8 dic 2010

Vengar a Assange

FILTRACIONES | 'Operación vengar a Assange'
Los hackers toman la bandera de Wikileaks y piratean Visa y Mastercard
 | Reuters
'La primera guerra de la información ha empezado. Envía por Twitter esto'
'No estamos afiliados con Wikileaks, pero luchamos por las mismas razones'
ELMUNDO.es | Efe | Washington
Actualizado miércoles 08/12/2010 22:26 horas
La primera guerra de la era de la información, es decir, ataques y contraataques múltiples a favor y en contra de WikiLeaks a través de Internet, se ha puesto en marcha mediante un ejército de ciberpiratas voluntarios. Este miércoles, han conseguido bloquear para de los sistemas informáticos de dos 'enemigos' de la web, Visa y Mastercard, después de que ambos bloqueasen los pagos al site creado por Julian Assange.
La 'Operación vengar a Assange' ('Operation Avenge Assange') -organizada por Anonymus a raíz del cerco aplicado a Wikileaks y su creador tras la filtración de miles de cables diplomáticos- consiguió a última hora de la mañana derribar parte de los sistemas informáticos de Mastercard, prueba del poder de la movilización espontánea a través de Internet.
En el canal de IRC (Internet Relay Chat) desde el que se ha dirigido el ataque contra Mastercard, el moderador ha establecido como título "Operación Payback. Objetivo: www.mastercard.com. Hay algunas cosas que WikiLeaks no puede hacer. Para lo demás está la Operación Payback".
A mediodía, los operadores del canal informaban de que más de 1.800 bots estaban inundando con ataques distribuidos de denegación de servicio (DDOS) a www.mastercard.com. Y la empresa reconocía dificultades en algunos de sus servicios.
'La guerra ha empezado'
Mientras, otros usuarios del canal informaban del progreso del ataque con mensajes sobre el estado de las operaciones de Mastercard en países tan distantes como Suecia, Sri Lanka o México o sobre la evolución de las acciones de la compañía de tarjetas de crédito en la Bolsa de Nueva York.
"La primera guerra de la información ha empezado. Envía por Twitter y coloca esto en cualquier lugar", proclamaba uno de los ciberpiratas.
Otros solicitaban que el grupo dirigiese sus ataques contra PayPal, VISA e incluso la organización Fox News.
A través de su cuenta de Twitter, los responsables de del grupo Anonymous anunciaron a última hora del día que el nuevo objetivo a atacar era Visa. "Objetivo: www.visa.com. Disparar, disparar, disparar" a la vez que proporcionaban los datos necesarios para consumar los ataques.
A las 22 horas, llegó el ataque a Visa. "http://isitup.org/www.visa.com IT'S DOWN! KEEP FIRING!!!" ("Se ha caído, sigue disparando"), anunciaba la Operación Payback a las 22 horas en su Twitter. Efectivamente, al intentar acceder a la página de Visa aparecía un aviso de error

Ataque a PayPal

Según el blog de la empresa de seguridad de Internet Panda, el grupo ya había atacado PayPal poco después de que el sistema de pago por Internet anunciase la cancelación del servicio a WikiLeaks aunque el ataque se limitó a un blog de la empresa.
Panda señaló que el ataque DDOS contra ThePayPalblog.com durante 8 horas causó que el blog sufriese 75 interrupciones de servicio.
'Anonymous' también ha conseguido afectar gravemente el funcionamiento de PostFinance, el banco suizo que también bloqueó su cuenta a WikiLeaks, y la firma de abogados suecos que representa a las dos mujeres que han acusado a Assange de abusos sexuales.
El grupo que ha organizado el ataque es un colectivo de ciberpiratas que se llama 'Anonymous' y que se reúne habitualmente a través de la página web 4chan.org, un simple sitio de internet que es utilizado por sus usuarios para colgar mensajes, fotografías o simplemente discutir de política.
"Aunque no estamos afiliados con WikiLeaks, luchamos por las mismas razones. Queremos transparencia y atacamos censura" añadió el grupo antes de terminar "no podemos permitir que esto pase".
"Por eso vamos a utilizar nuestros recursos para aumentar la concienciación, atacar aquellos contra y apoyar aquellos que están ayudando a conducir nuestro mundo a la libertad y democracia", finalizó el mensaje.

Las acciones de 'Anonymous'

Este no es el primer ataque lanzado por 'Anonymous'. Se considera que el grupo ha facilitado la identificación y arresto de varios pederastas, pero quizás una de sus acciones más conocidas fue el llamado 'Proyecto Chanology' iniciado en 2008 para protestar contra la Iglesia de la Cienciología.
A raíz de esa protesta, que incluyó ataques de denegación de servicio (DDOS) como los que está sufriendo ahora Mastercard, el grupo adoptó la estética del cómic 'V for Vendetta', en el que miles de ciudadanos utilizan una máscara idéntica para evitar ser identificados por las autoridades.
El año pasado, 'Anonymous' también se unió a las protestas contra las elecciones iraníes. Este grupo es el mismo que bloqueó las páginas de la SGAE y el Ministerio de Cultura el pasado mes de octubre.
En sus protestas, 'Anonymous' ha calificado sus ataques como 'Operation Payback' (Operación Venganza) pero desde que WikiLeaks empezó a publicar los cables de la diplomacia estadounidense y la página de internet empezó a sufrir el acoso de empresas y gobiernos, 'Anonymous' decidió lanzar la 'Operación Vengar a Assange'.
"WikiLeaks está apagada por ataques distribuidos de denegación de servicio (DDOS). Hay razones para creer que los EEUU están detrás debido a la naturaleza de la filtración del domingo 28 de noviembre", señaló el grupo en su página web.

Uribe busco diálogo directo con las FARC

Uribe buscó en secreto el diálogo directo con las FARC
El Gobierno creyó ver al final canales de comunicación.-
La Embajada de EE UU mantuvo contacto con un jefe guerrillero
MAITE RICO - Madrid -
El País 08/12/2010;:
El estruendo de los ataques aéreos y de los coches bomba ocultó los movimientos de aproximación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Álvaro Uribe, que en los últimos meses de su mandato intensificó los contactos para establecer un diálogo directo con la guerrilla. Así se desprende de los cables de la Embajada de EE UU en Bogotá, que dan cuenta, además, de la reunión mantenida con el enviado de uno de los máximos comandantes guerrilleros, que quiere entablar "una relación" con los diplomáticos norteamericanos.
5 de enero de 2010. Frank Pearl, comisionado para la Paz del Gobierno, le confía al embajador William Brownfield que ha desarrollado "canales de comunicación" con las FARC para "generar un clima de confianza y preparar unas hojas de ruta" que conduzcan al final de la violencia. La guerrilla más antigua y poderosa de América Latina está muy debilitada. En los ocho años que lleva en el poder, el presidente Uribe ha acabado con su hegemonía territorial, ha diezmado sus efectivos y ha liquidado a varios de sus cabecillas. Consciente de que no hay tiempo para negociar, Pearl espera que las gestiones le sirvan al gobierno que saldrá de las elecciones de junio [que ganaría Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Uribe y nuevo presidente desde agosto].
Según Pearl, la desaparición de dos líderes históricos de las FARC (el octogenario fundador, Manuel Marulanda, Tirofijo, fallecido por causas naturales en mayo de 2008, y Raúl Reyes, el número dos, muerto en el bombardeo de su campamento en suelo ecuatoriano tres meses antes) ha permitido un reemplazo "más educado, intelectual y al corriente del contexto internacional". Se refiere a Alfonso Cano, nuevo jefe de las FARC, y a su mano derecha, Pablo Catatumbo. Un mes más tarde, el 4 de febrero, Pearl comunica a la Embajada que unos intermediarios "están organizando un encuentro en Suecia entre representantes del Gobierno y de las FARC".
Más escéptico se muestra, sin embargo, el presidente Uribe, que en esas mismas fechas se reúne con James Steinberg, vicesecretario de Estado norteamericano y primer alto funcionario de la Administración Obama que visita Bogotá. Según un despacho del 9 de febrero de 2010 , Uribe explica que espera poner fin al conflicto armado mediante la desmovilización de los guerrilleros y los programas sociales, pero que las FARC nunca negociarán mientras disfruten "de un refugio seguro en Venezuela y de la fuente de riqueza del tráfico de drogas". El narcotráfico les garantiza la autosuficiencia, y el apoyo de Hugo Chávez "ha frustrado los avances militares". Uribe pide a Steinberg que compartan inteligencia sobre "los grupos terroristas colombianos que se esconden en Venezuela" y que no reduzcan su apoyo. "Esta batalla se puede ganar".
Los cables llegan hasta febrero de 2010, pero los hechos posteriores confirmarían el pesimismo de Uribe. En abril, las FARC destapan las cartas de Pearl y rechazan en un comunicado un encuentro "en el extranjero" a cuatro meses del cambio del gobierno.
No era la primera vez que el Gobierno de Uribe intentaba un contacto directo con Alfonso Cano. El 11 de julio de 2008, días después del espectacular rescate militar de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes, el entonces comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, le cuenta al embajador estadounidense que han contactado con Cano para ofrecerle "una salida digna" a través de la negociación. Eso sí, no permitirán que las FARC aprovechen el diálogo para "reconstruir su capacidad militar" -como ya ocurrió durante la negociación del Caguán (1998-2002)-. La presión militar va a continuar: "El Gobierno necesita obligar a Cano a que entienda que las conversaciones son la única salida para las FARC y para él". Uno de los grandes obstáculos es, sin embargo, el carácter del nuevo jefe de las FARC. Alfonso Cano, explica Restrepo al embajador estadounidense, intenta consolidar su poder. Su "enfoque leninista" de la política le hace concebir las negociaciones como algo "puramente táctico". La imagen que se ha querido dar de él, como alguien más dialogante y enfrentado con el comandante militar de la guerrilla, el sanguinario Mono Jojoy, no responde a la realidad. "La política de línea dura de Cano se complementa con la agresividad militar de Jojoy", dice. Otras fuentes consultadas por la Embajada confirman este perfil. "Cano está entregado a todas las formas de lucha", explica un político de la izquierda que conoce al jefe de las FARC. "E intentará estrechar lazos con Venezuela".
Las conexiones con Caracas no pasan por el mejor momento. Los ordenadores incautados a Raúl Reyes el 1 de marzo de 2008 le estallaron a Hugo Chávez en la cara y destaparon el ingente apoyo financiero y armamentístico que su Gobierno prestaba a las FARC. El presidente venezolano toma distancias en público. El 4 de julio de 2008, por ejemplo, hace un llamamiento a la guerrilla para que deje las armas. Pero en privado es distinto. Según explica un alto funcionario colombiano al embajador Brownfield en agosto de 2008, "en intercepciones de comunicaciones internas de las FARC, unos mandos guerrilleros cuentan que el ministro del Interior [venezolano], Ramón Rodríguez Chacín, les dijo que la declaración del presidente Hugo Chávez en la que les pedía que dejaran las armas era táctica, y no significaba un cambio en la política del gobierno de Venezuela". La seguridad colombiana ha constatado que Alfonso Cano "dedica esfuerzos considerables en cultivar los lazos con figuras radicales de Venezuela" (incluido Rodríguez Chacín) y que las FARC entrenan milicias chavistas.
Lo curioso es que, al mismo tiempo, Pablo Catatumbo, miembro del Secretariado y jefe del Bloque Occidental, se aproxima a la Embajada de EE UU. El 26 de mayo de 2009, un enviado de Catatumbo se reúne en la sede de la Conferencia Episcopal, en Bogotá, con el consejero político estadounidense. El Gobierno colombiano está al tanto. El comandante guerrillero, explica su representante, no envía "un mensaje" concreto. Simplemente quiere "establecer una relación" con la Embajada que "podría resultar útil en el futuro". Catatumbo está convencido de que "la participación del Gobierno de EE UU en un eventual proceso de paz sería clave para el éxito".
Según un asesor de Uribe, Catatumbo es el más pragmático de los jefes de las FARC. Pero una negociación con él, explica, solo sería posible tras la muerte o captura de los dos comandantes más radicales, el Mono Jojoy y Alfonso Cano. Jojoy fue aniquilado el pasado 22 de septiembre en su bastión de La Macarena. Aislado en el Cañón de las Hermosas, Cano resiste un asedio militar sin tregua.

Informe urgente sobre Wikileaks

Informe urgente sobre Wikileaks/ Ángel Viñas, historiador y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
EL PAÍS, 05/12/10;
Si en mis tiempos de diplomático hubiera tenido que hacer un informe muy urgente para la Superioridad, la nota hubiera podido tener un texto como el siguiente:
Estas líneas tienen por objeto presentar una primera reflexión, apresurada y basada en información limitada, sobre la importancia de los documentos filtrados por Wikileaks. Los medios de comunicación han insistido en ella y alentado un debate que no es objeto de esta nota. No se han detenido en su significado, ni tenían por qué hacerlo, desde la perspectiva histórica. El tráfico diplomático suele abrirse a consulta tras plazos de cierre que, por lo general, oscilan entre 25 y 30 años. Son frecuentes otros más amplios en temas sensibles relacionados con la seguridad nacional y la protección de fuentes. Plazos de 50 y 75 años son habituales. Esto quiere decir que la filtración ha acortado drástica y dramáticamente los plazos de consulta. Es, pues, un acontecimiento histórico.
Añádase una segunda consideración. No es infrecuente que los Gobiernos abran de por sí segmentos de su tráfico diplomático en el marco de investigaciones oficiales o porque convenga a los intereses del Estado. Los numerosos informes propiciados por el Legislativo norteamericano han contribuido al conocimiento de la organización, sistemas, métodos y normas de funcionamiento de la diplomacia estadounidense. En ocasiones, en contra de los deseos del Ejecutivo. Los expertos e instituciones de investigación siempre han encontrado en ellos una auténtica mina. En otros países la documentación diplomática ha salido a la superficie antes de los plazos previstos por razones diversas. Desde la necesidad de apoyar comisiones de investigación parlamentaria a la de querer esclarecer o justificar la posición propia. Sin llegar a la publicación de “papeles blancos” en situaciones de emergencia o de ruptura de relaciones, cabe recordar la información suministrada en el marco de investigaciones sobre acontecimientos importantes como la matanza de Srebrenica que en tan mal lugar dejó al Gobierno de La Haya.
En el caso presente el tráfico diplomático ha salido a la luz en contra de los deseos del Gobierno norteamericano. Si bien no es la primera vez que esto ocurre, la filtración no tiene antecedentes por su volumen y cobertura temporal y espacial. Por esta razón se trata, también, de un acontecimiento histórico.
Para valorar adecuadamente la documentación sería preciso, desde punto de vista técnico, contar con los textos originales. Los resúmenes, por excelentes que sean, no son sustitutos.
El origen de la filtración determina que un porcentaje muy elevado del tráfico proceda de las misiones y fluye hacia los servicios centrales. Las instrucciones de estos parecen referirse a peticiones de información o para orientarlas en las prioridades en su labor diplomática. Desde la óptica histórica, el resultado es insuficiente. Al trabajar sobre fuentes ya desclasificadas, el investigador presta atención tanto a los informes del terreno como a su valoración por la central. Últimamente lo que cuenta es su utilidad en el proceso de toma de decisiones. Tal laguna limita considerablemente la significación de la filtración.
La apreciación de su importancia está sometida a las cautelas habituales. La información de las misiones es un input, imprescindible desde luego, a dicho proceso. Ilustra, con todo, la línea por la que se mueven los diplomáticos norteamericanos sobre el terreno, tanto en países amigos como en circunstancias difíciles. Dependiendo de las situaciones y de los países, se advierten peticiones de un tipo de información que no es de fácil obtención por medios diplomáticos normales. Es verosímil que en tales casos las misiones recurran al personal especializado que, con cobertura diplomática o sin ella, trate de procurarla.
La filtración representa, con todo, una ocasión inestimable para profundizar en el conocimiento directo de las fobias, las filias y el etnocentrismo que permeabilizan toda información diplomática, en este caso la norteamericana. Su valor será tanto más elevado cuanto el análisis permita extraer conclusiones sobre situaciones en las que no tenemos una información tan directa como la de nuestros amigos. En varios países y en los organismos de investigación pertinentes es verosímil que centenares de analistas enriquezcan la información propia gracias al estudio exhaustivo de los documentos filtrados.
Es indudable que una exhibición tan masiva y contundente de los cables norteamericanos tendrá algún impacto sobre la opinión pública de los países afectados. Con todo, si los autores de la filtración piensan que con ello puedan lograr efectos duraderos el funcionario que suscribe no puede evitar pensar que caen en un error conceptual y metodológico fundamental. Los norteamericanos cerrarán las posibilidades de leakage, modificarán a cualquier coste sus sistemas de control y continuarán trabajando como si tal cosa. Desde el punto de vista de la opinión pública tendría, probablemente, mayor impacto la filtración de las prácticas de los bancos y especuladores norteamericanos. Esto contribuiría a deslegitimar la creencia en las bondades de los resultados óptimos del comportamiento lo más ampliamente desregulado posible de los actores financieros. Según noticias de prensa parece ser que Wikileaks piensa orientarse en tal dirección.

La diplomacia al desnudo

La diplomacia al desnudo/Shlomo Ben Ami, ex ministro israelí de Asuntos Exteriores. En la actualidad es vicepresidente del Centro Internacional Toledo por la Paz. Ha escrito Scars of war, wounds of peace: the israeli-arab tragedy (Cicatrices de guerra, heridas de paz: la tragedia árabe-israelí). Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
Pubñlicado en EL PAÍS, 06/12/10;
La propaganda difundida en los días anteriores a la reciente filtración masiva de documentos del Departamento de Estado norteamericano llevada a cabo por Wikileaks nos hizo pensar que se trataba de un arma de destrucción masiva, en forma de una montaña de documentos secretos, y que iba a transformar por completo nuestra percepción, si no del mundo en el que vivimos, desde luego sí de las relaciones internacionales.
Sin embargo, ninguna de las revelaciones es tan trascendental como para modificar la visión de la política mundial que recibimos a través de los medios de comunicación libres -una avalancha abrumadora y omnipresente de periódicos, canales de televisión que dan noticias a todas horas y sitios de Internet, con Google a la cabeza-, ni tampoco su publicación ha hecho un daño irreparable a los dirigentes implicados ni a las relaciones entre Estados.
Las leyes sobre libertad de información que existen en la mayoría de las democracias permiten pensar que, en cualquier caso, los documentos de este tipo acabarán estando al alcance de los ciudadanos, bien por medios legales, bien gracias a las informaciones filtradas. Al fin y al cabo, los cimientos de la prensa libre reposan, en gran parte, sobre filtraciones. La diferencia de lo que ha hecho Wikileaks está en el volumen, no en el principio. A estas alturas, las democracias deberían saber cómo afrontar el hecho de que este tipo de material se haga público.
No obstante, se pueden extraer lecciones muy interesantes de estas revelaciones. Hay muy pocos -o ninguno- de estos documentos que sean verdaderamente ultrasecretos. Los libros de Bob Woodward sobre los gabinetes de guerra de Bush y Obama contienen mucha más información confidencial que los cables diplomáticos de Wikileaks.
Uno de los motivos es, por supuesto, el declive evidente de las funciones de los embajadores en los últimos años. Es posible que el cargo siga teniendo su aura, pero los embajadores ya no están al tanto de auténticos secretos de Estado. Los cotilleos, las habladurías, la transmisión de mensajes, la elaboración de jugosos perfiles de los dirigentes, el análisis de informaciones conocidas, algunas de ellas valiosas, son importantes, pero no son, ni mucho menos, secretos nacionales. Hoy en día, los gobernantes, y desde luego los miembros de los servicios de inteligencia y los Ministerios de Defensa, se comunican entre sí de forma directa, saltándose a sus diplomáticos.
Además, es posible que el Departamento de Estado ya no desempeñe el papel tan fundamental en la formulación de la política exterior que desempeñaba en tiempos de secretarios de Estado legendarios como George Marshall, Dean Acheson, John Foster Dulles, Henry Kissinger y James Baker. Algunos senadores como John Kerry y el difunto Ted Kennedy, además de otros miembros destacados del Congreso, pueden ser a veces más importantes para la toma de decisiones que los cargos oficiales del Departamento. Y quienes elaboran las políticas nacionales son el presidente y sus asesores de seguridad y asuntos políticos.
Pero la triste imagen que trasciende del subtexto de estos telegramas es la del declive del poder de Estados Unidos. Es la historia de la lucha contracorriente del imperio para impedir el final de su supremacía económica y militar. Es la historia de cómo las elevadas aspiraciones de un presidente débil le permiten describir el mundo que quiere sin que sea capaz de construirlo.
Los embajadores de Estados Unidos en el mundo han dejado de ser los altos comisarios que eran antes, y la voluntad de Washington ha dejado de ser una orden, incluso para sus clientes de Oriente Próximo o su patio de atrás, Latinoamérica, donde los chinos y los rusos están volviendo a tener influencia. Turquía, con su “peligroso ministro de Exteriores”, está alejándose a toda velocidad de la órbita norteamericana; Israel se negó a paralizar los asentamientos durante tres meses, a pesar de que se le ofrecieran grandes compensaciones estratégicas; el primer ministro libanés Saad Hariri, el hombre de Washington en Beirut, se reconcilia con los asesinos de su padre -todos ellos, enemigos jurados de Estados Unidos-, mientras su ministro de Defensa, Elias Murr, asesora a Israel sobre cómo “barrer” a Hezbolá del sur de Líbano; y los líderes árabes se burlan de la ingenua fe de Obama en las negociaciones como método para frustrar las ambiciones nucleares de Irán.
El primer ministro Netanyahu no exagera demasiado sobre el mensaje que transmiten estos documentos cuando rechaza la teoría de que el problema palestino es el epicentro de los males de la región. Palestina, el dogma moral supremo que durante años constituyó la concepción del mundo de las élites progresistas en Occidente, no tiene ese carácter para los dirigentes árabes. Está claro que estos cables no apoyan la idea del presidente Obama de que existe un nexo indisoluble entre la solución al problema palestino y la capacidad de Estados Unidos de agrupar al mundo árabe en torno a una estrategia contra el imperio chií iraní en pleno ascenso. El rey Abdulá de Arabia Saudí no esperó a que hubiera una solución de dos Estados para transmitir al presidente Obama la urgente necesidad de “cortar la cabeza de la serpiente”, es decir, Irán.
Netanyahu, que nunca ha confiado especialmente en las intenciones pacíficas de los árabes y siempre ha insistido en una estrategia de “primero Irán”, se ha encontrado con la confirmación más elocuente de sus miedos y sus políticas que podía imaginar en los mensajes procedentes de los dirigentes árabes. “Irán amenazaría la existencia de Israel si consigue un arma nuclear”, dice el jeque Muhammed bin Zaid, príncipe heredero de Abu Dabi. Y el emir de Qatar, el jeque Hamad Bin Khalifa el Thani -un personaje de considerable importancia en la política de la región-, se muestra “sorprendido de que los israelíes sigan deseando la paz después de lo sucedido en Líbano y Gaza”. Además, el emir comprende por completo la resistencia de las autoridades israelíes a hacer renuncias a cambio de la paz. “Representan a un pueblo”, dice, “que no se fía de los árabes, lo cual es muy comprensible. No se les puede reprochar, porque ellos (los israelíes) han vivido con esa amenaza demasiado tiempo”.
Ni que decir tiene que a los líderes árabes les gustaría que Estados Unidos continúe involucrado en el problema palestino y, como muestran estos cables, plantean la cuestión sin cesar a los embajadores norteamericanos. Pero da la sensación, por algún motivo, de que no esperan verdaderamente alcanzar una solución. En sus conversaciones, Palestina es más una molestia que un problema soluble. Lo que quieren es que Estados Unidos se haga cargo del conflicto y utilice su influencia sobre Israel para impedir que la situación se le vaya de las manos.
Con todo el terror que tienen al espectro de un Irán nuclear, lo que de verdad están deseosos de hacer es lo que sea para desbaratar sus ambiciones imperialistas. El ascenso de Irán y el hecho de que Irak se haya convertido en el primer Estado árabe gobernado por chiíes y sea ya un satélite de Teherán es, para los aliados suníes de Estados Unidos en la región, una calamidad de proporciones históricas, una tragedia tan determinante como la Nakbah de los palestinos.
Es posible que estas filtraciones no sean trascendentales, pero sí van a hacer que a los interlocutores de Estados Unidos en el mundo les cueste más hablar con franqueza. Aunque solo sea para evitar futuros bochornos, a partir de ahora el mundo de la diplomacia tendrá que actualizar las tecnologías de su red de comunicaciones. Pero el auténtico problema es otro. Es la cuestión de si Estados Unidos y sus aliados europeos van a tratar de hacer algo, y el qué, para interrumpir el declive de su modelo económico, rehacerse con el fin de recuperar la influencia estratégica que pierden sin cesar ante las nuevas potencias emergentes e impedir que sus valores de un orden mundial civilizado sucumban  a unas realidades estratégicas que han dejado de controlar.

Gran Bretaña

La antidemocrática Cámara alta británica/Timothy Garton Ash, catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, investigador titular en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
Publicado en  EL PAÍS, 07/12/10;
Muéstrenme un país que acabe de nombrar a más de 50 nuevos miembros del Parlamento con carácter vitalicio. En su mayoría, designados por un partido político, sin que haya habido ninguna votación. No es ningún secreto que, en el caso de varios de los designados, y siguiendo la histórica costumbre del país, esta pertenencia perpetua a la Cámara legislativa es una recompensa por sus generosas aportaciones económicas a uno u otro partido. Y, a diferencia de los presos en cárceles, en su caso, “perpetua” significa verdaderamente hasta el día de su muerte. Como consecuencia, uno de cada tres miembros de la Cámara tiene más de 75 años.

¿Turkmenistán? ¿Zimbabue? ¿Transistria? No, estoy hablando de Reino Unido, una de las democracias parlamentarias más antiguas del mundo. La coalición de Gobierno de conservadores y demócratas liberales habla mucho de “nueva política”, pero el mes pasado anunció el nombramiento de más de 50 nuevos miembros de la Cámara de los Lores, la Cámara alta del Parlamento británico. En la lista del Partido Conservador había luminarias como Robert Edmiston, a quien un reportaje de la BBC describió como “un vendedor de coches multimillonario, que donó 2 millones de libras al partido antes de las elecciones de 2005″. Según las investigaciones de la BBC, los donantes a los que los tories han recompensado con el título de lord han contribuido al éxito electoral del partido con un total de 4.678.636 libras [aproximadamente cinco millones y medio de euros].

El nuevo líder laborista, Ed Miliband, demostró su entrega a la nueva política al no colocar en su lista más que a un gran donante, sir Gulam Noon, un candidato al que había rechazado en una ocasión anterior la Comisión de Nombramientos de la Cámara de los Lores, un órgano independiente que examina las designaciones.
Los demócratas liberales, que no se quedan atrás en sus exigencias de que se reforme la Cámara alta, también han hecho unas cuantas designaciones. Un asesor del partido me dijo que habían tenido cuidado de escoger a personas que tuvieran “las manos relativamente limpias”. Le pregunté si podía citar esas palabras, y me dijo que no había problema. “Manos relativamente limpias”: piensen en lo que eso implica.
El motivo que dio para justificar la maniobra fue que los demócratas liberales necesitan el mayor número de lores posible, para reformar la Cámara y “por lo menos adaptarla al siglo XX, si no puede ser al XXI”.
“Si los presidentes de Zimbabue o Afganistán incrementaran unilateralmente en 30 votos sus apoyos en una cámara parlamentaria”, protesta Roy Hattersley, antiguo número dos del Partido Laborista, “la comunidad internacional se indignaría”. ¿Pero no es este el mismo Hattersley, es decir, el barón Hattersley de Sparkbrook en el Condado de West Mid-lands, que pertenece por designación del partido a la Cámara de los Lores desde 1993? Sí, explica en el mismo artículo: “Me incorporé a los lores, en palabras de Donald Dewar -entonces jefe del grupo parlamentario laborista-, ‘para contribuir a deshacernos de la Cámara’. Ojalá llegue pronto ese día”. Mientras tanto, es un lugar muy agradable en el que invitar a tus amigos a comer.
¿A que es imposible inventarse una cosa así? Como sería imposible inventarse la página web Lords of the Blog, que pretende conectar a sus señorías con los ciudadanos y que hace poco contenía un animado “concurso” en el que se trataba de adivinar la identidad de cuatro lores nuevos. Un ejemplo: “2. Dentro de poco me incorporaré a la Cámara. Mi suegro ya es miembro. Mi marido es miembro del Parlamento. ¿Quién soy yo?”. Ah, eso es lo que llaman un “par del pueblo”, ¿no?

“Desde que llegué aquí”, escribe Paul Tyler, un demócrata liberal hecho noble en 2005, “me horroriza y me avergüenza ver cuántos lores, incluidos varios ex miembros del Gobierno, utilizan la Cámara como un club privado, con buen aparcamiento y comedor subvencionado. Nunca hablan ni hacen alguna pregunta, y mucho menos contribuyen a los debates. No sé si les pagan dietas diarias por venir”. Tyler señala un informe reciente de la Cámara de los Lores que dice que, en el curso 2009/2010, de los 741 pares, 214 asistieron a menos de la cuarta parte de las sesiones de la cámara alta, y 79 no asistieron a ninguna.
Eso sí, nos aseguran que las reformas están en camino. El informe mencionado examinaba de qué formas se podría convencer a los lores que no hacen nada para que dejen la cámara alta, sin esperar a salir con los pies por delante. Según el acuerdo de la coalición, debería haber borradores de propuestas para “una cámara alta que sea total o mayoritariamente electa con representación proporcional antes de diciembre de 2010″. Me da la impresión de que ese plazo se ha convertido ahora en principios de 2011. Con lo cual no habrán pasado más que 100 años desde que el preámbulo a la Ley sobre el Parlamento de 1911 declaraba que “pretende sustituir la Cámara de los Lores actual por una Segunda Cámara constituida con una base popular y no hereditaria”.
Ahora voy a decir algo que tal vez les sorprenderá. Si todo lo anterior les hace pensar que quiero que la Cámara alta británica sufra una reforma rápida y drástica, tendrán razón. Pero si piensan que eso quiere decir que necesitamos una Cámara alta totalmente electa, en la que los lores -o los senadores- sean escogidos dentro de listas de partidos en elecciones generales, entonces no estoy de acuerdo. Hubo un tiempo en el que era partidario, pero luego he cambiado de opinión.
Porque en la última década nos hemos encontrado con la ironía muy británica de que esta institución antidemocrática, anticuada y anacrónica ha sido al mismo tiempo -junto a los jueces, a los que tampoco se elige- un bastión contra las tendencias populistas-autoritarias de un Gobierno electo. Hemos tenido que dar las gracias una y otra vez a la Cámara de los Lores, ya fuera por defender la libertad de expresión o por impedir que se implantara el plazo de 42 días de detención sin juicio. Los comités de la Cámara alta examinan con ojo experto las leyes y muchas veces las mejoran. Algunos de los informes que publican son magníficos. Podría nombrar fácilmente a una veintena de lores que han hecho espléndidas aportaciones al debate político. Y los mejores son, a veces, los que tienen un origen menos democrático de todos: los independientes no adscritos a ningún partido.
La Cámara de los Lores, indefendible en teoría, tiene muchas ventajas en la práctica. Pero esa práctica tan encomiable es, en gran parte, obra de entre 200 y 300 pares muy activos, de todos los partidos y, sobre todo, independientes.
Si, después de 100 años de arrastrar los pies, nos lanzamos ahora a tener una Cámara alta que sea totalmente electa, pagarían justos por pecadores. El experto constitucional Vernon Bogdanor destaca que el problema más grave de las segundas cámaras, en los Estados que no son federales, es encontrar un principio de representación distinto del de la primera cámara. Lo que menos falta nos hace es una versión empeorada de la Cámara de los Comunes, en la que se reciclen los miembros más inútiles de los partidos.
Reino Unido necesita un Senado de aproximadamente 300 miembros. Dos tercios se elegirían para mandatos de 10 años con una sólida base geográfica. Aunque Reino Unido no es un Estado federal, es un país compuesto por cuatro naciones o nacionalidades -con muchos poderes transferidos- y numerosos condados históricos. Es decir, habría un senador por Gales del Norte, un senador por Yorkshire, etcétera. El otro tercio sería de designación, también para 10 años, pero mediante un procedimiento de selección más transparente y riguroso que para los independientes actuales. Ser senador sería un trabajo como es debido (el título de lord desaparecería con la generación actual y sólo sobreviviría en los casos hereditarios, históricos y ornamentales). Cualquier senador que no asistiera a un mínimo establecido de sesiones o comités recibiría una advertencia y, en caso necesario, sería destituido. Entonces, Reino Unido podría volver a estar orgullosa de considerarse una de las grandes democracias parlamentarias del mundo.
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The Tea Maker

The Tea Maker/By Yoko Ono

THE NEW YORK TIMES, 08/12/10;

John and I are in our Dakota kitchen in the middle of the night. Three cats — Sasha, Micha and Charo — are looking up at John, who is making tea for us two.
Sasha is all white, Micha is all black. They are both gorgeous, classy Persian cats. Charo, on the other hand, is a mutt. John used to have a special love for Charo. “You’ve got a funny face, Charo!” he would say, and pat her.
“Yoko, Yoko, you’re supposed to first put the tea bags in, and then the hot water.” John took the role of the tea maker, for being English. So I gave up doing it.
It was nice to be up in the middle of the night, when there was no sound in the house, and sip the tea John would make. One night, however, John said: “I was talking to Aunt Mimi this afternoon and she says you are supposed to put the hot water in first. Then the tea bag. I could swear she taught me to put the tea bag in first, but …”
“So all this time, we were doing it wrong?”
“Yeah …”
We both cracked up. That was in 1980. Neither of us knew that it was to be the last year of our life together.
This would have been the 70th birthday year for John if only he was here. But people are not questioning if he is here or not. They just love him and are keeping him alive with their love. I’ve received notes from people in all corners of the world letting me know that they were celebrating this year to thank John for having given us so much in his 40 short years on earth.
The most important gift we received from him was not words, but deeds. He believed in Truth, and had dared to speak up. We all knew that he upset certain powerful people with it. But that was John. He couldn’t have been any other way. If he were here now, I think he would still be shouting the truth. Without the truth, there would be no way to achieve world peace.
On this day, the day he was assassinated, what I remember is the night we both cracked up drinking tea.
They say teenagers laugh at the drop of a hat. Nowadays I see many teenagers sad and angry with each other. John and I were hardly teenagers. But my memory of us is that we were a couple who laughed.

La batalla por los secretos

Columna Estrictamente Personal/ Raymundo Riva Palacio
La batalla por los secretos
December 8, 2010
Los cables de Wikileaks sobre el CISEN dejan bastante mal parado a su director, Guillermo Valdés, al que la diplomacia estadounidense no ve como un funcionario competente para las tareas que le asignó el presidente Felipe Calderón. En contraste, se refieren a la Secretaría de Seguridad Pública Federal como un “gigante institucional”, donde el secretario Genaro García Luna lo ha avasallado en presupuesto y personal. Lo que no dicen los cables -o aún no trascienden-, es que esa asimetría ha desatado de una de las luchas más enconadas dentro del gabinete de seguridad.
Valdés va a la caza del sistema de inteligencia que se conoce como Plataforma México, que es motivo de admiración de muchos gobiernos extranjeros. Valdés quiere que Plataforma México se traslade al CISEN, lo que ha enfrentado una oposición tajante de García Luna, quien es el autor intelectual y creador de ella. El Presidente, que ha escuchado los argumentos de ambas partes, no ha tomado aún la decisión, que podría redefinir el rumbo de la inteligencia civil mexicana.
Plataforma México es una base de datos criminal a través de la cual se despliega en tiempo real información proveniente de los centros de inteligencia policial estatales, conocidos como C-4, que se procesa mediante una serie de llaves analíticas de que dispone el sistema. Plataforma México es capaz de proveer en segundos información de individuos y de vehículos, cruzarla en el mismo lapso con bases de datos en todo el país para saber si tienen antecedentes delictivos o los está buscando algún cuerpo de seguridad, y rastrear por aire y tierra a vehículos y aviones a través de las cámaras policiales desplegadas en todo el país o por medio de satélites.
Toda esa tecnología es acariciada por Valdés, quien pese a haber recibido un CISEN en ruinas tecnológicas y desmantelado en sus recursos humanos, no ha podido estar a la altura del sistema de contrainteligencia civil que construyó el Estado Mexicano en los 20 últimos años. Su falta de experiencia y conocimiento lo han llevado en los primeros cuatro años de gobierno de Calderón a ser rebasado y derrotado en las reuniones del gabinete de seguridad, donde varios miembros que lo menosprecian.
Los cables de Wikileaks muestran que los mexicanos no son los únicos que lo ven hacia abajo. Uno de los que envió la Embajada de Estados Unidos en México establece que el CISEN “carece de la capacidad para dirigir con efectividad el proceso (de inteligencia) entre dependencias, particularmente cuando se incluye a gigantes institucionales como la SSPF… La incapacidad del CISEN para funcionar hasta ahora (2009) como un líder real en las operaciones de inteligencia y análisis, ha dejado a México sin un coordinador intergubernamental efectivo”.
Lo que refleja el cable enviado al Departamento de Estado con copia para el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca -responsable de procesar la información de todas las agencias de inteligencia estadounidenses-, es la debilidad de Valdés y la falta de liderazgo del CISEN. Sin experiencia alguna en materia de inteligencia, Valdés fue designado por el presidente Calderón porque quería tener a un amigo en un cargo tan sensible y delicado. Ahora se ha visto que también buscaba complicidad.
Por ejemplo, Valdés autorizó las grabaciones telefónicas a gobernadores priístas que se difundieron en vísperas de las elecciones de julio, con lo que se buscó un cambio en la preferencia de voto, y que regresó al CISEN a las etapas siniestras de la extinta Dirección Federal de Seguridad, la policía política gubernamental. Estos antecedentes hacen que la batalla secreta que se libra hacia el interior del gabinete de seguridad cobre una enorme relevancia para la salud política de la nación, pues si Plataforma México se traslada al CISEN, se abrirá la puerta para que toda esa base de datos sea utilizada para espiar a políticos, empresarios o periodistas incómodos, abrirles expedientes y usar su información personal política y electoralmente.
Con un año caliente como el que se aproxima, con las elecciones en el estado de México, preámbulo de las elecciones presidenciales de 2012, un sistema como el de Plataforma México, en manos tendenciosas, puede crear un desastre nacional. No puede uno esperar que el Presidente, que vibra con lo electoral, repare en este argumento. El contrapeso se encuentra afuera de Los Pinos, en los partidos de oposición, pues a ninguno de ellos beneficiaría un CISEN politizado, utilizando la alta tecnología para cambiar, por la mala, las preferencias electorales.

twitter: @rivapa

Debate en San Lázaro

Frena Judicatura reforma constitucional
Aprueban diputados cambios en materia de amparo, pero rechazan artículo 100
Nota de Víctor Fuentes y Armando Estrop
Reforma, 8 diciembre 2010).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) logró frenar en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 100 de la Constitución, ya aprobada por el Senado, que hubiera permitido a la Suprema Corte de Justicia revisar casi todas las decisiones de ese órgano.
La mayoría de los integrantes del CJF consideraba que la reforma ponía en riesgo la razón de existir de ese órgano de administración y vigilancia del Poder Judicial Federal, creado en 1994.
César Jáuregui, consejero de la Judicatura, calificó de "totalmente ominoso" y "avieso" el cambio, que pasó desapercibido cuando el Senado lo aprobó a finales de 2009, porque fue incluido en un paquete de modificaciones históricas al juicio de amparo
Los diputados aprobaron ayer los cambios en materia de amparo, pero rechazaron revisar el artículo 100, por lo que la minuta volverá al Senado donde se espera que será aprobada en definitiva.
"Diría que esto da pauta para que volvamos al esquema anterior a la reforma de 1994, y que sea la Corte la que aglutine todas las funciones", dijo Jáuregui en entrevista.
"En ese caso estaría porque desapareciera el Consejo de la Judicatura, porque realmente sería una simulación y una vacilada".
Jáuregui atribuyó los cambios al artículo 100 a las gestiones de funcionarios menores que buscaron quedar bien con Ministros de la Corte.
"Es lógico y natural que una mayoría de consejeros se opone, porque sentimos que la reforma lleva propósitos aviesos no de mejoría, sino de adquisición y acumulación de facultades", afirmó.
Aunque la Corte puede revisar algunas decisiones del CJF, con la reforma se ampliaba el abanico a toda clase de conflictos en materia de licitaciones, asuntos laborales de todo el personal judicial y cambios de adscripción de jueces y magistrados.
Incluso se abría la posibilidad de que también tribunales y juzgados administrados por el CJF pudieran resolver demandas contra dicho órgano.
El paquete de reformas ampliará el acceso de los ciudadanos al juicio de amparo, dará efectos generales a las declaraciones de inconstitucionalidad de leyes de la Corte, y reducirá la carga de trabajo que esta última enfrenta por las contradicciones de criterios entre tribunales colegiados.
El magistrado Juan Carlos Cruz Razo era el único integrante del CJF que no se oponía a una mayor supervisión de la Corte, pero criticó al Congreso por aprobar una reforma de tal relevancia al amparo, sin consultar a los jueces que tendrán que lidiar con el aumento en la carga de trabajo.
"Con total desdén, quienes elaboraron el proyecto no tuvieron la mínima preocupación por invitar a jueces, magistrados y consejeros a discutirla y a precisar sus contenidos, sino que la elaboraron en un pleno estudio de gabinete", afirmó.
"Es criticable la reforma porque no se ha meditado sobre los alcances que tiene ni la forma en que deberán operarla los órganos del Poder Judicial", concluyó.
Sin embargo sólo fue este artículo el que se modificó, las reformas en materia de amparo pasaron tal cual las mandó el Senado.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Juventino Castro y Castro consideró una reforma histórica pues desde que esta figura entró en vigor, en 1847, no había tenido reformas.
El diputado del Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas, aseguró que si bien es una reforma positiva, aún se debe de profundizar para mejorar este instrumento legal.
PT y PAn hicieron posible la modificación:
Estos son los posicionamientos de ayer, martes 7 de diciembre en San Lázaro.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Bienvenido, don Juventino, tiene usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos.
El diputado Juventino Víctor Castro y Castro: Señores, la Comisión de Puntos Constitucionales presenta a ustedes el dictamen que aprueba la minuta del Senado sobre una cuestión trascendental para México, el juicio de amparo.
El juicio de amparo, que es nuestro orgullo, realmente desde que en 1847 en sus bases se estableció, nunca había sufrido reformas. Esto preocupaba mucho a la Suprema Corte y por eso hace años presentó un proyecto que ha sido la base de los dictámenes y de las iniciativas que se han presentado al respecto.
Hay muchos puntos fundamentales en esta reforma. Yo le doy mucha importancia a la incorporación de los derechos. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país haya aprobado, son materia directa del juicio de amparo. Esto es algo muy importante.
También es importante subrayar –y lo hago en este momento– que no sólo procede el amparo contra actos de la autoridad, sino también con omisiones de la autoridad. En cierto sentido ésta es una novedad muy relativa, porque realmente cuando un amparo se resuelve y se dice; la autoridad no cumplió con la Constitución y por ello se concede el amparo, realmente está aceptando que hay omisiones que son sancionables por medio del amparo.
Tiene el propósito la reforma, de reformar la independencia y autonomía de los tribunales de los estados, no sólo para armonizar sus competencias y su posibilidad de que coincidan con las competencias federales, no; se acuerdan ustedes que ha sido un viejo propósito de los tribunales decir no es aceptable que nosotros tengamos nuestras leyes civiles y penales, que las interpretemos, que las apliquemos y que después, aun cuando haya dicho la última palabra nuestro Tribunal Superior de Justicia del estado, todavía se puedan plantear ante la Corte.
Es evidente una invasión de la Federación en la soberanía de los estados. Ahora se propone que en el amparo directo solamente se vean las violaciones constitucionales que son las que corresponde resolver al Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Todos los demás serían la última palabra. La interpretación de la ley local y su aplicación no son materia que pueda ser más planteable.
Hay declaraciones generales en los amparos indirectos y se refuerza la jurisprudencia por reiteración. La reiteración contrasta con la jurisprudencia establecida por contradicción. Ahora se proponen plenos especiales de tribunales de circuito en los cuales puedan ellos conocer estas cuestiones. No se le quita soberanía al Poder Judicial Federal, porque al fin y al cabo las contradicciones que pudiera haber entre los plenos que interpretan las contradicciones de los jueces de circuito, son revisables por la Suprema Corte de Justicia.
Hay novedades en cuanto a ejecución de sentencias. La Suprema Corte puede separar al incumplido y por supuesto consignarlo ante juez directamente si es que cometió un delito. Ésta es una novedad que fue muy notable en la nueva Ley de Amparo propuesta, aprobada por el Senado y que tendría que ser aprobada por ustedes para poder pasar a los Legislativos locales.
Se modifica el concepto de interés jurídico, esto es muy importante. Es muy frecuente que se establezca “este amparo no es procedente porque no se pone de manifiesto la lesión que ha recibido el que plantea el amparo”. Ahora el concepto de interés jurídico es mucho más amplio. Todas estas cuestiones y otras más se plantean en el dictamen. El dictamen es una de las cuestiones más importantes –en mi concepto- que pudiera conocer esta asamblea.
Yo definitivamente sugiero que después del análisis que ustedes quieran llevar a cabo, estas modificaciones, en su esencia, sean aprobadas por este pleno. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia hasta por cinco minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, desde luego que se trata de una reforma muy importante a la Constitución, que modifica los artículos 94, 100, 103 y 107 de nuestra Carta Magna, es decir, es una reforma que está modificando muchos de los principios fundamentales en materia de amparo y tiene elementos de avance importantes.
Sin embargo, quiero manifestar que votaré en contra de la misma y voy a exponer brevemente algunas razones. Esta reforma, por ejemplo, establece la sustanciación prioritaria de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad cuando las promueve el Congreso o alguna de las Cámaras del Congreso.
Desde mi punto de vista esta modificación al artículo 94 viola el principio de acceso a la justicia en condiciones igualitarias, porque tendrá el Congreso de la Unión, o sus Cámaras, un acceso privilegiado a las controversias constitucionales o a las acciones de inconstitucionalidad.
Después hay cuestiones que se debieron haber modificado en este dictamen respecto al trato privilegiado que reciben los ministros de la Suprema Corte. Esta reforma no modifica el principio de que los ministros de la Suprema Corte, tal como lo establece el artículo 127 de la Constitución, pueden recibir emolumentos, salarios superiores a los del presidente de la república. Esta reforma no modifica para nada, no prohíbe, no deroga el haber de retiro a que tienen derecho los ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es una reforma que, por ejemplo, en el artículo 100 le da atribuciones a la Corte, a revisar casi cualquier decisión del Consejo de la Judicatura, va hacer nugatorio el papel del Consejo de la Judicatura. Cuando se afecten derechos de terceros o se afecten derechos de otro tipo, la Corte pueda intervenir para modificar decisiones del Consejo de la Judicatura.
Es decir, es una reforma que está subordinando a este órgano, al Consejo de la Judicatura totalmente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También es una reforma que no amplía, por ejemplo, la protección en materia de amparo. Don Juventino Castro ha insistido en este pleno para que dictemos o aprobemos un dictamen y que permita regular el amparo en materia social.
Este dictamen no contempla el amparo social, tampoco permite promover juicio de amparo contra actos de particulares, pensemos en poderes fácticos, que violentan derechos fundamentales y no establece ningún mecanismo adecuado para que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sean aprobados conforme al procedimiento del artículo 135 de la Constitución.
Es verdad que contiene este dictamen algunas modificaciones para ampliar en poco el interés legítimo, pero no establece, por ejemplo, algo que sería fundamental en el derecho mexicano; solamente prever el interés jurídico en materia de derecho privado, civil y mercantil y en materia de derecho público, social y familiar, establecer que en esos casos debe prevalecer no el interés jurídico, sino el interés legítimo.
Es una reforma que también permite en alguna medida la suplencia de la queja, pero no en todas las materias. Debería, por ejemplo, establecerse que debe haber suplencia de la queja en materia de amparo, en materia social, en derecho público o en derecho familiar y esta reforma no lo contempla así.
Después hay una interesante reforma para que se derogue la Cláusula Otero, que es una de las bases o de las columnas del juicio de amparo mexicano, lo que me parece muy interesante, que cuando existan cinco tesis en el mismo sentido, pueda establecerse la obligatoriedad de la jurisprudencia en todos los casos.
Sin embargo se establece como excepción, que en materia tributaria no procederá la Cláusula Otero.
En fin, pudiendo haber sido una gran reforma en materia de amparo, es una reforma que contiene resabios tradicionales que no permitirán garantizar derechos humanos, derechos fundamentales de las personas, de manera amplia.
Por eso en lo particular y en lo general, votaré en contra de esta reforma constitucional. Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez, para posicionar por el Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Nazario Norberto Sánchez: Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso. Estas reformas a los artículos 94, 100, 103, 107 y 112, son las reformas fundamentales, ya que desde hace muchos años no se ha reformado la Constitución y mucho menos en materia de amparo.
Concuerdo con algunas de las propuestas del compañero diputado que me antecedió en la palabra en esta tribuna, pero hay que dejar claro que es menester que estas reformas que se dan ahorita en materia de amparo son fundamentales.
Quiero comentarles que estas propuestas también se refieren a la posibilidad para resolver el amparo, además de controversias suscitadas por normas generales, omisiones en que incurra la autoridad y se precisa que la protección de derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social.
Se precisa la necesidad de armonizar el juicio de amparo con las transformaciones de varias instituciones jurídicas, siguiendo la serie de reformas que históricamente ha sufrido hasta llegar a su estado actual.
En este sentido, es claro que la independencia y autonomía de los tribunales estatales es un requisito fundamental de cualquier reforma que pretenda mejorar la administración de justicia a fin de armonizar la competencia federal con las locales y así lograr su complementariedad.
No se pretende de ninguna manera desaparecer el amparo directo, sino atemperar la intervención de la justicia federal en el ámbito local. Se pretende conservar el control de la constitucionalidad directa, que es la materia propia del amparo.
Asimismo, es de materia propia de amparo garantizar la defensa de los sujetos y materias que siempre han sido objeto de protección, vigorizando la confianza en los tribunales locales para que, fuera de los supuestos mencionados, en la reforma el amparo sólo proceda en casos de importancia y trascendencia; en todos los demás supuestos las sentencias serán impugnables, constituyendo a los tribunales que las emitieron como órganos terminales, de acuerdo con las exigencias de los tiempos actuales.
Se impone al quejoso o a quien promueva el amparo adhesivo la carga de invocar todas aquellas violaciones procesales que estimen puedan violar sus derechos. Se pretende con esto que en un solo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse respecto de la totalidad del proceso y no a través de diversos amparos, como ahora sucede.
Así también se propone introducir la figura de interés legítimo, que ya había comentado el diputado Juventino Castro y Castro, permitiendo que se constituya como quejoso en el amparo aquella persona que resulte afectada por un acto que violente un derecho reconocido por el orden jurídico; no violentando directamente derecho se afecte la institución jurídica derivada del propio orden jurídico.
Igualmente se propone otorgar a la Suprema Corte de Justica de la Nación la facultad de emitir una declaración general en aquellos juicios de amparo indirecto en revisión en donde se establezca jurisprudencia por reiteración y se determine la inconstitucionalidad o la interpretación conforme a alguna norma general respecto de la Constitución.
En lo que se refiere a las contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de un mismo circuito se propone la creación de un nuevo órgano para su resolución: los plenos de circuito. Esta modificación está encaminada a homogeneizar los criterios hacia dentro de un circuito previniendo así que los tribunales diversos pertenecientes a la misma jurisdicción emitan criterios contradictorios.
En materia de suspensión del acto reclamado se propone establecer se propone establecer en el marco constitucional bajo un sistema equilibrado que permita cumplir con el fin protector y asimismo cuente con mecanismos para evitar abusos que desvíen su objetivo natural.
Se privilegia la discrecionalidad de los jueces consagrando expresamente como elemento para otorgar la suspensión, la apariencia de buen derecho.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.
El diputado Nazario Norberto Sánchez: Concluyo, diputado presidente. Por último, uno de los temas más complejos es el relativo a la ejecución de las sentencias de amparo. La propuesta es eliminar el requisito de declaración de procedencia para que la Suprema Corte de Justicia pueda separar a la autoridad y consignarla ante el juez de distrito en caso de incumplimiento no justificado de sentencias de amparo o de repetición del acto reclamado. Muchas gracias. Es todo, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Nazario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente. Hago uso de esta tribuna, la más alta de la nación, para hacer algunas reflexiones sobre la trascendental reforma que habremos de aprobar en breves minutos y que en una primera parte merece dejar sentado que los compromisos de las Juntas de Coordinación Política, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, impulsado por la presidenta de la Junta de Coordinación y los coordinadores de esta Cámara de Diputados, empieza a dar frutos.
Éste es uno de los compromisos que acordaron en esa reunión los coordinadores parlamentarios; y tenemos que reconocer el trabajo de la presidenta, la diputada Vázquez Mota, de los integrantes; el diputado Rojas Gutiérrez; como coordinadores: el diputado Encinas Rodríguez, el diputado Guerra Abud, el diputado Vázquez González, el diputado Tamez Guerra, el diputado Jiménez León; y también hacer un reconocimiento al presidente de la Mesa Directiva y a su Mesa Directiva, porque hoy estamos dando muestras claras y fehacientes de que en la Cámara de Diputados sabemos llegar a acuerdos, que a pesar de los tópicos que puedan tener como punto de vista distinto, siempre sabemos tener muy en alto el tema que nos convoca en esta Cámara de Diputados que es México y que concretamente en esta reforma constitucional de amparo será un parteaguas en la historia del derecho constitucional mexicano y una reforma trascendental a uno de los instrumentos de control constitucional.
Interés legítimo, en lugar de interés jurídico; como ya lo han explicado algunos, rompe tecnicismos, rompe limitaciones de la protección constitucional. Ahora se abre, prácticamente a todos los ciudadanos en razón del interés legítimo, un tema de vital trascendencia y que da cuenta del trabajo de esta legislatura es lo que, en términos doctrinarios se llama efecto “erga omnes” que tiene que ver con efectos generales de la sentencia; es decir, lo inconstitucional es inconstitucional y bastará que se determine que es inconstitucional para que tenga efectos para todos los mexicanos y no como ahora, que cada quien tiene que hacer uso del recurso para buscar la protección de la justicia federal. Ése es un punto muy trascendente en la vida jurídica nacional.
Un tema también trascendente. Cuando exista contradicción de sentencias, se integrará el pleno de circuito, que además de facilitar y solidariamente ayudar a hacer el trabajo del pleno de la Corte, podrá determinar cuál es la sentencia correspondiente.
En el caso particular no ahondaré más, sólo reafirmaré que se trata de una reforma constitucional de gran calado y que en esa medida esta Cámara de Diputados hoy tendrá que dar cuenta de cara a la nación, que sabe ponerse de acuerdo, que honra sus compromisos y que sus órganos, sus comisiones y los diputados estamos trabajando. Bienvenida esta gran reforma y que sea por el bien de México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado don Jesús Alfonso Navarrete Prida, para posicionar por el grupo del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados.
La posición del Grupo Parlamentario del PRI frente a esta reforma a diversos artículos de la Constitución General de la República, es una posición de apoyo, es una posición favorable por las siguientes razones:
Se trata de modificar cinco artículos de la Constitución: el 94, el 100, el 103 y el 104 de la Constitución General de la República.
En el artículo 94 lo que se establece es la creación por acuerdo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Tribunales Colegiados de Circuito. De los plenos de estos tribunales colegiados que permitirían a la Corte mantenerse como un órgano de constitucionalidad, que esa es su función esencial y que sean los propios tribunales colegiados en pleno, quienes diriman las contradicciones de resoluciones que se dan en su seno.
La modificación a los tribunales colegiados no es nueva. Desde las década de los 50 del siglo pasado que se crearon los tribunales colegiados, la tendencia ha sido de dotarles de mayor número de facultades que le permita a la Corte mantenerse como un órgano de constitucionalidad.
La segunda modificación, que entendemos que hay reserva de un grupo parlamentario en el artículo 100 y que valdría la pena, quizá, estudiarla con mayor profundidad, tiene que ver con resoluciones del Consejo de la Judicatura federal, que pudieran ser ya conocidas por el pleno en tres hipótesis: tratándose de asuntos laborales, tratándose de adscripciones y movimientos de jueces y tratándose de asuntos que involucren a un tercero ajeno al Poder Judicial de la Federación y que la resolución del Consejo de la Judicatura le pueda afectar.
Ciertamente hay que pensar si esta reforma a la Constitución vulnera el principio de equilibrio entre los órganos internos del Poder Judicial de la Federación, de las facultades del pleno de la Corte y del Consejo de la Judicatura.
Por otro lado, trascendente resultan las modificaciones al artículo 103 para dar las posibilidades y ampliar las posibilidades de conocer de juicio de amparo y modificar en el 104 las bases constitucionales que lo rigen, la calidad de la parte agraviada.
El amparo –como sabemos– es extraordinariamente técnico. Ahora lo que se propone es que la expresión “interés jurídico” que significa el menoscabo directo y particular a una garantía individual que en la reforma ahora se modificará y se llamarán “derechos humanos y sus garantías”, pueda ser sustituido este término “interés jurídico” por “interés legítimo”.
Esto abre una posibilidad mayor de defensa a los gobernados porque permite que sin los rigores técnicos específicos que se dan en la parte de interés jurídico pueda conocer de la Corte en otros temas y proteger garantías individuales. Lo mismo resulta relevante la relatividad de las sentencias de amparo y la modificación a la Fórmula de Otero.
Si bien es un primer paso y habría que pensar en efectos generales en otros casos, lo cierto es que marca el principio de que tratándose de revisión en amparos indirectos, donde ya el pleno de la Corte se ha pronunciado por segunda ocasión sobre la inconstitucionalidad de una ley, permita que el órgano que expide la misma, es decir, Congreso federal o local, modifique su resolución o, en su caso, la Corte declare con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley. Esto sin duda es benéfico para la sociedad.
Las expresiones de modificación de leyes a normas generales también ayudan a la sociedad porque permiten conocer a la Corte, ya no restrictivamente, sino en amplitud de facultades, normas generales que no necesariamente puedan emanar de un órgano legislativo.
Las controversias que se dan en asuntos de orden criminal y sustituirlos por asuntos por delitos federales especifican la competencia directa y los asuntos de la división entre civiles y mercantiles también ayudan, sin duda, a mejorar el sistema y el juicio de amparo, nuestro sistema de amparo, que es una gran figura con muchas modificaciones e instituciones mexicanas, que se ven sin duda fortalecidas.
Es una reforma técnicamente sólida, moralmente aceptable y políticamente correcta la que se nos presenta el día de hoy y por eso el PRI, sin duda alguna, la apoyará en sus términos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A usted, señor diputado. No habiendo más oradores, pregunte la Secretaría si se considera suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Ya lo han hecho los señores diputados Jaime Cárdenas Gracia, con los artículos 94, 100, 103 y 107, y el diputado Oscar Martín Arce Paniagua, para reservar el artículo 100.
Le solicito atentamente a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruir el cierre del sistema, a efecto de preparar la votación en lo general.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Se informa a la Presidencia que hasta este momento hay registrado una asistencia de 401 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos, para proceder la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.
(Votación)
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si falta algún diputado por votar.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Adelante, sigue abierto el sistema.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Informe la Secretaría el resultado del cómputo de la votación.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: De viva voz el diputado José Luis Álvarez Martínez.
El diputado José Luis Álvarez Martínez (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Ahued me parece que también esté emitiendo su voto de viva voz.
El diputado Ricardo Ahued Bardahuil (desde la curul): A favor.
El diputado Eduardo Ledesma Romo (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Adelante, diputado. Sigue abierto el sistema.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, infórmenos del cómputo.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron 361 votos en pro, 0 abstenciones, 4 en contra. Hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 361 votos, reuniéndose la mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos. El 94; el 100; el 103 y el 107, por el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Y el artículo 100 por el diputado Óscar Martín Arce Paniagua.
Hemos recibido del diputado Jaime Cárdenas Gracia oficio en el que nos hace las siguientes solicitudes:
Primero. Reservar para su discusión en lo particular los preceptos mencionados en este escrito, lo cual ya hemos hecho, ya han sido enumerados en la asamblea.
Segundo. Acordar la votación nominal de los preceptos reservados. Todas las votaciones en lo particular son votaciones nominales.
Tercero. Concederle 30 minutos en tribuna para exponer los argumentos del caso sobre los preceptos reservados.
Dado que el diputado Cárdenas Gracia tiene cuatro artículos reservados, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación; y con la facultad que nos concede el artículo 20 en relación a la dirección de los debates a la Mesa Directiva, se le conceden al diputado Cárdenas Gracia 17 minutos para la exposición de los cuatro artículos reservados.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente, por su generosidad. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Voy a tratar de ser muy sintético en los argumentos.
Repito que me parece una reforma importante, que se avanza en algunos puntos, pero que es una reforma insuficiente que no está a la altura de las circunstancias que el sistema judicial y los derechos de los ciudadanos demandan del Poder Judicial de la Federación.
Respecto al artículo 94 constitucional, presidente, mis tres objeciones al artículo 94 que se sometió a votación en lo general y que fue votado en lo general por este pleno a favor, tengo tres comentarios.
Hay que decirles a los compañeros que en este artículo 94 se establece una substanciación prioritaria en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es decir, el Congreso de la Unión o el Ejecutivo federal tendrán trato privilegiado respecto de las otras autoridades previstas en el artículo 105 de la Constitución, para que la Suprema Corte atienda de manera preferente controversias y acciones de inconstitucionalidad promovidas por estos dos poderes.
Me parece que es un trato injustificado que viola el principio de acceso igualitario a la justicia respecto a las otras autoridades que pueden promover acciones y controversias y que no tienen este trato privilegiado.
El segundo punto de rechazo a este dictamen del artículo 94 tiene que ver con el principio tradicional del derecho mexicano en materia de amparo, que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia y que obliga tanto al Poder Judicial Federal como a poderes judiciales locales.
Estimo, como lo ha señalado la doctrina nacional y extranjera, que la obligatoriedad de la jurisprudencia implica una camisa de fuerza, presidente, que impide ejercer la independencia judicial plenamente.
La jurisprudencia debiera ser en nuestro país meramente indicativa y no obligatoria, para promover y maximizar la independencia judicial. Sin embargo, el dictamen contiene, sigue conteniendo este criterio tradicional y obliga a los tribunales inferiores a acatar jurisprudencia obligatoria, limitando su independencia y su libertad de criterio, la flexibilidad interpretativa de los tribunales.
En tercer lugar, presidente, esta reforma pudo haber modificado sustancialmente la Constitución, para que los ministros de la Corte no reciban emolumentos superiores al presidente de la república y mantiene el criterio tradicional.
En la actualidad los ministros de la Corte pueden percibir emolumentos superiores al presidente de la república y además perciben un haber de retiro vitalicio, no solamente ellos, sino sus viudas o sus viudos, una vez que fallecen los ministros. Esto es un privilegio excesivo del derecho mexicano y se está garantizando en este dictamen.
Por lo que ve al artículo 100, en donde me da mucho gusto que varios grupos parlamentarios ya se han sumado a la reserva, hay que decir que este dictamen está planteando la limitación de los poderes de las facultades del Consejo de la Judicatura.
Se permite que cualquier decisión del Consejo de la Judicatura que tenga que ver con derechos de terceros o asuntos laborales, pueda ser conocida en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si se aprueba en sus términos, como se pretende, este artículo 100 de la Constitución, hará totalmente nugatorio el papel del Consejo de la Judicatura. Si ya es un órgano subordinado a la Corte, de aprobarse en sus términos el artículo 100, hará de este Consejo de la Judicatura un órgano totalmente subordinado a las decisiones del pleno de la Suprema Corte, y en los hechos el Consejo de la Judicatura será un órgano administrativo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no el órgano constitucional que se estableció en el artículo 100 para vigilar, disciplinar y administrar al Poder Judicial de la Federación.
Respecto al artículo 103, la reforma contiene importantes avances, es verdad; se van a poder impugnar no solamente preceptos de la Constitución, sino también preceptos previstos en tratados internacionales. Sin embargo la reforma no contempla el amparo social.
En México urge que los derechos colectivos estén tutelados por el amparo. En la actualidad los derechos colectivos no están tutelados debidamente por el amparo ni los derechos sociales. Me parecería que era una oportunidad importante regular el amparo social en México y no se está regulando.
También sería fundamental que el amparo no solamente procediese contra decisiones de autoridades, sino contra decisiones de algunos particulares que desempeñan un papel importante en la sociedad mexicana, me refiero, en concreto, a los poderes fácticos, que el amparo, como en el derecho comparado, como en Argentina, como en Alemania, también procediese, no solamente contra actos de autoridad, sino también contra actos de particulares y la reforma no está proponiendo eso en el artículo 103.
Respecto al artículo 107, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas pudieron ser las reformas y se queda la reforma a medias.
El interés jurídico, voy brevemente a explicar la importancia de la reforma y por qué es insuficiente. En la actualidad en materia de amparo, para que el amparo sea procedente y el juez de distrito entre al fondo, se debe acreditar que el acto de autoridad implica una afectación a la propiedad, a la libertad, a la posesión de una persona. Si no se acredita el agravio personal y directo, que eso es lo que significa interés jurídico, el amparo es improcedente y no se entra al fondo del asunto.
Según estadísticas de la propia Suprema Corte, de 100 amparos que se presentan todos los días en este país, del 100 por ciento, casi el 70 por ciento de los amparos son desechados porque no se acredita el interés jurídico.
Esta reforma da un paso adelante, permite que en algunos casos el amparo pueda ser procedente si se acredita un interés legítimo. Sin embargo la reforma se queda a medias. Debería establecerse el interés legítimo en todo el derecho público, el derecho social y el derecho familiar.
Permite la reforma el interés legítimo en unos cuantos casos, no lo abre a todo el derecho público ni lo abre al derecho social ni lo abre al derecho familiar. Aquí desde luego hay una limitación importante en el dictamen.
La reforma al artículo 107, permite que en algunos casos se puedan invalidar normas generales. Esto me parece correcto, que pongamos fin a la Cláusula Otero que establece que el amparo solamente procede contra el acto que está promoviendo el particular o el quejoso en un amparo, pero es muy curiosa esta reforma; dice: Sí, puede ponerse fin a la cláusula Otero y el amparo puede tener efectos generales, pero no en materia de amparo en materia tributaria.
Yo me pregunto por qué en materia tributaria o fiscal el amparo no tiene efectos generales, cuando debe tenerlos. Me parece una deficiencia muy importante de esta reforma.
Ocurre lo mismo en materia de suplencia de la queja. Se amplía la suplencia de la queja; sin embargo, en derecho público, en derecho social y de nuevo en derecho familiar la suplencia de la queja en materia de amparo para beneficiar la protección a los sectores colectivos, al interés general, a los que promueven amparo en materia familiar debiera ser extensiva la suplencia de la queja en todos los casos. Pues no es así, no se hace extensiva en todos los casos.
Por otra parte, presidente, se establece que los tribunales superiores de justicia en los estados van a tener, a partir de este momento, en materia de amparo directo, un tratamiento privilegiado. En materia de amparo directo, no en todos los casos procederá el amparo directo ante un tribunal colegiado, sino solamente en algunos de los casos.
Tal como están hoy en día muchos tribunales superiores de justicia en los estados, me parece que es darles un inmenso poder a los gobernadores. Los gobernadores controlan muchos tribunales superiores de justicia. Sería importante que el amparo directo fuese procedente en la mayor parte de los casos y que no se limitara.
Con esto no estamos fortaleciendo el federalismo judicial; estamos fortaleciendo a los tribunales superiores de justicia de este país, presidente.
Por otro lado, en contradicción de tesis, que es este mecanismo que tiene la corte para determinar qué tesis de qué tribunal colegiado debe prevalecer, se establece legitimación procesal sobre todo a las autoridades para promover contradicción de tesis.
Pero oh enorme fallo. Nunca hay en esta reforma legitimación procesal abierta a los ciudadanos. Es decir, cuando los ciudadanos observemos de manera abierta, no cuando tengamos un interés jurídico, y que veamos que un tribunal colegiado decidió en una materia equis y el otro tribunal colegiado en esa misma materia decidió ye, que cualquier ciudadano de la república le diga al órgano competente para el conocimiento de la contradicción de tesis: aquí hay una contradicción de tesis, resuélvela. Pues no es el caso.
Los ciudadanos no tenemos legitimación procesal abierta para promover una contradicción de tesis ante los tribunales competentes, en este caso la contradicción de tesis está conferida exclusivamente también a las personas que según el dictamen están legitimadas.
Algo más, presidente. Esta reforma está proponiendo, en la fracción XVI del 107 de la Constitución, algo que me parece grave: no está distinguiendo entre servidores públicos que repiten el acto reclamado y los servidores públicos que tienen origen en una elección democrática.
De acuerdo a esta propuesta constitucional cuando exista repetición del acto reclamado cualquier servidor público podrá ser retirado de su cargo. Fíjese lo grave, no solamente en aquellos casos de servidores públicos que no tienen origen en una elección democrática. En esta propuesta de reforma se está diciendo que cuando hay repetición del acto reclamado cualquier servidor público, incluyendo los que hemos sido elegidos democráticamente por el voto popular podemos ser retirados de nuestra función.
La reforma desde mi punto de vista debiera hacer la distinción y establecer que sí se puede retirar del cargo a un servidor que repite el acto reclamado en una sentencia de amparo, pero no respecto a aquellos que han sido elegidos democráticamente.
En estos casos, cuando hay repetición del acto reclamado ese tema debiera someterse a la consideración de la correspondiente asamblea legislativa para que un diputado o un senador pudiese ser retirado del cargo.
Pues esta reforma no hace distinción alguna y si algún legislador o el Congreso de la Unión o esta Cámara de Diputados repite el acto reclamado vamos a poder ser suspendidos, retirados de nuestro cargo, sin que se haga distinción alguna.
Concluyo, presidente, para decir que aunque la reforma contiene, desde luego, avances importantes, es una reforma insuficiente que no está previendo cuestiones importantes para nuestro país.
Desde mi punto de vista debiera existir en México un tribunal constitucional; que la Suprema Corte debiera ser un máximo tribunal de legalidad; que la Suprema Corte no debiera conocer, como hasta ahora, de cuestiones de legalidad de las que sigue conociendo; que los ministros de la Suprema Corte, ya que les estamos dando facultades para invalidar normas generales, debieran ser elegidos democráticamente por los ciudadanos; que los ministros de la Suprema Corte no debieran tener los privilegios salariales que hoy tienen ni de haber de retiro, que además el Consejo de la Judicatura debiera tener más poderes de los que actualmente tiene para administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial de la Federación, que esos consejeros de la Judicatura debieran ser elegidos democráticamente por los ciudadanos.
Todos estos temas pues no están recogidos en esta reforma a los artículos 94, 100, 103 y 107 de la Constitución. Yo echo en falta presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas, una reforma que ampliara los mecanismos de defensa de la Constitución, que actualmente no prevé nuestra Constitución.
Por ejemplo, ¿qué hacer cuando el Congreso incurre en inconstitucionalidad por omisión? Cuando el propio Congreso establece o el Poder constituyente permanente que debemos legislar y no legislamos. ¿Qué mecanismo constitucional de defensa a la Constitución existe para exigir que el Congreso legisle? Pues ninguno.
Y esta reforma debiendo hacerse cargo de esos importantes asuntos no se hace cargo. Es una reforma insuficiente, es una reforma mediocre. Por su atención, compañeros, muchas gracias y espero que voten en lo particular en contra de esta reforma constitucional. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Jaime Cárdenas Gracia, a los artículos 94, 100, 103 y 107.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión los artículos reservados por el diputado Jaime Cárdenas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Hay mayoría por la negativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se desecha la modificación propuesta por el diputado. Tiene la palabra el señor diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Con su venia, presidente. Sin duda alguna la mayoría de las reformas que se proponen el día de hoy son muy benéficas, empezando —como lo comentaron mis compañeros diputados— porque a partir de esta reforma que aprobamos en lo general, cuando se declara inconstitucional cualquier artículo, ley, decreto, ya no tendrán que hacerlo todas las personas, sino con una sola persona que consiga eso será suficiente para que se aplique a toda la nación. Creo que es una gran reforma; no abundaré en ella.
Sin embargo, hoy, platicando con los grupos parlamentarios, coincidiendo un poco con lo que decía mi compañero Cárdenas, coincidimos en que el artículo 100, en la forma en que está redactado en la minuta que viene del Senado, vulnera esa parte de autonomía que tiene el Consejo de la Judicatura.
Es decir, Consejo de la Judicatura se creó para que fuera un ente independiente a la Corte y no estuviera sujeto en ninguna de sus determinaciones esenciales. En la reforma que se propone que se votó en lo general, bueno, el Consejo estaría supeditado en algunos temas a la Suprema Corte de Justicia, lo cual consideramos no debe de ser.
La propuesta, actualmente, de la minuta, dice lo siguiente, en la parte fundamental del párrafo. Seré muy específico:
“Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables. Por tanto, en su contra no procede ningún juicio ni recurso”. Estamos de acuerdo ahí. “Salvo las que afectan los derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación y las que sean de materia laboral”.
Nosotros consideramos que esto tampoco debe de ser materia de revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como se propone, sino que se quede en el seno del Consejo de la Judicatura, y hemos coincidido los grupos parlamentarios, algunos grupos parlamentarios, especialmente el PRI y el PAN en dejar el artículo 100 en los términos que está antes de la aprobación de esta minuta; es decir, en los términos actuales, porque la minuta no se ha aprobado en lo particular.
Me voy a permitir leerlo para que se continúe con la votación, si no se admite quedará en los mismos términos del día de hoy del artículo 100 que dice lo siguiente:
“Artículo 100. El Consejo de la Judicatura federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones”. Iré al párrafo concreto que es, todo lo demás sigue igual:
Dice: “De conformidad con lo establecido en la ley, el Consejo estará facultado para expedir sus acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia no podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que consideren necesarios para asegurar un adecuado ejerció de la función jurisdiccional federal.
“El pleno de acuerdo también podrá revisar, en su caso revocar los que el Consejo apruebe por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
Las decisión del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieren a la designación, adscripción, ratificación y remoción de los magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establece la Ley Orgánica respectiva.
Es decir, no aceptaríamos la modificación al artículo 100, que viene en la minuta del Senado, tal y como lo hemos acordado, y dejaríamos que inclusive en el tema laboral, en el tema de amparado de terceros no proceda ningún recurso ante la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura sea el órgano que defina en definitiva en estos términos. Es cuanto, presidente, y pido que la someta a consideración.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Óscar Martín Arce Paniagua al artículo 100.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten...
El diputado Rigoberto Salgado Vázquez (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, señor diputado Salgado.
El diputado Rigoberto Salgado Vázquez (desde la curul): Presidente, estamos solicitando se vote nominalmente la aceptación de este punto de reserva.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado, pero primero tiene que ser aceptada a discusión o rechazada a discusión. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Óscar Martín Arce Paniagua. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aceptada a discusión la modificación propuesta por el diputado Óscar Arce.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Jaime Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para entrar en la discusión de la propuesta, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado, está a discusión. Queda inscrito el diputado Cárdenas. Tiene usted la palabra, diputado Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Sí, presidente. Me alegro mucho que de parte del compañero Arce Paniagua y sé que también de otras fracciones parlamentarias o de todas las fracciones parlamentarias, hasta donde sé, están de acuerdo en que se mantenga, si no entendí mal, en sus términos el artículo 100, el párrafo correspondiente del artículo 100 constitucional, que diría, como lo establece actualmente: las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables y por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieren a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrían ser o podrán ser revisadas por la Suprema Corte.
Me parece que la redacción vigente de este párrafo del artículo 100 es totalmente correcta, aunque diría que habría que ir un poco más allá, habría que fortalecer más al Consejo de la Judicatura.
Voy brevemente a comentar cómo se origina este órgano. En la reforma constitucional del año 94 a este artículo de la Constitución, que entró en vigor en 1995, se creó en México por primera vez el Consejo de la Judicatura Federal.
El Consejo de la Judicatura Federal, como ya lo han expresado algunos de mis compañeros, es un órgano que sirve, que tiene por propósito vigilar, administrar y disciplinar a los miembros del Poder Judicial de la Federación. Es un órgano de una importancia fundamental.
Cuando esta reforma fue aprobada se pretendía que muy pocas de las decisiones del consejo fuesen revisadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, se estableció por criterios de la propia Corte que algunas decisiones del consejo fuesen revisadas y se fue ampliando de alguna manera, desde mi punto de vista incorrecta, la competencia del pleno de la Corte para estar revisando muchas de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, limitando sus atribuciones de vigilancia, disciplina y administración del Poder Judicial de la Federación.
Lo que pretende el dictamen o la minuta que estamos conociendo en este momento era algo totalmente inaceptable, que la posibilidad de la Corte de revisar en mayor medida las decisiones del Consejo de la Judicatura se ampliara. Por ejemplo, decisiones que afecten derechos de personas ajenas al Poder Judicial o la materia laboral, en estas materias, según la propuesta del dictamen esas decisiones y no solamente las que tenían que ver con la designación, adscripción, ratificación de los miembros del Poder Judicial podrían ser revisadas por el pleno de la Corte.
Es darle una competencia enorme a la Corte y hacer totalmente pequeño y chiquito al Consejo de la Judicatura Federal.
Qué bueno que en este pleno, por lo menos en esta materia, estemos rectificando y pretendamos dejar tal como está el artículo 100 de la Constitución, para que el Consejo de la Judicatura, aunque sea en parte, tenga algún tipo de independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A mí me gustaría que la reforma fuese aún mayor, que por ejemplo el presidente del consejo no fuese el presidente de la Suprema Corte. A mí me gustaría que la integración del Consejo de la Judicatura fuese totalmente ciudadana y me gustaría que el Consejo de la Judicatura tuviese más atribuciones y competencias para vigilar, administrar y disciplinar al Poder Judicial de la Federación.
Sé que en este momento no existen las condiciones políticas para ello, pero yo invito a mis compañeros legisladores a que pensemos en una reforma al Consejo de la Judicatura, de mayor envergadura, para que el Consejo de la Judicatura sea ciudadano, para que sus miembros sean elegidos democráticamente y para que el presidente de la Corte ya no sea el presidente del Consejo de la Judicatura.
Por su atención, compañeros, muchas gracias y espero que voten a favor de esta reserva.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado.
No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo mencionado.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo reservado por el diputado Óscar Martín Arce Paniagua. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el señor diputado Óscar Arce Paniagua.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aceptan las proposiciones del diputado Óscar Martín Arce Paniagua. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aceptada la modificación propuesta. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados, en términos del dictamen, con excepción del artículo 100 que se elimina del propio dictamen. Sólo los artículos reservados, con excepción del artículo 100, que queda en los términos de la ley original.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados, en términos del dictamen, con excepción del artículo 100.
(Votación)
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada? Adelante.
¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? De viva voz, el diputado José Luis Álvarez Martínez.
El diputado José Luis Álvarez Martínez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Adelante, diputado, sigue abierto el sistema.
¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Adelante, sigue abierto el sistema.
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron 336 votos a favor, 0 abstenciones y 6 en contra.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan aprobados por 336 votos los artículos reservados que son el 94, el 103 y 107 en los términos del dictamen.
Ahora, señores diputados, para efecto de que haya una absoluta claridad en el proceso que estamos llevando a cabo, que es nada más y nada menos que una modificación a la Constitución de la República, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del artículo 100 con la modificación aceptada, lo que significaría dejar el artículo 100 tal y como se encuentra actualmente en la Constitución de la República.
Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal del artículo 100 con la modificación aceptada.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo que significa que votar en pro es dejar el artículo 100 tal y como está en la Constitución actualmente.
(Votación)
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Adelante, sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, pueden votar desde su curul.
Solicito auxilien a la diputada, porque tiene problemas con el sistema, por favor. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? De viva voz el diputado José Luis Álvarez Martínez.
El diputado José Luis Álvarez Martínez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias, diputado. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Gracias. Sigue abierto el sistema, diputados. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Gracias.
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron 275 votos a favor, 3 abstenciones y 45 en contra.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado por 275 votos, por lo consiguiente se retira, se elimina del proyecto de decreto el artículo 100; y por lo consiguiente, en los términos de la ley y de la Constitución General de la República quedan aprobados en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E, del artículo 72 constitucional.

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