Policía y Guardia Nacional, opiniones

Revista Proceso #2194, 18 de noviembre de 2018...
Los civiles, al margen de la seguridad pública/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En desacuerdo con la propuesta lopezobradorista de establecer una Guardia Nacional, formada principalmente por efectivos del Ejército para las labores de seguridad pública en México, analistas consultados por Proceso advierten: Como resultado de ese plan habrá un empoderamiento militar con una visión castrense a ultranza y en el que sólo va a funcionar la discrecionalidad del presidente de la República, como ocurrió en “las dictaduras latinoamericanas”.

La transformación que busca el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública es radical: eliminar el carácter civil que históricamente ha tenido ésta en el ámbito federal en México, entregarla al Ejército y que esté bajo el mando directo del presidente. 
Su propuesta de crear una Guardia Nacional castrense mediante reformas a la Constitución pasa por encima de toda argumentación de la Suprema Corte, supera las fallidas intenciones de sus antecesores de justificar la participación de militares en esas tareas, y es contraria a las observaciones internacionales hechas a México desde hace dos décadas.

Especialistas en derecho constitucional y seguridad consultados por Proceso aseguran que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, dado a conocer por el presidente electo el miércoles 14, entraña la renuncia al carácter civil de la seguridad pública y la eliminación de los contrapesos constitucionales a las Fuerzas Armadas.

Ante la extendida e incesante crítica a la propuesta, Alejandro Gertz Manero, extitular de la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) federal y uno de los autores del plan, rechaza que se esté pavimentando el camino hacia la militarización: “Absolutamente no. Primero, porque las circunstancias no lo permiten y el país no está para esas experiencias. Sólo se van a utilizar las unidades de las Fuerzas Armadas que están preparadas para labores policiales y protección de la comunidad, que son la Policía Militar y la Policía Naval”, dice en entrevista el viernes 16.
Primer titular de la SSP que existió durante los gobiernos panistas, Gertz asegura que los militares que ahora están desplegados en tareas de combate al narcotráfico “regresarán a sus cuarteles en cuanto tengamos la estructura legal de la Guardia Nacional”, un cuerpo armado “que fue concebido el siglo pasado de manera semejante a la de Estados Unidos, pero eso en estos tiempos ya no funciona en México”.
Por otra parte, la Guardia Nacional integrada por militares es contraria al espíritu de la Constitución, que la define como un cuerpo civil, organizada por el Senado, bajo la responsabilidad de los gobernadores y con la facultad del presidente de la República de disponer de ella, pero con la autorización de los senadores, explica el tratadista en derecho constitucional Elisur Arteaga.
“El proyecto de seguridad significa el rompimiento del esquema civilista establecido en la Constitución”, dice.
Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba por desechar la Ley de Seguridad Interior impulsada por el actual gobierno, con los argumentos de que la Constitución acota a las Fuerzas Armadas para tareas de defensa nacional y que el Congreso no está facultado para legislar en seguridad interior, el presidente electo superó la discusión al proponer la creación de la Guardia Nacional militar mediante reformas constitucionales en el Congreso, donde está en condiciones de obtener la mayoría calificada.
Fue la manera de resolver “el vacío legal” sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de policía, aseguró Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al presentar el plan de ocho puntos del próximo gobierno.
En manos de la Sedena
La operación del plan de seguridad recaerá en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde anidará la Guardia Nacional. El cuerpo estará integrado por la Policía Militar, la Policía Naval, parte de la Policía Federal y jóvenes que el próximo gobierno piensa reclutar como militares en un número de hasta 50 mil en los próximos tres años.
Durante el gobierno que concluye, la Policía Militar se expandió para hacer funciones de seguridad en las calles. Lo mismo que la Policía Naval, que incluso ha tenido el mando de la seguridad pública en zonas complicadas, como el estado de Veracruz.
La propuesta, según explicó el próximo secretario de la Defensa, el general de división Luis Cresencio Sandoval González, es que los mandos de la Guardia Nacional salgan de las escuelas militares. El mando general lo tendrá directamente el presidente de la República.
El plan considera enfrentar la inseguridad en 266 puntos del país, según su población e incidencia delictiva. Se iniciará con 150 en cuanto se cree la Guardia Nacional. Las reformas a la Constitución se dan por descontadas por la mayoría que tiene Morena en el Congreso federal y en 20 estatales. De aprobarse, la SCJN no podrá hacer nada y se deberá entregar la seguridad pública a los militares, agrega Arteaga.
En la Constitución, la Guardia Nacional es una organización compuesta por civiles. La responsabilidad la tienen los gobernadores y es independiente del Ejército. Fue el contrapeso que se puso al Ejército por si quería intentar un golpe de Estado o presionar a las autoridades civiles, explica.
El Artículo 36 de la Constitución señala­ la obligación de los mexicanos de formar parte de la Guardia Nacional; el 73 faculta al Congreso para organizarla, armarla y disciplinarla, “reservándose a los ciudadanos que la formen el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados la facultad de instruirla”. El presidente puede disponer de ella, para moverla de un estado a otro, pero con permiso del Senado.
De acuerdo con el constitucionalista, el proyecto de seguridad del gobierno que comenzará el 1 de diciembre, va a significar “un rompimiento del esquema civilista” y, contrario a lo que resolvió la SCJN al dese­char la Ley de Seguridad Interior, “quieren meter a los militares en forma permanente al combate a la delincuencia”.
“Tratamos de copiar el sistema civilista de Estados Unidos, pero no se pudo echar a andar porque lo ha impedido el propio Ejército. Vamos a desvirtuar el carácter civil de la Guardia Nacional por una coyuntura temporal de combate a la delincuencia. Y lo van a hacer aquellos que decían que el Ejército debía irse a sus cuarteles. Vamos a un Estado militarista, como los que hubo en América del Sur”, consideró el también escritor y profesor de derecho constitucional en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La propuesta es una renuncia expresa a la autoridad civil en seguridad pública, dice Victoria Unzueta, asesora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. “La Guardia Nacional dejó de funcionar en México como un contrapeso al presidencialismo. Le daba poder a los estados y por eso nunca la echaron a andar, y ahora van a cambiar su naturaleza”, añade.
Con casi dos décadas en el trabajo técnico de la Comisión de Defensa de la Cámara, Unzueta dice: “Ya no va a haber un contrapeso civil, ni tampoco estatal ni municipal, por la reforma que se hizo a la Ley de la Administración Pública Federal que autoriza a los superdelegados”.
Doctora en estudios políticos europeos y de la relación de Europa con América por la Universidad de Turín, la asesora casi da como un hecho las reformas para cambiar el carácter de la Guardia Nacional, porque Morena tiene mayoría en las comisiones, y la mayoría calificada requerida para las reformas constitucional es respecto al número de legisladores presentes en el pleno al momento de la discusión.
Además, el presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados es un miembro del Ejército, el general de brigada Benito Medina Herrera, aunque pertenece al grupo parlamentario del PRI.
Unzueta observa que los altos mandos del Ejército y la Marina van a tener comunicación directa con el presidente en las reuniones de cada mañana del gabinete de seguridad anunciadas por López Obrador, y pone en duda el carácter policial de los militares: “Los policías militares ni son policías ni tienen entrenamiento especial”, afirma.
Paso a la discrecionalidad
Erubiel Tirado, especialista en seguridad nacional egresado de la London School of Economics y del Colegio de Defensa de Estados Unidos, advierte sobre los efectos en las relaciones cívico-militares: “Modificar la Guardia Nacional sin reformular el sector defensa, como un mando unificado de las tres fuerzas, lleva a un modelo de autoridad complejo en el que el principio de supremacía civil se diluye y da paso a la discrecionalidad y voluntad presidencialista, con el riesgo de comportamientos autoritarios.
“Aun cuando se estipule de forma expresa la supremacía civil en el esquema propuesto, hay que recordar que los militares, aun en retiro, se deben en obediencia a sus superiores castrenses.”
Considera que la preponderancia militar podría poner en riesgo los avances sobre el sometimiento a la jurisdicción civil de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas.
Coordinador del diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, Tirado asegura que no habrá cambio operativo ni táctico con una Guardia Nacional militarizada y, más aún, prevé un aumento de las violaciones a los derechos humanos. Se mantienen las mismas deficiencias de hace 20 años y, siguiendo el patrón del pasado inmediato, aumentarán la violencia y la inseguridad en el mediano y el largo plazos, luego de un primer momento de disminución de sus indicadores, dice.
Un avance sería que no se deje a la Defesa Nacional ni a la Secretaría de Marina ni a la Guardia Nacional la posibilidad de rechazar, siquiera parcialmente, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que el gobierno se comprometa a sancionar a los funcionarios que se nieguen a acatar o dilaten dicho cumplimiento, dice respecto a la propuesta del plan de hacer obligatorias las recomendaciones de esa comisión y de las estatales de derechos humanos.
Respecto a la intención expresa de López Obrador de darle “un giro gradual” a las Fuerzas Armadas para que además de sus funciones de defensa nacional cumplan las de seguridad interior y seguridad pública, considera que el propósito es “una aguda entronización del uso de la fuerza militar en cualquier circunstancia ‘que lo amerite’, según el juicio presidencial”.
Asevera: las propuestas de López Obrador apuntan a un empoderamiento militar con una visión castrense a priori y a ultranza que no va a cambiar con la idea prístina de que el mando civil radica sólo en la figura y autoridad presidencial. Y anota: “La enseñanza de las dictaduras latinoamericanas fue que era más sencillo militarizar a los civiles, como lo estamos presenciando en México, que civilizar a los militares”.
Para Maureen Meyer, directora del Programa México de Wola, organización no gubernamental con sede en Washington sobre investigación e incidencia en el tema de derechos humanos en el mundo, la propuesta de López Obrador coincide con el enfoque del presidente estadunidense Donald Trump de darle más participación a los militares en tareas de seguridad. 
“Darle mucho más poder a los militares en todas las áreas de seguridad y crear una Guardia Nacional bajo comando militar y con policías capacitados por militares, va en la tendencia de otros países de militarizar a costa de lo civil”, dice vía telefónica.
Es la visión de la Casa Blanca, pero no hay consenso en todo el gobierno estadunidense respecto al apoyo a los militares y mucho menos en el Congreso, dice Meyer, quien ha hecho un seguimiento de la estrategia antidrogas de Estados Unidos hacia México, a través de la Iniciativa Mérida, desde 2008.
La Iniciativa Mérida ha privilegiado el apoyo al fortalecimiento de las capacidades civiles, aunque en un principio la ayuda se concentró en el equipamiento de aviones y helicópteros para el Ejército y la Marina.
Aun aceptando la debilidad de las fuerzas civiles, a México se la ha criticado en foros internacionales desde hace dos décadas, no sólo por la participación de los militares en seguridad pública, sino por la falta de rendición de cuentas de las instituciones castrenses. Y el propio Congreso de Estados Unidos ha expresado preocupación por las violaciones a los derechos humanos por parte de militares mexicanos, como ocurrió en Tlatlaya, apunta.
Gertz Manero rechaza que la creación de la Guardia Nacional signifique una militarización. “No se ha aclarado que dentro de las Fuerzas Armadas se ha creado un sector dedicado a hacer funciones de policía. No son armas del Ejército o de la Marina. Son la Policía Militar y la Policía Naval que, junto con elementos de la actual Policía Federal, están diseñadas y capacitadas para operar sólo en seguridad pública”, asegura.
Los otros militares, los que actualmente están en la confrontación con la delincuencia organizada, dice, “se van a sus cuarteles en cuanto tengamos la estructura legal de la Guardia Nacional”.
Afirma que la Guardia Nacional ya no será un cuerpo que se hizo de manera semejante al de Estados Unidos. Eso no funciona en México. Será una guardia de defensa y protección ciudadana, como se hace en Francia, España, Colombia, Italia y Chile. “En esos países no se quejan de una militarización. En unos casos tienen mandos armados y en otros civiles. En este momento lo que se necesita en México son mandos sólidos”.
Como uno de los autores del plan, Gertz sostiene que las estructuras de mando, control y disciplina de las Fuerzas Armadas “garantizan mucho más los derechos ciudadanos, la operatividad y capacidad de trabajo frente a la experiencia de lo que hemos tenido en los últimos 12 años; si no, el Ejército no hubiera tenido que entrar a estas tareas”.
Desestima que vaya ocurrir un aumento de las violaciones a los derechos humanos, porque las unidades territoriales en las que van a operar “tendrán como condición” la presencia de la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos.
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Inconformidad social/PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso #2194, 18 de noviembre de 2018...
El romance entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador e integrantes de las organizaciones no gubernamentales fue efímero.
La relación llegó a su fin el miércoles 14, luego de que López Obrador confirmó que creará una Guardia Nacional, integrada por 50 mil efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional, con jerarquía, estructura y personal militar.
De inmediato generó encono entre integrantes de la sociedad civil, quienes se dijeron engañados por López Obrador y por el próximo secretario de Seguridad y Protección Civil, Alfonso Durazo Moreno.
Éste es el segundo gran desencuentro. El primero fue el 17 de agosto, en Ciudad Juárez, en el primer Foro Escucha para la Pacificación y la Reconciliación, cuando López Obrador pidió a los juarenses perdón y olvido. Las víctimas, madres de desaparecidos y asesinados, respondieron: “Sin justicia no hay perdón” y “ni perdón ni olvido”.
López Obrador retomó: “Respeto a quienes piensan así, pero en esta ciudad, que ha sido llamada el epicentro del dolor, les digo desde ahora: olvido no, pero el perdón sí va”. Le respondieron gritos de inconformidad.
Las protestas se repitieron hasta que, luego de tres meses y 16 sesiones, Durazo anunció la cancelación de los foros, “por falta de tiempo”. 
Y es que retirar al Ejército de las calles fue uno de los principales reclamos en los foros para la pacificación.
Como entonces, diversas organizaciones, como México Evalúa, presidida por Edna Jaime, consideran que la militarización de las calles no garantiza la pacificación del país; por el contrario, implica el riesgo de sumar más violaciones a los derechos humanos. 
“Los resultados obtenidos en los últimos dos sexenios, en los que se apostó por un despliegue importante de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, son la evidencia de que esa estrategia no ha funcionado. 
“La evidencia que arrojan estudios nacionales e internacionales parece advertir que la ruta planteada por la próxima administración federal no nos llevará a la pacificación del país. Al contrario, implica un fuerte riesgo de sumar más violaciones a los derechos humanos, profundizar el debilitamiento de nuestras instituciones policiales y acelerar la pérdida del control civil de la principal tarea del Estado: la preservación de la seguridad de sus habitantes”, señala la ONG.
Indicó que este plan contrasta con la decisión que el pasado jueves 15 tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declarar inválida la Ley de Seguridad Interior, una norma que perpetuaba la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.
“Vemos un riesgo importante en la anunciada intención de modificar el Artículo­ 76 constitucional para facultar al Senado a crear la Guardia Nacional y quitar el candado que impedía a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad pública”, aseguró.
Violencia contra mujeres
Por su parte, organizaciones civiles que participaron en el coloquio Estrategias Fallidas: Criminalización y Tortura Sexual a Mujeres en México, advirtieron acerca de los “riesgos” que implica una Guardia Nacional formada y entrenada por militares.
El clima de violencia que existe en el país afecta de manera particular a las mujeres, como lo demuestran estudios recientes sobre la incidencia de asesinatos con arma de fuego, desapariciones forzadas y torturas, una tendencia que se agrava por la estrategia de militarización de seguridad pública que se intensificó en 2006 y podría continuar el próximo sexenio. 
Para Olga Guzmán, directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el optimismo generado por la anulación de la Ley de Seguridad Interior se vio opacado por la iniciativa de López Obrador, mediante la cual se daría continuidad al esquema de militarización de la seguridad pública, en vez de apostar a la profesionalización de las policías. 
Incluso de 201 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde 2006, sobre casos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, en 70% de los casos se reconoce a integrantes de las Fuerzas Armadas como responsables. 
Para los integrantes de la ONG Causa en Común, representados por María Elena Morera, el plan propuesto por López Obrador sí militarizará la seguridad en el país.
En entrevista con Raymundo Riva Palacio, Morera dijo que el plan tiene cosas positivas, como dejar el tema de la seguridad fuera de la Secretaría de Gobernación, la legalización de las drogas o los programas de desarrollo social, que son puntos importantes y positivos. 
Sin embargo, añadió, es preocupante la forma como el plan aborda el tema de la seguridad desde el punto de vista civil o militar. 
Señaló que su organización hizo una revisión de las páginas 14 a la 16 del documento presentado por el equipo de López Obrador, donde primero se dice que los militares han violado los derechos humanos porque no están preparados, y también se dice que los policías federales, ministeriales, estatales y municipales tampoco están bien preparados y no están bien pagados, por lo que no cumplen con sus funciones. 
Después, añadió Morera, el documento señala “sin ninguna argumentación” que se ha decidido que la seguridad va a pasar a manos de los militares, mediante ese nuevo cuerpo que es la Guardia Nacional. Aunque “el licenciado Durazo dice que no es militarizar el país, vamos a estar en manos de los militares”.
Agregó que la propuesta podría ser buena si la Guardia Nacional estuviera bajo un mando civil; sin embargo, no es así porque va a estar en la Secretaría de la Defensa, tanto administrativa como operativamente. 
Por otra parte, el Senado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con lo que se da el primer paso para la transformación de la PGR, aunque no se garantiza la autonomía de los fiscales, como pidieron organizaciones de la sociedad civil. 
Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena y futura secretaria de Gobernación, defendió el modelo de Fiscalía General y dijo que anteriormente la justicia se utilizaba como instrumento de persecución política, lo que terminará con esta nueva institución. Dijo que el proyecto se construyó con la sociedad civil y las instituciones académicas. 
Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, retomó los reclamos que han hecho colectivos como #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, que han dicho que los miembros del gobierno electo pactaron una iniciativa con ellos y ya en el Congreso se modificaron artículos,­ lo que representa una regresión: “Están acusando engaño, por no decir traición. Para todos los que se llenen la boca diciendo que esto se construyó con la sociedad civil, vale la pena leer el comunicado donde hablan del engaño. 
“Lo más grave es que hoy se evidencia el talante de la nueva mayoría del próximo gobierno; parece que están dispuestos a engañar e incluso a manipular las demandas de la sociedad civil organizada”, lamentó.
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Plata o Plomo | Alejandro Hope
El Universal, 19 de noviembre de 2018
No maten a la Policía Federal
Hay tareas que hoy realiza la PF que sería demencial trasladar a un cuerpo militar. Por ejemplo, retirar bloqueos en carreteras. ¿Quiere el gobierno de AMLO enviar a soldados y marinos contra manifestantes?
“En estos años aprendimos mucho sobre modelos de policía, y el modelo de la Policía Federal es el modelo recomendable para una policía nacional, es el modelo para enfrentar a la delincuencia como prioridad.”
Esas palabras no son de Genaro García Luna ni de algún vocero de la Policía Federal. Vienen de la pluma de Gustavo de la Rosa, un legendario defensor de los derechos humanos en Ciudad Juárez y alguien que difícilmente puede ser acusado de calderonismo o peñanietismo.
Las escribió en noviembre de 2012, en vísperas de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, cuando se discutía la posibilidad de crear una Gendarmería que sustituyera o marginalizara a la Policía Federal (https://bit.ly/2DL1lag).
Desde entonces, mucho ha cambiado. La idea de crear una Gendarmería como cuerpo autónomo se abandonó y se optó por crear una división del mismo nombre dentro de la Policía Federal (PF).
La PF no fue suplantada, pero sí perdió vuelo. Su crecimiento se detuvo. Entre 2006 y 2012, triplicó su tamaño. Seis años después, la corporación tiene apenas 400 elementos más.
Su presupuesto se estancó. Los recursos destinados a la PF en 2018 son apenas 1.3% mayores en términos reales a los asignados en 2012.
Y a la par de esos datos, hay historias de desorden administrativo, de viáticos que no se pagan, de equipos que no se renuevan
Están también casos de violaciones graves de derechos humanos: Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán.
No se puede negar tampoco la existencia de corrupción, desde las mordidas exigidas a transportistas hasta la participación de algunos policías federales en casos de secuestro.
Pero, a pesar de todo lo anterior, sigue siendo una institución notable. Algo más de 40% de los elementos de la corporación tienen estudios superiores. Su equipo antisecuestro es tal vez el mejor del país: de enero a agosto de este año, logró la liberación con vida de 167 víctimas de secuestro. La División Científica, encargada del combate a delitos cibernéticos, ha recibido reconocimientos internacionales. La Unidad de Asuntos Internos de la PF es el único órgano de control interno policial que medianamente funciona en México.
En resumen, la PF es una institución que necesita cambios y exige un relanzamiento. Pero no está en proceso de descomposición, como señaló esta semana Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según se entiende del Plan Nacional de Paz y Seguridad, el gobierno entrante pretende trasladar a un número significativo de policías federales a la Guardia Nacional o incluso subsumir a la PF en el nuevo cuerpo de seguridad.
No hay buena razón para justificar una medida de ese tipo. La Guardia Nacional se puede crear con unidades estrictamente militares. De hecho, eso haría mucho más sencilla su conformación: no habría que convertir a civiles en militares y sería mucho menos compleja la homologación de rangos, sueldos y prestaciones.
Por otra parte, hay tareas que hoy realiza la PF que sería demencial trasladar a un cuerpo de naturaleza militar. Por ejemplo, retirar bloqueos en carreteras federales. ¿Quiere el gobierno de AMLO enviar a soldados y marinos contra manifestantes?
Y, más importante, matar a la Policía Federal cierra la posibilidad de cambiar de rumbo en un futuro, si la apuesta del nuevo gobieno sale mal. Peor aún, abre la puerta a un escenario catastrófico: estar en seis años con una Policía Federal destruida y una Guardia Nacional a medio armar.
Ante una coyuntura similar, Gustavo de la Rosa escribió lo siguiente en 2012: “La decisión de desaparecer [la Policía Federal] va contra toda lógica teórica y contra toda la experiencia que nos han compartido los países y ciudades que han enfrentado la violencia.”
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La vía de la militarización/Jorge G. Castañeda
Amarres..
El Financiero...
En el caos de los tiempos de la 4T, se presentan dos acontecimientos con efectos diametralmente opuestos casi el mismo día. Es quizás la huella de la casa. La Suprema Corte tumba la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto y Cienfuegos, por lo menos colocando un freno provisional y hacia futuro a la militarización del país. Pero López Obrador presenta un programa –habrá que ver si se vuelve algún día realidad– de seguridad y guerra contra el crimen organizado que, justamente, tiende a militarizar al país. Quién los entiende.
Me alegra la decisión de la Corte porque nunca me convencieron los argumentos a favor de esta ley o de cualquier otra en esta materia. Proteger a los militares que hubieran violado derechos humanos con un marco jurídico ex post me pareció siempre una pésima idea. Y nunca entendí por qué debíamos regular la intervención del Ejército en la guerra contra el narco, de Peña y de Calderón, cuando lo deseable era terminar con esa intervención, no perpetuarla mediante la legislación. A menos de que la decisión de la Corte, en su caso pactada con AMLO a cambio de pensiones y sueldos, no abra la puerta a otra ley, más militarista incluso que la del sexenio que termina.
Del plan de AMLO, sin que me quede del todo claro, me agrada el enfoque tácitamente centralista, aunque a muchos les preocupe por el cuento del federalismo. Da la impresión de suponer que las policías estatales y municipales no tienen remedio, ni lo tendrán: un reconocimiento que se agradece por realista y sensato. No hay manera de corregir ese desastre. Pero la solución propuesta me aterra.
Según se desprende de las declaraciones de ayer de AMLO y de su equipo, se creará una nueva fuerza –después de la Policía Federal de Zedillo, Fox y Calderón, y de la Gendarmería de Peña Nieto– inicialmente con los efectivos del Ejército, la Marina y la propia PF, y luego con reclutamiento adicional. Pero esa fuerza dependerá de un mando militar, y estará radicada en la Secretaría de la Defensa. Se trata exactamente del camino inverso de Chile, país modelo en materia de paz y seguridad en América Latina desde hace 29 años. Carabineros, la fuerza policiaca, nacional y militarizada, creada en 1927, perteneció al Ministerio de la Defensa –en manos de un civil desde el regreso de la democracia en 1989– hasta 2011, cuando fue reubicada en el Ministerio del Interior. Colocar a la única policía más o menos utilizable que teníamos en manos militares, deja la peor de las impresiones, dentro y fuera del país. Sé que no se acostumbra decirlo, pero premiar a las Fuerzas Armadas por la “gran” labor realizada desde 2006 en materia de guerra contra el narco, no me tranquiliza.
Además veo dos debilidades en el esquema. El primero es que no se nota la diferencia con el proyecto de Calderón y EPN, sólo un instrumento diferente para ponerlo en práctica. Y ni siquiera es diferente: si entiendo bien, sólo les cambiarán el uniforme (ya fue cambiado de gris a azul marino) a los integrantes de la Guardia Nacional. Salvo la elíptica mención a la posible legalización de la mariguana –la cual aplaudo– no veo la diferencia de enfoque. En segundo término, como lo comentaron Alejandro Hope y varios más ayer y anteayer, se viola la regla mexicana y del mundo entero: amistad que no se refleja en la nómina no es amistad. El programa no contempla ningún ingrediente presupuestal, o sea que procurarán hacer más con lo mismo. Ya sabemos cómo termina eso.
Saludo la franqueza de López Obrador: esto es lo que se puede, y no es ideal. Los instrumentos de Estado existentes no funcionan, sólo queda el Ejército. La pregunta es si en 2024, su sucesor no se verá obligado a reconocer lo mismo, ya que AMLO procedió de la misma manera que sus tres predecesores.

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El Asalto a la Razón | Carlos Marín

Milenio
Una ‘militarización’ acertada
Una Guardia Nacional bajo la férula de la Secretaría de la Defensa reactiva las alarmas de quienes vienen previniendo contra una “militarización” que en rigor no será “del país”, sino, en todo caso, de la seguridad pública.
Concebida para que se conforme con Policía Federal, Militar y Naval, la idea de Andrés Manuel López Obrador es esencialmente atinada porque no realizará tareas militares.
Y lo es pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia contra la Ley de Seguridad Interior, en la que 10 de los 11 ministros hallaron diversas razones para fumigarla (sobre todo que el Congreso carece de facultades para legislar en el tema), no necesariamente la indeseable “militarización”.
El anuncio del miércoles tuvo, sin embargo, el triste defecto de demeritar a la Policía Federal (90 años de existencia), la más capacitada y mejor calificada de cuantas corporaciones policiacas existen, y se dio a entender, sin argumento sólido alguno, que se le aplicará lo mismo que al saludable NAIM en Texcoco: la eutanasia.
Los cimientos
Las fuerzas armadas son instituciones sujetas a la voluntad del poder civil. El bien jurídico tutelado de mayor valor en el Ejército y la Marina Armada es la disciplina, investida de cualidades fundamentales como el honor, el deber, la lealtad y la honestidad que, cuando se traicionan, son severamente castigados en los tribunales castrenses.
Por lo que se sabe hasta hoy, disciplina y las virtudes referidas darán sustento a la Guardia Nacional, ya que su estructura orgánica y funcional debe apegarse a derecho y estar imbuida del deber de protección y defensa de la población y de sus bienes.
La naturaleza que da certidumbre al bien jurídico superior de la seguridad de la nación es lo que fortalece el cumplimiento de las órdenes, arraiga el sentido de pertenencia (espíritu de cuerpo) y apuntala lealtad hacia las autoridades legalmente constituidas, lo cual no priva, sino todo lo contrario, en las muy degradadas estructuras policiales.
Bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional se anticipa como garantía de homogeneidad en la preparación de sus integrantes: concentración y eficiencia de recursos en el cumplimiento de tareas, así como la coordinación y cooperación con las fuerzas armadas (ejércitos de tierra, mar y aire) para atender de manera integral, como policía, la función primordial de dar seguridad pública al Estado mexicano.
No serán soldados
Mucho de ignorancia y propensión al rollo “civilista” y “democrático” hay bajo el clamor contra la falsa “militarización del país”.
Quienes integren la Guardia Nacional no serán soldados en activo, sino policías como los federales de ahora: capacitados en el nuevo sistema de justicia penal y en protocolos para la puesta a disposición, la cadena de custodia, el informe abreviado, etcétera, todos eventualmente sujetos a los tribunales civiles…
cmarin@milenio.com
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Militares
TOLVANERA / Roberto Zamarripa
Reforma, 19 Nov. 2018
El Ejército mexicano es producto de una reconformación de civiles en guerra (la Revolución de 1910) que constituye un cuerpo institucional fundador y pilar de un Estado.
Los militares se hacen del poder presidencial para poner en orden al país e institucionalizarlo.
Pero entre 1918 a 1946 se pasó de la preeminencia de los militares en la política a su presencia marginal y regreso a los cuarteles. El paso para separar al poder castrense del poder político lo dieron dos generales desde la Presidencia: Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Después de ellos todos los presidentes fueron civiles.
La generación que encabezó a las Fuerzas Armadas en cinco sexenios fue formada en el fragor de la Revolución Mexicana. Todos los secretarios de Guerra y Defensa en medio siglo fueron combatientes en la lucha armada de 1910. Por ejemplo, el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa con Gustavo Díaz Ordaz, fue combatiente villista y después constitucionalista.
La formación y discurso de ese generalato estaban imbuidos por la defensa del legado de la Revolución y por tanto en combatir a sus enemigos: los cristeros, los panistas, los comunistas o los movimientos sociales laborales y agrarios.
El cisma del Ejército mexicano fue la represión al movimiento estudiantil de 1968 visto desde el lado castrense como una gran conspiración y amenaza al sistema emanado de la Revolución Mexicana.
En el campo fueron victoriosos. Pero públicamente fueron condenados tras la masacre del 68.
Aunque con el mismo discurso y doctrina, el Ejército mexicano cambió súbitamente su vocación. En los setenta pasó a ser combatiente de otra amenaza a la estabilidad que era la guerrilla. Bajo un discurso anticomunista coincidente con los procesos donde se encaramaron los militares golpistas en Centro y Sudamérica, el Ejército mexicano protagonizó una de las peores etapas donde fue tolerado el asesinato y la desaparición bajo manto institucional.
Tras la cruenta guerra sucia, el Ejército siguió de largo en el combate al narcotráfico. En los noventa es ya un flagelo y, coincidente, la guerrilla zapatista surge para rememorar el pasado inmediato de una cruenta lucha. El Ejército combate a los zapatistas solo dos días. Después se repliega. Con el narcotráfico se empantana.
Los generales de este periodo cincuentenario (1968-2018) nacieron ya concluida la Revolución y se formaron en el periodo de la institucionalización. Defendían un sistema no tanto un legado. Nunca admitieron responsabilidad en la masacre del 68. Supieron que el Ejército servía para combatir guerrilleros y narcotraficantes. Aprendieron a convivir con la alternancia política en la Presidencia y gubernaturas.
El general Cresencio Sandoval, nominado para la Secretaría de la Defensa Nacional por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, iba en la primaria cuando la represión militar de 68. Ingresó al Ejército cuando había concluido la Guerra Sucia y cuando egresó del Colegio Militar como subteniente, el Partido Comunista ya estaba legalizado y los guerrilleros habían sido amnistiados. Lo que conoce es el tema del narco y la seguridad y cómo el Ejército ha sido arrastrado en ese combate a tareas donde la autoridad civil ha demostrado su incapacidad.
Es el primer general al frente de Sedena que no se formó en el combate a opositores, estudiantes o guerrilleros.
El general Sandoval, hombre todopoderoso, conformará una Guardia Nacional de 120 mil efectivos con la fusión de tres policías, la Militar, la Naval y la Federal y 50 mil reclutas.
Uno: desde 1944 cuando desapareció la Secretaría de Guerra para constituir por separado a la de Defensa Nacional y la de Marina, no se veía un acto de subordinación de un cuerpo a otro. Ahora la Policía Naval tiene a un general como jefe.
Dos: la Policía Federal creada en su primera versión en 1999 y hecha todopoderosa en 2006, será sepultada sin mayores explicaciones.
Tres: el Ejército se fortalece sin haber rendido un parte público de sus dos grandes némesis: el 68 y la lucha contra el narco.
robertozamarripa2017@gmail.com
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