar un papel decisivo en los procesos legales a seguir. Por lo demás, era injusta con el trabajo de la CNDH, que de ningún modo se limitó a “plagiar” información previa, sino que hizo su propio trabajo de investigación, tomando como base, en efecto, la información precedente. Pero ello es lo normal en toda investigación. Sin olvidar el hecho de que parte de esta investigación había sido desarrollada por la propia CNDH en sus primeros años de existencia[1].
El valor de la investigación.
El valor de la investigación reside entonces en que validó en su mayor parte las denuncias de los familiares, mediante una investigación que cubrió básicamente dos campos: la investigación en los archivos y en otros documentos oficiales (básicamente los archivos del Cisen [DFS] y los del Archivo General de la Nación), y el trabajo de campo con testigos directos e indirectos y con los familiares de las víctimas, comprobando la existencia previa de las personas y el contexto o condiciones de su desaparición, así como despejando el campo de posibles equívocos en función de homonimias, etcétera.
En algún momento Rosario Ibarra afirmó que “el informe no vale nada si no me dice dónde está mi hijo”; pero eso difícilmente podía decirlo el Informe: la CNDH no tiene facultades ministeriales, es decir, no puede citar, declarar ni arraigar a presuntos responsables, menos procesar a presuntos delincuentes; esa es tarea del ministerio público y, en su caso, del poder judicial. De ahí también la necesidad de una fiscalía especial -como lo propuso la CNDH-, quien sí puede legalmente profundizar en la investigación sobre el paradero de los desaparecidos y, en su caso, consignar a los presuntos responsables ante los jueces.
Así, el Informe de la CNDH no dice dónde está Jesús Piedra Ibarra, pero señala sin ambages y en base a documentos oficiales quién fue la última autoridad que lo tuvo en su poder, antes de su desaparición. Es decir, dice a quién o a quiénes, en todo caso, habría que preguntarles (y en su caso fincarles responsabilidades legales) por el paradero de Jesús.
En el otro extremo, está la entrevista que el general (retirado) del ejército mexicano, Alberto Quintanar Álvarez concedió al diario La Jornada (07.12.01), donde reivindica abiertamente los métodos de la guerra sucia, y se yergue retador ante los procesos y los actores que buscan esclarecerla y fincar responsabilidades. Niega para empezar que hubiera guerra sucia:
“Fue una guerra que sirvió al país para limpiarlo de delincuentes que lo desestabilizaban”.
Cuando el reportero le pregunta su opinión sobre la creación de una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas, pierde la compostura y contesta a gritos:
“¡Fiscal madres! Yo tengo Ministerio Público, jueces, procurador, prisión militar. ¡Qué jijos de la chingada! ¿El fuero de guerra vale madres?”
El general Quintanar, en medio de su furia, adelantaba uno de los temas que después estarían en el centro del debate: ¿bajo qué marco jurídico deben ser procesados y juzgados los mandos militares involucrados en la guerra sucia?, ¿el fuero común o el fuero militar?
Debate, críticas, visiones.
En el medio hubo muchas tonalidades y registros, desde un dirigente emblemático de la derecha como Diego Fernández de Cevallos, que dijo “temer” que con la investigación de la CNDH se quisiera hacer “héroes” a los guerrilleros (terroristas, dice él) olvidando la violencia muchas veces letal que éstos ejercieron contra las fuerzas de seguridad y contra gente inocente que fue secuestrada, etcétera; hasta el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), que se sumó a la caracterización de los procesos de investigación en curso como “una mascarada”, pues, dijo, ésta “sólo reprodujo datos aportados por familiares”.[2]
La senadora Leticia Burgos, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que el informe “tiene confusiones, omisiones graves e irregularidades que nos hacen prever un engaño más”; que en el informe hay “una maraña de enredos”. La senadora no aclaró cuáles eran dichas “confusiones, omisiones graves e irregularidades” que la inquietaban tanto, ni desenredó con argumentos la supuesta “maraña de enredos”.
Sin embargo, algunos miembros de su partido valoraron con otra óptica la aportación del Informe. Rosalbina Garavito, por ejemplo, señala que si bien no hay duda de que el Informe de la CNDH es incompleto, afirma que
“sin embargo, el valor político del documento es el reconocimiento por parte del Estado de haber actuado fuera de toda norma legal en la persecución y aniquilamiento de quienes en aquellos años optaron por la vía armada”.
La ex senadora del PRD (y ex militante de los grupos armados) dijo también, acertadamente, que antes que regodearse en sus supuestas limitaciones, al Informe había que verlo como un triunfo de todos los que, por lustros, denunciaron la existencia de los desaparecidos y lucharon por su presentación.
Otras críticas fueron en el sentido de que el Informe era la versión mexicana de la Ley de Punto Final de Argentina, pero aquí también se erró el tiro: mientras que Ley de Punto Final quiso, como su nombre lo indica, cerrar el capítulo de la guerra sucia y las desapariciones en aquel país, sin castigar penalmente a nadie; aquí el Informe de la CNDH y sus recomendaciones abrieron los cauces y los espacios para que se desarrolle la investigación, para que intervenga la sociedad y el Estado asuma su responsabilidad, para que se aclaren los crímenes del pasado, se conozca la verdad y se sancione a los responsables.
Finalmente, en la opinión pública quedó claro que, si bien la suerte del Informe dependería de la actitud del gobierno federal hacia sus conclusiones, ya la aceptación abierta de sus recomendaciones, por parte del presidente Fox, en particular la designación de un fiscal especial, constituía un mensaje inequívoco: que el Informe sobre desaparecidos inaugura una etapa en México, caracterizada porque el gobierno coincide con la opinión pública avanzada en la necesidad de esclarecer el pasado, abolir la impunidad, establecer medios, jurisprudencia e instituciones para la rendición de cuentas, y el castigo a los abusos y a las violaciones del poder.
Con una ventaja que destacó Federico Reyes Heroles: el Informe encontró una fórmula de presentación “que no genera confrontación institucional”, mediante el planteamiento –legalmente sólido- de que las instituciones (Ejército, Gobierno) no cometen delitos, sino en todo caso las personas que en un momento dado las encabezan o integran.
El Informe, escribió Raymundo Riva Palacio, “es la puerta de entrada al conocimiento público de lo que fueron esos años, pues las actuaciones de la CNDH valen jurídicamente para que se integre la denuncia penal”. Y Raúl Trejo Delarbre señaló que el Informe era un “ejercicio de franqueza y justicia” por parte de la CNDH, que ayudaba a enterrar para siempre a los espectros de la intolerancia y la represión.
[1] Por ejemplo, los testimonios que la CNDH obtuvo en 1990-91 de los agentes de la policía judicial del estado de Nuevo León que participaron en la detención de Jesús Piedra Ibarra.
[2] El temor de Fernández de Cevallos era infundado, pues en el propio Informe la CNDH decía que “es cierto que las organizaciones surgidas en torno a proyectos revolucionarios utilizaron la violencia, transgredieron las leyes y representaron un riesgo para la seguridad pública y las instituciones del Estado... Sin embargo, también es irrefutable que muchas de las respuestas por parte de las fuerzas públicas fueron realizadas fuera del marco jurídico”. Informe Especial sobre Desaparecidos, Presentación, p. 1.
El cerebro matrioshka
El ‘cerebro matrioshka’/Pedro J. Ramírez, director de El Mundo
Publicado en EL MUNDO, 09/12/07;
Dos de los lugares comunes más habitualmente manejados sobre la fabricación de las muñecas rusas o matrioshkas -así denominadas por su apariencia cilíndrica de amplio radio, tan faltas de cintura y generosas en volumen como la mayoría de las ajamonadas madres de familia campesinas de la estepa o de la tundra- son que se trata de una tradición ancestral con muchos siglos de artesanía a sus espaldas y que cada una de las piezas que se esconde en la inmediatamente mayor es igual a todas las demás.
Publicado en EL MUNDO, 09/12/07;
Dos de los lugares comunes más habitualmente manejados sobre la fabricación de las muñecas rusas o matrioshkas -así denominadas por su apariencia cilíndrica de amplio radio, tan faltas de cintura y generosas en volumen como la mayoría de las ajamonadas madres de familia campesinas de la estepa o de la tundra- son que se trata de una tradición ancestral con muchos siglos de artesanía a sus espaldas y que cada una de las piezas que se esconde en la inmediatamente mayor es igual a todas las demás.
Encuesta
Preocupan a mexicanos ataques guerrilleros
JORGE BUENDÍA Y LILIANA RUIZ/ Ipsos-Bimsa
Publicado en El Universal, 09/12/2007
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad nacional en México. Los ataques a los ductos de Pemex le han dado a esta organización una visibilidad sin precedente
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad nacional en México. Los ataques a los ductos de Pemex le han dado a esta organización una visibilidad sin precedente.
¿Qué piensan los mexicanos de la guerrilla y el EPR? ¿Bajo qué condiciones la población justifica la existencia de la guerrilla? ¿Cómo califican la actuación de las autoridades frente al EPR? Esta y otras preguntas las contesta la Encuesta Nacional de Ipsos-Bimsa/EL UNIVERSAL.
A pesar de lo que pudiera creerse, la guerrilla no despierta romanticismo alguno en nuestro país. El 83% de los mexicanos encuestados asocia la palabra guerrilla con algo negativo.
Además, los términos que más se asocian a la palabra “guerrilla” son eminentemente negativos: “guerra” (19%), “combate” (9%), “muerte/sangre” (8%) e “inconformidad con el gobierno” (8%).
Tres de cada cuatro mexicanos (76%) consideran que hay movimientos guerrilleros en el país y que, además, la existencia de éstos se remonta a la época priísta.
Esto se explica por el hecho de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento ampliamente conocido por la población (63%).
El EPR, por el contrario, y a pesar de lo reciente de sus ataques, es menos conocido como movimiento guerrillero (36%).
Aunque el EZLN genera más simpatías que el EPR (31% y 18% de opiniones favorables respectivamente), predominan las opiniones negativas sobre ambos. En el caso del EPR, el 48% de quienes lo conocen tiene una imagen desfavorable de la organización.
¿Bajo qué condiciones la población justifica un movimiento guerrillero?
Los ciudadanos justifican en mayor grado a una guerrilla cuando ésta aparece “para remediar la pobreza de la población” (43% la justifica y 54% no la justifica) que cuando el objetivo es eminentemente político, ya sea “combatir el autoritarismo del gobierno” (35% la justifica) o “hacer una revolución y derrocar al gobierno en turno” (20%).
A pesar de lo que pudiera esperarse, no se observan diferencias importantes entre la población urbana y rural en relación con las justificantes de la acción guerrillera.
En el caso específico del EPR ,y los ataques a los ductos de Pemex, predomina la percepción de que las distintas autoridades “han tomado acciones importantes pero insuficientes para aclarar los ataques”.
Aproximadamente una de cada cuatro personas considera que “no se han tomado acciones importantes”.
Las autoridades que resultan mejor evaluadas son el Ejército y el Presidente de la República.
Un tercio de la población encuestada (34%) señala que le “preocupa mucho” que el EPR vuelva a atacar instalaciones gubernamentales, mientras que una proporción similar (35%) señala que le “preocupa algo”.
La preocupación es similar en zonas urbanas y rurales, aunque es mayor en las zonas donde ocurrieron los ataques o cercanas a ellos.
La población está dividida ante la posibilidad de una vinculación del EPR con el narcotráfico: 35% señala que sí hay vínculos, mientras que 32% no cree que hay vínculos. El resto de la población no tiene una opinión al respecto.
En conclusión, la percepción que hay sobre la guerrilla en México, y en particular el EPR, es altamente negativa.
Si bien la “propaganda por hechos” le ha dado visibilidad al EPR, también le ha acarreado la condena de la mayoría de la población. Aun cuando el EZLN dejó de ser noticia hace mucho tiempo, está mejor posicionado, en conocimiento y opinión, que el EPR.
JORGE BUENDÍA Y LILIANA RUIZ/ Ipsos-Bimsa
Publicado en El Universal, 09/12/2007
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad nacional en México. Los ataques a los ductos de Pemex le han dado a esta organización una visibilidad sin precedente
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad nacional en México. Los ataques a los ductos de Pemex le han dado a esta organización una visibilidad sin precedente.
¿Qué piensan los mexicanos de la guerrilla y el EPR? ¿Bajo qué condiciones la población justifica la existencia de la guerrilla? ¿Cómo califican la actuación de las autoridades frente al EPR? Esta y otras preguntas las contesta la Encuesta Nacional de Ipsos-Bimsa/EL UNIVERSAL.
A pesar de lo que pudiera creerse, la guerrilla no despierta romanticismo alguno en nuestro país. El 83% de los mexicanos encuestados asocia la palabra guerrilla con algo negativo.
Además, los términos que más se asocian a la palabra “guerrilla” son eminentemente negativos: “guerra” (19%), “combate” (9%), “muerte/sangre” (8%) e “inconformidad con el gobierno” (8%).
Tres de cada cuatro mexicanos (76%) consideran que hay movimientos guerrilleros en el país y que, además, la existencia de éstos se remonta a la época priísta.
Esto se explica por el hecho de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento ampliamente conocido por la población (63%).
El EPR, por el contrario, y a pesar de lo reciente de sus ataques, es menos conocido como movimiento guerrillero (36%).
Aunque el EZLN genera más simpatías que el EPR (31% y 18% de opiniones favorables respectivamente), predominan las opiniones negativas sobre ambos. En el caso del EPR, el 48% de quienes lo conocen tiene una imagen desfavorable de la organización.
¿Bajo qué condiciones la población justifica un movimiento guerrillero?
Los ciudadanos justifican en mayor grado a una guerrilla cuando ésta aparece “para remediar la pobreza de la población” (43% la justifica y 54% no la justifica) que cuando el objetivo es eminentemente político, ya sea “combatir el autoritarismo del gobierno” (35% la justifica) o “hacer una revolución y derrocar al gobierno en turno” (20%).
A pesar de lo que pudiera esperarse, no se observan diferencias importantes entre la población urbana y rural en relación con las justificantes de la acción guerrillera.
En el caso específico del EPR ,y los ataques a los ductos de Pemex, predomina la percepción de que las distintas autoridades “han tomado acciones importantes pero insuficientes para aclarar los ataques”.
Aproximadamente una de cada cuatro personas considera que “no se han tomado acciones importantes”.
Las autoridades que resultan mejor evaluadas son el Ejército y el Presidente de la República.
Un tercio de la población encuestada (34%) señala que le “preocupa mucho” que el EPR vuelva a atacar instalaciones gubernamentales, mientras que una proporción similar (35%) señala que le “preocupa algo”.
La preocupación es similar en zonas urbanas y rurales, aunque es mayor en las zonas donde ocurrieron los ataques o cercanas a ellos.
La población está dividida ante la posibilidad de una vinculación del EPR con el narcotráfico: 35% señala que sí hay vínculos, mientras que 32% no cree que hay vínculos. El resto de la población no tiene una opinión al respecto.
En conclusión, la percepción que hay sobre la guerrilla en México, y en particular el EPR, es altamente negativa.
Si bien la “propaganda por hechos” le ha dado visibilidad al EPR, también le ha acarreado la condena de la mayoría de la población. Aun cuando el EZLN dejó de ser noticia hace mucho tiempo, está mejor posicionado, en conocimiento y opinión, que el EPR.
René Arce es Oscar Nahúm Círigo
Los Círigo, en las raíces del EPR/
Reportaje de JUAN VELEDÍAZ
Publicado en El Universal, viernes 7 de diciembre de 2007;
Una delación, en 1974, sobre el “comité regional” de la Liga Comunista 23 de Septiembre, liderada por los hermanos Círigo Vázquez, derivó en la desintegración del movimiento en Oaxaca, pero dio pie al Ejército Popular Revolucionario.
Fue mediante la declaración de Jacinto González Alfaro, conocido como Cristo, como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la hoy desaparecida policía política del régimen priísta, corroboró la existencia en el otoño de 1974 del “comité regional” de la Liga Comunista 23 de Septiembre que actuaba en el estado de Oaxaca bajo el mando de los hermanos Manuel, Francisco y Óscar Nahúm Círigo Vázquez.
Los tres estaban considerados parte de la cúpula armada dedicada a asaltos y secuestros para sostener la lucha guerrillera, la cual dejó en aquella época varios muertos y heridos en la entidad, según el expediente sobre Óscar Nahúm en poder de EL UNIVERSAL, el cual se obtuvo por una petición de información pública hecha al Archivo General de la Nación (AGN).
González Alfaro era miembro de la Liga —la organización más beligerante de la época— y había sido detenido junto con un grupo de albañiles y estudiantes el primero de octubre de 1974 a las afueras de la ciudad de Oaxaca luego de haber participado en varios disturbios durante un intento por llevar a huelga a trabajadores que laboraban para el gobierno federal. Cristo tenía 19 años de edad, estudiaba en la preparatoria popular Ricardo Flores Magón de la capital del estado y en febrero de aquel año había conocido en una conferencia sobre marxismo en su escuela a un joven a quien sus camaradas le decían Levit, llamado Óscar Nahúm Círigo Vázquez.
Reportaje de JUAN VELEDÍAZ
Publicado en El Universal, viernes 7 de diciembre de 2007;
Una delación, en 1974, sobre el “comité regional” de la Liga Comunista 23 de Septiembre, liderada por los hermanos Círigo Vázquez, derivó en la desintegración del movimiento en Oaxaca, pero dio pie al Ejército Popular Revolucionario.
Fue mediante la declaración de Jacinto González Alfaro, conocido como Cristo, como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la hoy desaparecida policía política del régimen priísta, corroboró la existencia en el otoño de 1974 del “comité regional” de la Liga Comunista 23 de Septiembre que actuaba en el estado de Oaxaca bajo el mando de los hermanos Manuel, Francisco y Óscar Nahúm Círigo Vázquez.
Los tres estaban considerados parte de la cúpula armada dedicada a asaltos y secuestros para sostener la lucha guerrillera, la cual dejó en aquella época varios muertos y heridos en la entidad, según el expediente sobre Óscar Nahúm en poder de EL UNIVERSAL, el cual se obtuvo por una petición de información pública hecha al Archivo General de la Nación (AGN).
González Alfaro era miembro de la Liga —la organización más beligerante de la época— y había sido detenido junto con un grupo de albañiles y estudiantes el primero de octubre de 1974 a las afueras de la ciudad de Oaxaca luego de haber participado en varios disturbios durante un intento por llevar a huelga a trabajadores que laboraban para el gobierno federal. Cristo tenía 19 años de edad, estudiaba en la preparatoria popular Ricardo Flores Magón de la capital del estado y en febrero de aquel año había conocido en una conferencia sobre marxismo en su escuela a un joven a quien sus camaradas le decían Levit, llamado Óscar Nahúm Círigo Vázquez.
Comunicado del ERPI; 7/12/2007
Comunicado del grupo denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, 7/12/2007;
LA DERECHA EN GUERRERO Y SU GOBIERNO
El gobierno de Zeferino Torreblanca da continuidad al proyecto económico, político y social neoliberal impuesto por la clase dominante en nuestro país. Modelo económico basado en la concentración de las ganancias en pocas manos y en la socialización de las pérdidas. Esta doctrina abrazada alegremente por la clase dominante de la periferia del imperio, está a todas luces contra el interés general de millones de mexicanos.
El pueblo de Guerrero se entusiasmó ante la posibilidad de sacar al PRI del gobierno del estado en la elección de febrero de 2005, pensando que la alternancia en el gobierno significaba el advenimiento de mejores tiempos para los guerrerenses. Llegó el hombre de la Z al poder y con él no los mejores hombres y mujeres , al contrario, su gabinete se compuso con los representantes de los poderes fácticos del viejo régimen priísta, que usufructuaron los dineros públicos, que reprimieron y asesinaron al pueblo en lucha y que mantienen a la entidad como una de las más pobres.
La traición de Zeferino a la masa que lo votó fue anterior a su toma de posesión y por su trayectoria política era de preverse. Es por ello una mentira que Guerrero viva una etapa de transición, como muchos perredistas lo dicen, ya sea por ignorancia o por cinismo. Al contrario, el gobierno de derecha que encabeza Zeferino constituye un retroceso en la lucha de nuestro pueblo por justicia y democracia, regresión manifiesta en: 1) La campaña de odio y represión clasista contra los luchadores sociales, criminalizando la lucha social y encarcelando a opositores políticos. 2) Su forma dictatorial de gobernar, concentrando en sus manos el poder del Estado, sometiendo a su divina voluntad al Poder Judicial y Legislativo, a la mayoría de presidentes municipales y a los dirigentes de todos los partidos políticos a nivel estatal. 3) Su interés en imponer los proyectos económicos del gran capital (presa La parota), incluso en contra de la decisión e interés de los pueblos afectados. 4) Y como corolario, su campaña pervertida contra la libertad de expresión, contra la prensa crítica, principalmente contra el periódico El Sur.
Recordemos que en nuestro país la derecha está empeñada en una campaña contra las libertades y las conquistas laborales, privatizando los recursos naturales nacionales, empobreciendo a millones de mexicanos en provecho de minorías rapaces y antinacionales y entregando los recursos estratégicos nacionales al gran capital. Utiliza para ello todos los mecanismos de control social, principalmente el poder coercitivo de la fuerza armada del Estado y la manipulación mediática, debido al monopolio de los medios de comunicación. Todo esto, bajo los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM), el Departamento del Tesoro y el gobierno de Estados Unidos.
Por ello, al tiempo que la clase gobernante impulsa las reformas fiscal, la energética, la laboral, la del ISSSTE, el relanzamiento del Plan Puebla Panamá, destina más recursos para reforzar el aparato represivo del Estado (más policías, más armamento, creación de fuerzas de elite para control de la población, más cuarteles, más cárceles, más grupos paramilitares, la militarización de los cuerpos policiacos), y el Ejército mexicano en la calle bajo el pretexto del combate al narcotráfico y por supuesto la criminalización de la protesta social y de la pobreza.
La oligarquía está consciente de que las medidas económicas, políticas y sociales que impulsa son contrarias al interés nacional y popular y tiene el temor de que el repudio de las masas empobrecidas, marginadas del desarrollo humano y social ponga en peligro la permanencia misma del Estado. De ese Estado de y para los empresarios.
Luego entonces, podemos decir que en nuestra patria se perfila un Estado autoritario fascista, bajo el protectorado de Estados Unidos mediante el llamado Plan México (y otros mecanismos político-financieros y militares), con la participación de todos los partidos políticos y los poderes fácticos.
Por todo lo anterior no podemos separar lo que pasa a nivel nacional con lo que acontece en el ámbito estatal. La campaña de odio y represión que ejerce el gobierno de Zeferino Torreblanca contra el movimiento social demuestra el perfil autoritario de la derecha. Represión y odio que cuenta con la complicidad de los dirigentes de todos los partidos, incluida la izquierda institucional (PRD) y de todos los grupos parlamentarios del Congreso estatal y de los presidentes municipales.
La represión policiaca ejercida por el gobierno de Zeferino contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa el pasado 14 de noviembre al desalojarlos del Congreso local retrata a la perfección el carácter represivo del gobierno estatal emanado del PRD, de sus diputados locales y de su dirigencia estatal, un gobierno y un partido represor, cerrado a la negociación, contrario a gobernar para todos.
La unanimidad de todos los dirigentes de los partidos políticos, funcionarios y diputados para justificar la paliza a los estudiantes es un hecho que nos habla de un divorcio de esa clase política guerrerense con su electorado y de una sumisión vil a los deseos del monarca estatal. Lo anterior constituye un antecedente que presagia un escenario difícil para las fuerzas populares pues están desatados los grupos y fuerzas más retrógrados del viejo régimen dispuestas a todo para golpear al pueblo, incluidos asesinatos masivos y selectivos, encarcelamiento y desaparición de luchadores sociales.
La fotografía reciente de la familia feliz, entre los que destacan Zeferino, Rubén Figueroa y René Juárez publicada en diversos diarios reafirma el pacto de los grupos fácticos contrarios al cambio y la justicia. No es aventurado decir que el pueblo de Guerrero corre el riesgo de volver a vivir los peores momentos de la guerra sucia, si ese pueblo vejado, marginado del desarrollo, reprimido, empobrecido, despojado y criminalizado por el Estado no se une y conforma una fuerza social y política que sea capaz de enfrentar a la derecha multipartidista que hoy padecemos los guerrerenses.
Detener los proyectos económicos, políticos y sociales de la derecha en Guerrero, sacudirse a gobernantes autodenominados de izquierda, traidores a la voluntad popular, y avanzar en la construcción del poder del pueblo es un reto que enfrentan las fuerzas populares.
La manipulación mediática impulsada por el gobierno estatal, el Congreso y los dirigentes partidistas criminalizando las protestas estudiantiles de la FECSM, de la APPG, calumniando a la prensa crítica y a otros liderazgos busca preparar a la opinión pública para una respuesta violenta del poder a las legítimas demandas populares.
La violenta y artera agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa del viernes 30 de noviembre en la caseta de cobro de La Venta a manos de militares disfrazados de policías reafirma la alternativa que los gobiernos federal y estatal tienen para un pueblo hambriento de justicia que aspira a vivir mejor. Golpes, insultos, descalificación, detención arbitraria, encarcelamiento es la respuesta. El falso discurso sobre el diálogo y negociación de Zeferino y sus funcionarios es sólo retórica hueca que busca confundir a un público poco informado. ¿Así es como Guerrero será mejor?
Esta coyuntura urge a definirse a numerosos luchadores sociales que forman parte del PRD, pues los pone en la disyuntiva: continuar con su militancia en ese partido y con ello ser cómplices (aunque sean críticos) de su práctica política, de su traición al interés popular, de su clara ideología de derecha o renunciar a él.
Renunciar al partido, lo sabemos, no es fácil, más si existe la esperanza de un puesto de elección popular o una chamba, pero en caso de continuar en él, los luchadores sociales seguirán legitimando a un partido que ha traicionado la historia de lucha del pueblo de Guerrero, y más aun renunciado a sus propios estatutos y declaración de principios. Hoy el PRD engañado por la lógica del poder es un instrumento de Zeferino y del gran capital en contra de los guerrerenses.
Estamos ciertos de que el PRD no tiene remedio, si no, querido lector, haga una revisión de los personajes que detentan un espacio de elección popular, de sus políticas de gobierno o de su práctica política, ya sea diputado, presidente municipal o gobernador, y de los que aspiran a estos puestos, y encontrará usted a personajes corrompidos y falsos que provocan una profunda repulsión (¿ejemplos? César Flores Maldonado, Armando Chavarría, Carlos Reyes, Sebastián de la Rosa, David Jiménez, Julio Ortega). ¿Qué futuro le espera al pueblo de Guerrero con estos dirigentes?
Señoras, señores, no nos engañemos, el PRD ni ninguno de los partidos nos representa. El cambio verdadero no pasa por la vía electoral. Pues el sistema de partidos en Guerrero y en el país existe para legitimar la permanencia en el poder de una clase social antinacional sirviente del gran capital.
Por otra parte, la negativa del gobernante estatal a otorgar plazas de maestro a los alumnos egresados de Ayotzinapa muestra claramente que la derecha piensa que la educación debe ser un privilegio de clase, nada más al alcance de unos cuantos, y para los pobres sólo la fantasía de progresar.
Para los militantes y simpatizantes honestos del PRD esto es un llamado de atención para reflexionar su permanencia y simpatía con ese partido, dado su proceso de descomposición, envilecimiento y derechización, enemigo de las mejores causas de nuestro pueblo, defensor de la represión y cómplice de las trapacerías del gobierno estatal.
En el aniversario número 33 de la caída en combate del fundador del Partido de los Pobres (Pdlp), el también estudiante, dirigente y profesor normalista egresado de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Lucio Cabañas Barrientos, los sectores populares deben tener claro que el principal reto es la construcción y fortalecimiento de un instrumento político-social que dé dirección y cuerpo al poder popular. Invertir tiempo, recursos y energía en apoyos a candidatos y partidos que no representan los intereses populares sólo conduce a fortalecer a la derecha que nos mal gobierna.
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
Comité Estatal en Guerrero
[Tomado de El Sur de Acapulco, 7 de diciembre de 2007.-]
Fuente: Cedema.org
LA DERECHA EN GUERRERO Y SU GOBIERNO
El gobierno de Zeferino Torreblanca da continuidad al proyecto económico, político y social neoliberal impuesto por la clase dominante en nuestro país. Modelo económico basado en la concentración de las ganancias en pocas manos y en la socialización de las pérdidas. Esta doctrina abrazada alegremente por la clase dominante de la periferia del imperio, está a todas luces contra el interés general de millones de mexicanos.
El pueblo de Guerrero se entusiasmó ante la posibilidad de sacar al PRI del gobierno del estado en la elección de febrero de 2005, pensando que la alternancia en el gobierno significaba el advenimiento de mejores tiempos para los guerrerenses. Llegó el hombre de la Z al poder y con él no los mejores hombres y mujeres , al contrario, su gabinete se compuso con los representantes de los poderes fácticos del viejo régimen priísta, que usufructuaron los dineros públicos, que reprimieron y asesinaron al pueblo en lucha y que mantienen a la entidad como una de las más pobres.
La traición de Zeferino a la masa que lo votó fue anterior a su toma de posesión y por su trayectoria política era de preverse. Es por ello una mentira que Guerrero viva una etapa de transición, como muchos perredistas lo dicen, ya sea por ignorancia o por cinismo. Al contrario, el gobierno de derecha que encabeza Zeferino constituye un retroceso en la lucha de nuestro pueblo por justicia y democracia, regresión manifiesta en: 1) La campaña de odio y represión clasista contra los luchadores sociales, criminalizando la lucha social y encarcelando a opositores políticos. 2) Su forma dictatorial de gobernar, concentrando en sus manos el poder del Estado, sometiendo a su divina voluntad al Poder Judicial y Legislativo, a la mayoría de presidentes municipales y a los dirigentes de todos los partidos políticos a nivel estatal. 3) Su interés en imponer los proyectos económicos del gran capital (presa La parota), incluso en contra de la decisión e interés de los pueblos afectados. 4) Y como corolario, su campaña pervertida contra la libertad de expresión, contra la prensa crítica, principalmente contra el periódico El Sur.
Recordemos que en nuestro país la derecha está empeñada en una campaña contra las libertades y las conquistas laborales, privatizando los recursos naturales nacionales, empobreciendo a millones de mexicanos en provecho de minorías rapaces y antinacionales y entregando los recursos estratégicos nacionales al gran capital. Utiliza para ello todos los mecanismos de control social, principalmente el poder coercitivo de la fuerza armada del Estado y la manipulación mediática, debido al monopolio de los medios de comunicación. Todo esto, bajo los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM), el Departamento del Tesoro y el gobierno de Estados Unidos.
Por ello, al tiempo que la clase gobernante impulsa las reformas fiscal, la energética, la laboral, la del ISSSTE, el relanzamiento del Plan Puebla Panamá, destina más recursos para reforzar el aparato represivo del Estado (más policías, más armamento, creación de fuerzas de elite para control de la población, más cuarteles, más cárceles, más grupos paramilitares, la militarización de los cuerpos policiacos), y el Ejército mexicano en la calle bajo el pretexto del combate al narcotráfico y por supuesto la criminalización de la protesta social y de la pobreza.
La oligarquía está consciente de que las medidas económicas, políticas y sociales que impulsa son contrarias al interés nacional y popular y tiene el temor de que el repudio de las masas empobrecidas, marginadas del desarrollo humano y social ponga en peligro la permanencia misma del Estado. De ese Estado de y para los empresarios.
Luego entonces, podemos decir que en nuestra patria se perfila un Estado autoritario fascista, bajo el protectorado de Estados Unidos mediante el llamado Plan México (y otros mecanismos político-financieros y militares), con la participación de todos los partidos políticos y los poderes fácticos.
Por todo lo anterior no podemos separar lo que pasa a nivel nacional con lo que acontece en el ámbito estatal. La campaña de odio y represión que ejerce el gobierno de Zeferino Torreblanca contra el movimiento social demuestra el perfil autoritario de la derecha. Represión y odio que cuenta con la complicidad de los dirigentes de todos los partidos, incluida la izquierda institucional (PRD) y de todos los grupos parlamentarios del Congreso estatal y de los presidentes municipales.
La represión policiaca ejercida por el gobierno de Zeferino contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa el pasado 14 de noviembre al desalojarlos del Congreso local retrata a la perfección el carácter represivo del gobierno estatal emanado del PRD, de sus diputados locales y de su dirigencia estatal, un gobierno y un partido represor, cerrado a la negociación, contrario a gobernar para todos.
La unanimidad de todos los dirigentes de los partidos políticos, funcionarios y diputados para justificar la paliza a los estudiantes es un hecho que nos habla de un divorcio de esa clase política guerrerense con su electorado y de una sumisión vil a los deseos del monarca estatal. Lo anterior constituye un antecedente que presagia un escenario difícil para las fuerzas populares pues están desatados los grupos y fuerzas más retrógrados del viejo régimen dispuestas a todo para golpear al pueblo, incluidos asesinatos masivos y selectivos, encarcelamiento y desaparición de luchadores sociales.
La fotografía reciente de la familia feliz, entre los que destacan Zeferino, Rubén Figueroa y René Juárez publicada en diversos diarios reafirma el pacto de los grupos fácticos contrarios al cambio y la justicia. No es aventurado decir que el pueblo de Guerrero corre el riesgo de volver a vivir los peores momentos de la guerra sucia, si ese pueblo vejado, marginado del desarrollo, reprimido, empobrecido, despojado y criminalizado por el Estado no se une y conforma una fuerza social y política que sea capaz de enfrentar a la derecha multipartidista que hoy padecemos los guerrerenses.
Detener los proyectos económicos, políticos y sociales de la derecha en Guerrero, sacudirse a gobernantes autodenominados de izquierda, traidores a la voluntad popular, y avanzar en la construcción del poder del pueblo es un reto que enfrentan las fuerzas populares.
La manipulación mediática impulsada por el gobierno estatal, el Congreso y los dirigentes partidistas criminalizando las protestas estudiantiles de la FECSM, de la APPG, calumniando a la prensa crítica y a otros liderazgos busca preparar a la opinión pública para una respuesta violenta del poder a las legítimas demandas populares.
La violenta y artera agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa del viernes 30 de noviembre en la caseta de cobro de La Venta a manos de militares disfrazados de policías reafirma la alternativa que los gobiernos federal y estatal tienen para un pueblo hambriento de justicia que aspira a vivir mejor. Golpes, insultos, descalificación, detención arbitraria, encarcelamiento es la respuesta. El falso discurso sobre el diálogo y negociación de Zeferino y sus funcionarios es sólo retórica hueca que busca confundir a un público poco informado. ¿Así es como Guerrero será mejor?
Esta coyuntura urge a definirse a numerosos luchadores sociales que forman parte del PRD, pues los pone en la disyuntiva: continuar con su militancia en ese partido y con ello ser cómplices (aunque sean críticos) de su práctica política, de su traición al interés popular, de su clara ideología de derecha o renunciar a él.
Renunciar al partido, lo sabemos, no es fácil, más si existe la esperanza de un puesto de elección popular o una chamba, pero en caso de continuar en él, los luchadores sociales seguirán legitimando a un partido que ha traicionado la historia de lucha del pueblo de Guerrero, y más aun renunciado a sus propios estatutos y declaración de principios. Hoy el PRD engañado por la lógica del poder es un instrumento de Zeferino y del gran capital en contra de los guerrerenses.
Estamos ciertos de que el PRD no tiene remedio, si no, querido lector, haga una revisión de los personajes que detentan un espacio de elección popular, de sus políticas de gobierno o de su práctica política, ya sea diputado, presidente municipal o gobernador, y de los que aspiran a estos puestos, y encontrará usted a personajes corrompidos y falsos que provocan una profunda repulsión (¿ejemplos? César Flores Maldonado, Armando Chavarría, Carlos Reyes, Sebastián de la Rosa, David Jiménez, Julio Ortega). ¿Qué futuro le espera al pueblo de Guerrero con estos dirigentes?
Señoras, señores, no nos engañemos, el PRD ni ninguno de los partidos nos representa. El cambio verdadero no pasa por la vía electoral. Pues el sistema de partidos en Guerrero y en el país existe para legitimar la permanencia en el poder de una clase social antinacional sirviente del gran capital.
Por otra parte, la negativa del gobernante estatal a otorgar plazas de maestro a los alumnos egresados de Ayotzinapa muestra claramente que la derecha piensa que la educación debe ser un privilegio de clase, nada más al alcance de unos cuantos, y para los pobres sólo la fantasía de progresar.
Para los militantes y simpatizantes honestos del PRD esto es un llamado de atención para reflexionar su permanencia y simpatía con ese partido, dado su proceso de descomposición, envilecimiento y derechización, enemigo de las mejores causas de nuestro pueblo, defensor de la represión y cómplice de las trapacerías del gobierno estatal.
En el aniversario número 33 de la caída en combate del fundador del Partido de los Pobres (Pdlp), el también estudiante, dirigente y profesor normalista egresado de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Lucio Cabañas Barrientos, los sectores populares deben tener claro que el principal reto es la construcción y fortalecimiento de un instrumento político-social que dé dirección y cuerpo al poder popular. Invertir tiempo, recursos y energía en apoyos a candidatos y partidos que no representan los intereses populares sólo conduce a fortalecer a la derecha que nos mal gobierna.
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
Comité Estatal en Guerrero
[Tomado de El Sur de Acapulco, 7 de diciembre de 2007.-]
Fuente: Cedema.org
Intercambio en Colombia
El presidente Alvaro Uribe aseguró este domingo 9 de diciembre que el asunto de los rehenes en poder de las FARC lo manejará solamente con la Iglesia católica colombiana, concretamente con el presidente de la Conferencia del Episcopado, monseñor Augusto Castro, y con el padre Darío Echeverri.
El mandatario colombiano también destacó la importancia de los observadores internacionales en la llamada "zona de encuentro", pues ellos garantizarían que quienes acudan lo hagan desarmados.
Reiteró sus condiciones para la zona de encuentro: "Debe ser una zona rural, en sitio no poblado, un área aproximada de 150 kilómetros cuadrados, donde no haya instalaciones ni presencia militar ni de policía que remover".
También aseveró que el área -aún por determinar- donde se lleve a cabo el acercamiento con las FARC será despejada sólo por 30 días, según solicitaron el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.
Indicó que también solicitó la presencia de la Cruz Roja Internacional cuanto antes en los sitios donde estén los rehenes, para que "pueda intervenir y evitar que continúe el deterioro físico y síquico de los secuestrados".
Asimismo exigió a las FARC la prueba de vida de 31 de los secuestrados, que no llegó entre los discos compactos y las cartas que el ejército decomisó a unos presuntos mensajeros de esa organización hace dos semanas.
Reiteró su llamado a los guerrilleros que custodian a los secuestrados a escapar con los mismos y presentarse ante las autoridades para obtener beneficios jurídicos y económicos. El gobierno ofreció hasta 100 millones de dólares de un fondo para las cuadrillas guerrilleras que escapen con los secuestrados.
Asimismo exigió a las FARC la prueba de vida de 31 de los secuestrados, que no llegó entre los discos compactos y las cartas que el ejército decomisó a unos presuntos mensajeros de esa organización hace dos semanas.
Reiteró su llamado a los guerrilleros que custodian a los secuestrados a escapar con los mismos y presentarse ante las autoridades para obtener beneficios jurídicos y económicos. El gobierno ofreció hasta 100 millones de dólares de un fondo para las cuadrillas guerrilleras que escapen con los secuestrados.
En tanto, la senadora Piedad Córdoba, ex mediadora del acuerdo humanitario dijo que "no se va retirar de la posibilidad de seguir buscando el canje".
Córdoba añadió que tampoco va a descartar su "ayuda hasta que no vea clara la posibilidad concreta para que estas personas (secuestrados) regresen a sus hogares".
Córdoba añadió que tampoco va a descartar su "ayuda hasta que no vea clara la posibilidad concreta para que estas personas (secuestrados) regresen a sus hogares".
Llamamiento en pro de Ingrid Betancourt/Bernard-Henri Lévy, es considerado como uno de los intelectuales más influyentes de Francia.
Publicado en EL MUNDO, 08/12/07):
Conozco El Caguán, esa zona de Colombia en la que Ingrid Betancourt fue capturada, hace ya casi seis años, y donde se encuentra secuestrada en condiciones abominables. También conozco a Iván Ríos y a Joaquín Gómez, los jefes marxisto-mafiosos de las FARC, a los que, poco antes de su captura, había ido a entrevistar a su feudo, primero para Le Monde y, después, para mi libro sobre «las guerras olvidadas».
Tras haber pasado algún tiempo con estos auténticos secuestradores y falsos revolucionarios, tras haberme molestado en escuchar el discurso a la vez demente y, como suele ser habitual, de una lógica implacable y heladora de estos comunistas estilo escuadrones de la muerte, me perece tener una idea más o menos clara de aquello en que podría consistir el intento de la última oportunidad de liberar a Ingrid Betancourt.
Porque, en el fondo, ¿qué quieren las FARC? Está claro que no quieren dinero. Son los primeros productores de coca del mundo y los proveedores de heroína de la mayoría de los camellos de Europa y de Estados Unidos. Es, pues, la guerrilla más rica del planeta. Más rica, en cierto sentido, que el propio Estado colombiano.
Tampoco quieren ese «intercambio humanitario» al que, desde hace años, no cesan de añadir nuevas condiciones. El presidente Uribe liberó, el pasado mes de junio, a cerca de 200 guerrilleros. Y lo hizo unilateralmente, con coraje, sin condiciones. Pues bien, su gesto no tuvo efecto alguno. Más aún, los propios liberados acogieron su puesta en libertad de mala gana, al menos de boquilla, y sólo tras haberse asegurado que eso era lo que querían y habían decidido sus jefes.
No creo que sea tampoco cierto que les importe tanto como se dice esa famosa zona desmilitarizada que Uribe, con toda la razón del mundo, les niega. Porque, ¿de qué se trata en realidad? ¿De los 800 kilómetros cuadrados de los municipios de Florida y de Pradera? ¿De los 180 kilómetros cuadrados de El Retiro, que es la zona que evocan otras fuentes? ¿Y para qué serviría, en cualquier caso, cuando la guerrilla controla gran parte de El Caguán, una región tan vasta como Suiza, y que ya fue desmilitarizada, hace nueve años, por Pastrana, el predecesor de Uribe?
No. Lo que realmente quieren las FARC, el leitmotiv que surge, una y otra vez, en sus comunicados, lo que me dijeron a mí, entonces, y lo que me sorprende que algunos se obstinen en no entender, es algo más extraño, más esencial y más sencillo a la vez. El auténtico fondo de su demanda, habría que decir mejor de su obsesión, es el siguiente: «Queremos ser considerados como beligerantes, auténticos beligerantes, y no sólo como bandidos (tal y como los califica, con toda razón, la prensa) o como terroristas (como los catalogan, también con justicia, las listas negras del Departamento de Estado)».
Pues bien, examinadas todas las variables, me parece que esta demanda es asumible. Creo que la Colombia que conocí y que coloqué -junto a Angola, Sudán, Burundi y Sri Lanka- en mi serie de «las guerras olvidadas» es, efectivamente, un país en guerra en el que las partes enfrentadas son pues, en sentido estricto, partes beligerantes.
Me siento, pues, tentado de decir que, si ésa es la condición para que sean liberados cientos de rehenes que se pudren con Ingrid Betancourt en la jungla, si la exigencia de los asesinos es ser reconocidos como combatientes de una guerra sin nombre, quizás haya que concedérsela.
Sé que, al hacer esto, algunos temen dotar a los verdugos de una legitimidad evidentemente indebida. Y todavía oigo al presidente Pastrana decirme, en su oficina de Bogotá bunquerizada, que «el Estado se deshonraría», concediendo ese «estatus» a asesinos de crímenes abominables.
Puede que sí. Pero, ¿qué hacer, si la única solución es ésa, una vez más? ¿Hay que sacrificar, como lo hicieron antaño los italianos en el caso de Aldo Moro, en aras del «honor del Estado» la vida de una combatiente de la libertad y de sus compañeros de cautividad? Si la solución de todo esto reside en una palabra que, además es exacta, ¿no vale la pena intentar, sólo intentar, pronunciarla?
En lo que al beneficio que sacarían los interesados se refiere, seamos honestos. ¿Sería, ahora, mucho más importante que en la época en que veía al alto comisario para la paz del Estado colombiano, Camilo Gómez, pasar la mayoría de su tiempo, en el campo de Los Pozos, hablando y negociando con los asesinos?
En definitiva, ésta es mi propuesta. Que un mediador, un auténtico mediador (por lo tanto no Hugo Chávez, por definición) vaya de inmediato a El Caguán. Que consiga que, entre Marulanda y Uribe, sea pronunciada y asumida la palabra que tanto le interesa al primero. Y que, en el espacio del diálogo así abierto, se negocie el tránsfert (intercambio) de los prisioneros, al que, en principio, ninguna de las dos partes parece oponerse.
De esta forma, cada cual se vería entre la espada y la pared. Por vez primera, cada cual se vería confrontado a su verdad. La verdad de sus cálculos y la de sus crímenes. Porque decir «guerra» es decir, también, «leyes de la guerra», o sea, la prohibición de desapariciones forzadas, del reclutamiento de niños soldados o, naturalmente, de toma de rehenes.
¿Guerra? ¿Ha dicho usted guerra? Pues sí, guerra. Y en la guerra como en la guerra. La ventaja es para el que tiene la mejor estrategia.
Conozco El Caguán, esa zona de Colombia en la que Ingrid Betancourt fue capturada, hace ya casi seis años, y donde se encuentra secuestrada en condiciones abominables. También conozco a Iván Ríos y a Joaquín Gómez, los jefes marxisto-mafiosos de las FARC, a los que, poco antes de su captura, había ido a entrevistar a su feudo, primero para Le Monde y, después, para mi libro sobre «las guerras olvidadas».
Tras haber pasado algún tiempo con estos auténticos secuestradores y falsos revolucionarios, tras haberme molestado en escuchar el discurso a la vez demente y, como suele ser habitual, de una lógica implacable y heladora de estos comunistas estilo escuadrones de la muerte, me perece tener una idea más o menos clara de aquello en que podría consistir el intento de la última oportunidad de liberar a Ingrid Betancourt.
Porque, en el fondo, ¿qué quieren las FARC? Está claro que no quieren dinero. Son los primeros productores de coca del mundo y los proveedores de heroína de la mayoría de los camellos de Europa y de Estados Unidos. Es, pues, la guerrilla más rica del planeta. Más rica, en cierto sentido, que el propio Estado colombiano.
Tampoco quieren ese «intercambio humanitario» al que, desde hace años, no cesan de añadir nuevas condiciones. El presidente Uribe liberó, el pasado mes de junio, a cerca de 200 guerrilleros. Y lo hizo unilateralmente, con coraje, sin condiciones. Pues bien, su gesto no tuvo efecto alguno. Más aún, los propios liberados acogieron su puesta en libertad de mala gana, al menos de boquilla, y sólo tras haberse asegurado que eso era lo que querían y habían decidido sus jefes.
No creo que sea tampoco cierto que les importe tanto como se dice esa famosa zona desmilitarizada que Uribe, con toda la razón del mundo, les niega. Porque, ¿de qué se trata en realidad? ¿De los 800 kilómetros cuadrados de los municipios de Florida y de Pradera? ¿De los 180 kilómetros cuadrados de El Retiro, que es la zona que evocan otras fuentes? ¿Y para qué serviría, en cualquier caso, cuando la guerrilla controla gran parte de El Caguán, una región tan vasta como Suiza, y que ya fue desmilitarizada, hace nueve años, por Pastrana, el predecesor de Uribe?
No. Lo que realmente quieren las FARC, el leitmotiv que surge, una y otra vez, en sus comunicados, lo que me dijeron a mí, entonces, y lo que me sorprende que algunos se obstinen en no entender, es algo más extraño, más esencial y más sencillo a la vez. El auténtico fondo de su demanda, habría que decir mejor de su obsesión, es el siguiente: «Queremos ser considerados como beligerantes, auténticos beligerantes, y no sólo como bandidos (tal y como los califica, con toda razón, la prensa) o como terroristas (como los catalogan, también con justicia, las listas negras del Departamento de Estado)».
Pues bien, examinadas todas las variables, me parece que esta demanda es asumible. Creo que la Colombia que conocí y que coloqué -junto a Angola, Sudán, Burundi y Sri Lanka- en mi serie de «las guerras olvidadas» es, efectivamente, un país en guerra en el que las partes enfrentadas son pues, en sentido estricto, partes beligerantes.
Me siento, pues, tentado de decir que, si ésa es la condición para que sean liberados cientos de rehenes que se pudren con Ingrid Betancourt en la jungla, si la exigencia de los asesinos es ser reconocidos como combatientes de una guerra sin nombre, quizás haya que concedérsela.
Sé que, al hacer esto, algunos temen dotar a los verdugos de una legitimidad evidentemente indebida. Y todavía oigo al presidente Pastrana decirme, en su oficina de Bogotá bunquerizada, que «el Estado se deshonraría», concediendo ese «estatus» a asesinos de crímenes abominables.
Puede que sí. Pero, ¿qué hacer, si la única solución es ésa, una vez más? ¿Hay que sacrificar, como lo hicieron antaño los italianos en el caso de Aldo Moro, en aras del «honor del Estado» la vida de una combatiente de la libertad y de sus compañeros de cautividad? Si la solución de todo esto reside en una palabra que, además es exacta, ¿no vale la pena intentar, sólo intentar, pronunciarla?
En lo que al beneficio que sacarían los interesados se refiere, seamos honestos. ¿Sería, ahora, mucho más importante que en la época en que veía al alto comisario para la paz del Estado colombiano, Camilo Gómez, pasar la mayoría de su tiempo, en el campo de Los Pozos, hablando y negociando con los asesinos?
En definitiva, ésta es mi propuesta. Que un mediador, un auténtico mediador (por lo tanto no Hugo Chávez, por definición) vaya de inmediato a El Caguán. Que consiga que, entre Marulanda y Uribe, sea pronunciada y asumida la palabra que tanto le interesa al primero. Y que, en el espacio del diálogo así abierto, se negocie el tránsfert (intercambio) de los prisioneros, al que, en principio, ninguna de las dos partes parece oponerse.
De esta forma, cada cual se vería entre la espada y la pared. Por vez primera, cada cual se vería confrontado a su verdad. La verdad de sus cálculos y la de sus crímenes. Porque decir «guerra» es decir, también, «leyes de la guerra», o sea, la prohibición de desapariciones forzadas, del reclutamiento de niños soldados o, naturalmente, de toma de rehenes.
¿Guerra? ¿Ha dicho usted guerra? Pues sí, guerra. Y en la guerra como en la guerra. La ventaja es para el que tiene la mejor estrategia.
Todos por Íngrid
Uribe propone una zona de encuentro, y la pelota queda en el terreno de las Farc. ¿Será el despeje de Florida y Pradera el costo del intercambio humanitario?
Publicado en Semana, 1336, 08/12/2007;
Uribe propone una zona de encuentro, y la pelota queda en el terreno de las Farc. ¿Será el despeje de Florida y Pradera el costo del intercambio humanitario?
Publicado en Semana, 1336, 08/12/2007;
El viernes pasado, en la ceremonia de ascenso de los generales de la Policía y ante el alto mando de las Fuerzas Armadas -la guardia pretoriana de la seguridad democrática-, el presidente Álvaro Uribe se jugó los restos en el doloroso tema del intercambio humanitario. Después de haber reiterado desde que era candidato presidencial en 2001 que no "despejaría ni un milímetro del territorio de la patria", Uribe aceptó la creación de una zona de encuentro para reuniones con las Farc encaminadas a buscar la liberación de los secuestrados y que había sido propuesta por la Iglesia Católica. La zona de 150 kilómetros cuadrados -aún sin definir- sería en un área rural, "preferiblemente sin población civil o con muy poca población" y tendría la presencia de observadores internacionales. Aunque el gobierno se ha cuidado mucho de no utilizar la palabra 'despeje' -por la carga política que adquirió después del desastre del Caguán-, en la práctica termina siéndolo. Queda la sensación de que el mismo Presidente es consciente del paso que acaba de dar, como quedó evidente en el discurso de ese día. Es diciente que en una alocución donde se iba a hacer semejante anuncio, el mandatario le dedicara el 98 por ciento del tiempo a enumerar las razones de por qué no se podía claudicar ante las pretensiones de las Farc. Recordó todas las barbaridades de 'Marulanda' y 'Jojoy', advirtió sobre el riesgo del apaciguamiento comparando la situación colombiana con la de Europa y Adolfo Hitler en los años 30, resaltó que "no podemos caer en la trampa de ser idiotas útiles del terrorismo" y no sólo juró no cesar en la lucha contra la guerrilla, sino que exhortó a los colombianos a seguir acompañándolo en esa cruzada. Fue tanta la efervescencia retórica, cada palabra pronunciada con una convicción profunda, que si los medios de comunicación y los asistentes al acto no hubieran sido avisados con anterioridad de la propuesta humanitaria del Presidente, de pronto habría pasado sin pena ni gloria la iniciativa.
Algunos observadores han buscado minimizar la decisión presidencial. Recuerdan que en diciembre de 2005, el gobierno ya había aceptado una propuesta similar de los países amigos -España, Suiza y Francia-, la cual fue rechazada por las Farc. Dicen que Uribe lo hizo a sabiendas de que la guerrilla otra vez dirá que no y que el intercambio regresará al punto muerto de siempre. Que más que un interés humanitario, lo que hay es una estrategia de comunicación. El pesimismo es justificado: durante cinco años han ido y venido facilitadores y se han elaborado iniciativas imaginativas de todo tipo. Pero siempre se encontraron con un muro infranqueable: la insistencia de las Farc de una zona de despeje como precondición a cualquier diálogo sobre la eventual liberación de los secuestrados y la negativa absoluta del presidente Uribe de siquiera contemplar esa posibilidad. Hasta este momento. El ofrecimiento del Presidente de establecer una zona de encuentro marca un quiebre en las gestiones por el intercambio, no tanto por los detalles del mismo, sino por la coyuntura en que se hace la propuesta. No es lo mismo plantear la idea de una zona de encuentro en 2005, que ahora cuando el interés nacional e internacional sobre los secuestrados está en ebullición. Si la fracasada, pero bien publicitada, intervención del presidente Hugo Chávez puso el tema humanitario en el mapa, la foto de Íngrid Betancourt en cautiverio convirtió la liberación de los rehenes en una causa mundial. Dejó de ser un tema local. Es más: en la última semana, el gobierno colombiano fue más observador que partícipe de unas gestiones políticas y diplomáticas sin precedentes, impulsadas por el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
En menos de una semana, líderes tan disímiles como el primer ministro italiano. Romano Prodi; como la presidenta electa de Argentina, Cristina Kirchner, terminaron metidos en el cuento. Incluso Prodi le envió una carta a Sarkozy ofreciéndole a Francia sus buenos oficios y su solidaridad para lograr la liberación de Íngrid. Y no, como sería lo lógico, a Colombia. La Kirchner también quedó ilusionada: convocó una cumbre para hablar del tema con los franceses, los brasileños, los venezolanos y aparentemente los colombianos. Hasta los gringos han quedado entusiasmados, como quedó evidente en la llamada el lunes pasado del presidente George Bush a Uribe no para hablar del TLC o el Plan Colombia, sino para preguntar por sus tres compatriotas secuestrados. Y en un hecho inédito, el Presidente francés le envió una carta a 'Manuel Marulanda' pidiendo la liberación de Íngrid antes de Navidad. Con ese gesto, Sarkozy rompió no sólo el protocolo diplomático, sino la tradición de las democracias occidentales de no dirigirse -por lo menos públicamente- a organizaciones terroristas. El ímpetu del mandatario francés -que a este paso va a eclipsar el protagonismo de Chávez- no es gratuito. Si Íngrid era importante hace dos semanas para los franceses, imagínese el impacto después de la foto. Sarkozy sabe que gana muchos puntos en la política local con estas gestiones. Y también es cierto que el mismo gobierno colombiano fue el que le dio alas al invitarlo a acompañar el proceso y por hablar de un posible encuentro entre el presidente francés y 'Marulanda', como lo planteó imprudentemente el ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, el martes pasado.
Es significativo que antes de hacer pública la propuesta de establecer una zona, Uribe la hubiera consultado con el gobierno francés. Sin embargo, todo este frenesí, que ha vuelto a generar enormes esperanzas en los familiares y en la opinión pública -tanto la colombiana como la francesa-, puede terminar en otra frustración si las Farc se niegan a la nueva propuesta. Porque, en últimas, son los únicos que tienen la llave para liberar a los secuestrados. Los que han estudiado el comportamiento de las Farc dudan que la guerrilla acoja con los brazos abiertos la iniciativa de Uribe. Los gestos unilaterales son vistos por la guerrilla como señales de debilidad y recibidos con dureza. Por eso, es previsible que las Farc, al tiempo que elogiarían las gestiones de Francia, insistirían nuevamente en el despeje de los municipios de Florida y Pradera en el Valle. Iván Márquez, miembro del Secretariado, ya reiteró esa condición hace unos días en una entrevista a Anncol. Dado todo lo que ha pasado y la precaria salud de muchos de los secuestrados, ¿sería tan grave reconsiderar el despeje del que hablan las Farc? Los que se oponen al despeje y a un acuerdo con las Farc citan generalmente cinco razones por las cuales consideran que sería muy grave ceder en ese punto: que es un corredor estratégico para el narcotráfico; que hay 800 secuestrados, pero sólo se habla de liberar 50; que hacer el canje provocaría un círculo vicioso que incita al secuestro; que el despeje le daría un protagonismo internacional a las Farc, y, más importante, la experiencia ha demostrado que son inmanejables los plazos: siempre terminan prolongándose.
El primer punto, que tuvo mucho eco en el pasado, tiene menos peso hoy. Aunque sin duda cualquier despeje genera temporales ventajas militares y podría facilitar el tráfico de drogas, el plazo propuesto de 45 días no es suficiente para que las Farc logren una superioridad estratégica. Y menos aun, después de los avances de cinco años de seguridad democrática. Y a pesar de que es entendible que la mayor oposición al despeje provenga de las comunidades de Florida y Pradera y de sus vecinos los caleños, que estarían a menos de media hora de la zona, hay maneras de minimizar el impacto.
En su discurso del viernes, el presidente Uribe lamentó que las Farc no sólo tienen los 50 llamados canjeables, sino 750 personas más en cautiverio. Reflejó una preocupación legítima y ética: ¿cómo se puede aceptar que liberen sólo los rehenes 'famosos' y no a los que fueron secuestrados por razones económicas? Es un dilema que no tiene solución, pero que de alguna manera ya fue resuelto por el mismo gobierno, que públicamente ha reconocido en el pasado que en el intercambio sólo se hablará de los militares y de los políticos. Incluir a los 750 podría resultar en la no liberación de los 50. No es la única decisión de vida o muerte que tomó el gobierno. Al aceptar la posibilidad de un canje, de entrada abrió las puertas a un posible círculo vicioso de nuevos secuestros. Algunos críticos dicen con razón que de concretarse el intercambio, éste incentivaría a las Farc a buscar nuevos canjeables. Es un riesgo real, pero que se debe sopesar frente al compromiso humanitario con los que ya sufren los vejámenes del cautiverio. De todas las preocupaciones, la que ha recibido el mayor eco en la últimas semanas es la del eventual protagonismo político que tendrían las Farc en una zona de despeje. Fue la causa principal del abrupto despido de Chávez como facilitador. Paradójicamente, es un miedo infundado. Para empezar, el protagonismo sería totalmente adverso. Estarían en la mesa no como Robin Hood, sino como secuestradores; más como Pablo Escobar, que como Che Guevara. No es claro cómo una organización que practica terrorismo y secuestro en el mundo pos-11 de septiembre logre ganar mucho en imagen positiva entregando rehenes civiles. Aunque es evidente que de concretarse el despeje sería una victoria propagandística para la dirigencia de las Farc y que motivaría a su tropa, por sí sola no es una razón suficientemente poderosa para no hacer el despeje.
De alguna manera todos esos riesgos son manejables siempre y cuando la zona de despeje -o de encuentro- no sea indefinida. Ese es el quid del asunto. Fue el talón de Aquiles del proceso de paz de Andrés Pastrana. La zona de distensión era sólo de 90 días, acabó siendo de más de tres años. Las Farc han demostrado ser muy hábiles en dilatar los tiempos de negociación y el peligro es que ya despejado un territorio, lo hagan otra vez. La única manera de evitar ese escenario, que el país no aceptaría, es definir desde el comienzo con las Farc y la comunidad internacional cuáles serían las reglas de juego de la zona, la agenda y los resultados esperados. La agenda parecería fácil para un tema del cual se ha echado tiza por años: intercambiar los rehenes por presos de las Farc. Pero este punto elemental, hoy, en diciembre de 2007, es incierto. No se conocen los nombres de los guerrilleros de las Farc ni se tiene certeza de la supervivencia de todos los secuestrados. Los Farc han dicho que la agenda hay que definirla en la zona de despeje. La historia ha demostrado, una y otra vez, que dejar para las mesas de negociaciones oficiales asuntos de procedimiento puede terminar, curiosamente, enredando los temas de fondo. Algo así ocurrió en las conversaciones de paz de Vietnam en 1968, durante las cuales los negociadores debatieron por cinco semanas si la mesa debería ser cuadrada, rectangular o redonda. Dada la desconfianza creciente entre el gobierno y las Farc, la posibilidad que se replique un rifirrafe igual de caricaturesco no es descartable. La realidad es que siempre habrá peros y razones para no hacer. En el fondo, eso es lo que ha frenado la posibilidad de un acuerdo humanitario. Mientras las partes se mantenían en su punto de honor, toda gestión era quijotesca. Eso cambió el viernes con la valerosa decisión del Presidente de aceptar una zona de encuentro desmilitarizada. En la difícil disyuntiva entre razones de Estado y razones humanitarias, optó por la segunda. Y aunque finalmente tenga que ampliar su propuesta e incluir Florida y Pradera, no sería el primer gobernante en tomar un riesgo tan alto. A Jimmy Carter le tocó tragarse el sapo de negociar con los iraníes la libertad de los rehenes que habían secuestrado en la embajada. Cada tanto, los israelíes -los antiterroristas más experimentados del mundo- intercambian centenares de presos de Hamas por cadáveres de sus soldados. Entienden que lo humanitario va separado de lo militar y lo político. El 21 de diciembre cumplen 10 años de secuestrados los policías Pablo Emilio Moncayo y José Libio Martínez. Diez años. Por comparación: el prisionero gringo que más duró en las cárceles norvietnamitas fue siete años.
E incluso hay racionalidad política detrás de acordar un despeje. Si al final de cuentas, las Farc hacen el conejo que todo el mundo teme y no devuelven todos los secuestrados, habrán quedado desenmascarados. Como el emperador y su nuevo traje, perderán el respeto de los pocos que aún le ven algo altruista a ese grupo guerrillero secuestrador
Estos son los otros 43 secuestrados que las Farc incluyen en el canje
Publicado en El Tiempo, 8/12/2007;
Publicado en El Tiempo, 8/12/2007;
Algunos no solo han visto pasar sin solución el primer periodo y lo que va del segundo del presidente Álvaro Uribe, sino también el gobierno completo de Andrés Pastrana.
El coronel Luis Mendieta, por ejemplo, el de más alto rango, lleva 9 años, 1 mes y 9 días secuestrado.
El más reciente prisionero de las Farc es Guillermo Javier Solórzano, comandante de la Policía de Florida, uno de los municipios que esa guerrilla quiere despejados. Se lo llevaron hace 9 meses.
Cinco que resisten hace 9 años y 9 meses
Luis Arturo Arcia, cabo primero del Ejército.
José Miguel Arteaga, cabo primero del Ejército.
Luis Beltrán Franco, cabo primero del Ejército.
Willian Pérez Medina, cabo segundo del Ejército.
José Ricardo Marulanda, Sargento.
Diez de los secuestrados en Miraflores esperan hace 9 años y cuatro meses
Amaon Flórez Pantoja, cabo primero del Ejército.
Luis Moreno Changueza, cabo primero.
Róbinson Salcedo Guarín, cabo primero.
Arbey Delgado Argote, sargento segundo del Ejército.
Erasmo Romero Rodríguez, sargento segundo del Ejército.
Juan Carlos Bermeo, teniente del Ejército.
Raymundo Malagón, teniente del Ejército.
Julio César Buitrago Cuesta, cabo primero de la Policía.
Jhon Jairo Durán Tuay, sargento segundo de la Policía.
Willian Donato Gómez, teniente de la Policía.
Llevan encerrados 9 años y 2 meses
Édgar Yesid Duarte, capitán de la Policía.
Álvaro Moreno, intendente de la Policía
Luis Alberto Erazo, sargento segundo de la Policía.
Secuestrado hace 8 años
Armando Castellanos, intendente de la Policía.
Los secuestrados con Pinchao tienen 9 años y 1 mes de cautiverio
Enrique Murillo Sánchez, capitán de la Policía.
Javier Rodríguez Porras, intendente de la Policía.
César Lasso Monsalve, sargento de la Policía.
Luis Peña Bonilla, subintendente de la Policía.
Luis Mendieta Ovalle, coronel de la Policía.
7 años y 4 meses
Óscar Tulio Lizcano, ex representante a la Cámara.
Los atacados en Puerto Rico (Meta) llevan 8 años y 5 meses
José Libardo Forero Carrero, sargento de la Policía.
Carlos José Duarte, subintendente de la Policía.
Wilson Rojas Medina, subintendente.
Jorge Humberto Romero, subintendente.
Jorge Trujillo Solarte, subintendente.
6 años y 6 meses
Luis Eladio Pérez Bonilla, ex senador.
6 años y 5 meses
Alan Jara Urzola, ex gobernador del Meta.
6 años y 4 meses
Gloria Polanco de Lozada, dirigente de Neiva.
6 años y 3 meses
Orlando Beltrán Cuéllar, ex representante del Huila.
Consuelo González de Perdomo, ex representante del Huila.
5 años y 10 meses
Jorge Eduardo Gechem Turbay, ex congresista del Huila.
Clara Leticia Rojas, ex candidata a la Vicepresidencia.
5 años y 8 meses
Sigifredo López, ex diputado del Valle que sobrevivió.
4 años y 10 meses
Marc Gonsalves, contratista de Estados Unidos.
Thomas Howes, contratista estadounidense.
Keith Stansell, contratista estadounidense.
9 meses y 6 días
Guillermo Javier Solórzano, comandante de Policía de Florida.
No hay fecha
Elkin Hernández Rivas, teniente de la Policía.
El coronel Luis Mendieta, por ejemplo, el de más alto rango, lleva 9 años, 1 mes y 9 días secuestrado.
El más reciente prisionero de las Farc es Guillermo Javier Solórzano, comandante de la Policía de Florida, uno de los municipios que esa guerrilla quiere despejados. Se lo llevaron hace 9 meses.
Cinco que resisten hace 9 años y 9 meses
Luis Arturo Arcia, cabo primero del Ejército.
José Miguel Arteaga, cabo primero del Ejército.
Luis Beltrán Franco, cabo primero del Ejército.
Willian Pérez Medina, cabo segundo del Ejército.
José Ricardo Marulanda, Sargento.
Diez de los secuestrados en Miraflores esperan hace 9 años y cuatro meses
Amaon Flórez Pantoja, cabo primero del Ejército.
Luis Moreno Changueza, cabo primero.
Róbinson Salcedo Guarín, cabo primero.
Arbey Delgado Argote, sargento segundo del Ejército.
Erasmo Romero Rodríguez, sargento segundo del Ejército.
Juan Carlos Bermeo, teniente del Ejército.
Raymundo Malagón, teniente del Ejército.
Julio César Buitrago Cuesta, cabo primero de la Policía.
Jhon Jairo Durán Tuay, sargento segundo de la Policía.
Willian Donato Gómez, teniente de la Policía.
Llevan encerrados 9 años y 2 meses
Édgar Yesid Duarte, capitán de la Policía.
Álvaro Moreno, intendente de la Policía
Luis Alberto Erazo, sargento segundo de la Policía.
Secuestrado hace 8 años
Armando Castellanos, intendente de la Policía.
Los secuestrados con Pinchao tienen 9 años y 1 mes de cautiverio
Enrique Murillo Sánchez, capitán de la Policía.
Javier Rodríguez Porras, intendente de la Policía.
César Lasso Monsalve, sargento de la Policía.
Luis Peña Bonilla, subintendente de la Policía.
Luis Mendieta Ovalle, coronel de la Policía.
7 años y 4 meses
Óscar Tulio Lizcano, ex representante a la Cámara.
Los atacados en Puerto Rico (Meta) llevan 8 años y 5 meses
José Libardo Forero Carrero, sargento de la Policía.
Carlos José Duarte, subintendente de la Policía.
Wilson Rojas Medina, subintendente.
Jorge Humberto Romero, subintendente.
Jorge Trujillo Solarte, subintendente.
6 años y 6 meses
Luis Eladio Pérez Bonilla, ex senador.
6 años y 5 meses
Alan Jara Urzola, ex gobernador del Meta.
6 años y 4 meses
Gloria Polanco de Lozada, dirigente de Neiva.
6 años y 3 meses
Orlando Beltrán Cuéllar, ex representante del Huila.
Consuelo González de Perdomo, ex representante del Huila.
5 años y 10 meses
Jorge Eduardo Gechem Turbay, ex congresista del Huila.
Clara Leticia Rojas, ex candidata a la Vicepresidencia.
5 años y 8 meses
Sigifredo López, ex diputado del Valle que sobrevivió.
4 años y 10 meses
Marc Gonsalves, contratista de Estados Unidos.
Thomas Howes, contratista estadounidense.
Keith Stansell, contratista estadounidense.
9 meses y 6 días
Guillermo Javier Solórzano, comandante de Policía de Florida.
No hay fecha
Elkin Hernández Rivas, teniente de la Policía.
Los Chamos de Venezuela
Strike’ a Chávez, reportaje
Semanario Semana No. 1336, 08/12/2007;
La primera derrota en nueve años de revolución bolivariana tuvo a los universitarios como protagonistas. Santiago Torrado, de SEMANA, viajó al fondo del movimiento estudiantil.Por primera vez desde cuando Hugo Chávez llegó al poder, la oposición venezolana encontró un oasis en medio de su travesía por el desierto. Aunque el Presidente la haya calificado a mitad de semana como "una victoria de mierda", el triunfo del 'No' en el referendo constitucional que le hubiera permitido a Chávez, entre otras cosas, la reelección indefinida, fue todo un hito. El chavismo ya no luce imbatible y el ex militar golpista, que cuando joven quería ser beisbolista, bateó su primer strike en las urnas. El mandato de Chávez, en principio, tiene ahora fecha de caducidad en 2013.
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