30 jul 2008

Texto de Santrich y Rodrigo Granda

El diálogo como alternativa de paz: una constante en la política de las FARC-EP/por Jesús Santrich y Rodrigo Granda/Comandantes FARC-EP
Difundido por Abpnoticias.com, 29/07/2008;
“Estamos forjando un Ejército Revolucionario. Ya nos llamamos así. Este ejército puede sufrir derrotas parciales porque así es la guerra, pero jamás podrá ser liquidado.”Jacobo Arenas.
“Llevamos 41 años de lucha prolongada como organización revolucionaria armada en la cual hemos experimentado varios procesos políticos y etapas de conformidad con cada gobierno, eso sí con conocimiento de causa y convencidos que los esfuerzos de todo el colectivo fariano nos llevarán al triunfo final, mediante un gran movimiento de masas en campos y ciudades…” Manuel Marulanda Vélez.
1. EXPERIENCIAS DURANTE LA RESITENCIA ARMADA COMUNISTA DE LOS AÑOS CINCUENTA:
En 1953 con tono perentorio, amenazando denegar “el derecho de amnistía” y proseguir con persecución implacable la rebeldía, el régimen hizo exigencia de entrega perentoria e incondicional a los grupos insurgentes que desde finales de los años cuarenta venían enfrentando la violencia institucional.
Por entonces la resistencia armada admitió la idea de las conversaciones con su contraparte como alternativa para encontrar salidas a la confrontación. En consecuencia fueron elaborados pliegos de condiciones para pactar el diálogo con los emisarios que los militares estuvieran dispuestos a enviar. De hecho en la mentalidad de los revolucionarios no se admitía la posibilidad de una imposición de desarme incondicional cuando existían razones profundas de orden social que habían dado origen al conflicto. Convenir en ello se entendía como una triste claudicación.
A toda costa los comunistas precursores de la resistencia armada en Colombia buscaron en el sur del Tolima que fuera su Conferencia Regional la que decidiría en definitiva el procedimiento para continuar la luchan, si no se podía proseguir con la resistencia armada en las condiciones de ese momento, al menos se continuaría proyectando la transformación y traslación de lo que pudieran preservar del movimiento.
Efectivamente en aquel año de la dictadura de Rojas Pinilla, quien había llegado al poder con la complacencia del bipartidismo liberal-conservador, se llevaron a realización conversaciones entre gobierno e insurgencia, aún habiéndose dado la situación en cuanto a que la estigmatización de los comunistas era pan de cada día colocando en circunstancias de peligro la situación política de los destacamentos bajo su mando. Recuerda el comandante Manuel Marulanda que “Hasta ofertas de dinero por la cabeza de los dirigentes, a quienes se creía responsables de la orientación de no entregar ni hombres ni armas, eran reiteradas. La verdad es que eran tan tentadoras que nadie podía garantizar seguridad a nadie en medio de semejantes condiciones…”
“Se requirió sangre fría, mucha abnegación y una resistencia moral a toda prueba para dar solución a una situación tan explosiva y extraordinariamente compleja. Es aquí donde el comunista demuestra su capacidad de orientarse y orientar aún en las condiciones del más acentuado aislamiento de sus fuentes partidarias generales o nacionales”.
Sorteadas las posiciones terroristas y liquidacionistas que el gobierno azuzaba contra el movimiento comunista, el Estado Mayor y su Comisión Política asumen los contactos y conversaciones con los militares del Gobierno, “planteándoles una serie de condiciones para lo que podría ser una posible entrega simbólica”, apuntando a ganar el tiempo para que los destacamentos lograran la transformación que posibilitara seguir adelante en el impulso del movimiento amplio de masas, en el lugar que cada uno encontrara apropiado.
Recuerda el camarada Manuel Marulanda en sus “Cuadernos de Campaña” que “El primero de estos destacamentos llegó hasta el Cauca y encontró las condiciones creadas por comisiones anteriores que habían visitado eso sectores, para la creación de lo que se conocen con el nombre de Movimiento Agrario de Ríochiquito…
El comandante Prías Alape continuó el trabajo que un poco más tarde nos permitió fundar Marquetalia en el extremo sur del Tolima”, entre otros lugares en los que se prosiguió en el impulso del movimiento revolucionario.
Este interludio de buenas intenciones y esfuerzos por la paz emprendido por comunistas y guerrilleros de diverso tipo que habían luchado durante varios años por sus vidas y por sus tierras contra la represión gubernamental, pronto se vio aniquilado por los asesinatos que procedieron contra la mayoría de sus dirigentes agraristas o por acciones contra comunidades enteras de campesinos que rehacían sus vidas labrando la tierra, tal como ocurrió con la operación desatada contra el Sumapaz y Villarrica.
En un apretado resumen en su libro Cese al Fuego, el comandante Jacobo Arenas nos recuerda lo ocurrido en el llamado período de la “pacificación” de Rojas Pinilla:
“Las guerrillas liberales se entregaron y entregaron sus armas a instancias de la Dirección Liberal Nacional. Las guerrillas revolucionarias entraron en un período de repliegue pero no se entregaron ni entregaron sus armas. Las guerrillas de Sumapaz no se entregaron, las guerrillas de Marulanda, de Prías Alape, de Trujillo Castaño, en los confines del sur del Tolima y norte del Cauca, no se entregaron; la guerrilla al mando de Alfonso Castañeda "Richar", en Calarma, no se entregó; la guerrilla de Ezequiel Borja en Rovira, Tolima, no se entregó; la guerrilla de Agustín Bonilla "El Diablo", en el Alto Magdalena, no se entregó; la guerrilla al mando de Pedro González, en el norte del Tolima, no se entregó; tampoco se entregaron otras ya bajo dirección revolucionaria. El movimiento de Autodefensa bajo dirección revolucionaria tampoco se entregó ni entregó sus armas.
Las guerrillas de los Llanos Orientales, las de Yacopí, la de Urrao, las de Santander, las de Boyacá, bajo dirección liberal se entregaron y entregaron sus armas. Luego, la mayoría de sus dirigentes y especialmente sus jefes, comenzando por Guadalupe Salcedo, fueron cayendo asesinados a manos de los mecanismos de inteligencia y seguridad del Estado, por la Policía y el Ejército. Las guerrillas del sur del Tolima todavía al mando de los Loaizas fueron rearmadas por el Gobierno y los mandos militares para la guerra contra las guerrillas revolucionarias”.
Indudablemente las traiciones obligaron a salir del repliegue y a entrar también en procesos del rearme por parte los agredidos. La reactivación de la insurgencia revolucionaria en comandos de resistencia armada fue evidente en el Pato, Guayabero, Riochiquito y Marquetalia.
Respecto a este momento de reactivación de la confrontación el comandante Marulanda apuntaba que “Se trata de una etapa de lucha armada en la cual los comunistas solos tienen que levantarse en armas contra la represión que se proponía exterminarlos físicamente del territorio nacional. Y una etapa en la cual la lucha fue extendiéndose y contagiando a otros combatientes que se solidarizaron lanzándose a las acciones en tres o cuatro departamentos. Una etapa dura, heroica que contribuyó grandemente al resquebrajamiento de la dictadura militar y en la creación de las condiciones favorables a su derrocamiento”.
Por su parte Jacobo Arenas, escribía al respecto de aquel momento histórico que
“en 1954, luego del asesinato de los estudiantes el 13 de junio en Bogotá, Rojas Pinilla agrede Villarrica, seguidamente el oriente del Tolima y Sumapaz, en tanto las guerrillas dé Marulanda y Trujillo Castaño hacían la pelea en el sur del Tolima y Tierradentro, Cauca. En Villarrica hubo una guerra. La guerrilla actuó conjuntamente con la Autodefensa por primera vez. Hubo 10 mil hombres del Ejército empeñados en la lucha. Las guerrillas y los campesinos de la Autodefensa eran 800. Se peleó hasta con "tramperos"; las escopetas de fisto jugaron su papel, las macocas y con mayor razón los fusiles y una que otra arma automática. La resistencia se prolongó casi por un año. Luego los resistentes fueron copados y se inició lo que se conoce como la columna de marcha hacia San Rafael, en la cumbre del oriente del Tolima y Huila, Guayabero en el Meta y El Pato en el Caquetá, donde florecieron grandes movimientos agrarios. Sumapaz hizo la resistencia guerrillera hasta cuando cayó Rojas Pinilla del poder el 10 de mayo de 1957 y es cuando se inicia la segunda pacificación por la junta de militares que se hizo cargo del Gobierno”.
El movimiento revolucionario que había reemprendido el camino de las armas, vuelve a optar por el diálogo en busca de la paz y, consecutivamente, entra en una nueva etapa de repliegue esperando el cumplimiento de los compromisos que se había hecho el Estado en cuanto a devolver los derechos ciudadanos y comenzar a interesarse por la solución a los problemas producidos por la desatención social. Y es precisamente aquel lugar simbólico fundado por el guerrillero y dirigente comunista Jacobo Prías Alape, Marquetalia, el lugar que se convierte en epicentro de las esperanzas de paz de los combatientes desmovilizados. Tras los acuerdos de paz con el gobierno, producto del diálogo en el que confió la insurgencia, Marquetalia, deja de ser una zona de guerrillas y se convierte en una región pacífica de trabajadores.
Pero nuevamente vendría la hostilidad gubernamental contra el movimiento popular y la traición. Entre los muchos casos graves que obligaron a retomar las armas, se produjo el asesinato a mansalva, por la espalda, a manos de las hordas paramilitares mariachistas del gobierno, del máximo conductor del Movimiento Agrario de Marquetalia Jacobo Prías Alape en enero de 1960. Posteriormente se produjeron los ataques verbales contra esa región agraria a la que los sectores más retrogradas de la oligarquía llamaba Repúblicas Independientes al tiempo que pedían su aplastamiento militar.
Veamos como presenta este período de la lucha de resistencia el Comandante Jacobo Arenas hacia 1984:
“En 1958 llegó a la Presidencia el liberal Alberto Lleras Cámargo. Por esa época, y desde el Senado de la República, Álvaro Gómez Hurtado lanzaba violentas catilinarias contra lo que él denominó "repúblicas independientes"; esto es, contra los movimientos agrarios y de Autodefensa. Ya en el país, por parte de los altos mandos militares reaccionarios, no sólo se desarrollaba la teoría sino la práctica de "guerra preventiva", ahora, "guerra interna", bajo la doctrina de la llamada Seguridad Nacional.
El 2 de enero de 1960 cae asesinado por "pájaros" oficialistas liberales al mando del architraidor José de Jesús Oviedo, alias "Mariachi", el gran comandante de guerrillas revolucionarias Jacobo Prías Alape. La tropa llegó a Gaitania a soliviantar al mariachismo liberal y hubo escaramuzas de combate con los guerrilleros de Marquetalia, pero de pronto la agresión fue suspendida.
El 8 de enero de 1962 intempestivamente el Ejército volvió a agredir a Marquetalia y de un momento a otro el operativo fue suspendido y retirada la fuerza pública. El Presidente de entonces era Alberto Lleras Camargo.
Álvaro Gómez Hurtado, otros senadores y representantes reaccionarios, la gran prensa y los altos mandos militares, vuelven a su virulenta campaña contra supuestas "repúblicas independientes" y hay en curso en la cúpula militar ya no sólo la "teoría de la guerra preventiva", sino planes concretos, objetivos determinados con absoluta precisión mediante la acumulación, procesamiento, evaluación y especificación de la inteligencia de combate, y el 27 de mayo de 1964, hace 20 años, bajo la Presidencia del conservador Guillermo León Valencia, comenzó en regla la "Operación Marquetalia", bajo los lineamientos generales del plan LASO, o Latín American Security Operation", para que de una vez por todas quede claro de dónde partieron en última instancia, las órdenes de la operación militar.
Marquetalia es, pues, el símbolo de esta ya prolongada etapa del movimiento guerrillero moderno en nuestra patria. Allí mostró la guerrilla revolucionaria de lo que es capaz un núcleo de combatientes con conciencia política, con definición clasista, altivo y beligerante; de lo que es capaz un núcleo de vanguardia, un núcleo armado y peleador que pone en su accionar el arte de la guerra de guerrillas móviles. Y fue un reducido núcleo de 45 hombres el que enfrentó a 16 mil hombres del Ejército”.
Como podemos observar, entonces, desde antes de su fundación, desde los tiempos de los precursores de la resistencia armada comunista en Colombia, las FARC-EP siempre, y a pesar de la maleficencia del régimen, han observado los diálogos de paz como un espacio para buscar la concertación en torno a la justicia social. Por ello, las puertas al diálogo constantemente han estado abiertas, no obstante, tal como lo recuerda el Secretariado nacional de nuestra organización insurgente en Carta Abierta dirigida al país, a los sectores patrióticos y democráticos de las tres ramas del poder público, en los primeros meses del 2007, “la paz, la solución política del conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos. No ha sido posible porque los de arriba no quieren ceder a sus privilegios, ni desean compartir, atrincherados en su democracia excluyente y tras las garras del águila imperial.
La Uribe, Caracas, Tlaxcala y San Vicente, fueron oportunidades perdidas porque las oligarquías en el poder sólo querían la desmovilización de la insurgencia sin cambios en las estructuras”.
En los períodos de negociación se han ratificado los objetivos sociales de la lucha guerrillera en tanto los planteamientos de quienes nos hemos alzado en armas siempre han apuntado no a buscar soluciones o prebendas para los combatientes sino a encontrar salidas al conflicto político-social y armado con la participación decidida de la población. En fin, entendemos que la solución política del conflicto social y armado debe ser propósito de todos los colombianos en todos los tiempos; pero deberemos tener claro que este no es asunto que se pueda manejar sólo con nuestras buenas intenciones y nuestros mejores deseos, puesto que los gobiernos, en sentido contrario a nuestros anhelos, como ha quedado demostrado en la práctica, incluso han utilizado los diálogos como estratagema para ganar tiempo para hacer la reingeniería del ejército que les permita continuar su siniestro juego de aventuras militares, en la búsqueda del aplastamiento bélico de la inconformidad, y no de soluciones sensatas a los problemas sociales que han engendrado el conflicto.
La lógica oligárquica que responde a una mentalidad mezquina y militarista, como lo recuerda la Dirección insurgente en la misma nota citada, ha traído consecuencias nefastas para el país: “cinco décadas perdidas, cientos de miles de muertos, miseria, soberanía mancillada, dependencia y falsa democracia, han sido el resultado del terco empeño de aniquilar por la vía de las armas la inconformidad del pueblo. Todas las operaciones militares, del 64 al 2006, desde el Plan LASO hasta el Patriota de los gringos, terminaron en el fracaso. Todos los presidentes desde Guillermo León Valencia hasta Uribe se fijaron plazos breves para la derrota militar de la guerrilla, y terminaron tras una ilusión”.
Por ello en a medida en que se ha desbocado el guerrerismo del uribismo, aupado por Washington, sus trasnacionales del dólar y el gran poder mediático de la desinformación y la manipulación se profundiza el convencimiento en que la paz con este gobierno es un quimera; habría que concertar en la instauración de un nuevo gobierno para poder emprender la anhelada construcción de la paz dentro del rumbo de la justicia social, que es un derecho sagrado de los pueblos.
Recordar otras experiencias de diálogos y lo que motivó el fracaso en cada uno de ellos nos podría contribuir a tener una visión más clara de los derroteros a seguir en esta lucha por la solución dialogada a la confrontación, que de ninguna manera debe cesar en la conciencia de quienes en Colombia luchamos por la posibilidad de un mundo mejor para todos.
2- LA URIBE, LA PAZ MASACRADA.
Uno de los diálogos más importantes se dio en los años ochenta durante el gobierno de Belisario Betancur, cuyos acuerdos, los de La Uribe (1984), de por sí demuestran la preocupación de la insurgencia por concertar la paz pero con el significado de lograrla con la instauración de la justicia social y con la apertura de caminos hacia la participación del pueblo en la orientación de los destinos del país.
Las “buenas intenciones” de Belisario Betancur y su Comisión de Paz, no bastaron para que el Régimen adoptara una posición consecuente con lo pactado en La Uribe. La confabulación del militarismo con los sectores más regresivos del Establecimiento puso en marcha sin sonrojo la “guerra sucia” conjugada en una operación exterminio que apuntó contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano en principio, para luego extenderse a todos los sectores de izquierda, al movimiento sindical, a dirigentes liberales y conservadores progresistas, a defensores de derechos humanos y, en fin, a representantes y voceros populares, contando sin duda con la complicidad inocultable del Presiente Betancur Cuartas.
Refiriéndose a esta terrible circunstancia de profundización de la guerra sucia a la que arribaba el país, el Estado Mayor de las FARC-EP, en carta abierta de febrero 24 de 1987 dirigida a Enrique Santos Calderón –quien desde el insidioso periódico derechista El Tiempo “indagaba” sobre el estado del proceso de paz contra el que con constancia editorializaba y sembraba cizaña - expresaba:
“(…)los grupos paramilitares, los militares reaccionarios provocadores de la confrontación armada en diversos lugares del país y particularmente en áreas guerrilleras, las torturas, las desapariciones de personas y los asesinatos de ciudadanos que configuran el marco sombrío de un estado de violencia y corrupción antes no conocido en la historia del país no son propiamente la guerra conocida como tal sino “acciones de guerra sucia”, o sea, la puesta en práctica de un plan de terror fascista, igual a los que sufrieron en carne propia los países del Cono Sur…”
Y más adelante apunta con certeza:
“Este proceso de paz iniciado 14 meses antes de la firma de los acuerdos de La Uribe, precisamente el 30 de enero de 1983, desde el primer momento halló enemigos irreconciliables que albergan todavía mucho poder. Todo el mundo sabe que se trata del militarismo. Y todo el mundo puede sin la menor dificultad señalar con el dedo a sus principales epígonos al mando de la maquinaria bélica del Estado…”
A pesar del alto mando militar, a pesar de todas las adversidades, los acuerdos de La Uribe y el proceso de paz intentado alrededor de lo pactado fue una experiencia en la que el país pudo observar de manera más clara los propósitos altruistas del movimiento guerrillero, y sobre todo sirvió para mostrar que aún se podía abrigar la “posibilidad de derrotar la guerra con la paz” (J. Arenas).
¿Pero que reformas era las que planteaban las FARC? Sencillamente transformaciones políticas, económicas que se compendiaban en un programa de gobierno que apuntaba a tomar un camino de justicia social como la posibilidad cierta que podría extirpar el hambre, la violencia, la guerra…
Dentro de esa perspectiva, en la Comisión Nacional de Verificación de cese al fuego, tregua y paz, uno de los aspectos que se consideraba prioritario era cesar el estado de sitio que durante décadas se mantenía por cada gobierno oligárquico.
La orden de cese al fuego de parte de las FARC y del gobierno, se dio el 28 de mayo de 1984, con el inconveniente que a partir del mismo día, como si hubiese lineamientos diferentes entre las instancias civiles y las militares del Estado, recuerda Jacobo Arenas en su libro Cesa al Fuego que “el Ejército desplegó operativos contraguerrilleros en los frentes 14 y 15 en el Caquetá, en el 10 frente en Arauca, en el 21, 22 y 23, en el 4, el 12 y el 20 frentes en el Magdalena Medio, en el 3 y en el 13 frentes en el Huila, y dispuso operativos en ante-orden contra todos los demás frentes de las FARC en el país”. Se trataba de una evidente violación de los acuerdos de La Uribe y de la orden presidencial de cese al fuego de parte del Ejército, ordenada mediante circular pública por el general Vega Uribe, la cual tuvo amplia circulación en la prensa del primero de junio de l984:
‘‘Las Fuerzas Militares continuarán tal como se ha dispuesto intensificando hasta el momento en que las organizaciones subversivas de las FARC tomen su determinación de cese al fuego, operaciones de inteligencia, de combate y control militar, buscando a toda costa debilitar al máximo su accionar subversivo”.
Desde el principio de la tregua, entonces, so pusieron en marcha las acciones para romper los acuerdos de La Uribe y bloquear un posible tratado de paz democrática, estable y duradera en Colombia, para impedir el emprendimiento de lo que por entonces se pretendía como “apertura democrática” que garantizara la movilización de las masas para la lucha por una reforma de las costumbres políticas excluyentes.
Los enemigos del proceso de paz, civiles y militares, embebidos de las concepciones militaristas de la Doctrina de la Seguridad Nacional tomaron el articulado de la misma constitución Política para justificar su guerrerismo, y tomaron también la permanencia del estado de sitio para proseguir su guerra sucia mediante asesinatos de campesinos y gentes del pueblo, de dirigentes revolucionarios comunistas y de otras organizaciones que creían en el proyecto de pacificación y transformación social por vías diferentes a la guerra.
Por entonces, al lado de los asesinatos y masacres, se dispararon las detenciones arbitrarias, las desapariciones, y la tortura, y en general protagonizadas por elemento s de las Fuerzas Militares y paramilitares del estado, como ocurría con escuadrones de la muerte del tipo del tristemente celebre MAS.
De manera perseverante y durante varios trágicos años de luto, la Unión Patriótica, diversas organizaciones democráticas y claro está que las FARC, levantaron sus voces por la culminación inmediata del estado de sitio que mientras servía de mampara a la acción represiva contra el movimiento popular, nada hacía contra la violencia terrorista de Estado.
Contra la llamada democracia restringida, que en realidad era una total ausencia de democracia, se persistió en la lucha por la apertura democrática que se tradujera en la instauración de la justicia social en libertad y dignidad. La militancia de la UP., se mantuvo dentro de tales propósit6os a costa de un martirologio sin precedentes en la historia de Colombia. Hacia finales del 86 el listado de asesinados ya pasaban de mil víctimas, número que fue creciendo incesantemente hasta alcanzar la escalofriante cifra de más de cinco mil sacrificados.
Una idea de justicia, un pensamiento de progreso para la patria, una propuesta para que Colombia se convierta en la nación grata para sus habitantes, era lo que se anhelaba por parte de los combatientes y las personas que impulsaron el proyecto Unión Patriótica. Y de manera certera se reafirmaba algo que trasciende en el tiempo para colocarse como una necesidad del presente: “para alcanzarlo, será necesario unirnos para la batalla contra la teoría de la Seguridad, que es la nueva concepción fascista del Estado”.
Desde los tempranos inicios de la matanza, perseverando en la paz, pero con los pies puestos sobre la realidad del genocidio que aceleradamente imponía el régimen, desde la Uribe en el departamento del Meta, Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas, Raúl Reyes y Alfonso Cano, a nombre del Estado Mayor Central de las FARC-EP, en octubre de 1984, planteaban: “Sin derrotar aquella teoría y aquella práctica siniestras que convirtieron a Chile, a Brasil, a Argentina, al Uruguay y a casi todos los países del Sur y Centroamérica en pantanos de sangre, toda buena voluntad, todo esfuerzo, todo empeño generoso y pacífico serán inútiles porque la fuerza bruta encaramada en el poder militar lo harían todo nugatorio, y Colombia no lograría conquistar la anhelada paz. Si esto es así, unámonos para la batalla contra la teoría de la Seguridad, llevando aliento a nuestro pueblo para que se alce a la conquista de una verdadera paz democrática para Colombia”.
Como hoy, con la llamada Seguridad Democrática que es sin duda extensión y desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional, las hordas de generales, altos oficiales y jerarcas de la oligarquía al servicio del capital financiero y el imperialismo en general propulsaban la guerra empujando al pueblo a asumir la lucha armada como una de las necesarias formas principales de lucha. Por entonces Jacobo Arenas advertía “y cuando la lucha armada popular se torne la forma principal de lucha de nuestro pueblo, ni siquiera el poder de los Estados Unidos podrá aquí sostener a la horda gesticulante de generalitos paranoicos al servicio exclusivo de los monopolios financieros y florecerá en nuestro país, quieras que no, un régimen nuevo”.
En un balance breve del “proceso de paz” iniciado con Belisario Betancur, el mismo comandante guerrillero Jacobo Arenas expresa:
“Los acuerdos de La Uribe despertaron de la modorra frente nacionalista la opinión colombiana porque había que parar la guerra que casi llega al cuarto de siglo (…)
Surgió la exigencia histórica para quienes entendieron el proceso de paz y el proceso de reconciliación nacional. Y entre todos hicimos una jornada antes no conocida en la historia de las confrontaciones políticas y sociales de esta nación (…). Hasta allá llegamos en el cuatrienio de Belisario Betancur.
Y claro está aquella jornada tuvo como tiene ahora enemigos que albergan mucho poder comenzando por el militarismo (…); contra aquellas fuerzas se hizo el enfrentamiento no armado sino político y el pueblo colombiano ganó un formidable espacio en la opinión.
Luego viene el gobierno de Virgilio Barco, mucho más de derecha que el gobierno conservador de Belisario Betancur y el proceso de paz sufre las más furiosas acometidas del militarismo que pone en acción contra el proceso de paz a la reacción más oscurantista …”
En efecto, durante el gobierno de Virgilio Barco, la “guerra sucia” se desbocó, y el protagonismo del alto mando militar en el desenvolvimiento del terrorismo de Estado aupado desde Washington y en el cual estaba involucrada la dirigencia política bipartidista, liberal-conservadora, cada vez fue más recrudecido.
3. SANTO DOMINGO: PAZ PARA DERROTADOS.
Hacia la segunda mitad de su gobierno, Virgilio Barco presenta su plan oficial de desmovilización y entrega en medio del desarrollo de la “guerra sucia”. Este plan concebido para movimientos insurgentes derrotados o cansados de la lucha fue acogido por el M-19 y posteriormente por movimientos como el EPL, PRT y Quintín Lame, los cuales terminan sometidos a las condiciones del plan, dan el paso a la “reinserción” y a su fusión al Régimen, sin que ello arroje la solución de los problemas sociales del país, sino el acomodamiento de algunos de sus dirigentes que pasaron a representar posiciones que en nada divergían de las de los voceros de la oligarquía tradicional. El sometimiento al régimen por parte de Antonio Navarro Wolf, Vera Grabe, Rósemberg Pavón, Ester Morón, Éberth Bustamante, Otty Patiño y otros especimenes de la fauna del oportunismo político, bien podrían haber avergonzado a revolucionarios de la talla de Jaime Báteman que antes confiaron en ellos y dieron sus vidas por un cambio social en Colombia.
Es apenas natural que bajo aquellas condiciones de rendición o las que le impusieron al Ejército Popular Liberación de la línea del agente Bernardo Gutiérrez, o a la Corriente de Renovación Socialista, en diversos escenario, con la pretensión gubernamental de que fueran una fórmula de paz para el conjunto del movimiento guerrillero, sin que se produjeran variaciones de ningún tipo en las estructuras sociales injustas y por el contrario se agravara la represión y la explotación oligárquica, las FARC despreciaran tales iniciativas.
4. LA CONSTITUYENTE: ¿POSIBILIDAD DE PAZ?
En el ocaso de su mandato, Barco hace una tímida propuesta sobre configurar una Asamblea Constitucional que planteaba muy limitada en el número de sus miembros y en su temario que, colocándose bajo la tutela de La Corte Suprema de Justicia, pretendía ponerle freno a los ímpetus transformadores del pueblo colombiano.
Las FARC expresando el consenso de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), manifestaron lo siguiente:
“Consideramos inaplazable que el país se dé una Nueva Constitución Nacional que refleje la realidad de la Nación. Una nueva Carta que destierre las concepciones gringas de la Seguridad Nacional en el manejo del Estado y llene de patriotismo el principio de soberanía, que abra las puertas hacia la reconquista de la democracia con plenas y reales garantías para el libre ejercicio de las libertades, con justicia social y con una política económica que nos libre del yugo de la deuda externa, que posibilite la expansión de las fuerzas productivas y la utilización de los recursos naturales en beneficio de la sociedad en su conjunto”.
En el mencionado período constituyente la CGSB, y dentro de ella las FARC-EP, insistieron más que nunca en el protagonismo directo de las masas populares, por ello hablaban con vehemencia de una CONSTITUYENTE en la que “el país entero aporte democráticamente a la elaboración de una Nueva Constitución que sea fiel intérprete de la realidad nacional y proyecte al país a enfrentar con confianza los retos del próximo siglo”.
Mientras se impulsaba el proceso constituyente, por otro lado el gobierno preparaba la más feroz conjugación del planteamiento contra-insurgente militarista. El Presidente Gaviria no permitió el acceso de la Coordinadora Guerrillera al proceso; le había cerrado las posibilidades de participación reconociendo como dialogantes solamente a los grupos guerrilleros que habían negociado con el gobierno o estaban en trance de incorporación a las condiciones del Régimen; había hecho caso omiso al cese unilateral de fuegos que por entonces las FARC-EP habían propuesto para ambientar un nuevo clima de diálogos, y persistía en su política de “manos libres” a los mandos militares para que hicieran presencia y actuaran en cualquier parte del territorio sin pedir autorización.
La oligarquía logró controlar la correlación de fuerzas y en cabeza de Gaviria Trujillo y el generalato, inauguraron la década con el recrudecimiento de la confrontación armada. Al tiempo que el final de 1990 marcaba un importante cambio en la situación política nacional con las expectativas de la Constituyente, se producía la irrupción de una nueva fase de la lucha armada azuzada por el ataque a Casa Verde, por entonces sede aún del Secretariado nacional de las FARC.
Refiriéndose a esta aventura militar del Régimen, el Partido Comunista en un Pleno realizado a principios de 1991 señalaba:
“A la luz del ataque a Casa Verde, el tema candente de la táctica de la combinación de las formas de lucha de masas ha vuelto a ponerse al orden del día. Lo cierto es que en esta etapa y al lanzar súbitamente el golpe militar el mismo día de las elecciones el régimen comprobó ante los ojos de la Nación que es de su propia sustancia política barajar y echar sobre la mesa diversas cartas, desde la electoral hasta la militar, utilizándolas de manera simultanea, como ocurrió el 9 de diciembre.
De esa manera el gobierno Gaviria buscaba obtener un triunfo doble: en el campo electoral y en el campo militar, legitimando con una votación abrumadora por la Constituyente la ruptura de la tregua que las FARC pactaron desde 1.984 con el gobierno Betancur y que había permitido el diálogo intermitente entre la guerrilla y el gobierno.
El cálculo de los Generales falla. Y la resonante operación “Centauro Dos” con sus millonarios gastos, quedó como un grave error de este gobierno, que a tiempo que habla de paz ejecuta la guerra…”
El recrudecimiento de la confrontación atizada por la desmesurada falta de tacto gubernamental que subvaloró la capacidad militar insurgente arrojó millonarias pérdidas a la economía nacional y ratificó el fracaso de la opción militarista como mecanismo de solución al conflicto; una respuesta guerrillera a la obstinación gubernamental en las medidas de fuerza como la desplegada en 1991 no había tenido precedentes en Colombia. Esta evidenció el desarrollo cuantitativo y cualitativo que ya poseía el movimiento armado, y en cierta forma obligó al gobierno a atender los llamados de diálogo de la guerrilla que posteriormente –no obstante el recrudecimiento de la guerra-, interpretando el clamor popular de paz, hizo a través de sus voceros en la Embajada de Venezuela en Bogotá.
5. CARACAS: LA GUERRILLA INSISTE EN LA PAZ.
El 30 de abril de 1991, ante la negativa del gobierno a darle paso a un proceso de conversaciones con la CGSB, tres miembros de la organización insurgente, desarmados, en compañía del ex-Ministro y Constituyente Álvaro Leyva, de los parlamentarios Rafael Serrano y Jesús Carvajal (integrantes de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes), y de Hernán Mota, Presidente Encargado de la Unión Patriótica en ese momento, se presentaron en la Embajada de Venezuela en Bogotá para expresar al gobierno, nuevamente, la disposición de diálogo del movimiento guerrillero.
El gobierno, argumentando que éste era un hecho de fuerza, se mostró negativo ante aquella iniciativa que se daba en un momento crucial de la vida política del país. Ante tal situación los guerrilleros se ven obligados a optar por el asilo político no sin antes enviar un “Comunicado al Pueblo Colombiano” que en algunos de sus puntos expresaba:
“Consideramos que al frustrarse una vez más nuestro esfuerzo por la reanudación de las conversaciones, el gobierno de Colombia está dilapidando una gran oportunidad para alcanzar la paz en nuestra patria y entendemos así que la administración del Señor Presidente Cesar Gaviria Trujillo, será la única responsable de sus consecuencias. Estamos convencidos plenamente que el destino final de Colombia no puede ser la guerra…”
Luego de los acontecimientos anteriores que contaron con la insistencia de la CGSB en los diálogos, ya estando los voceros de la guerrilla en Caracas, el gobierno dio el sí a las negociaciones a través de la Embajada de Colombia en Venezuela.
El diálogo de inicio se dio en la municipalidad colombiana de Cravo Norte, el 15 de mayo, entre los voceros de la guerrilla Lucía González, Daniel Aldana y Miguel Suárez y los delegados del Gobierno Carlos Eduardo Jaramillo y Andrés González. De este encuentro surgió el primer acuerdo que condujo a Caracas como nuevo lugar de conversaciones.
En Caracas, desde el pronunciamiento de los discursos inaugurales por parte de los dialogantes comenzó a notarse el enfoque radicalmente diverso de la problemática que tenía cada una de las partes.
Los conflictos sociales presentados en Venezuela con origen en los profundos problemas de injusticia social que generó la aplicación del neoliberalismo y que arrojaron, con el tiempo, la salida del sanguinario Carlos Andrés Pérez del poder, obligaron a que las negociaciones tuvieran que desplazarse a Tlaxcala (México).
6. TLAXCALA: LA PAZ FRUSTRADA.
Las negociaciones de Tlaxcala son la continuación del mismo proceso iniciado en Caracas.
Desde el principio, la guerrilla había insistido en la necesidad de la participación amplia de las masas populares a través de diálogos regionales en torno al aspecto del cese al fuego, expresando que éste debía ser bilateral para que fuera real y práctico. Se había propuesto celebrar tres “encuentros nacionales” que trataran los siguientes temas globales:
- Violencia política y derechos humanos.
- Corrupción administrativa.
- Política de administración de los recursos naturales (especialmente del petróleo).
Ese era el deseo con el que de buena fe actuaba la CGSB; pero la realidad que se desarrollaba era otra. Pues aunque teníamos esa idea lamentablemente el núcleo principal del gobierno cedió a las presiones de los elementos más recalcitrantes de las Fuerzas Armadas, cuya decidida oposición a las negociaciones de Caracas era notoria.
Así, la unilateralidad guerrillera de cese de fuegos era impensable bajo aquellas circunstancias. Por ello, en México la CGSB de entrada reiteró la posición de que el cese de los fuegos debía ser necesariamente bilateral y que éste no tenía por qué ser el punto de arranque sino el conclusivo de las negociaciones, y que en lo fundamental había que entrar a tocar factores de fondo de la crisis nacional y que trasciende lo exclusivamente militar.
Los conatos y amenazas de terminación del diálogo nuca cesaron por parte de los voceros gubernamentales argumentando pretextos que jamás podían superar el imperativo de la urgencia y necesidad de las negociaciones, hasta que se produjo el deseado –para los militaristas- rompimiento del proceso.
En verdad este capítulo de la historia política colombiana dejó una nueva experiencia en torno a las dificultades que comporta un proceso de reconciliación en Colombia.
Si bien la insistencia ciudadana y las exigencias de diálogo de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar obligaron al gobierno a sentarse a negociar en las mesas de Caracas y Tlaxcla, las vacilaciones, autoritarismo e intolerancia oficiales hicieron desvanecer esas posibilidades de reconciliación. La perspectiva del gobierno se orientó no hacia la concertación en torno a compromisos que favorecieran al pueblo sino hacia la búsqueda de la rendición y entrega de los alzados en armas sin entrar a solucionar la razón de ser de su existencia consistente en los viejos y profundos problemas políticos económicos y sociales que agobian al país.
Aquél proceso, de todas maneras, sirvió para mostrar nuevamente el sentido altruista de la guerrilla colombiana, expresado en sus profundas preocupaciones sociales, que se mantienen como una finalidad irrenunciable de la táctica y la estrategia de la lucha guerrillera que fuera ratificada en la Octava Conferencia de los farianos en la Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional.
En el proceso de la lucha, sea con el diálogo o de la manera como lo imponga la oligarquía, vale tener presente que nunca pierden vigencia las palabras de Jacobo Arenas que nos enseñan que:
“Los reaccionarios, cuya filosofía brota de la Doctrina de la Seguridad, ya no como concepción partidista sino como concepción de Estado, desencadenan por cuenta de la maquinaria bélica la llamada guerra interna, ahora denominada conflicto de baja intensidad con el objeto claro y preciso de impedir las luchas sociales y políticas para el progreso social. Toda acción por pacífica que sea, toda movilización, toda lucha es “subversión” y se hace necesario aplastarla en su gestación. Y como la lucha por la paz es “lucha”, ésta para el militarismo es la más peligrosa forma de subversión. Colombia sufre desde hace tiempos inmemorables el Estado de Sitio. La inmensa mayoría de la gente colombiana padece hambre en tanto una oligarquía voraz se hace a la riqueza nacional, arma hasta los dientes a sus lacayos y les encarga hacer la guerra sucia a fin de asegurar para siempre la defensa y el dominio de sus corruptos intereses.
El retorno a la paz democrática no será posible sin el desmonte de la Doctrina Fascista de la Seguridad y la re-educación de los personajes civiles y militares que la encarnan. La maquinaria bélica actual del Estado colombiano es un monstruo dispuesto a hundir al país en la violencia y el temor al precio que sea…” (Jacobo Arenas, septiembre 1 de 1988).
He aquí, entonces, algunos elementos que muestran, en este recorrido sucinto, que la búsqueda de la paz es una constante dentro del proceso de lucha revolucionaria de los guerrilleros de las FARC, pero que en contrasentido actúa el régimen tratando de sacar ventaja en cada intento de diálogo que emprende la insurgencia. En tal sentido, el proceso instalado a partir del 7 de enero de 1999 en la región del Caguán comprometió en su momento a todo el interés y el empeño por sacarlo adelante por parte de los farianos, en el entendido que nuestra historia es la historia de la lucha por la paz de los oprimidos. Así, nuestros anhelos y nuestros esfuerzos por la paz mostraron en cada momento estar cargados de esperanza en su posibilidad, pero con un optimismo realista que desprecia la ingenuidad; de un optimismo que nos empuja a mantenernos en el propósito del diálogo pero sin perder de vista el carácter tradicionalmente violento de una oligarquía sumisa a Washington que es arrogante frente a sus compatriotas pero arrodillada frente a los intereses y exigencias de las transnacionales del dólar y la expoliación.
No obstante los tropiezos en la marcha sobre el intrincado camino de la búsqueda de la paz con justicia social, aún después del rompimiento de los Diálogos del Caguán por parte del gobierno del Presidente Andrés Pastrana, las FARC, en su Novena Conferencia de principios del 2007, expresaron su posición nítida respecto a una persistencia en buscar salidas dialogadas al conflicto, reconfirmando en ello que se trata no de una actitud de coyuntura sino de principio y profunda convicción. Cerremos esta nota citando un aspecto principal de su Manifiesto Político de 2007, que demuestra esta afirmación en la caracterización de la línea política estratégica de nuestro ejército popular bolivariano:
“mantenemos levantada la bandera de la solución política a la crisis, que con la participación mayoritaria de los colombianos, pueda definir soberanamente la construcción de una nueva institucionalidad, de profundo contenido bolivariano como la señalada en la plataforma para un nuevo gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional, que enrumbe a Colombia hacia el ejercicio pleno de todo su potencial democrático y progresista.
Dentro de ese mismo espíritu reiteramos nuestra propuesta de canje de los prisioneros políticos. Para iniciar conversaciones es indispensable que el Estado ofrezca las garantías necesarias. La justificación para no otorgarlas solo esconde el ánimo revanchista de un gobierno incapaz de aceptar la realidad de la confrontación, que juega temerariamente con la libertad y vida de los prisioneros y es mezquino con el futuro de la Patria.
El Plan Colombia y el Plan Patriota fracasaron y solo han servido para facilitar la mayor ingerencia y presencia del gobierno gringo en nuestro país, para incrementar la represión y el terror hacia los contradictores civiles del Régimen, para alimentar más a los corruptos de la administración, someter a los medios de comunicación y militarizar la vida nacional.
La Novena Conferencia Guerrillera reitera, una vez más, el juramento fariano de lucha por una Colombia democrática, soberana y con justicia social. Nuestra voluntad por contribuir a alcanzar ese objetivo se ha dimensionado al calor de la confrontación actual. El balance sobre el cumplimiento de los planes fijados en la Octava Conferencia es positivo, nuestra fuerza política y militar se ha acrecentado lo que es inocultable para los colombianos que no se conforman con la información oficial sobre guerrilleros muertos, prisioneros y desertores. Nuestra fuerza está activa y pujante en todo el territorio nacional, el país y la comunidad internacional lo saben.
Continuaremos desarrollando la construcción clandestina de Movimiento Bolivariano por la nueva Colombia como herramienta vital que lleva nuestra propuesta política a las masas, por organizar anhelos y sueños alrededor de acciones y tareas diarias en todos los sectores que quieren conquistarlos.
Persistiremos en la organización y fortalecimiento del Partido Comunista Clandestino como instrumento indispensable en la lucha por el poder y por la construcción de la nueva Patria.
Proseguiremos incansables nuestro esfuerzo por la unidad más amplia contra el terrorismo del Estado, la indignante ingerencia gringa, el abominable neoliberalismo, la lacra del latifundismo y el cáncer de la corrupción. Por encontrarnos con todos aquellos que luchan buscando los mismos objetivos en diferentes escenarios y modalidades. Persistiremos en nuestro compromiso con la unidad popular y democrática por la nueva Patria. Ninguna salida verdaderamente democrática, patriótica, de profundo contenido popular a la crisis nacional, podrá adelantarse en nuestro país sin la plena participación de las FARC.

Contra Gerardo Mosqueda

SESION PUBLICA DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2008.
El Senador Francisco Arroyo Vieyra (PRI) presentó este miércoles 30 de julio un punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Guanajuato a rendir un informe sobre la construcción y operación del proyecto Expo Bicentenario México-2010, a realizarse en el Municipio de Silao, Guanajuato.
Posicionamiento:
EL C. SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA: Miren, lo hago sin estridencias, lo hago porque muchos ciudadanos de Guanajuato se han acercado a este servidor de ustedes para plantearme una preocupación que yo comparto plenamente.
En el estado de Guanajuato con motivo de las fiestas del Bicentenario, un funcionario público del gobierno pretende ejercer un gasto de 730 millones de pesos en una exposición que va a durar tres meses.
Son 730 millones de pesos en un parque temático, que funcionará tres meses en las faldas del Cerro del Cubilete, y para ello, los corrillos del propio Gobierno del Estado, hay quejas bastantes severas, porque este hombre, entre otras cosas está pidiendo 72 plazas, algunas de las cuales, con sueldos, de secretario de estado para ejercerse del mes que entra y hasta diciembre del 2010.
En Guanajuato traemos un problema bastante severo, llegó un personaje que no es militante del Partido Acción Nacional, que se llama Gerardo Mosqueda, que según, dicen los historiadores, el más conspicuo de ellos, una gente de la que yo respeto mucho, Alvaro Delgado, es un alto jerarca de una organización extraña, que se ha metido hasta la médula de la vida de los guanajuatenses, que se llama El Yunque, y este famoso señor, Gerardo Mosqueda, alto jerarca del Yunque, prácticamente gobierno el Estado, junto con otro señor, también jerarca del Yunque que se llama Elías Villegas.
Entonces estos dos personajes han desplazado en muchas de las actitudes y decisiones al Gobernador del Estado, a quien le envío todos mis respetos, y lo han desplazado, porque según se dice, tiene una jerarquía mayor en esta organización de ultraderecha que impide que el Gobernador del Estado tome algunas decisiones que le corresponden.(DESE SU ESCAÑO)
-EL C. SENADOR MARCO HUMBERTO AGUILAR: Presidenta.
EL C. SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA: Sí, sí, cómo no, pero diríjase a la Presidenta.
-LA C. PRESIDENTA SENADORA ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ: Senador Aguilar.
EL C. SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA: ¿Es para alusiones? Luego, entonces quiero decirles que este señor Gerardo Mosqueda, el mismo que fue a insultar a los directores de los periódicos de mi estado, el mismo que está obligando a los notarios públicos de Guanajuato, a certificarse en el despacho de su hermano Noé, a un precio de doce mil pesos, el mismo Gerardo Mosqueda que tuvo grandes omisiones en el asunto de Pasta de Conchos, el mismo Gerardo Mosqueda que ahora pretende gastar 730 millones de pesos en una exposición que va a durar tres meses, compraron 88 hectáreas, repito, a la vera del Cerro del Cubilete, junto a la planta General Motors, una zona de desarrollo industrial muy interesante, y los guanajuatenses decimos y pensamos que con 730 millones de pesos se podría regenerar toda la Ruta de la Independencia, Dolores Hidalgo, el Santuario de Atotonilco que acaba de ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, en una gestión muy importante, apoyada entre otros por nuestro compañero el Senador Villarreal García y Domínguez; se podría regenerar toda la Ruta de la Independencia hasta Guanajuato, la Hacienda de Gurras, la entrada del Tecolote, aquella que aparecía en los viejos billetes de diez pesos, regenerar el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas, regenerar, bueno, ya dije la Casa de Allende, en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, el convento de Yuriría, el lago, de Yuriría a Púndaro, que le da marco.
En fin, hacer todo aquello en una inversión que pudiera ser permanente, y no es en esto que los guanajuatenses estamos viendo como un negocio muy sucio, muy turbio, yo sé que en la semana siguiente cuando regrese este asunto, dictaminado por la Tercera Comisión, los compañeros del Partido de Acción Nacional nos acompañarán a aprobarlo, porque es un asunto de justicia, es un asunto de sentido común, y es un asunto, también de respeto a los historiadores que no han sido consultados, porque no sabemos con qué ciencia o con qué paciencia o con qué impunidad se esté llevando a cabo. Gracias.
-LA C. PRESIDENTA SENADORA ROSALINDA LOPEZ: Túrnese a la Tercera Comisión para sus efectos correspondientes.

El Congreso pide la conmutación de la pena de muerte

SESION PUBLICA DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2008 (...)
LA C. PRESIDENTA SENADORA LOPEZ HERNANDEZ: Tiene la palabra el senador Ramón Galindo Noriega, a nombre del senador Alejandro Zapata Perogordo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a solicitar a su homólogo de los Estados Unidos de América, perdonar la pena capital al mexicano José Ernesto Medellín Rojas.
- EL C. SENADOR RAMON GALINDO NORIEGA: Gracias, señora Presidenta.
El próximo martes José Ernesto Medellín Rojas está destinado a morir. Y en ese concepto, a nombre del senador Alejandro Zapata Perogordo y de un servidor, presento el siguiente Punto de Acuerdo, en los términos de los artículos 59 y 60 al tenor de las siguientes consideraciones:
Primero.- En una audiencia celebrada el 10 de mayo ante la Corte 339 del Condado de Harris en Houston, Texas, la Jueza de la Causa determinó la culpabilidad de José Ernesto Medellín Rojas y su sentencia a la pena de muerte por inyección letal.
Segundo.- En el año de 2003 los Estados Unidos Mexicanos interpusieron una acción judicial ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra los Estados Unidos de América en una controversia por presunta violación del Artículo Nº 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, al no haber sido notificados 54 nacionales mexicanos condenados a la pena capital de su derecho a la asistencia consular del gobierno mexicano.
Tercero.- México demostró que por lo menos en 49 de esos casos, las autoridades estadounidenses competentes no habían atendido al contenido lato del Artículo Nº 36 de la referida Convención de la cual, los Estados Unidos de América son Parte. En marzo del 2004 la Corte Internacional de Justicia al anunciar su fallo en el caso "Avena" y otros nacionales mexicanos, ordenó a los Estados Unidos de América revisar y reconsiderar las condenas de 51 mexicanos sentenciados a la pena de muerte en ese País, que incluían al señor José Ernesto Medellín Rojas, a la luz de las violaciones al derecho a la notificación consular.
Cuarto.- Lamentablemente, el pasado 25 de marzo la Suprema Corte de los Estados Unidos concluyó en el caso Medellín vs. Texas, que el fallo "Avena" de la Corte Internacional de Justicia no tiene carácter obligatorio para las Cortes Estadounidenses y que esta falta de obligatoriedad se deriva de la inexistencia de legislación doméstica que haga aplicable el fallo.
Quinto.- La desafortunada decisión del Tribunal Texano, ha derivado en diferentes esfuerzos por parte del Gobierno mexicano para revertir la inminente ejecución de José Ernesto Medellín Rojas el próximo 6 de agosto, -el próximo martes-. Destaca la solicitud del Gobierno de nuestro País para que la Corte Internacional de Justicia concediera las medidas provisionales consistentes en ordenar a los Estados Unidos de América llevar a cabo todas las acciones necesarias para impedir la ejecución del señor Medellín Rojas. El 16 de julio la Corte Internacional de Justicia otorgó las medidas provisionales solicitadas por México a favor de sus connacionales sentenciados a pena de muerte.
Sexto.- En este mismo sentido, el 23 de julio de este año, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó exhortar al gobierno de los Estados Unidos de América para que sean respetados y atendidas las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia para impedir la muerte de 51 nacionales mexicanos en ese País.
Séptimo.- En el referido punto de acuerdo del 23 de julio, la Comisión Permanente manifestó su total respaldo a la Iniciativa presentada el 14 de julio ante la Cámara de representantes de los Estados Unidos por parte de los legisladores Howard Berman y Zoe Lofgren, la cual faculta a las Cortes Estadounidenses para que aquellos casos de extranjeros que no fueron informados de su derecho a la notificación consular incluido el caso de Medellín Rojas, sean contemplados dentro del fallo Avena.
Octavo.- Por lo anterior, y toda vez que ya se han agotado todas las medidas previstas por las leyes nacionales e internacionales en ambos lados de la frontera, y más aun que en el pasado, los mandatarios mexicanos han intervenido favorablemente ante sus homólogos estadounidenses, la Comisión Permanente del Congreso General estima como invaluable e insustituible que, como último recurso, se solicite la intervención del Presidente de la República ante su homólogo de los Estados Unidos de América.
PUNTO DE ACUERDO
Unico.- La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta, respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo –no al titular de los Estados Unidos, sino a nuestro propio Ejecutivo- Federal, Felipe Calderón Hinojosa para que interponga sus buenos oficios –ahora sí- ante su homólogo de los Estados Unidos de América, señor George Bush, para que solicite el perdón de la pena capital a favor del mexicano José Ernesto Medellín Rojas.
A los treinta días del mes de julio del año dos mil ocho.
Suscribe Alejandro Zapata Perogordo y Ramón Galindo Noriega. Gracias.
- LA C. PRESIDENTA SENADORA LOPEZ HERNANDEZ: Como ha sido solicitado y con fundamento por los artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARIA ORALIA VEGA ORTIZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
( LA ASAMBLEA ASIENTE )
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
( LA ASAMBLEA NO ASIENTE )
Sí se considera de urgente y obvia resolución, señora Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA SENADORA LOPEZ HERNANDEZ: En consecuencia, está a discusión la propuesta.
Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Gómez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Señores y señoras legisladoras:
La posición de México en relación con la Pena de Muerte, es muy clara, somos completamente contrarios a la Pena de Muerte por muchísimos motivos.
Sin prejuzgar la culpabilidad o no de las personas que eventualmente son sentenciadas a esta pena, interceder a favor de cualquier persona que vaya a ser condenado a muerte, pues me parece que es una obligación moral, y tratándose de un mexicano también es una obligación política.
Ahora bien, el punto, la proposición que se presenta le pide al Ejecutivo Federal Mexicano que interceda ante el Ejecutivo Federal Estadounidense, a efecto de solicitar la conmutación.
Me parece que el Ejecutivo Federal Estadounidense no es quien puede hacer eso, porque Estados Unidos como en México, pues hay un sistema federal.
Esta persona que está condenada a muerte no es un reo federal, sino que compete la conmutación al gobernador del estado.
Si la Comisión Permanente le pide al Ejecutivo Federal que interceda frente al Ejecutivo Federal Estadounidense, lo más probable que el Ejecutivo Federal Mexicano pues nos pueda decir que ese no es el conducto para hacer algo.
Quizá lo que debería de decir y, pido que lo consideren los proponentes, que este punto de acuerdo es que el Ejecutivo Federal Mexicano interceda ante la instancia competente de los Estados Unidos. Ya el Ejecutivo Federal Mexicano sabrá cuál es esa instancia competente ante la cual se pueda hacer alguna recomendación, alguna petición a efecto de suspender la ejecución de esta persona y eventualmente conmutar la pena de muerte por la que corresponda de acuerdo con la ley del Estado Norteamericano por otra pena.
Entonces, quiero decir también, que el Gobierno de los Estados Unidos tiene compromisos internacionales, por ejemplo, en esto de la materia consular, de que los nacionales detenidos en su país, que los nacionales de otros países detenidos en territorio de Estados Unidos, tienen derecho a asistencia consular. No es costumbre de la policía estadounidense cumplir con esta disposición, a la que Estados Unidos está obligado.
Ahora bien, en cambio cuando se trata de un estadounidense en otro país, los cónsules estadounidenses son muy activos en esto de prestar asistencia, y lo exigen con mucha regularidad.
Encima de eso, Estados Unidos no respeta las resoluciones de la corte internacional, que no respeta ninguna de ningún tribunal que no sea estadounidense.
Entonces, pues esto no deja de ser un problema, muy serio, puesto que nosotros jugamos en un determinado campo del derecho internacional, y ellos juegan en otro, y este es un problema que se ve en muchísimos asuntos, este es uno de ellos, desgraciadamente, por lo cual, bueno, sí sería bueno que la Permanente, estando programa esta ejecución para el próximo martes, le pidiera al Ejecutivo que hiciera las gestiones que correspondan ante la autoridad o autoridades competentes en los Estados Unidos a efecto de promover la suspensión de la ejecución, y también, digo yo, el acatamiento de la resolución de un tribunal internacional, ese es el problema también, Estados Unidos no acata lo que normalmente el resto de los países sí se ve precisado acatar. Muchas gracias.
-LA C. PRESIDENTA SENADORA ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ: Senador Ramón Galindo.(DESDE SU ESCAÑO)
-EL C. SENADOR RAMON GALINDO: Gracias, señora Presidenta.
Coincidimos con la preocupación del Senador Pablo Gómez , y sugerimos que el texto pudiera incluir una modificación que incluyera el concepto de ante, y ante cualquier autoridad competente, diciendo: ante su homólogo de los Estados Unidos de América, señor George Bush, y ante cualquier autoridad competente para que solicite el perdón, etcétera, etcétera, solamente agregar el concepto, y ante cualquier autoridad competente, y con eso salvaríamos cualquier espacio público que tuviéramos que atender para hacer esta petición.
-LA C. PRESIDENTA SENADORA ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ: Gracias, Senador, tome nota la secretaría, de esta modificación.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Chanona para este asunto.
(DESDE SU ESCAÑO)
-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ: Nada más que tiene que ser por escrito.
-EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CHANONA: con el permiso de la Presidencia.
Este es un punto muy importante y muy recurrente del Parlamento Mexicano en donde no hemos podido asumir un enfoque único de cómo debemos de obligar a Estados Unidos a obligar sus acuerdos internacionales y a honrar los acuerdos internacionales que firma.
La violación a la Convención de Viena, que “se la han pasado por el Arco de Triunfo” nos lleva a que en realidad, si nosotros pedimos que les conmuten la pena, es como si avaláramos que el juicio fue justo, y el tema de fondo, es que el juicio no es imparcial, y no es juicio justo. Es decir, a los proponentes, obsérvenlo, si quieren les damos seguimiento, lo que estamos alegando es que no hay un debido proceso legal a los mexicanos por la de privación de justicia, es decir, por la de privación del derecho humano a la notificación consular, es la esencia del Caso Avena, así como el caso inmediato del ciudadano en cuestión, que eventualmente sería ejecutado en unos días, en Texas, están en fila una docena más en Texas, y hay más de una veintena en el caso del Estado de California.
Yo creo que lo que tenemos que exigirle a la prepotencia del Gobierno de los Estados Unidos es que obligue a sus jueces federales a acatar el fallo de 2004, y a la reciente reinterpretación que le pedimos, el Ejecutivo Federal ya le pidió a La Haya para que se respete el Caso Avena, que en su esencia jurídica es que se haga un juicio justo.
Si nosotros vamos por la parte de la conmutación de la pena, es como si aceptáramos que hubo un juicio justo.
Entonces, yo no sé cómo lo podemos moldear, pero tiene una gran profundidad la propuesta del proponente, porque hay otros en camino que van a estar exigiendo lo mismo, tenemos que unificarlo, es un asunto de Estado y de política exterior, y entonces, lo que yo creo que hay que hacer, valoren bien, no quiero dilatar el tema, cuenta con el apoyo de la fracción parlamentaria, cómo le exigimos que cumpla la violación, que se cumpla, perdón, el respeto a la norma prevista en la Convención de Viena, y que sea un debido proceso, que sea un juicio justo, que eso permitiría suspender la pena de muerte, de un juez que dice, a mi no me interesan los compromisos que tenga, que adquiera, inclusive el Presidente de los Estados Unidos, porque la norma federal es superior a la norma internacional. Ahí es un tema de fondo y va a ser consecutivo en los próximos años, porque si van a seguir matando a connacionales sobre la base de un juicio injusto.
Entonces yo valoraría que efectivamente sí el Ejecutivo se acerque a las instancias necesarias, pero que exija el juicio justo, porque si no, damos la impresión de que hubo un juicio justo y que queremos una conmutación de pena, valórenlo en el fondo, porque ese tema también está trayendo la atención de muchos de nosotras y de nosotros que estamos dictaminando en la Segunda Comisión de esta Permanente, donde estamos atrayendo la atención de los próximos que están en la silla de los acusados sin debido proceso legal.
Por su atención, gracias, y que creemos que el punto debe avanzar. Muchas gracias.
-EL C. SENADOR RAMON GALINDO NORIEGA: (Desde su escaño) Sobre el último comentario, la facultad que tiene el gobernador del Estado de Texas es pedir el perdón. De aquí al martes solicitar que haya un juicio, un cambio de modificación en el procedimiento para darle mayor equidad y justicia al proceso, se me hace que no da tiempo ya, y además no es una facultad que tenga una resolución tan inmediata como pudiera ser la solicitud del perdón.
Estamos de acuerdo en que en su momento podamos trabajar una petición muy bien hecha en ese sentido, como usted lo comenta, pero en el Inter. sí hacer la expresión tajante, clara que requerimos antes del martes, sea emitir un perdón, que sí es facultad en este momento del gobernador de Texas.
-ELC. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: (Desde su escaño). Presidenta. He presentado a la mesa una propuesta alternativa de redacción, porque también tenemos el otro problema del perdón. Nosotros no podemos prejuzgar la culpabilidad o no culpabilidad del señor Medellín Rojas, que fue acusado y juzgado por violación de la menor y homicidio de la menor.
No podemos pedir el perdón, porque el perdón es un indulto que le quita la pena, lo deja en libertad, es que no existe perdón. Cuando una persona condenada a una pena se le da una pena, es una conmutación.
Ahora esto lo puede hacer el gobernador de Texas, tiene facultad en la Constitución del Estado, insistir en dirigirse al Presidente de Estados Unidos es un mal procedimiento.
Entonces yo insistiría en que no se pidiera un perdón, sino que se pidiera que no fuera ejecutada, que no se llevara a cabo la ejecución, a través del mecanismo jurídico de las leyes del Estado de Texas, evidentemente, que no nos toca a nosotros indagar u opinar siquiera.
Entonces yo he presentado un texto alternativo, le ruego, senador presidenta que consulte a la asamblea si eso puede satisfacer la inquietud de la Comisión Permanente, que yo noto que existe, en hacer algo para tratar de impedir la ejecución de un mexicano en los Estados Unidos.
-LA C. PRESIDENTA SENADORA LOPEZ HERNANDEZ: Diputada secretaría de lectura a la propuesta de modificación del senador Pablo Gómez, y en consecuencia, pregunte a la asamblea, en votación económica si es de admitirse.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA ORALIA VEGA: Doy lectura a la propuesta. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que interponga sus buenos oficios ante las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, a efecto de evitar la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín Rojas.
Se consulta a la asamblea si se admite la propuesta del senador Pablo Gómez.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente).
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente).
Sí se admite a discusión, señora presidenta.
-LA C. SENADORA PRESIDENTA LOPEZ HERNANDEZ: En consecuencia, está a discusión la propuesta de modificación del diputado Chanona.
-EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CHANONA BURGUETE: (Desde su escaño). A mí me parece muy atinado el “fraseo” del senador Pablo Gómez. Yo nada más sugeriría por el tema de su dimensión que va a seguir en el tiempo, nada más agregarle: ante la instancia necesaria para la suspensión, ¿o cómo pusimos? para frenar la ejecución, debido a la ausencia de un juicio justo y todo de corrido, porque el tema de fondo va a seguir siendo la falta de juicios justos para los mexicanos en aquel territorio.
Lo pongo a su consideración, y sino, como está me parece genéricamente correcta, y me sumo.
Coincido con eso, retiro mi propuesta y adelante, suscribo el punto.
-LA C. PRESIDENTA SENADORA LOPEZ HERNANDEZ: En consecuencia, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el senador Pablo Gómez Alvarez.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA ORALIA VEGA: Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el senador Pablo Gómez.
Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente).
Quienes estén porque no se rechace, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente).
Sí se aprueba la propuesta, señora presidenta.
-LA C. PRESIDENTA SENADORA LOPEZ HERNANDEZ: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Turquía


Turquía, entre dos fuegos/Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
Publicado en EL PAÍS, 30/07/2008;
En mitad de un fuego cruzado que se reaviva por momentos, la vida política de Turquía parece acelerarse a un ritmo que suscita una creciente preocupación por su estabilidad y evolución. El mes de julio comenzaba con el alegato final del fiscal jefe del Tribunal Constitucional contra el partido gobernante -lo que puede desembocar en su inmediata ilegalización- y con una operación policial que llevó a la detención de 25 significados prohombres de la milicia, la prensa y la economía turcas, aparentemente implicados en un intento de golpe de Estado. Termina ahora con el doble atentado terrorista de Estambul, precedido del bombardeo aéreo contra zonas kurdas. Demasiadas malas noticias para un Gobierno y una sociedad que siguen apostando por la reforma de su anquilosado sistema político y que aún continúan aspirando a formar parte del exclusivista club comunitario.
La primera referencia mencionada acapara desde hace meses la agenda nacional turca. Una formación política, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que lidera el Gobierno desde 2002 y que acaba de revalidar su poder con un amplio respaldo popular (2007), se ve acosada por una confluencia de actores empeñados en preservar a toda costa el legado del padre fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Los interesados (en una confusa mezcla en la que proliferan militares y empresarios) en mantener un statu quo formalmente laico y modernizador que sirve a sus privilegios acusan al AKP de tener un programa oculto que pretende arrojar por el precipicio al país y a su historia moderna. Olvidan que ya hace tiempo que quedó claro que el modelo kemalista no resuelve los problemas de los 70 millones de turcos que aspiran a una vida mejor. También ignoran que es precisamente este partido, aunque todavía le queden asignaturas pendientes por aprobar, el que ha llevado a cabo las más profundas reformas sociales, políticas y económicas de los últimos setenta años, intentando adaptar a Turquía al mundo de hoy y posibilitando que la puerta de Bruselas pueda abrirse algún día.
Por el contrario, estos sectores prefieren aferrarse al mantra de la “guerra contra el terror”, que percibe al islam como una amenaza frontal, sin pararse a pensar ni en los fracasos acumulados por ellos mismos, ni en la nítida apuesta que han hecho los votantes turcos por la opción que hoy lideran Abdulla Gül y Recep Tayyip Erdogan. No se trata tanto de idealizar a quienes se definen a sí mismos como conservadores islámicos (a la manera de la democracia cristiana europea), como de constatar que cuentan con mayor apoyo social que ningún otro grupo, que hasta ahora han dado sobradas muestras de aceptar el juego democrático y que tienen una decidida voluntad por atender a las necesidades del conjunto de la población.
Es bastante probable que el proceso de ilegalización en marcha termine con la suspensión del partido gobernante y la prohibición de ejercer cargos públicos a sus principales líderes durante cinco años. También lo es que ese mismo partido aparezca pronto con otro nombre y que adelante las elecciones para intentar, convertidos sus dirigentes para la ocasión en candidatos independientes, revalidar nuevamente el mandato popular. En esas condiciones, el rumbo de confrontación directa con el AKP por el que han optado los que siguen anclados en sus privilegios (que utilizan el modelo kemalista como escudo protector que apenas esconde su falta de voluntad para aceptar cualquier reforma sustancial que cuestione su centralidad en la vida nacional) no es bueno para Turquía ni para la estabilidad en la zona.
En paralelo a este proceso, la operación policial (con unos 6.000 efectivos movilizados) que ha llevado a la detención, entre otros, de dos generales (retirados), el redactor jefe del diario Cumhuriyet y el presidente de la Cámara de Comercio de Ankara, añade más leña al fuego. Algunos intentan presentar lo que se ha venido en llamar el caso Ergenekon como una venganza del AKP contra quienes quieren ilegalizarlo, olvidando tal vez que lo ocurrido responde a una iniciativa del sistema judicial (precisamente el mismo que está promoviendo la ilegalización del partido gobernante). Para otros, por el contrario, se trata de la guinda que corona un pastel netamente golpista, demasiado habitual por desgracia en la historia turca. No hace falta remontarse a la tradición de unas fuerzas armadas autoinvestidas del papel de garantes últimos de la laicidad kemalista (como si no fuesen, igualmente, un actor económico de primer nivel y un coto de prerrogativas sin igual en la sociedad turca); basta con repasar estos últimos cinco años para rastrear la sombra de la duda razonable sobre su implicación en diferentes intentos de subvertir el orden legal y evitar su pérdida de protagonismo.
Tras intentos de golpe como los denominados Sarikiz y Ayisigi, ahora Ergenekon planteaba algo más ambicioso, buscando justificar el golpe como respuesta a actos de violencia extrema cometidos por sus mismos promotores. El plan comenzó a quebrarse a partir de las detenciones efectuadas en Estambul el 12 de junio de 2007 y las filtraciones del diario personal del general Özden Örnek. Ahora se ha llegado a la imputación directa de pertenencia a banda terrorista de la mayoría de los detenidos (quedan pendientes, seguramente por poco tiempo, los dos generales mencionados).
Para quienes observamos desde la Unión Europea el muy delicado proceso que se viene desarrollando en Turquía, interesa desprenderse de algunos estereotipos para interpretar correctamente lo que allí sucede. El principal de ellos es el que nos lleva a pensar que, siempre y en todo lugar, laicismo es sinónimo de modernidad y progresismo y que, por el contrario, religión lo es de retroceso y error. En Turquía, como en general en el resto del mundo musulmán, la historia de las últimas décadas nos obliga a concluir que los laicos (sean monárquicos o republicanos) que ocupan el poder en la práctica totalidad de estos países no son precisamente los mejores defensores de la democracia y el Estado de derecho. Puede que Erdogan y sus correligionarios no sean la solución ideal para los problemas turcos, pero menos dudas ofrece saber que quienes se envuelven en la bandera alzada un día por Atatürk no están dispuestos a renunciar a un modelo que les garantiza prebendas y poder originalmente ilimitado.
Mientras tanto, Turquía se aleja de la Unión Europea, sumida en problemas con suficiente calado como para desestabilizar su futuro, y algunos, con París en primer término, aprovechan inmediatamente para marcar distancias con quien nunca han querido ver dentro del club. ¿Dónde están los mensajes de Bruselas o de alguno de los Veintisiete en apoyo a un Gobierno legal y a un país que nos interesa, y mucho, incorporar a nuestro espacio comunitario.

Triunfo de AKP

El Tribunal Constitucional turco rechaza -por un voto- ilegalizar al partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), del primir ministro, Recip Tayyip.
Sin embargo, ha decidido penalizar a la organización por sus actividades antilaicas, estableciendo sanciones económicas parciales al partido, ha informado hoy el presidente del tribunal, el juez Hasim Kilic.
Con este veredicto se pone fin a varios meses de incertidumbre política, que ha afectado a los mercados financieros turcos y ha frenado algunas reformas.
De los once magistrados que deliberaron sobre el caso, seis votaron a favor de la ilegalización y cuatro por la suspensión de ayudas estatales y uno rechazó la solicitud de clausura, según Kilic.
Para que el AKP hubiera sido ilegalizado habrían sido necesarios al menos siete de los once votos favorables de los miembros del alto tribunal.
El primer ministro, Recip Tayyip Erdogan, ha recibido con alivio la decisión y ha subrayado que con ella se elimina la incertidumbre que ha vivido el país en los últimos meses y que ha significado una enorme pérdida de tiempo y energía. Asimismo, ha asegurado que el partido AKP "nunca ha sido un foco de actividades antilaicas y continuará defendiendo los valores fundamentales de la Répública".
Desde su fundación en 1962, el tribunal ha ilegalizado 24 formaciones políticas, sobre todo formaciones izquierdistas, islamistas y kurdas, aunque este es el primer caso en el que deliberó sobre un partido con una amplia mayoría de Gobierno, que alcanzó el poder con el 47% de los votos en las elecciones del año pasado.
La Unión Europea ha celebrado hoy la decisión del Tribunal Constitucional calificándola de "buenas noticias", ya que ayudará a la estabilidad política del país con grandes posibilidades de incorporarse al bloque de los 27.

Los obispos mexicanos y el petróleo: posicionamiento

"El petróleo, para una vida digna de México”
Comunicado de la Conferencia Episcopal sobre la Reforma Energética
La Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha emitido un comunicado acerca de la reforma energética.
En un texto de diez páginas, fechado el 24 de julio titulado "El petróleo, para una vida digna de México", da orientaciones generales a tener en cuenta por las propuestas formales y no formales y que han de ser valoradas con base a los criterios que brotan de la dignidad de la persona humana a saber: solidaridad, bien común, el destino universal de los bienes, proyecto nacional de largo plazo y soberanía, y la transparencia.
Con respecto a los debates que se realizan sobre la Reforma Energética, dice que es necesario que se respeten los espacios y los tiempos de diálogo, y además insta a la participación que "es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y en vistas al bien común", pero aclara que las consultas populares "serán útiles en la medida que no se politicen que se propongan por encima de intereses de grupo o de partido (...) conviene recordar que la verdad no se construye por consenso, ni es prerogativa de un grupo o un partido".
Convoca además a una tregua de ataques personales e institucionales: "La violencia verbal daña la paz social, y se vuelve contra quienes la utilizan. Las descalificaciones generan desconfianza e impiden acuerdos".
Concluye el comunicado diciendo que los obispos desean un "proceso permanente de diálogo nacional, que nos ayude a conseguir los consensos necesarios" y se comprometen al diálogo para la vida digna del pueblo mexicano.
El texto puede leerse en

¡Por el bien de Paraguay!



Fernando Lugo, presidente electo del Paraguay asumirá el poder el próximo 15 de agosto como un laico más.
Monseñor Lugo, de 57 años de edad fue el ganador de las elecciones presidenciales del 20 de abril como candidato de la coalición opositora Alianza Patriótica para el Cambio, derrotando al todavía oficialista Partido Colorado con 61 años en el poder.
Y por fin, después de una larga espera el papa Benedicto XVI le aceptó la renuncia a la jerarquía de obispo.
El Nuncio paraguayo Orlando Antonini dijo este miércoles 30 de julio en conferencia de prensa en Asunción, que el Papa le concedió la reducción al estado laical a Fernando Lugo, obispo ordenado en la Iglesia católica, que hasta ahora estaba suspendido "a divinis". "El Santo Padre le concede la pérdida del estado clerical, con todas las obligaciones, como sacerdote y obispo del Verbo Divino", explicó Antonini.
Señaló que que incluso Lugo "fue liberado del voto de castidad; es decir, como cualquier otro laico, si quisiera puede contraer matrimonio de acuerdo con la ley civil".
"Entregué personalmente a Lugo hoy (miércoles) la carta del Santo Padre en la que acepta su renuncia, aclarándole que la dispensa es perpetua; ya no podrá retornar a su anterior condición de clérigo", acotó.
Monseñor Antonini explicó que "para la iglesia es un gran dolor la pérdida de un obispo, un sacerdote al que quisimos disuadir de su opción por la actividad política hasta el último día de su campaña electoral, pero el Santo Padre reconoció que fue elegido por la mayoría del pueblo para que dirigiera al Paraguay en los próximos cinco años".
"Este es el primer caso dentro de la iglesia en que un obispo es dispensado; hubo sí muchos otros sacerdotes en los que el papa los dejó en estado de laico pero de un miembro de la jerarquía ninguno hasta hoy", agregó.
La respuesta de Lugo Méndez fue de agradecimiento al Papa que lo hizo "pensando en el bien del país: pensando en el Paraguay"
"La iglesia actuó con justa causa y valoro que la resolución me hayan comunicado justo en el día de la amistad en Paraguay que, quiero aclarar, la amistad no es una fecha comercializada sino un sentimiento humano excelente".
El nuncio vaticano precisó que Lugo "no fue excomulgado, sigue siendo miembro de la iglesia católica pero no sacerdote; es una persona como cualquier otra".
Subrayó en la conferecnia: "no quisimos que Lugo se involucrara en la carrera presidencial porque la política y la religión, para nosotros, son incompatibles. Quien decide servir a Dios lo hace para siempre, eternamente. Pero aquí hubo un primer caso que mereció un largo análisis de los hermanos del Vaticano entendidos en leyes canónicas".
Al final el nuncio paraguayo los exhorta a "hacer fiel a la fe católica, en la que fue bautizado y a llevar una vida coherente con el evangelio".
Suspendido a divinis
Con un decreto firmado el 20 de enero de 2007 por el prefecto de la Congregación vaticana para los Obispos, el cardenal Giovanni Battista Re, Lugo, fue suspendido "a divinis", por haberse presentado como candidato a la presidencia de la República de Paraguay, algo previsto por el canon 1333 & 1 del Código de Derecho Canónico.
Según esa sanción, el obispo presidente mantenía el estado clerical, aunque tenía prohibido administrar lgunos sacramentos y enseñar doctrinas.
Antes, el 18 de diciembre de 2006 Lugo Méndez pedía la pérdida del estado clerical para presentarse a las elecciones. No le fue concedido entonces y así se presantó a las elecciones.
Pero un día después de la su elección, 20 de abril de 2008, pidió perdón a la Iglesia católica, y en particular a Benedicto XVI, por el "dolor" que causó su desobediencia a las leyes canónicas, al haberse lanzado a la carrera presidencial. "Si mi actitud y mi desobediencia a las leyes canónicas causaron dolor, pido sinceramente perdón a los integrantes de la Iglesia. En especial, le pido perdón al papa Benedicto XVI", precisó.
Y es que Lugo pensaba retornar al estado clerical una vez que terminará su mandato en 2013, ahora ya no, incluso ahora puede casarse.
¿Quién es Fernando Lugo Méndez?
Fue ordenado sacerdote en 1977; nombrado obispo en 1994 por Juan Pablo II.
Esta formado en la teología de la Liberación.
Hasta el día de ayer no portaba el anillo obispal, pero le gustaba que le llamarán Monseñor.
Pertenecía a los Misioneros del Verbo Divino.
El principal problema que enfrentará es la gobernabilidad del país.
Triunfó por 10 puntos de diferencia (40,1%) con respecto a la candidata del Partido Colorado, Blanca Ovelar;
Aunque ganó no controla ninguna de las dos cámaras del Congreso, y los colorados mantienen su supremacía en las gobernaciones: de los 17 departamentos, 10 fueron ganados por el Partido Colorado.
La coalición de Lugo (Alianza Patriótica para el Cambio, APC) es reciente y ampliamente heterogénea. Fue fundada hace un año y la integran nueve partidos y trece movimientos
La nota y decreto de suspensión «a divinis» del obispo Mons. Fernando Lugo Méndez, S.V.D., obispo emérito de San Pedro, puede leerse en http://fredalvarez.blogspot.com/2007_02_02_archive.html

Comunicado oficial del Ecuador


El Ecuador notificó la conclusión del Acuerdo de la Base de Manta
Comunicado en español y kichwa.
Quito, 29 de julio de 2008.- El Gobierno Nacional notificó de manera oficial a la Embajada de los Estados Unidos de América en el Ecuador, su decisión de dar por concluido el “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América, Concerniente al Acceso y Uso por Parte de los Estados Unidos de América de las Instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Antinarcóticos”, suscrito el 12 de noviembre de 1999.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, en conversaciones mantenidas con funcionarios estadounidenses, se acordó que las operaciones que se realizan amparadas en el mencionado Acuerdo, terminen en el mes de agosto de 2009.
También que culmine el proceso de retiro del personal extranjero de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta en el mes de noviembre de ese mismo año.
Conforme a las estipulaciones del Artículo 12 del Acuerdo, las instalaciones del puesto de avanzada estadounidense serán transferidas a la autoridad correspondiente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. /Ministerio de Relaciones Exteriores.
ECUADORKA MANTAPI ESTADOS UNIDOSMANTA MAKANAKUK KANAKA ÑAMI TUKURIKRIN NISHPA WILLARKA
Quito, 2008 wata, julio killa, 29 puncha.- Ecuador Kamayka Estados Unidospa shutipi Ecuadorpi kak Wasimanmi “Ecuador Kamaypash Estados Unidos Kamaypash Estados Unidos Ecuador Makanakukpa Antanka chayanata millay hanpikunata rikunkapak kun nishpa killkashka panka” nishkata ñami tukurikrin nishpa willarka, chaytaka sarun 1999 watapi, noviembre killapi, 12 punchapimi chashna shuti killkarkakuna.
Karu llaktakunawan Apanakuy Wasika Estados Unidosmanta pushakkunawanmi chay killkashka panka shamuk 2009 wata, agosto killapi tukurichun ari nishkatapashmi willarka.
Shinallatak Mantapi Ecuador Makanakuk Antanka chayanamanta karu llaktakunamanta kari warmikunaka noviembre killami ña rinkakuna.
Chay killkashka pankakunapika, 12 piti kamachipika Estados Unidos ima charishkakunataka Ecuador Makanakuk pushakkunamanmi kunka ninpash. /Karu llaktakunawan Apanakuy Wasi/Ushku Chukuri
Martes, 29 de julio de 2008

Adios a la Base de Manta


El gobierno del Ecuador notificó a EE UU su decisión de dar por concluido el acuerdo que permite a militares de ese país el uso de la base de Manta, desde donde se cumplen tareas aéreas contra el narcotráfico.
En un comunicado, la cancillería ecuatoriana señaló que el gobierno "notificó de manera oficial a la embajada de los Estados Unidos ... su decisión de dar por concluido el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos", concerniente al acceso y uso por parte de Washington de las instalaciones de la base de la fuerza aérea ecuatoriana en Manta para actividades antinarcóticos.
Señaló que "en conversaciones mantenidas con funcionarios estadounidenses se acordó que las operaciones que se realizan amparadas en el mencionado Acuerdo, terminen en el mes de agosto de 2009; y que culmine el proceso de retiro del personal extranjero de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta en el mes de noviembre de ese mismo año".
Añadió que conforme a las estipulaciones del acuerdo "las instalaciones ... serán transferidas a la autoridad correspondiente" de la fuerza aérea de Ecuador.
La embajada de EE UU en Quito ha ratificado que Washington respetará la decisión de Correa y que retirará su puesto antinarcóticos cuando concluya el acuerdo.
Un compromiso del presidente Rafael Correa en su campaña electoral en el 2006 fue no renovar el convenio.
La Base a Colombia
Algunos medios como la revista colombiana Cambio mencionó en junio pasado que La Base será trasladada a Palanquero, Colombia debido a que reúne todas las condiciones: "el complejo militar (de Palanquero) con sede en Puerto Salgar tiene una ciudadela que puede albergar a más de 2,000 hombres, casino, restaurantes, supermercado, hospital y teatro (...) tiene dos hangares con capacidad para entre 50 y 60 aviones cada uno, que en términos de diseño, seguridad y normas ambientales son los mejores de Latinoamérica.
Agrega Cambio: "La pista, de 3.,00 metros de longitud, 600 más que la de Manta, "es la más larga del país, permite el despegue simultáneo de hasta tres aviones y es la única con 'barrera de frenado', una red que atrapa aviones que aterrizan a altas velocidades".
"Además, la base está dotada con una serie de radares que en la década de los 90 instaló una comisión estadounidense y que ha permitido adelantar, entre otras muchas operaciones, el bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes' en Ecuador.
Palanquero esta ubicada en punto estratégico en el centro del país, permite que los aviones Kfir lleguen en menos de 10 minutos a La Guajira y a la frontera con Ecuador. Esta sobre el río Magdalena, tiene una plataforma en la que pueden acuatizar aviones anfibios.
Empero, el lunes 9 de junio el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, descartó el traslado de la base militar de Manta a Colombia. “Base no va a haber en Colombia. Eso ya está descartado. Está descartado por parte de EE UU, y está descartado por parte nuestra ” , precisó el funcionario a la radio RCN de Bogotá.
Sin embargo, el embajador de EE UU en Bogotá, William Brownfield, señaló que si Ecuador decide cerrar Manta, Washington buscará otros lugares para ubicar esa guarnición, y dijo que Colombia es una alternativa. "En ese momento, sin duda ninguna, vamos a considerar muchas opciones, y entre las opciones se encuentran algunos lugares en Colombia"
Un mes antes, en mayo, el Presidente Uribe no descartó esa posibilidad, dijo a la radio RCN "todo lo que podamos hacer para fortalecer la ayuda de los Estados Unidos a fin de que podamos derrotar el narcotráfico, lo seguiremos haciendo".
La Base área de Manta.
1.- Ha sido uno de los principales centros de operaciones antidrogas en el Pacifico.
2.- Es un portaviones en tierra; es prácticamente un espacio de Ecuador cedido a EE UU -mediante un acuerdo- para su lucha contra el narcotráfico, y también contra el terrorismo y las guerrillas.
3.- Mediante un acuerdo, signado en 1999 por 10 años Ecuador autoriza a las aeronaves operadas por el Comando Sur de EE UU sobrevolar el territorio del país.
4.- Otorga a las naves estadounidenses, en todos los puertos marítimos ecuatorianos, el mismo trato que a las naves de la Armada Nacional del Ecuador.
5.-. Autoriza el establecimiento de una estación satelital para la recepción y emisión de todo tipo de telecomunicaciones, exentas de inspecciones, licencias, regulaciones, derechos, impuestos y tarifas.
6.- Establece una condición jurídica de excepción al personal que opere en el convenio y a sus familiares, otorgándoles inmunidad y la misma condición jurídica del personal técnico y administrativo de la Embajada de EE UU.
7.- Además todo el personal no permanente podrá ingresar y salir no sólo de la Base, sino de la República con la identificación estadounidense, sin pasaportes ni visas y está exento de impuestos de entrada y salida, así como de impuestos sobre las rentas recibidas, propiedad, posesión, uso o cesión, sobre los bienes que se encuentren en el Ecuador, relacionados con su presencia.
8.- En Manta se permite la presencia de hasta 475 militares de EE UU.
9.- El convenio que cedió la Base de Manta al Comando Sur fue firmado por el ex presidente Jamil Mahuad. Se firmó el 12 de noviembre de 1999, por un período inicial de 10 años, con la posibilidad de ser renovado por períodos adicionales de cinco años, previo acuerdo entre las partes.
¡Este martes 29 de julio el gobierno de Rafael Correa dijo que no!

Mañanera del lunes 18 de marzo de 2024

Acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Presidencia de la República | 18 de marzo de 2024 Conf...