26 dic. 2010

Explosión en Texmelucan

Mentiras que ardenJuan Pablo Proal
Revista Proceso # 17182, 26 de diciembre de 2010;
La explosión de un oleoducto en San Martín Texmelucan el domingo 19 se pudo haber evitado… si Pemex le hubiera dado mantenimiento. Así lo afirma un exempleado de la paraestatal despedido por denunciar actos de corrupción en la empresa y quien además asegura que es insostenible la versión de que el estallido se debió a las tomas clandestinas. Con esto, indica, la petrolera pretende no aparecer como culpable directa del siniestro y pagar compensaciones más bajas a los deudos de las víctimas.

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.- “Fue una fuga de crudo”. Esa es la explicación que Juan José Suárez Coppel, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio a la prensa el domingo 19 acerca de las causas de la explosión de un ducto de petróleo que mató a 29 personas. 
La noche de ese domingo en el Complejo Petroquímico Independencia, el gobernador de Puebla, Mario Marín, le dijo al alcalde de San Martín Texmelucan, Noé Peñaloza: “Ya te había dicho de esto, pero no me hiciste caso. Tú tienes la culpa”.
El secretario general de la Organización de Comerciantes del Tianguis de San Martín Texmelucan, José Manuel Valencia Martínez, escuchó a Peñaloza cuando declaró a los medios locales que la tragedia se debía al mal mantenimiento de los ductos de Pemex.
Pero conforme transcurrían las horas se unificaron las versiones de los funcionarios: en la tragedia no hubo negligencia de Pemex; el accidente se debió al robo de combustible.
Al mediodía del domingo la atmósfera apesta a petróleo quemado. Suárez Coppel lleva más de 15 minutos platicando con Miguel Tame Domínguez, director general de Pemex Refinería, en un helicóptero. Ambos descienden de la aeronave rodeados de una nube de funcionarios con playeras del gobierno federal. En su recorrido dejan atrás a Peñaloza.
Suárez Coppel camina hasta detenerse metros después del Puente Rojo de San Damián, donde a las 5:50 de la mañana una gigantesca bola de fuego prendió la calle 11 de Noviembre. 
Empleados federales colocan una mesa y ahí el director de Pemex ofrece detalles de lo que vio la mañana del domingo:
“Cuando llegamos al lugar de la fuga había una zanja de casi dos por dos hecha a mano. No es nuestra… Independientemente del daño en el ducto y además de los peritajes que se tengan que hacer, esa zanja no se hizo sola, es una toma clandestina. Hemos solicitado a los vecinos, a la población que nos ayude a identificar a los responsables de estos actos criminales (sic).”

Alcalde amenazado

Seis familiares de Fermín Damián Ramírez Méndez murieron calcinados. Es profesor jubilado y tiene una papelería; nació en San Martín y vive a unos metros de la zona de la explosión. Asegura que la versión de Suárez Coppel es inverosímil: “No hay evidencias; no había gente calcinada o una pipa que demuestren que estaban haciendo una ordeña”.
Armando Etcheverry Beltrán trabajaba en el área de Planeación de Pemex y su responsabilidad era evaluar los proyectos prioritarios de la paraestatal. En 2002 fue despedido por denunciar públicamente actos de corrupción, que incluían la venta de gasolina robada a estaciones de combustible.
Ahora forma parte de la organización no gubernamental Comité Nacional de Estudios de la Energía. Luego de conocer la versión de Pemex que atribuye el desastre al robo de crudo comenta:
“Hasta el momento no hay ninguna evidencia de que alguien se estuviera robando el crudo. ¿Por qué? Porque si tienes una toma clandestina y te revienta, estalla todo lo que hay alrededor. Con el fuego y la presión de esta explosión se hubieran quemado las pipas colocadas al lado del ducto que estaban ordeñando.”
El especialista comenta que uno de los integrantes de las cuadrillas que participaron en las tareas de rescate le dijo que el accidente fue causado por una avería en el ducto.
Aunque los medios impresos consignaron el regaño de Marín a Peñaloza, no se supo qué le respondió éste al mandatario estatal. Tampoco quedó consignado en la prensa por qué el alcalde de San Martín discutió con el presidente Felipe Calderón y manoteó frente a él.
La noche del miércoles 22, Peñaloza recibió a Proceso en su oficina. En vez de explicar por qué discutía con Calderón se limitó a pedir disculpas y comprensión. Aclaró que no estaba facultado para hacer declaraciones sobre la conflagración que dejó en cenizas al menos 80 casas. 
El reportero le recuerda que el domingo había asegurado que la tragedia se debía al mantenimiento inadecuado de los ductos. El alcalde calla y nuevamente pide que su silencio sea comprendido. 
Funcionarios del ayuntamiento –que pidieron el anonimato– revelaron a este semanario que el presidente municipal fue amenazado: “Si repites esa versión le diremos a la prensa que tú eras el responsable de dirigir una célula de robo de crudo”, le dijeron. 

Irresponsabilidad institucional

De los combustibles que los grupos criminales roban de los ductos de Pemex, el petróleo crudo es el peor negocio. 
Sólo puede usarse como combustible para calentar. No sería rentable para una organización delincuencial extraerlo y luego llevarlo a Estados Unidos para refinarlo, reflexiona Etcheverry. Con una explicación más sencilla, José Manuel Valencia Martínez respalda, por separado, esa hipótesis: “Los vecinos se hubieran dado cuenta; al lado del ducto debes colocar una pipa que estaría a la vista de todos”.
“Aquí no habíamos escuchado de robo de crudo”, confía Alejandro Tlatoa. Tras la explosión este hombre sacó de su casa a toda la familia y cuando huía rumbo a la carretera vio que en el motel Oasis había gente que pedía auxilio. Regresó por una escalera. Dejó a su familia a salvo, fue al motel y le salvó la vida a seis mujeres y cuatro hombres. 
José Manuel Valencia, líder de los comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan –el más grande de Latinoamérica, con 18 mil vendedores, un mínimo de 50 mil clientes cada martes y 18 hectáreas de extensión– señala que Pemex sostiene la versión del robo de crudo para pagar indemnizaciones más bajas.
Hasta ahora no se sabe el monto que Pemex destinará a las víctimas. El director de la paraestatal no supo precisar cuánto le corresponderá a cada deudo. 
En la conferencia de prensa que presidió el miércoles 22 se le preguntó qué medidas había tomado la paraestatal para prevenir el robo de combustibles. No respondió. 
Sea robo de crudo o falta de mantenimiento en los ductos, Pemex queda mal parada en esta tragedia. Etcheverry recuerda que, según el apartado 13 del artículo 31 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el responsable directo de cualquier eventualidad es el director de la paraestatal. 
El periodista Pedro Alonso Benítez dio a conocer en el diario Puntual que el 20 de febrero de 2007 Pemex Refinación envió un oficio en el que informaba que había detectado 168 fallas en el tramo correspondiente entre San Martín Texmelucan y Venta de Carpio. En ese trecho se encuentra el ducto que explotó. Alonso obsequió una copia de ese documento a Proceso.
En el texto, Manuel Betancourt García, entonces subdirector de Planeación, Coordinación y Evaluación de Pemex, y José A. Gómez, subdirector de Finanzas y Administración, le advirtieron a Martha Olvera Rodríguez, subdirectora de Programación y Presupuestación Financiera acerca de riesgos de accidentes en el sistema.
La única forma de conocer la verdad, concluye Etcheverry, es que Pemex haga públicos los monitoreos del “diablo instrumentado”, un aparato que detecta las fugas de presión en el interior de los ductos. Así se podría comprender dónde ocurrió la falla, a qué hora y si hubo o no negligencia en cerrar con prontitud la válvula que bombea el combustible. 
El miércoles 22, Tame Domínguez no dio a conocer el peritaje de “los diablos instrumentados”; se limitó a declarar: “Tengo las gráficas de operación donde no se ve la más mínima indicación de variaciones en la presión”.
A las ahora chamuscadas calles de San Martín llegan muchos funcionarios. Felipe Calderón, Suárez Coppel, Mario Marín, Rafael Moreno Valle (mandatario electo), Noé Peñaloza…
Todos sostienen la misma versión: “Fue un robo de combustible, no se preocupen, todo va a estar bien”. Y mientras tanto, como paliativo, mandan a sus colaboradores a repartir botellas de agua y chiclosos donados por Telmex.

Guardaespaldas de latón

Guardaespaldas de latónGerardo Albarrán de Alba
Revista Proceso # 1782, 26 de diciembre de 2010;
Detrás de un guarura mexicano no se halla precisamente un hombre capacitado y con temple de acero; está un elemento improvisado, mal pagado y sin prestaciones, un escolta de latón tan frágil y vulnerable como las personas que “protege”. Las autoridades no saben con precisión cuántos de ellos hay en el país, pero lo cierto es que la inseguridad que campea en el país ha disparado el número. Cálculos extraoficiales indican que son 18 mil, la mayor parte de ellos expolicías y militares venidos a menos.

Son violentos por naturaleza. Su negocio es jugarse la vida por un extraño a cambio de un salario que no compensa los riesgos. Los más experimentados se saben vulnerables, y poco a poco se vuelven huraños, solitarios, duros, casi insensibles; su familia, abandonada. Trabajan sin prestaciones, enferman sin atención, se vuelven obsoletos muy rápido y envejecen en el olvido. 
“No es una chamba cualquiera, hace falta vocación”, comenta un escolta retirado que prefiere el anonimato. “Puedes ser bueno para pelear, o un excelente tirador con pistola, o un gran conductor de autos, pero nada de eso te habilita para cuidar a una persona.” 
Hace falta capacitación, pero en México no existe una “escuela de guardaespaldas”. Si bien la mayoría son policías y militares, pocos pertenecieron a cuerpos especializados en protección de personas. En la realidad, la mayor parte de los guaruras –como se les conoce peyorativamente– son empíricos; aprenden de los más viejos los trucos del oficio, desde protocolos de seguridad hasta cuestiones prácticas, como darse tiempo para comer y dormir, o qué ropa usar. En lo que aprenden, los errores y la inmadurez van dejando huella y al final pasan la factura al cuerpo: son comunes várices, gastritis y úlceras, riñones dañados, lesiones de columna y hasta trastornos sicológicos por estrés postraumático.
Nadie sabe cuántos son, ni siquiera las autoridades. No existe un padrón ni estadísticas confiables que los cuantifique. El 90% de los escoltas en el país son proporcionados por las policías auxiliares o bancarias, sin ningún tipo de control, coinciden el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) y la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG), y están bajo control directo de los gobernadores. Estos policías lo mismo son alquilados como guardias de seguridad para todo tipo de empresas que como escoltas particulares, sin mayores prestaciones ni la capacitación debida, asegura Ángel Desfassiaux, presidente del CNSP.
Julio César García Marín calcula en 18 mil el número de escoltas a escala nacional. Presidente de la SMG, sociedad civil que brinda servicios de consultoría en seguridad y trabaja en la profesionalización del sector, resalta que, si acaso, los elementos improvisados como escoltas reciben una capacitación de ocho horas para proteger personas. “Nosotros damos una formación de 768 horas, entre cursos y diplomados”, contrasta.
Considerado como una competencia desleal e ilegal por todo el sector, el tráfico de policías “se ha convertido en una caja chica de los gobernadores, sobre la que no rinden cuentas”, acusan David Chong, secretario general de la Corporación Euro Americana de Seguridad (CEAS México), y Arnulfo Garibo Ramírez, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de la Seguridad Privada y Similares del Ramo (Conesprysir).
Armados con una licencia colectiva que concede la Secretaría de la Defensa Nacional, es frecuente que estos escoltas den servicio fuera de su jurisdicción, lo que constituye otra ilegalidad, se queja Chong. 
De hecho, cualquiera puede convertirse en guardaespaldas. Y lo más grave es que puede hacerlo de la noche a la mañana. “Yo soy empresario y mi cuñado tiene el forje y lo quiero de escolta. Yo lo mando a darse de alta a la policía auxiliar y me arreglo con la policía para que me lo regresen comisionado, con arma. Así de fácil”, describe Marco Antonio Gómez Patiño, gerente de Samahe, empresa consultora en seguridad privada.
“Es como el caso del JJ”, el hombre que casi mata al futbolista Salvador Cabañas. “Él traía 14 escoltas de la policía auxiliar del Estado de México, y ya sabemos a lo que se dedica”, apunta Desfassiaux.
Otra opción es contratar militares, y aprovechar que los oficiales retirados conservan el arma de cargo y pueden portarla, “sin importar que no sepan usarla porque fueron simples cocineros”, apunta Garibo Ramírez, él mismo exsargento del Estado Mayor Presidencial.

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Muchos guardaespaldas dejan todo en este trabajo. Salud, afectos, relaciones sociales quedan detrás del deber, particularmente la familia, que sufre de abandono; no son raros los divorcios y las infidelidades. Paradójicamente, los escoltas viven la vida de sus protegidos, pueden convertirse en sus confidentes, cuidan y crían a los hijos de otros. 
Pero son pocos los que llegan a los 60 años todavía trabajando, más por su experiencia que por sus capacidades físicas. A los 45 ya son demasiado viejos para que alguien los contrate. La jubilación no existe para los que no tuvieron la precaución de ahorrar: terminan de cuidadores en una tienda o en un condominio. 
Un guardaespaldas que fue jefe de escoltas en una trasnacional, con un salario de 60 mil pesos mensuales –estratosférico para el sector–, se quedó sin chamba ya siendo un hombre mayor y puso una fondita con su mujer; “a ver si se da”, se resigna. 
Conforme la inseguridad copa al país, la demanda de guardaespaldas aumenta. Y con ella, la desconfianza en los escoltas mexicanos y el interés de ciertos sectores por contar con guardias personales extranjeros, una práctica fuera de la ley. En México, ningún ciudadano de otro país puede prestar servicios de seguridad, mucho menos portar armas.
Aunque todos los entrevistados coinciden en que los guardaespaldas extranjeros representan una ilegalidad más en el sector, ninguno parece alarmado. “Son la excepción de la regla”, dice Desfassiaux. “Rondan la leyenda urbana”, apunta Chong.
“Sabemos que hay extranjeros que tienen sus propias escoltas, solapados, tolerados o como los quieras llamar. Ahora la moda es traer israelíes”, comenta el secretario general de CEAS México.
Según David Chong, pocos pueden darse el lujo de tener guardaespaldas extranjeros. Los salarios de ellos rondan entre 5 mil y 7 mil dólares mensuales, más los gastos de estancia en el país. Una escolta profesional mínima es de seis elementos, y trabajan en dos turnos, es decir, al menos hacen falta 12 hombres. “¿Cuántos pueden pagarlo? Tal vez en las comunidades judía y árabe, o los estadunidenses”.
“Sé que hay en Nuevo León, en Tamaulipas y en Ciudad Juárez”, comenta el presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas. 
“Lo preocupante no es que estén aquí, sino que eso habla de que no confían en los escoltas mexicanos. Por eso debemos elevar su preparación y perfiles”, insiste García Marín.
Ya bastante problema es que el país esté plagado de “seudoentrenadores israelíes o estadunidenses que no tienen ningún tipo de valoración”, se queja Desfassiaux. Lo peor, dice, “es que están poniendo en peligro a la gente que requiere capacitación”.
Para Ricardo Frías, jefe de capacitación de personal de la empresa de seguridad Multisistemas de Seguridad Industrial, una de las más grandes del país, es un mito que los escoltas extranjeros estén mejor capacitados que los mexicanos. 
“No es cierto, porque hay marcos legales diferentes, capacidades de uso de fuerza distintas en cada país, contextos que desconocen. El manejo de protección de un VIP es completamente diferente en México que en otro país. Entonces, lo que se cree que es una solución, al final se convierte en un problema. Hay documentados muchos casos de escoltas israelíes que han actuado con exceso de agresividad, por el tipo de entrenamiento que tienen. Si yo enseño estas tácticas en México, suelto en la calle a alguien muy violento.”

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El boom de los guardias personales y de escoltas extranjeros se nutre de la inseguridad en el país. “Oficialmente, cada año ocurren unos 600 secuestros. La realidad es que hay 100 veces más, y me quedo corto. La gente ya nada más está esperando a ver a qué hora le toca”, especula Chong.
Pese a ello –o quizá por ello–, los guardaespaldas no viven precisamente su mejor época profesional. “La gente que realmente tiene dinero no está trayendo extranjeros para que los cuide, se está yendo del país o ya se fue”, asegura Julio César García Marín, quien a principio de año registró a 350 de los 620 miembros de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas en el desempleo. “Yo mismo he perdido clientela a la que nosotros entrenamos a sus escoltas”.
El miedo creciente y la bolsa de trabajo de la SMG les ayudó a recuperarse: para mediados de octubre pasado sólo quedaban 14 escoltas desocupados.
La desconfianza en los guardaespaldas mexicanos no es gratuita. Como si no bastaran las historias negras sobre escoltas que “ponen” a sus protegidos para que sean secuestrados, la prepotencia es su marca.
“La culpa no es del escolta improvisado, sino de quien lo contrata. La gente con alguna posición de poder se jala al amigo, al compadre, al conocido, al recomendado, y lo que menos checan es el perfil. No entienden que así están exponiendo su propia vida”, lamenta García Marín, quien fue guardaespaldas durante 13 años, tanto de políticos y funcionarios como de empresarios y actores. 
Los escoltas profesionales tampoco se dan en maceta. Por eso muchos guardaespaldas vienen de abajo. “El vinatero, el tlapalero con lana, ese no va a querer un escolta; él va a adquirir a dos güeyes del barrio y los va a transformar. Se va a preocupar por sacar una portación de arma, por enseñarlos a tirar. Ellos conocen el barrio, el lenguaje coloquial, a la banda. Yo a eso me dediqué un tiempo, en Tacubaya. Y así se va ascendiendo. ¿Eres bueno para los putazos?, pues ahora vas a aprender a usar arma. Muchos que hoy son guardias de familias acá, poderosas, o de políticos, son del barrio. ‘¿Fuiste policía o aspirante? Vente’. Por eso está lleno de guarros. Esa es la diferencia con los escoltas profesionales”, cuenta otro guardaespaldas con el que platicó Proceso.
“No hay una cultura de seguridad. La gente quiere barato, no está dispuesta a contratar a más de un guardaespaldas ni a pagarle más de 5 mil pesos mensuales, y no le importa si funciona o no, pero ya que estás trabajando te exigen como si sí les importara. Entonces, ¿quieren barato o bueno?”, cuestiona Santiago Aguilera Gómez, director de Samahe, quien junto con su socio Marco Antonio Gómez Patiño sabe lo que es estar en el terreno. Ahora ambos manejan una empresa de seguridad integral que incluye el servicio de guardaespaldas.
Hasta la típica prepotencia de los guaruras es otro síntoma de su improvisación. Como muchos trabajan solos, con jornadas de hasta 20 horas diarias, “terminan haciendo funciones de dama de compañía, poniendo la cara de más malo y haciendo movimientos rudos para que sirvan de disuasión”, reconoce un escolta consultado por el reportero, pero la verdad, dice, “es porque más bien tienen miedo, quieren aparentar que le puede dar en la torre a todo el mundo para no sufrir él un percance”.
Los escoltas improvisados venden sus servicios lo más barato. Ya preparados, se valoran a sí mismos, asegura Julio César García Marín, porque tienen que considerar incluso hasta los riesgos legales a los que están expuestos. “Puedes matar, o tu protegido puede morir o ser secuestrado. En cualquier caso quedas bajo investigación, y si no tienes un buen abogado y capital para pagar tu defensa, quiero ver si sales”.
La Sociedad Mexicana de Guardaespaldas les enseña a trabajar en tácticas de inteligencia y contrainteligencia. “No se trata de probar si eres un buen tirador; es mejor evitar que se dé un enfrentamiento. Un escolta no es un Rambo que va a repeler a un ejército él solo”: se tiene que convertir en un experto en gestión y evaluación de riesgos.
La capacitación les cambia hasta la apariencia. El que no sabe, anda pelón y ostenta el arma. Luego aprenden que la mejor protección es la que no se ve, que no pueden tener vicios, que deben ser personas centradas, con valores sólidamente definidos. “Aquí es muy fácil que alguien te pueda tentar”.
La falta de cultura de seguridad toca por igual a guardaespaldas, que deben cobrar conciencia de la necesidad de profesionalizarse, y al cliente, que debe entender que el escolta no es para bañar al perro ni para hacer mandados. “Si quieren un mozo, que contraten a uno, porque traer un mozo armado te sale muy caro”, ironiza García Marín. “Mucho menos para mentarle la madre a alguien o para madreárselo. El escolta debe ser honesto consigo mismo y debe ser capaz de decirle al cliente: ‘A mí me contratas para protegerte, no para ser tu perro de pelea’”.
Para ser guardaespaldas el físico no importa tanto, no es necesario parecer gorila, asegura. Pero debe ser una persona centrada, que controle sus emociones y sus reacciones, no ser explosivo; ser paciente, tener ética, ser honesto y leal. “Eso no se compra ni se enseña”.
Esto es particularmente importante en momentos de crisis. Un guardaespaldas tarde o temprano se verá inmerso en un enfrentamiento. Y va a disparar. Y puede llegar a matar. El estrés postraumático es inevitable, pero muy pocos reciben terapia.
Un escolta ya curtido cuenta:
“No hay terapias para escoltas que hayan disparado. Y si las hay, yo creo que nadie las usa. Debería haber. Pero tampoco hay forma de que uno se pase tres o cuatro años con el sicólogo. Aquí si no te repones en chinga te mueres de hambre. Aquí la necesidad es lo que hace que superes el trauma. Y a volver a la chamba, y el mismo trabajo es el que te va sacando adelante. A veces lo platicas con los compañeros y ellos te dan su punto de vista, y te sientes mejor cuando te convences de que hiciste lo que debías hacer. Esa es nuestra terapia para sacarnos la culpa.”
Y todo por un salario que, tasado en horas, no supera al de un albañil.
“Este trabajo te lo tienes que tomar muy a pecho, porque si no te cuesta la vida, o le cuesta la vida al que proteges.”

Se divide San Cristóbal

Golpe del Vaticano contra la diócesis de San Cristóbal Rodrigo Vera
Revista Proceso # 1782, 26 de diciembre de 2010;
La noticia no le gustó a la grey de la diócesis de San Cristóbal de las Casas: su obispo, Felipe Arizmendi, lleva adelante un proyecto para “desmantelarla”; casi la mitad de su territorio serviría para crear el obispado de Ocosingo. Analistas y sacerdotes coinciden en que se trata de otra embestida del Vaticano contra la línea pastoral que implantó aquí Samuel Ruiz, defensor de la causa indígena y pieza clave en los días posteriores al alzamiento zapatista de 1994, que en enero próximo cumple 17 años.
 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.- El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, presentó un proyecto para dividir territorialmente su diócesis, considerada la única en México que aplica la opción preferencial por los pobres, surgida del Concilio Vaticano II.
El proyecto argumenta que esa diócesis tiene un territorio muy grande que “limita la cercanía del obispo, de los sacerdotes y religiosas a las comunidades”, por lo que es necesario dividirla para crear una nueva, cuya cabecera estaría en Ocosingo.
Pero algunos sacerdotes y grupos de laicos se oponen al proyecto de Arizmendi porque consideran que su intención es desmantelar aquella línea pastoral que implantó aquí el obispo Samuel Ruiz García.
Joel Padrón, párroco de San Andrés Larráinzar, comenta: “Esta diócesis es un aporte a la Iglesia universal porque aquí se llevan a la práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II de tener una comunión real con el pueblo. Me sorprende que ahora intenten quitarle parte de su territorio y partirla en dos. Esta medida desmembrará al movimiento que implantó don Samuel Ruiz. Con esa división se acabó la diócesis de San Cristóbal, ¡se acabó!”
Padrón –arrestado en 1994 por defender a los indígenas– sospecha que el plan no es de Arizmendi, como éste asegura: “No sé de dónde venga ni quién lo haya hecho. Lo cierto es que es un proyecto muy bien elaborado, con gráficas y cifras estadísticas. Pero se realizó sin sondear antes al pueblo. Hasta ahora se está realizado una consulta”.
El sacerdote Heriberto Cruz Vera, a cargo del santuario de Tila, dice: “El proyecto viene de arriba. No responde a una necesidad de las bases. No toma en cuenta la opinión del pueblo. Tengo la impresión de que detrás de él hay una intencionalidad política más que pastoral”.
–¿Viene del Vaticano?
–Nuestro obispo dice que no, que es una propuesta suya y de sus vicarios. Vamos a creerle. Pero esta división territorial de la diócesis es algo que ya está cocinado. La suerte ya está echada. Debilitará todo el proceso de nuestra Iglesia autóctona y liberadora. Será muy doloroso.
“No es consigna”
Arizmendi defiende su plan y asegura a Proceso: “No es ninguna consigna de Roma ni es ningún mandato de la Nunciatura Apostólica ni del episcopado mexicano. Ni siquiera es un proyecto, es apenas el esbozo de una idea, una posibilidad que elaboré junto con mi obispo auxiliar y mis vicarios”.
–¿Por razones estrictamente pastorales?
–Así es. Ahora la tendencia mundial en la Iglesia es atender mejor a través de diócesis más pequeñas. Para no ir tan lejos, aquí la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez está por dividirse, se le quitará territorio para crear una nueva en Villa Flores. ¿Por qué no empezar entonces a abordar el tema en San Cristóbal? El tiempo hará ver que no es tan mala idea, que se quiere hacer el bien. Amo a esta diócesis y doy mi vida por ella. Sería el primero en defenderla ante cualquier intento de perjudicarla.
–Su idea despierta suspicacias pues San Cristóbal ha sido una diócesis muy hostigada por su línea pastoral.
–Sí. Esas suspicacias son explicables por las razones históricas que ya sabemos. Pero yo procuro no ser un cacique, quiero escuchar y ver las necesidades para que todos tomemos las decisiones adecuadas. Un obispo no trabaja solo. Si la mayoría rechaza esa propuesta, pues no se realiza y punto.
–Hay temor de que una nueva diócesis siga una línea distinta a la que implantó Samuel Ruiz.
–El mismo temor existía cuando el obispo Raúl Vera llegó a la diócesis para sustituir a don Samuel. Y después cuando yo llegué como obispo también se decía que venía a arrasar con todo lo que oliera a don Samuel. Llevo diez años aquí y no ha sucedido tal cosa. No vengo a desmantelar su labor sino a potenciar todas las buenas inspiraciones que hay en la diócesis. Quiero quitar esos temores y angustias. No traigo consigna de Roma.
“Por otra parte ya don Samuel y don Raúl veían la posibilidad de quitarle territorio a la diócesis para crear una prelatura en la zona de Marqués de Comillas. Mi idea no es dividir sino multiplicar. Una nueva diócesis multiplicaría los servicios y atenciones.”
División territorial
En mayo pasado, en la última asamblea diocesana, Arizmendi dio a conocer el documento Propuesta de una nueva diócesis en Ocosingo. En él se aclara que “no se trata de discutir en esta asamblea la propuesta, sino sólo plantearla, explicarla y llevarla a las comunidades”, por lo que propone “iniciar una consulta” sobre la “conveniencia y la oportunidad de formar una nueva diócesis, con sede en Ocosingo, para dar un mejor servicio al pueblo de Dios”.
El documento señala:
“La tendencia actual en toda la Iglesia es que las diócesis sean más pequeñas para que el obispo las pueda atender mejor, visite con más frecuencia no sólo las cabeceras parroquiales sino también las pequeñas comunidades; no sólo vaya a las fiestas patronales y a celebrar confirmaciones, sino que participe en reuniones de catequistas, de servidores, de áreas de pastoral; es decir, que tenga tiempo para escuchar a las personas, de impartir personalmente algunas catequesis, de convivir más con el pueblo. Se quiere que el obispo no sea una figura lejana sino un pastor que está más cerca de su pueblo.”
Luego señala que la diócesis de San Cristóbal, con sus 36 mil 821 kilómetros cuadrados, es más extensa que las otras dos de Chiapas: Tapachula (con 12 mil 244 kilómetros cuadrados) y Tuxtla Gutiérrez (22 mil 629 kilómetros cuadrados).
El texto recalca: “Tener un territorio tan grande limita la cercanía del obispo, de los sacerdotes y religiosas a las comunidades. El pastor no conoce a sus ovejas”. De ahí que propone quitarle 18 mil 211 kilómetros cuadrados a la diócesis de San Cristóbal –casi la mitad– para dárselos a la de Ocosingo.
En cuanto a la infraestructura eclesiástica, la nueva diócesis se quedaría con 13 parroquias y una misión con tres sedes (Bachajón, Chilón y Santísima Trinidad), 32 sacerdotes, 64 religiosas, 6 religiosos, 260 diáconos permanentes, 12 seminaristas y muchos catequistas y servidores.
Aunque aclara: “Los sacerdotes diocesanos que actualmente desarrollan su ministerio en la posible diócesis de Ocosingo tienen libertad para permanecer allí mismo o solicitar su cambio a la diócesis madre de San Cristóbal, aunque su permanencia donde ahora están le daría a la nueva diócesis una mayor fortaleza y garantía de continuidad”.
El documento menciona que la nueva diócesis atendería a 558 mil 499 indígenas, principalmente tzeltales (274 mil 973) y choles (154 mil 790) ya que “el resto son minorías tzotziles, tojolabales, zoques y lacandonas”.
Y señala que si en la consulta se aprueba la nueva diócesis se presentará la solicitud a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Si el voto de esta instancia también es favorable se enviará la propuesta al Vaticano, a la Congregación para los Obispos, la cual hará sus propias consultas. Finalmente, será el Papa quien dé “la última palabra”.
Detalla después el mecanismo para elegir al obispo de la nueva diócesis, que puede ser “indígena o mestizo”; se hará una consulta de la que saldrá “una terna de candidatos” que se presentará igualmente al pontífice y éste –alumbrado por “la luz del Espíritu” – decidirá quién queda.
Además de la de Arizmendi, el documento tiene las firmas del obispo auxiliar, Enrique Díaz Díaz, y de seis de sus vicarios: Pablo Iribarren, Javier Reyes, Pedro Arriaga, Rodolfo A. Román, Joel Vega y José Avilés.
Ellos aseguran en su documento que la diócesis de Ocosingo “nacería con la fuerza del proceso pastoral de San Cristóbal”. Se regiría bajo el mismo sínodo y sería igualmente “una Iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora” y con las “mismas opciones diocesanas” que implantó don Samuel.
Al respecto, Arizmendi dice a este semanario: “Nuestra pastoral indígena, que es tan importante, cobrará mayor fuerza con las dos diócesis. De manera que no se trata de dividirnos sino de unirnos más. Y la opción por los pobres no cambiará pues no es una moda ni una conveniencia temporal, sino una exigencia evangélica esencial”.

“Consulta de consolación”

Heriberto Cruz es escéptico: “Es un sueño muy bonito eso de que las dos diócesis llevarán el mismo caminar, si ya de por sí Roma le ha puesto muchas objeciones a San Cristóbal, por lo que la ha golpeado muchísimo. No creo que apruebe otra diócesis semejante. Además, el obispo que llegue a Ocosingo, sea quien sea, impondrá sus propios lineamientos. Siempre sucede así.
“Al dividirla, a nuestra diócesis se le quitará fuerza en todos los sentidos. Cuando don Samuel y don Raúl proponían crear una prelatura en Marqués de Comillas lo hacían con otro espíritu y otra mística. En cambio, el proyecto actual es pragmático, parte de una visión muy jurídica que no proviene de una necesidad de las bases.”
–Pero ahora se les va a consultar.
–Esa consulta es de consolación. El proyecto se presentó porque la división ya va en camino y, repito, la suerte ya está echada. Don Felipe tiene 70 años de edad, el derecho canónico lo obliga a presentar su renuncia a los 75 años. Le quedan cinco al frente de la diócesis. Supongo que la división deberá darse en ese lapso. Con ella se acabará toda una línea pastoral. Sería muy triste que don Felipe terminara su periodo con esa división. Ojalá tenga la audacia y la astucia evangélica para impedirla.
–¿Cómo dar mejor atención pastoral sin dividir la diócesis?
–Hay varias maneras de solucionar el problema. Una de ellas es nombrar más vicarios o más obispos auxiliares, que es la propuesta que hace el equipo chol con el que trabajo. ¡Caray! San Cristóbal merece ser incluso arzobispado por toda su importancia histórica y la labor de fray Bartolomé de las Casas. Pero en lugar de eso se le quiere debilitar. La mayoría de la gente se opone a esa división.
Señala Heriberto Cruz que en el tiempo que lleva como obispo de San Cristóbal, Arizmendi ha dado cabida a sacerdotes del llamado Movimiento Carismático, que antes no trabajaban en la diócesis por ser contrarios a la línea de la opción por los pobres.
“Los carismáticos tienen una espiritualidad muy del cielo, de muchos gozos en el espíritu. No ven al pobre y al pueblo que sufre. Promueven una evasión de la realidad. Ahora don Felipe los ha fortalecido.”
Del mismo parecer, Joel Padrón afirma: “La diócesis de San Cristóbal no es una estadística, un listado de personas o un territorio para dividir. ¡No! Es sobre todo un movimiento de fe. Ese movimiento es similar al cauce de un río; si lo divides, el río pierde necesariamente su fuerza. Más bien debemos pensar en unificar ese cauce para darle más potencia”.
Padrón abunda en el símil ejemplificando con los catequistas y los indígenas: “No se les puede decir a los alrededor de 8 mil catequistas: ‘4 mil de ustedes se quedan aquí y los otros 4 mil se van para otro lado’. No puede hacerse tal cosa con un movimiento de fe que fluye bajo un mismo cauce.
“Tampoco se puede dividir a las distintas etnias. ¿Van a partir al pueblo zoque? ¿Van a partir al pueblo chol? ¡No es posible! ¡no se puede! La diócesis de San Cristóbal pudo integrar a esas distintas culturas bajo una misma opción. Al dividirlas se desmembraría la diócesis.”
–¿Y si la diócesis de Ocosingo asume la misma línea?
–Eso no se puede. Nadie puede garantizar que la nueva diócesis será una calca de la de San Cristóbal. Imaginemos que el obispo de Ocosingo sea el obispo ideal, irreprochable. Pues ni aún así las cosas serán igual, porque cada obispo tiene su propio carisma. Ocosingo será otra diócesis… y San Cristóbal también.
–Pero es común que las diócesis se dividan territorialmente…
–Es cierto. Muchas diócesis se dividen y no hay grandes repercusiones. Hoy se nos pone el caso de Tuxtla. Pero San Cristóbal es muy diferente, ya que lleva un proceso eclesial muy específico inspirado en el Concilio Vaticano II. Es una diócesis conciliar. Por sus características no se puede dividir. Aquí no caben esos argumentos.
–¿No hay ninguna otra diócesis en México con esas características?
–No la hay. No hay ninguna otra.
Jorge Santiago, analista de los procesos de la diócesis y quien participa en los movimientos de laicos, señala que el proyecto de Arizmendi ya desestabiliza a la diócesis.
“Por lo pronto, el proyecto está generando una gran desestabilización. Los sacerdotes, diáconos y catequistas están viendo en cuál de las dos diócesis quedarán. Vislumbran un futuro incierto. Mientras que los indígenas y campesinos intuyen que hay algo que los va a afectar. No saben exactamente qué es. Sólo presienten que se viene un golpe contra ellos.”
–¿Ha percibido más rechazo o más aprobación al proyecto?
–Simplemente no hay aprobación entre los fieles. Es como si de pronto te dijeran que nacerá un hermanito que no esperabas. Los movimientos de laicos están en contra. Perciben algo extraño, una mano negra que está moviendo las piezas.

La herencia de Samuel

Santiago asegura que el obispo intenta tranquilizar los ánimos dando una “visión utópica” de la nueva diócesis y señalando que será el pueblo quien decida.
Agrega: “La Iglesia es finalmente una estructura de poder donde siempre hay intereses en juego. La diócesis de San Cristóbal es una pieza de esa compleja estructura. Pero una pieza que ha sido muy golpeada por Roma, que actualmente le tiene prohibida la ordenación de diáconos y bloquea su libertad”.
Santiago recuerda los frustrados intentos en los noventa de expulsar de la diócesis a Samuel Ruiz debido a su defensa de los pueblos indígenas; los enfrentamientos de la diócesis con el Ejército y los gobiernos federales y estatales a raíz del alzamiento zapatista y el disgusto de la jerarquía eclesiástica con el obispo por su apoyo al subcomandante insurgente Marcos y por sus gestiones para que el levantamiento de 1994 se solucionara pacíficamente (las conversaciones de paz tuvieron lugar en la catedral de San Cristóbal).
Menciona además a todos los sacerdotes y catequistas que fueron encarcelados, acusados de apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la matanza de Acteal, el nombramiento de Raúl Vera como sucesor de Samuel Ruiz, nombramiento del que Roma dio marcha atrás muy pronto para sustituirlo por Felipe Arizmendi.
–¿Qué papel juega aquí Arizmendi? –se le pregunta a Jorge Santiago.
–Hasta el momento ha respetado los lineamientos del sínodo realizado por Samuel Ruiz al final de su periodo como obispo. Pero también es parte de la estructura vaticana. No puede afirmarse tajantemente que sea el operador convencido para desmantelar la diócesis. ¿Don Felipe padece también esa estrategia vaticana? ¿Se le ordenó aplicarla pero no quiere? Quizá sufra ese gran dilema. Claro, él no puede externar nada públicamente.
–¿Y cuál es su opinión personal sobre el proyecto de división?
–Es un duro golpe para la diócesis. No consolida en nada sus procesos pastorales. Más bien los pone en riesgo.
 ***
Indignación de Leonardo Boff Rodrigo Vera


“El obispo Samuel Ruiz es una de las últimas expresiones de una Iglesia profética, encarnada en el pueblo y de rostro latinoamericano”, asegura el exsacerdote brasileño Leonardo Boff, uno de los impulsores de la teología de la liberación.
Afirma que el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas impulsó un proyecto diocesano de opción por los pobres, al igual que otros “grandes obispos” de América Latina, como Sergio Méndez Arceo, Helder Cámara, Óscar Arnulfo Romero, Paulo Evaristo Arns y Arturo Lona, entre otros.
Lamenta que ahora se intente dividir territorialmente la diócesis de San Cristóbal –uno de los últimos reductos eclesiásticos donde florece la opción por los pobres– para imponer un proyecto “romano y centralista” de Iglesia:
“Es la tendencia actual del Vaticano: desmontar sistemáticamente todas las diócesis que intenten dialogar con sus culturas locales. Es un proyecto suicida, pues el cristianismo crece y madura en la medida en que no es un fósil sino un organismo vivo en contacto con la realidad”, dice el teólogo.
–¿Realmente se intentará desbaratar la labor de Samuel Ruiz al dividir la diócesis de San Cristóbal?
–Le respondo poniéndole un caso de Brasil que conozco muy bien: el cardenal Paulo Evaristo Arns, cuando estuvo al frente de la arquidiócesis de Sao Paulo tenía un liderazgo enorme entre el pueblo; para debilitarlo, Roma primero realizó una visita rigurosísima a su seminario, desplazando prácticamente a sus profesores, y después dividió su circunscripción en cinco diócesis. Sólo le dejaron la catedral y el centro de la ciudad, donde nadie vive porque sólo hay oficinas y comercios.
“En San Cristóbal están aplicando la misma estrategia, como lo hacen contra quienes realizan una teología indígena. Y eso hay que denunciarlo porque es una estrategia perversa y un pecado eclesial que va contra el Espíritu. A lo que más teme El Vaticano es a esas Iglesias locales que se encarnan.”
Entrevistado por Proceso en la Ciudad de México, Leonardo Boff afirma: “Todo esto que le comento ya lo he discutido personalmente con Joseph Ratzinger. Le he dicho: ‘Los latinoamericanos tenemos el derecho de hacer lo que los primeros cristianos, quienes fueron incardinando el evangelio en las distintas culturas, como la judaica, la romana y más tarde la germánica, a la que usted pertenece’.
“Pero ni Ratzinger ni el Vaticano nos toman en cuenta, nos impiden dialogar con nuestras grandes culturas latinoamericanas.”
–¿Como Papa, Ratzinger impone esta estrategia?
–Fue inaugurada por su antecesor, Juan Pablo II y llevada adelante por Ratzinger. Es una estrategia de vuelta a la gran disciplina, de volver a la Iglesia anterior al Vaticano II. Él mismo ha dicho que hay que ir con el Vaticano I, cuyo mensaje central es la infalibilidad del Papa y la concentración de poder en su figura. Estamos ante la Iglesia de la restauración.
“Esto daña la colegialidad de los obispos e inhibe la participación de los episcopados nacionales en la toma de decisiones. El único obispo es el Papa. Si uno pregunta a cualquier persona en la calle quién es su obispo local, seguramente no lo sabrá. Pero sí sabe quién es el Papa.
“Aparte se está dando un proceso de romanización en la Iglesia. Se piden Iglesias fuertes en América Latina, África o Asia, pero siempre y cuando dependan de Roma.
“(…) El Vaticano es uno de los pocos lugares del mundo donde hay una monarquía autoritaria, conservadora y centralizada. Esto ha destruido el ambiente de confianza y fraternidad en la Iglesia. El cristiano ya no la siente como un hogar sino como una rígida instancia de control obsesionada con sus prohibiciones en el terreno de la sexualidad.
“Pero ahora, incluso tiene la contradicción de que sus miembros son los grandes pecadores en ese terreno sexual. Ahí están los casos de pederastia en los que resultan involucrados sacerdotes, obispos y hasta un cardenal. Esto le quitó liderazgo moral a la Iglesia.”
–¿Este conservadurismo y autoritarismo logró acabar con la teología de la liberación, de la que usted es quizá el máximo representante? ¿O esa teología sigue produciéndose?
–Por supuesto que continúa: es la gran teología que sigue viva a nivel mundial, la única que está a la altura de los retos actuales. Pero a diferencia de años anteriores, cuando era muy polémica, hoy no tiene mucha visibilidad porque ya no se está dando dentro de la institucionalidad eclesiástica, dejó de ser corporativa.
–¿Por qué cauces se da hoy?
–Para empezar sigue partiendo de los pobres y oprimidos de todo el mundo, que van en aumento. Los teólogos seguimos reflexionando desde ahí. Pero esto no quiere decir que se haga en los ámbitos académicos. Lo mejor de la teología de la liberación nace de la lectura popular de la Biblia.
“Al salirse del campo estrictamente eclesial, la teología de la liberación pasó al campo sindical, político, agrario, cultural y otros más. Se diversificó. Nosotros estamos muy contentos por eso y porque son cristianos seculares quienes la impulsan, libres del poder del Vaticano.”
–¿Es un movimiento fuerte de laicos al margen de la jerarquía?
–Exactamente. Los laicos conforman una red enorme de comunidades cristianas en toda América Latina y con un abanico muy amplio de temas: hay una teología que se hace desde las culturas indígenas o afroamericanas, desde las mujeres o desde los niños; el movimiento feminista está produciendo reflexiones muy importantes.
“En Brasil, por ejemplo, son cristianos los principales líderes del Movimiento de los Sin Tierra. Y un tercio de los ministros del gobierno de Lula provienen de la teología de la liberación. Para medirle el pulso hay que estar en el Foro Mundial de la Teología de la Liberación, que se celebra anualmente y en el que participan miles de personas de todo el mundo, principalmente de África, Asia y América Latina.
“En contraste, actualmente hay un fracaso casi total de la institucionalidad de la Iglesia, reflejado principalmente en el cada vez más escaso número de sacerdotes. Nuevamente pongo el caso de Brasil, donde hay 140 millones de católicos que requieren de 120 mil sacerdotes. Pero tenemos solamente 17 mil sacerdotes, 8 mil de los cuales son extranjeros.”

Exsacerdote ecologista

Descendiente de italianos, Leonardo Boff nació en el estado brasileño de Rio Grande do Sul en 1938. Estudió filosofía y teología, se ordenó sacerdote franciscano e hizo un doctorado en teología en Munich. En los setenta empezó su “inserción popular” en los medios pobres, lo que le hizo descubrir “la lógica perversa del sistema capitalista”. Desde entonces empezó “la elaboración de la teología de la liberación y las tribulaciones con las autoridades doctrinarias de la Iglesia”.
En 1984 el Vaticano lo sometió a juicio por haber publicado el libro en el que analiza el abuso de poder de esa institución. En 1985 se le sentenció a permanecer en un “mutismo obediente”.
Boff abandonó la orden franciscana en 1992 debido a que intentaban someterlo nuevamente al silencio y a un exilio en Filipinas o Corea del Sur. Se convirtió en laico y se casó con la teóloga Marcia Miranda. En 1996 explicó a Proceso las razones de su salida de la orden:
“Demostré que soy capaz de someterme, pero también de rebelarme y de seguir mi camino. Ahora no quiero vivir amargado ni interiorizar nostalgias pasadas. Ya vomité al Edipo castrador, a la policía eclesiástica que el Vaticano puso dentro de mí” (Proceso 1014).
Actualmente ha enfocado su reflexión al campo de la ecología, concretamente a la crisis ambiental provocada por la globalización económica.
Durante la entrevista Boff saca de su morral su libro más reciente y lo muestra al reportero. Es , donde combina la reflexión teológica occidental con la oriental.
–¿Participó en la cumbre de Cancún sobre cambio climático? –se le pregunta.
–Sí. Vengo de allá. Participé como observador del gobierno brasileño. Pero en Cancún predominó la mentalidad de mercado para resolver el problema ecológico. No creo que el sistema que creó el problema vaya a resolverlo.
–¿Seguirá trabajando en el terreno de la ecología?
–Sí, porque actualmente no sólo gritan los pobres y oprimidos del mundo, sino también los bosques, las aguas, las especies animales; toda nuestra tierra tan contaminada y poblada. Trato de articular el grito del pobre con el grito de la Tierra. l

Cárceles de juguete




Cárceles de jugueteRevista Proceso # 1782, 26 de diciembre de 2010;
La vulnerabilidad de los centros penitenciarios de Tamaulipas no se explica sin asumir que quienes verdaderamente los controlan no son las autoridades, sino el narco. Tampoco se comprende sin tener clara la incapacidad manifiesta de un gobernador –el priista Eugenio Hernández, quien hasta el 31 de este mes habrá encabezado un gobierno oneroso, de ornato– para controlar la situación. Es en esos penales donde los grupos criminales tienen sus reservas, y lo controlan todo, inclusive a las autoridades. Cómo explicar, por ejemplo, que de los 358 internos que se fugaron en 2010 sólo uno haya sido recapturado.   

NUEVO LAREDO, TAMPS.- Colocado en la entrada del reclusorio local, el anuncio parece de lo más normal: “Se prohíbe ingresar cigarros, a todo aquel que se le sorprenda se le aplicará la Ley”. Sólo que en los centros penitenciarios del estado son los grupos delincuenciales los que imponen las reglas, no los custodios.
“Los de Nuevo Laredo, Victoria y Mante, por ejemplo, los gobiernan Los Zetas, mientras que los de Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán y Altamira están en poder del cártel del Golfo”, dice una empleada del área de penales quien solicita que se omita su nombre.
El poder de ese “gobierno” es tal, comenta, que cuando hay algún cambio, un comando armado llega al reclusorio y entra como “Juan por su casa”; reúne a todos los internos en los patios, informa sobre los cambios y da posesión a los nuevos jefes. El evento puede durar varias horas, comenta.
–¿Y los custodios? ¿Y las autoridades del penal? –se le pregunta.
–Nos mantenemos al margen. ¿Qué más podríamos hacer? Así funcionan las cosas desde hace tiempo.
Un custodio comenta: “Cuando quieres cambiar horarios, alguna compensación o prestación económica, no nos dirigimos al director del penal; ése no tiene mayor autoridad. Eso lo arreglamos con el ‘jefe del penal’, quien es el representante del grupo delictivo que controla la plaza. Aquí (en los reclusorios) el mando lo tienen ellos (los cárteles)”.
Consultados al respecto, familiares de algunos presos confirman esa versión. “Adentro todo tiene un precio. Por el solo hecho de entrar al penal te cobran una cuota, que va de los 10 mil a los 20 mil pesos. Los que no pagan no tienen ninguna seguridad adentro”, cuenta la esposa de un interno. Dice que la guerra entre los cárteles elevó los cobros y las cuotas.
Además, en los reclusorios tamaulipecos circula de todo. El alcohol y la droga se venden a cualquier hora: una lata de cerveza cuesta 30 pesos, un “24” –caja con el mismo número de latas– vale mil 200 pesos; una caguama 100; una grapa de coca se vende a 150… “Si tienes suficiente dinero para pagar a ‘la maña’ una renta semanal de 70 pesos, puedes meter un celular; por un radio hay que pagar 150”, dice uno de los entrevistados.
En un reclusorio incluso hay un table dance. “Las bailarinas entran y salen; y cualquier preso que tenga dinero para consumir puede entrar al espectáculo”, relata el familiar de otro interno. En cada penal hay un autogobierno, encabezado por el grupo que controla la plaza.
Un militar asegura que la guerra que sostiene el cártel del Golfo (CDG) con Los Zetas en Tamaulipas no excluye a los reclusorios, pues son parte de los territorios en disputa; más aún, es en los penales donde ellos tienen un control total.
“Las cárceles son una importante fuente cautiva de ingresos para los grupos delictivos, lo que es vital para sostener su guerra. Además, las cárceles se han convertido en semillero de sicarios. Saben que en el momento que quieran pueden llegar y sacar a los presos que necesiten para reforzar sus filas”.
Dice que en este año se han registrado nueve fugas masivas en los penales tamaulipecos. “Los 358 reos que fueron sacados de los reclusorios locales no recobraron su libertad, fueron reclutados para cada grupo. Los sacaron porque los necesitan para remplazar a la gente que pierden a diario”, afirma la fuente.
De acuerdo con el militar, las ejecuciones de reclusos se explican por el clima de guerra que se vive en el estado. José Luis Carrizales Coronado, El Tubi, presunto miembro del cártel de Sinaloa, por ejemplo, fue ultimado por sicarios de Los Zetas recién llegó a un penal de Nuevo Laredo.
Un custodio explica que existe un pacto con la Dirección de Penales: cuando un zeta es detenido, debe ser internado en una cárcel controlada por Los Zetas; lo mismo aplica cuando aprehenden a miembros del cártel del Golfo. Cuando eso no ocurre, dice, es probable que los directivos penitenciarios sufran represalias, dice.
Así ocurrió por ejemplo, cuando 14 presuntos zetas fueron internados en el penal de Matamoros, que “gobierna” el cártel del Golfo. El 6 de agosto, cuando apenas llevaban una semana recluidos, un grupo de internos los ejecutó, aunque la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que se trató de una riña.
Al día siguiente, Los Zetas respondieron con el asesinato del director de los penales del estado, Amando González Escalante. Al lado del cuerpo dejaron una cartulina con el siguiente mensaje: “Esto les pasa a los que apoyan al CDG, Atte. Z”.
El vienes 10 de diciembre, tres zetas confesos de haber ejecutado a dos policías preventivos municipales y de lanzar granadas contra edificios públicos fueron llevados al penal de Matamoros. Días después fueron asesinados. Su organización amenazó de muerte al director de los reclusorios de Tamaulipas, Horacio Sepúlveda.
Empleados de la dependencia comentan que la fuga de 152 reos el viernes 17 en Nuevo Laredo en realidad fue una negociación entre las autoridades y la organización armada a cambio de la vida de Sepúlveda.

Rompiendo récords

El 25 de marzo último, al menos 10 camionetas ingresaron al penal de Matamoros por la entrada principal y se llevaron a 40 internos. Fue un escándalo, pero el récord se rompió pronto.
Ocho días después, el 2 de abril, otros 12 reclusos fueron rescatados por compañeros de su organización, quienes irrumpieron a la cárcel de Reynosa. Llevaban armas de fuego de alto poder y granadas. El gobernador, Eugenio Hernández Flores, declaró en esa ocasión:
“La verdad es que el gobierno de Tamaulipas, y me atrevo a decir que todos los gobiernos estatales, somos rebasados por estos grupos delictivos que tienen una capacidad de fuego muy fuerte; no tenemos ni la infraestructura ni la capacidad de fuego, de resistencia, para garantizarle al gobierno federal que los reos van a estar a buen resguardo.”
Al día siguiente, en un boletín, la Secretaría de Gobernación le respondió: “Los actos de corrupción de ciertos funcionarios y su colusión con el crimen organizado, especialmente en el caso de las recientes fugas en los penales de la entidad, no son síntoma de que los delincuentes prevalecen sobre las instituciones, pero tampoco deben ser motivo para que las autoridades recurran únicamente a su denuncia”.
El 4 de abril, las autoridades federales y estatales limaron asperezas.  Acompañado por los titulares de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, Hernández Flores anunció públicamente que agentes federales reforzarían la vigilancia en los reclusorios estatales. La coordinación sólo duró tres semanas, según el secretario general del Gobierno de Tamaulipas, Hugo Andrés Araujo.
El  7 de mayo escaparon del reclusorio de Miguel Alemán ocho internos. Las semanas posteriores hubo más fugas: cuatro el 6 de junio; ocho el día 25 de ese mismo mes; 14 más el 4 de julio; todas en Reynosa.
En cada caso, el mandatario responsabilizó al gobierno federal, pero evadió proporcionar los nombres de los reos y el grupo delincuencial al que presuntamente pertenecen; en algunos casos incluso tardó varios días en reportar las fugas.
El entonces secretario de Seguridad estatal, Ives Soberón Tijerina, insistió en que las instalaciones de los cinco penales tamaulipecos de mediana seguridad eran inadecuadas; además, dijo, carecían de equipamiento y el personal era insuficiente para custodiar a los mil 700 presos del fuero federal, considerados “de alta peligrosidad”. La infraestructura era insuficiente si se considera la guerra entre los grupos delictivos que vivimos en Tamaulipas, recalcó Soberón.
Y el 12 de agosto, el gobernador Hernández Flores aprovechó el foro Diálogos por la Seguridad para pedirle al presidente Felipe Calderón la reubicación en penales federales de alta seguridad de los reos federales que purgan su condena en los centros tamaulipecos.
Días después, el 18 de agosto, un comando armado metió un camión escolar al penal de Santa Adelaida, en Matamoros, y se llevó a 30 reos. La información se conoció hasta el 10 de septiembre. Ese día se realizó una rueda de prensa en el que las autoridades informaron también de la evasión de otros 89 presos del reclusorio de Reynosa.
La madrugada de ese 10 de septiembre, tres días después de que Antonio Garza García asumiera como secretario de Seguridad del estado, se evadieron 85 personas del Centro de Ejecuciones de Sanciones (Cedes) de Reynosa, Tamaulipas, la mayor fuga registrada en la entidad hasta esa fecha.
Garza García declaró que los reos utilizaron una escalera de madera para saltar una barda del área perimetral de la cárcel.
El viernes 17, a dos semanas de que Hernández Flores concluya su gestión y casi un mes después de que el Operativo Noreste fuera reforzado en Tamaulipas se registró una fuga masiva todavía mayor: 152 presos fueron sacados del Cedes de Nuevo Laredo en una camioneta Van y en un camión escolar. Al parecer, quienes los liberaron requirieron de dos viajes para llevárselos a todos.
El secretario de Seguridad informó que el director de los reclusorios del estado, Horacio Sepúlveda –el séptimo en ocupar ese cargo durante la administración de Hernández Flores–, y el director del Cedes, Efraín Hernández, con sólo dos meses en el cargo, estaban desaparecidos.
Hernández Flores responsabilizó a los custodios que estaban de guardia el día de la fuga. “Fue una traición a la confianza que depositó en ellos”, y volvió a quejarse del gobierno federal porque, dijo, no actuó, pese a que le había pedido apoyo para resguardar a los reos federales.  Finalmente, la PGR informó sobre la consignación de 41 custodios por presunta complicidad.

La culpa

Los recurrentes señalamientos del gobernador, quien concluye su gestión el viernes 31, tuvieron respuesta directa del presidente Felipe Calderón.
Aun cuando la relación de Hernández Flores con Calderón era cordial y ambos coincidían en la mayoría de los temas de la agenda nacional –durante las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, incluso la maestra Elba Esther Gordillo recomendó a Hernández Flores orientar el voto priista de Tamaulipas a favor de Calderón– en una entrevista radiofónica trasmitida el lunes 20 Calderón declaró:
“Llevan más de 300 (reos) que han dejado ir a la calle. Así ¿cuándo vamos a acabar? Yo los agarro y ellos los sueltan. La verdad es que, si un gobernante no asume como parte de su tarea, ya no digan agarrar a los rateros, por lo menos no (debe) dejarlos salir de la cárcel.
“Entonces, ¿para qué quieren el gobierno? –me pregunto. Mientras no abordemos la cobertura política que presumiblemente pueda tener la criminalidad, el problema va a seguir.”
Hernández Flores no respondió, sino el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el único aspirante a dirigir el PRI nacional: “Yo espero que el gobernador de Tamaulipas le conteste así (a Calderón: ‘Señor presidente, primero construya los Ceresos federales y luego reclame’”.
Más allá de las declaraciones, alianzas y deslindes, lo cierto es que de los 358 evadidos de los penales tamaulipecos durante 2010 sólo uno ha sido recapturado. l

Sobre el secuestro de Diego


Incongruencias, contradicciones, incógnitasVerónica Espinosa
Revista Proceso # 1782, 26 de diciembre de 2010;
Diego Fernández de Cevallos ya está donde acostumbra: ante las cámaras, frente a los micrófonos, arropado en los poderes que ha sabido cultivar durante su larga trayectoria como abogado y político. Sin embargo, al concluir el silencio impuesto por Gobernación y Televisa sobre el caso, en las versiones oficiales del secuestro comienzan a saltar las incongruencias, las abiertas contradicciones, las incógnitas…
 QUERÉTARO, QRO.- Diego Fernández de Cevallos retornó a la vida pública en las mismas circunstancias en las que desapareció de su rancho La Cabaña el viernes 14 de mayo: en medio de un mar de dudas y versiones contradictorias sobre el pago del rescate y su liberación y ante el silencio del gobierno.
En las versiones surgidas del propio Fernández de Cevallos, amigos, familiares y el gabinete de seguridad, tampoco quedan claros los términos de la negociación y el pago del rescate, ni el día y la hora precisos de la liberación.
Incluso saltan preguntas sobre las verdaderas circunstancias del secuestro. Varias horas antes del momento en que se ha dicho que ocurrió, en Los Pinos había un evidente alboroto por lo que ahí ya se sabía: que Diego Fernández de Cevallos había sido secuestrado.
Hacia las 19:00 horas del 14 de mayo, un testigo –cuya exigencia de anonimato resulta obvia– aguardaba en la sala de espera de Jorge Rodríguez Ramírez, entonces asesor de Jorge Tello Peón, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Su cita había sido retrasada una y otra vez, y finalmente se canceló con el argumento de que el funcionario estaba “en una situación de emergencia por el secuestro del Jefe Diego”.
El presidente no estaba en Los Pinos. Al recurrir a la agenda oficial, sólo se pudo saber que esa tarde de viernes Calderón tenía programadas “actividades privadas”. ¿A qué hora y en dónde ocurrió realmente el plagio del político panista, que reiteradamente se ha situado alrededor de las 22:00 horas a la entrada de uno de sus ranchos en Querétaro?
Tello Peón dejó su cargo el 19 de agosto y fue sustituido por Alejandro Poiré. El asesor Rodríguez Ramírez había llegado a esa oficina procedente del Cisen.
También prevalece la incógnita del grupo que secuestró al excandidato presidencial, que por su trayectoria política, profesional y empresarial fue escogido como víctima, según los propios argumentos de quienes primero se identificaron como “misteriosos desaparecedores” y en el desenlace del plagio se autodenominaron “Red por la Transformación Global”.
Aunque este último membrete y los tres manifiestos difundidos en la víspera de la liberación del panista fueron dados de alta en un correo grupal de yahoo.com.mx el viernes 17, mismo día en que subieron los documentos con un minuto de diferencia: a las 21:20, las 21:21 y las 21:22 horas, el grupo ya no registra más actividad.
Incluso el anuncio de la liberación parece acomodado para una espectacular reaparición del panista: no fueron su hijo Diego ni el exprocurador Antonio Lozano Gracia quienes, como únicos voceros y responsables de la negociación, difundieron el fin del secuestro. Fue Joaquín López Dóriga quien, en un enlace telefónico cerca de las nueve de la mañana, dio la información en el noticiario matutino de Televisa.
Hasta ese momento los temas principales de esa mañana eran la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan y el homicidio de la activista Marisela Escobedo y su cuñado en Chihuahua, los cuales fueron desatendidos para dar paso a la amplia cobertura informativa que se desplegó en torno a la reaparición del abogado panista. 
Después del reporte de López Dóriga, la especulación continuó alimentándose. El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, comentó que “de ser verídica la versión” que ya circulaba, la dependencia reabriría la investigación sobre el secuestro. 
Pasaron muchos minutos de esas primeras horas de la mañana antes de que una fuente allegada al político la confirmara. Lo hizo Lozano Gracia.
A la 1:30 de la tarde Diego Fernández –sereno, con el cabello recortado, la barba muy larga pero limpia y arreglada y con un ramo de rosas rojas– se presentó conduciendo un Mercedes Benz cuyo cláxon tocó ante las rejas de su residencia en Lomas de Virreyes, ya entre la aglomeración de reporteros, camarógrafos y fotógrafos. 
“Sólo quiero decirles que me encuentro bien, gracias a Dios, y que estoy fuerte, y que mi vida seguirá siendo la misma”, declaró inicialmente. Pero más tarde sorprendió:
“Uno de los temas que será capital y lo hablé con mis plagiarios (en las muchas y fuertes discusiones que dijo haber sostenido con ellos) y está el compromiso con ellos, de pensar y de luchar por grandes causas que reclama México (es el de) su pobreza, su injusticia y su impunidad. Creo que tenemos que hacer de México un país de leyes, de instituciones, no de secuestradores, de asesinos, de ningún nivel, ni de ricos ni de pobres.”
Al hablar de sus captores, Fernández de Cevallos aseguró: “Como hombre de fe, ya perdoné; y como ciudadano creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropello, sin flagelaciones”. 
Sin embargo, a lo largo de las entrevistas que fue ofreciendo al propio López Dóriga, a José Cárdenas y a Javier Alatorre, en TV Azteca, fue parco en comentarios sobre las características de sus secuestradores y la forma en que fue puesto en libertad:
“No quiero dar pormenores. Y es que para efectos del procedimiento que puedan tener las autoridades debo ser muy respetuoso. Fui sorprendido, secuestrado y ya estoy aquí”, le respondió a López Dóriga.
Sostuvo que fue liberado en la madrugada del lunes en un punto que se negó a precisar: “Me dejaron algunos kilómetros distantes de algún pueblo… Caminé algunos kilómetros y no quería dejar de caminar para darle gracias a Dios y ver el amanecer de un nuevo día”.
Ahí también comentó que durante su cautiverio se enteró “muy poco” de lo que pasaba afuera: “Prácticamente no tuve ningún contacto con la realidad en esos siete meses y días”. 
Pero en otra de sus salidas a las rejas de la casa de Lomas de Virreyes, contradictoriamente, Diego habló de “muchos otros casos de dolor, de desgracia que no pueden quedar olvidados porque se trata de un político de la vida nacional… yo tengo mucho dolor por tantas noticias que he recibido de lo que está sucediendo en México en estos días”. Y mencionó el asesinato de Marisela Escobedo, cometido el viernes 17.
La táctica desinformativa
La ausencia de una versión oficial alimentó toda clase de especulaciones. Basta recordar que desde el 27 de noviembre –el día de la boda del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto– El Universal publicó que Diego ya estaba a salvo en su casa. El diario atribuyó la información a un primo de los Fernández de Cevallos perfectamente enterado de las negociaciones, y la sostuvo en días posteriores.
En la semana que empezó el lunes 20 surgieron nuevos datos y versiones extraoficiales, como la que publicaron los reporteros Gustavo Castillo y Alfredo Méndez, de La Jornada, quienes citando a “fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional” sostienen que Fernández de Cevallos fue liberado el 11 de diciembre, nueve días antes de su aparición mediática.
En la misma nota se dice que, “según las fuentes consultadas, los secuestradores cobraron 30 millones de dólares de rescate el pasado 10 de diciembre”, mismos que Diego junior y Antonio Lozano habrían entregado en un punto entre la Ciudad de México y Toluca.
“Al siguiente día, El Jefe Diego fue soltado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Querétaro, tan sólo con unos zapatos, un pantalón y una chamarra vieja que sus captores le proporcionaron. De su liberación fueron enterados primero el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, y posteriormente el presidente Felipe Calderón Hinojosa; se acordó que el tema se trataría con total hermetismo”, publicó La Jornada en su edición del jueves 23.
 Otra imagen de Diego
 Semanas atrás Fernández de Cevallos apareció en las fotografías de su cautiverio como un anciano desvalido, con el rostro golpeado, semidesnudo y con los ojos vendados, privado de su libertad y “no con la prepotencia ni el cinismo de los que ha hecho gala el trasnochado encomendero a lo largo de su vida personal y política, sino en la total indefensión, casi parecida a la que vivimos y a la que hemos sido sometidos la mayoría de los mexicanos”, como se dijo en el último mensaje atribuido a los plagiarios.
Fueron estas fotografías, junto con dos cartas presentadas como de su puño y letra, las pruebas de vida conocidas y divulgadas por internet en los siete meses y días de cautiverio: la primera se conoció el 20 de mayo, a casi una semana de su desaparición; en el mensaje adjunto se afirmaba que Diego gozaba “de cabal salud” y se exigía a las autoridades mantenerse al margen de la negociación con la familia. 
La segunda foto apareció el 26 de julio, acompañada por una carta en la que el político parecía desesperado: “Todo lo que puedas conseguir de ayuda, asegúrales que la pagaré. He tenido varios desvanecimientos y mucho dolor en el pecho a pesar del tenormín y de la aspirina. Tú sabes que no quedé bien del corazón después de la operación… He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor (...) Es preferible un gran esfuerzo pronto que ilusionarse con lo que ya no podrá ser después…”.
La tercera circuló el 13 de septiembre, acompañada por un mensaje de los “misteriosos desaparecedores” y sonaba a advertencia: 
“Dicen que sus últimas fotos sólo mostraron los restos del hombre intocable y poderoso que fue, y que sembrador de vientos y cosechador de tempestades no se supo si fue víctima de una banda del crimen organizado, o de algún grupo poderoso del gobierno, o de alguna organización guerrillera… gracias a la trayectoria personal y pública del ‘jefe Diego’ se seguirán diciendo muchas cosas y quizás todas quepan como líneas de investigación, desde que su familia lo abandonó y de que a sus propios amigos no les importó su suerte”.
Dos de esas fotografías fueron tomadas con Diego sosteniendo el ejemplar de Proceso que circuló en la semana posterior a su desaparición (el número 1751), una de la portada y otra del reportaje titulado Millonario litigio del poder con el poder, del reportero Carlos Acosta, en el cual destaca una fotografía del litigante panista y el expresidente Carlos Salinas de Gortari posando sonrientes.
Según la versión difundida el sábado 15 de mayo, la noche anterior Fernández de Cevallos hizo su rutinario recorrido desde la hacienda de La Barranca –en Jerécuaro, casi en los límites con Querétaro– por la carretera Coroneo-Querétaro y la autopista a la Ciudad de México, para entrar a sus dominios aledaños a la comunidad de San Clemente en Pedro Escobedo, a unos kilómetros de San Juan del Río.
Dormiría en La Cabaña, un rancho anteriormente conocido como La Bolsa, que adquirió y puso a nombre de su hija Claudia (Proceso 1332 y 1373). Al día siguiente viajaría al Distrito Federal para asistir a una comida con su amigo el también abogado Juan Collado y su prometida. Pero según esa versión sólo llegó a estacionar la camioneta mientras, a unos 500 metros, en su pequeña casita, el velador lo escuchó entrar y ya no se asomó.
“La verdad sí pasaron muchas horas desde que se cometió el delito, cuando menos unas siete, ocho horas; Diego así es, vivía totalmente tranquilo, con toda la seguridad de que no le iba a pasar nada. Llegaba solo a La Cabaña, entraba, se dormía y dejaba hasta la puerta abierta, era muy confiado. Era, porque yo creo que ya no lo va a ser tanto”, dice en entrevista el exgobernador queretano Ignacio Loyola Vera.
“La información fluye hasta las 6:30 (del sábado), cuando llega la gente del campo; se dan cuenta de que está la camioneta, hay cosas tiradas, parece que hubo una pelea y a mí me avisan. Yo le aviso al gobernador (José Calzada Rovirosa). Luego vino toda la desinformación, la prensa; que si lo vieron viajando para acá, que si allá”, recuerda Loyola.
La Procuraduría de Justicia del estado inició una averiguación previa, acudió al rancho el procurador Arsenio Durán con los peritos y se instaló un gabinete de seguridad en la XVII Zona Militar, al que se integraron el gobernador queretano Calzada Rovirosa, Loyola Vera y el exprocurador general Antonio Lozano; el procurador general de la República, Arturo Chávez, y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Pero la noticia no provino de ese grupo. El exprocurador Antonio Lozano Gracia hizo público un comunicado de los hijos de Diego en el que pedían a sus secuestradores que entablaran una negociación y solicitaban a las autoridades “hacerse a un lado para no obstruir” esta posibilidad, a lo cual accedieron las procuradurías.
Desde Gobernación, Gómez Mont impuso un silencio al que de inmediato accedió Televisa, que dejó de divulgar noticias sobre el secuestro. Con todo, desde varias instancias de gobierno, como la propia PGR, se estuvieron “filtrando” versiones a columnistas y reporteros de la fuente que apuntaban a un grupo de la guerrilla –una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR)– como el autor del plagio.
De hecho el 15 de mayo, cuando el comisionado antisecuestros de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Luis Cárdenas Palomino, llegó a la reunión del grupo de seguridad encabezado inicialmente por el gobernador Calzada y el comandante de la XVII Zona Militar –que ese día tuvo una encerrona de 17 horas– y posteriormente acudió a revisar personalmente el rancho, sostuvo la posibilidad de que el EPR fuera el responsable del secuestro.
Aunque el EPR se deslindó de la desaparición del excandidato, esta línea de investigación no fue eliminada, y menos después del ataque que sufrió el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien colaboraba en la investigación, precisamente en la línea de un movimiento guerrillero o del narcotráfico (Proceso 1751), como lo confirmó una fuente cercana a las investigaciones.
El sábado 15 por la noche, Cárdenas Palomino planteó la posibilidad de que, en caso de que un grupo guerrillero hubiera cometido el plagio, habría trasladado a su víctima a pie por las veredas que rodean el rancho para moverse hacia San Luis Potosí o hacia el sur. Y ya había transcurrido casi un día desde entonces.
Luego de que se conoció la primera fotografía que circuló por internet, el 21 de mayo, al día siguiente la PGR admitió que se trataba de un secuestro y a partir de entonces guardó silencio. El único integrante del círculo cercano a Fernández de Cevallos que habló de los plagiarios como “un grupo muy poderoso, con una gran organización y grandes recursos” fue el abogado y socio de Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan.
Pero incluso al exgobernador Loyola Vera este secuestro y su desenlace le plantean “muchas dudas, muchas señales encontradas, mucha revoltura”. Incógnitas que, dice, espera aclarar cuando converse con Fernández de Cevallos.
“Diego siempre decía que si lo secuestraban él iba a convencer a sus plagiarios de que lo soltaran”, comenta Loyola en su despacho de la dirección general de Agroasemex. 
Aclara que nunca se le pidió que aportara dinero para reunir el rescate, y que su única contribución fue “dentro de mis posibilidades, con mi cercanía, mi amistad y mis oraciones”.
“Ignoro por qué aparezco en esa lista”, dice el exgobernador, al referirse a la relación de 23 prominentes empresarios, políticos, jerarcas católicos y dirigentes sindicales, encabezados por Carlos Salinas de Gortari y Carlos Slim, que se mencionan en el último paquete de comunicados de la “Red por la Transformación Global” y a los que Diego les habría escrito cartas para pedir ayuda y cobrar “por sus favores y los servicios prestados”. 
“La verdad no sé por qué estoy ahí, creo que es un error. A ese nivel de capacidad empresarial no (estoy). Un amigo me dijo: ‘Si tú eres de los ricos, entonces hay una gran cantidad de personas pobres en este país’. No hay forma de que yo pueda estar a ese nivel y le puedo decir que no, que no fui elegido ni contactado por la familia para aportar recursos para esto”.
La tarde del anuncio oficial de su liberación, el lunes 20, en la hacienda de San Germán –la casa familiar de los Fernández de Cevallos–, luego de verlo en la televisión, su hermana Beatriz explicaba: “Es normal, por su carácter es normal…Quería demostrar que estaba bien, cuando menos lúcido”.
Para Beatriz, Helena y María Fernández de Cevallos terminaban también siete meses de incertidumbre, de impotencia. Desde todas partes les avisaban “de cuanto cuerpo encontraban, por si era él”. Acudieron a ver a los amigos poderosos de su hermano y se dirigieron públicamente a los secuestradores cuando éstos enviaron un mensaje en el que afirmaban que el panista había sido abandonado por su familia.
María Fernández de Cevallos se niega a opinar sobre la forma en que reapareció su hermano. “Sólo él sabe y sólo él dirá lo que pasó; Dios le dio un tiempo más de vida y ojalá lo aproveche; yo nada más tengo agradecimiento para todos los que pidieron por él, para ustedes los medios porque respetaron el silencio…”.
Sin embargo, Beatriz bromea: “El peor error de los que lo tuvieron fue haberle tapado los ojos, pero no la boca… A la hora de salir… pues debe haber extrañado mucho los micrófonos, ¿no?”.
“A mí no se me hace raro verlo como salió, ya sé que parece increíble… Los primeros días sí le fue mal, (pero) él no es como esos empresarios que el miedo los mina… A Diego lo podrán acusar de todo, menos de tarugo.” l
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La guerrilla, una hipótesis creíbleJosé Gil Olmos
De las numerosas teorías que se han formulado acerca del secuestro de Diego Fernández de Cevallos –y sin atreverse a señalar una línea única de investigación–, especialistas consultados por Proceso sugieren que los autores materiales del plagio podrían ser, en efecto, integrantes de una célula rebelde o incluso de una asociación de grupos guerrilleros.
El gobierno federal considera que el grupo que durante 220 días mantuvo secuestrado a Diego Fernández de Cevallos pertenece al crimen organizado, pero expertos en grupos armados y seguridad nacional, así como exguerrilleros consultados por este semanario estiman que bien podría tratarse de un poderoso grupo político que lanza un mensaje con miras a 2012.
Incluso barajan la posibilidad de que la acción haya sido perpetrada por varios grupos concertados para buscar posiciones rumbo a la elección presidencial.
El extitular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR) y consultor experto en seguridad nacional, Samuel González, comenta: 
“Tengo muchas dudas, pero sostengo que es la autoridad, el gobierno federal, quien debe aclarar el asunto. Si se trató de un secuestro con fines de extorsión, que lo diga; si fue un secuestro político, que lo pruebe. En este caso, como en todos los demás, tenemos como mexicanos el derecho a saber la verdad.”
El 17 de mayo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se deslindó del hecho mediante un comunicado: “Cualquiera que sea el origen o motivo es un hecho doloroso para la familia, dolor que conocemos y sabemos por lo que están pasando” (Proceso 1751).
Pero las acusaciones siguieron y un mes después del secuestro, el 14 de junio, la organización volvió a desmarcarse y calificó de mentiroso a José Antonio Ortega Sánchez, líder del Movimiento Blanco, quien aseguró que liberarían al panista a cambio de la presentación de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mayo de 2007.
Los misteriosos 
 El 20 de julio y el 13 de septiembre los “misteriosos desaparecedores” difundieron por internet comunicados y pruebas de vida de Fernández de Cevallos: fotos en las que éste aparecía con el torso desnudo y los ojos vendados. Llamaban al panista “virrey de la Nueva España” y “archiduque de Escobedo”. Al mismo tiempo acusaban a los familiares de no querer negociar y aseguraron que su víctima estaba confesando todos sus negocios políticos y personales.
Una vez más surgieron señalamientos de que el exsenador había sido retenido por el grupo guerrillero Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) al mando del “comandante José Arturo” (nombre de guerra de Constantino Canseco, según información de inteligencia). Así lo difundió José Cárdenas en su espacio noticioso. Incluso mencionó que el sacerdote Máximo Gómez era el correo y mediador, como lo había sido en 1994 durante el secuestro del banquero Alfredo Harp Helú.
El desmentido llegó de inmediato. Felipe Edgardo Canseco Ruiz, abogado y exintegrante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP) negó que su hermano Constantino Alejandro fuera el autor del plagio, pues aseguró que estaba incapacitado físicamente para participar en acciones de esa índole. 
A finales de julio dijo: “Fue un participante del movimiento democrático universitario en la ciudad de Oaxaca en los años 1976-1977 y a raíz de su participación en una organización democrática en la cual luchamos por una universidad crítica, científica, democrática y popular, fue víctima de una agresión por grupos porriles vinculados al PRI.
“Recibió un disparo en el pecho que le lesionó el corazón y un pulmón, sufrió dos paros cardiorrespiratorios cuando era trasladado en una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social a un hospital de dicha institución y las secuelas físicas de dicho percance le harían imposible hacer realidad las hipótesis policiacas” (Proceso 1761).
 El lenguaje político
 Los expertos en seguridad consultados consideran posible que detrás del plagio se encuentren políticos, empresarios y líderes de diversos sectores que buscaran posicionarse en las elecciones de 2012.
Canseco Ruiz no descarta esta posibilidad y argumenta que una operación tan grande no pudo haberla realizado una simple banda de secuestradores, pues no tendría la infraestructura ni los recursos para mantenerlo tanto tiempo en su poder y movilizarlo a distintos lugares.
Además, está convencido de que los comunicados de los “misteriosos desaparecedores” fueron elaborados para crear confusión. En especial se refiere al último comunicado:
“Está escrito por gente bastante culta, no se ve mal hecho y por sí mismo tendría lógica y una congruencia. No se parece al lenguaje de los grupos guerrilleros o insurgentes que conocemos. Me queda la duda de si este lenguaje tan bien elaborado pueda ser una más de las maniobras de desinformación, para cubrir la identidad de sus autores.”
–¿Cree que se trata de un grupo guerrillero o un grupo de poder? –se le pregunta.
–Están abiertas todas las hipótesis; no hay posibilidad de inclinarse por una en específico. Creo que los únicos que pueden tener alguna certeza de lo que sucedió son el equipo de seguridad que siguió palmo a palmo todo el proceso, y el propio Fernández de Cevallos. 
–¿Podría ser un grupo guerrillero unificado y coordinado para realizar operaciones de esta envergadura?
–Esa es una de las hipótesis y, aunque no la descarto, no tengo los medios para confirmarla. Pero a partir de lo que sabemos de los grupos conocidos, estimo que es muy difícil asegurar que súbitamente pudieran tener la capacidad de coordinarse, luego de las escisiones que hubo en el EPR o de las diferencias que expresaron, bastante publicitadas.
“Esas cosas no se dan por arte de magia. Esporádicamente hemos visto que algunos grupos se han coordinado en determinadas acciones; sin embargo, no es suficiente la información para dilucidar la incógnita.”
También hace notar que en los comunicados del grupo de los “misteriosos desaparecedores” están ausentes los conceptos de la izquierda más radical que durante años ha manejada la guerrilla mexicana.
“El lenguaje utilizado es críptico pero congruente; (…) no hay una sola alusión al socialismo, al marxismo, a lo que normalmente todos los grupos insurgentes que conocemos utilizan. Llama la atención que el lenguaje no es tan sencillo, coloquial o popular. Hay partes que no cualquiera puede entender, lo que denota que se trata de gente con cierta capacidad intelectual y que cree que la va a comprender todo el mundo.
“Por eso sigue la incógnita, además este último comunicado no puede leerse de manera aislada sino a la luz de todo el evento. Lo único seguro para mí es que han buscado desinformar y eso sí lo han logrado porque sólo se alcanza a ver a un grupo del que no se tienen antecedentes.”
–El hecho del secuestro por parte de un grupo que mostró poder y capacidad nos dirige hacia otra situación, desde el punto de vista de la lucha social –se le plantea.
–Si hubiese sido un grupo ideológico congruente con el lenguaje que mostró en sus comunicados, por supuesto que demuestra capacidad, operatividad, información y manejo de una crisis de esa naturaleza. Aquí el punto preocupante es que, hasta que ocurren hechos de esta naturaleza, la clase política en el poder reconoce que hay una insurgencia en curso en el país.
“Ese es el problema de fondo, más allá del desenlace del plagio. Es decir, que el gobierno y los legisladores no digan nada de cientos o miles de hombres que están velando armas y que están construyendo su coyuntura para transformar la realidad por la vía de las armas.”
Canseco Ruiz destaca las suspicacias creadas a raíz de que durante el secuestro, Fernández de Cevallos no pudo usar su peso político en la elección de candidatos a la dirigencia nacional del PAN. “Hay que esperar a ver si este grupo realiza otras acciones, pero igual ya no volvemos a saber nada de él”, apunta.
La hipótesis de la guerrilla 
Samuel González aborda el tema con cautela y señala que aún es pronto para determinar si se trató o no de un grupo guerrillero. No obstante, se muestra seguro en sus opiniones acerca de los comunicados de los “misteriosos desaparecedores”.
“Considero que los comunicados están muy armados; no se parecen a la lógica con la que se han manifestado los grupos que han cometido secuestros. Yo tengo muchas dudas de que se traten de comunicados reales de grupos ideológicos.”
–¿Qué elementos tomaría para decir que hay dudas?
–Las modalidades. Después de leer los comunicados me parece que muchos datos son incongruentes. Pero eso lo tiene que aclarar la autoridad, no nosotros. Solamente expongo las dudas.
–¿No le llama la atención que no hacen referencias ideológicas de marxismo, socialismo o comunismo?
–Esa es la parte que me parece extraña. No quiero meterme en ese punto, pero creo que no es clara la presentación de todos estos elementos. Tengo muchas interrogantes después de leer ese comunicado. 
–Llama la atención que no haya referencias directas a Felipe Calderón o al Ejército…
–Por eso digo que no me parece que sean congruentes. Considero que son muy literarias, armadas por alguien que quiere hacerlo parecer como un secuestro político. Pero tengo muchas dudas.
Jorge Lofredo, cofundador e investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema), tampoco muestra seguridad absoluta sobre la responsabilidad de alguna organización político-militar clandestina y armada en el secuestro. Incluso asevera que los boletines pueden estar planeados para que las autoridades y la opinión pública crean que se trata de un grupo guerrillero.
De todas las hipótesis que se han planteado, el especialista se inclina por la de que los plagiarios son integrantes de la Tendencia Democrática Revolucionaria- Ejército del Pueblo (TDR-EP), escisión del EPR. Sin embargo aclara que por la envergadura de la acción pudieron haber recibido la ayuda de otros grupos. Por eso dice que tal vez no quisieron adjudicarse la acción de manera individual.
“Considero que podría tratarse de la guerrilla. Aunque el comunicado sea apócrifo, podría serlo en varios sentidos. Tal vez no sea la guerrilla o quizá se trate de una guerrilla nueva que se esté ocultando.
“Lo relevante –añade el especialista– es la igualación de los tiempos del secuestro con el silencio sostenido por la Coordinación Revolucionaria, conformada por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, TDR-EP, Organización Insurgente 1 de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre y las Brigadas Populares de Liberación.”
Recuerda que en noviembre de 2006 estas agrupaciones pusieron explosivos en la sede nacional del PRI, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en sucursales bancarias como protesta por las irregularidades en las elecciones presidenciales de ese año, además de que el TDR-EP admitió públicamente la práctica del secuestro como un medio para obtener recursos.
Para Lofredo es preocupante el largo silencio en que se ha mantenido este grupo, pues a su juicio es el que ha mostrado más actividad y podría estar preparando nuevas acciones conjuntas. l
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La policía sabe quiénes son”Jorge Carrasco Araizaga
Después de ser secuestrado en 2007, Eduardo García Valseca conversó sobre sus experiencias con dos estadunidenses, también víctimas de ese delito. Según él y su esposa Jayne Rager, que se encargó de negociar el rescate, el caso de Diego Fernández de Cevallos coincide lo suficiente con los otros para asegurar que fueron cometidos por el mismo grupo de corte guerrillero y con vínculos internacionales. Incluso las autoridades policiacas les confirmaron el dato y les dieron otro: que políticos mexicanos pueden ser cómplices de los secuestradores… 
Una serie de secuestros anteriores al de Diego Fernández de Cevallos lleva a una de las víctimas a señalar a los captores como supuestos guerrilleros con vínculos internacionales que han operado con la tolerancia del gobierno mexicano por lo menos desde la década pasada.
Entre las autoridades que desde entonces han estado enteradas de quiénes han sido los autores de secuestros de alto impacto está el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dice Eduardo García Valseca, plagiado durante siete meses y medio entre 2007 y 2008 en circunstancias similares a las del excandidato presidencial del PAN.
“El propio equipo de García Luna nos dijo que quienes me secuestraron fueron los mismos que tuvieron a Diego Fernández”, dice García Valseca en entrevista telefónica desde Estados Unidos, adonde se fue a vivir con su familia después de ser liberado. 
“Son los mismos, ya sabemos que son los mismos, me dijo Armando Espinoza (coordinador de Investigación de la Policía Federal) cuando le hablé para decirle que la manera en que habían secuestrado a Diego era muy parecida a la mía”, agrega el ahora exiliado que, por estar casado con una estadunidense, pertenecía a la comunidad de ese país asentada en San Miguel de Allende, Guanajuato, y donde tenía una asociación civil con fines educativos.
El colaborador de García Luna aludía, según García Valseca, a Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) y a los millonarios plagios, entre otros, de dos empresarios extranjeros radicados en México y a la sobrina de José Sulaimán, expresidente del Consejo Mundial de Boxeo. Esos plagios ocurrieron durante el gobierno de Vicente Fox, cuando García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), después de haber sido encargado en materia de secuestros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Espinoza no fue el único que le dio esa información a García Valseca y a su esposa Jayne Rager, quien se encargó de las negociaciones con los secuestradores. También se la proporcionaron Benito Roa Lara, antecesor de Espinoza en la oficina de investigación de secuestros, y el agente que García Luna comisionó para asesorar a la familia en los tratos con los captores, a los que vinculan con organizaciones clandestinas extranjeras. 
Incluso Roa los puso en contacto con otra víctima del grupo escindido del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el californiano Ron Lavender Bachur. Este empresario hacía negocios inmobiliarios en la exclusiva zona de Punta Diamante, en Acapulco, donde en 1993 Diego Fernández recibió un terreno de 60 mil metros cuadrados como “regalo” del gobernador guerrerense –y cuñado del entonces presidente Carlos Salinas– José Francisco Ruiz Massieu, quien un año después fue asesinado en la Ciudad de México.
“Cuando salí, por instrucciones del licenciado Roa estuve en Acapulco con el señor Ron Lavender, a quien le dije: me da la impresión de que estas personas (los secuestradores) hablan inglés. Me dijo: estás en lo cierto. Hablan inglés perfecto y es de la parte este de Estados Unidos.
“Le dije eso porque los oí hablar tres o cuatro veces. Un día, el tipo que me hacía llamarle ‘el jefe’ entró y le pedí que mejor me matara, que ya no aguantaba la tortura y golpizas a la que era sometido por la falta de acuerdo en las negociaciones. Entonces se enojó y me dijo mother fucker, son of a bitch, I’m going to shoot you. Yo no hablo muy bien inglés, pero pude entender ese lenguaje para decirme que me iba a matar”, cuenta García Valseca.
Hijo del fallecido coronel y empresario periodístico José García Valseca –quien fue despojado de la cadena editorial El Sol de México durante el gobierno de Luis Echeverría–, dice que después de su liberación ha recordado y recabado más información sobre sus posibles captores, pero que ha sido desestimada tanto por García Luna como por el propio presidente Felipe Calderón, quien durante una gira por Washington en mayo pasado se comprometió a buscarlos a su regreso a México. Siguen esperando.
“Aquí (en Estados Unidos) también hablamos con Keith Stansell, un estadunidense que junto con otras dos personas fue secuestrado en 2003 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando se cayó el avión en que hacían labores de inteligencia para el gobierno colombiano. Nos contó que cuando estuvo secuestrado, había mexicanos que estaban siendo entrenados por las FARC.”
Stansell es un contratista de la empresa estadunidense de seguridad privada Northrop Grumman que fue liberado por militares de Colombia y Estados Unidos en junio de 2008 junto con otros rehenes de las FARC, entre ellos la excandidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt.
Los supuestos vínculos internacionales del grupo también se los mencionó a García Valseca el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas. “La única vez que hablé con él –dice el entrevistado– fue para decirme que no hablara con la prensa, ni nacional ni internacional, porque esos grupos forman parte de redes internacionales como las FARC y la ETA”. El comisionado se lo pidió luego de que la historia de García Valseca fue difundida en Estados Unidos: en marzo pasado por la cadena de televisión NBC y en agosto, ampliada, por el diario The Washington Post.
Experiencias paralelas
La presunta participación de la guerrilla en el secuestro del panista también era investigada, a petición de la familia de Diego Fernández, por el exgeneral experto en la represión de movimientos guerrilleros Mario Arturo Acosta Chaparro, pero a los tres días de iniciar sus pesquisas fue baleado en la Ciudad de México, por lo que convaleció durante meses.
Como Diego Fernández, el hijo del empresario periodístico fue secuestrado en las inmediaciones de su rancho, el 13 de junio de 2007. Como el panista permaneció cautivo más de siete meses. Fue liberado el 24 de enero de 2008. Todo ese tiempo estuvo metido en un cajón en el que apenas podía moverse y que sólo tenía dos agujeros de ventilación.
“No tenía ni siquiera ropa. Y no me daban de comer. Cuando me secuestraron pesaba 74 kilos y salí con 39. Me balacearon con una pistola 45 milímetros en el muslo y en el brazo con una .22. Me abrieron la cabeza tres veces; me afectaron el hígado y perdí 15% del oído izquierdo. Me torturaban también con narcocorridos día y noche y me inyectaban sangre diciéndome que estaba infectada de VIH”, relata.
De acuerdo con García Valseca, Roa le explicó que los secuestradores han sido cada vez más violentos con las víctimas para quitarle todo a sus familias: “Le hacen a uno y a los familiares vender todo, que busquen préstamos. Dejan endeudados hasta a los nietos. Sólo entonces sueltan a sus víctimas”.
Pero a diferencia de García Valseca, Diego Fernández reapareció el lunes en buenas condiciones físicas. El hijo del coronel explica: “Cuando me soltaron yo no podía ni hablar, no tenía voz. Se me cayó el pelo. En siete meses y medio una sola vez, el 15 de diciembre de 2007, me cortaron el pelo, la barba y las uñas. Sólo me dejaron el bigote, como ellos, que sólo usan bigote. 
“Me llevó meses enteros poder bajar una escalera. La primera vez que lo intenté me caí. A Diego no lo maltrataron porque siempre representó un buen negocio, tanto en lo político como en lo económico. No se le vio en shock.”
Sobre la operación y la ideología de sus secuestradores, dice que tienen una estructura jerárquica de tipo militar. “A pesar de que no hablé mucho con ellos, había uno al que me tenía que dirigir como ‘señor jefe’. Los demás tenían el rango de ‘guardianes’”. 
Añade: “Siempre me decían: ‘los de tu clase’. ‘Te vamos a matar, hijo de la chingada. Vas a servir de ejemplo a los de tu clase para que los próximos no se anden con mamadas con nosotros. Tu pinche familia da una bicoca; no vale la pena ni siquiera exponernos”. 
Quinto de nueve hijos del empresario periodístico, explica: “Me maltrataron porque pensaron que yo tenía los 8 millones de dólares que me pidieron. Se fueron con la finta del apellido y porque el coronel siempre fue muy apantallador, pero yo jamás he tenido, ni pretendo tener, la cantidad que me exigían”. Añade que una tortura como la suya la había sufrido antes un empresario italiano cuyos bienes también sobreestimó el grupo.
Ron Lavender fue secuestrado el 22 de junio de 2001. “A él lo metieron cuatro meses y días en un tráiler de esos que jalan caballos. Le pusieron una inyección por la espalda el día que lo secuestraron. No lo torturaron como a mí. Tiene más de 80 años, pero dice que lo peor del cautiverio fue el sol. Lo metieron en algún lugar de Guerrero, en donde no tenía acceso a nada”, refiere García Valseca.
Sospechosa omisión 
Jayne Rager, también en entrevista telefónica, relata la manera en que los colaboradores del secretario de Seguridad Pública le dieron datos sobre los autores del plagio: “A Eduardo lo secuestraron un jueves. El lunes siguiente llegó un correo electrónico en el que pedían que el rescate se pagara con billetes de 100 dólares estadunidenses. Cuando el agente vio el mensaje, dijo: ‘Sí, son ellos’”.
El equipo de García Luna tenía fotos de los otros secuestrados y decía que el modus operandi era muy parecido, con retenciones de muchos meses, negociaciones semejantes y que la cantidad mínima que se había pagado había sido de 1 millón 200 mil dólares. También tenían registrado que la mayoría de los casos ocurrió a finales de la primavera y que la liberación ocurría poco antes de la Navidad. “Toda esa información me la dio la PFP”, dice Rager en referencia a la Policía Federal Preventiva, antecesora de la actual Policía Federal.
De acuerdo con ella, el caso en el que las autoridades fueron más precisas sobre la presunta participación de TDR-EP fue el de Nelly Catalina Esper Sulaimán, hija de quien en ese momento era el dirigente del PRI en San Luis Potosí, Antonio Esper Bujaidar, quien fue secuestrada el 30 de mayo de 2004 y liberada un año, ocho meses y 12 días después.
“El agente que comisionó García Luna, y que vivió con nosotros los siete meses y medio del secuestro de Eduardo, me dijo que en el caso de Nelly Esper tomaron fotos de los billetes del rescate y los registraron, como en nuestro caso. Tiempo después, cuando en 2006 el EPR atacó varios lugares del Distrito Federal con bombas y los responsables fueron detenidos, les encontraron billetes que estaban registrados como parte de ese rescate.
“Cuando los interrogaron, la información llevó a las autoridades a las montañas de Oaxaca, donde encontraron lo que quedaba del rescate en cajas de cartón. El dinero estaba escondido en una casa de unos campesinos que a pesar de su pobreza no habían tocado ni un solo billete”, dice Rager.
Precisa que según esta información policiaca, durante el plagio de Esper Sulaimán los secuestradores dejaban mensajes en iglesias: “Fue un sacerdote muy importante de una iglesia en San Luis Potosí el que entregó el dinero. También me dijeron que una de las empleadas de la casa de la familia era del mismo pueblo del sacerdote. Yo les pregunté por qué no investigaron al padre, pero me dijeron que era muy querido en el pueblo y que si lo hacían, los linchaban”.
Dice que en el mismo sentido les han contestado los colaboradores de García Luna cuando les preguntan por qué no han detenido a los secuestradores, si los tienen identificados: “Yo me quedé sorprendida cuando el agente que vivió con nosotros durante la negociación me dijo que los secuestradores tenían vínculos políticos, pero que si el gobierno sacaba eso a la luz, se corría el riesgo de volver mártires a los personajes de la política supuestamente relacionados con ellos. No entiendo por qué. O le tienen miedo a ese grupo o quizá se benefician de alguna manera, no lo sé”.
Eduardo García Valseca encuentra más paralelismos, principalmente en las fotos de las víctimas enviadas a la familia. “Con Diego fue igual que a mí: tapan los ojos con una mascada. En mi caso, en el cajón donde me tenían pusieron una sábana que sujetaron con una pistola de grapas. En el caso de Diego pusieron un plástico negro”.
Cuando vio la foto en los periódicos le habló a Armando Espinoza, el coordinador de Inteligencia de la Policía Federal. “Le dije que le hablaba porque eran tantas las similitudes. Me dijo: ‘Tienes razón; son los mismos. Ya sabemos que son los mismos’. Incluso, a través de él le estuvimos enviando mensajes al hijo de Diego Fernández”.
“A la Policía Federal y al propio García Luna le hemos dado muchos detalles de mi secuestro, pero siempre han mostrado reticencia”, dice Rager, y añade que, al principio, incluso se negaban a hacer retrato hablado de los secuestradores. También les llegó información sobre la existencia de una casa de seguridad en la colonia Nigromante, en San Miguel de Allende, donde vieron a los presuntos secuestradores antes del plagio, pero nunca fueron a investigar.  l
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Otro encontronazo... Álvaro Delgado La histórica animadversión entre Diego Fernández de Cevallos y Felipe Calderón, que los ha empujado casi hasta los golpes, tuvo un nuevo capítulo tras la liberación del Jefe. El reproche del excandidato presidencial al mandatario –quien se refiere a él como su “amigo”– en el sentido de que “las autoridades tienen una tarea pendiente” parece ser el anuncio de una dura tempestad en el seno del Partido Acción Nacional, justo en la ruta del 2012…
La reaparición pública de Diego Fernández de Cevallos, al cabo de siete meses de un sospechoso secuestro, exhibió una vez más la añeja rivalidad que mantiene con Felipe Calderón y que perfila una disputa en el proceso para designar al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República.
En efecto, desde su primera comparecencia ante los medios de comunicación, hacia las 13:30 horas del lunes 20 –en cuya madrugada aseguró haber sido liberado–, Fernández de Cevallos lanzó un reproche a Calderón y a su gobierno por su secuestro, a cuyos autores dijo haber perdonado. 
“Como ciudadano, creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropellos, sin flagelaciones”, emplazó el excandidato presidencial, quien luego, en dos entrevistas, aseguró que su secuestro tuvo “una marcadísima connotación política”, que llegó a debatir ideológicamente con sus captores y aun que pactó con ellos luchar por la justicia. 
Sin embargo, Calderón descalificó esa hipótesis: “Es delito puro y duro. No se vengan con rollos ni con hipocresías. La verdad es que la acción de privar de la libertad a alguien es un delito y por más rollo que se echen, por más hipocresías que quieran generar en torno a supuesta causa social, son unos criminales a los que hay que perseguir y aprehender”.
Y aunque Fernández de Cevallos no ha expresado públicamente ningún agradecimiento al gobierno federal, tras la conversación telefónica que ambos tuvieron ese mismo lunes, la Presidencia de la República aseguró en un comunicado que el respaldo de Calderón “fue crucial” para sobrellevar el cautiverio.
“Fernández de Cevallos agradeció el respaldo que recibió por parte del presidente Calderón, al igual que de su familia y amigos cercanos, durante su cautiverio, y que fue crucial para sobrellevarlo con entereza.”
Pero desde el inicio del secuestro de Fernández de Cevallos, el 14 de mayo, Calderón ha tenido una conducta curiosa: Casi una semana después de la desaparición, el jueves 20, declaró a la cadena estadunidense CNN que no era un secuestro ni tenía relación con el crimen organizado.
“Creo que es un caso sumamente delicado. Para mí es muy triste, porque Diego es un buen amigo mío, es un buen amigo de mi partido, pero no hay evidencia de que esta situación esté vinculada con el crimen organizado, no hay evidencia de que se trate de un secuestro.”
–¿Se ha pedido un rescate? –le preguntó el entrevistador Wolf Blitze.
–Nada, hasta ahora es un misterio. Para mí es muy importante preservar la confianza en la reserva de la investigación, porque vamos a encontrar a Diego, estamos trabajando con todos nuestros recursos para ubicarlo.
Pero dos días después, el sábado 22, al cumplirse ocho días del secuestro, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que suspendía las investigaciones, como públicamente lo pidió la familia, un día antes, y el gobierno se mantuvo al margen hasta la reaparición de Fernández de Cevallos, quien habría sido liberado, en realidad, el sábado 11, según informó el diario La Jornada.
 Un caso turbio
Al respecto, Manuel Espino, el expresidente del PAN en proceso de expulsión, afirma que el secuestro de Fernández de Cevallos genera muchas dudas y la obligación de Calderón es aclararlas, independientemente de la animadversión que tenga por él.
“El gobierno está obligado a hacer justicia y hacer a un lado las muy conocidas, muy públicas y muy difundidas diferencias entre Felipe Calderón y Diego Fernández de Cevallos. Está obligado a demostrar que, más allá de la animadversión personal que pueda haber tenido con Diego, es un ciudadano que merece atención de la justicia mexicana, que encabeza a nivel de procuración el presidente de la República.”
Espino, quien un día después del secuestro reprodujo en su cuenta de Twitter el dato erróneo de que Fernández de Cevallos estaba muerto, insiste en que hay muchas suspicacias sobre el caso, como la real identidad de los secuestradores.
“No tengo indicios para decir que fue una banda de criminales o un grupo de bandidillos. En esto no hay que descartar a nadie. Y nadie es nadie: Ni gente de la sociedad civil ni gente del gobierno ni gente del crimen organizado. No hay que descartar a nadie hasta que se esclarezca.”
–¿Puede ser un crimen desde el poder?
–Ahorita todas las posibilidades caben, todas. 
–Insisto: ¿Incluyendo un secuestro desde la cúpula del poder?
–Todas las posibilidades caben, no podemos descartar ninguna.
En entrevista vía telefónica desde Durango, el jueves 23, Espino juzga que el caso de Fernández de Cevallos exhibe la debilidad del sistema judicial mexicano y el fracaso de la estrategia de Calderón contra el crimen organizado.
“La estrategia es fallida y hasta absurda, porque se insiste en sostenerla pese a los muy malos resultados. El caso de Diego exhibe ese fracaso. Es un fracaso del gobierno frente a las organizaciones criminales, que se han enseñoreado en el país, y en mucho por complicidad de mandos importantes del gobierno federal.”
Sobre la eventual reinserción de Fernández de Cevallos en el PAN, del que se había distanciado entre otras razones por sus diferencias con Calderón, Espino asegura que su participación será muy positiva para ese partido, independientemente de que sea o no candidato presidencial
“Hasta donde yo sé, ni en público ni en privado ha dicho que tenga interés en la candidatura presidencial, y si al paso de los días, de las semanas, de los meses decidiera participar, estaría en su derecho. Hoy no hay una señal, una sola, para esa especulación”, subraya. 
Niega, también, que las expresiones para respaldar la eventual candidatura obedezcan a que falten figuras para perfilarlas a ese cargo, “sino porque el partido no ha sabido aprovechar éstas para proyectarlas e insertarlas en el debate nacional”. 
En ese sentido, la presencia de Fernández de Cevallos en el PAN puede, en mucho, subsanar la deficiencia que no han podido resolver los dirigentes del partido. “Creo que en todos los sentidos es bienvenida la participación de Diego, incluso pensando en el 2012. Y no necesariamente como candidato, pero su presencia puede ayudar mucho”.
Factor en 2012
Y es que la sola liberación de Fernández de Cevallos llenó de júbilo a sus simpatizantes y su eventual reinserción en el PAN tendrá un impacto “brutal” hacia las elecciones de 2012, prevé Juan José Rodríguez Prats, promotor de la candidatura presidencial del litigante antes de su secuestro.
Feliz por la liberación de su amigo, quien lo avaló para ingresar al PAN, Rodríguez Prats relata que en una reunión con panistas de alto nivel, en el marco de la contienda por la presidencia del PAN, hubo coincidencia en que Fernández de Cevallos sería “una figura de gran relevancia” si volvía a su partido.
“Aquí Diego va a demostrar su temple. Después de esta experiencia debe reincorporarse al PAN, porque el problema de México, más que de seguridad, es de índole político, de liderazgo, de concentración de fuerzas, de acuerdos. El momento que vive el país requiere de sus mejores hombres, y Diego es uno de ellos.”
–¿Es candidato presidencial en ciernes? 
–Quién sabe. Eso tendría que verse, tendría que analizarse. Pero lo importante es que se incorpore a las filas de su partido al que él le debe todo. Todo lo que tiene se lo debe al PAN.
Luego de la muerte de Carlos Castillo Peraza y de Carlos Abascal, Fernández de Cevallos es el “emblema” del PAN y debe reincorporarse a la política activa, “porque lo que viene va a ser una lucha intensa”.
–¿Es también una oportunidad para su reivindicación pública?
–Se puede ver así. Yo siento que, fundamentalmente, es devolverle algo al partido, a la vida y a la sociedad.
Distanciado de él por su negativa a ser candidato presidencial y por su cercanía con priistas como Enrique Peña Nieto, Rodríguez Prats considera que la reaparición de Fernández de Cevallos “es un aliento” para el PAN y será, sin duda, un factor en el proceso para designar al candidato presidencial.
Y es que, en efecto, Fernández de Cevallos se negó a ser candidato presidencial como se lo proponía Rodríguez Prats y sobrevino el rompimiento cuando asistió, junto con Carlos Salinas, al cuarto informe de Peña Nieto, en agosto de 2009. “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.
–¿De plano?
–De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha, detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo pudo ir!
Contó al reportero que, después de ese episodio, habló telefónicamente con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’”.
–¿Qué le respondió?
–Nada. Se quedó callado.
Aunque Fernández de Cevallos negó que aspire a ser candidato presidencial del PAN en 2012, no se descarta que rectifique, porque ya lo hizo al menos en una ocasión: En 2000, luego de haber sido criticado por Vicente Fox por haberse “rajado” en 1994, anunció que no ocuparía ningún cargo de elección popular, pero finalmente aceptó ser senador. 
Las diferencias
Los diferendos de Fernández de Cevallos con Calderón han sido más ríspidos desde la gestión de Carlos Castillo Peraza como presidente del PAN y se han profundizado hasta llegar al insulto, como ocurrió en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, a finales de 2004.
En esa ocasión, Calderón evocó la relación de Fernández de Cevallos con Carlos Salinas, en el periodo de Luis H. Álvarez como presidente del PAN, y lo llamó “vendido”. 
El excandidato presidencial se defendió: Adujo que las gestiones que hizo ante Salinas fueron a petición de Álvarez, como lo hizo también ante Ernesto Zedillo cuando Calderón fue presidente del PAN, y le recriminó: “¡No te hagas pendejo!”.
Luis Felipe Bravo Mena, el entonces presidente del PAN, trató de tranquilizar al excandidato presidencial, quien le reclamó no haber reconvenido a Calderón y le señaló que él tenía derecho a responderle.
De frente a Calderón, en medio de la expectación de los miembros del CEN, le recordó que le pidió interceder ante Zedillo, pero que mantuviera el secreto.
“Te llegué a ayudar y siempre me dijiste que no se supiera. ¿Por qué? ¡Porque eres un cobarde! Te llegué a ayudar, porque era el presidente del partido el que me lo solicitaba.”
–No es cierto –pretendió negar Calderón.
–¡Es que eres un cobarde! ¡Acéptalo!
Esta escena –verificada por el reportero con tres testigos directos– desmiente la amistad que Calderón dice que ha tenido con Fernández de Cevallos a raíz de la desaparición de éste, el viernes 14, en un hecho que cinco días después definió, en Washington, como “un misterio”.
Las diferencias entre ambos han sido hondas desde que Fernández de Cevallos fue coordinador de los diputados federales, entre ellos Calderón, en el segundo trienio de Salinas, pero se profundizaron a tal grado que, a finales de 1996, estuvieron a punto de liarse a golpes.
Según la semblanza El abogado del diablo que el periodista Roberto Rock hizo de Fernández de Cevallos para el libro Los intocables, éste puso en duda la hombría de los intelectuales, entre los que incluía a Castillo Peraza, que entonces presidía el PAN.
“Pues yo no soy intelectual, pero aquí estoy para defender a Carlos, ¡levántate!”, lo retó Calderón, al tiempo que se quitaba los lentes. 
Aunque no se produjo el intercambio de golpes, la enemistad jamás ha sido superada, si bien se han unificado –junto con Salinas y Fox– para combatir a su adversario común, Andrés Manuel López Obrador, en los videoescándalos, el desafuero, las elecciones de 2006, la calificación presidencial...