24 may. 2010

Alejandro Martí

Discurso de Alejandro Martí García, Presidente de México SOS, en la Inauguración del Segundo Foro de Seguridad y Justicia
2010-05-24 |
Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa; Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Señor Secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont; Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, Presidente de la XIX Sala Penal y Civil de la Suprema Corte de Justicia; ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública.
Licenciado Miguel Alessio Robles, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; doctor Miguel Ángel Mancera, Procurador General de Justicia; señor Embajador de los Estados Unidos, Carlos Pascual; señor Embajador de Colombia, Luis Camilo Osorio Isaza.
Muy queridos amigos, muy queridos ciudadanos, todos unidos por la seguridad, por la justicia en nuestro país.
Hoy, nuestra Nación enfrenta grandes desafíos en materia de justicia penal: eficiencia en la procuración y administración de la justicia local y Federal, y eficacia en la recuperación de la paz pública.
En 2008 fuimos capaces de darnos un marco normativo para avanzar hacia un mejor sistema de justicia, que fue la Reforma Constitucional en Materia Penal, misma que promulgó usted, señor Presidente. No es aventurado decir que se trata de una de las reformas en la materia más importante desde 1917.
La misma Reforma establece un plazo de ocho años para su implementación definitiva. Sin embargo, desde hoy se avizoran otros desafíos relacionados con el hecho de determinar si las estructuras operativas tienen la capacidad, preparación y voluntad para producir esos cambios, como se debe expresar hasta lo que conocemos como la justicia de barandilla.
Comenzando con este último eslabón que lo constituye el contacto del sistema de justicia con el ciudadano que acude a presentar su denuncia, es necesario enfatizar que adolece de una grave falta de confianza por parte de la población.
La cifra negra ha sido el indicador que comprueba que los ciudadanos preferimos aceptar el agravio en contra de nuestra integridad y patrimonio, a presentarnos ante la justicia formal.
Los ciudadanos, hemos aceptado ser victimizados y no recibir justicia. Hemos renunciado a nuestro derecho a ser defendidos por el Estado ante la criminalidad; aceptamos una cuota de dolor y de desamparo como si fuese un hecho irreversible.
Esto, señor Presidente, es inconcebible, a todas luces, inaceptable. No podemos reiniciar a contar con un sistema eficiente de justicia. Como sociedad civil, no podemos perder la capacidad de indignación, no podemos dejar de indignarnos por la muerte de estudiantes o el asesinato de jóvenes.
Por cada joven, mujer, niño o padre de familia que perece a manos de la delincuencia o por las balas del fuego cruzado, o por la omisión de las autoridades, va muriendo nuestra fe en recuperar algún día nuestro país.
No aceptemos la violencia como una maldición irremediable. No aceptemos la incapacidad de quienes están obligados a darnos seguridad. Mantengamos la exigencia hasta el límite, desde todos los campos de la acción legal, hasta que las cosas cambien.
Si la política es el instrumento que nos debe llevar a los acuerdos para instrumentar un sistema eficaz de justicia, entonces rescatemos su valor como tal, y no como un sistema de intercambio de componendas, en que los derechos y representatividad en los ciudadanos son moneda de cambio.
Señoras y señores:
El que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones que deben impartirles justicia cobra una mayor significancia que el simple hecho de enfrentarse a un servicio eficiente. De lo que estamos hablando aquí es que la sociedad no tiene credibilidad en su sistema de justicia.
Resulta pertinente preguntarnos si la transición democrática que el país ha logrado tuvo algún efecto en nuestro sistema de justicia, o subsiste tan obsoleto e ineficaz, como siempre.
Se trata de democratizar nuestro Sistema de Justicia o solamente de modernizarlo. No debemos olvidar que los sistemas democráticos también se miden en función de la calidad y accesibilidad de la justicia.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aplica un indicador para medir, justamente, el grado el desarrollo humano de las naciones, a partir de la generación y/o modernización de las instituciones que garantizan la integridad física de las personas y la primacía del derecho.
Es contundente el señalar que el acceso a la justicia es fundamental para la reducción de la pobreza, y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, así como para cerrar la brecha entre aquellos mexicanos que están en desigualdad de condiciones y excluidos de la misma.
Que no quepa duda de que en el acceso a una justicia de calidad descansa el pilar de una sociedad democrática. Esa es nuestra aspiración, y hacia ellos debemos caminar con pasos firmes.
En suma, los indicadores que miden la calidad de una democracia abarcan también los derechos políticos y libertades civiles, entre los que se encuentran los relacionados con la promoción de la justicia, el acceso a un Poder Judicial independiente e imparcial, así como el grado de rechazo a la corrupción.
Esto nos dice, señor Presidente, señores Ministros, legisladores, que nos encontramos frente a algo más que la simple implementación de una Reforma. Está en ello la viabilidad continuidad misma de nuestra democracia.
Porque la insatisfacción del derecho a una procuración y administración de justicia y calidad, y de seguridad del patrimonio de la sociedad no se cumple a cabalidad en todos los órdenes de competencia.
Existen corrientes de opinión que llaman a no caer en aquella figura maniquea que encumbra a la sociedad civil como la única generadora de acciones positivas y a las autoridades, como las absolutas responsables de las deficiencias.
Sin embargo, debemos decir que ese percepción pública tiene su justificación, ya que por décadas se excluyó a la sociedad civil de la participación en los procesos públicos, tendencia que, sin duda, debemos modificar.
Esta reforma que hoy nos ocupa es, empero, una excepción plausible, ya que fue construida con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, que contribuyeron con su visión y orientación al cambio urgente en la justicia penal.
Por ello, estamos reunidos hoy para evaluar el rumbo que lleva su implementación y si es el que se requiere para enfrentar las preocupantes circunstancias que el país enfrenta en materia de seguridad pública.
Agradezco el respaldo y trabajo de todas las organizaciones hermanas de la sociedad civil y las que integran la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales al Debido al Proceso; así como el apoyo para la organización de este Foro por parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de su Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia.
Esta reflexión se produce en momentos en que los índices de credibilidad pública sobre la calidad del servicio de justicia penal se encuentran entre los más bajos y en los que el reclamo ciudadano por una urgente solución es intenso.
Estamos frente a un momento de definiciones y oportunidades. Esto no se dará sin la voluntad férrea, decidida y contundente de ustedes nuestros gobernantes y, desde luego, si no es así con el apoyo decidido de la sociedad, sólo así podremos dar este importante paso.
Nosotros tenemos la disposición, requerimos de ustedes su compromiso, es por México.
Por su importancia, la reforma requiere total atención de quienes integran el Estado mexicano, así como un esfuerzo presupuestario importante. El 80 por ciento del éxito de la reforma penal radica en su implementación, por lo que si bien el cambio legal es importante, se requiere de un verdadero cambio cultural.
Por ello, hemos hablado de un desafío, porque deberemos de vencer la baja profesionalización de los operadores del sistema inercias centenarias e intereses creados.
Pero, sobre todo, el ya urgente Código Federal de Procedimientos Penales, sin éste no podemos avanzar armónicamente. Es vital que en ese marco de transformaciones necesarias, el país transite, finalmente, hacia una nueva forma de impartir justicia, que esté sustentada en la transparencia, y siempre de cara a la ciudadanía por medio de la oralidad de las audiencias, y terminando de esa forma con los anacronismos y el poco confiable sistema de expedientes.
La carga de trabajo es otro de los elementos que, sin duda, retrasa una justicia expedita. Y recordemos que justicia retardada es justicia denegada.
En razón de ello, los nuevos esquemas de justicia alternativa toman una gran relevancia, en virtud de que abren espacios a la solución de casos de delitos y conflictos familiares menores, así como facilitar acuerdos, reparatorios que en conjunto representan una cuarta parte de los procesos penales que sobrecargan el sistema.
Los mecanismos alternativos tendrán igualmente un efecto positivo en el saturado sistema carcelario, ya que gran cantidad de delitos menores serán solucionados en esta nueva esfera
Debe resaltarse que todos los actores del sistema de justicia penal, deberán sufrir una profunda transformación, partiendo desde los jueces mismos, quienes asumirán la rectoría del proceso; pasando por el Ministerio Público que deberá reinventarse para utilizar procedimientos modernos, tener primacía en la averiguación previa y con respeto a los derechos humanos; y concluyendo con la policía, que merece una reestructuración absoluta.
En este contexto, quienes impulsamos estas reformas constitucionales reconocemos el acuerdo alcanzado en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores para impulsar la creación de las policías estatales y asimilar a las municipales, generando así, mayores niveles de eficiencia en el mando postpolicial y, en consecuencia, en el combate al delito.
Esperamos que este acuerdo se traduzca en una decisión normativa que lo haga posible, pero sobre todo operable. Y es que el gran pasivo de la ciudadanía continúa siendo el de las policías. Ahí debemos enfocar importantes esfuerzos, trayendo a los mejores hombres y prácticas, incluso mundiales.
Es en ese eslabón de las policías donde se producen las complicidades con la delincuencia organizada, y los secuestradores donde se genera la impunidad a partir de la protección policiaca. Insisto, en que los desafíos son grandes y que debemos ser enérgicos frente a quienes buscarán lagunas jurídicas en las leyes secundarias contra aquellos nostálgicos de las componendas y la impunidad de los modelos que vamos a desechar, contra los que alegarán la infuncionalidad del sistema acusatorio moderno frente al inquisitivo.
Señoras y señores:
Hoy, estamos ante a la oportunidad única de reformar lo que ha dado muestras de agotamiento. La obsolescencia en el actual sistema de justicia es responsable de que el ciudadano no se sienta protegido, ni salvaguardado en sus bienes y derechos.
El cambio democrático no trajo aparejada la transformación de justicia penal. Se trata de una asignatura pendiente, que no puede aguardar más.
Los tres Poderes de la Unión, y los tres órdenes de Gobierno son responsables de su implementación.
Dennos a los mexicanos las instituciones modernas, que nos garanticen seguridad y justicia, porque, cuando la policía se corrompe, la justicia se pone en venta, y no hay, ni seguridad ni justicia.
Insisto. Justicia retardada es justicia denegada.
Muchas gracias.

 

Seguridad con justicia: FCH

El Presidente Calderón en la Inauguración del Segundo Foro de Seguridad y Justicia/Discurso (2010-05-24)
Muy buenos días, amigas y amigos.
Señor Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Cámara de Diputados.
Señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Estimado señor licenciado Alejandro Martí, Presidente del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana, SOS. Muchas gracias por su invitación.
Muy estimados presidentes, integrantes de asociaciones civiles, de organizaciones de ciudadanos, de organizaciones académicas, de instituciones.
Señores Embajadores aquí presentes, de los Estados Unidos y de Colombia.
Doctor Miguel Ángel Mancera, Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
Señoras y señores:
Agradezco enormemente, de veras, la invitación para estar aquí. Es un privilegio para mí el poder inaugurar el Segundo Foro Político: Seguridad y Justicia, porque sé que es un espacio de diálogo constructivo, es un espacio de diálogo ciudadano, tan necesario en nuestro país, y que a la vez permite la interacción entre los ciudadanos, los especialistas y las autoridades, quienes integramos los tres órdenes de Gobierno, los tres Poderes de la Unión.
Sé que este Foro fomentará el intercambio de ideas, las reflexiones, acerca de un tema medular que ha señalado Alejandro Martí, que es cómo implementar adecuadamente nuestro nuevo sistema de justicia penal que, coincido con él, es, precisamente, la clave de que verdaderamente se transforme en un sistema de justicia más eficaz.
Hago público mi agradecimiento al Sistema de Observación para Seguridad Ciudadana, México SOS, y a la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y al Debido Proceso, por su compromiso en la construcción de una sociedad más fuerte, especialmente porque están haciendo de la nuestra una sociedad más participativa, que rechaza la ilegalidad, que exige con todo derecho nuevas y mejores instituciones que permitan recobrar la confianza ciudadana y proceder, precisamente, a la denuncia de los delitos para que éstos sean, además, perseguidos de manera eficaz.
Sé que la ciudadanía, ustedes especialmente exigen una efectiva participación de las autoridades para preservar el orden público, para garantizar, desde luego, la procuración de justicia, y no podemos más que estar de acuerdo en esa exigencia.
Yo quiero hacer extensivo mi aprecio y reconocimiento a quienes son integrantes de las asociaciones civiles, empresariales, instituciones académicas, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales en general, que hoy de manera muy destacada están aquí presentes.
Estoy convencido de que una sociedad fuerte sólo puede darse a través de una sociedad participativa, y una sociedad fuerte y participativa es clave para fortalecer la lucha contra el crimen y recuperar la seguridad de los mexicanos.
Todos ustedes, por el hecho de estar aquí, por el hecho de expresarse, por el hecho de exigir, por el hecho de proponer, son un ejemplo de cómo la sociedad puede y debe organizarse para realmente construir un México más justo, un México más seguro, un México mejor.
El Gobierno Federal, por nuestra parte, asume su responsabilidad, fundamentalmente de combatir al crimen y especialmente al crimen organizado, que directamente le compete, y lo estamos haciendo, amigas y amigos, con toda la fuerza del Estado.
Vale la pena que refrende ante ustedes las causas, las razones y los objetivos que buscamos, precisamente, en esta lucha contra la criminalidad, porque para recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas es impostergable entrarle de frente al problema, no eludirlo, reconocerlo en toda su magnitud y asumir, precisamente, la necesidad de transformar este desafío en una oportunidad de tener un México mejor. Y para ello, implica estar plenamente consciente de los costos que sabíamos, y lo advertí desde el primer día de mi Gobierno, que habría que asumir.
Como señalamos, es un desafío mayúsculo que amenaza al país y a su gente, a sus familias, y que para resolverlo se requería, lo dije entonces y lo digo ahora, se requerían recursos, enorme cantidad de recursos; se requería tiempo, porque era un problema ancestral que clavaba sus raíces en nuestra sociedad misma, por desgracia, y que requería, como por tristeza nuestra lo hemos constatado también, vidas humanas.
Pero también dije, amigas y amigos, que era una lucha en la que estaba en juego, precisamente, el futuro de las generaciones venideras de mexicanos, y es una lucha que unidos, y estoy hoy más convencido de ello, unidos los mexicanos vamos a ganar.
Vale la pena decir qué fue lo que ocurrió en nuestro país desde nuestro punto de vista, particularmente en el crimen organizado a nivel nacional. Las organizaciones criminales pasaron de ser, como solían hacerlo en el pasado, meras organizaciones de trasiego de droga a Estados Unidos, de exportación de droga a los Estados Unidos, a organizaciones que buscaron en el propio mercado mexicano puntos de venta también, al principio, de droga.
Y para poder controlar el mercado empezaron a buscar un nuevo tipo de control, hasta hace poco que no se había registrado en el país, y que es el control territorial. Ya no se trató de dominar una línea, de sobornar una aduana, de buscar un punto en la frontera; sino se buscó para dominar los puntos de venta de droga, de la nueva actividad, el narcomenudeo en México, de controlar el territorio donde estaba ese mercado.
Y por eso el crimen organizado en la última década comenzó a atacar territorios; es decir, a dominar pueblos, comunidades, y para lograrlo, a dominar también autoridades, policías, gobernantes, a través de la cooptación de la corrupción, tan endémica en México desde hace también décadas, o a través de la intimidación y el poder de las armas y de las nuevas capacidades, también, por cierto, disponibles recientemente, a partir de la abolición de la prohibición de venta de armas de asalto en los Estados Unidos, en 2004.
Por otra parte, este esfuerzo se trasladó, posteriormente, a otros ámbitos de la vida civil, porque una vez que los criminales se apoderan de una comunidad comienzan a convertirse en los dueños, no sólo de la plaza, como dicen ellos, sino de la comunidad misma.
Y tal como se define en la teoría: crimen organizado es la organización criminal que mediante la amenaza o la violencia busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de personas o empresas en una comunidad. Y primero agredían y cobraban piso o cuota a otros criminales y terminaron pronto en muchos puntos del país actuando en contra de ciudadanos honestos, extorsionando, amenazando, secuestrando y cobrando derechos de protección.
Doy esta explicación, amigas y amigos, porque quiero reiterar una cosa de manera muy clara. Nuestra lucha, la lucha del Gobierno Federal, que es lucha de los mexicanos, por cierto, no es única ni principalmente contra el narcotráfico; nuestro objetivo es garantizar la seguridad de las familias, poniéndole un alto, precisamente, a la acción delictiva, que está afectando continua y directamente a los ciudadanos, particularmente en aquellas ciudades o zonas del país que sufren mayormente el embate de los criminales.
En esta vertiente nuestra lucha es por preservar la autoridad del Estado mismo en esos lugares.
Queremos evitar que los criminales se apoderen, y se hagan dueños de comunidades, o de pueblos, o de regiones enteras, como lo han pretendido. Si no lo han logrado, es, precisamente, porque estamos, de manera consistente, renovada, enfrentando su fuerza a la fuerza del Estado, que incluyen a las propias Fuerzas Militares.
La presencia del Gobierno Federal, la presencia de esta fuerza del Estado en esos lugares busca ello; pero se requiere otra parte vital para resolver el problema.
Nuestra presencia lo que hace es generarle tiempo, y darle una oportunidad a las autoridades locales, de que puedan reorganizar y reconstruir sus propias policías; de que puedan reorganizar y reconstruir sus propios ministerios públicos.
De que puedan depurar, precisamente, su propia fuerza, porque como bien ha dicho Alejandro Martí, es, precisamente, la corrupción y la convivencia policiaca con los criminales, lo que ha sido en México el principio de la impunidad.
Y esa tarea no la pueden hacer solos, lo sabemos, los gobernantes locales o municipales, pero para eso cuentan con nuestro respaldo. Pero esta presencia no puede, ni debe ser, permanente.
Y por esa razón, si en las entidades federativas, en los Gobiernos estatales o municipales, no se aprovecha esa presencia temporal, insisto, para poder reconstruir su propia institucionalidad de seguridad y justicia, es poco lo que puede hacerse al mantener este esfuerzo.
Por otra parte. También buscamos respaldar, desde luego, a todas las instancias de Gobierno, en una reorganización y fortalecimiento de los cuerpos policiales y ministeriales en todo el país para combatir los delitos que más le agravian a los ciudadanos, tengan o no relación con el crimen organizado, que son los delitos, realmente de homicidio, de secuestro, de extorsión, hoy multiplicada, además, por la tecnología que permite, a través de mecanismos telefónicos muy sofisticados, hacer extorsiones masivas en el país.
Y del delito, desde luego, de robo, que hoy por hoy sigue siendo el 80 por ciento más o menos, el 80 por ciento del delito que más se sufre; es decir, ocho de cada 10 delitos en México, uno de cada cuatro, perdón, cuatro de cada cinco es, precisamente, el delito de robo.
Y refleja, precisamente, la vulnerabilidad del ciudadano y esa sensación sobradamente justificada de incapacidad de la autoridad de protegerlo en su propio ámbito, en su cuadra, en su coche, en el camino a su trabajo, en el camión, en el microbús.
Nuestra lucha es esa. Luchamos en el Gobierno Federal, porque nos compete hacerlo, contra el crimen organizado; le hacemos frente, lo detenemos, precisamente, para que deje de ser una fuerza que someta a comunidades y a ciudadanía.
Y no tengo la menor duda, amigas y amigos, que no sólo debe hacerlo, debemos seguir en ello porque esta lucha vale la pena, porque es, verdaderamente, iluso suponer que si se repliega o se retira el Gobierno Federal los criminales van a desistir de su propósito de apoderarse de las comunidades y, precisamente, de la vida de cada uno de los ciudadanos. Hay que hacerlo.
Y tenemos que hacerlo, precisamente, con mayor precisión, sí, con mayor fuerza, con mayor intensidad. Pero tenemos que hacerlo, y de ninguna manera replegarse o bajar los brazos en esta lucha, que es de largo plazo y que es por la seguridad de los mexicanos.
Para ello, también debemos trabajar unidos, porque ahí está, precisamente, en juego el futuro de todos. Y sólo así con perseverancia, con esfuerzo, con constancia lograremos hacer de México un país de orden y de leyes.
Así que no tengo duda, la menor duda, de que esta lucha vale la pena, de lo que está en juego atrás de ella y que debemos perseverar en ella hasta alcanzar la victoria que nos proponemos.
Desde el inicio de esta Administración, además, hay que decirlo, observamos que existe en el país el gravísimo problema de la impunidad, de que los delitos no se persiguen o persiguiéndose no se castigan.
Y también es claro, y con ello coincido con muchos o con todos ustedes, en que una parte medular de esta impunidad es el todavía vigente sistema de justicia penal, o el sistema que estamos ahora en transición para cambiarlo, porque no permite, efectivamente, perseguir y castigar con eficacia y profesionalmente a los delincuentes.
Y por otra parte, nuestros cuerpos policiacos y ministeriales, nuestros cuerpos judiciales también, en los distintos ámbitos, pero particularmente en la esfera más cercana al ciudadano, que es la local, una de dos, o no tienen la capacidad, la tecnología, el entrenamiento adecuado para enfrentar una criminalidad que es cada vez más violenta y amenazadora, o peor aún, están mezclados con los propios criminales, y comprensiblemente por ello no gozan de la confianza de los ciudadanos.
Al no gozar, al no confiar los ciudadanos, justificadamente, insisto, explicablemente en las autoridades, la cultura legal se debilita y, entonces, lo que aparece es lo que tenemos, una falta de denuncia, que a su vez exacerba el problema de la impunidad en el país.
Era urgente, así lo dialogamos, así lo vimos, así coincidimos, que era urgente realizar un cambio institucional de fondo, profundo, que fuera capaz de ponerle un alto a la impunidad.
Y por esa razón el Gobierno, la sociedad civil, fundamentalmente, iniciaron un gran esfuerzo de modernización y reforma de nuestro marco legal. Al impulsar la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, cuyos avances deberán ser analizados en este Foro, también los rezagos, México adopta un sistema acusatorio que garantiza, eso buscamos, el debido proceso.
Que busca a través de los juicios orales, abiertos, simplificados y un régimen de protección de los derechos de las víctimas, un sistema distinto y mejor. Eso debe colocar a México con un paso adelante, precisamente en su anhelo de recuperar la seguridad y recuperar la justicia.
La reforma, amigas y amigos, sin embargo, también será inútil si no transformamos los cuerpos encargados de procurarla y de administrarla, porque cualquiera que sea un sistema de justicia penal determinado, si sigue habiendo corrupción en los cuerpos ministeriales, policiacos o judiciales, de nada servirá que se cambie ese sistema de justicia. Seguirá ocurriendo, como en muchos casos ocurre, que la justicia queda al mejor postor.
Además, la reforma le confiere nuevas facultades a las policías, facultades para investigar mejor y más profesionalmente, y buscamos también que a los jueces puedan allegarse más fácilmente pruebas, evidencias y, desde luego, que con el liderazgo que los jueces tendrán en el nuevo proceso podamos verdaderamente estar más cerca de la verdad jurídica, de la verdad real.
Con la reforma estamos dando un gran paso. Y bien se ha dicho, lo que sigue es implementarla e implementarla adecuadamente. Necesitamos hacer que trabaje esa reforma para que el beneficio llegue a los mexicanos, incluso, antes del periodo señalado en la Constitución para su total implementación. Eso implica, que este nuevo sistema se contemplen todas las legislaciones locales y se implemente eficazmente en las entidades federativas.
No es una tarea fácil, requiere de la acción coordinada y conjunta de todas las autoridades del país. Y hoy, sin embargo, podemos decir que a pocos días de que se cumplan dos años ya de la publicación de la Reforma Constitucional, en siete entidades de la República la reforma ya está en vigor, en dos estados se tiene una fecha próxima definida para su implementación y en más del 50 por ciento de los estados, se está trabajando ya para llevarla a buen fin.
Yo quiero hacer un respetuoso llamado a los gobiernos estatales para que redoblen el esfuerzo en la implementación de esta reforma, a fin de que todos los mexicanos tengamos lo más pronto posible acceso a un sistema de justicia transparente y expedita.
Para acelerar el proceso de implementación de la reforma, el Gobierno Federal, a través del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, está brindando asesoría, está dotando modelos normativos, está elaborando programas de estudio para los funcionarios encargados de implementar la reforma a nivel local.
Y además, de manera complementaria, estamos fortaleciendo y profesionalizando nuestras propias instituciones de seguridad y justicia. Con ese fin estamos evaluando, estamos entrenando, estamos equipando mejor a la Policía Federal, estamos apoyando a las autoridades locales para que hagan, en el ámbito de su competencia, el mismo esfuerzo.
Desde la suscripción del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el Gobierno Federal, por ejemplo, en lo que toca a seguridad pública, se han aplicado más de 14 mil evaluaciones de control de confianza, sobre todo de permanencia del personal, para ver si contamos con policías confiables.
Y además, se ha dado de alta a más de seis mil jóvenes, la mayoría de ellos egresados de centros universitarios, con lo cual les estamos buscando un nuevo perfil de policía investigadora: nuevas generaciones de policías profesionales, honestos, y sobre todo con valores y con mística que nos permitan transformar la realidad policiaca.
También, en la Procuraduría General de la República se está haciendo un esfuerzo similar. Más de seis mil Evaluaciones de Control de Confianza para la permanencia de su personal, y es un paso previo para que policías y ministerios públicos puedan ejercer correctamente sus nuevas facultades.
Así que, por parte del Gobierno Federal estamos haciendo la parte que nos corresponde para construir un sistema de justicia penal más transparente y más justo.
Impulsamos la Reforma al Sistema de Justicia y otras leyes, además, que la complementan, como la de la Policía Federal, la Orgánica de la Procuraduría General de la República misma. Estamos proponiendo otras.
Yo también exhorto, también, respetuosamente al Congreso a que apruebe las iniciativas que envié en materia de reforma penal para tipificar delitos que hoy se cometen pero que no están debidamente configurados, y que son delitos que se cometen en una nueva realidad, como la que estamos enfrentando en materia criminal.
Queremos cerrar los vacíos legales que permiten la impunidad, precisamente, para que peligrosos delincuentes dejen de salir caminando de las cárceles, precisamente, por configuraciones insuficientes de la tipología penal.
Es indispensable, además, que las autoridades locales, repito, aceleren el paso y redoblen el esfuerzo a fin de que los juicios orales entren en vigor y se apliquen lo antes posible; y que evitemos los riesgos asociados a una indebida implementación, por ejemplo, que aparezca el fenómeno de la puerta revolvente, es decir, que tarda más el criminal en llegar a la puerta que en estar saliendo inmediatamente por ella, precisamente, por insuficiencias o implementaciones inadecuadas de la reforma.
Señoras y señores:
La seguridad y la justicia son asuntos que nos competen a todos y, desde luego, fundamentalmente al Gobierno, y no eludimos esa responsabilidad. Pero también, por ello, la instrumentación de esta reforma no depende solamente de que se haya promulgado, requiere del diseño de corporaciones policiales y ministeriales mejores pero, sobre todo, requiere de la vigilancia, de la propuesta y de la exigencia de los ciudadanos para que tenga éxito.
Si bien es cierto que un Gobierno de calidad requiere instituciones de calidad, también es imprescindible una ciudadanía que participe, que opine, que se organice, que exija, que se manifieste por los cauces que prevé la ley y la Constitución.
Las instituciones sólo se perfeccionan, estoy seguro, cuando los ciudadanos se apropian cada vez más de las instituciones mismas y las hacen suyas.
Yo reitero mi reconocimiento a todos los presentes, especialmente a la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, y al Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana, por la realización de este magnífico ejercicio.
Su esfuerzo es fundamental para ganar la batalla por la seguridad. Tengan la seguridad, amigas y amigos, que estamos abiertos a escuchar sus propuestas, sus preocupaciones, sus exigencias. Tengan la certeza de que si algo queremos hacer es, precisamente, resolver este problema grave de la inseguridad en México, y sepan que en ello estamos claramente de su lado.
Es momento de mirar hacia adelante y construir el sistema de justicia que nos merecemos, y trabajar sin descanso para poder heredar a las futuras generaciones de mexicanos un México más seguro, un México más libre, un México más justo.
Yo sé, amigas y amigos, que ese México vendrá, que cuesta, está costando mucho trabajo y costará mucho trabajo, pero vendrá ese México. Y si sumamos el esfuerzo de la sociedad civil, estoy seguro, será más fácil alcanzar ese México del porvenir.
Muchísimas gracias.
Y si me permiten, quiero pedirles que me acompañen a hacer la declaratoria inaugural.
Siendo las 11 horas del 24 de mayo de 2010, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Segundo Foro Político Seguridad y Justicia. Les deseo el mayor de los éxitos a todos sus participantes.
Muchas gracias.

Acuerdo A/126/10 PGR

DOF: 24/05/2010
ACUERDO del Procurador General de la República por el que se crea el Sistema de Registro de Detenidos relacionados con delitos de competencia de la Procuraduría General de la República (SIRED).
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.
ACUERDO A/ 126 /10
ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE REGISTRO DE DETENIDOS RELACIONADOS CON DELITOS DE COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (SIRED).
ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4 y 9, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 1, 2, 5, 6 y 10, de su Reglamento, y
CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que es impostergable la modernización del sistema de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia mediante instituciones eficientes y leyes adecuadas, y para ello determina, entre otras estrategias, la de establecer bases de datos completas y eficaces, cuya información debe compartirse oportunamente, actualizando permanentemente las bases de datos de inteligencia policial, todo ello apegado a derecho;
Que el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 prevé el establecimiento de mecanismos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna;
Que el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que existirá un registro inmediato de la detención de cualquier persona;
Que los artículos 16, párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo y décimo primero, y 119, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado el 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación, prevén la figura de la detención bajo las modalidades de orden de aprehensión, flagrancia, ministerial por caso urgente, arraigo, cateo y provisional con fines de extradición;
Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que los agentes policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información de la detención, a través del informe policial homologado;
Que el Código Federal de Procedimientos Penales de forma congruente con la disposición constitucional establece que dicha obligación de registrar las detenciones está a cargo de cualquier servidor público que las efectúe, al señalar que la autoridad que realice cualquier detención o aprehensión deberá informar por cualquier medio de comunicación y sin dilación alguna a efecto de que se haga el registro administrativo correspondiente; de forma que los agentes policiales son sujetos a dicha disposición;
Que en este contexto, en los casos en que el Agente de la Policía Federal Ministerial conozca o practique cualquiera de las modalidades de la detención antes citadas, deberán proceder a su registro inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a remitir sin demora y por cualquier medio la información al Agente del Ministerio Público de la Federación, en los términos del artículo 3, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Penales;

Que el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá requerir al Agente de la Policía Federal Ministerial o a la autoridad que le ponga a su disposición una persona detenida la información que éste requiera para llevar a cabo el registro correspondiente o la actualización respectiva;
Que conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia, deberán coordinarse para establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal, las cuales de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se integran, entre otra información, con la relativa a la materia de detenciones;
Que tanto en el Código Federal de Procedimientos Penales como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establecen los requisitos de información mínimos que deben contener los registros de la detención;
Que los artículos 193 SEXTUS del mismo ordenamiento adjetivo y 114 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen que el Ministerio Público deberá actualizar la información relativa al registro, tan pronto le sea puesto a su disposición el detenido;
Que en los términos del artículo 193 SEPTIMUS, del Código Federal de Procedimientos Penales corresponde al Procurador General de la República emitir las disposiciones necesarias para regular los dispositivos técnicos que permitan administrar la información a que se hace referencia en el considerando anterior;
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 5, párrafo tercero, de su Reglamento, el Titular de esta Institución tiene la facultad de expedir los acuerdos necesarios para el funcionamiento de la misma;
Que atendiendo a los ordenamientos y disposiciones antes citadas, es necesaria la creación de un registro administrativo de las detenciones efectuadas por Agentes de la Policía Federal Ministerial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, administrado por la Procuraduría General de la República, que para efectos del presente Acuerdo se denominará: Sistema de Registro de Detenidos (SIRED);
Que de conformidad con lo anteriormente señalado, el Agente de la Policía Federal Ministerial que conozca o realice cualquier detención deberá efectuar el registro administrativo correspondiente en el SIRED, en términos del presente Acuerdo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Agente del Ministerio Público de la Federación. La autoridad que intervenga en dicha detención deberá elaborar un informe pormenorizado de las circunstancias de la detención. Todo ello con respeto a los derechos fundamentales del detenido, y
Que por lo anteriormente expuesto, resulta necesaria la creación del SIRED, con la finalidad de dar seguimiento de manera eficaz, oportuna y sin dilación a las detenciones, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO

CAPITULO I

Disposiciones Generales

PRIMERO.- Se crea el Sistema de Registro de Detenidos de la Procuraduría General de la República, cuyo objeto es establecer un control administrativo estricto de las detenciones bajo las modalidades de orden de aprehensión, flagrancia, ministerial por caso urgente, arraigo, cateo y provisional con fines de extradición, de personas que sean puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación o entregadas a un Agente de la Policía Federal Ministerial o sean detenidas por este último, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SEGUNDO.- El SIRED será administrado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), quien tendrá las siguientes facultades:
1. Almacenar, concentrar y conservar de acuerdo a las disposiciones aplicables, la información que deba integrarse en el SIRED y que sea proporcionada por las unidades administrativas, fiscalías y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República, así como por cualquier otra autoridad o servidor público;
2. Proporcionar a los titulares de las unidades administrativas, fiscalías y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República sus claves de acceso, así como las de sus servidores públicos designados por éstos para ingresar, enviar recibir, consultar o archivar información en el SIRED;
3. Llevar un registro de los servidores públicos que cuenten con claves de acceso para ingresar, enviar, recibir, consultar o archivar información en el SIRED;
4. Dar de baja las claves de acceso de los servidores públicos que dejen de realizar la función de ingresar, enviar, recibir, consultar o archivar información en el SIRED;
5. Llevar un registro de los servidores públicos que habrán de fungir como enlaces supervisores del debido cumplimiento de lo dispuesto en este Acuerdo, en cada una de las unidades administrativas, fiscalías y órganos desconcentrados de la Institución;
6. Solicitar, con la debida motivación, a las unidades administrativas, fiscalías y órganos desconcentrados de la Procuraduría, la información que requiera en relación al SIRED;
7. Emitir los lineamientos específicos para el manejo, captura, operación y resguardo de la información, mismos que deberán ajustarse a lo dispuesto por la normatividad aplicable respecto de la reserva de la información de las investigaciones;
8. Procesar la cancelación del registro conforme a lo establecido en el artículo OCTAVO del presente Acuerdo, y
9. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Procurador.
TERCERO.- La unidad administrativa encargada de desarrollar el SIRED, en coordinación con el CENAPI, tendrá las siguientes facultades:
1. Establecer las características de los aparatos, equipos o cualquier otro instrumento tecnológico, así como de los sistemas a utilizar;
2. Realizar las actividades necesarias para la conservación, mantenimiento y uso óptimo de los mismos;
3. Implementar las medidas de seguridad necesarias para el manejo y conservación de la información que se administre en tales sistemas;
4. Realizar las actividades necesarias para lograr la compatibilidad entre el SIRED y el sistema de Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la oportuna transmisión de información;
5. Coordinarse con sus homólogos del Centro Nacional de Información a que se refiere el artículo 19 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de intercambiar datos, solicitar asistencia técnica o cualquier otra cuestión que ordene el Procurador General de la República, relacionada con el manejo del sistema e instrumentos tecnológicos u operación en general del SIRED, y
6. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Procurador General de la República.
CUARTO.- El Agente de la Policía Federal Ministerial en los casos en que realice alguna detención o cuando le sea entregado un detenido procederá a su registro inmediato en el SIRED, ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 112 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y remitirá la información inmediatamente y por cualquier medio que tenga disponible, al Agente del Ministerio Público de la Federación, siempre y cuando la detención esté relacionada con delitos competencia de las autoridades federales.
Para efectos de llevar a cabo el registro correspondiente o actualización respectiva el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá requerir la información establecida en el artículo siguiente, a quien ponga a su disposición un detenido.
QUINTO.- El SIRED contendrá los siguientes datos:
A. La información que deberá ingresar el Agente de la Policía Federal Ministerial o del Ministerio Público de la Federación en los supuestos a que se refiere el artículo anterior consistirá en lo siguiente:
I. Datos del detenido, que serán:
a) Nombre y, en su caso, apodo o alias;
b) Media filiación o descripción física;
c) Edad aproximada, y
d) Sexo.
II. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención, posibles hechos delictivos a investigar y lugar de su comisión, señalando circunstancias de modo, tiempo y lugar que motivaron la detención;
III. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención, así como, corporación, puesto o rango y área de adscripción;
IV. Nombre de quien haya efectuado el registro, así como, corporación, puesto o rango y área de adscripción;
V. Autoridad ante la que será puesto a disposición el detenido, lugar a donde será trasladado, así como el tiempo aproximado para ello, y
VI. Siempre que las circunstancias de la detención lo permitan, datos personales de la probable víctima u ofendido, considerando los elementos descritos en la fracción I del presente artículo.
B. La información que deberá recabar y registrar el Agente del Ministerio Público de la Federación para la actualización del registro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será la siguiente:
I. Datos del detenido, que serán:
a) Lugar y fecha de nacimiento;
b) Edad;
c) Domicilio;
d) Nacionalidad y lengua nativa;

e) Estado civil;
f) Escolaridad;
g) Ocupación o Profesión;
h) Clave Unica de Registro de Población;
i) Grupo étnico al que pertenezca;
j) Descripción del estado físico del detenido;
k) Huellas dactilares;
l) Identificación antropométrica, y
m) Otros medios que permitan la identificación del individuo.
II. En su caso, número de averiguación previa y, tratándose de reincidencia, delito por el que fue sentenciado y pena impuesta;
III. Adicciones, estado general de salud, religión, enfermedades o padecimientos crónicos o degenerativos, y
IV. Nombre del Agente del Ministerio Público de la Federación que actualiza el registro, así como categoría y área de adscripción.
SEXTO.- Desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, se deberán respetar los derechos fundamentales del detenido. Por lo que, el Agente del Ministerio Público de la Federación constatará, cuando le sean puestos a su disposición los detenidos, que dichas prerrogativas no hayan sido violadas e informará a éstos de manera inmediata sus derechos.
SEPTIMO.- La información capturada en el SIRED será confidencial y reservada. A la información contenida en el SIRED sólo podrán tener acceso los autorizados por el artículo 193 QUINTUS, del Código Federal de Procedimientos Penales, en los términos en él establecidos.
OCTAVO.- En los supuestos de procedencia de la cancelación del registro que establece el artículo 193 QUINTUS, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, el Agente del Ministerio Público de la Federación instruirá al CENAPI, que procese la cancelación correspondiente.
NOVENO.- Todo servidor público que en razón de sus funciones tenga acceso o maneje información del SIRED, estará obligado en todo momento a salvaguardar su confidencialidad.
DECIMO.- Los titulares de las unidades administrativas, fiscalías, órganos desconcentrados y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República designados como enlaces supervisores del debido cumplimiento de lo dispuesto en este Acuerdo, así como los agentes de la Policía Federal Ministerial y del Ministerio Público de la Federación que cuenten con clave de acceso, podrán consultar el SIRED.
CAPITULO II

Procedimientos para la operación de la información del SIRED

DECIMO PRIMERO.- Los titulares de las unidades administrativas, fiscalías y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República, solicitarán sus claves de acceso y las de los servidores públicos bajo su mando que habrán de fungir como enlaces supervisores del debido cumplimiento de lo dispuesto en este Acuerdo, así como las de los agentes de la Policía Federal Ministerial y del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, mismas que serán proporcionadas por el CENAPI para ingresar, enviar, recibir, consultar o archivar información en el SIRED.
De igual manera, deberán solicitar al CENAPI dar de baja las claves de acceso de los servidores públicos cuando éstos dejen de realizar la función de ingresar, enviar, recibir, consultar o archivar información en el SIRED.
DECIMO SEGUNDO.- Para alimentar y en su caso consultar el SIRED, cada una de las unidades administrativas, fiscalías y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República que por la naturaleza de sus funciones lo requieran, deberán contar con al menos una terminal en sus instalaciones.
DECIMO TERCERO.- Para el debido funcionamiento del SIRED, los titulares de las unidades administrativas, fiscalías y órganos desconcentrados, se encontrarán facultados para designar a los servidores públicos bajo su mando que habrán de fungir como enlaces supervisores del debido cumplimiento de lo dispuesto en este Acuerdo, en cada una de las áreas que tengan adscritas, que por la naturaleza de sus funciones requieran acceso al SIRED.
DECIMO CUARTO.- Los servidores públicos designados en términos del artículo anterior, serán responsables de:
I. Supervisar que los agentes de la Policía Federal Ministerial y del Ministerio Público de la Federación hayan ingresado los datos que el SIRED requiere, y
II. Entregar a los titulares de las unidades administrativas, fiscalías y órganos desconcentrados diariamente los reportes obtenidos del SIRED, e informar del avance y calidad de la captura de información de los detenidos para que en caso de que esté incompleta o tenga errores se corrija inmediatamente.
CAPITULO III

Procedimientos para la solicitud e intercambio de información

DECIMO QUINTO.- Los datos integrados en el SIRED constituirán la plataforma de las áreas sustantivas para archivar, preservar, utilizar, enviar o recibir la información de los detenidos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
DECIMO SEXTO.- Los titulares de las unidades administrativas, fiscalías y órganos desconcentrados de la Institución y los servidores públicos bajo su mando que habrán de fungir como enlaces supervisores del debido cumplimiento de lo dispuesto en este Acuerdo, así como los agentes de la Policía Federal Ministerial y del Ministerio Público de la Federación, podrán tener acceso al SIRED, mediante la clave que asigne el CENAPI a solicitud de los titulares antes señalados.
La petición estará debidamente fundada y motivada, contendrá los nombres y cargos tanto del servidor público a quien se le otorgará la clave de acceso, como del Titular de la unidad administrativa, fiscalía u órgano desconcentrado que realiza la petición.
La información a consultar en el SIRED será restringida dependiendo del tipo de clave de acceso con la que cuente el usuario, atendiendo a su nivel jerárquico y funciones sustantivas en la Institución.
CAPITULO IV

Disposiciones finales

DECIMO SEPTIMO.- El CENAPI contará con los recursos necesarios para la operación del SIRED y la unidad administrativa encargada de su desarrollo será la responsable de las medidas de seguridad de la red interna de comunicación institucional.
DECIMO OCTAVO.- Los servidores públicos que intervengan en las detenciones a que se refiere el presente Acuerdo que contravengan las disposiciones de éste, serán sometidos a los procedimientos administrativos o penales que correspondan.
DECIMO NOVENO.- Se instruye a los titulares de unidades administrativas, fiscalías y órganos desconcentrados de la Institución, que instrumenten las medidas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los ciento ochenta días siguientes a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.
TERCERO.- La sistematización de datos contemplada en el presente Acuerdo comprenderá las detenciones realizadas y averiguaciones previas que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de este Acuerdo, para efectos de lo señalado en el artículo QUINTO, Apartado B, fracción II, del presente Acuerdo.
CUARTO.- El CENAPI, será el encargado de la elaboración de los procedimientos y protocolos para el desarrollo, operación y mantenimiento del SIRED, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días siguientes a partir de la publicación del presente instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO.- Se instruye al Oficial Mayor para que en el ámbito de su competencia proporcione los recursos necesarios para el adecuado desarrollo, operación y mantenimiento del SIRED en la Institución, en un plazo no mayor de noventa días siguientes a partir de la publicación del presente Instrumento en el Diario Oficial de la Federación.
SEXTO.- Se instruye a los titulares del CENAPI y de la unidad administrativa encargada del desarrollo del SIRED, para que en un plazo no mayor de ciento ochenta días siguientes a partir de la publicación del presente Instrumento en el Diario Oficial de la Federación, lleven a cabo las acciones previstas para la aplicación del presente Acuerdo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010.- El Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez.- Rúbrica.

El espectáculo como política

El espectáculo como política/Gregorio Morán
Publicado en LA VANGUARDIA, 22/05/10;
Nos hemos ido acostumbrando a hablar de la política como espectáculo. El modelo más a mano es ese Berlusconi transformado en vedette, capaz de convertir cualquier lugar en un escenario donde abraza, canta, ríe y encandila al personal con su sonrisa de hiena. A mucha gente le gusta porque aseguran que es como ellos, lo cual no deja de ser una de esas estupideces populares de gran éxito. Si fuera como ellos ni sería quien es, ni siquiera multimillonario, ni se hubiera inventado un partido ni controlaría los medios de comunicación. Si fuera como ellos, se hubiera limitado a ser un hincha del Milan o del Juventus, y pasaría la semana entre disgusto y disgusto, frustración y frustración, hasta que llegara el fin de semana y jugara su equipo. Noventa minutos de partido que equivalen a una terapia.
Nos hemos ido acostumbrando a que los partidos políticos presenten sus candidatos o sus propuestas del modo más espectacular. Multimedia, con vídeos y músicas de fondo, porque aseguran que la política se ha convertido en un fenómeno de masas, espectacular, cosa que por otra parte nunca dejó de ser. Exaltación y espectáculo, pero sin excentricidades. Se debe huir de cualquier signo llamativo, y si bien cabe resaltar algunos rasgos singulares, han de ser plenamente comunes. A mí me abochorna esa reiteración con la que los columnistas salomónicos insisten en que ya no hay líderes, que sufrimos una ausencia de liderazgo político. Ahora añoran a Felipe González e incluso a Adolfo Suárez, auténticos titanes, al parecer, de la política. La memoria afloja mucho con la edad, porque si algo criticaron en su momento, ellos y muchos otros, fue la ausencia de liderazgo de ambos. Diferente asunto es que visto el panorama presente los echen en falta.
Me impresionaron unas palabras recientes del brasileño Lula cuando decía que hoy Brasil es un país previsible, porque lo nuestro es imprevisible. La política en España es imprevisible. Una selección espigada de las intervenciones de Zapatero haría imposible calcular qué se le va a ocurrir mañana. Es imprevisible el Gobierno de la Generalitat, no sólo esa gente tan divertida de Esquerra, que ha conseguido uno de los milagros que costaron siglos de reflexión y debate a las mentes más lúcidas de la cristiandad, el estar y no estar al mismo tiempo, la presencia y la esencia mancomunada. Y por si fuera poco, es absolutamente imprevisible el alcalde de Barcelona y su equipo de gobierno. Por mucho que usted se esfuerce por entender, lo tendrá difícil. Yo debo admitir que el día que propuso Barcelona como sede de unos Juegos Olímpicos de invierno, pensé que mi capacidad para el asombro había alcanzado el límite. Y me equivoqué, aún quedaba el referéndum sobre la Diagonal.
Es difícil sobrevivir a un país donde nada es previsible. Ni siquiera la banca, otrora garantía de previsibilidad. No digamos ya la justicia. ¿Alguien podía prever, ni siquiera imaginar, que dos magistrados fundadores de Jueces para la Democracia iban a ensañarse, en una venganza siciliana, con otro juez patológicamente enfermo de notoriedad, que aparece como supuesto garante del antifranquismo? Un país serio puede hacer cosas imprevistas pero no ser imprevisible. O al menos no serlo siempre.
Estamos tan metidos en nuestra peculiar manera de improvisar, que la hemos convertido en forma de actuación política. En Madrid y en Barcelona. Primero, una parte de la clase política, a falta de mejor agarradera, se mete en un berenjenal llamado nuevo Estatut, en el que casi nadie daba en pensar que llegaría a mayores. Si mi memoria no me falla, y en verdad que no, ni al veterano Pujol ni a Convergència, y menos aún a Unió, se les pasaba por la cabeza ir a esa pelea, que por otra parte no era la suya. Recuerdo la distancia y la ironía de los columnistas salomónicos sobre la propuesta de Esquerra Republicana. ¡Al fin una idea a la que agarrarse! Con empeño y de la manera más torticera, acabaron convirtiéndola en un fantasma que amenaza con darles a ellos una patada, pero en nuestro culo. Ahora están todos, salvo Esquerra, poniendo velitas a san Antonio y presionando a Madrid para que sobre todo no haya sentencia antes de las elecciones autonómicas del otoño, porque la situación amenaza con escapárseles de las manos.
En Grecia la última encuesta ha dado un rechazo ciudadano del 98% a su clase política. Eso sí que es un referéndum vinculante. Al tiempo, casi el 59% de los griegos considera que serán capaces de salir de la crisis. ¿Cómo lo harán? ¿Se puede licenciar a una clase política? ¿Cómo se aborda eso en el siglo XXI? Porque nosotros sabemos cómo se hacía antes, pero no hay experiencia de cómo hacerlo en sociedades del espectáculo. El mismo día que toda España estaba esperando qué decía el Gobierno ante la crisis, todos los informativos estatales abrieron sus telediarios con el alirón del Atlético de Madrid en la plaza de Neptuno. Una obscenidad que no debería permitirse en horarios de máxima audiencia, por respeto a la infancia mental. Y aquí todo el mundo lo entiende así, pero si se hubiera tratado del Barça, eso ya es muy otra cosa. Nada que ver con obscenidades y pornografías sociales, sino al contrario, lo idóneo y justo. España está llena de equipos de fútbol cuya hinchada parece convencida de que son más que un club, y además cada uno tiene su brigada de intelectuales que te lo explican. Eso sí, ocurre como con las religiones, cada una está convencida de que es la verdadera, que las otras no son más que imitaciones.
Yo pertenecía a una secta convencida de que la pasión futbolera – que no el fútbol-era un instrumento del franquismo para que la gente se olvidara de las otras cosas que de verdad les afectaban. Sigo pensando lo mismo, por eso digo que es una secta, a tenor de lo menguada que está, y estoy además persuadido de que el espectáculo futbolero es una de las estafas ciudadanas más desvergonzadas, donde la política en sus aspectos más golfos y descarnados está presente desde que salen los futbolistas al campo – un análisis de sus contratos y de quiénes los tramitan sería más brutal que un panfleto-y hasta en la descripción de quiénes – y por qué-ocupan los palcos de honor de los estadios.
Mientras las almas sensibles discuten sobre el toro, espectáculo que dejó hace mucho de tener la trascendencia política de otro tiempo, nosotros deberíamos echarle una mirada a la pasión futbolera. No al fútbol, que sigue siendo un deporte brillante y divertido, sino al fanatismo del militante futbolero; esa escapada al arrebato a disposición de todas las clases sociales, con preferencia las humildes. Como el circo antiguo. Ayuda a concentrarte en unas piernas que mueven un balón, con la cándida posibilidad de poder decir “hemos ganado”, cuando no sólo no has ganado nada, sino que además te han sacado tus dineros.
Tanto tiempo atentos a la política como espectáculo y ahí está en todo su esplendor de baratija el espectáculo como política. Ese individuo que lo disculpa todo de su equipo, incluida la agresión y la mentira, con tal de que meta gol, es la nueva militancia. Cumple a la perfección todas las exigencias del momento: fidelidad, vigor, intemperancia. Además es inmune al enemigo; jamás se le pasaría por la cabeza ser de otro equipo. Incluso está el pedigrí; pasa de padres a hijos, e incluye a los nietos. Es decir, que en pocos años los clubs de fútbol serán las instituciones con mayor solera de España, o del Estado español, como usted quiera llamarlo.
Por eso pensaba recomendar un filme luminoso como un documental. Una rareza, creo, sin precedentes, porque si lo buscabas por las carteleras durante los pocos días que duró lo encontrabas en unos periódicos con un título y en otros con otro. Para unos era Luna de miel y en otros figuraba en inglés, Honeymoons.Una película del serbio Goran Paskaljevic que lamentarán no haber visto. Trata de sociedades adaptadas para pasionales del fútbol. Llegué tarde. La quitaron ayer del cine que la proyectaba en Barcelona, y en Madrid. En esto sí que somos previsibles.

El Juez Garzón, hoy

Garzón nunca investigó crímenes franquistas/Andrés de la Oliva Santos, catedrático de Derecho Procesal. Universidad Complutense
Publicado en el periódico ABC, 22/05/10;
Aunque parezcan hoy calmadas las aguas, la desinformación en el «affaire Garzón» ha sido superlativa y sigue latente, capaz de resurgir cualquier día con mucho daño para instituciones que merecen y necesitan respeto ciudadano. Es el caso, sobre todo, del Tribunal Supremo. En guardar respeto a este Tribunal debería sobresalir ejemplarmente el «Gobierno de la Nación», no sólo con vagas y ocasionales palabras, sino con actuaciones claras, en vez de fomentar o disculpar ataques furibundos y tolerar lamentables ingerencias extranjeras. Sin ser ni mucho menos la primera razón para esa actitud debida hacia el Alto Tribunal, cada vez que se le ataca (como lo han hecho «Financial Times», «Le Monde» y «New York Times») y no se le defiende desde los poderes del Estado, disminuye la confianza mundial hacia el «Reino de España», lo que tiene enormes consecuencias en la situación presente, porque la inversión se preocupa, en primer término, de la seriedad jurídica de un país y del confiable funcionamiento de sus Tribunales de Justicia.
Pero lo asombroso de este asunto, con todas sus deplorables consecuencias, es que se opina sobre una actividad judicial de don Baltasar Garzón Real que, lisa y llanamente, no ha existido. Se ha inventado esa actividad. Y lo inventado tiene muy poco que ver con la realidad del proceso iniciado y finalizado por Garzón, que le ha conducido a verse imputado por prevaricación.
Aquí no voy a entrar ni en la aplicabilidad de la Ley de amnistía de 1977 ni en la prescripción de delitos ni en la irretroactividad de las leyes penales ni en las reglas admisibles, o no, para el ejercicio de la llamada «jurisdicción universal» o de la «justicia penal internacional». Por encargo de una revista jurídica, me tomé hace tiempo el trabajo de conocer, ante todo, la realidad del pretendido proceso de Garzón sobre crímenes franquistas. Y lo que aquí encontrarán de inmediato es esa realidad, que contrasta brutalmente con lo que se está diciendo, incluso por medios de comunicación, como los citados, que, en principio, son considerados fiables. En esto, esos medios han escrito frívolamente y de oídas, respaldando mentiras.
El limitado espacio me obliga a ser esquemático. De modo que resumiré la realidad en varios puntos:
1º) El famoso proceso de Garzón comienza en diciembre de 2006 al recibir unas denuncias de «desapariciones forzadas». Se trataría de delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero del detenido (art. 166 del Código Penal).
2º) Durante año y medio, Garzón no lleva a cabo investigación alguna de esas desapariciones ni ninguna otra actividad investigadora. Al cabo de esos 18 meses, ya en el año 2008, por resoluciones del día 28 de agosto y del 25 de septiembre de 2008, Garzón solicita a innumerables entidades información sobre otras posibles desapariciones y sobre inhumaciones o enterramientos colectivos en toda España. Continúa la ausencia de investigaciones sobre las concretas desapariciones denunciadas. Esas desapariciones se podrían considerar, es verdad, probables «crímenes del franquismo». Pero no las investiga.
3º) Por Auto de 16 de octubre de 2008, Garzón introduce en el proceso iniciado en diciembre de 2006 un nuevo hecho, que es, según los términos de ese Auto, el «Alzamiento Nacional». Lo considera un delito contra los Altos Organismos de la Nación. En consecuencia, se declara competente. Siempre en el mismo Auto, Garzón señala, con nombres y apellidos, a una treintena larga de personas como responsables de ese delito. Siempre en el mismo Auto, afirma, por dos veces, que es notorio que todas esas personas han fallecido y anuncia ya que, una vez reciba los certificados de defunción que pide (aunque la ley establece que los hechos notorios no necesitan prueba), declarará extinguida la responsabilidad de esas personas.
Tras el Auto de 16 de octubre de 2008, Garzón hubiera podido intentar siquiera investigar hechos de apariencia delictiva conexos con el «Alzamiento Nacional» y posteriores a él. No sólo no lo hizo, sino que su planteamiento en ese Auto fue ya de inmediato «carpetazo».
4º) En efecto: un mes y dos días después, el 18 de noviembre de 2008, Garzón dicta otro Auto en el que, recibidos los certificados de defunción, 1º) Declara extinguidas las responsabilidades penales de los por él declarados protagonistas del «Alzamiento Nacional»; 2º) Se declara incompetente para seguir conociendo del proceso que él había iniciado. Casi dos años después de las primeras denuncias de «desapariciones forzadas» reconoce Garzón (no se lo impone nadie: nadie le arrebata su proceso) que los delitos de detención ilegal no están entre los que resultan de su competencia según los arts. 88 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (obviamente, eso podía y debía haberlo resuelto en diciembre de 2006).
5º) De lo anterior deriva: a) Que las desapariciones forzadas, en general, han sido objeto de la actividad judicial de Garzón durante algo más de dos meses (ni un solo día si hablamos de las desapariciones concretamente denunciadas). Lo que en cierto momento (agosto de 2008) pretende Garzón es información sobre otras exhumaciones en marcha o planeadas, para controlarlas todas desde el Juzgado Central de Instrucción nº 5; b) La actividad judicial de Garzón respecto del «Alzamiento Nacional» dura un mes y dos días; c) En ningún momento se investigan por Garzón ni «crímenes del franquismo» en general ni algún crimen en particular en el curso del «Alzamiento Nacional, hecho distinto del franquismo» resultante, que, contando a partir de 1939, dura 36 años más.
Así han sido las cosas. Dejando a un lado la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de delitos y la cuestión de la aplicabilidad a unos hechos de preceptos penales muy posteriores a ellos (retroactividad de la ley penal no favorable) y dejando aparte igualmente si la Justicia penal internacional o sobre «crímenes contra la humanidad» debe seguir tales o cuales reglas, ciertos hechos -que son resoluciones escritas- no se deberían discutir y no debieran inventarse otros muy distintos para sustituir a los reales.
La justa causa de quienes deseaban y aún desean conocer dónde se encuentran enterrados sus familiares o amigos, ¿en qué se benefició a causa de resoluciones judiciales dictadas por Garzón? A mi entender, en nada. ¿Qué concreto (presunto o real) crimen del franquismo fue objeto de una actuación judicial de Garzón? De los papeles del proceso surge esta obligada respuesta: ninguno. Garzón despertó esperanzas que quedaron insatisfechas y movilizó recursos económicos y esfuerzos de gran número de personas, con un único resultado objetivo: miles de páginas y miles de minutos en radio y TV con don Baltasar Garzón como protagonista.
Entiendo que haya quienes se encuentren a disgusto con la Transición, con la Ley de Amnistía de 1977 y con la Constitución vigente. Lo que no entiendo ni acepto es que ese disgusto conduzca a falsear el proceso conducido por Garzón, que nada tuvo de heroico y casi todo de antijurídico simplemente en lo procesal. Y la opinión pública -también aquella en la que influyen los medios extranjeros citados- merece saber que, contra lo que se ha repetido machaconamente, nunca Garzón investigó judicialmente los «crímenes del franquismo».

Seguridad y justicia, foro

Es inútil reforma penal sin cambios.-FCH
Calderón llamó a los Gobiernos estatales a implementar formalmente la reforma al sistema de justicia
Nota de Mayolo López
Reforma On line,
Ciudad de México (24 mayo 2010).- El Presidente Felipe Calderón dijo que la reforma al sistema de justicia y que derivó en la introducción de juicios orales, será inútil si no lleva consigo una verdadera transformación de los cuerpos ministeriales y sobre todo, si sigue habiendo corrupción.
"La reforma, sin embargo, también será inútil si no transformamos los cuerpos encargados de procurarla y administrarla; porque cualquiera que sea un sistema de justicia penal determinado y si sigue habiendo corrupción en los cuerpos ministeriales policiacos o judiciales, de nada servirá que se cambie ese sistema de justicia: seguirá ocurriendo como en muchos casos ocurre, que la justicia quede al mejor postor", advirtió.
En la apertura de los trabajos del Segundo Foro Político Seguridad y Justicia, el Mandatario federal hizo un llamado a los Gobiernos estatales para que implementen la reforma formalmente, aunque aclaró que en siete entidades ya opera.
En ese tono, explicó que la instrumentación de la reforma no depende únicamente de su promulgación, sino requiere de una exigencia e involucramiento ciudadano para que tenga éxito.
Además, acompañado por los Secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el Jefe del Ejecutivo afirmó que sería iluso suponer que si el Gobierno se repliega en la lucha contra el crimen organizado, éste desistiría en su afán de dominar a las comunidades y pueblos.
Calderón reconoció, sin embargo, que hace falta mayor fuerza y precisión en la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada.
"Esta lucha vale la pena: es verdaderamente iluso que si se repliega o se retira el Gobierno federal, los criminales van a desistir de su propósito de apoderarse de las comunidades y de la vida de cada uno de los ciudadanos. Hay que hacerlo, y tenemos que hacerlo con mayor precisión, con mayor fuerza e intensidad, pero tenemos que hacerlo y de ninguna manera replegarse, bajar los brazos en esta lucha, que es de largo plazo y por la seguridad de los mexicanos", planteó.
Hora de publicación: 11:42 hrs.
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Llama Presidente a Gobiernos Estatales impulsar Reforma en Seguridad

2010-05-24
Inaugura el Segundo Foro Político sobre Seguridad y Justicia
Pide una ciudadanía más participativa, porque recuperar la seguridad es tarea de todos
Ciudad de México.- En la inauguración del Segundo Foro Político: Seguridad y Justicia, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa hizo un llamado a los gobiernos estatales para redoblar el esfuerzo e implementar la Reforma al Sistema de Justicia Penal, “a fin de que todos los mexicanos tengamos, lo más pronto posible, acceso a un sistema de justicia transparente y expedito”.
“Es indispensable, además, que las autoridades locales, repito, aceleren el paso y redoblen el esfuerzo a fin de que los juicios orales entren en vigor y se apliquen lo antes posible; y que evitemos los riesgos asociados a una indebida implementación, por ejemplo, que aparezca el fenómeno de la fuerza revolvente, es decir, que tarda más el criminal en llegar a la puerta que en estar saliendo inmediatamente por ella, precisamente, por insuficiencias o implementaciones inadecuadas de la reforma”, subrayó.
Para ello, destacó que el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal brinda asesoría, así como programas de estudio para los funcionarios encargados de implementar la reforma a nivel local.
“Además, de manera complementaria, estamos fortaleciendo y profesionalizando nuestras propias instituciones de seguridad y justicia. Con ese fin estamos evaluando, estamos entrenando, estamos equipando mejor a la Policía Federal, estamos apoyando a las autoridades locales para que hagan, en el ámbito de su competencia, el mismo esfuerzo”, agregó.
En la Cúpula del Archivo General de la Nación, el Mandatario reiteró que la seguridad y la justicia son asuntos que no sólo competen al Gobierno Federal, sino a todos los mexicanos, por lo que la implementación de esta reforma requiere de la vigilancia, de la propuesta y de la exigencia de los ciudadanos para que tenga éxito.
“Si bien es cierto que un Gobierno de calidad requiere instituciones de calidad, también es imprescindible una ciudadanía que participe, que opine, que se organice, que exija, que se manifieste por los cauces que prevé la ley y la Constitución.
Las instituciones sólo se perfeccionan, estoy seguro, cuando los ciudadanos se apropian cada vez más de las instituciones mismas y las hacen suyas”, agregó.
Acompañado por el Gabinete de Seguridad, el Titular del Ejecutivo resaltó que la reforma será inútil si no se transforman los cuerpos encargados de procurarla y administrarla, ya que, dijo, si sigue habiendo corrupción en los cuerpos ministeriales, policiacos o judiciales, de nada servirá que se cambie ese sistema de justicia, porque “seguirá ocurriendo, como en muchos casos ocurre, que la justicia queda al mejor postor”.
Además, el Presidente Calderón hizo un exhorto al Congreso a aprobar las iniciativas que envió en materia de reforma penal para tipificar delitos que se comenten y que no están debidamente configurados.
“Queremos cerrar los vacíos legales que permiten la impunidad, precisamente, para que peligrosos delincuentes dejen de salir caminando de las cárceles, precisamente, por configuraciones insuficientes de la tipología penal”, abundó.
Finalmente, dejó en claro que la lucha que emprende el Gobierno Federal contra el crimen organizado no se detendrá, ya que el objetivo es recuperar la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas. Para ello, recalcó, también debemos trabajar unidos, porque está en juego el futuro de todos.
“Y no tengo la menor duda, amigas y amigos, que no sólo debe hacerlo, debemos seguir en ello porque esta lucha vale la pena, porque es, verdaderamente, iluso suponer que si se repliega o se retira el Gobierno Federal los criminales van a desistir de su propósito de apoderarse de las comunidades y, precisamente, de la vida de cada uno de los ciudadanos, hay que hacerlo.
Y tenemos que hacerlo, precisamente, con mayor precisión, sí, con mayor, con mayor intensidad. Pero tenemos que hacerlo y de ninguna manera replegarse o bajar los brazos en esta lucha que es de largo plazo y que es por la seguridad de los mexicanos.
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Desconfiamos de justicia.- Martí
Esta mañana, Felipe Calderón inaugurará el foro, en el que se discutirá la estrategia de seguridad pública y la reforma a la Policía
Nota de
Reforma imreso, Ciudad de México (24 mayo 2010).- A casi dos años de la reforma al sistema de justicia penal, en los ciudadanos existe una preocupación: la inseguridad. Además, una mayoría teme a los propios policías y a un proceso judicial, dice Alejandro Martí, presidente de la Fundación México SOS.

"Este sistema de justicia actual es un sistema que todos los ciudadanos lo aborrecemos. Tenemos una gran desconfianza. En este sistema no hay quien haya tenido una buena experiencia en los juzgados", lamentó.

"La prueba está en la cifra negra. Ha sido uno de los indicadores que comprueba que los ciudadanos preferimos aceptar el agravio en contra de nuestra integridad y patrimonio a presentarnos ante la justicia formal".

Martí estará en el Segundo Foro Político "Seguridad y justicia, reforma penal... ¿el rumbo que necesitamos?" para exponer la importancia de la reforma penal.

"Hoy en día prácticamente los ciudadanos hemos aceptado ser victimizados y no recibir justicia. De hecho, hemos renunciado a nuestro derecho a ser defendidos por el Estado ante la criminalidad", señaló en entrevista.

"Si seguimos aceptando eso como una cuota de dolor y desamparo, como si fuera ya un hecho irremediable, sería el error más grande en la historia de México, a raíz de eso el segundo foro es precisamente para ir marcando anualmente los avances, los retos que se están presentado".

El foro será inaugurado esta mañana por el Presidente Felipe Calderón. Hoy se discutirá en la mesa 1 "La reforma penal en la estrategia de seguridad pública: legitimidad del uso de la fuerza", y más tarde, en la 2, "La reforma a la Policía: ¿cómo construir la Policía de investigación y su relación con el Ministerio Público?".

Para el activista a favor de la seguridad pública los retos van principalmente dirigidos a la transformación de las Policías y los ministerios públicos, y a la aplicación de los juicios orales en todo el País.

"Estamos luchando contra intereses creados, contra un estatus quo donde existen componendas, viejas prácticas corruptas, ese es una de los peores enemigos de la reforma penal.

"Si como ciudadanos nos resignamos a vivir entre delincuentes, con injusticia e impunidad, estaremos cometiendo uno de los errores más grandes en la historia del País", insistió.

La reforma penal, firmada en junio de 2008 por el Presidente Felipe Calderón fue planeada para cumplimentarse en 8 años a nivel nacional.

"Nos quedan 6 largos años para ir por un sistema que pretende fundamentalmente que los juicios sean orales, el eje toral de este proceso judicial que el ministerio público, que es el fiscal, el acusador en nombre de la víctima genere una historia alrededor de las pruebas que se tienen para que públicamente se exhiban y que el delincuente pueda defenderse también públicamente y de cara a la ciudadanía de una forma abierta y transparente.

"Que el juez juzgue y fije la pena con los elementos orales que se tienen en ese momento, esto generará una confianza enorme que los juicios, que se podrán ver y escuchar, ver las razones de las partes, las razones por la cual el juez fija una sentencia", refirió.

Martí reprochó que el sistema de justicia penal actual permite a los delincuentes salir libres debido a su opacidad.

"La reforma que parece sencilla, va a ser muy difícil por varias razones. Primera, porque tenemos que profesionalizar al ministerio público, porque tiene que ser un verdadero generador de las investigaciones y apoyado en una verdadera policía investigadora.

"Segundo, transformar nuestras Policías, nuestras policías adolecen de preparación, es un puesto mal remunerado pero además poco digno y todos sabemos que muchísimos de los secuestros están amparados por la propia Policía, ese es el gran reto", proyectó el presidente de México SOS.

Benito Jiménez