13 nov. 2009

¡SME a cualquier costo?

Reforma, 12 noviembre 2009
Jorge G. Castañeda / ¿SME a cualquier costo?
Más allá del éxito o fracaso de las manifestaciones de ayer del SME, lo que importa cada vez más es el litigio jurídico. Como se sabe, una juez de distrito otorgó al SME la suspensión definitiva sobre la terminación de la relación laboral, ahora el gobierno puede apelar al Colegiado e incluso llegar a la Suprema Corte y todo parece sugerir que es en este terreno donde puede desarrollarse el conflicto. Probablemente el meollo del asunto no sea el amparo otorgado ni los recursos del gobierno, sino la hipotética controversia constitucional que pudiera interponer la oposición en el Congreso. Como se sabe, en México los individuos no tienen el camino del amparo contra disposiciones constitucionales, sobre todo en materia política o electoral. Para interponer una acción de inconstitucionalidad, no sólo tienen que ceñirse a los requisitos de la propia Constitución, sino a ciertos precedentes jurídicos establecidos por la Corte, como lo invocó antier el ministro Cossío al argumentar que no procedía el recurso de la ALDF ya que no percibía daño alguno para la ALDF, aunque la extinción de LyFC fuera anticonstitucional.
La controversia sólo procederá si el PRI se suma al PRD. Y aunque el PRD ha buscado el apoyo del PRI, hasta ahora las bancadas priistas se encuentran divididas y no hay consenso sobre el apoyo al PRD. O tal vez sí hay consenso, mas no sobre LyFC sino sobre la oportunidad que les da esta coyuntura para volver a chantajear al gobierno de Calderón.
En efecto, en vista de la imprevisible conducta de la SCJ sobre las lagunas jurídicas mexicanas generadas en los últimos años, el gobierno de Calderón no debe sentirse cómodo ni confiado con la llegada de una acción de inconstitucionalidad a la SCJ. No puede apostarle a un resultado, cualesquiera que sean los méritos del litigio. Nadie duda de que la Corte toma en cuenta consideraciones políticas, pensar lo contrario es pecar de ingenuidad, por tanto suena lógico pensar que Calderón está dispuesto a pagar un elevado precio por evitar que la controversia prospere. Y si el gobierno de Calderón se percata del riesgo y si a un neófito como yo se me ocurre, es muy probable que también lo hayan detectado ya los viejos lobos de mar que aún nadan en las aguas priistas. Es muy factible que los líderes priistas en las Cámaras de diputados y senadores estén analizando el precio del rescate que podrían cobrar al gobierno para no ir con el PRD en la controversia constitucional.
Una parte del cobro que el PRI podría solicitar, pues llama la atención la insistencia de los priistas en volver de manera recurrente sobre el tema, es la transferencia del programa Oportunidades -casi 70 mil millones de pesos en 2010- a los gobiernos de los estados. Entidades en su mayoría gobernadas por el PRI, pero también en las que se concentra la pobreza y por tanto los recursos para combatirla: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y tal vez a partir del año que entra Guerrero, y a su manera Chiapas, entre otras.
Que el PRI se adueñe de Oportunidades en estados en los que cuenta con mayoría en la legislatura local es oro molido en un año electoral como 2010. Poder disponer libremente de esos recursos sin rendición de cuentas, aunque ello implique destruir un programa exitoso a lo largo de tres sexenios y en diversos países, es un bajo precio a pagar por los priistas para ganar elecciones que les permitan salir y entrar con comodidad a las casas de gobierno de 10 estados. El dilema para el gobierno de Calderón resulta evidente.
¿Cuánto está dispuesto a pagar Calderón para ganar todo lo que se propone en el conflicto con el SME? ¿Cualquier precio es aceptable? ¿Se trata de un contencioso político personal del Presidente o de una gesta donde el costo-beneficio es fundamental? Ya veremos. Pero si para evitar la controversia constitucional y la posible derrota en la SCJ el precio es destruir Oportunidades, este comentócrata opina que es muy elevado.
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Carlos Elizondo Mayer-Serra / A cambio de qué
(12 noviembre 2009).- Hernández Juárez, el eterno líder del Sindicato de Telefonistas, afirma que no es posible "pensar más en el país que en los trabajadores. No sé cómo se puede hacer eso". Es comprensible que no sepa. Ha vivido de representar a los trabajadores, no de preocuparse por el país. Seguramente tampoco representará al país ahora como diputado. Sin embargo, cuando los derechos de los trabajadores no son a cambio de trabajo productivo, sobre todo si laboran en el sector público, defender estos derechos es estar en contra del país.
El gobierno cuando es patrón puede dar derechos generosos, ya sea en salario, pensiones, vacaciones, prima de puntualidad o lo que sea. Nunca quiebra. La cuenta es para el ciudadano como consumidor de malos servicios públicos, y como contribuyente que paga impuestos de más para financiar esos derechos que suelen ser, además, a cambio de trabajar lo menos posible. Si esos derechos fueran por trabajar mejor que en el sector privado, quizás se justificarían.

Cuando el trabajador de una empresa privada obtiene más derechos el dueño paga con menores utilidades o, en el extremo, quiebra, en cuyo caso el problema queda limitado a la empresa. En el sector público, los dueños somos todos los mexicanos. Dado que los mexicanos conformamos al país, si el gobierno da derechos de más a los trabajadores, esto va en contra del país y, en consecuencia, de todos nosotros. Cada empleado que sobra en el gobierno va en contra del país.
El gobierno no tendría que ser así como patrón. No lo es en países donde los funcionarios públicos entienden que el dinero no es suyo, sino de los contribuyentes, y defienden cada peso frente a cualquier presión injustificada, incluida la de los trabajadores organizados. En México, los derechos laborales en el sector público, por el papel que jugaron los sindicatos en la gobernabilidad del régimen priista y lo poco que han importado los ciudadanos, han tenido preferencia frente a cualquier otro derecho. Una entidad que requiere más dinero, aun cuando persiga un fin noble, como la educación superior, prefiere exprimir más al fisco (es decir, pedir más dinero en la Cámara de Diputados) en lugar de exigir a sus trabajadores un mejor desempeño y, en caso de que sobren empleados, despedirlos.
El patrón privado puede abusar de su posición privilegiada y por ello el gobierno debe vigilar que se respete la legislación de competencia y la laboral, aunque hay que tener claro que los altos costos para despedir en nuestro país, casi lo más altos del mundo, se pagan con muchos trabajadores en la informalidad. Tristemente, por decreto no se pueden fijar salarios y derechos como los de un país desarrollado. Para eso hay que desarrollarse.
En el sector privado los salarios de los trabajadores no pueden ser mayores a su productividad. Por ello, los derechos de los trabajadores en el mundo privado deberían ser el parámetro de los derechos para los trabajadores en actividades similares en el sector público.
Esto no es así en México. Por ejemplo, el trabajador del sector privado que paga una cuota para tener seguridad social a través del IMSS tiene que seguir pagando cuotas a los 64 años, pues no se puede retirar antes, para pagar las pensiones de trabajadores del IMSS que se retiraron en promedio a los 54 años de edad, con lo cual termina con un peor servicio del que pagó.
Criticar los generosos derechos de los trabajadores del sector público puede ser tildado de reaccionario. Sin embargo, la única forma de tener derechos de verdad para todos es con un gobierno eficiente donde sus trabajadores tengan derechos equivalentes a sus contrapartes en el sector privado.
Los derechos de los ciudadanos escritos en la Constitución sólo existen como realidades concretas que dependen de la capacidad del gobierno de ofrecer servicios concretos. Si por no poder despedir a maestros faltistas, dado que sería violentar sus derechos como trabajadores, tenemos una peor educación, el resultado es que el derecho a la educación se devalúa. Defender ese tipo de derechos de los trabajadores es ir contra los derechos de los niños y, por tanto, contra el futuro de México.
Es cierto, en el país hay muchas injusticias y muchos abusos que no se están enfrentando como se debiera. Sin embargo, esto no justifica generosos derechos laborales otorgados por funcionarios públicos que no los pagan de su bolsa, sino que van a cuenta de los contribuyentes con sus impuestos y del ciudadano que sufre malos servicios.


Cinco años sin Arafat

Cinco años sin Arafat/Luz Gómez García, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y autora de Diccionario de islam e islamismo, Espasa, 2009
Publicado en EL PAÍS, 11/11/09;
Hoy se cumplen cinco años de la muerte de Yasir Arafat. Las causas siguen envueltas en la bruma. Los tres últimos años los pasó Arafat en la Muqata, sitiado por las tropas israelíes. Los que convivieron con él sostienen, cada vez con más énfasis, que fue envenenado (Bassam Abu Sharif, Arafat and the dream of Palestine, Palgrave Macmillan, 2009).
Su legado no ofrece tantas dudas. El mayor triunfo de Arafat fue lingüístico. Como dijo de él el poeta Mahmud Darwix, restituyó un gentilicio al mundo: “palestino”, que se había intentado borrar en beneficio del mito sionista de la tierra vacía, según el cual la tierra “bíblica” aguardaba deshabitada a judíos nacionales de decenas de países. Pero aquello no era la tierra bíblica. Y lo que se creó en ella no fue un reino bíblico, sino un Estado étnico-confesional de ingeniería poscolonial. Tan confesional, una vez salvados los subterfugios, como muchos de sus Estados vecinos.
En vida de Arafat, los enemigos de Palestina juzgaban que la raíz del mal era Arafat. Luego, les pareció mejor su versión ridícula, Abbas. Últimamente el mal ha sido Hamás. Si un logro le ha cabido a la lucha palestina desde 1948 es que Israel no haya podido fabricarse un enemigo-pelele a su gusto. Arafat no quiso serlo. A Abbas, que ha estado más dispuesto, la presión de la calle se lo ha impedido. Israel, que hizo la vista gorda cuando se creó Hamás en 1987, se hizo ilusiones de que esta organización lo sería, pero el tiro le salió por la culata: los islamistas han llenado el espacio que ha dejado el descuartizamiento del movimiento nacional palestino, democrático y secular. Éste, congregado en la OLP, ha visto cómo embarrancaba su proyecto de paz, formulado, tras no pocas disputas internas, en términos de dos Estados soberanos: Israel y Palestina.
La legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina se halla hoy en su punto más bajo. En los años finales de Arafat, tras la explosión de la Segunda Intifada en 2000, las encuestas daban un empate entre Fatah y Hamás, pero el 50%, la mayoría, no prefería a ninguno. Este ten con ten se esfumó a la muerte de Arafat. Fatah no supo mantener la llama. Desvanecida el aura, los palestinos optaron por una solución radical y novedosa, y votaron en masa a Hamás. Desde entonces, se ha venido consumando el mayor miedo del movimiento nacional palestino: la desunión y el enfrentamiento civil, que el liderazgo de Arafat había conjurado desde finales de los ochenta.
La invasión israelí de Gaza en diciembre pasado dejó a Abbas desnudo. Sus componendas para culpabilizar a Hamás encolerizaron a los palestinos. El colmo ha sido la reciente pasividad y dilación de la delegación de la OLP ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha estudiado, a partir del llamado Informe Goldstone, los crímenes cometidos en la guerra de Gaza. La presión de toda la palestinidad, tanto la del interior como la del exilio (el 7 de octubre pasado, las asociaciones palestinas de España enviaron al presidente Abbas un duro comunicado en este sentido), acabó obligando a la delegación a cantar la palinodia, y el día 16 se aprobó una resolución que llama al Consejo de Seguridad a llevar el caso ante el Tribunal de La Haya si las partes (Israel y Hamás) no aclaran las imputaciones.
Como era de suponer, Estados Unidos votó en contra, y Rusia a favor, y los países europeos divididos. Ha sido la tónica general de este lustro, que ha facilitado que Israel incumpla sistemáticamente todo acuerdo u hoja de ruta, y que siga desmembrando Palestina. Los colonos en Cisjordania han aumentado un 18% desde 2004. Los 790 kilómetros del muro segregador declarado ilegal por el Tribunal de La Haya están prácticamente concluidos. Los checkpoints y las barreras a la movilidad impiden cualquier viso de normalidad en la vida de la población, y Jerusalén se halla ya aislada por completo de su entorno palestino. La retirada israelí de Gaza en agosto de 2005 y la declaración de la Franja como “entidad hostil” en septiembre de 2007, han permitido a Israel desentenderse impunemente de sus obligaciones jurídicas internacionales como potencia ocupante y castigar colectivamente a toda la población mediante el bloqueo. Gaza ha tenido el triste honor de inaugurar un nuevo limbo jurídico internacional, que en términos cotidianos significa depauperación económica, física y moral.
La desastrosa gestión de la cuestión de Gaza por parte de Abbas le ha conducido a un callejón sin salida. Su visión del proceso de paz, que choca con el verdadero 48, el palestino, el de la Nakba, ha fracasado. Frente al toma y daca de territorios, seguridad, autogobierno y desarrollo económico que ha caracterizado las rondas de conversaciones antes y después de la muerte de Arafat, en los últimos meses ha recobrado protagonismo el derecho al retorno de los refugiados. La intelligentsia israelí ha dado la voz de alarma (en este mismo diario la daba hace pocas semanas Shlomo Ben Ami), porque la cuestión de los refugiados plantea la paz en sus exactos términos: la justicia como solución y la superioridad moral de la víctima sobre el verdugo.

Corrupción no resignarnos

No debemos resignarnos a la corrupción/Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta, integrantes del comité de dirección de Transparencia Internacional España
Publicado en EL PAÍS, 11/11/09;
La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política. Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.
Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.
Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.
En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.
En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.
Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:
1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc…
2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.
3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.
4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.
5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.
7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.
8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.
9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.
10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.
Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.

Notas sobre La Familia

Surge célula de La Familia en Guanajuato; firma 2 muertes
El secretario de Seguridad Pública local, Baltazar Vilches, minimiza el hallazgo. Una agrupación criminal semejante comenzó a operar en Guerrero en octubre.
Milenio Diario, 2009-11-13•M.P.
Especial El cártel de La Familia guanajuatense se adjudicó dos ejecuciones ocurridas la madrugada de ayer en León. Las autoridades investigan si se trata de una nueva organización criminal o un brazo operativo de La Familia michoacana.
El hallazgo ocurrió la madrugada del jueves en la colonia Las Mandarinas, cerca del cruce de Saavedra y Torres Landa. En ese punto las autoridades hallaron dos cuerpos amarrados de los tobillos, con las rodillas hacia atrás y sus propias playeras cubriéndoles la cabeza.
Un comerciante que pasaba por el lugar descubrió los cadáveres y reportó los hechos a la policía. Uno de los ejecutados tenía un narcomensaje clavado en el cuerpo con un cuchillo, firmado por La Familia guanajuatense.
Una de las víctimas fue identificada como Martín Montes Sánchez, de 45 años de edad y chofer de un taxi, quien fue privado de su libertad el martes en Torres Landa y Juárez. La víctima murió asfixiada.
Las autoridades investigan si el hombre tuvo participación en el homicidio de un comerciante de abarrotes ocurrido el lunes en la colonia Loma Bonita, cuando cerraba su negocio.
El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Baltazar Vilches Hinojosa, recordó que el mes pasado fue hallado un ejecutado en Celaya con un mensaje firmado por La Familia guanajuatense; sin embargo, indicó que “no se puede hablar por ahora de una agrupación en forma categórica”.
Célula guerrerense
En Guerrero también opera una presunta ramificación de La Familia michoacana. El pasado 18 de octubre, en medio de una ola de ejecuciones adjudicadas a El jefe de jefes (Arturo Beltrán Leyva), hizo su aparición La Familia guerrerense con tres narcomantas en Petatlán, San Jeronimito y Tecpan de Galeana, en la Costa Grande.


Las mantas contenían amenazas contra el coordinador de la Policía Estatal en la región, un mando de la policía de Zihuatanejo y el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.


“Respetamos al Ejército porque ellos son como la muerte, arrean con todos, en cambio tú, Genaro García, estás protegiendo a los Beltrán y a los Z (zetas), por eso la bronca es contigo.
“Pronto tendrás noticias de La Familia guerrerense apoyada por La Familia michoacana. Vamos por ti Felipe Flores de la policía estatal y Pablo Rodríguez de la policía de Zihuatanejo, atte. FG y FM”.
El jueves 29 esta célula firmó su primera ejecución. Colgado de un puente de peaje sobre la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, apareció el cuerpo del albañil Jesús Esquivel.
Origen del grupo criminal
Investigaciones de PGR, SSP federal y el Ejército revelan que La Familia michoacana se integró inicialmente con 4 mil personas, pero esta estructura se ha multiplicado y diversificado sus actividades, desde la venta de protección (en todos los ámbitos), secuestro y extorsión, además del tráfico de drogas, principalmente sintéticas.
Una de sus principales bases son jóvenes “rescatados” del alcoholismo y las drogas, a quienes Rafael Cedeño Hernández, El Cede, adoctrinó en la palabra de Dios, aunque luego terminaron siendo sicarios u operadores de la organización.
La preocupación del gobierno federal por este grupo comenzó en 2006, cuando fueron halladas dos cabezas humanas frente a una agencia de automóviles de Zitácuaro con un mensaje firmado por La Familia michoacana.
El hampa dejó ayer 21 ejecutados en Chihuahua (14), Sinaloa (dos), Guanajuato (dos), BC (uno), BCS (uno) y Michoacán (uno).
José Juan Delgado, Rubén Mosso, Iván Pedraza, Margarita Rojas, Juan José García Davish y Adriana Carlos
Guanajuato • Alejandro Sandoval

Comunicado de Los Pinos

Justifica Presidencia crítica a IP
Ayer, durante un vuelo a Singapur, el Presidente culpó a los empresarios de que no haya prosperado su propuesta de reforma fiscal.
Los Pinos dijo que es imposible que un proceso legislativo complejo, como el de las finanzas, transcurra exento de una discusión intensa
REFORMA On line, / Redacción
Ciudad de México (13 noviembre 2009).- El Gobierno federal afirmó que las opiniones vertidas por el Presidente Felipe Calderón y el sector privado sobre el proceso de discusión y aprobación del paquete fiscal son expresión de la complejidad de los temas, de la libertad de expresión y de la necesidad de conducir un diálogo nacional.
"El Gobierno federal refrenda su disposición y propuesta a las organizaciones empresariales, sindicales y a todo el sector productivo del país, a buscar por la vía del diálogo, la construcción de un acuerdo que permita al País impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos", refirió la Presidencia a través de un comunicado.
"Las opiniones vertidas, tanto por el sector privado como por el Gobierno Federal, sobre el proceso legislativo de discusión y aprobación de la ley de ingresos, llevado a cabo por el Congreso de la Unión, son expresión de la complejidad de los temas abordados, de la libertad de expresión y de la necesidad de conducir, de manera razonada y constructiva, ese diálogo nacional".
Los Pinos agrega que es imposible que un proceso legislativo complejo, como lo es el de las finanzas públicas, transcurra exento de una discusión intensa tanto en el Congreso como en la opinión pública.
"Un proceso legislativo tan complejo, como lo es el relativo a las finanzas públicas, por naturaleza controversial, es imposible que transcurra exento de una discusión intensa no sólo en el Congreso sino en la opinión pública. Sin embargo, dicho proceso quedará atrás una vez que la Cámara de Diputados concluya con su responsabilidad de discutir y, si lo tiene a bien aprobar, un Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año", agregó.
REFORMA publicó hoy que el Presidente Felipe Calderón volvió a la carga contra la iniciativa privada, a la cual responsabilizó de que no haya prosperado su propuesta de reforma fiscal.
En tanto, el Gobierno indicó que la conclusión y la discusión del paquete fiscal para 2010 debe ser vista como una oportunidad para reflexionar y dialogar respecto de las reformas que el País necesita.
"La conclusión de la discusión y aprobación del Paquete Fiscal para 2010 debe ser vista por los actores sociales y económicos y por las autoridades de los distintos poderes y órdenes de Gobierno como una oportunidad para reflexionar y dialogar, sobre bases constructivas, respecto de las reformas que el país necesita para crecer y generar empleos en un marco de competitividad. Reformas que resuelvan problemas de fondo, que permitan fortalecer lo que está bien y corregir lo que deba corregirse".
Finalmente, la Presidencia reiteró su respeto a los actores políticos, sociales y económicos y refrendó su invitación a un diálogo que permita la construcción del acuerdo.
Pide priista prudencia a FCH
El diputado del PRI Jorge Carlos Ramírez advirtió que no es tiempo de enfrentamientos con los empresarios por lo que llamó al Presidente Felipe Calderón a ser prudente y evitar que se resienta la inversión.
"Creo que en los momentos que atraviesa el País, todos los actores políticos tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras expresiones, no es un tiempo de enfrentamientos, el sector privado está en la mejor disposición de contribuir a sacar adelante el País.
"Sería muy irresponsable un enfrentamiento entre estas dos partes, no me puedo imaginar un país donde el Ejecutivo esté totalmente enfrentado a la iniciativa privada, no beneficia a nadie", dijo en entrevista.
El legislador priista señaló que el riesgo es que el conflicto merma la inversión.
"Lo que es peor, podríamos inducir una disminución de la inversión y en estos momentos lo que necesitamos todos es toda la inversión posible y alentar la inversión", sostuvo.
Sin embargo, precisó que las expresiones del Presidente fueron a su juicio un análisis de cómo salió la Ley de Ingresos más que una acusación del sector privado.
En tanto, el diputado panista Mario Becerra negó que se trate de un enfrentamiento.
"No es un enfrentamiento, hay que ser muy cautelosos con las palabras, creo que el Presidente está manifestando así como la IP tiene derecho a criticar las acciones del Ejecutivo, que la crítica de la IP fue muy dura a un paquete hacendario que conllevaba el esfuerzo de todos nosotros y de todos los sectores de la población", precisó.
Con información de Carole Simonnet y Claudia Salazar
Hora de publicación: 13:41 hrs
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El Gobierno Federal refrenda su disposición y propuesta a buscar por la vía del diálogo la construcción de un acuerdo que permita impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos
Viernes, 13 de Noviembre de 2009
Comunicado
Los Pinos
CGCS-177
El Gobierno Federal refrenda su disposición y propuesta a las organizaciones empresariales, sindicales y a todo el sector productivo del país, a buscar por la vía del diálogo, la construcción de un acuerdo que permita al país impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.
Las opiniones vertidas, tanto por el sector privado como por el Gobierno Federal, sobre el proceso legislativo de discusión y aprobación de la ley de ingresos, llevado a cabo por el Congreso de la Unión, son expresión de la complejidad de los temas abordados, de la libertad de expresión y de la necesidad de conducir, de manera razonada y constructiva, ese diálogo nacional.
Un proceso legislativo tan complejo, como lo es el relativo a las finanzas públicas, por naturaleza controversial, es imposible que transcurra exento de una discusión intensa no sólo en el Congreso sino en la opinión pública. Sin embargo, dicho proceso quedará atrás una vez que la Cámara de Diputados concluya con su responsabilidad de discutir y, si lo tiene a bien aprobar, un Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.
La conclusión de la discusión y aprobación del Paquete Fiscal para 2010 debe ser vista por los actores sociales y económicos y por las autoridades de los distintos poderes y órdenes de Gobierno como una oportunidad para reflexionar y dialogar, sobre bases constructivas, respecto de las reformas que el país necesita para crecer y generar empleos en un marco de competitividad. Reformas que resuelvan problemas de fondo, que permitan fortalecer lo que está bien y corregir lo que deba corregirse.
El Gobierno Federal reitera su respeto a los actores políticos, sociales y económicos del país y refrenda su invitación al diálogo que permita la construcción de tan importante acuerdo.
Viernes, 13 de Noviembre de 2009 a las 14:03 por Laura Bringas.

Gasto en armas

Toledo denuncia que la región gasta $45,000 millones en armas
By EMILIA PEREZ / EFE, MADRID
El ex presidente peruano Alejandro Toledo denunció hoy en Madrid ``la insensatez del armamentismo'' en América Latina, que, recalcó, desvía recursos que deberían destinarse a luchar contra la pobreza y genera división en una región que necesita unidad.
"Creo que el armamentismo es una cizaña que divide un continente que necesita urgentemente más unión para convertirse en una región prometedora que puede dar el salto cualitativo y dejar de ser una región predominantemente exportadora de materias primas'', dijo Toledo en una entrevista en Madrid.
El ex mandatario peruano, que participará en la Conferencia Anual del Club de Madrid que se celebra este jueves y viernes en la capital española, puso de relieve cómo en los últimos ocho años América Latina ha gastado $45,000 millones en armamento, que, recalcó, podría haberse destinado a hospitales, agua potable o educación.
Y ello "en medio de esa pobreza desgarradora'' que afecta al 40 por ciento de la población.
"De una población de 500 millones, 220 están por debajo de la pobreza, excluidos en un continente desigual'', recalcó Toledo, que hizo hincapié en que "América Latina no es el continente más pobre del mundo, sino el más desigual y el más excluyente''.
Frente a ese "drama'' y a la incapacidad de atender a quienes lo sufren, continuó Toledo, surge ese nuevo obstáculo, "absolutamente insensato'', del armamentismo, "que sólo alimenta los egos de los que creen que el poder está en los tanques, los aviones y los barcos o aquellos que creen que sus enemigos están en la frontera''.
El ex mandatario peruano fue especialmente crítico con lo que calificó de ``populismo autoritario que cree que su poder radica en buscar un enemigo afuera, escondiendo sus enemigos adentro''.
"Nuestros enemigos están adentro, en esta patria grande latinoamericana. Lo están en Venezuela, lo están en Bolivia, lo están en el Perú, lo están en el Ecuador, lo están en Nicaragua, el segundo país más pobre después de Haití, en Honduras, en México. Ahí están los pobres'', afirmó.
"Armémoslos con computadoras, con lapiceros, con profesores mejor entrenados, con agua potable'', agregó Toledo, que, en ese sentido, advirtió al mandatario venezolano, Hugo Chávez, de que el enemigo de Venezuela ``no es Colombia'', ``no es Perú'', ni es ``ningún país limítrofe'', sino que es la pobreza.
Los compradores de esas armas, opinó, ``quieren sentirse poderosos porque la mejor manera de distraer el ruido de los estómagos de los pobres en sus respectivos países es creando un enemigo afuera''.
Frente a esa situación, una posible contribución, apuntó, podría ser ``agarrar el toro por las astas'' y celebrar ``una reunión urgente de todos los jefes de Estado de América Latina con observadores de la Unión Europea (UE) y EEUU''.
``Ponernos en una mesa y ver cuán grande es nuestra pizza y quienes son los hambrientos en el continente y cómo gastamos el dinero de esa pizza fiscal. ¿Lo vamos a seguir gastando en armamento para seguir gritándonos de un lado a otro?'', continuó Toledo, que destacó que nunca ha visto el tema del armamentismo ben la agenda de las Cumbres Iberoamericanas.

Solicitan legisladores de Durango recursos para juicios orales

Este martes 10 de noviembre los diputados Jorge Herrera Caldera y Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del PRI, presenataron un punto de acuerdo para que se consideren recursos para implementar el sistema de justicia penal en el estado de Durango. En concreto solicitan "asignar a Durango la cantidad que asciende a un total de 224 millones 251 mil 616 pesos con la finalidad de implementar el sistema de justicia penal en Durango."
Fue turnadado a comisiones
Los suscritos, diputados federales Jorge Herrera Caldera y Ricardo López Pescador, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se asigne el recurso necesario y suficiente para la implementación con éxito del sistema de justicia penal en Durango, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Con fecha 18 de junio de 2008, se hizo la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que da a conocer las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las cuales se ordena la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial.
El artículo segundo transitorio del decreto antes mencionado establece que "el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto. En consecuencia, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La federación, los estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales".
De lo anterior, es importante rescatar que la intención del legislador fue la de enviar un mensaje a los órganos encargados de cumplir con dicha obligación la de establecer un proceso de planeación que les permita en el lapso de ocho años contar con todas las herramientas y los recursos humanos suficientes y necesarios para implementar el nuevo sistema de justicia penal.
Con la finalidad de que dichas instrucciones se lleven cabalmente en tiempo y forma y se logre la instauración del citado sistema de justicia penal, resulta urgente contar con las previsiones económicas suficientes para que los órganos encargados y obligados a ello en Durango lo hagan posible.
Para ello, es importante rescatar la obligación de esta Cámara de Diputados la de dotar por medio del Presupuesto de Egresos las aportaciones suficientes a los estados para dicho cometido, de manera que así lo expuso el legislador en el decreto que le da origen a la citada reforma constitucional, que a la letra dice:
• Artículo octavo transitorio el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el Presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los Presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.
Es importante señalar que esta Cámara de Diputados no cumplió con su obligación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 en la tesitura de que de los recursos asignados para los estados en el ramo 33, éstos deberían asignar lo que correspondiera según sus necesidades organizacionales. Sin embargo, esta fórmula no dio los resultados obtenidos y motivo por el cual, al no contar con los recursos económicos suficientes y etiquetados para cumplir con dicha obligación, los estados han retrasado el proceso de instauración del sistema penal a que se refiere el decreto en mención.
De tal manera que lo hoy propuesto y solicitado en este ocurso, y con base en los motivos expuestos, solicito la reasignación de recursos del ramo 33, con la finalidad de poder implementar el sistema de justicia penal en Durango como lo marcan los artículos segundo y octavo del decreto que da a conocer las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es importante señalar que no se trata de solicitar más recursos, sabiendo de las mermadas finanzas públicas y de la imperiosa necesidad de asignar lo suficiente en tareas que ayuden al desarrollo nacional, por ello es que de lo otorgado a los estados en el rubro de fortalecimiento al federalismo, se reasigne lo conducente de manera directa para la implementación del sistema de justicia penal.
Durango pretende lograr la aceptación y confianza de la sociedad duranguense en el nuevo sistema de justicia penal, abarcando todos los sectores que la componen, no sólo a nivel de funcionarios y operadores jurídicos, empresariado, profesionistas, medios de comunicación, universitarios, estudiantes de nivel medio superior y medio inferior, sino a los grupos mayoritarios de la población civil, mediante conferencias, pláticas personalizadas, publicaciones especializadas y hasta visitas domiciliarias, lo que resulta en un prototipo de socialización y difusión aplicado en forma muy concreta en el municipio de Durango, inicialmente.
Además de la creación de infraestructura y equipamiento necesario para la realización de las diversas audiencias del nuevo procedimiento penal, desde las etapas tempranas de investigación que corresponden al Ministerio Público (al establecer las nuevas unidades especializadas de control de detenidos, inmediata atención, justicia penal restaurativa y las específicas unidades de investigación); los edificios, equipos y tecnologías para el Departamento de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; la construcción y equipamiento (sistemas de video grabación), de salas de audiencia de control, de juicio oral, de ejecución de sentencia y especializadas para adolescentes infractores, así como las oficinas para defensores públicos, personal de administración de tribunales, informática y administrativo.
La capacitación inicial, seguimiento y fortalecimiento de los operadores jurídicos y personal de las distintas corporaciones de policía, peritos de administración de oficina, socialización de medios de comunicación, profesionistas, estudiantes, paramédicos, etcétera.
Todas estas consideraciones dejan en claro la obligación que tenemos como Estado para llevar a cabo la pronta y expedita procuración de justicia bajo el nuevo sistema de justicia penal y la fundamentación jurídica precisa que se requiere para la asignación del presupuesto solicitado.
A lo largo de esta exposición ha quedado clara la necesidad de actuar por una mejor calidad de justicia en razón de lo cual, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para asignar a Durango la cantidad que asciende a un total de 224 millones 251 mil 616 pesos con la finalidad de implementar el sistema de justicia penal en Durango.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.
Diputados: Jorge Herrera Caldera, Ricardo López Pescador (rúbricas)
Fue turnadado a comisiones

¿Grupos armados en Chiapas?

Alertan a Chiapas grupos armados
Nota de Martín Morita, corresponsal de
Reforma 09-Nov-2009;
Corresponsal
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.- La documentación de un intenso tráfico de armas en la frontera sur de México ha alertado a las autoridades sobre la movilización de grupos subversivos en Chiapas.
Estas células armadas estarían recibiendo el apoyo de grupos del crimen organizado como los zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y del Cartel de Sinaloa, que comanda Joaquín "El Chapo" Guzmán, para conseguir armamento de alto poder.
Un informe oficial de inteligencia, al que REFORMA tuvo acceso, advierte que grupos afines al Ejército Popular Revolucionario (EPR), Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), entre otros, estarían relacionados con estos movimientos.
Según el reporte, los grupos pretenden llevar al cabo acciones tendientes a desestabilizar, mediante la vía armada, al Gobierno del perredista Juan Sabines en el 2010, concretamente durante las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.
"Los sistemas de inteligencia (estatal y federal) han documentado un movimiento inusual de tráfico de armas de alto calibre en la frontera con Guatemala y en la zona de los Altos de Chiapas. Se ha confirmado que la mayor parte de ese arsenal se destina, o por lo menos se pretende, a células de grupos subversivos plenamente identificados", señala el informe.
"También se tiene confirmado que algunas organizaciones que se hacen llamar civiles tienen estrechos vínculos con esos grupos subversivos y que pretenden realizar actos violentos en corto plazo, particularmente durante los festejos del Bicentenario en el 2010", añade el reporte.
En un párrafo del documento se hace alusión a los presuntos vínculos de dichos grupos con las mafias del crimen organizado.
"Se hace notar que, con base en las detenciones de personas involucradas con dichos grupos y por medio de testimonios obtenidos por la redes de inteligencia, hay elementos que permiten establecer una relación de tales grupos y personas con grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, como son el caso de los llamados zetas y de la organización que comanda Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.
"Esa complicidad deriva en el suministro de armas a los grupos subversivos", señala.
PRIMERAS ACCIONES
Como parte del trabajo de inteligencia, emprendida por los Gobiernos estatal y federal, y que apunta hacia un resurgimiento de células de grupos subversivos en Chiapas, se hace notar que algunos de esos grupos ya han emprendido las primeras acciones, consideradas como "terroristas" y que pretenden desestabilizar a esta entidad.
Se cita el caso de dos granadas de fragmentación halladas, el pasado 22 de octubre, en el estacionamiento del DIF estatal en Tuxtla Gutiérrez.
"Las primeras líneas de investigación apuntan a que ese acto terrorista habría sido orquestado por dirigentes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y del denominado Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), como una medida de reacción ante las recientes detenciones de algunos de sus líderes", afirmó un alto funcionario del Gobierno estatal y quien participa en el equipo que lleva al cabo la investigación, en coordinación con el Gobierno federal.
El pasado 30 de septiembre fue detenido José María Hernández Martínez, mejor conocido como "El Chema", fundador y líder histórico de la OCEZ.
El 24 de octubre también fueron detenidos Roselio Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández, también miembros de la OCEZ.
A los tres se les acusa de usar la organización social para distribuir armas y drogas.
En este sentido, REFORMA tuvo acceso a otro documento de inteligencia en el que se afirma que mandos policiacos, tanto estatales como federales, así como funcionarios de los tres niveles de Gobierno han recibido amenazas de muerte y amagos de que habrán incursiones violentas en varias zonas de Chiapas.
"A través de pintas en edificios públicos, cartas anónimas y por medio del internet, esos grupos subversivos han amenazado con insistencia que muchos militares, policías, Alcaldes y funcionarios pagarán con sus vidas el supuesto daño que le han causado", refiere textualmente una parte del documento.
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Niegan células subversivas
(10-Nov-2009).-
REFORMA / Staff
TUXTLA GUTIÉRREZ.- El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno estatal, José Luis Ortiz Cortés, admitió que grupos de la delincuencia organizada se han infiltrado en las estructuras de los tres ámbitos de gobierno y también en algunas organizaciones sociales.
No obstante, el mando policiaco negó la presencia en Chiapas células de grupos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ni del Ejército Revolucionario Popular Independiente (ERPI).
En respuesta a lo que REFORMA publicó en su edición de ayer, en el sentido de que con base en una investigación de inteligencia (estatal y federal) se había detectado el resurgimiento de grupos afines al EPR y a células del narcotráfico, como Los Zetas, Ortiz Cortés emitió un comunicado.
"Ante la información vertida en el periódico REFORMA, nos permitimos precisar que en Chiapas existe tráfico de armas por parte de la delincuencia organizada, es algo que se ha documentado gracias a la acción coordinada de fuerzas federales, como la Sedena, la PGR y la SSP federal y estatales como la PGJE y SSyPC", aseveró el mando policiaco en su comunicado.
Agregó que: "lamentablemente, la delincuencia organizada, al igual que lo ha hecho con estructuras de gobiernos de los tres ámbitos, en diferentes partes del País, se ha infiltrado también en algunas organizaciones sociales, cooptando a varios líderes y miembros de las mismas, en busca de camuflagear y proteger sus actividades. Utilizan a organizaciones para el tráfico de armas, droga y trata de personas".
El funcionario estatal señaló que el Gobierno del Estado ha actuado con eficiencia, haciendo el trabajo necesario para prevenir, localizar y desmantelar el tráfico de armas y personas.
"Sólo en el Municipio de Frontera Comalapa, en octubre pasado, se decomisó el arsenal más grande encontrado en 2009 en todo el País y el más grande en la historia de Chiapas", indicó.
Ortiz aseguró que en la entidad se combate con toda fuerza a la delincuencia.
Por otra parte, en el mismo comunicado, el subsecretario de Relaciones Políticas, José Tanus, informó que "el Gobierno no ha detectado células del EPR ni del ERPI en Chiapas".
"No dudamos que oportunistas, que ignoran la realidad del estado y las razones y causas del EZLN, bajo el auspicio de la delincuencia organizada pretendan imitar o ponerse una capucha, y decirse 'un nuevo grupo armado', por eso reafirmamos, a nadie engañarán por conocer bien su origen y a que intereses sirven, porque no son ni los intereses de los chiapanecos, ni de las comunidades indígenas, y estamos seguros, de las Juntas de Bueno Gobierno ni del EZLN", remarcó.
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Refuerzan frontera en Chiapas
Nota de Martín Morita
Reforma, 10-Nov-2009).-
Corresponsal
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.- Ante los recientes decomisos de arsenales, que presuntamente iban destinados a células de grupos subversivos y del crimen organizado en México, El Ejército, la Policía Federal y las corporaciones policiacas del Estado, han establecido un impresionante cerco en una parte de la frontera sur, que va desde Comitán hasta Motozintla.
Más de dos mil militares y policías armados custodian la región como parte de un dispositivo de seguridad reforzado, pues se presume que en esa zona opera una poderosa célula de Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, así como de grupos guerrilleros.
Los soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron a los municipios fronterizos desde principios de la semana pasada y fueron desplegados en distintos puntos.
A lo largo y ancho de esa zona fronteriza los militares y policías han instalado alrededor de 35 puestos de revisión.
"Se trata de un operativo especial y los militares y policías permanecerán en esa zona durante todo el tiempo que sea necesario, pues se ha detectado un incremento en el paso de drogas y armas a través de la frontera con Guatemala", dijo a REFORMA un alto oficial de la Séptima Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez.
Prácticamente todos los vehículos que transitan por las carreteras federales y estatales en esa región fronteriza son objeto de exhaustivas revisiones por parte de los militares y policías.
Y es que en la edición de ayer, REFORMA dio a conocer que, con base en un informe de inteligencia, en algunas zonas de Chiapas, sobre todo en Los Altos y en la frontera con Guatemala, se ha detectado a células de grupos subversivos, supuestamente ligados en su mayoría con el EPR y con mafias del crimen organizado, como Los Zetas, que presuntamente pretenden llevar al cabo acciones tendientes a desestabilizar la entidad.
En razón de lo anterior, se han realizado detenciones como la de José María Hernández Martínez, "El Chema", quien fue arrestado el 30 de septiembre en el Municipio de Venustiano Carranza y posteriormente ingresado en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Al líder histórico de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) se le vincula con el aseguramiento de un arsenal el 11 de octubre en un rancho en el Municipio de Frontera Comalapa, el cual contenía lanzagranadas, más de 500 granadas, fusiles, ametralladoras y miles de cartuchos.
CATEOS EN GUATEMALA
Entre tanto, medios de comunicación de Guatemala informaron que en varios cateos realizados en los últimos días en residencias ubicadas en el Municipio de Nentón, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, la Fiscalía contra la Narcoactividad de ese país, aseguró 24 vehículos con placas de México y que supuestamente pertenecen al Cártel del Golfo.
Las corporaciones policíacas guatemaltecas que participaron en los operativos no detuvieron a ninguna persona, pero sí encontraron drogas, armas de fuego y municiones en los vehículos.
En este sentido, la Policía Nacional Civil de Guatemala reportó que el caso más relevante se registró en el poblado Santa Teresa, muy cerca de México, donde fueron localizados tres vehículos, dos de ellos con placas de México y uno sin ningún documento.
Así lo dijo
"Nos permitimos precisar que en Chiapas existe tráfico de armas por parte de la delincuencia organizada".
José Luis Ortiz Cortés
Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas
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Niegan campesinos liga con grupos subversivos
Nota de Martín Morita
Reforma 11-Nov-2009
Corresponsal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) negó estar relacionada con grupos subversivos y células del crimen organizado con la intención de desestabilizar la entidad, tal y como lo señala un informe de inteligencia estatal y federal.
REFORMA dio a conocer que, según esos reportes, a José María Hernández Martínez "El Chema", líder histórico de la OCEZ y actualmente detenido, se le vincula con el aseguramiento de un arsenal.
El informe resalta que el pasado 11 de octubre, en un rancho en el municipio de Frontera Comalapa, fue asegurado un arsenal, que consistía en lanzagranadas, más de 500 granadas, fusiles, ametralladoras y miles de cartuchos de varios calibres.
Con base en las declaraciones de varios detenidos en posesión del armamento, éste fue adquirido supuestamente por el dirigente de la OCEZ.
En una carta enviada a este diario, la OCEZ señala que los contenidos en esos documentos oficiales "sólo denigran la imagen e historia de nuestras organizaciones sociales al basarse en infundios y ponen en grave riesgo a las personas que integramos las mismas; al tiempo que constituyen una dolosa colaboración con la política incriminatoria impulsada desde un ala del gobierno estatal en contra de las organizaciones civiles y sociales que no se pliegan a sus designios".
"Las consideraciones antes expuestas se desprenden de los señalamientos sumamente delicados que nos imputan en dichas notas, como son: "se le vincula con el aseguramiento de un arsenal"; "La investigación oficial señala a Hernández Martínez como dirigente del EPR en Chiapas y de tener vínculos con 'Los Zetas'"; "usar la organización social para distribuir armas y drogas"; o que "ese acto terrorista habría sido orquestado por dirigentes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y del denominado Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)", agrega la organización.
La OCEZ afirma en la misiva que "existen suficientes evidencias públicas en el sentido de que el Gobierno de Chiapas ha incurrido sistemáticamente en este tipo de tácticas perversas para criminalizar a sus opositores".
"El caso que nos ocupa muestra suficientes pruebas de ello, al haberse perpetrado en contra de integrantes de la OCEZ: detención arbitraria comprobada; tortura física y psicológica perfectamente documentada, para obligar a la firma de papeles en blanco; traslado ilegal a un penal federal, cuando se trata exclusivamente de supuestos delitos del fuero común; y sobre todo "versiones" y "actos" que el Gobierno atribuyó en boletines oficiales a determinadas personas, quienes públicamente los han desmentido, asevera.
En este sentido, subraya que se se trata de un asunto bastante polémico en Chiapas, que ha generado de ambos lados un sinfín de documentos públicos diametralmente opuestos.
Remarca que la Región Carranza y el FNLS cuentan con largas trayectorias de lucha social abierta, civil y dentro del marco constitucional que, "a pesar de nuestros detractores, gozan de amplio reconocimiento público".
Argumentan que la información oficial obtenida por este corresponsal constituye "una difamación de consecuencias sumamente graves, no sólo por las implicaciones políticas y judiciales ya referidas, sino también por imputarnos la supuesta pertenencia a una conocida organización narcotraficante -Los Zetas-, lo cual pudiera ocasionarnos agresiones por parte de los cárteles rivales de éstos".
Cabe mencionar que en un comunicado del gobierno del Estado, publicado ayer por REFORMA, admite que células del crimen organizado han permeado no solo a los tres niveles de gobierno, sino también a agrupaciones sociales, en alusión a la OCEZ.

¿Terna a la SCJN?

Columna Bajo Reserva El Universal, 13 de noviembre de 2009;
"Reviven" a policías de polémico pasado
Dicen que el almirante José Luis Figueroa Cuevas está de regreso. Quizá recuerde a este funcionario: en tiempos de Vicente Fox fue comisionado de la Policía Federal Preventiva, y entonces fue señalado como uno de los responsables de que tres policías fueran linchados y quemados por una turba en San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, en noviembre de 2004. También se dijo que el almirante actuó tarde y que su omisión costó la vida de los oficiales de inteligencia. Nos dicen que la Procuraduría General de la República ya lo reclutó y será nombrado en breve Director del Centro Nacional de Planeación de la dependencia. Se dice muy insistentemente que también se revivirá al almirante Wilfrido Robledo Madrid, otro ex comisionado de la PFP, en este caso durante la administración del presidente Ernesto Zedillo. Robledo Madrid fue comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México, corporación a la que renunció en 2007, luego de que estuvo por meses inmerso en la polémica por los abusos policíacos cometidos en San Salvador Atenco en mayo de ese mismo año. Ahora Robledo será el nuevo jefe de la Ministerial, afirman. Los nombramientos podrían darse a conocer el próximo lunes.
La frase de Felipe Calderón contra la IP —aliada tradicional de su partido, el PAN— parece invitar a un nuevo episodio de confrontación. Acusa a las cúpulas de una campaña deliberada para debilitar su famoso “plan A” de Ley de Ingresos. Y hace recordar su fama de presidente que no perdona. Apenas el 30 de octubre pasado desató una tormenta con una frase igual de severa: “A quienes evaden impuestos, a quienes no los pagan: cometen una injusticia con todos, con los que cumplen y también con una abrumadora mayoría de mexicanos que necesitan esa contribución”. Recibió respuestas durísimas, ¿recuerda? Dobló las manos. ¿Por qué este nuevo episodio? ¿Qué busca este nuevo ataque? ¿Fue sólo un arrebato?
Las negociaciones entre el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y el líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, van avanzadas, nos dicen. Este mismo año debe saberse quiénes serán los dos nuevos ministros de la Suprema Corte y pronto, el titular del Ejecutivo enviará al Senado las dos ternas de candidatos. Se habla del ex legislador panista Fauzi Hamdan; del consejero de la Judicatura Federal, Jorge Moreno Collado; del abogado constitucionalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; del magistrado y consejero de la Judicatura, Luis María Aguilar Morales. Quien ha desaparecido de los rumores-pasillo es el ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes. O lo están cuidando, o de plano ya se cayó de la mesa. Nos dicen, nos juran que es lo segundo.
Apunte final: Van 15 mil muertos, muchos de ellos en Chihuahua, y una gran parte en Ciudad Juárez. ¿Por qué descartar a los cascos azules de la ONU? ¿Por qué no reconocer que la guerra como va, va mal?

Linchamientos

Nota N°. 725 Cámara de Diputados
Palacio Legislativo 11-XI-2009 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón (PAN), advirtió que lo peor que le puede pasar al país es llegar a la Ley del Talión: “al ojo por ojo, diente por diente”, por lo que propuso revisar a fondo el funcionamiento de las instituciones de seguridad.
Ante el intento de linchamiento de cuatro presuntos delincuentes en la Alcaldía de Juchitepec, estado de México, el legislador apuntó que es necesario una revisión a fondo del funcionamiento de las instituciones de impartición de justicia.  “Refleja la inconformidad de cómo funcionan las instituciones en persecución del delito y aplicación de sanciones”, declaró el legislador.
Precisó que se debe apostar al fortalecimiento de las instituciones. “Nosotros reprobamos que un grupo de ciudadanos, que quizás por la frustración de que no sintieron la atención debida de las autoridades, emprenden acciones como ésta, las reprobamos totalmente”, reiteró.
Puede tener mucho trasfondo, dijo Ovando Patrón, al final del camino refleja una molestia social en cuanto a lo que acontece con el crimen e invita a hacer una revisión a fondo de cómo funcionan las instituciones, apuntó.
Por su parte, el diputado del PRI, Alfonso Navarrete Prida, señaló que ese acto es producto de la impunidad y la equivocada estrategia del gobierno federal en contra de la delincuencia, lo que “hace que la gente tome la justicia por sus propias manos”.
“Nada más grave que ante la ausencia de confianza en las instituciones, la gente pretenda aplicar leyes severas y normas que no están basadas en la justicia, sino en la venganza personal”, afirmó el ex procurador de justicia del Estado de México.
Delimitó cuatro riesgos latentes ante la inseguridad: primero, el endurecimiento del Estado con medidas de corte policiaco más radical; el segundo, el surgimiento de grupos que se focalicen con vinculación ideológica y política hacia el daño específico del Estado.
Y por último, es que la gente tome la justicia por su propia mano. “Ninguno de los tres es el camino adecuado para el desarrollo del país, los tres llevan costos sociales y condenan a los habitantes de México a vivir en anarquía”.
Dijo que el enfrentamiento entre pobladores del municipio de Juchitepec y policías de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), es una muestra clara de que la ausencia de resultados en una política equivoca “que sólo ve una respuesta policiaca a los problemas de delincuencia, genera una enorme impunidad”.
Advirtió que en caso de que perdure la incapacidad de respuesta por parte de las autoridades, los enfrentamientos y fenómenos como éste germinarán. “Hace que la gente pretenda tomarse la justicia por su propia mano”.
—¿Esto es producto de la mala política del gobierno federal en contra del crimen organizado?, se le preguntó al legislador.
—“Pienso que sí, es producto de una sensación de impunidad generalizada en el país y el crecimiento de la delincuencia y ahí hay una responsabilidad de quienes aplican esas políticas y fundamentalmente del gobierno federal quien ha basado toda la estrategia contra la delincuencia en la pura respuesta policiaca y eso condena a la zozobra”, concluyó

Labor de Gerardo Laveaga en INACIPE

¿Ratificación o despido?
La PGR emitió este viernes 13 de noviembre 3l siguiente comunicado: 1396/09
Fue difundido esta mañana 8:38 horas por la oficina de Comunicación de PGR y en el portal de la Presidencia de la República:
Consolida el INACIPE su posición como centro de Investigación Científica y Docente en Ciencias Penales.
Dice:
"A 30 años de su creación y durante los últimos ocho años, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) se ha consolidado como uno de los más prestigiados planteles de estudios de posgrado en lo que a esta materia se refiere, así como un reconocido centro de investigación científica y una respetable casa editorial, afianzándose como un generador y difusor de ideas, propuestas de iniciativas de ley, políticas públicas y ejercicios de evaluación crítica en el país.
Al frente de Gerardo Laveaga, el INACIPE ha logrado convertirse en interlocutor entre los poderes de la Unión, los niveles de gobierno y los sectores público, privado y social, además de lograr la primera generación de agentes del Ministerio Público que egresó en 2006, gracias a su reingeniería educativa que instauró un programa de dos años de formación inicial a través de la Maestría en Procuración de Justicia Federal.
Resultados que se han hacen evidentes, además, en sus distintas facetas de capacitación, posgrado y su presencia permanente en todo el territorio nacional en alrededor de 45 ciudades, donde las estadísticas muestran un considerable incremento: 999 alumnos egresados, nueve cursos para agentes del Ministerio Público, 175 cursos impartidos, 775 alumnos graduados, 240 títulos publicados, 21,154 volúmenes como acervo bibliográfico y 13 congresos internacionales tan sólo en ocho años, dejando atrás el rezago que se tuvo durante 22 años.
Avances que el INACIPE espera acrecentar con esta reingeniería educativa que colocará a los fiscales mexicanos a la vanguardia en América Latina

FCH en Singapur

Agenda del Presidente Calderón en Singapur, donde asiste a la XVII Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2009) a realizarse el 14 y 15 de noviembre en Singapur.
Viernes, 13 de Noviembre de 2009

(Sábado 14 de noviembre en Singapur)
9:00 Participación del Presidente en APEC CEO SUMMIT
10:00 Reunión con representantes de la Empresa Temasek Holdings y con Líderes Empresariales Singapurenses
11:00 Reunión Bilateral con excelentísimo señor Kevin Rudd, Primer Ministro de Australia
12:00 Almuerzo de Bienvenida ofrecido por el excelentísimo señor Lee Hsien Loong, Primer Ministro de Singapur, en honor de los Líderes de APEC
13:30 Primer Retiro de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
16:00 Diálogo de los Líderes con los Integrantes del APEC Business Advisory Council (ABAC)
18:05 Reunión Bilateral con el Excelentísimo señor Yukio Hatoyama, Primer Ministro de Japón
19:00 Espectáculo Cultural
20:15 Cena de Gala
La XVII Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se celebra este vez en Singapur, y su lema es: Crecimiento sostenido: conectando a la región.
Entre otras actividades previstas en este encuentro, que reúne a Gobernantes de 21 países, Felipe Calderón intervendrá en el Diálogo de los Líderes sobre Integración Económica Regional, en las sesiones de trabajo dedicadas a promover un crecimiento equilibrado, incluyente y sustentable; así como a vincular más estrechamente a las naciones de la región.
En el marco de dicha Cumbre, el sábado 14 de noviembre, el Presidente sostendrá reuniones bilaterales con los Primeros Ministros de Australia y Japón, Kevin Rudd y Yukio Hatoyama, respectivamente. Ese mismo día tendrá un acercamiento con líderes empresariales de Singapur.
El domingo 15, el Presidente asistirá a un desayuno de trabajo con sus homólogos de Chile, Michelle Bachelet, y de Perú, Alan García. Y, participará en la Ceremonia de Difusión de la Declaración Final a los medios de comunicación, en la sede oficial de esta reunión cumbre.
En la XVII Cumbre del APEC, México buscará promover un futuro basado en la cooperación abierta y flexible, que asegure su acceso a los beneficios del comercio, la inversión y la tecnología. Asimismo, apoyará las iniciativas en favor de la recuperación económica, la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en la región, así como las acciones para reducir la brecha actual en los niveles de crecimiento entre países desarrollados y en desarrollo.