2 mar. 2010

Ley General de Protección a las Víctimas

Este martes 2 de marzo de 2010, los senadores Alejandro González Alcocer, Alejandro Zapata Perogordo, Pedro Joaquín Coldwell, Tomás Torres Mercado y Arturo Escobar y Vega, presentaron una iniciativa de Ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro. http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=2330

Más bien hicieron suya la propuesta de la Sra. Isabel Miranda de Wallace.
La iniciativa fue turnada para su dictamen a las COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Dice en la exposición de motivos:
"La reglamentación de las facultades, derechos y obligaciones para la autoridad, la víctima y el inculpado, que fueron establecidos en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio de 2008, que establece el nuevo marco del sistema de justicia penal acusatorio, en los Artículos Transitorios de dicho decreto, señala la vigencia del mismo, indicando claramente los artículos y párrafos que entran en vigencia al día siguiente de su publicación, y aquellos que entrarán en vigencia tiempo después. La autoridad federal ha reglamentado a través de las leyes antes señaladas parte del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sin que ello contravenga con el actual sistema de justicia.
Aún cuando los gobiernos Locales y el Federal cuentan con un sinnúmero de facultades para el combate al secuestro, a la fecha el mismo fenómeno criminal no se ha visto afectado, y muy al contrario, sigue en aumento, sumado a los incontables casos en que funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno toleran y colaboran con las bandas de secuestro y la Delincuencia Organizada, atentando en contra de la sociedad."
Sinopsis:
El proyecto se conforma de 85 artículos, divididos en tres títulos, el primero de ellos denominado “De los Derechos de las víctimas del delito de secuestro” con dos capítulos en los cuales se consideran los aspectos generales y de la actuación de las autoridades a favor de la víctima. Un segundo título “De los beneficios a las víctimas del secuestro” que incluye cinco capítulos donde se establecen los derechos de las víctimas, los beneficios de la víctima, en este capítulo se integran seis secciones que refieren de la asistencia y apoyo durante el secuestro, de los derechos y obligaciones de la víctima, de las medidas en materia de salud, educación, laboral, tributaria, un capítulo sobre el daño, de la reparación del daño directo, de la responsabilidad civil por daño social, del procedimiento, un capítulo del procedimiento y un capítulo de las sanciones; un tercer título denominado “De los Centros de atención a víctimas del secuestro” con dos capítulos uno sobre la integración y funcionamiento de los centros y otro del fondo de apoyo a las víctimas del secuestro, finalmente seis artículos transitorios que consideran la entrada en vigor de esta Ley.
1. Se crea la obligación de garantizar por todos los medios el derecho a no ser víctima del secuestro, por tal motivo el Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno, desarrollarán políticas en materia de prevención social del delito de secuestro, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores cívicos y culturales, que induzcan el respeto a la legalidad, a la protección de las víctimas y a una cultura de la paz.
2. Se contempla la reinserción de la víctima a la sociedad, de tal suerte que después de haber sido privada de la libertad, el proceso de acoplamiento a la vida cotidiana, sea acompañado por personal especializado que permita la reinserción exitosa de la víctima a su entorno familiar y social.
3. También se considera que los daños sufridos por el delito de secuestro deben ser establecidos en dos ámbitos distintos, ya que por un lado está el daño que se causa a la víctima y por otro el daño que se causa a la sociedad.
4. Se contemplan una serie de derechos a favor de la víctima del secuestro los cuales se encuentran divididos en diversos apartados, tomando como base la experiencia de diversas víctimas del secuestro.
5. En el combate a la esfera patrimonial de los secuestradores se propone que este sea obligatorio para el Ministerio Público y que los bienes que sean recuperados, sirvan para la atención a otras víctimas del secuestro y para reparar el daño a víctimas pasadas.
6. Otros aspectos de esta iniciativa son los beneficios para la víctima, los cuales van desde la interrupción de los procedimientos administrativos y judiciales en su contra, ya sean civiles, fiscales o mercantiles, hasta la asistencia especializada en materia de salud para que la víctima pueda tener una rehabilitación óptima.
LA INICIATIVA

Foro Alto al secuestro!

Foro “Alto al Secuestro” convocado por la Comisión de Justicia del Senado de la República presidida por el senador Alejandro González Alcocer; edificio de Xicoténcatl 9, patio central, 2 y 3 de marzo
Participan investigadores, especialistas, estudiantes de universidades públicas y privadas; ciudadanos de los estado de Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Estado de México, y representantes de la sociedad civil (Nelson Vargas, Isabel Miranda de Wallace, la Sra. Elena Morera); además de senadores diputados federales, regidores, servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  y expertos a nivel internacional sobre el delito del secuestro;
En la primera sesión -de este martes- plantearon una serie de propuestas sobre si la Ley Antisecuestro debe ser de carácter general o federal.
En la inauguración hubo los siguientes posicionamientos:
-EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ ALCOCER, dijo:
“Si ustedes recuerdan, modificamos la Constitución en el artículo 73, fracción 21, para darle facultades al Congreso para legislar en materia de secuestro. Bueno, hoy nos toca hacer la legislación secundaria en esta materia tan preocupante para todos, y comunicarles que hay 14 iniciativas, 15 con la de hoy que se subimos a propuesta de la señora Miranda de Wallace, para atención a víctimas del delito de secuestro.

Alto al secuestro!

Versión estenográfica de la inauguración del Foro “Alto al Secuestro” realizada el martes, 2 de marzo de 2010
Convocado por la Comisión de Justicia, presidida por el senador Alejandro González Alcocer, realizada en el edificio de Xicoténcatl 9, patio central, hoy por la tarde. (17:00 horas.
-EL C. MODERADOR: Señoras y señores, convocados por el Senado de la República a través de la Comisión de Justicia, nos hemos dado cita en el patio central de la sede del Federalismo Mexicano para ser partícipes de un foro donde con la intervención de legisladores, funcionarios, investigadores, académicos, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, buscaremos de una vez por todas poner un alto al secuestro.
Señoras y señores, agradeciendo a todas y a todos ustedes su presencia en este trascendente evento, me permito presentar a quienes integran la mesa de presídium en la etapa inaugural de este foro denominado “Alto al Secuestro”.
Nos acompañan el señor senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente del Senado de la Republica, de igual manera el señor senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Junta de Coordinación Política; el senador Alejandro González Alcocer, Presidente de la Comisión de Justicia; el señor senador Arturo Escobar y Vega, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde; el señor senador Melquíades Morales Flores, integrante de la Junta de Coordinación Política, y presidente de la Comisión del Federalismo y de la Comisión de los festejos para el Bicentenario y Centenario. Asimismo, el señor senador Alejandro Zapata Perogordo, y el senador Ricardo Fidel Pacheco.
Señoras y señores, a continuación para dar inicio a este foro, tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, senador Alejandro González Alcocer.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ ALCOCER: Distinguidos senadores del presídium, señoras y señores, es para nosotros un privilegio tenerlos hoy aquí en el Senado de la República con un tema que para todos es de una trascendencia muy importante.
Nos han acompañado en esta ocasión diputados federales, regidores, servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expertos a nivel internacional sobre el delito del secuestro; representantes de la sociedad civil de diversas agrupaciones en contra del secuestro, académicos, estudiantes de universidades públicas y privadas; ciudadanos de los estado de Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Estado de México, además de la prensa nacional e internacional.
Es para nosotros un compromiso, antes que el privilegio, el tener estos foros y esta reunión con todos ustedes en virtud de lo que nos responsabilizamos como Congreso al legislar sobre esta materia.
Si ustedes recuerdan, modificamos la Constitución en el artículo 73, fracción 21, para darle facultades al Congreso para legislar en materia de secuestro. Bueno, hoy nos toca hacer la legislación secundaria en esta materia tan preocupante para todos, y comunicarles que hay 14 iniciativas, 15 con la de hoy que se subimos a propuesta de la señora Miranda de Wallace, para atención a víctimas del delito de secuestro.
Estas 15 iniciativas, donde está incluida esta ciudadana, y la del Presidente de la República, en los días siguientes serán examinadas por los senadores para concluir con un proyecto de dictamen que tome lo mejor de cada una de ellas, porque hay propuestas muy disímbolas, desde la pena de muerte, que proponen acá nuestros compañeros del Verde, a la prisión vitalicia o al incremento de las penas; a la coordinación obligatoria de las autoridades por distintos órdenes de gobierno, etc.
Entonces esto es una labor, que más que preocuparnos nos ocupa a los senadores en que tenemos que cumplir con ese compromiso que se hizo allá cuando los cien compromisos por la seguridad pública.
Y tenemos aparte de esta otra serie de trabajos, en donde estamos abocados los presidentes de 16 comisiones del Senado a resolver un paquete importante de seguridad pública y de seguridad nacional, que nos tiene para estos meses completamente ocupados, pero con el compromiso de sacarlas adelante antes de que termine este período el 30 de abril.
Entonces simplemente darles la bienvenida a nombre del Senado, y vamos a esperar que este foro sea muy provechoso para también tener puntos de vista distintos que normen el criterios de los legisladores a la hora de resolver esta tan importante ley.
Porque como hemos dicho, y lo seguimos diciendo en distintos foros, no sólo es una cuestión de legislación, con la ley actual o con cualquier otra podemos actuar si hay voluntad. Y esto es lo que tenemos que empujar, claro, cada vez dotando de mejores instrumentos a nuestras autoridades para que cumplan mejor su cometido. Muchas gracias y bienvenidos. (Aplausos).
-EL C. MODERADOR: Muchas gracias, señor senador Alejandro González Alcocer. Tendremos ahora la intervención, señoras y señores, del señor senador Arturo Escobar y Vega, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
-EL C. SENADOR ARTURO ESCOBAR: Gracias. Senador Carlos Navarrete, miembros del presídium, amigas, amigos, don Nelson Vargas, doña Isabel Miranda de Wallace, bienvenida al Senado de la República, a todos nuestros invitados gracias por estar con nosotros.
Por supuesto que nos congratulamos por celebrar este foro, pero al mismo tiempo a nombre del Senado de la República, les quiero pedir una disculpa; una disculpa porque una vez más los tiempos del Congreso Mexicano no han sido los tiempos de ustedes, de la ciudadanía, nos hemos tardado horrores en legislar en esta materia que lisa y llanamente se los digo, no hay un tema que preocupe más, que agrave más, que violente más a las familias mexicanas, a las comunidades mexicanas, que el secuestro.
Los casos son en las 31 entidades y en el Distrito Federal, día con día, pero bueno, como diría un hombre sabio, hay que ver para adelante.
Mi partido político, creo yo, ha sido un enorme activista en buscar soluciones al peor de los delitos, que es el secuestro. Como ustedes saben, en la campaña federal del año pasado sostuvimos una propuesta absolutamente polémica, pero que abiertamente lo decimos también, generó un enorme apoyo de la ciudadanía mexicana.
Hoy en el Senado Mexicano y ante este foro ratificamos la propuesta de mi partido de legislar en materia de pena de muerte en contra de cualquier mexicano o mexicana que secuestre y mutile o mate a su víctima; y que bueno que esté Miguel Carbonell aquí para que se contraponga mi propuesta; qué bueno que existan mexicanos que puedan estar desacuerdo con lo que decimos pero que también estén dispuestos a escucharnos.
Nosotros sostenemos que aquel mexicano o mexicana que secuestra una persona por dinero, y aparte la mutile y la asesine, es un mexicano que levantó la mano y dijo: yo renuncio a mis derechos, yo ya no quiero vivir en comunidad, yo ya no quiero que las leyes mexicanas me apliquen de forma ordinaria; yo requiero que el Congreso Mexicano abra un proceso especial, penal, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ocho votos a favor de sus once ministros me pueda condenar a pagar con mi vida, la vida que yo no perdoné.
Y no es un asunto punitivo, no es un asunto de querer matar a nadie, es un asunto de levantar la mano y decir, como Estado que hasta aquí tuvimos, que ya basta, que vamos a legislar para que el Poder Judicial Mexicano tenga dentro de su cartera de sanciones, una sanción que esté dispuesta a enfrentar al peor de los delitos; si tú ejecutas el peor de los delitos y la Corte te encuentra responsable, repito, vas a pagar con tu vida, la vida que no perdonaste.
Entiendo que los teóricos del Derecho van a levantar la mano y rasgarse las vestiduras a decirme: Senador Escobar, cómo puedes proponer algo que iría en contra de todos los tratados internacionales o de algunos tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Yo les diría a todos estos tratadistas internacionales: Que muchos de ellos no viven la realidad mexicana; que aquellos países en el mundo que pudieran juzgarnos por legislar en esta materia, no viven en México.
Hoy, México vive un estado de guerra, y cuando un país vive un estado de guerra, requiere de reglas especiales, estamos convencidos que en la legislación en materia de pena de muerte, no sería permanente, sería transitoria, porque cuando México recupere sus estadios de libertad, sus espacios de tranquilidad, la posibilidad de salir a la calle, de salir a las colonias, de transitar con absoluta libertad como lo hacíamos hace quince, veinte años, la pena de muerte ya no va a ser materia de nuestra legislación presente; pero en el inter que llegamos a eso, que depuramos a los cuerpos policíacos, que volvemos a confiar en las autoridades, empezando por el Ministerio Público, es fundamental que el Estado Mexicano tenga en sus leyes aquella que es la de mayor rigor, que es la pena de muerte.
Adicionalmente, mi partido entendía que no era suficiente únicamente legislar de manera ordinaria, federalizando el delito del secuestro, a efecto de que de manera muy clara pudiéramos explicarles a través de la ley a las autoridades, especialmente a los jueces cuál era la concurrencia que tenía la policía federal o autoridades federales o autoridades locales.
También, entendíamos que necesitábamos constituir un cuerpo policíaco especializado para combatir el delito del secuestro, también ya está en comisiones.
Adicionalmente y ante una propuesta ciudadana, presentamos una iniciativa de ley que se llama “Fondo Nacional Antisecuestro”, éste es un fondo de recursos públicos y privados mixto, administrado al cien por ciento por una organización civil a través de un fideicomiso donde lo que hacemos es lo siguiente: Modificamos la ley a efecto de cualquier mexicano, mexicano que tenga conocimiento de un secuestro, de una banda de secuestradores, de un intento de secuestro, pueda acudir ante esta organización, que no es el Ministerio Público y presente los datos y hechos que conoce.
Si esa información nos lleva a desmembrar una banda, a resolver un secuestro, a aprehender a estos desalmados, este mexicano, mexicano sería beneficiado con una recompensa multimillonaria.
Los recursos de este fideicomiso los integraríamos por parte de recursos federales, estatales, municipales, haríamos ya con los medios de comunicación electrónica y escritos una campaña tipo Teletón, abiertamente lo digo, donde invitamos a todos los mexicanos de este país para que donen entre un peso a un millón, y hagamos una bolsa enorme de recursos económicos para poder sacar de la oscuridad a estos desalmados.
Porque, una cosa tenemos que saber, somos mucho más los buenos ciudadanos, que aquellos que se dedican a mermar la tranquilidad familiar de los mexicanos.
Pero, como no confiamos en el Ministerio Público; como no confiamos en las autoridades y aunque el Congreso Mexicano esté haciendo lo posible para reformar las leyes y que la gente tenga más confianza y más transparencia, ustedes no tienen por qué estar esperando los tiempos del gobierno ni del Congreso.
En lo que esta depuración se da, las leyes se empiezan a aplicar, necesitamos mecanismos innovadores, este es un mecanismo, que estoy seguro que el Presidente de la Comisión de Justicia encontrará el eco en la Comisión para que se convierta en realidad.
Adicionalmente el día de hoy, presentamos por consenso de todos los grupos parlamentarios, una extraordinaria propuesta construida con el liderazgo de la señora Miranda de Wallace, a quien le reconocemos y le reconocemos el compromiso, y una vez más nos disculpamos por no haber dado los resultados.
Nelson, tú eres amigo del Congreso Mexicano, y de una vez por todas les vamos a dar resultados.
Todos los mexicanos van a encontrar en mi partido al más importante activista para que de una vez por todas, podamos con el apoyo de todos, resolver el peor de los delitos.
Muchas gracias.
- EL C. MAESTRO DE CEREMONIA: Muchas gracias, señor Senador Escobar y Vega. Tendremos ahora en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y miembro de la Comisión de Justicia, la intervención del señor Senador Ricardo Fidel Pacheco.
- EL C. SENADOR RICARDO FIDEL PACHECO: Muy buenas tardes, señoras, señores; señores presidente de la Junta de Coordinación Política, y de la Mesa Directiva del Senado de la República; compañeros senadores:
Apreciar la iniciativa de la Comisión de Justicia para escuchar durante esta tarde, y el día de mañana las propuestas que especialistas, miembros de la sociedad civil, legisladores y todos ustedes deseen hacer al Senado de la República en esta materia de combate efectivamente al delito más descarnado que vive nuestra sociedad.
Bien es cierto que ya hay radicadas en el Congreso Mexicano un buen número de iniciativas que se han presentado anteriormente, y hasta el día de hoy, por distintos grupos parlamentarios hasta esta fomentada por la propia sociedad civil, pero consideramos que es importante que previo al análisis formal de estas iniciativas podamos escuchar esta parte de lo que ustedes tienen que decir frente a este fenómeno delictivo.
Nosotros deseamos que las iniciativas ya radicadas se vean enriquecidas con sus puntos de vista, con sus participaciones.
Y, sólo decirles que en el Grupo Parlamentario del PRI, como estoy seguro que lo hay en el resto de los grupos parlamentarios, existe la coincidencia de que hay que acelerar el paso para poder tener lo antes posible una ley antisecuestro como nos lo mandata la Constitución, y puedan las autoridades ejecutivas enfrentar de mucha mejor manera que lo hacen ahora, este delito, que tan profundo cala en nuestra sociedad.
Sean ustedes bienvenidos, y esperamos pronto, muy pronto poder reunirnos para informar a ustedes que lo que en estos días nos dicen, lo que recogimos ya en las iniciativas, es una ley que podemos poner en marcha rápidamente.
Muy buenas tardes, y muchas gracias.
-EL C. MAESTRO DE CEREMONIA: Gracias, señor Senador Ricardo Fidel Pacheco. Vendrá a esta tribuna a continuación, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pero también como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos e integrante de la Comisión de Justicia el señor Senador Alejandro Zapata Perogordo.
- EL C. SENADOR ALEJANDRO ZAPATA: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. La verdad es que nos da gusto que estemos aquí para tratar un tema que es de gran impacto social, por un lado, de mucho interés para la sociedad mexicana, por otro; y que obviamente eso nos permite también sumar esfuerzos, ya no solamente como una clase política, que para ser muy realistas estamos deteriorados y desprestigiados, pero que obviamente nos interesa sobre ese particular punto de vista: la redignificación, porque es la única forma pacífica de poder unir esfuerzos para salir adelante.
Agradezco la presencia también aquí pues de distinguidas personalidades, la señora María Elena Morera, doña Isabel Miranda, don Nelson Vargas, don Miguel Carbonel, porque son personas que han visto desde diferentes perspectivas este delito.
Cuando hablo de verlo con seriedad, implica no solamente el observar, si nuestro sistema actual está preparado o no para enfrentar este flagelo.
Sin duda alguna, yo les podría decir: que con lo que tenemos es suficiente también para estar combatiendo adecuadamente el secuestro. Ha faltado voluntad, ha habido complicidad y corrupción, y obviamente una gran impunidad.
Por otro lado, también es cierto que nosotros no nos recorremos, primero, porque nuestra Constitución no lo permite, a la pena de muerte, se me hace una falta de seriedad, una falta de respeto.
Y la segunda, porque la experiencia que se ha tenido a nivel mundial, es que la pena de muerte no aminora la delincuencia criminal, es un acto de rencor y de venganza, y aquí lo tenemos que ver desde otra perspectiva. Ya tendremos su debate y su deliberación en su momento.
Obviamente todas las propuestas son bienvenidas y respetadas, pero no por ello ya coincidimos.
Y habré de decir, por otro lado, qué bueno que aquí están personas expertas. No somos todólogos los Senadores. Necesitamos escuchar los puntos de vista de los ciudadanos, tanto quienes han padecido esta parte difícil, como aquellos que en teoría se han dedicado a su estudio y a su análisis.
Me queda claro, no solamente porque salga una ley de esta naturaleza, que viene a enriquecer la vida jurídica, y espero en la práctica del combate al crimen organizado, como es el delito del secuestro, pero también tenemos que observar en su integralidad todo lo que es el sistema de seguridad pública en su reconceptualización.
No solamente podemos ver la parte del secuestro, si no lo vemos desde un punto de vista integral, y obviamente desde un punto de vista de su federalización, y no implica que todo tenga que estar pasando a la Federación, implica que tiene que haber un sistema estructural de una mejor coordinación, obviamente de pesos y contra pesos de controles, pero tratar de buscar los incentivos para que haya una mejor y mayor coordinación.
Yo no concibo que haya un delito de secuestro sin la participación, cuando menos, de algunos agentes de la seguridad pública. Y eso, a de ser todavía mucho más difícil por la penetración que ha tenido la delincuencia organizada en nuestras estructuras policiales que deben garantizar, no solamente el ejercicio pleno de nuestras libertades y nuestras garantías, sino también en nuestros derechos y en nuestra vida con tranquilidad y en armonía en sociedad.
Estoy seguro que todo lo que ustedes puedan aportar, nos va a dar mucha luz, y obviamente nos permitirá también que esta ley traiga una mayor legitimidad, para que nos solamente surja de la clase política institucionalmente en las Cámaras, sino también, que por otro lado, pueda traer el apoyo social para buscar lo que queremos: cerrar filas y vivir en armonía. Muchas gracias. (Aplausos).
-EL MAESTRO DE CEREMONIAS: Agradecemos al señor Senador Alejandro Zapata, su intervención.
-A continuación, para dirigirnos un mensaje inaugural de este foro, escuchemos al señor Presidente del Senado de la República y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Senador Carlos Navarrete Ruiz.
-EL C. SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ, Presidente del Senado de la República: Gracias.
Señores Senadores de la República que presiden este foro;
Estimados invitados;
Jóvenes estudiantes que nos acompañan:
Quiero, antes que nada, a nombre del Senado de la República, darles una muy cordial bienvenida aquí al Patio de la Casona de Xicoténcatl. Es una muy buena asistencia, que espero se mantenga durante los dos días que va a llevarse a cabo este foro, en el cual vamos a escuchar a 20 ponentes: El día de hoy, a 6 de ellos; mañana, por la mañana y tarde, a los otros 14, y estoy seguro que nos van a decir cosas que nos van a hacer reflexionar, que nos van a reclamar y que nos van a hacer propuestas también porque, el tema que se va a tratar no es un tema sencillo, legislativamente y políticamente, pero menos lo es desde el punto de vista humano.
Hace unas semanas, quizás ya meses, acudí a un encuentro con los representantes de los poderes de la unión donde estuvo el Presidente Felipe Calderón, el Procurador, el Ministro-Presidente de la Suprema Corte, el Secretario de Seguridad Pública, el Presidente de la Cámara de Diputados y muchos funcionarios más, a una reunión con familiares y víctimas del delito de secuestro. Es una de las reuniones más emotivas a las que yo he acudido.
Se sentía en el ambiente, se palpaba en el ambiente la desesperación, el coraje, la incertidumbre, el reclamo de decenas y decenas de familiares de víctimas del secuestro, y algunos de ellos, incluso, que habían sufrido este grave delito, y el Presidente Calderón tuvo que hacer un extraordinario esfuerzo para poder comunicarse con el auditorio, para poder tratar de comprender lo que ahí se estaba diciendo, las conclusiones que estaban presentando después de varias horas de trabajo, y asumir compromisos a nombre del Gobierno de la República para enfrentar este tema.
Y ¿Por qué ocurrió eso? Porque de los delitos que el crimen organizado comete, y comete muchos, y con violencia, el secuestro es un delito que agrede a las personas, que angustia a las familias, y que lastima a la sociedad, sin duda alguna.
Este delito constituye la falta más evidente de los gobiernos para garantizar la seguridad y el patrimonio de ciudadanos, y por lo tanto, estoy totalmente convencido que debe ser enfrentando enérgicamente.
Pero el hecho de que haya tantas Iniciativas en el Senado, de muy diverso origen, desde el Ejecutivo Federal hasta otros orígenes, nos muestra que en el diagnóstico podemos estar muy de acuerdo, pero que en las formas podemos tener muchos desacuerdos, muchas propuestas diferenciadas, que pueden ir desde las propuestas de buena fe, pero con poca efectividad, hasta las propuestas con menos fe y también con menos efectividad.
Es un tema tan sensible para millones de mexicanos, para miles de víctimas, que se presta a que se pueda tratar de manera poco profesional y poco seria, todo puede ocurrir.
Por eso en el Senado de la República, y no es justificación, no pretexto, se ha querido evaluar cada propuesta y cada Iniciativa y se ha querido convocar este foro para escuchar puntos de vista, porque en el Senado requerimos mantener la apertura para escuchar opiniones, propuestas, críticas, y que gente que conoce del tema, que ha estudiado el tema, que tiene algo que proponerle al Congreso mexicano, venga al Senado a decirnos cosas.
No comparto algunas visiones ligeras que los medios de comunicación dicen: “Que en el Senado nos especializamos en hacer foros y no hacer nada; que sólo armamos parafernalias para invitar a algunos personajes de la vida política y social de México, y luego no tomarlos en cuenta”. No, no es verdad. Rechazo categóricamente esta descalificación fácil y superficial.
Tal vez algunos añoran cuando aquí en el Senado no se debatía, ni se escuchaba, ni se discutía nada, porque el poder de los poderes mandaba las Iniciativas, y ya nada más había que firmarlas para publicarlas, porque no había división de poderes, no había Senado, no había Cámara de Diputados. Eso ya pasó a la historia.
Hoy el Congreso de la Unión tiene responsabilidades legislativas, de cara a los reclamos de la gente. Pero no es fácil conciliar posiciones y opiniones, no es fácil acertar en las propuestas más eficientes legislativamente, si no abrimos el debate para escuchar el punto de vista de académicos, de especialistas, de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de gente que ha conocido este problema; y que sabe que no es un problema superficial, ni es un problema sencillo de resolver.
Porque nosotros necesitamos darle al Estado mexicano instrumentos, es verdad. Pero las leyes no son suficientes para parar a los secuestradores. Las leyes por sí misma, la mejor ley, el mejor dictamen del Senado, si no hay instrumentos, si no hay capacidad, si no hay inteligencia, si no hay forma de que el gobierno la utilice para enfrentar al crimen organizado en sus facetas, una de ellas la del secuestro, la ley termina siendo letra muerta.
Y requerimos que el gobierno, tenga efectividad, pero también tenga marco legal que le permita actuar.
El Senado de la República no puede eludir su responsabilidad de legislar en esta materia. Y hacerlo con responsabilidad y con profundidad, darle al Estado mexicano los instrumentos que requiere, y no caer en salidas fáciles, por cierto, porque al crimen organizado y a la delincuencia se le debe combatir con instrumentos de la ley, desde la ley y con la ley, no al margen de ella.
Me niego a aceptar que para combatir al narcotráfico, tengamos que darle manga ancha a los cuerpos policíacos, para que por encima de la ley actúen, y después tengamos que estarnos defendiendo de los cuerpos policíacos y de sus excesos.
Cuidado con eso. Hay que darle instrumentos al Estado y a los órganos encargados de combatir esto, sí, con energía; y hay que evaluar cuáles son las experiencias internacionales, que nos ayuden a tener la legislación que México requiere.
Y por eso, no puedo si no agradecerles a los 20 ponentes, que hayan aceptado la invitación de acudir al Senado. Tengan la seguridad, que lo que la comisión de Justicia, los senadores que van a escuchar las ponencias, que van a recabar sus propuestas por escrito y que van a trasladar a las comisiones del Senado, va ser importante lo que escuchen, lo que reciban, y va ser importante el debate que tengamos en el Senado.
En el Senado no hay unanimidades automáticas, es un Senado plural; seis grupos parlamentarios, visiones diferentes, intereses políticos también, que los grupos y los senadores representan.
Pero confío, en que como en otros temas, este tema en particular, concite coincidencias indispensables.
No aspiro a que los 128 senadores y senadoras, y los seis grupos tengan la misma visión, el mismo discurso, el mismo diagnóstico, no; sería aspirar a demasiado; pero sí aspiro como presidente del Senado, a que seamos capaces de escucharnos mutuamente, de convencernos de las propuestas viables, de convencer y convencerse de la viabilidad de ciertas medidas, y que pronto el Senado pueda entregar nuevos instrumentos a los ya existentes, para que el gobierno mexicano, con sus instituciones pueda enfrentar de manera más efectiva este delito del crimen organizado en México.
Por lo tanto, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a los ponentes, a los especialistas, a los interesados, a los jóvenes estudiantes que están aquí con nosotros.
Y espero que la comisión de Justicia, senador presidente, valore muy bien las propuestas que reciba, las discuta, las evalúe en las comisiones, y esto contribuya a que pronto tengamos un dictamen de consenso, que pase rápidamente por el pleno y que se traslade a la Cámara de Diputados para su ratificación.
Bienvenidos todos. Y muchas gracias por su presencia. (Aplausos)
-EL MODERADOR: Con este mensaje del señor presidente del Senado de la República, se ha inaugurado, señoras y señores este Foro Alto al Secuestro.
De acuerdo al programa del mismo, pasaremos, ahora, con la participación de ponentes invitados, a la mesa número uno.
Pedimos a los ponentes, si son tan amables de pasar a ocupar en un momento más, su lugar a la mesa.
Muchas gracias a los señores senadores que nos acompañaron en esta etapa inaugural.
Les pedimos a todos permanecer en este Patio Central. Solamente tendremos un ajuste, en lo que corresponde a los lugares de la mesa.

Alto al Secuestro!

Investigadores, especialistas y representantes de la sociedad civil plantearon una serie de propuestas sobre si la Ley Antisecuestro debe ser de carácter general o federal y debatieron con el público asistente sobre los alcances de las mismas, en el marco del Foro Alto al Secuestro.
En este encuentro, organizado por la Comisión de Justicia del Senado, se analizarán entre otros temas para enfrentar dicho delito, la parte económica, de coordinación de los órdenes de gobierno, los marcos jurídicos internacionales y las experiencias de otros países.
El doctor Carlos Vilalta Perdomo, investigador del CIDE, citó que según una encuesta realizada a 231 reclusos, el 81 por ciento señaló que durante su proceso penal alguna autoridad les pidió dinero, lo cual demuestra la debilidad institucional del sistema.
Subrayó que el dinero y las influencias son una constante en el 59 por ciento de la población en reclusión para no estar en la cárcel.
En la encuesta se reporta que las distintas agrupaciones policíacas demandan alguna cantidad de dinero a los delincuentes: un 40 por ciento la Policía Judicial, el 16 por ciento la Preventiva, el 14 por ciento el Ministerio Público y 13 por ciento custodios.
El doctor Miguel Carbonell Sánchez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que para hacer frente al secuestro debe haber una Ley General de Combate al Secuestro, expedida por el Congreso de la Unión, 32 leyes locales y complementos legislativos generales y federales.
Rechazó la pena de muerte planteada por el Partido Verde porque las estadísticas demuestran que el 98.3 de los delitos no son castigados y “no importa si hay pena de muerte, o si son 80 años de prisión o un simple arresto, el problema es que no se detiene casi a nadie”.
Calificó a la pena de muerte como una propuesta heterodoxa e inconstitucional.
A su vez, el maestro Jorge Nader Kuri, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, consideró que la Ley Antisecuestro debe ser general, porque el secuestro es un problema que tiene que ser enfrentado por todos.
El Congreso de la Unión debe emitir una Ley General de Secuestros donde se establezcan los tipos penales y sanciones, la distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, y las fórmulas de coordinación, agregó.
Nader Kuri señaló que la Ley General debe dar las pautas para la investigación de la prevención del delito a nivel federal, estatal y municipal, así como incluir la prevención social y multidisciplinaria del delito.
En su oportunidad, Marco Antonio Vázquez Rosales, titular de la Unidad Administrativa Central de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, coincidió en que la Ley Antisecuestro debe ser de carácter general.
Indicó que para combatir el secuestro, la Policía Federal ha desarrollado sistemas de capacitación para agentes de investigación en inteligencia.
Por lo tanto, ya no se contrata a personal con estudios básicos ni con preparatoria, sino con carrera profesional, además de que se establecen sanciones a los elementos que incurran en la comisión de delitos.
Por su parte, María Elena Morera de Galindo, activista social, afirmó que es necesario homologar el Código Penal con el propósito de que no haya víctimas de primera y de segunda según la entidad federativa.
Agregó que elevar las penas – cadena perpetua o pena de muerte – no soluciona el problema; es “populismo”, ya que aún con ello, está demostrado que los delitos van en aumento y son cada vez más violentos.
“No necesitamos más penas, sino que se detengan a todos, que sepan que se les va a castigar”, enfatizó.
Morera de Galindo aseguró que la prevención del delito es clave en el combate al secuestro.
Propuso crear un Observatorio sobre el Secuestro donde participen especialistas y sociedad civil en el seguimiento del delito para que se detecte dónde está el problema, pues “los jueces son lo más oscuro que tenemos”.
Nelson Vargas Basáñez, empresario y padre de una víctima de secuestro, pidió cadena perpetua para secuestradores y exigió a los senadores trabajar en una legislación que no proteja a los criminales.
En su opinión urgen medidas concretas para proteger a la víctima y a sus familias, y considerar en la Ley de Víctimas del Secuestro, que los montos pagados como rescate sean deducibles de impuestos.
Nelson Vargas calificó como “terrible” que se apruebe una ley que prohíba el pago de rescates y la congelación de cuentas de las víctimas, ya que estimó que México no tiene condiciones para ello. Además “no tenemos la educación para aguantar esa presión”.
Finalmente, el senador Alejandro González Alcocer, del PAN, presidente de la Comisión de Justicia, anunció que será el 15 de marzo cuando se tenga el dictamen, al menos de ese órgano legislativo, para ser discutido y en su caso aprobado por el Pleno.
En el evento estuvieron presentes los senadores María Serrano Serrano, Gabriela Ruiz del Rincón y Francisco García Cervantes, del PAN.
***
El Senado no puede evadir legislar sobre secuestro: Carlos Navarrete Ruiz.
El Senado de la República no puede eludir su responsabilidad de legislar en materia de secuestro y lo hará para darle al Estado mexicano los instrumentos que requiere para enfrentar de manera más efectiva y con energía este delito, aseguró el senador Carlos Navarrete Ruiz.
Al inaugurar el Foro Alto al Secuestro, el presidente del Senado se pronunció por “no caer en salidas fáciles”, porque al crimen organizado y a la delincuencia se le debe combatir con los instrumentos de la ley, desde la ley y con la ley, no al margen de ella.
“Me niego a aceptar que para combatir al narcotráfico, tengamos que darle manga ancha a los cuerpos policíacos, para que por encima de la ley actúen, y después tengamos que estarnos defendiendo de ellos y de sus excesos”, manifestó el legislador del PRD.
En su discurso, Navarrete Ruiz se refirió a “algunas visiones ligeras” en el sentido de que el Senado se especializa en hacer foros y no hace nada; que sólo arma parafernalias para invitar a algunos personajes de la vida política y social de México, y luego no los toma en cuenta.
“No es verdad. Rechazo categóricamente esta descalificación fácil y superficial”, expresó.
Como presidente del Senado --dijo-- aspiro a que pronto tengamos un dictamen de consenso para entregar nuevos instrumentos a los ya existentes, a fin de que el gobierno enfrente de manera más efectiva el secuestro.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, recordó que se modificó la Constitución para que el Congreso pudiera legislar en materia de secuestro, por lo que es un compromiso de los legisladores analizar las 15 iniciativas que se encuentran en el Senado.
Señaló que estas propuestas, en las que está incluida la iniciativa del Presidente de la República, “en los días siguientes serán examinadas por los senadores para concluir con un proyecto de dictamen que tome los mejor de cada una de ellas”.
Los presidentes de 16 comisiones del Senado están abocados a resolver un paquete importante de seguridad pública y de seguridad nacional, y existe el compromiso de sacarlo antes de que termine este periodo el 30 de abril, subrayó.
El senador Arturo Escobar y Vega, coordinador del PVEM, ratificó la propuesta de su grupo parlamentario para imponer la pena de muerte “en contra de cualquier mexicana o mexicano que secuestre y mutile o mate a su víctima.
“Sostenemos que aquel mexicano que secuestra a una persona por dinero y aparte la mutile y asesine” es una persona que “levantó la mano” para renunciar a sus derechos.
México vive en un estado de guerra y cuando es así se requiere de leyes especiales, advirtió.
En su turno, el senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del PRI, manifestó que en su fracción parlamentaria existe la coincidencia de que hay que acelerar el paso para expedir una ley antisecuestro.
Consideró que primero se tienen que analizar y escuchar las diferentes propuestas que se registren en el foro.
A su vez, el senador Alejandro Zapata Perogordo, del PAN, se pronunció por revisar al secuestro de manera integral y cerrar filas para garantizar que la sociedad viva en armonía.
Dijo que ha faltado voluntad, ha habido complicidad, corrupción e impunidad en la persecución de este delito.
La pena de muerte –advirtió-- “no aminora la delincuencia, ya que es un acto de rencor y de venganza”.

Legislar sobre secuestro

Urge Vargas a legislar contra secuestro
Demandan en foro en el Senado acciones concretas para proteger a las víctimas y sus familiares; avalan puntos de la propuesta presidencial
Benito Jiménez
Reforma on line, 2 marzo 2010.- El empresario Nelson Vargas acusó a los legisladores federales de trabajar de manera lenta en una ley contra el secuestro que cumpla con las expectativas de justicia que exigen las víctimas.
"Senadores y diputados, es su responsabilidad sacar adelante esta ley porque no han hecho su trabajo. El combate al secuestro es un pendiente que tienen con México y que los hace partícipes de la situación que vive el País.
"Tienen la oportunidad de cambiar el destino de México, ya no nos platiquen, actúen, basta de simulaciones", expresó al participar en el foro "Alto al secuestro", organizado por el Senado de la República.
Vargas, cuya hija Silvia fue secuestrada y asesinada en 2007, consideró que urge una ley antisecuestros con medidas concretas para proteger a la víctima y sus familiares.
Asimismo, avaló diversos puntos de la propuesta de ley que envió el Ejecutivo federal al Senado, por ejemplo, la infiltración de agentes policiacos en las bandas de secuestradores para conocer cómo actúan, la implantación de dispositivos electrónicos para localizar y vigilar a plagiarios tras purgar una condena, e informar a las víctimas cuando estas personas se reintegran a la sociedad.
Vargas se pronunció, además, por avalar la grabación de conversaciones de la delincuencia y que los concesionarios de telecomunicaciones proporcionen información inmediata e incluso suspendan las líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel.
"También que se tenga negociadores certificados por el Gobierno federal para evitar que los vividores se aprovechen de las víctimas y de sus familias; la ley no debe proteger a los criminales, los secuestradores no deben tener derecho a fianza y se debe impulsar la propuesta de una privación vitalicia de su libertad, es decir, condenarlos a cadena perpetua", demandó Vargas.
Sobre el tema, María Elena Morera, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia, externó que lo que urgen las víctimas es justicia y no venganza.
"El delito de secuestro hoy en día es cada vez más violento y los narcos se involucran más en este delito, requerimos que se comprometa el Senado a realizar cambios en la materia y aprobar una ley sin importar temas coyunturales, que más bien son políticos. El secuestro se puede prevenir", expuso.
Morera recordó que en México existe una impunidad de tal grado que entre el 95 y 98 por ciento de los delitos no se castiga.
"No queremos mayores penas para los delincuentes, sólo que sean castigados", subrayó.
La activista avaló la autorización de escuchas contra los delincuentes y la reparación de los daños a víctimas mediante recursos que provengan de recortes al presupuesto de las partidos políticos.
También propuso que se homologue el delito del secuestro en todo el País y que en otras faltas se busque en el corto plazo a un código penal único.
"Hay que alejar a este País de la simulación, no sólo de autoridades sino de ciudadanos, subir penas no va a solucionar el problema, eso es populismo legislativo.
"Está comprobado que entre más elevadas las penas, se registran más delitos y cada vez más violentos, tampoco funciona la pena de muerte o la cadena perpetua porque un delincuente no ve más allá de dos años de vida. Queremos resultados, no más paliativos", expresó.
Presentan resultados de encuesta
Durante el foro, Carlos Vilalta, investigador del CIDE, presentó una encuesta sobre los perfiles criminales de 232 reclusos presos en el Distrito Federal por el delito de secuestro.
El académico advirtió una creciente impunidad durante el proceso de detención y sentencia de los delincuentes.
Indicó que el 14 por ciento de los criminales ya habían sido sentenciados anteriormente y el 3 por ciento también por el delito del secuestro.
De acuerdo con la encuesta, los presos piensan que podrían haber evitado la cárcel de haber tenido influencias para pagara una mordida, el 40 por ciento de ellos cree que con recursos, la autoridad que los detuvo los habrían dejado ir.
El 40 por ciento de los presos señaló que tras su detención la Policía judicial les solicitó dinero, el 16 por ciento, la Policía Preventiva; el 14 por ciento, el agente del Ministerio Público; el 13 por ciento, un custodio; el 7 por ciento, el secretario de Acuerdos, y el 6 por ciento, el juez.
"Se requiere una ley que tenga celeridad, firmeza y certeza, no hay certeza institucional pues el 59 por ciento piensa que pudo haber evitado la cárcel.
"Sobre la prisión vitalicia, el 38 por ciento reporta que con corrupción podría seguir operando al interior de la cárcel; sin certeza en el castigo, una ley sólo tendría efectos teóricos", sostuvo Vilalta.
En su participación, Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, resaltó que la opacidad complica el combate al secuestro, por lo que los juicios orales contra plagiarios serían una alternativa.
"Hay que legislar bien para evitar arbitrariedades que permitan salir a los delincuentes", planteó.
A su vez, Jorge Nader, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, alertó que lo que alienta un delito es que no sea descubierto y si lo es, que no sea sancionado por la ley.
En este sentido, advirtió que México requiere una ley general contra el secuestro para que se combata de la misma forma en todo el País.
Marco Antonio Vázquez, titular de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, insistió en que dentro de los cuerpos policiacos existe la coordinación para atacar los delitos como el secuestro; no obstante, existe una lentitud en los procesos de integración de las averiguaciones por parte del Ministerio Público.
"Se habla de la corrupción de los cuerpos policiacos y se insiste que las instituciones son un fracaso, pero desde la Policía Federal atacamos la improvisación de los cuerpos policiacos con capacitación en materia de secuestro.
"Ya no contratamos a personal con preparatoria; se integraron 4 mil efectivos con carrera profesional, todos son universitarios y cuentan con procesos sistemáticos. ¿Cómo atacamos la corrupción? Con desarrollo policial y régimen disciplinario", afirmó.

Montemayor y la Comed

PLAZA PÚBLICA
Montemayor en la mediación
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 2 Mar. 10;
Durante un año la Comisión mantuvo contactos con Gobernación hasta que la falta de voluntad en esa dependencia hizo que la Comed se disolviera, en abril pasado. Sus miembros, sin embargo, se mantuvieron en extremo interesados en el tema
Anteayer en la mañana Abraham González Uyeda telefoneó desde Guadalajara, donde ahora es diputado local, en busca de noticias sobre la salud de Carlos Montemayor, y supo entonces que el escritor había muerto. Por la noche, en el sepelio en la Academia Mexicana de la Lengua, entre los afligidos dolientes se encontraban Nadin Reyes y su hermano, hijos de Edmundo Reyes Amaya, desaparecido junto con Alberto Cruz Sánchez en mayo de 2007 y cuya presentación con vida era el objeto de la Comisión mediadora solicitada por el Ejército Popular Revolucionario, de la que Montemayor fue integrante y vocero. Si bien la interlocución de ese grupo de mediación y la Secretaría de Gobernación no produjo ningún resultado conducente al logro de su objetivo, la coincidencia de que el ex subsecretario con quien se comunicaron inicialmente los mediadores y la hija de una de las víctimas se manifestaran en torno a Carlos Montemayor, da cuenta de la sensibilidad humana con que actuó durante casi dos años el autor de La violencia de Estado en México, su libro postrero, que ya no vio circular.
El EPR, que inicialmente reaccionó con violencia ante la desaparición de sus militantes, e hizo estallar ductos de Pemex, cuyo daño generó pérdidas materiales muy graves pero, deliberadamente ninguna víctima, mudó su estrategia y en abril de 2008 solicitó explícitamente a cuatro personas, y a quienes designara el Frente nacional contra la represión, que mediaran ante el gobierno federal para lograr la aparición de los desaparecidos mencionados y comprometió una tregua al respecto. Durante un año la Comisión mantuvo contactos con la Secretaría de Gobernación hasta que la falta de voluntad en esa dependencia hizo que la Comed se disolviera, en abril pasado. Sus miembros, sin embargo, se mantuvieron en extremo interesados en el tema y ello los condujo a reconstituir y ampliar la Comisión, cuyo balance fue sumariamente presentado así por Montemayor en su libro mencionado, escrito a fines de junio pasado: "Para la Comisión de mediación, la solución positiva del conflicto que originó la desaparición forzada de ambos militantes eperristas hubiera sido un avance legal y político de gran relevancia en México. Pero la displicencia y el desdén del gobierno federal a los documentos de la Comed fue clara: de los 12 meses de labores de la Comisión, 11 meses aguardó en vano respuesta o análisis de los documentos del 13 de junio nueve meses esperó en vano respuesta a los documentos entregados el 14 de agosto y nueve meses aguardó en vano la ampliación de la interlocución con otras instancias del gobierno federal que no fueran la secretaría de Gobernación, particularmente la Sedena. El 21 de abril de 2009 la Comed decidió poner fin a sus labores".
Sus miembros, empero, no se dispersaron y por ello recibieron con interés la solicitud de los familiares de los desaparecidos de reconstituirse. Tuvieron en cuenta para llegar a un acuerdo positivo un comunicado del EPR del 16 de diciembre de 2009 y uno de Gobernación del 6 de enero siguiente. El 11 de enero resolvieron integrarse de nuevo, pero como lo dijo el propio Montemayor, "diferenciamos la existencia de la Comed, por un lado, y la existencia (o inexistencia) de una mesa de diálogo que no (fuera) solamente declarativa".
Había razones para el escepticismo de los mediadores. Al comenzar este año, por casualidad supieron de la respuesta de la Sedena a una solicitud de información sobre los documentos de la Comed de las fechas anotadas, y sus respuestas. "... la firmó el general de brigada, diplomado de estado mayor Luis Arturo Oliver Cen, con fecha 30 de abril de 2009 y número de folio 34307. Dice así: 'En este contexto y de conformidad con los artículos 46 de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y 70 de su reglamento, se hace de su conocimiento que después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en el Estado mayor de la Defensa nacional, no se localizó la información solicitada, razón por la cual se confirma su inexistencia'.
"Para la Comed...la afirmación del general Oliver Cen sobre la inexistencia de nuestro documento es inadecuada. Por un acuerdo sostenido con la secretaría de Gobernación expresado en documentos del 24 de noviembre y primero de diciembre de 2008, aceptamos que esa dependencia fuera el canal que transmitiera nuestros planteamiento a otras instituciones del gobierno federal, particularmente la Sedena...Entregamos las nueve preguntas mencionadas en un documento de cinco cuartillas a la secretaría de Gobernación el 24 de febrero de 2009 y el 8 de abril volvimos a enviarlas al subsecretario Jerónimo Gutiérrez...porque se le habían extraviado.
"La respuesta del general Oliver Cen es concluyente: no recibió nuestro documento. O sea, la secretaría de Gobernación incumplió el acuerdo establecido con la Comed, de transcribir nuestras preguntas a la Sedena, un ejemplo cabal de la poca disposición de avanzar en el diálogo de la mediación" (La Jornada, 14 de enero de 2010).
Como efecto de ese artículo Carlos Montemayor y autoridades militares entraron en comunicación telefónica sin que ella implicara avance sustantivo alguno. Eso ocurrió en la segunda quincena de enero, cuando el vocero de la Comed enfrentaba ya el mal que le produjo la muerte. Todavía pudo participar, sin embargo, en la preparación de una jornada que se consumará mañana, sobre desapariciones forzadas, su preocupación postrera.


La Tía Chofi

TÍA CHOFI/ de su sobrino, Jaime Sabines
Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi,
pero esa tarde me fui al cine e hice el amor.
Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta
con tus setenta años de virgen definitiva,
tendida sobre un catre, estúpidamente muerta.
Hiciste bien en morirte, tía Chofi,
porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso,
porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste,
ya no tenías qué hacer y a leguas se miraba
que querías morirte y te aguantabas.
¡Hiciste bien!
Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos,
porque te quise a tu hora, en el lugar preciso,
y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple,
pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste.
¡Te siento tan desamparada,

¡Se aprueba!, No. No se aprueba!

Con 215 votos en contra, 142 a favor y once abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados negó la solicitud de licencia temporal que hizo el líder nacional del PAN, César Nava Vázquez.
Luego de que esta tarde, el diputado César Nava anunciara que solicitaría licencia para dedicarse al cien por ciento a la estrategia electoral de su partido en las 15 elecciones intermedias de este 2010, el Pleno negó su petición.
Previamente hubo dos intentos de votación económica que ante los reclamos de los diputados del PRI —en el sentido que defendían la negativa— propusieron se decidiera en una tercera de modalidad nominal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría dar cuenta del documento enviado por el diputado José César Nava Vázquez.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia para separarme de mi encargo como diputado federal del 2 de marzo al 5 de julio del presente año.
Lo hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, con el propósito de que se realicen todos los trámites conducentes.
Sin más por el momento, agradezco su atención a esta misiva, y le reitero mi consideración más distinguida.
Atentamente,
César Nava Vázquez.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, pido a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia al diputado José César Nava Vázquez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 15 del Distrito Federal, del 2 de marzo al 5 de julio del presente año.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día son proposiciones Diputado Martel, dígame.
El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Le pediríamos que se verificara una vez más la votación, y si no, que se haga nominal. Parece evidente que la Secretaría no dio cuenta de lo que ostensiblemente observamos los señores diputados. Si es así, simple y llanamente pedimos ratificación de lo que parece que observó la Secretaría. Muchas gracias, señor presidente.
 Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, señor diputado. Pido a la Secretaría que ratifique la votación. Diputado, dígame.
El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Señor presidente, únicamente para recordarle a la asamblea que ya está tomada la votación. Ya no es sujeta nuevamente a análisis.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, está tomada la votación, pero al igual que en otras ocasiones cuando ha habido algún punto de duda hemos repetido la votación para que no quede duda alguna en el pleno.
Tiene usted razón en lo que dice, pero también hemos repetido el procedimiento en otras ocasiones para que no quede duda. Diputado Escudero, dígame.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, solicitarle que la votación sea nominal toda vez que hay más de cinco diputados que lo estamos solicitando. Ya está el oficio circulándose para pedir que sea nominal. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a levantar de nueva cuenta la votación económica. Diputado, dígame.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez (desde la curul): Señor presidente, apoyo la moción del diputado de que la votación sea nominal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ante todo, no tengo ninguna solicitud por escrito en los términos planteados por el reglamento, por eso estoy instruyendo a la Secretaría proceda a la votación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, no hay claridad en la votación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Me dice la Secretaría que no hay claridad en la votación. En tales condiciones, esta Presidencia decide tomarla de votación nominal. Le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico para la misma, por cinco minutos.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos.
(Votación)
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado Pérez Cuevas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, para efecto de pedirle que en el ámbito de sus atribuciones pueda ampliar el tiempo para la votación. Yo le pediría a la generación del no, que nos deje hacer propuestas en beneficio del sí. La ampliación, presidente, es en razón de que en este momento se están desahogando trabajos en comisiones y, por lo tanto, habría que hacer el llamado respectivo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia determinó el tiempo correspondiente, diputado, para efectos de poder levantar la votación. Todas y todos aquellos diputados que estén en comisiones deben de venir de manera inmediata a rendir su voto, para efectos de que quede plasmada su voluntad.
Le pido a la Secretaría informe a esta Presidencia el resultado de la votación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema electrónico.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pídales a aquellos diputados que no han votado lo hagan de viva voz, a efecto de recibir la votación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Los diputados que no han votado, por favor, de viva voz.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Señor presidente, el resultado de la votación 215 en contra, 142 a favor, 11 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud del resultado dado a conocer por la Secretaría no se aprueba la solicitud de licencia.

Comunicado de la SCJN

DESORDEN GENERALIZADO EN GUARDERÍAS DEL IMSS: COMISIÓN INVESTIGADORA DE GUARDERÍA ABC
México, D. F., 1 de Marzo de 2010
Destacó que el IMSS no tiene fundamento legal para otorgar a terceros el servicio de guarderías.
No hay evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería.
El informe preliminar fue turnado al ministro José Fernando Franco González Salas, quien será el encargado de preparar el dictamen respectivo.
La Comisión Investigadora de los sucesos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, determinó que en las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia; y destacó que esa institución carece de fundamento legal para otorgar a terceros el servicio que actualmente otorgan esos centros a miles de niños.
Al presentar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un resumen de su informe preliminar -entregado al Alto Tribunal el viernes pasado y que será turnado al ministro José Fernando Franco González Salas, para la preparación del dictamen que será discutido por todos los ministros-, los magistrados comisionados, María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, señalaron que en sus trabajos quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC.
Estimaron, además, que en la eventual violación de garantías por los sucesos en esa guardería pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, Gobierno del Estado de Sonora y municipio de Hermosillo.
Los comisionados indicaron que el incendio que quitó la vida a 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
Aseguraron que no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería, para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil.
Los comisionados informaron que durante los seis meses de investigación se analizaron los casi mil 500 expedientes que contienen los contratos de prestación de servicios, con sus anexos, que a la fecha del siniestro tenían celebrados el IMSS con particulares.
También recordaron que a petición de los padres de familia, se contrató una empresa extranjera, propuesta por ellos, para la realización de un peritaje en la Guardería ABC.
Asimismo, se visitaron guarderías, conforme a una muestra preparada por peritos del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se tuvieron reuniones con padres de familia, autoridades de todos los niveles, bomberos, socorristas, policías, maestras de la Guardería ABC y quienes tuvieran alguna información para la investigación.
Los comisionados expusieron al Pleno de ministros su informe de trabajos:
PRIMERA. Conforme a lo previsto por los artículos 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 203 y 213 de la Ley del Seguro Social y 171 de la Ley Federal del Trabajo, los servicios de guardería únicamente pueden ser proporcionados por el IMSS y, excepcionalmente, por los patrones que celebren convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios.
El hecho de que el Consejo Técnico haya expedido disposiciones que permitan la posibilidad de que terceros ajenos a la relación laboral otorguen el servicio de guardería a hijos de derechohabientes, es una interpretación distinta a dichas normas que puede obedecer a la carencia de recursos económicos del IMSS para instalar y operar sus propias guarderías y a la urgente necesidad de proporcionar el servicio a cientos de miles de niños anualmente.
Los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el instituto para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su Consejo Técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos.
SEGUNDA. El hecho de que actualmente estén operando once guarderías de patrones, es decir, de las verdaderamente subrogadas, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable.
Esta afirmación se corrobora si se tiene en cuenta que desde 1983, año en que empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios, hasta junio del 2009.
Esto es, en el plazo de 26 años, había en el país alrededor de un mil cuatrocientas ochenta con ese esquema, cuando en el plazo de 36 años, teniendo presente que desde la Ley del Seguro Social de 1973 se previó esa posibilidad, hasta el día de hoy, sólo operan las 11 guarderías de patrones mencionadas.
TERCERA. Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado.
Los datos que arrojó la auditoría jurídica practicada al número total de guarderías que funcionan conforme a un contrato de prestación de servicios, sumados a los que se obtuvieron mediante la inspección ocular que se verificó en un número representativo, son evidencia fehaciente de las siguientes cifras en los aspectos señalados:
Sólo 14 contratos de prestación de servicios del número total de un mil cuatrocientos ochenta se otorgaron habiendo quedado satisfechos todos los requisitos previos que la normatividad aplicable exige. Once contratos se regularizaron después de su suscripción. En los demás existe ausencia de por lo menos un requisito documental.
La operación de las prestadoras de servicios es también irregular en su inmensa mayoría, pues solamente el punto tres por ciento de las guarderías cumple cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento.
La supervisión que ejerce el IMSS como mero control administrativo se cumple en el ochenta y ocho punto siete por ciento del universo, porcentaje que equivale a 1298 guarderías.
La participación del instituto en la supervisión que trasciende al ámbito de la protección civil es escasa. Aun cuando por virtud de su propia normatividad está obligado a verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que abordan esa materia y además remiten a la legislación estatal y municipal del mismo tópico, las autoridades competentes del instituto han omitido vigilar que las prestadoras del servicio cumplan los estándares mínimos de protección civil previstos en dichas legislaciones federales, estatales y municipales.
El muestreo arroja que en todas las entidades federativas existe competencia, bien sea concurrente de autoridades estatales y municipales, o bien, de unas u otras, para otorgar el visto bueno de bomberos o de protección civil.
Los datos estadísticos también acreditan que en el 65.6 por ciento de las entidades federativas la legislación prescribe que las autoridades, ya sean estatales o municipales, tienen obligación de hacer visitas periódicas a este tipo de establecimientos y que la falta de visto bueno de bomberos o de protección civil acarrea sanciones no sólo pecuniarias, sino también operativas.
Ahora bien, partiendo del supuesto de que las leyes exigen la satisfacción de por lo menos uno de los dos requisitos, esto es del visto bueno de bomberos o de la constancia de protección civil, las pruebas acreditan que un alto porcentaje de guarderías no lo cumple.
El 49.9 por ciento de prestadoras del servicio carece de la constancia de protección civil vigente y sólo cuatrocientas siete tienen visto bueno de bomberos vigente.
Lo anterior revela la existencia de un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación.
Existe en la actualidad una clara tendencia hacia la regularización en la operación y vigilancia de las guarderías. Así lo demuestra el cumplimiento de diversos requisitos después del incendio.
Esta afirmación se corrobora, además, con los informes del instituto en el sentido de que en el año 2010 rescindió o dio por terminados 120 contratos, fundamentalmente por no cubrir aspectos de protección civil y que a partir de este año sólo suscribió 1240 contratos cuya vigencia va de seis meses a tres años.
CUARTA. Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC.
Si se toma en cuenta que las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato, operación y supervisión o vigilancia de dicha guardería son análogas a las que adolecen la casi totalidad de las guarderías de su tipo, se llega a la unívoca conclusión de que ésta no es más que el reflejo del desorden que prevalece en aquéllas.
La existencia de ese vínculo se robustece si se tiene presente que a partir del accidente que ocurrió en la Guardería ABC, las demás del universo han mostrado la clara tendencia a regularizar los tres aspectos trascendentales: otorgamiento de los contratos, operación y supervisión o vigilancia, con marcado énfasis en la materia de protección civil que queda comprendida en el segundo.
Las pruebas estadísticas dan noticia de que ochocientas noventa y cuatro guarderías han tomado acciones directamente encaminadas a regularizar y/o a mejorar por lo menos uno de los tres aspectos.
QUINTA. El incendio que quitó la vida a 49 y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
Todas las pruebas periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que desahogó la comisión investigadora a cargo de peritos extranjeros, son coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler. Debido a las altas temperaturas generadas por la corriente eléctrica diversas partes del motor se fundieron generando la ignición del papel que estaba cerca, propagándose las llamas hacia las cajas de cartón que contenían documentos y, algunas, placas de vehículos.
La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería.
Cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños.
SEXTA. En virtud de que en la bodega alquilada por el Estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral.
Consecuentemente, el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba.
No existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil.
Tampoco existe prueba demostrativa de que las autoridades competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica de inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes al fuego.
SÉPTIMA. En la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del Gobierno del Estado de Sonora y del Municipio de Hermosillo.
OCTAVA. Existe referencia de un solo caso de negligencia médica. En los demás casos reportados no existe prueba demostrativa de que hubiera habido negligencia médica en la atención que se proporcionó a los niños y adultos que sufrieron lesiones a consecuencia del incendio ocurrido en la Guardería ABC.