23 abr. 2015

Tiran el montaje de Aristegui; ¿no que no? /Ricardo Alemán

Tiran el montaje de Aristegui; ¿no que no? /Ricardo Alemán
Columna Itinerario político
El Universal, 23 de abril de 2015
Juzgadores y abogados amigos pretendieron torcer la ley para favorecer a la conductora despedida.
La “chicana legaloide” que montaron la conductora despedida de MVS, su abogado y un juez amigo, se desplomó por su propio peso; el peso de la corrupción.
Y es que magistrados de un Tribunal Colegiado revocaron en forma unánime el amigable amparo –suspensión provisional–, que le otorgó a la conductora su amigo el juez Fernando Silva García, por intermediación de su abogado y amigo de ambos, Javier Quijano, quien en abierta tortura a la ley pretendió amparar a la conductora echada de MVS, no de un acto de autoridad sino de un vulgar despido laboral.
En la trama –y la trampa–, siempre existió un grosero conflicto de interés denunciado aquí el pasado 15 de abril, en el que participaron el ministro de la Corte, Juan Silva Meza, su hijo Fernando Silva García, el amigo de ambos, Javier Quijano y la amiga de todos ellos, la conductora despedidas.

Caso Maria del Carmen Aristegui Flores, dos comunicados del CJF

México, D.F., a 21 de abril de 2015
DGCS/NI: 48/2015
NOTA INFORMATIVA
CASO: María del Carmen Aristegui Flores.
ASUNTO: El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, da a conocer, en relación con el amparo indirecto 672/2015, promovido por María del Carmen Aristegui Flores en contra de MVS Radio, lo siguiente:
El 16 de abril de 2015, María del Carmen Aristegui Flores, informó al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal estar disponible para la reunión entre las partes cualquier día hábil a partir del pasado viernes 17 de abril de 2015 y que de conformidad con el
último convenio el último mediador
El mismo 16 de abril de 2015 el mediador José Woldenberg Karakowsky acudió personalmente al juzgado a notificarse de los acuerdos dictados por el juzgado.

Que hablen las urnas...Mmm.

Dos opiniones sobre el PVEM, en el mismo diario (reforma) por dos personas distintas: Woldember, y el vocero verde; ambos llegan a la misma conclusión: "que hablen las urnas".
EL PVEM no perderá el registro!
¿Alguien quiere apostar?
La pérdida del registro/José Woldenberg
Reforma. 23 Abr. 2015
No pensaba volver a escribir sobre el tema. Pero luego de leer algunos artículos vale la pena hacer ciertas precisiones. Se entiende la indignación que suscita la conducta del PVEM, pero la sola rabia no es una buena consejera. Repito: no quiero ni puedo defender la conducta ilegal del Verde, pero como decía, la "cura" puede ser más nociva que la "enfermedad". Solo 6 notas.
1. Dejar en los electores la decisión de qué partidos permanecen vivos y cuáles deben morir me sigue pareciendo el expediente óptimo. Con ello se garantiza un espacio para las minorías representativas, más allá de filias y fobias. Y en nuestro caso ha funcionado. En los últimos 24 años -desde la fundación del IFE- han perdido su registro, por no alcanzar el mínimo de votos que fija la ley, los siguientes partidos: Demócrata Mexicano, Revolucionario de los Trabajadores, del Trabajo, Ecologista de México (1991), Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, otra vez el Demócrata Mexicano (1994), Cardenista, Popular Socialista y el Demócrata de nuevo (1997), de Centro Democrático, PARM otra vez y Democracia Social (2000), de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social, México Posible, Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana (2003) y Socialdemócrata (2009). Más partidos de los que hoy aparecen en la boleta. Y todos ellos salieron de la competencia no por una decisión administrativa/jurisdiccional, sino porque no lograron suficientes adhesiones ciudadanas en las urnas. Un método claro, democrático y político.

Quiere la cabeza de Virgilio Andrade

Legisladores del PAN solicitarán al Presidente Enrique Peña Nieto la destitución del Secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, por incumplir con las investigaciones relacionadas con la compra de casas a Grupo Higa y el presunto conflicto de interés con esta empresa.
Los senadores recordaron que, desde febrero pasado, el titular del Ejecutivo instruyó al funcionario federal para realizar una investigación sobre las operaciones inmobiliarias de su esposa, Angélica Rivera, y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con una empresa del Grupo Higa.
"A cinco meses de que fueron revelados los posibles conflictos de interés, los ciudadanos siguen sin tener respuestas creíbles, firmes y contundentes de parte de la autoridad investigadora", reprocharon.

Legislar en materia de derechos de las víctimas

El Congreso estará facultado para legislar en materia de derechos de las víctimas.
"Las víctimas la cenicienta del sistema de justica penal.."
Por fin y después de un largo proceso legislativo, la tarde de este miércoles 22 de abril las comisiones unidas de Puntos Constitucionales – que preside el Senador Enrique Burgos-, y de Estudios Legislativos – coordinada por la senadora Graciela Ortiz González- aprobaron una minuta que reforma el artículo 73 de la Constitución, a efecto de que el Congreso de la Unión pueda expedir una ley general que establezca la concurrencia de la Federación, los estados y municipios en materia de los derechos de las víctimas.
En el dictamen aprobado –por cierto tuvo una opinión de la Comisión de Justicia que preside el senador Roberto Gil Zuarth- se explica que el objetivo de la modificación es garantizar el respeto a la dignidad humana y expedir normas jurídicas constitucionales y legales que permitan a las personas invocar la protección del orden jurídico y acudir ante las instituciones facultades para asegurar sus derechos.
Se señala que existe una gran exigencia en la sociedad mexicana para que el Estado garantice de manera integral la asistencia y protección a las víctimas, lo cual se logará precisamente con la expedición de normas jurídicas constitucionales para atender y proteger cabalmente los derechos de las personas.

La propuesta entró al pleno del Senado este jueves 23 de abril, a una semana de que cvoncluya el periodo ordinario...Quedó en Primera Lectura!
El Proyecto de decreto aprobado quedaría de la siguiente manera:
Artículo Unico.. Se adiciona una fracción XXIV-V al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Articulo 73…
a XXIX-U..(…)
XXIX-V. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.
XXX. (…)
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
 El dictamen aprobado:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-23-1/assets/documentos/Dic_PC_Victimas.pdf

Hacia una Ley general de saparición forzada y de tortura

Aprueban en comisiones facultar al Congreso para legislar sobre desaparición forzada y tortura
  • La desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que se presentan conjuntamente diversas circunstancias: i) se produce una privación arbitraria de la libertad; ii) se pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido, y; iii) la víctima se encuentra en un estado de completa indefensión.
Por fin y a una semana de que concluya el periodo extraordinario de sesiones, la tarde de este miércoles, 22 de Abril de 2015, se aprobó en comisiones unidas del Senado de la República un dictamen que modifica el artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y desaparición forzada de personas.
La propuesta avalada por unanimidad fue presentada al pleno senatorial este jueves 23 de abril, y quedó en el estatus de :Primera Lectura.
La semana entrante quedará aprobada.
Recordemos que hace unas semanas –el 11 de febrero de 2015-. el estado mexicano recibió observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención
“El Comité, recordando el artículo 41 de la Convención, recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención. Al respecto, lo alienta a aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas. Asimismo, el Comité recomienda que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a la adopción de esta ley”.
Este es uno de los grandes pendientes de resolverse en el Congreso. Recordemos que hace unas semanas –el 11 de febrero de 2015-. el estado mexicano recibió observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención: “El Comité, recordando el artículo 41 de la Convención, recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención. Al respecto, lo alienta a aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas. Asimismo, el Comité recomienda que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a la adopción de esta ley”

Por lo que las y los senadores integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, dictaminaron ocho iniciativa de prácticamente todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso ( Maria Cristina Diaz, Omar Fayad y Emilio Gamboa del PRI, Angélica de la Peña, Alejandro Encinas, Benjamín Robles y Zoe Robledo del PRD, Roberto Gil Zuarth del PAN, y, la última iniciativa que entró el 21 de abril de Carlos Alberto Puente del PVEM, presentada conjuntamente con Emilio Gamboa del PRI).

En el dictamen establecieron en el régimen transitorio de la reforma que el Poder Legislativo expedirá dichas leyes generales dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor este decreto: “La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.”

Y el tercero transitorio señala que “La legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida las leyes generales referidas al artículo anterior.”

Precisa que “Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectadas por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes, antes de la entrada en vigor de estas últimas.”

En el dictamen se menciona que se tomaron en cuenta diversas iniciativas que fueron presentadas en el Senado de la República por legisladores de diferentes grupos parlamentarios (PRI, PAN PRD, PVEM)), quienes señalaron que la desaparición forzada de personas es un delito que constituye una violación múltiple a los derechos humanos. (en la Cámara de Diputados hay varias iniciativas presentadas sobre el mismo tema).

Los senadores manifestaron que es impostergable tomar medidas contundentes para que este delito se encuentre adecuadamente previsto en el ordenamiento legal y sustentar su adecuada prevención, las acciones de la autoridad para su investigación, el establecimiento de responsabilidades penales que procedan y sanciones adecuadas a quienes perpetren esta conducta ilícita

Respecto al delito de tortura, se explica en el dictamen, que México ha asumido obligaciones en diferentes instrumentos internacionales para combatir este problema, por lo que es importante que adopte todas las medidas legislativas inherentes a la prohibición, prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de las conductas prohibidas en dichas convenciones.

La asignación de dicha facultad legislativa permitiría homologar los tipos penales y las sanciones -como mínimo-, sin demérito de otras previsiones propias en materia, por ejemplo, de medidas cautelares o de atención a las víctimas y los ofendidos de esos ilícitos penales, así como precisar el orden jurídico aplicable por los diferentes ámbitos de competencia en cada uno de los órdenes de gobierno.

Lo anterior, se agrega, tiene como fin prevenir, combatir y erradicar ese tipo de ilícitos, pues menoscaban derechos fundamentales de las personas relacionados con el más amplio disfrute de las libertades personales.

 

Posicionamientos de los presidentes de las comisiones unidas:

El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth(PAN), comentó que se trata de una de las reformas más importantes que se han realizado en materia de derechos humanos, ya que responde a un reclamo social y de organismos internacionales, además de que asume los compromisos que ha suscrito el Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar las conductas de desaparición de personas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Con las leyes reglamentarias –dijo-, se regulará también otro tipo de fenómenos como las detenciones ilegales y arbitrarias, el abuso del arraigo, la sustracción ilegal de menores y todas aquellas conductas que implican privación de la libertad, contraria a la ley.

La senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que con esta reforma se establecen las condiciones para trabajar en las leyes generales, a fin de unificar en todo el país el tipo penal de ambos delitos, pues actualmente en los estados hay una interpretación distinta que no siempre es acorde a lo que señalan los tratados internacionales. Explicó que en el caso de México aún no existe con toda precisión cuáles son las características de la desaparición de personas, pues algunas se realizan por agentes del Estado, otras por particulares o el crimen organizado, mientras que unas son voluntarias.

En tanto, la senadora Graciela Ortiz González (PRI), presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que con esta modificación se cierra “un ciclo virtuoso” en el que se trabajó en consenso a partir de 22 iniciativas que fueron presentadas en la Cámara de Senadores sobre estos temas.

Una observación con todo respeto a la ciudadana senadora Ortiz, pero no se analizaron 22 iniciativas sino solo ocho, así lo subraya el dictamen: . “el contenido esencial de las ocho iniciativas materia de estudio, las mismas abordan consideraciones homologas en materia de la tutela y garantía de los derechos humanos esenciales para el disfrute de la libertad y de las personas y todas coinciden en los planteamientos de adicionar en la Ley Fundamental la facultad del Congre4so de la Unión para expedir la legislación general que establezca, como mínimo, los tipos, y las sanciones en el caso de los ilícitos penales de tortura y de desaparición forzada de personas”.

Para Raúl Gracia Guzmán (PAN), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, se da el equilibrio entre poderes para establecer las bases y los tipos penales “sin quitarle a los poderes estatales la responsabilidad que tienen en la materia para que sean corresponsales”.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó que esta reforma constitucional dará respuesta a una demanda social que durante décadas había sido minimizada por parte del Estado mexicano, pues implicará que éste asuma su responsabilidad por las desapariciones forzadas de carácter político y su obligación de garantizar la seguridad e integridad física de las personas ante hechos delictivos.

Expresó que también se abre la posibilidad de que hechos como la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se esclarezca y se conozca la verdad jurídica e histórica real de los hechos.

Enrique Burgos García (PRI), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, precisó que el proyecto incorpora las sugerencias, aportaciones e intereses de distintas organizaciones de la sociedad civil, y en tanto,

En tanto, Cristina Díaz Salazar comentó que es importante “poner orden a nivel nacional”, ya que es en el ámbito local, es donde mayormente se dan los casos de tortura y de más impunidad.

El dictamen se remitió a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente, está agendada para presentarse en la sesión de este jueves 23 de abril.

Será aprobada sin mayor trámite y remitida a la colegisladora.

Este paso es muy importante para entrar a legislar en una ley general en la materia, en este momento hay muchas iniciativas presentadas en ambas cámaras…

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está haciendo su trabajo con el aval de varias organizaciones sociales.

Recientemente en el marco de la Firma de Convenio para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos, entre la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, el secretario Miguel Osorio Chong subrayó que hay una instrucción del presidente de la República para trabajar “con la PGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en una iniciativa de Ley de Personas no Localizadas y Desaparición Forzada. Se trata de contar con los mecanismos que nos permitan prevenir, investigar y sancionar el delito de manera más eficaz. Y, al mismo tiempo, dotar a las entidades de mejores herramientas y protocolos para la búsqueda y localización de personas.”

Este es proyecto colocado en la web de la institución:


Y por ser una reforma constitucional requiere  por el voto de por lo menos las dos terceras partes de la Cámara de Senadores y de Diputados, y del 50 más uno de los congresos locales:

Así quedaría la reforma en caso de ser aprobada

Artículo único: Se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73…

I a XX..

XXI. Para expedir:

a)    Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en la materia de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.


b)   y c)…



XXII. A XXX…

 

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tercero. La legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida las leyes generales referidas al artículo anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectadas por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes, antes de la entrada en vigor de estas últimas.

El dictamen aprobada, vale la pena ser leído en su totalidad.


 

Al margen:

Desaparición de personas, datos duros:

Una investigación realizada por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República. (fuente nota 333 del Senado, fechada el 14 de marzo...www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML75.pdf), detalla que, a febrero de 2015, existen un total de 23 mil 60 denuncias de personas desaparecidas o extraviadas, presentadas ante una autoridad del fuero común en los estados de la República. Tamaulipas, con cinco mil 293 acusaciones, es la entidad federativa donde se han registrado el mayor número de ellas; le siguen: Jalisco con dos mil 139 denuncias, el Estado de México con mil 730, Coahuila con mil 428, Sinaloa con mil 393, Baja California con mil 157, Chihuahua con mil 145, Nuevo León con mil 138 y Guanajuato con mil 088.

Datos oficiales sobre desaparición forzada, según la PGR.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó hace unos días a la Cámara de Diputados que tiene 491 averiguaciones previas abiertas por el delito de desaparición forzada de personas.

Dice la institución que del total de averiguaciones previas, 239 datan del 2006 a la fecha (se entiende que a principio de 2015), y las 252 restantes fueron abiertas por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que coordinó el ex fiscal Ignacio Carrillo Prieto, mismas que ahora están bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Investigación de la PGR.

Esa fue la respuesta institucional, firmada por el Maestro Jorge Nader Kuri,  director de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la PGR, a un punto de acuerdo urgente resolución,  aprobado por los diputados el pasado 23 de septiembre de 2014, quienes expusieron que en 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó denuncia suman 22 mil 322, y que conforme al último informe de Amnistía Internacional no existe una base de datos confiable para saber cuáles son las cifras de desaparecidos.

La PGR no dijo –quizá sea información reservada- los nombres de las personas de las 491 averiguaciones previas  por delito de desaparición forzada y en la situación que se encuentran.

En su documento de respuesta, publicado en la Gaceta número 4216-I, del martes 17 de febrero de 2015, la PGR precisó que, a través de sus diversas unidades y fiscalías especializadas, puede conocerse este ilícito en cuatro de sus Subprocuradurías y en la Visitaduría.

Se afirma en el oficio signado por Nader Kuri que la PGR realiza investigaciones diligentes, independientes e imparciales de hechos que presuntamente son constitutivos de los delitos de desaparición forzada de personas, conforme a lo establecido en los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal.

(Por cierto hay una iniciativa de Ley presentada en el Senado de la República  por el Presidente Peña Nieto –el 22 de octubre de 2013- para reformar los artículos 215 A, 215 B y 215 C y se adiciona un artículo 215 E al Código Penal Federal, con el objeto de tipificar adecuadamente el delito de desaparición forzada. Propone ampliar el supuesto típico, a efecto de que se configure el delito no sólo cuando el sujeto activo propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento, sino por la simple negativa a reconocer tal privación o a informar sobre el paradero de la persona cuando se tenga conocimiento de ello. Propone incrementar el rango de pena actual que va de cinco a cuarenta años de prisión, a uno de veinte a cincuenta años, así como el establecimiento de cuatro mil a ocho mil días multa, y que, en el caso de que el sujeto sentenciado por tal delito sea un particular, quedará impedido para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos; asimismo, se amplía el rango para la sanción de inhabilitación del cargo para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo públicos, hasta de forma permanente)