Ciudadanos marcharon este domingo del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en rechazo al Presidente López Obrador.
Durante su trayecto, los manifestantes, algunos de los cuales visten de color blanco, corearon consignas como "¡Fuera AMLO!" y "¡México, México, México!" y aplaudieron.
Debido a la movilización fue cerrado un carril central de Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Palma hasta la Glorieta de Colón.
"Si violas las Constitución pediremos tu destitución" y "¿Dónde quedaron tus promesas?", se leía en algunas pancartas.Tanto el Paseo Ciclista como la marcha complican el tránsito vehicular en la zona.
Según cálculos de elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la protesta participan 10 mil inconformes.
La marcha en rechazo a López Obrador también se replicó en lugares como Guadalajara, Toluca, Hermosillo, Saltillo, Puebla, Veracruz, Querétaro, Monterrey y Guanajuato.
En Hermosillo, Sonora, alrededor de medio centenar de personas marchó desde la Plaza Zaragoza al Mercado Municipal.
Durante el recorrido los inconformes exigieron la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el respeto a la Constitución y a la libertad de prensa.
En Saltillo, Coahuila, alrededor de 30 ciudadanos se concentraron en la Plaza de la Nueva Tlaxcala.En Monterrey, cientos de ciudadanos realizan una marcha por calles aledañas a la Macroplaza.
Nacional...
El ex Presidente Vicente Fox marchó en las calles de León, Guanajuato..
El ex Mandatario expresó que la marcha fue todo un éxito y llamó al Presidente López Obrador a dejar de descalificar al pueblo de México.
"¿Por qué nos descalificas López Obrador? Estás descalificando a todos los mexicanos (...) ¡Deja de descalificarnos! Las marchas funcionan, esta marcha ha sido todo un éxito y sé que va a ser mañana el chairo número uno -'Lopitos'- quien va a salir en su mañanera con que aquí estábamos puros desalmados y puros fifís. Un orgullo ser fifí y de ser quienes trabajamos para construir este País", comentó Fox en entrevista con medios en las calles de León.
Las manifestaciones contra las políticas de López Obrador se replicaron en Guadalajara, Hermosillo, Saltillo, Puebla, Monterrey, Veracruz, Toluca, Querétaro y la Ciudad de México.(Especial de Reforma).
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Las columnas políticas, a 5 de mayo de 2019...
Templo Mayor/Reforma,
LA SESIÓN de mañana del Consejo Político del PRI pinta para ponerse más violenta que un capítulo de "Game of Thrones". Cuando se había pactado que habría una contienda abierta al relevo de su dirigente Claudia Ruiz Massieu, el asunto se complicó.
CUANDO el CEN informó que una consulta a las bases tendría que ser coordinada por el INE y pagada por los tricolores, el Comité de Financiamiento salió con la sorpresa de que no hay recursos para pagar el proceso.
Y DICEN que, aprovechando esa excusa, y aun en contra de lo que opina Ruiz Massieu, un grupo de tricolores propondrá mañana cambiar el método de selección.
EN LUGAR de votación en urnas, buscarán hacerlo por "acuerdo político" -elección por dedazo, pues- que les permitiría designar a quien mejor le convenga a la camarilla en turno... y eliminar a candidatos incómodos.
QUIZÁS lo más raro es que todos los aspirantes a la dirigencia tricolor rechazaron públicamente un cambio al método... menos el ex secretario de Salud José Narro, quien difundió un video digno de Cantinflas en el que no dijo ni "sí", ni "no"... sino todo lo contrario.
¿A POCO será cierto que ese intento de maniobra tricolor trae dedicatoria? Es pregunta sin favoritismo.
¿SE ACUERDAN cuando la CFE se presentaba como una "empresa de clase mundial" y presumía sus rápidos tiempos de respuesta ante fallas en el suministro?
PUES esos tiempos quedaron atrás. Aunque se supone que en las zonas urbanas cualquier interrupción debe ser atendida en un máximo de 4 horas, sus operadores telefónicos están dando plazos de hasta 10 horas en varias ciudades del país.
ADEMÁS, ese es el "Compromiso de Atención"... y vaya que los mexicanos hemos aprendido que en el caso de la CFE "atender" y "solucionar" no son sinónimos.
QUÉ bueno que no existen bots y trolls morenistas en las "benditas redes sociales", como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si no...
HORAS después de que la No-Primera Dama, Beatriz Gutiérrez Müller, anunció que dejaría Twitter tras denunciar el acoso de bots, una horda de cuentas de esas que se la pasan defendiendo al Presidente y a Morena posicionó como trending topic #TwitterNoCensuresAMéxico.
DEFENDIERON la decisión de Gutiérrez Müller y se quejaron de que Twitter está eliminando cuentas de los liberales y desinteresados simpatizantes morenistas... y dejando intocadas las de los odiados bots fifís conservadores. De verdad que las redes pueden ser una "realidad” apa
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Frentes Políticos/Excelsior...
05 de Mayo de 2019
1. Prioridad. Dado el “cochinero que nos dejaron”, el gobierno de México tiene la mirada puesta en salir del atolladero. Por ello el anuncio de 11 nuevas medidas de austeridad, dirigidas a generar ahorro en recursos que serán transferidos a Petróleos Mexicanos (Pemex). Así que direcciones generales adjuntas creadas en el sexenio pasado serán eliminadas. Se reducirán viáticos a funcionarios, y viene un recorte de asesores y de servicios de oficina. Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, indicó que todo lo ahorrado con estas medidas sería para “incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a Petróleos Mexicanos”. Palabrería. ¿Y los precios a la baja?
2. A lo que te traje, Chencha. La fragilidad de la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso quedó en evidencia cuando Salomón Jara Cruz, uno de sus legisladores, tuvo un inconveniente, salió del Senado a auxiliar a su hija accidentada. Y eso dio al traste, el martes pasado, con la aprobación de la Reforma Educativa. Se vio frenada, pues al ser discutidas las reservas, algunas bancadas de oposición cambiaron el sentido de su voto, luego de ser aprobada en lo general. A Morena le faltaron los votos de los senadores Salomón Jara Cruz, Juan José Jiménez Yáñez y Jesús Lucía Trasviña Waldenrath. El regaño sería en privado, en público sólo llamado a no ausentarse. Uno más uno: dos, error de primaria.
3. Cosecha. Debe ser terrible para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México que, después de todo lo que realizó durante años para hacer de la capital del país un territorio “democrático y de libertades”, ahora sea Morena quien esté al mando. La dirigencia integrada por Nora Arias Contreras, Carlos Estrada, Brenda Paola Villena y Daniel Pacheco, aseveró que las conquistas alcanzadas transformaron el rostro social de esta capital. Ratificaron su compromiso ante la ciudadanía de retomar el rumbo democrático. Confían en que, a través de la presentación de propuestas reales y objetivas, el sol azteca recuperará el apoyo. Pero dadas las simpatías, no será una tarea sencilla. No desmayen.
4. Piedras en el zapato. El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, de Morena, solicitará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) una investigación al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Cárdenas Sánchez, por la beca que como investigador de tercer nivel recibe por cerca de 40 mil pesos mensuales. El también aspirante a gobernador retomó la campaña y exigió que el candidato Miguel Barbosa Huerta transparente su patrimonio. Ahora resulta que, después de que lo cacharon dobleteando, Enrique Cárdenas Sánchez acusa a su opositor de vivir de los recursos públicos, sin embargo, las piedras que le impiden crecer se las puso él mismo. Por algo, Cárdenas se hunde en el fondo de las preferencias.
5. Riesgo laboral. Después de reprobar la agresión a marinos en el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, la Secretaría de Marina (Semar) expresó su pésame a los familiares del elemento que falleció en el cumplimiento de su deber, e informó que les otorgará todo el apoyo necesario. La dependencia federal indicó que los otros tres elementos navales que resultaron heridos por arma de fuego fueron hospitalizados y se encuentran estables. La Secretaría de Marina comunicó que, si bien los grupos dedicados al robo de combustible han incrementado el nivel de agresión, la institución no cederá ante la amenaza de quienes lastiman a la sociedad y a los bienes de la nación.
Eso se llama valor. Y la Patria lo agradece.
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BAJO RESERVA/EL UNIVERSAL
El fuchi de la 4T a la ciencia
Nos cuentan que la relación entre la comunidad científica, académicos y María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se puso más tensa desde la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Como EL UNIVERSAL informó, el gobierno federal sólo dedicó ¡cinco renglones! a explicar sus planes para el desarrollo de la ciencia en el país, por lo que los miembros de diversas instituciones académicas esperaban que la encargada del Conacyt emitiera al menos un pronunciamiento, lo cual no ocurrió. Nos aseguran que esta situación se sumó al rechazo que Álvarez-Buylla ha mostrado hacia algunos investigadores que han pedido reunirse con ella.
** En el Senado no dijeron ni pío sobre Venezuela
Lo que sucede en el Senado, nos dicen, es de país surrealista, y uno de los botones de muestra es que cuando por fin las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en una postura sobre el drama humano y de Estado que ocurre en Venezuela, el punto de acuerdo en cuestión se queda en una larga lista de asuntos sin votar por el pleno en su última sesión ordinaria que acabó en la madrugada del 1 de mayo pasado. Mucho la pensaron los senadores mexicanos, obligados por la Constitución a dar seguimiento a la política Exterior del gobierno, que cuando quisieron decir "esta boca es mía", el tiempo se les acabó y ni siquiera se pronunciaron sobre uno de los episodios más graves de crisis humanitaria en América Latina.
** Se vuelven lopezobradoristas para escapar a los abucheos
No es la primera vez que ocurre, pero no por ello sigue siendo extraño ver que gobernadores de oposición parecen contagiados de lopezobradorismo cada vez que el Presidente los visita. Y es que ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme quiso apagar los abucheos de los asistentes a un evento oficial del presidente en Sabinas recurriendo a la frase "me canso ganso", que en los últimos meses López Obrador ha hecho famosa. La frase bajó de tono los abucheos y el gobernador priista salió bien librado. ¿Será que no hay otra forma de escapar a las rechiflas?
** Los extranjeros y las audiencias
Cada mes las cifras de difusión de medios mexicanos son expuestas públicamente. Pero lo que no se menciona con frecuencia es el alcance de las empresas extranjeras de medios, las cuales -ante la caída de sus ingresos en sus lugares de origen- buscan refugio fuera. Tal es el caso del diario español El País, que intenta compensar en México las pérdidas sufridas en sus finanzas; basta con observar los últimos datos de la Oficina de la Justificación de la Difusión (OJD): la venta de ejemplares de dicho rotativo bajó 30% sólo en el último año, lo cual lo convierte en el periódico español con mayor caída. Son datos, no inferencias, como suelen hacer sus reporteros asentados en México.
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TRASCENDIÓ /MILENIO..
Que una corriente del Situam se preguntaba ayer, una vez que se anunció el final de la huelga, para qué sirvieron 92 días dé paro. Para nada, se respondieron los mismos inconformes. El sindicato no logró el 20 por ciento de aumento salarial que pedía y al final aceptó 3.35 y 3 en prestaciones, que era la propuesta inicial de las autoridades. Además se logró el pago de 100 por ciento de salarios caídos. Mejor eso que mantener un movimiento que ya tenía en contra a alumnos y académicos, y que comenzaba a ganar animadversión entre la ciudadanía.
** Que si bien la dirigencia del PRI no envió representantes de peso al velorio de María de los Angeles Moreno, ocurrido la semana pasada, mañana buscará remediar la situación con un homenaje ala ex dirigente en el Comité Ejecutivo Nacional, previo a la sesión de su Consejo. Eso sí, se sabe que Claudia Ruiz Massieu, líder del partido, envió condolencias en Twitter casi de inmediato.
** Que desde la Jefatura de Gobierno de CdMx llegó la instrucción de involucrar a todos los expertos posibles para lograr una investigación pulcra y bien fundamentada en el caso de Aideé Mendoza, estudiante del CCH Oriente, que murió esta semana por una bala perdida, según la indagatoria de las autoridades capitalinas.
Por ahora la PGJ local invitó a la Fiscalía General de la República y a la UNAM a que revisen el dictamen. En el Gobierno de CdMx no quieren que el caso se salga de control ni que las instancias de seguridad sean sometidas a más presión justo cuando están volcadas a combatir la violencia común y el narcomenudismo. Ni aguantan nada.
** Que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, se sacó de la manga un recurso ingenioso para enfrentar las rechiflas a las que son sometidos los mandatarios que fungen como anfitriones del Presidente.
En la gira de Andrés Manuel López Obrador por esa entidad, el mandatario estatal recurrió a la ironía y tomó prestada una frase célebre del titular del Ejecutivo para quitarse de encima el momento más bochornos o de la jornada; "Así nos llevamos aquí, me canso ganso", dijo cuando llegaron los abucheos, y siguió tan campante.
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SACAPUNTAS /EL HERALDO DE MÉXICO..
Seade, con Lighthizer
Satisfecho quedó el gobierno de Estados Unidos con la recién aprobada Reforma Laboral en el Congreso de México. El subsecretario de la Cancillería para América del Norte, Jesús Seade, se reunió en Washington con Robert Lighthizer, representante comercial del presidente Donald Trump, quien le expresó el beneplácito de su país por la reforma.
** Para que la cuna apriete...
Nos comentan que será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien esta semana se reunirá con miembros del Poder Judicial para hablar sobre la liberación de delincuentes por parte de jueces. Por supuesto, nos dicen, su encuentro se desarrollará con pleno respeto de la división de poderes, y prevén que participen gobernadores.
** Sendero seguro
Sensibles a la preocupación de alumnos, maestros y padres de familia, la secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Jesús Orta, echaron a andar el plan Sendero Seguro en planteles de educación media superior de Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Incluye iluminación, seguridad, cámaras de seguridad y retiro de basura.
** Cónclave priista
Arranca este lunes la carrera por la presidencia del PRI, que ostenta ahora Claudia Ruiz Massieu. En la sesión del Consejo Político Nacional se definirán convocatoria y método. El campechano Alejandro Moreno, la yucateca Ivonne Ortega y la veracruzana Lorena Piñón están muy al pendiente de que se ratifique el método de voto directo de los militantes.
** La llevó a los altares
Nos hacen ver que la beatificación de Concepción Cabrera, la primera mexicana laica en ser elevada a los altares, se debió, en gran parte, a la promoción que realizó Domenico Di Raimundo, de la congregación Misioneros del Espíritu Santo. Esta labor la realizó desde 2002, aunque desde 1959 se buscó beatificarla. Pero ya se logró, para beneplácito de los mexicanos.
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Durango: pelean y pierden
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior....
Durango: pelean y pierden
Los comicios en la entidad serán en junio próximo; el Tribunal Electoral canceló las candidaturas comunes
05 de Mayo de 2019
Lo dicho: nada mejor que el inocultable afán de poder de un moreno o alguno de sus cuestionables aliados petistas, pesistas o, de un tiempo acá, verdes, para dar al traste, fracturar o cancelar, incluso, tendencias de triunfo (electoral) que, en algún momento, parecían irreversibles y garantizaban el logro de éxitos importantes para la consolidación y paulatino fortalecimiento del oficialismo lopezobradorista.
Durango es el mejor ejemplo de ello, o así al menos es posible considerarlo a la vista el hecho de que nadie hoy celebre más la ruptura del acuerdo Morena–PT–Verde para presentar candidaturas comunes a las alcaldías de todos los municipios de la entidad, que el expriista, panista–calderonista ahora José Rosas Aispuro, tras enfrentar un panorama negro de cara a los comicios de junio próximo, desde el sábado maniobra de manera abierta y decidida –“al cien”, diría alguno de los suyos– en pos de los aspirantes del blanquiazul.
En la capital del estado, por ejemplo, donde todas las previsiones y sondeos daban como (casi) seguro ganador a la contienda por la alcadlía al cuestinado senador petista Alejandro González Yáñez, o Gonzalo Yáñez como prefiere ser llamado, representando a la citada alianza tripartidista ahora, tras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló –por instancias y presiones de fuerzas opositoras surgidas al interior de la propia coalición– las candidaturas comunes, las mediciones más recientes favorecen al panista Jorge Salum, candidato–alfil del gobernador.
Y esto, porque así como en el pasado aún reciente, la nómina de candidatos a la posición parecía reducida a tres, en el mejor de los casos, la ambición de quienes piensan que “ya sabes quién…” debe darles algo a cambio de su apoyo, hoy cuenta con un total de ¡ocho aspirantes!: el reeleccionista José Ramón Enríquez, de Movimiento Ciudadano, Arturo Yáñez, del PRI, Otniel García, (ahora) por Morena, Verónica Fragoso, del Verde, Antonio Rodríguez, por el Partido Duranguense y también Joaquín Gardiazabal, independiente.
Aquí entonces, de nueva cuenta, se confirma la afirmación según la cual nada amenaza más a un eventual seguro triunfo (electoral) que el desbordamiento de pasiones y ambiciones personales y la anteposición de las mismas a una causa común. Un ejemplo no aprendido aún por quienes, hoy, se estiman merecedores del poder e innamovibles.
ASTERISCOS
* Al tiempo que el gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum en concreto, continúan empeñados en desdeñar el negligente actuar de autoridades del Metro, en donde perdiera la vida la señora Guadalupe Fuentes Arias, el dirigente del panismo, Andrés Atayde, presentó a la Contraloría una segunda denuncia exigiendo la inmediata destitución de Florencia Serranía, titular del STC, y su eventual procesamiento. Bien.
* Dice el popular refrán que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde y eso es lo que ocurrió ayer cuando el impresentable Gerardo Fernández Noroña aprovechó el error de la líder morena Yeidckol Polevnsky, que tras publicar en twitter: “la conmemoración de hoy (4 de mayo) en que celebramos…que las armas nacionales se cubrieron de gloria” fue corregida con un lacónico “es mañana”. ¡Es la 4T, ni modo!
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
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Diez premisas del poder/Enrique Krauze
Reforma, 05 May. 2019
La distinción entre justicia y ley -reivindicada por el presidente- está en Santo Tomás. Sus sucesores, los neoescolásticos españoles del siglo XVI y XVII, argumentaron la superioridad de la ley natural, inscrita por Dios en la conciencia, sobre la ley escrita, obra falible de los hombres. Estos conceptos forman parte del pensamiento político que legitimó por tres siglos la monarquía absoluta en España. ¿Conoce López Obrador esos antecedentes? La pregunta es irrelevante. Si no los conoce, los encarna.
Según estudios de Richard M. Morse, esa filosofía neotomista es el verdadero modelo político que subyace en Iberoamérica. En El pueblo soy yo consigné mis diferencias con esa tesis. Argumenté que el noble origen teológico de esa corriente no exime de responsabilidad a sus avatares. Y que, aplicada a nuestro tiempo, puede ser perfectamente compatible con regímenes similares al cubano.
No he cambiado mi punto de vista, pero ahora releo la tesis de Morse con mayor desasosiego. En su obra postrera (Resonancias del Nuevo Mundo, Editorial Vuelta, 1995) sostuvo que su implantación moderna en nuestros países debía traducirse en diez "premisas" que parecen proféticas:
1.- El mundo es natural, no se construye. "En estos países, el sentimiento de que el hombre edifica su mundo y es responsable de él es menos profundo y está menos extendido que en otros lugares".
2.- Desprecio por la ley escrita. "El sentimiento innato de apego a la ley natural va acompañado de una actitud menos formal hacia las leyes que formula el hombre".
3.- Indiferencia a los procesos electorales. "Las elecciones libres difícilmente se revestirán de la mística que se les confiere en países protestantes".
4.- Desdén hacia los partidos y las prácticas de la democracia. "Tampoco son apreciados los partidos políticos que se alternan en el poder, los procedimientos legislativos o la participación política voluntaria y racionalizada".
5.- Tolerancia con la ilegalidad. La primacía de la ley natural sobre la ley escrita admite prácticas y costumbres incluso delictivas que en otras sociedades están penadas, pero que en estas se ven como "naturales".
6.- Entrega absoluta del poder al dirigente. El pueblo soberano entrega (no delega) el poder al dirigente. En América Latina prevalece el antiguo pacto original del pueblo con el monarca.
7.- Derecho a la insurrección. La gente "no es insensible ante los abusos del poder enajenado". Por eso, los cuartelazos y las revoluciones suelen nacer del agravio de una autoridad que se ha vuelto ilegítima. (Como la corrupción del PRI).
8.- Carisma no ideológico: psicológico y moral. Un gobierno legítimo no necesita una ideología definida, ni efectuar una redistribución inmediata y efectiva de bienes y riquezas, ni contar con el voto mayoritario. Un gobierno legítimo debe tener "un sentido profundo de urgencia moral" que a menudo encarna en "dirigentes carismáticos con un atractivo psico-cultural especial". (Es el caso -dice Morse- de Perón o Fidel Castro).
9.- Apelación formal al orden constitucional. Una vez en el poder, para "rutinizar" el carisma, el dirigente debe conceder cierta importancia al legalismo puro para institucionalizar su gobierno.
10.- El gobierno: cabeza y centro de la nación. "El gobierno nacional [...] funciona como fuente de energía, coordinación y dirigencia para los gremios, sindicatos, entidades corporativas, instituciones, estratos sociales y regiones geográficas".
En teoría, el modelo se inspira en un concepto cristiano del monarca como fuente del bien común. En la práctica, es una receta para la dictadura. Morse no ignoraba sus inconsistencias y riesgos. Para consignarlos, citó la crítica a la figura central del neotomismo, el jesuita Francisco Suárez (1548-1617), formulada por el filósofo político y moral francés Paul Janet (1823-1899):
"En estas doctrinas incoherentes concurren [...] ideas democráticas y absolutistas, sin que el autor vea con claridad adónde lo llevan unas u otras. Adopta [...] el principio de la soberanía popular [...] y hace que no tan solo el gobierno, sino que aun la sociedad, descanse en el consenso plenario. Sin embargo, esos principios sirven para [...] que opere inmediatamente la enajenación absoluta e incondicional de la soberanía popular en manos de una persona".
Creo que, con matices diversos, las diez premisas operan en el nuevo régimen de México. Solo hay un antídoto contra cada una de ellas: la división de poderes y el Estado de derecho en una democracia liberal.
www.enriquekrauze.com.mx
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Costos ¿y beneficios?/Luis Rubio
Reforma, 05 May. 2019
El presidente avanza con celeridad en todos los frentes. En el ámbito económico, ha neutralizado, desmantelado o disminuido a prácticamente todas las entidades diseñadas para regular inversiones y el funcionamiento de mercados, incluyendo la electricidad, los hidrocarburos, así como los consejos de administración de las empresas "productivas" del estado y los bancos de desarrollo. Aun antes de iniciar el sexenio, ya había cancelado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y anunciado la construcción de proyectos de dudosa viabilidad económica, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Cada una de estas acciones tiene implicaciones para el presupuesto gubernamental y para la credibilidad del gobierno en su conducción económica y, sin embargo, no ha tenido costo aparente. El presidente, de facto, ha desafiado a los mercados financieros y a la ortodoxia económica sin que sus decisiones manifiesten consecuencia negativa alguna en las variables más evidentes, comenzando por el tipo de cambio. La pregunta es por qué.
Cuenta la leyenda urbana que cuando el hoy presidente se aprestaba a anunciar la cancelación del aeropuerto, sus principales asesores le advirtieron sobre las posibles consecuencias de su decisión, siendo la primera una depreciación del tipo de cambio. El presidente siguió adelante con el anuncio y no pasó absolutamente nada. Por el contrario, el peso se apreció después del anuncio lo que, según la rumorología, desacreditó a sus asesores y afianzó la convicción del presidente de que sus decisiones son aceptadas como necesarias y producto de consideraciones morales y políticas sensibles y razonables.
Pero las decisiones del presidente López Obrador han sido todo menos sensibles y razonables. Peor aún, su proyecto para la concentración del poder avanza sin pausa, barriendo no sólo con los endebles contrapesos que se fueron construyendo a lo largo de las últimas décadas, sino que incluso amenaza con seguir por la misma senda respecto a la Suprema Corte de Justicia. El afán por reconstruir una presidencia todopoderosa prosigue incólume.
Envalentonado, su gabinete adopta posturas y determinaciones que afectan contratos y prácticas que son comunes en todo el mundo, como ejemplifican los relativos al suministro de gas a la CFE, los cuales estipulan que la empresa debe pagar por el gas, lo utilice o no. Esta práctica (encumbrada en los contratos respectivos) es la forma en que los inversionistas privados que pagaron por la construcción de los gasoductos recuperan su inversión. Es decir, no tiene nada de excepcional y es clave para el suministro de electricidad.
El punto de fondo es que el gobierno ha estado modificando las estructuras institucionales, cambiando contratos o amenazando con su alteración y creando un entorno sumamente incierto para nuevas inversiones. ¿Quién querría arriesgar su capital cuando las reglas del juego son susceptibles de alteración en cualquier instante? Los inversionistas requieren certeza de que los modos de proceder de las autoridades son anticipables y confiables, pues nadie invertiría en un entorno impredecible.
Sin embargo, a pesar de que la incertidumbre crece y comienza a aparecer su prima hermana, la desconfianza, nada parece afectar al entorno de aparente calma y estabilidad, especialmente el tipo de cambio.
Esto no tiene precedente. En las décadas pasadas, cada que un gobierno apenas mencionaba cualquier cambio en las reglas del juego, el efecto se manifestaba de manera inmediata en el valor del peso frente al dólar; nada de eso ha ocurrido en estos meses. La razón de ello es muy simple: la estabilidad no proviene, como cree el presidente, de su propio actuar y honestidad, sino de los agentes financieros del exterior, que siguen comprando bonos del gobierno mexicano.
Lo hacen bajo dos premisas: primero, por el diferencial de tasas de interés que están pagando los bonos mexicanos que, al ser superior a 5%, los hace muy atractivos. Segundo, esas inversiones siguen las señales de las agencias calificadoras, quienes han mantenido el grado de inversión para el papel mexicano. Nadie sabe cuánto tiempo seguirá siendo cierto esto último pero, mientras esto no cambie, los inversionistas de portafolio mantendrán su interés por estos instrumentos. Es decir -paradoja para una administración que se dice nacionalista-, la estabilidad del gobierno se ha tornado absolutamente dependiente de los mercados financieros.
En 1992, George Soros le propinó una profunda humillación al gobierno británico, luego de especular contra su moneda. El acto fue descomunal: el Reino Unido sucumbió ante el ataque de un actor privado cuando presidía a la entonces llamada Comunidad Europea y tuvo que abandonar el ERM, el mecanismo europeo de coordinación monetaria, con la cola entre las patas. Paul Lepercq, un agudo comentarista, escribió entonces que el asunto había sido tan dramático que, de haber ocurrido un siglo antes, el financiero habría sido decapitado.
Los mercados financieros no se guían por consideraciones morales: sólo aprovechan oportunidades de arbitraje. Tan pronto las realidades internas y externas se empaten -lo que inexorablemente ocurrirá- vendrán los platos rotos y las cuentas por cobrar.
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Tráfico de influencias/Eduardo Caccia
REforma, 05 May. 2019
El mundo contemporáneo ha creado, mejor dicho, reinventado, una posición social presente entre los humanos de todos los tiempos: el influencer (la palabra influenciador no existe para la Real Academia Española), aquel que, a través de su plataforma en redes sociales, tiene poder sobre la opinión y las decisiones de los demás en determinados aspectos de la vida, muy particularmente en relación al consumo. Los influencers (parece que es condición usar el odioso anglicismo pues su equivalente en castellano, el influyente, evoca al político que habitó la Tierra antes de que la llamada Cuarta Transformación extinguiera la corrupción y las asignaciones directas -bueno, éstas no tanto- sobre la faz de la patria) son el canal contemporáneo que usan las marcas para vender, pero antes han de generar el deseo y eso es lo que hacen los influencers.
La película The Joneses (2009) retrata una familia de cuatro integrantes que se mudan a una colonia de alto poder adquisitivo. No les basta con ser físicamente atractivos, además, tanto el padre, la madre y los dos hijos adolescentes poseen objetos de última moda o generación que sus respectivas amistades admiran, desean y eventualmente compran. Bajo el aura de perfección se esconde otra realidad, estamos ante un engaño mercadológico pues la familia feliz no es tal, se trata de actores contratados por una compañía de mercadeo para influir en su círculo social y generar ventas de determinados artículos. Lo hacen de una forma sutil y planeada.
Si en su desempeño van abajo del presupuesto, una fiesta en su casa les sirve para mover los indicadores. Cuando alguien elogia los canapés, la anfitriona tiene a la mano la caja con la marca que los vende listos para abrir y servir, mientras papá demuestra a sus amigos la sofisticada pantalla de televisión y el equipo de sonido. Lo propio hacen los hijos. Al salir de aquella fiesta, los invitados se llevarán más que agradables recuerdos de la hospitalidad de los Jones, llevarán un deseo sembrado en sus cerebros, serán personas incompletas esperando la oportunidad de llenar sus nuevas carencias en cuanto tengan la posibilidad de comprar aquello que (supuestamente) les hará felices.
Esto es lo que hacen los influencers, exhiben objetos y estilos de vida para generar deseo. Es oportuno recordar "La revolución de las expectativas" de mi admirado David Konzevik, quien con su agudeza característica apuntó que la sociedad actual está generando personas inconformes, individuos llenos de nuevos deseos imposibles de satisfacer pues "los deseos suben por el elevador y el salario por las escaleras".
Los influencers son mayoritariamente jóvenes que están haciendo mucho dinero, algunos superando el ingreso de sus padres, trabajando una fracción del tiempo de sus progenitores. Las marcas, particularmente en el mundo de la moda, no sólo regalan productos y viajes a estos protagonistas de las pantallas móviles, también les pagan miles, cientos de miles de pesos por hacer un comentario, subir una fotografía o visitar determinado sitio. Un influencer en Instagram puede cobrar cien dólares por cada diez mil seguidores (hay varios que tienen millones de fanáticos que están pendientes de su vida y opiniones). En YouTube, las cifras se elevan hasta doscientos mil dólares por una publicación si el influencer tiene más de 3 millones de seguidores.
Estamos ante un nuevo tráfico de influencias, una enorme y fragmentada puesta en escena donde el mundo del consumo se reproduce y crece lejos de la televisión tradicional. El presupuesto publicitario ha cambiado de canal. Estamos también ante la amenaza de crear una sociedad del consumismo que, como Bauman lo advirtió, vuelve al consumo la fuerza principal de las relaciones humanas, definiendo no sólo lo que pasa en la comunidad sino lo que somos y la forma en como nos relacionamos con el mundo.
Los Jones influenciaron a sus vecinos. Las redes sociales han crecido el vecindario más allá de lo físico; nunca como ahora la sociedad de consumo te grita: ¡estás incompleto! Si el mundo de los negocios está lleno de tiburones, en el de las redes sociales navega otra especie: el influencer, el editor de deseos, el individuo que crea percepciones y cobra realidades.
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Revista Proceso @# 2218, a 5 de mayo de 2019..
La fantasía del 4%/MAURIZIO GUERRERO...
NUEVA YORK.- La meta de crecimiento económico de 4% fijada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es simplemente irrealizable si se mantienen las tendencias actuales de inversión privada en el país. Esa opinión es compartida por analistas de dos de las principales calificadoras en el mundo y economistas de Estados Unidos.
Sostienen que la disminución de inversión privada en un contexto de incertidumbre se suma a un panorama económico mundial menos favorable que en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Con base en esas tendencias, los analistas ven difícil que la administración de López Obrador logre romper el ciclo de magro crecimiento que la economía mexicana ha mantenido en el siglo XXI. Según ellos, todo apunta a una expansión económica promedio apenas superior al 2% anual.“La preocupación real que tenemos es que la inversión del sector privado –y me refiero incluso a la mexicana y no a la inversión extranjera directa– ha caído significativamente en los meses recientes”, comenta a Proceso Joydeep Mukherji, analista para México de la calificadora Standard & Poor’s (S&P).
La duda es, dice, si esa baja en la inversión, incluyendo la del capital extranjero, será temporal o parte de una baja inyección de capital durante los próximos años en México.
Según el Plan Nacional de Desarrollo presentado la semana pasada por el presidente López Obrador, la economía de México crecerá 4% durante su gestión, y existe la posibilidad, dijo, de que incluso sea de 6%.
Sin embargo, la desaceleración de 0.2% de la economía en el primer trimestre de este año en comparación con el periodo anterior sugiere que la maquinaria económica se mantiene prácticamente estancada.
La previsión de S&P para la expansión de la economía de México en los siguientes años es de entre 2% y 3%. Ello se debe a que la tendencia a la baja de la inversión privada, profundizada a partir de la incertidumbre provocada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, rebautizado T-MEC) no ha logrado revertirse.
“La economía mexicana crece por el consumo, la inversión y las exportaciones. Ahora incluso se basa mucho en que el consumo siga creciendo. Por otro lado, las exportaciones no se están moviendo más rápido que antes y la inversión es verdaderamente débil”, abunda Mukherji.
Proyección poco realista
La caída en la inversión, iniciada en el sexenio de Peña Nieto, se ha acentuado no sólo por la incertidumbre natural del cambio de gobierno, ni porque la nueva administración sea identificada con la izquierda, sino por decisiones concretas como la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la acotación a la inversión privada en Pemex, insiste el entrevistado.
Charles Seville, analista para México de la calificadora Moody’s Ratings, cree que un crecimiento de 4% es poco realista si se consideran las actuales proyecciones. “Se necesitaría mucha más inversión que la que se registra actualmente, lo que no parece muy probable ahora mismo. Además, la inversión pública que pudiera hacer el gobierno (de López Obrador) tiene muchas limitaciones por las restricciones fiscales. Ese es el problema”, dice a Proceso.
Subraya incluso que los grandes proyectos de infraestructura anunciados por López Obrador, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, serían demasiado pequeños como para significar un cambio en el desempeño de la inversión, incluso si concitara una amplia participación de capital privado.
Además, para atraer capitales es necesario vencer el pesimismo de los inversionistas.
Según una encuesta difundida el jueves 2 por el Banco de México, sólo 5% de los inversionistas considera que éste es un buen momento para invertir en México, mientras 16% aventura que el clima de negocios podrá mejorar en los siguientes seis meses.
Felipe Hernández, economista para América Latina de la firma de análisis Bloomberg Economics, sostiene que la retórica de López Obrador no ayuda crear un clima de confianza entre los inversionistas.
Mukherji señala que el modelo neoliberal –basado en las privatizaciones, el libre mercado para productos y servicios y una reducción en las responsabilidades del Estado– produjo un crecimiento que está por debajo del potencial de la economía mexicana. No obstante, advierte, México no puede darse el lujo de implementar un modelo diferente.
El Plan Nacional de Desarrollo, que menciona la palabra “neoliberal” o sus variantes en 33 ocasiones, destaca que un elemento del triunfo de López Obrador fue el hartazgo respecto de ese modelo económico.
“Los distintos sectores de la sociedad mexicana necesitan objetivos nacionales distintos que los instaurados por el neoliberalismo, una nueva ruta para alcanzarlos y un nuevo conjunto de reglas explícitas e implícitas de convivencia”, según el documento.
El analista de S&P destaca que México carece de empresas públicas capaces de impulsar el crecimiento económico nacional mediante inversiones o políticas de desarrollo; los bancos de desarrollo mexicanos son diminutos, y tampoco cuenta con instancias que pudieran apuntalar programas de crecimiento.
Las excepciones son Pemex y, en menor medida, la Comisión Federal de Electricidad, aunque ambas tienen una deuda significativa, lo que las convierte más en un lastre que en un impulso para la expansión económica de México.
Ambas firmas paraestatales requieren de vigorosos planes de rescate para evitar que su colapso financiero contamine las arcas federales.
La inversión privada en México supera casi en siete veces la inversión pública en promedio. Así, “simplemente viendo la economía mexicana es difícil visualizar cómo México puede crecer a tasas cercanas al 4% como quiere López Obrador, si no tienes respaldo de la actividad en el sector privado. Es la realidad, no es una cuestión ideológica”, puntualiza Mukherjit.
Magro crecimiento
La desaceleración en la tasa de la expansión de la economía de México en el primer trimestre del año se debió tanto a una contracción relativa en el sector industrial como en el de servicios, lo que podría significar que uno de los puntos más pujantes de la expansión económica del país, el consumo o gasto privado, comienza igualmente a perder dinamismo.
Una baja en el gasto privado podría apuntar a que el entusiasmo de la gente provocado por la elección de López Obrador comienza también a disminuir. En su lugar, podría asentarse una mayor cautela, lo que limitaría el gasto y el crecimiento de la economía, sostiene Hernández.
Y agrega: “Uno de los principales retos para el gobierno no sólo es mantener el ritmo de crecimiento que el gobierno tenía anteriormente, el cual ya era bastante débil, sino cumplir con las metas ambiciosas de López Obrador. En ese sentido, el informe preliminar del primer semestre es muy preocupante”.
El experto de Bloomberg Economics asegura que la preocupación se deriva de que los dos motores recientes de la economía: el consumo y las exportaciones, también han perdido dinamismo este año. Eso se suma a una tendencia a la baja de la inversión. “Los vientos en contra siguen, y los vientos a favor soplan cada vez con menor fuerza”, considera.
Con un consumo a la baja, dice, las metas de crecimiento de López Obrador “lucen bastante ambiciosas”. Menciona además el factor de la economía de Estados Unidos que, de acuerdo con la mayoría de los analistas, perderá dinamismo.
Incluso, 27% de los economistas encuestados en abril por el Banco de la Reserva Federal (FED) considera que es probable que la economía de Estados Unidos entre en un periodo de recesión en los próximos años.
Por ahora, advierte, la mayoría de los analistas descarta esta posibilidad. No obstante, el presidente Donald Trump y sus políticas son fuentes constantes de incertidumbre para México; y esa tendencia sí que se mantendrá.
En principio parece complicado que el T-MEC pudiera ser aprobado antes de las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Asimismo, existen tarifas y aranceles impuestos al aluminio y al acero que aún afectan a México.
A ese contexto se suman otras posibilidades, remotas pero realizables, como cierres de las fronteras si aumentan los flujos de migrantes desde México a Estados Unidos.
Así, el banco de inversión Merrill Lynch, parte de Bank of America, calcula que el crecimiento de la economía de México para 2019 será de 1%, una expansión que incluso podría ser menor; para 2020 podría ser de 1.5%.
“El crecimiento promedio de la economía es un poco por debajo del 2%. Vemos difícil que el crecimiento en el sexenio (de López Obrador) pueda alcanzar un promedio de 4%. Pensaríamos que el crecimiento estaría más cercano a lo que hemos visto en el sexenio anterior o incluso un poco más bajo”, asegura Carlos Capistrán, economista para México de Merrill Lynch-Bank of America.
Ese magro crecimiento se debe a las muchas incertidumbres que plagan a la administración de López Obrador, algunas de las cuales son ajenas a la conducción del tabasqueño. No obstante, la incertidumbre también ha sido provocada por planes poco claros, admite Capistrán.
Y remata: “Incluso en proyectos que podrían ser potencialmente emblemáticos de la nueva administración –como la refinería de Dos Bocas– escuchas diferentes respuestas de los funcionarios. En ese sentido, tener un mensaje claro podría ayudar a detonar la inversión, que tanta falta hace en este momento al país”.
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Revista Proceso @# 2218, a 5 de mayo de 2019..
Para su plan económico AMLO no consideró factores internos y externos/JOSÉ RAÚL LINARES
En la elaboración de las metas y proyecciones de crecimiento económico incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo hubo factores que el gobierno federal no consideró: la previsible desaceleración de las economías de Estados Unidos y de Europa, la falta de confianza de los mercados mexicanos por la baja inversión privada y la parálisis en el gasto público.
“Deseable pero difícil”… Así califican especialistas en materia económica la expectativa de crecimiento planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024), el gobierno federal buscará cerrar la administración con una tasa de crecimiento de 6% anual.
“El fortalecimiento de los principios éticos irá acompañado de un desarrollo económico que habrá alcanzado para entonces una tasa de crecimiento de 6%, con un promedio sexenal de 4%”, señala el Epílogo: Visión 2024 del PND, enviado al Congreso de la Unión el pasado 30 de abril.
No obstante, los antídotos para enfrentar amenazas externas –como la desaceleración de la economía en Estados Unidos y Europa– son vulnerables, advierten los analistas consultados por Proceso. También la falta de confianza de los mercados mexicanos –baja inversión privada y parálisis en el gasto público– mantienen como “reservado” un impulso a la economía a mediano plazo:
–¿Es posible alcanzar la meta de crecimiento planteada por el PND? –preguntó este semanario.
–Es muy difícil pronosticar a tanta distancia, pero es poco posible. Si hay una corrección en la política económica interna, posiblemente; pero me reservaría las conclusiones. Por otra parte, aun si tuviéramos un entorno exterior favorable en Estados Unidos, dudo que pasemos de 4% para 2024 –señala Fausto Hernández Trillo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
–Lo vemos como algo improbable: para tales efectos debería incrementarse el gasto público, reactivarse los instrumentos aprobados por la reforma energética, mayores reducciones a las barreras burocráticas y una reforma laboral más agresiva –secunda Jaime Reusche, analista senior para México de Moody’s Investors Service.
Ambos concuerdan: el gobierno de López Obrador no ha podido enviar señales positivas al sector industrial, que podría reactivar la economía, ni hacerlo por vía de la inversión pública. Tampoco ha mostrado signos de alerta respecto a las perspectivas que se le avecinan:
“El objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas, sino generar bienestar para la población. Los macroindicadores son instrumentos de medición, no un fin en sí”, advierte el PND.
Al respecto, Hernández Trillo manifiesta que esta postura podría agravar el panorama: “Sigue sin haber una política clara para la inversión privada e industrial; un día los trata bien y al otro día los trata mal. Desde luego que sin inversión pública o privada es muy difícil que el gobierno federal pueda acelerar la economía”.
En Moody’s “también bajamos nuestra expectativa de crecimiento recientemente; creo que pesan mucho las señales mixtas que envía al sector privado”, comenta Reusche.
Riesgos
El jueves 2 José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, la perspectiva de crecimiento que el organismo multilateral estima para México en 2019 y 2020.
En la reunión notificó una baja en la perspectiva para México: 1.6% y 2% para 2019 y 2020, respectivamente.
“La integración en las cadenas globales de valor impulsa un sólido crecimiento de las exportaciones, en tanto que la recuperación de los salarios reales, las abundantes remesas y el crecimiento del crédito han fomentado el consumo”, apunta el documento Estudios económicos de la OCDE: México.
Sin embargo, advierte que esta perspectiva, ahora alimentada por un gran dinamismo en el comercio que México mantiene con Estados Unidos, pende de un hilo ante los indicadores que muestran la desaceleración económica de ese país:
“Por otra parte, la incertidumbre en materia de políticas, también en lo que se refiere a la necesidad de que todas las partes ratifiquen el nuevo acuerdo de comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, la desaceleración de la economía mundial y la renovada tensión comercial dificultarían las exportaciones y deprimirían la inversión privada”, añade.
Entre los factores que abonan a este escenario, la OCDE enumera algunos de índole interno, como el hecho de que el “crecimiento moderado” no ha mejorado el nivel de vida de los mexicanos; continúa la división entre el norte (industrializado) y el sur (con problemas de desarrollo), y riesgos implícitos en el sector energético (Pemex).
“La rápida implementación de los planes de inversión para impulsar la producción de petróleo aumentaría las exportaciones y disminuiría el déficit en el comercio de energía, pero la meta de aumentar la producción de petróleo en la magnitud proyectada requerirá inversión privada adicional”, dice el diagnóstico que fue recibido por la máxima autoridad económica.
Al finalizar su presentación ante Urzúa, Gurría señaló que el manejo de la posible desaceleración de la economía mexicana dependerá de la capacidad de la administración de López Obrador para preparar herramientas que hagan frente a un posible escenario internacional adverso.
En abril pasado la Secretaría de Hacienda también ajustó sus expectativas de crecimiento económico, con 1.4% y 2.4% para 2019, frente al 2.1% y 3.1% planteadas originalmente, según los “Precriterios de Política Económica”.
Desaceleración en EU
En Estados Unidos los focos por una posible desaceleración se encendieron en diciembre de 2018. Durante ese año la economía del vecino del norte reportó un crecimiento de 2.9%, un buen nivel según el Departamento de Comercio, pero debajo de la expectativa planteada por el presidente Donald Trump.
Los focos de alerta se encendieron en el último trimestre de 2018, cuando las cifras de esa misma institución reportaron un crecimiento 2.2% inferior a la expectativa planteada: 2.6%. Los indicadores prevén que esta tendencia podría acentuarse y con ella, las expectativas para México.
“Durante años México le ha apostado al comercio exterior como su principal motor de desarrollo. No obstante, eso ha profundizado desigualdades en nuestro país y la falta de integración entre el norte y el sur. Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de nuestro país; si esa economía pierde impulso, la nuestra también”, advierte Hernández Trillo.
Esa desigualdad se ha expresado en el desarrollo económico del norte del país, con mayores tasas de industrialización y conectividad carretera. Mientras en el sur, esos dos factores de desarrollo se reducen a la mitad.
Para el académico del CIDE, quien hasta hace poco fungía como director de El Trimestre Económico –revista fundada por Daniel Cosío Villegas y recientemente desaparecida por Paco Ignacio Taibo II al frente del Fondo de Cultura Económica–, dicha tendencia podía revertirse con mayor inversión pública, mayor dinamismo del mercado interno y seguridad social. Sin embargo, la administración de López Obrador ha prescindido de ellos.
“El decrecimiento de la inversión pública es mayor que la desaceleración. Según datos que tengo, ésta se ha desplomado alrededor de 17%. Por otro lado, la inversión privada está cautelosa, está en un ‘déjame ver hacia dónde vamos’”, explica Hernández Trillo.
“Desde luego, han hecho un muy mal manejo de las expectativas con el sector privado”, añade.
–En este contexto y frente al más reciente informe de la OCDE, ¿qué pesará más, los factores internos o externos?
–Dice López Obrador que hay que revisar las cifras del sexenio de Zedillo. No obstante, se le olvidó decir que en el sexenio de Zedillo el comercio internacional ayudó mucho. En esta situación, creo que ante riesgos del mercado externo hoy no puede ayudar tanto. Pienso que un buen programa nacional de infraestructura –con mucha inversión– podría impulsar el crecimiento.
Al respecto, el académico sostiene que ni siquiera una ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ayudará, si no se cierran las brechas sociales y económicas del país. Entre ellas, la falta de igualdad de acceso a los servicios de “seguridad social universal”.
“Pensé que este gobierno iba a aplicar una agresiva política de seguridad social universal. El presidente ha hablado de que busca implantar un ‘estado de bienestar’ como en los países escandinavos, con pensiones y buenos servicios de salud. Si tú dejas fuera los gastos fuertes en salud y recibes ingresos por el simple hecho de ser mexicano, evidentemente aumentas el consumo y el ahorro”, dice.
“Yo también pensé que llegando un gobierno de izquierda a México sería lo primero que implantaría. ¡Que decepción!”
Reformas, a la basura: Reusche
A finales de febrero, Moody’s Investors Service también ajusto su perspectiva de crecimiento para nuestro país, situándola de 2.2% a 1.7% para 2019.
Para Reusche, la predicción a la baja que ahora comparten calificadoras y organismos internacionales podría acentuarse si no se corrige la política económica que ha planteado el gobierno federal.
“Nosotros también estamos bajando las perspectivas a 1.5%”, adelanta en referencia a un diagnóstico que será publicado este domingo 5, el cual analizará las conclusiones del informe presentado por la OCDE.
Cercano al sector productivo privado, el analista de Moody’s Investors advierte que en México las decisiones del gobierno federal son los principales factores de desestabilización en la política macroeconómica, especialmente porque no ha podido mandar señales de estabilidad a los inversionistas privados.
–En este contexto y frente al más reciente informe de la OCDE, ¿qué pesará más, los factores internos o externos? –se le pregunta ahora al analista de Moody’s.
–En este momento están pesando más los factores internos, con señales mixtas sobre su política económica. Las señales, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o los mensajes para cancelar contratos petroleros han tenido un efecto negativo. En este momento los factores externos no han pesado tanto. La demanda externa sigue siendo robusta.
“Sin embargo”, advierte, “si ese entorno empieza a cambiar y no es favorable, las cosas podrían empeorar”.
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Ante la desaceleración, un futuro incierto/RAFAEL CRODA..
Revista Proceso @# 2218, a 5 de mayo de 2019..
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido creer que México crecerá a un ritmo de 4% anual durante todo su sexenio, y considera que para el actual es factible alcanzar el 2%. Pero la realidad lo contradice: proyecciones de analistas y organismos internacionales apuntan a un porcentaje menor para 2019, de entre 1.4% y 1.7%. Y hay más factores que tienden a desinflar la fantasía lopezobradorista: por ejemplo, su errónea decisión de vetar a tres proveedores del sector salud dio pie al desabasto de medicamentos, mientras que su “austeridad republicana” provocó ya un grave subejercicio en la administración pública.
El decrecimiento trimestral reportado por el Inegi coincide con los ajustes a la baja que han hecho en los últimos días diferentes organismos multilaterales en sus pronósticos de desempeño de la economía mexicana para 2019 y 2020.
“Técnicamente estamos en un ciclo de pronunciada desaceleración”, dice el investigador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (Cempe) de la UNAM Emmanuel Gerardo Salas.
De acuerdo con el doctor en economía y experto en modelos econométricos, la desaceleración ya es un hecho que no admite debate porque está sustentado en datos duros, como el aumento del desempleo, que llegó a 3.56% en marzo –la cifra más alta en 28 meses– y la caída de 2.1% en el último año en las actividades secundarias (industria y manufacturas).
Indicadores de ese tipo han creado un consenso entre analistas y expertos del sector público en que la economía mexicana no crecerá en 2019 lo que se anticipaba a principios del año.
El jueves 2 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo en 0.4 puntos la expectativa de crecimiento de México para 2019 y la ubicó en 1.6%.
Ese mismo día el Banco de México (Banxico) dio a conocer su encuesta con especialistas del sector privado, la cual también recorta la expectativa de crecimiento para este año y lo deja en 1.52%.
Lo mismo hizo la agencia calificadora HR Ratings, que espera una expansión moderada en México este año, de entre 1.4% y 1.5%.
El viernes 3, en su conferencia matutina, López Obrador volvió a criticar esos pronósticos y dijo: “Los tecnócratas corruptos conservadores están muy molestos y han agarrado esa cantaleta de que se va a caer el crecimiento… como si ellos hubiesen garantizado mucho crecimiento en 36 años”.
Esos 36 años abarcan los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante ese periodo el PIB de México creció a un promedio anual de 2.4% y el ingreso per cápita apenas se incrementó 0.86% cada año.
López Obrador mantiene su promesa de que México crecerá a un ritmo de 4% anual durante su sexenio y sostiene que es factible lograr una expansión de 2% este año, a pesar de que todas las proyecciones de organismos multilaterales y economistas privados proyectan un porcentaje menor, de entre 1.4% y 1.7%.
El viernes 3 dijo que ya hasta tiene una apuesta de que el PIB crecerá 2% este año y “les vamos a ganar en sus pronósticos”, ya que hay “una variable” que ayudará a lograr esa meta: “Ya no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban”.
Lo cierto es que mientras esa variable está por comprobarse, el dato duro que dio el Inegi sobre la caída del PIB en el primer trimestre del año, en relación con el último trimestre de 2018, juega contra la apuesta del presidente.
En opinión de Salas, López Obrador va a perder la apuesta: “Las actuales circunstancias de la economía mexicana no indican que se va a lograr un crecimiento de 2% este año. Técnicamente son correctos los pronósticos que hablan de un crecimiento menor a ese porcentaje, apenas arriba de 1%”, dice el investigador del Cempe, organismo que anticipa una expansión de 1.23% este año en un escenario “optimista” y de 1.38% para 2020.
Salas aclara, sin embargo, que con un crecimiento de ese rango, y aun con la caída de 0.2% en el PIB el primer trimestre de este año, “no se puede hablar de que la economía mexicana está en una recesión”.
Un parámetro económico que caracteriza una recesión es una caída del PIB durante tres trimestres consecutivos. Otro, la pérdida de empleos en las tres cuartas partes del sector industrial. Y ninguno de esos dos escenarios se ha producido en México.
Incluso, ni las proyecciones más pesimistas de los organismos multilaterales y analistas privados anticipan una recesión de la economía mexicana este año. Y para 2020 todos prevén un crecimiento mayor, de alrededor de 2%.
Al presentar, el jueves 2 en Palacio Nacional, un estudio económico sobre México, el secretario general de la OCDE, el priista y secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría, consideró que es posible que López Obrador alcance las metas de crecimiento establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que entregó el 30 de abril al Congreso.
Ese documento establece que una de las tareas centrales del gobierno de López Obrador es “impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables”, de 4% anual durante el sexenio.
Gurría recordó que el sexenio de Zedillo arrancó con una enorme crisis económica en 1995, producto del famoso “error de diciembre”, lo que generó una caída del PIB de 6.2% ese año, pero en los sucesivos se registró una recuperación y el país creció durante ese gobierno a una tasa promedio de 3.5% anual.
La caída del PIB en 0.2% en el primer trimestre de este año es la peor que se registra desde el inicio del gobierno de Zedillo, en 1995, pero todos los arranques de sexenio han sido difíciles desde entonces.
El sexenio de Calderón ha sido el segundo de peor desempeño económico en la historia del México moderno, con un crecimiento anual promedio de apenas 2%, sólo superado en resultados negativos por el de Miguel de la Madrid (1982-1988), con 0.21%.
Según la encuesta del Banxico con expertos del sector privado divulgada el jueves 2, la economía mexicana registrará una expansión moderada en los próximos 10 años, de apenas 2% anual, lo que mereció un comentario de López Obrador.
El presidente dijo el viernes 3 que el Banxico tiene como función principal controlar la inflación, pero debería preocuparse también por apoyar el crecimiento.
“Es una institución autónoma, independiente, ellos defienden esa postura; bueno, es legítimo, pero nosotros decimos: ‘Vamos a crecer y vamos a crecer sin inflación’. Entonces todo el tiempo, en los últimos días han estado con eso (que México crecerá menos de lo esperado), pero estamos seguros que vamos muy bien”, aseguró el gobernante en su rueda de prensa matutina.
Los flancos débiles
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo de la ONU que siempre ha defendido modelos alternativos al liberalismo y el neoliberalismo, también ajustó a la baja el mes pasado la perspectiva económica de México para este año y fijó el crecimiento del país en 1.7%, 0.4 puntos menos que la estimación de diciembre.
Sin embargo, el porcentaje de expansión que tendrá México este año será superior al 1.3% que crecerá, en promedio, América Latina, de acuerdo con las proyecciones de la Cepal.
El organismo explicó que la reducción en el pronóstico para México obedece a la desaceleración de la actividad económica en el último trimestre de 2018, al menor impulso de la inversión pública en los primeros meses de 2019 por el subejercicio presupuestal y a una “moderada inversión privada”.
El organismo señaló en un reporte sobre México que, además, existe un adverso entorno internacional para el país por la desaceleración de las economías de Estados Unidos –su principal socio comercial–, China y la Unión Europea, que crecerán menos de los esperado a finales de 2018.
“El desempeño económico de México también se ha visto afectado, aunque en menor medida, por la toma de vías férreas por parte de trabajadores de la educación en enero, las huelgas en las maquiladoras en el norte del país y el insuficiente abasto de gasolina en enero en estados importantes para la actividad económica”, indicó la Cepal.
Y mencionó “otros riesgos” que, de materializarse, podrían propiciar una desaceleración mayor del crecimiento del PIB mexicano este año.
Esos riesgos son el cambio en las condiciones financieras internacionales por un aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, las tensiones comerciales entre ese país y China, la percepción de los inversionistas sobre el rumbo de las políticas económicas de López Obrador, la disminución de los ingresos públicos petroleros y la puesta en marcha del T-MEC.
La Cepal proyecta que este año la inflación en México se situará en 3.6% (menor en 1.2 puntos a la de 2018), la tasa de desempleo será de 3.5% (mayor en 0.2 puntos que la de 2018) y que el déficit fiscal del sector público cerrará en alrededor de 2% del PIB, porcentaje ligeramente menor al de 2018.
Hay preocupación también por el alto endeudamiento de Pemex y el impacto que esto pudiera tener en el encarecimiento del crédito y por la caída en la producción petrolera, la cual fue de 1.6 millones de barriles diarios durante el primer bimestre de este año, cifra menor 7.8% al promedio de 2018.
Tanto la Cepal como la OCDE coinciden en que dos de las principales fortalezas de la economía mexicana son su “sólido marco macroeconómico” y su sector exportador, aunque tanto las ventas externas como las importaciones registrarán un moderado descenso este año, según previsiones de analistas privados.
Para la Secretaría de Hacienda, algo que contrarió a López Obrador al sumarse al consenso y ajustar a la baja el crecimiento del PIB para este año, también hay buenos resultados que mostrar en materia económica, como un aumento en la recaudación de IVA e ISR en el primer trimestre del año, del orden de 1.7% y 1.9%, respectivamente.
Además los ingresos tributarios fueron 5.1% más altos que los del primer trimestre de 2018, mientras que el gasto neto del gobierno fue menor por los programas de austeridad que están en marcha.
De acuerdo con Hacienda, en la caída del PIB durante el primer semestre de este año influyeron factores coyunturales que no necesariamente se presentarán en lo sucesivo, como los problemas de abasto de gasolinas, las huelgas en las maquiladoras y los bloqueos de vías férreas en Michoacán.
Salas considera que a pesar de la contracción en el periodo enero-marzo, es factible que México logre una expansión de más de un punto este año.
Respecto a los continuos llamados a López Obrador para que promueva más la inversión extranjera directa (IED) con “reglas claras” y “certidumbre”, Salas considera que México ha “sobreestimado” la importancia del capital foráneo como factor de crecimiento económico.
La IED, asegura, representa alrededor de 11% de la inversión total que se registra en México, tanto pública como privada. En los últimos nueve años, la inversión en México ha promediado 22.2% del PIB.
México captó el año pasado 32 mil millones de dólares en IED, mientras que los ingresos por remesas familiares llegaron a 33 mil 480 millones de dólares.
En marzo pasado, el ingreso por remesas familiares estableció un récord histórico al llegar a 2 mil 896 millones de dólares, la cifra más alta de un mes desde que el Banxico registra ese rubro.
Durante el primer trimestre de este año, México recibió 7 mil 699 millones de dólares en remesas, monto superior en 7.1% al registrado en el mismo periodo de 2018.
López Obrador se ha quejado de que los expertos no quieren ver esas cifras positivas ni el efecto que tendrá la lucha contra la corrupción en el crecimiento económico.
El execonomista en jefe para América Latina del Banco Mundial, Guillermo Perry, considera que un combate efectivo contra la corrupción puede estimular la inversión y el crecimiento económico.
“Uno de los grandes errores de muchos gobiernos de izquierda en América Latina es que llegaron al poder con la promesa de combatir la corrupción y terminaron acusados de corruptos. Si López Obrador rompe esa tendencia, tendría un efecto económico muy positivo”, asegura el doctor en economía por el Tecnológico de Massachusetts.
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La receta de la austeridad de AMLO: no gastar aunque se necesite/
MATHIEU TOURLIERE
Proceso # 2218, 5 de mayo de 2019..
Una revisión del gasto que el gobierno federal ejerció en el primer trimestre del año revela que la austeridad republicana mutó en subejercicios que suman 65 mil 457 millones de pesos; 39 de 43 instituciones federales no siguieron la ruta que trazó la Secretaría de Hacienda y gastaron de menos. El precario sector salud fue el más afectado, mientras que el Instituto Nacional de Migración fue el más beneficiado: recibió mil millones de pesos extras para hacer frente a la llegada de miles de familias centroamericanas.
La austeridad republicana que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso en la administración pública federal no se limitó en recortar los excesos de la alta burocracia o en despedir a servidores públicos. En los primeros tres meses del año las instituciones no ejercieron 65 mil 457 millones de pesos que estaban destinados a cubrir nóminas, inversiones, materiales y programas.
Según cifras oficiales, 39 de 43 instituciones federales cometieron subejercicio de recursos y afectaron 584 de los dos mil 155 programas y acciones contenidos en el presupuesto; 28 no recibieron un solo peso en tres meses, entre ellos el programa de Desarrollo Rural y el Programa Nacional de Reconstrucción.
El precario sector de la salud pública padeció el golpe más fuerte: entre enero y marzo las dependencias retuvieron 30 mil 804 millones de pesos, de acuerdo con el Informe Trimestral que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el 30 de abril último.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ejemplo, gastó 147 mil 568 millones de pesos durante este periodo, 20 mil millones menos que lo previsto debido a las “menores erogaciones en materiales y suministros y servicios generales”.
Este monto representa 12% de los 167 mil 664 millones de pesos que el IMSS debía erogar en los primeros tres meses del año. No los gastó pese a la situación crítica que enfrenta esta institución, la cual necesitaría contratar a 94 mil médicos y construir 58 hospitales para alcanzar los niveles de atención médica en promedio de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Proceso 2217).
Según el informe de la SHCP, la Secretaría de Salud –que subejerció 2 mil 246 millones de pesos desde principios de año– no invirtió 430 millones de pesos etiquetados para Prospera, así como mil 49 millones de pesos previstos para el Seguro Médico Siglo XXI, la rama del Seguro Popular destinada a los niños menores de cinco años.
El viernes 3 el gobierno federal anunció una nueva serie de medidas de austeridad con su aplicación inmediata en las más de 300 instituciones de la administración pública federal.
Dichas medidas incluyen la desaparición de las direcciones generales adjuntas que actualmente encabezan 849 servidores públicos con una remuneración mensual bruta promedio de 130 mil pesos, según el Analítico de Plazas y Remuneraciones 2019 de la SHCP.
Además, ya no habrá asesores, excepto cinco en Presidencia. Los gabinetes de apoyo se reducirán en 30%, las dependencias reducirán en una tercera parte sus gastos ya aprobados en “materiales, combustibles, viáticos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones” y no comprarán ni rentarán vehículos nuevos.
También se recortarán a la mitad los “viáticos y pasajes aéreos internacionales, exposiciones, alimentación, asesorías para operación de programas, subcontratación de servicios con terceros y congresos, entre otros”, y en 30% los “servicios de monitoreo, difusión de mensajes y actividades gubernamentales y de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”.
“Con la salud no se juega”
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) subejerció 8 mil 462 millones de pesos, pese a que opera con menos de la cuarta parte del personal que requeriría para alcanzar el promedio de la OCDE, según Luis Miguel Victoria Ranflas, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.
“Entendemos que se trata de hacer ahorros, pero con la salud no se puede jugar”, deplora Victoria en entrevista con Proceso.
Detalla que en el ISSSTE están rebasados en capacidad instalada, que hay equipos médicos que dieron lo que tenían que dar y que a veces no se pueden hacer traslados porque las ambulancias no tienen gasolina. “Hace ocho días ocurrió en Orizaba con una derechohabiente de 88 años que se fracturó, estaba la ambulancia y el chofer, pero no había gasolina y tuvimos que enviar recursos para comprarla”, recuerda.
Indica que desde principios de año alrededor de 3 mil trabajadores del ISSSTE –tanto de confianza como honorarios– fueron despedidos “sin tomar en cuenta la actividad que estaban realizando” y el ISSSTE no cubrió las más de 4 mil 200 plazas que quedaron libres desde enero pasado.
“Suceden cosas tan lamentables como el hecho de que 450 médicos residentes que fueron formados en el ISSSTE, durante cuatro a ocho años, se graduaron en febrero y no pudimos contratar a uno solo porque no nos han liberado el presupuesto. Es lamentable que formemos personal que termina trabajando en el IMSS o en la iniciativa privada”, dice.
Victoria reveló que el sindicato frenó las peticiones de algunos trabajadores del ISSSTE que exigían entrar en paro para que “nos den lo que necesitamos para laborar”; la cúpula sindical les pidió paciencia hasta la junta directiva del ISSSTE, que se realizó el jueves 2.
“Ahí fue muy clara nuestra posición: les dijimos ‘no provoquen a los trabajadores, no nos provoquen’ porque hemos mantenido este diálogo respetuoso, esta suma de voluntades, pero no es posible que nos dejen sin recursos, sin presupuestos y que traten de responsabilizar a los trabajadores”, narra.
Victoria también es el vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) –que agrupa a más de 90 sindicatos de la burocracia federal– y afirma que existe una “inconformidad” entre los agremiados por la falta de presupuestos y por el trato que reciben.
“En algunas secretarías han tenido fuertes presiones; incluso trataron de violentar nuestras condiciones de trabajo. No es correcto. Siempre hemos sido leales y no nos merecemos que un grupo de colaboradores del presidente de la República, sin conocer, violente las condiciones de trabajo de nuestros compañeros”.
Ahorrativo
En su conferencia matutina del jueves 2, López Obrador aseguró que “no hay subejercicios” en la administración pública, sino “ahorros” y un “manejo profesional de las finanzas públicas”.
Justificó que las dependencias gastaron 6.5% menos que lo aprobado porque “el presupuesto de este año no lo hicimos por entero nosotros”, pues “estaban todavía los funcionarios de la pasada administración”.
Sin embargo, durante el periodo de transición el equipo del político tabasqueño diseñó y elaboró el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el cual fue aprobado por el Congreso de la Unión que está bajo el control del partido Morena.
Además, las dependencias deben ejercer los recursos de manera mensual conforme a la hoja de ruta que elaboró Hacienda, a cargo de Carlos Urzúa Macías, y que quedó plasmada en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de Federación (DOF), el 14 de enero último.
El presupuesto de este año recortó los fondos a 26 dependencias y organismos federales, con disminuciones de entre 0.2% y 43.2% comparado con 2018. Varias secretarías, como la de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Función Pública (SFP) o de Medio Ambiente y Recursos Naturales perdieron entre una quinta y una cuarta parte de su presupuesto anterior.
Por el contrario, destinó más recursos a las dependencias encargadas de distribuir el dinero de los programas sociales –las secretarías de Bienestar y de Trabajo y Previsión Social, principalmente–, así como a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Turismo (Sectur), encargadas de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya, respectivamente.
Así, de enero a marzo de 2019 el gobierno federal gastó 233 mil 413 millones de pesos en sus distintas ramas administrativas; eso es 33 mil millones de pesos –o 16.6%– menos que la administración de Enrique Peña Nieto durante el mismo periodo del año pasado.
La Presidencia de la República es la institución que redujo de manera más drástica sus gastos: por cada 10 pesos que destinaba Peña Nieto, López Obrador desembolsaba apenas uno. Entre enero y marzo de 2018 la oficina del mandatario priista derrochó 928 millones de pesos; el tabasqueño, por su parte, apenas gastó 117 millones de pesos en el mismo lapso.
En igual periodo la Cámara de Diputados y el Senado –ambos con mayoría de Morena– aplicaron de manera escrupulosa la política de austeridad: redujeron sus gastos en 28.7% al pasar de 2 mil 959 millones de pesos, entre enero y marzo de 2018, a 2 mil 195 millones de pesos durante los primeros tres meses de este año.
En algunas dependencias la reducción de gastos se realizó a cuestas de los programas que deben implementarse. La Secretaría de Educación Pública (SEP), por ejemplo, tuvo un subejercicio de 19.7%, pues erogó 14 mil 707 millones de pesos menos de lo etiquetado para el primer trimestre.
Entre otros gastos le faltó pagar 5 mil 288 millones de pesos destinados a Prospera –ahora Becas del Bienestar– que apoya a los alumnos de bajos recursos en educación básica; mientras que la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, que tiene bajo su cargo a los Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS), no erogó 608 millones de pesos.
La Semarnat abandonó prácticamente el programa de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento al que destinó apenas 27.6 millones de pesos, 1.7% de los mil 580 millones de pesos que tenía como meta; la SCT gastó apenas cuatro de cada 10 pesos que tenía previsto y no invirtió ni un centavo en el Sistema de Transporte Colectivo, en el que debió haber erogado 2 mil 551 millones de pesos.
El gobierno federal gastó demás en 30 programas y acciones desde principios de año. El mayor ejercicio lo hizo el Instituto Nacional de Migración (INM): utilizó mil millones de pesos extras para responder a la llegada de decenas de miles de familias centroamericanas en la frontera sur.
Sólo en la primera quincena de abril, el INM deportó a más de 273 ciudadanos hondureños por día, una cifra que rebasa las estadísticas registradas durante el gobierno anterior.
Para subrogar las labores de deportación dicha institución otorgó un contrato de hasta 295 millones de pesos a la empresa ETN Turistar de Lujo, que pertenece al apapachado empresario mexiquense Roberto Alcántara Rojas, vinculado al PRI y al expresidente Enrique Peña Nieto (Proceso 2216).
Operadores
Durante su campaña, López Obrador prometió que reduciría en 70% el personal de confianza, y días después de tomar posesión instruyó a su gabinete y a los titulares de los organismos autónomos reducir el personal de la burocracia. “Estamos terminando de limpiar el gobierno de quienes no eran necesarios porque su labor no ayudaba a la gente”, dijo el 5 de febrero pasado.
El 29 de abril último, el periódico Reforma reportó que 9 mil 170 servidores públicos desaparecieron de la nómina de 15 secretarías de Estado durante la presente administración y el viernes 3 indicó que el gobierno federal tiene una bolsa de mil millones de pesos para liquidaciones.
El diario El Economista reportó que al menos 2 mil 573 exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 437 integrantes del personal de la Presidencia y 420 empleados de la SHCP fueron separados o renunciaron a sus cargos durante los primeros tres meses de la administración lopezobradorista.
Estas cifras no incluyen las plazas que quedaron libres –por jubilaciones o renuncias– y que no fueron cubiertas, ni al despido de personal contratado por honorarios, entre otros.
De hecho, la magnitud del recorte de personal en la burocracia no es público; el 25 de abril pasado un grupo de senadores exhortó al gobierno federal que informe sobre el asunto.
Los recortes marcan otro paso en el proceso de reestructuración de fondo de la administración pública federal que se está concretando con el arranque formal de la operación de los Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, mejor conocidos como los “Superdelegados de AMLO”.
El gobierno federal pretende que las oficinas de estos personajes concentren todas las acciones federales en los estados, en lugar de que cada institución tenga una delegación. El 2 de mayo reciente el gobierno informó que al terminar el sexenio de Peña Nieto más de 9 mil delegaciones operaban en los estados y “duplicaban funciones”.
Además de supervisar la entrega de subsidios y la aplicación de programas, los “superdelegados” coordinarán un “subgabinete”: cada uno tendrá bajo su mando a cuatro representantes del gobierno federal para los sectores de Bienestar, Economía, Seguridad, así como de Comunicaciones y Energía, pero también un encargado de administración, un responsable anticorrupción y un especialista en temas de seguridad.
El lunes 29 de abril Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la SHCP, ordenó a todas las dependencias que despidan de manera inmediata a sus delegados y representantes en los estados, así como al personal con plaza de confianza y profesionistas por honorarios que fueron contratados para trabajar en las delegaciones estatales a partir de la toma de posesión de López Obrador.
Los 32 “superdelegados” que designó López Obrador son operadores políticos de Morena con abiertas aspiraciones electorales. Varios fueron legisladores y dirigentes estatales de su partido, cuatro –Delfina Gómez, Pablo Amílcar Sandoval, Carlos Lomelí Bolaños y Lorena Cuéllar Cisneros– fueron candidatos a las gubernaturas de sus estados, mientras que Jaime Bonilla Valdéz pidió licencia para competir este año por la gubernatura de Baja California.
Si bien se encuentran adscritos a la Secretaría de Bienestar, responden al presidente vía Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, una oficina de la Presidencia de la República.
García colabora con López Obrador desde hace más de 18 años, fue uno de sus principales operadores políticos y financieros cuando gobernó el entonces Distrito Federal y durante las campañas para la Presidencia.
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La receta de la austeridad de AMLO: no gastar aunque se necesite/
MATHIEU TOURLIERE
Proceso # 2218, 5 de mayo de 2019..
Una revisión del gasto que el gobierno federal ejerció en el primer trimestre del año revela que la austeridad republicana mutó en subejercicios que suman 65 mil 457 millones de pesos; 39 de 43 instituciones federales no siguieron la ruta que trazó la Secretaría de Hacienda y gastaron de menos. El precario sector salud fue el más afectado, mientras que el Instituto Nacional de Migración fue el más beneficiado: recibió mil millones de pesos extras para hacer frente a la llegada de miles de familias centroamericanas.
La austeridad republicana que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso en la administración pública federal no se limitó en recortar los excesos de la alta burocracia o en despedir a servidores públicos. En los primeros tres meses del año las instituciones no ejercieron 65 mil 457 millones de pesos que estaban destinados a cubrir nóminas, inversiones, materiales y programas.
Según cifras oficiales, 39 de 43 instituciones federales cometieron subejercicio de recursos y afectaron 584 de los dos mil 155 programas y acciones contenidos en el presupuesto; 28 no recibieron un solo peso en tres meses, entre ellos el programa de Desarrollo Rural y el Programa Nacional de Reconstrucción.
El precario sector de la salud pública padeció el golpe más fuerte: entre enero y marzo las dependencias retuvieron 30 mil 804 millones de pesos, de acuerdo con el Informe Trimestral que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el 30 de abril último.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ejemplo, gastó 147 mil 568 millones de pesos durante este periodo, 20 mil millones menos que lo previsto debido a las “menores erogaciones en materiales y suministros y servicios generales”.
Este monto representa 12% de los 167 mil 664 millones de pesos que el IMSS debía erogar en los primeros tres meses del año. No los gastó pese a la situación crítica que enfrenta esta institución, la cual necesitaría contratar a 94 mil médicos y construir 58 hospitales para alcanzar los niveles de atención médica en promedio de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Proceso 2217).
Según el informe de la SHCP, la Secretaría de Salud –que subejerció 2 mil 246 millones de pesos desde principios de año– no invirtió 430 millones de pesos etiquetados para Prospera, así como mil 49 millones de pesos previstos para el Seguro Médico Siglo XXI, la rama del Seguro Popular destinada a los niños menores de cinco años.
El viernes 3 el gobierno federal anunció una nueva serie de medidas de austeridad con su aplicación inmediata en las más de 300 instituciones de la administración pública federal.
Dichas medidas incluyen la desaparición de las direcciones generales adjuntas que actualmente encabezan 849 servidores públicos con una remuneración mensual bruta promedio de 130 mil pesos, según el Analítico de Plazas y Remuneraciones 2019 de la SHCP.
Además, ya no habrá asesores, excepto cinco en Presidencia. Los gabinetes de apoyo se reducirán en 30%, las dependencias reducirán en una tercera parte sus gastos ya aprobados en “materiales, combustibles, viáticos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones” y no comprarán ni rentarán vehículos nuevos.
También se recortarán a la mitad los “viáticos y pasajes aéreos internacionales, exposiciones, alimentación, asesorías para operación de programas, subcontratación de servicios con terceros y congresos, entre otros”, y en 30% los “servicios de monitoreo, difusión de mensajes y actividades gubernamentales y de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”.
“Con la salud no se juega”
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) subejerció 8 mil 462 millones de pesos, pese a que opera con menos de la cuarta parte del personal que requeriría para alcanzar el promedio de la OCDE, según Luis Miguel Victoria Ranflas, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.
“Entendemos que se trata de hacer ahorros, pero con la salud no se puede jugar”, deplora Victoria en entrevista con Proceso.
Detalla que en el ISSSTE están rebasados en capacidad instalada, que hay equipos médicos que dieron lo que tenían que dar y que a veces no se pueden hacer traslados porque las ambulancias no tienen gasolina. “Hace ocho días ocurrió en Orizaba con una derechohabiente de 88 años que se fracturó, estaba la ambulancia y el chofer, pero no había gasolina y tuvimos que enviar recursos para comprarla”, recuerda.
Indica que desde principios de año alrededor de 3 mil trabajadores del ISSSTE –tanto de confianza como honorarios– fueron despedidos “sin tomar en cuenta la actividad que estaban realizando” y el ISSSTE no cubrió las más de 4 mil 200 plazas que quedaron libres desde enero pasado.
“Suceden cosas tan lamentables como el hecho de que 450 médicos residentes que fueron formados en el ISSSTE, durante cuatro a ocho años, se graduaron en febrero y no pudimos contratar a uno solo porque no nos han liberado el presupuesto. Es lamentable que formemos personal que termina trabajando en el IMSS o en la iniciativa privada”, dice.
Victoria reveló que el sindicato frenó las peticiones de algunos trabajadores del ISSSTE que exigían entrar en paro para que “nos den lo que necesitamos para laborar”; la cúpula sindical les pidió paciencia hasta la junta directiva del ISSSTE, que se realizó el jueves 2.
“Ahí fue muy clara nuestra posición: les dijimos ‘no provoquen a los trabajadores, no nos provoquen’ porque hemos mantenido este diálogo respetuoso, esta suma de voluntades, pero no es posible que nos dejen sin recursos, sin presupuestos y que traten de responsabilizar a los trabajadores”, narra.
Victoria también es el vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) –que agrupa a más de 90 sindicatos de la burocracia federal– y afirma que existe una “inconformidad” entre los agremiados por la falta de presupuestos y por el trato que reciben.
“En algunas secretarías han tenido fuertes presiones; incluso trataron de violentar nuestras condiciones de trabajo. No es correcto. Siempre hemos sido leales y no nos merecemos que un grupo de colaboradores del presidente de la República, sin conocer, violente las condiciones de trabajo de nuestros compañeros”.
Ahorrativo
En su conferencia matutina del jueves 2, López Obrador aseguró que “no hay subejercicios” en la administración pública, sino “ahorros” y un “manejo profesional de las finanzas públicas”.
Justificó que las dependencias gastaron 6.5% menos que lo aprobado porque “el presupuesto de este año no lo hicimos por entero nosotros”, pues “estaban todavía los funcionarios de la pasada administración”.
Sin embargo, durante el periodo de transición el equipo del político tabasqueño diseñó y elaboró el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el cual fue aprobado por el Congreso de la Unión que está bajo el control del partido Morena.
Además, las dependencias deben ejercer los recursos de manera mensual conforme a la hoja de ruta que elaboró Hacienda, a cargo de Carlos Urzúa Macías, y que quedó plasmada en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de Federación (DOF), el 14 de enero último.
El presupuesto de este año recortó los fondos a 26 dependencias y organismos federales, con disminuciones de entre 0.2% y 43.2% comparado con 2018. Varias secretarías, como la de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Función Pública (SFP) o de Medio Ambiente y Recursos Naturales perdieron entre una quinta y una cuarta parte de su presupuesto anterior.
Por el contrario, destinó más recursos a las dependencias encargadas de distribuir el dinero de los programas sociales –las secretarías de Bienestar y de Trabajo y Previsión Social, principalmente–, así como a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Turismo (Sectur), encargadas de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya, respectivamente.
Así, de enero a marzo de 2019 el gobierno federal gastó 233 mil 413 millones de pesos en sus distintas ramas administrativas; eso es 33 mil millones de pesos –o 16.6%– menos que la administración de Enrique Peña Nieto durante el mismo periodo del año pasado.
La Presidencia de la República es la institución que redujo de manera más drástica sus gastos: por cada 10 pesos que destinaba Peña Nieto, López Obrador desembolsaba apenas uno. Entre enero y marzo de 2018 la oficina del mandatario priista derrochó 928 millones de pesos; el tabasqueño, por su parte, apenas gastó 117 millones de pesos en el mismo lapso.
En igual periodo la Cámara de Diputados y el Senado –ambos con mayoría de Morena– aplicaron de manera escrupulosa la política de austeridad: redujeron sus gastos en 28.7% al pasar de 2 mil 959 millones de pesos, entre enero y marzo de 2018, a 2 mil 195 millones de pesos durante los primeros tres meses de este año.
En algunas dependencias la reducción de gastos se realizó a cuestas de los programas que deben implementarse. La Secretaría de Educación Pública (SEP), por ejemplo, tuvo un subejercicio de 19.7%, pues erogó 14 mil 707 millones de pesos menos de lo etiquetado para el primer trimestre.
Entre otros gastos le faltó pagar 5 mil 288 millones de pesos destinados a Prospera –ahora Becas del Bienestar– que apoya a los alumnos de bajos recursos en educación básica; mientras que la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, que tiene bajo su cargo a los Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS), no erogó 608 millones de pesos.
La Semarnat abandonó prácticamente el programa de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento al que destinó apenas 27.6 millones de pesos, 1.7% de los mil 580 millones de pesos que tenía como meta; la SCT gastó apenas cuatro de cada 10 pesos que tenía previsto y no invirtió ni un centavo en el Sistema de Transporte Colectivo, en el que debió haber erogado 2 mil 551 millones de pesos.
El gobierno federal gastó demás en 30 programas y acciones desde principios de año. El mayor ejercicio lo hizo el Instituto Nacional de Migración (INM): utilizó mil millones de pesos extras para responder a la llegada de decenas de miles de familias centroamericanas en la frontera sur.
Sólo en la primera quincena de abril, el INM deportó a más de 273 ciudadanos hondureños por día, una cifra que rebasa las estadísticas registradas durante el gobierno anterior.
Para subrogar las labores de deportación dicha institución otorgó un contrato de hasta 295 millones de pesos a la empresa ETN Turistar de Lujo, que pertenece al apapachado empresario mexiquense Roberto Alcántara Rojas, vinculado al PRI y al expresidente Enrique Peña Nieto (Proceso 2216).
Operadores
Durante su campaña, López Obrador prometió que reduciría en 70% el personal de confianza, y días después de tomar posesión instruyó a su gabinete y a los titulares de los organismos autónomos reducir el personal de la burocracia. “Estamos terminando de limpiar el gobierno de quienes no eran necesarios porque su labor no ayudaba a la gente”, dijo el 5 de febrero pasado.
El 29 de abril último, el periódico Reforma reportó que 9 mil 170 servidores públicos desaparecieron de la nómina de 15 secretarías de Estado durante la presente administración y el viernes 3 indicó que el gobierno federal tiene una bolsa de mil millones de pesos para liquidaciones.
El diario El Economista reportó que al menos 2 mil 573 exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 437 integrantes del personal de la Presidencia y 420 empleados de la SHCP fueron separados o renunciaron a sus cargos durante los primeros tres meses de la administración lopezobradorista.
Estas cifras no incluyen las plazas que quedaron libres –por jubilaciones o renuncias– y que no fueron cubiertas, ni al despido de personal contratado por honorarios, entre otros.
De hecho, la magnitud del recorte de personal en la burocracia no es público; el 25 de abril pasado un grupo de senadores exhortó al gobierno federal que informe sobre el asunto.
Los recortes marcan otro paso en el proceso de reestructuración de fondo de la administración pública federal que se está concretando con el arranque formal de la operación de los Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, mejor conocidos como los “Superdelegados de AMLO”.
El gobierno federal pretende que las oficinas de estos personajes concentren todas las acciones federales en los estados, en lugar de que cada institución tenga una delegación. El 2 de mayo reciente el gobierno informó que al terminar el sexenio de Peña Nieto más de 9 mil delegaciones operaban en los estados y “duplicaban funciones”.
Además de supervisar la entrega de subsidios y la aplicación de programas, los “superdelegados” coordinarán un “subgabinete”: cada uno tendrá bajo su mando a cuatro representantes del gobierno federal para los sectores de Bienestar, Economía, Seguridad, así como de Comunicaciones y Energía, pero también un encargado de administración, un responsable anticorrupción y un especialista en temas de seguridad.
El lunes 29 de abril Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la SHCP, ordenó a todas las dependencias que despidan de manera inmediata a sus delegados y representantes en los estados, así como al personal con plaza de confianza y profesionistas por honorarios que fueron contratados para trabajar en las delegaciones estatales a partir de la toma de posesión de López Obrador.
Los 32 “superdelegados” que designó López Obrador son operadores políticos de Morena con abiertas aspiraciones electorales. Varios fueron legisladores y dirigentes estatales de su partido, cuatro –Delfina Gómez, Pablo Amílcar Sandoval, Carlos Lomelí Bolaños y Lorena Cuéllar Cisneros– fueron candidatos a las gubernaturas de sus estados, mientras que Jaime Bonilla Valdéz pidió licencia para competir este año por la gubernatura de Baja California.
Si bien se encuentran adscritos a la Secretaría de Bienestar, responden al presidente vía Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, una oficina de la Presidencia de la República.
García colabora con López Obrador desde hace más de 18 años, fue uno de sus principales operadores políticos y financieros cuando gobernó el entonces Distrito Federal y durante las campañas para la Presidencia.
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PRD-AMLO: el documento de la ruptura/ÁLVARO DELGADO
Proceso # 2218, 5 de mayo de 2019..
A finales de julio de 2012, en medio de las protestas por el fraude electoral, hubo una reunión en las oficinas de la Fundación Equidad y Progreso, presidida por Marcelo Ebrard, a la que asistieron, entre otros, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Manuel Camacho Solís, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. El motivo era impulsar un documento en el que el PRD –que este domingo 5 cumple 30 años– se decía dispuesto reconocer los resultados del TEPJF. López Obrador se negó a avalarlo y dos meses después rompió definitivamente con los perredistas. Luego vinieron el Pacto por México y la fractura de las izquierdas.
La ruptura definitiva de Andrés Manuel López Obrador con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que el domingo 5 de mayo llega moribundo a su 30 aniversario, fue un documento concebido por dirigentes de Nueva Izquierda que proponían reconocer el triunfo de Enrique Peña Nieto, convertir a los partidos de izquierda, “empezando por Morena”, en la principal fuerza de oposición e impulsar una agenda de reformas que dieron origen al Pacto por México.
El documento denominado Reconciliación de México: Legalidad, mandato popular y bases para un acuerdo nacional, que ahora Proceso revela, fue elaborado por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, dirigentes de Nueva Izquierda del PRD, así como por Manuel Camacho Solís. Su contenido se expuso en una comida a la que asistieron, además de ellos, López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente.
La comida, que terminó de mala manera, se celebró a finales de julio de 2012 en las oficinas de la Fundación Equidad y Progreso, presidida por Ebrard, en medio de las protestas de fraude electoral de López Obrador contra Peña y cuando aún estaba pendiente la calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Acataremos la decisión del Tribunal, pero exigiremos que su decisión y las de las demás instancias sean apegadas a la ley y transparentes”, enunciaba el primero de los 10 puntos del documento, en el que se exigía al TEPJF no repetir su conducta en la elección de 2006, con Felipe Calderón, cuando “se sostuvo que hubo violaciones a la Constitución y a la ley, pero éstas no tuvieron ninguna consecuencia”.
En el punto 10 del documento, titulado “Relación con el gobierno y alianzas”, que daba por hecho el triunfo de Peña Nieto, el planteamiento era que los gobiernos perredistas y los grupos parlamentarios de los partidos de la coalición que postularon a López Obrador actuaran de manera unitaria ante el próximo gobierno.
“Seremos una fuerza que siga avanzando con los buenos resultados de sus gobiernos y que se abrirá a los ciudadanos para impulsar las reformas más importantes y la modernizacion de sus propios partidos”, subrayaba.
Y añadía: “Nos debemos preparar para cambiar el régimen político y alcanzar una nueva mayoría en 2015 y 2018. Queremos mostrar a la sociedad que ofrecemos una alternativa y estamos obligados a darle garantías de que practicamos otra política”.
El movimiento progresista, decía el documento, podría ser la principal fuerza opositora si sumaba los votos de PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano en el Congreso, “y (si) mantiene una adecuada coordinación entre sus diputados, senadores, gobernadores y dirigentes de los partidos y el movimiento social, empezando por Morena”, que era aún una asociación civil.
En otra parte sensible del documento, que en su totalidad rechazó López Obrador en esa comida, se planteaba que la coalición de izquierda estableciera alianzas con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN):
“Con el PAN, para impulsar la transformación de las instituciones políticas con la democratización de los medios y el control del dinero de los gobernadores; con el PRI, para avanzar en lo posible a un sistema de seguridad social universal; con el PRI y con el PAN, para mover la política actual de seguridad hacia una política de seguridad respetuosa del Estado de derecho y de la soberanía nacional.”
Y ante el plan de Peña de privatización energética, el documento de Ortega, Zambrano y Camacho planteaba unificar a “todas las fuerzas y liderazgos nacionalistas, partidarios y no partidarios, y (con) el apoyo de la movilización social, para frenar el intento de la reforma privatizadora del petróleo que descanse en la modificación del artículo 27 constitucional”.
“Eso es lo que quiere Peña”
La reunión entre estos personajes y el planteamiento general de un acuerdo político ya había sido revelado por Ortega, en entrevista con Proceso, en noviembre de 2013, pero era desconocido el documento Reconciliación de México: Legalidad, mandato popular y bases para un acuerdo nacional.
El contenido del documento explica la renuncia definitiva de López Obrador al PRD, que la formalizó dos meses después de esa comida, el 9 de septiembre –“estamos a mano y en paz”–, y también el paulatino desplome de ese partido que, en 2018, se alió con el PAN y obtuvo sólo 5% de los votos, en cuyo contexto cumple, este domingo 5, el 30 aniversario de su fundación.
Fue Camacho, según Ortega, quien dio lectura al documento en las oficinas de la fundación de Ebrard y, al concluirla, López Obrador rechazó el contenido íntegro. “No estoy de acuerdo absolutamente en nada”, expresó para enseguida ponerse de pie para marcharse.
–No, espérate, escucha, hombre. Se trata de reflexionar, de discutir –le pidió Jesús Ortega, jerarca de Nueva Izquierda y coautor del documento.
El candidato accedió y, con hastío, escuchó los planteamientos de los asistentes, según el relato de Ortega, quien refirió que el documento había sido elaborado “para consumo interno” con varias opiniones, a las que Camacho le dio forma, y luego decidieron “dar otro paso” al convocar a los participantes de la comida.
–Ponte por delante –le pidió Zambrano, quien presidía el PRD–. Es más, tú has dicho que México necesita un gobierno de reconciliación nacional. Mándale al país, no a Peña, un mensaje antes de que se califique la elección y avanzar en una agenda política. Te vas a convertir en el político más influyente de México.
–No voy a modificar mi posición y no comparto con ustedes ese punto de vista –respondió López Obrador–. Eso es lo que quiere Peña.
Ortega recuerda a López Obrador intransigente: “A final de cuentas Andrés Manuel no se movió un ápice de su posición después de haber escuchado a estas personas y dijo: ‘¡Muchas gracias, me retiro’. Se fue y nos quedamos ahí con estupor, con sorpresa”.
El perredista insiste en la propuesta que le hicieron los asistentes: “Andrés Manuel, conviértete en el personaje político más trascendente y más relevante en la próxima etapa de México. Le vas a lanzar al país una propuesta para resolver los grandes problemas nacionales”.
–¿Eso quién se lo dijo en específico?
–Ese argumento, casi todos, porque todos hablamos.
–¿Y él los escuchaba?
–Pero refunfuñando, ni siquiera debatiendo, negado totalmente a escuchar siquiera.
–¿Le dijeron que estaban en diálogo con otros partidos?
–Es que todavía no se estaba en diálogo con nadie. Esto era para hacerlo con Andrés, encabezando Andrés, emplazando no sólo al gobierno, sino a otras fuerzas políticas, proponiéndole al país un acuerdo político, como sucedió con otros liderazgos, como (Nelson) Mandela: Él hace un planteamiento a la nación saliendo de la cárcel.
Sin embargo, tras el rechazo de López Obrador a lo propuesto en el documento y después de que se retiró, Ortega revela que los que ahí se quedaron hicieron un acuerdo: “Se fue Andrés y dijimos: ‘Vamos a sacarlo nosotros, vamos a hacer la propuesta nosotros’.”
–¿Y Cárdenas qué dijo?
–Igual, todos, vamos a hacer una propuesta nosotros. Es correcta la propuesta desde el punto de vista político, es adecuada frente a la realidad del país. Frente a la incertidumbre que tiene la gente, alguien tiene que decirle por dónde y seamos nosotros.
–¿En esa reunión quedó claro que con López Obrador no iba a haber posibilidades de nada?
–No sé qué pensó en ese momento cada quién, no lo expresaron, ni les he preguntado a algunos, pero Andrés se dio cuenta de que tenía discordancia, ya no digo con Zambrano ni conmigo, sino con otros de los principales líderes de la izquierda en el país.
–Y Marcelo, ¿apoyó?
–Claro, si fue en su fundación.
–¿Y por qué rechaza el Pacto por México?
–Por eso te estoy diciendo. Fue en su fundación. Ahí comimos.
–¿Y por qué Cárdenas critica el Pacto por México?
–No, Cárdenas no critica el Pacto por México.
El origen del Pacto por México
López Obrador repudió ese documento y dos meses después, el 9 de septiembre de 2012, renunció al PRD para dedicarse a la construcción de Morena. El 6 de febrero de 2014, dijo públicamente que su decisión obedeció a que los dirigentes de ese partido pactaron con Peña:
“Se ladearon por completo por el famoso Pacto por México, que no es más que Pacto contra México, y por eso ya no tengo nada por el PRD”, reveló quien fue el dirigente que más fuerza electoral le dio a ese partido en su historia.
Y es que el documento Reconciliación de México: Legalidad, mandato popular y bases para un acuerdo nacional es el origen del Pacto por México, cuyos principales promotores fueron precisamente Ortega, Zambrano y el priista José Murat, a los que se sumaron Luis Videgaray y el panista Santiago Creel (Proceso 1904 y 1935).
¿Y qué tanto de ese documento se reflejó en los 95 puntos del Pacto por México? –preguntó el reportero a Ortega en 2013.
–Una parte muy sustancial.
–¿El Pacto por México se nutre fundamentalmente de las propuestas de la izquierda?
–No quiero decir que de ese documento fue una copia, pero nosotros sí lo teníamos como insumo nuestro, claro, porque habíamos sido coautores nosotros de ese documento. Ahí hablábamos, por ejemplo, de los poderes fácticos, de la necesidad de la seguridad social, de lograr la gobernabilidad democrática, de la reforma política electoral.
Y sí: el punto numero dos del documento, denominado “La democatización de los medios de comunicación y cambio de régimen político”, aborda el poder de Televisa y su estrecha relación con Peña Nieto, así como los multimillonarios recursos que soportaron su campaña.
“La solución de la crisis política y social que vive el país requiere frenar la impunidad y equilibrar las instituciones con un nuevo diseño de régimen político. El primer paso decisivo consiste en abrir los medios y controlar el dinero ilegítimo e ilícito que entra al proceso político, acercar a las instituciones y a los partidos a la sociedad para fortalecer el control social de las instituciones por medio del estado de derecho y una efectiva rendición de cuentas.”
Añadía: “Estamos en posibilidad de iniciar un cambio de régimen político. El primer paso decisivo consiste en abrir los medios y controlar el dinero ilegítimo e ilícito que entra al proceso político. Para ello recogemos las propuestas que surgieron durante la campaña, especialmente los reclamos de libertad, objetividad y honestidad que encabezaban los estudiantes del Movimiento #YoSoy132”.
En ese mismo punto, se proponía avanzar en la “democratización de los medios de comunicación”, como eliminar monopolios en telecomunicaciones y la apertura de la televisión abierta y de paga, así como abrir canales públicos controlados por universidades y acceso universal a la banda ancha de internet.
En documento planteaba, en el punto 3, “el combate a la corrupción y al patrimonialismo, mediante la fiscalización de los recursos en los tres órdenes de gobierno, la austeridad y la defensa del interés público”, mediante el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las de los estados, donde debía impulsarse la separación de poderes.
“Fortalecimiento de los órganos autónomos en sus atribuciones, alcances (en el ámbito federal), capacidad profesional, protección del interés público y autonomía respecto al gobierno, los intereses y los partidos. IFE, IFAI y ASF vigorizados, con alcance nacional. Democracia y rendición de cuentas de los sindicatos.”
En el punto 4 se proponía “una política de Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia fincada en el estado de derecho”, porque “la política de seguridad ha fracasado” y debía ser revisada integralmente y respaldada por un acuerdo nacional validado por el Congreso.
El punto 5, referente a “una política de desarrollo económico incluyente y sustentable”, plenteaba la expansión del mercado interno, con infraestructura y proyectos regionales de desarrollo, reforma fiscal integral, mejoría del salario, reindustrialización del país, rescate del campo, impulso al avance científico, tecnológico y de innovación, así como una visión multisectorial que garantice la equidad de género.
En cuanto a la reforma educativa, planteada en el punto 6, el documento impulsado por Nueva Izquierda, y que López Obrador rechazó, proponía una revisión a fondo en la materia: “Con dedicación y apoyo a la causa, hay que vencer resistencias corporativas y sostener el nuevo rumbo. La educación no puede marchar a contrapelo del proyecto nacional. Las experiencias educativas más exitosas ocurren cuando convergen los propósitos. La mejora en la educación debe ser puente central de un acuerdo nacional y del restablecimiento de la concordia”.
El punto 7 formulaba una “seguridad social fundada en derechos universales desde el nacimiento hasta el retiro”, mediante la “instauración de un estado de bienestar”, mientras que el punto 8 proponía un “liderazgo ambiental” para enfrentar el cambio climático.
Y en el punto 9 formulaba un “programa para la inclusión de los jóvenes en el proyecto nacional”, a través de evitar el rechazo de éstos en la educación superior y media superior, así como garantizar un sistema nacional de becas, un programa de capacitación y empleo, la reconstrucción del tejido comunitario, apoyo a los creadores y fomento al deporte.
En el último punto, sobre la relación con el gobierno y la política de alianzas de los partidos de izquierda, PAN y PRI, el documento que rechazó López Obrador proponía un acuerdo nacional para contribuir a la reconciliación y la concordia:
“El cambio nacional en la correlación de fuerzas abre la oportunidad de avanzar en este propósito. Los riesgos de no hacerlo serían gravísimos. El intento de las fuerzas consevadoras de volver a impulsar las reformas neoliberales de los años noventa, la cerrazón frente al conflicto poselectoral, la falta de voluntad reformadora, así como los viejos estilos excluyentes, patrimonialistas y clientelares de la política representan un riesgo serio de regresión.”
Añadía: “Conscientes de la oportunidad y de los grandes peligros del presente hemos decidido impulsar esta agenda de reformas que contribuya a la distensión y abra el camino de un cambio de régimen hacia 2015 y 2018”.
Y concluía: “La nación no debiera esperar otros seis años a un cambio verdadero, sino convertir el desacuerdo y la crisis de legitimidad por la que atravesamos en la oportunidad para dar pasos sinceros y sustantivos a favor de la recuperación de la legalidad, el diálogo y un acuerdo nacional. Nosotros, unidos, damos el primer paso”...
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Caso Wallace: la importancia de la gota de sangre/
RICARDO RAPHAEL
Proceso # 2218, 5 de mayo de 2019..
El miércoles 13 de julio de 2005 el empresario José Enrique del Socorro Díaz acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Según sus declaraciones, para ese momento llevaba poco menos de 48 horas desaparecido.
Ahí dijo que él y otros familiares habían encontrado el día previo un vehículo Cherokee, perteneciente a la víctima, estacionado en una pequeña calle de la colonia Insurgentes Mixcoac.
Añadió que un vecino de la zona le contó haber visto, la noche del lunes 11 de julio, a unos hombres bajando con violencia de ese auto a una persona para conducirla a un inmueble ubicado en la calle de Perugino número 6.
Luego, según el señor Wallace, un niño le narró haber escuchado balazos en ese mismo edificio, alrededor de las cuatro de la madrugada del martes 12 de julio, y también vio cómo unos sujetos sacaron a una persona herida, de vuelta a la calle.
Con esta información la Procuraduría solicitó una orden de cateo en el departamento 4 del inmueble ubicado en la calle de Perugino 6, donde según el mismo niño, vivían unas mujeres dedicadas a “la vida galante”.
El viernes 15 de julio de 2005, peritos de la PGR ingresaron al departamento mencionado. De acuerdo con el acta circunstanciada de esa diligencia, no se encontró nada relevante para corroborar las declaraciones del señor Wallace.
El inmueble estaba habitado por una persona del sexo femenino, de nombre Juana Hilda González Lomelí, cantante del grupo musical Clímax.
El expediente judicial 35/2006-II, del juzgado 16º de distrito, sobre el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, es un voluminoso documento de más de 30 mil páginas. En él se relata una historia extraordinaria, porque la fabricación y la mentira emergen desde los primeros folios.
Por ejemplo, la autoridad jamás dio con el testigo que dijo al señor Wallace haber visto a la víctima bajar del vehículo Cherokee. En el mismo sentido, el niño Érick Figueroa Martínez, a quien el señor Wallace identificó como testigo principal, fue entrevistados dos veces por las autoridades y en ambas aseguró que era falsa su supuesta declaración. Es más, testificó no haber dormido en ese edificio la noche en que habrían ocurrido los hechos.
Tercero, al menos cinco vecinos de Perugino 6 fueron entrevistados por la policía, durante la misma semana de la desaparición, y luego fueron llamados a declarar a la SIEDO: en ese 2005, todas las veces dijeron que el inmueble donde habitaban era tranquilo y que la madrugada del martes 12 había transcurrido sin ningún hecho relevante que mencionar.
No sorprende que, con tales elementos, la autoridad haya dudado del supuesto secuestro y por eso autorizó al propietario del departamento 4 a rentarlo de nuevo.
Sin embargo, seis meses después de la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda, el 10 de enero de 2006, fue detenida Juana Hilda González Lomelí. A pesar de la ausencia de pruebas sobre su participación en el supuesto secuestro, fue arraigada por la SIEDO.
Según obra en el expediente, esa mujer declaró dos veces no conocer a la presunta víctima, ni haber participado en los hechos imputados. Pero el miércoles 8 de febrero de 2006 fue llevada a declarar, por tercera vez, y entonces contó una versión rocambolesca que hoy cualquiera puede analizar en Youtube.
Ahí narra que llevó con engaños a Hugo Alberto Wallace a Perugino, la noche del lunes 11 de julio de 2005, con el propósito de secuestrarlo. Cuenta también que a la víctima le habría sobrevenido un paro cardiaco, por lo que ya muerto, sus otros cinco cómplices procedieron a tomarle fotografías y luego a serrucharlo, en partes, dentro del diminuto baño de la propiedad.
Si bien Juana Hilda González Lomelí jamás ratificó este testimonio y pocos días después aseguró que había sido obtenido bajo condiciones de amenaza y de violencia, fueron estas declaraciones las que permitieron construir la tesis criminal del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Posteriormente, de nuevo, los peritos ingresaron al departamento de Perugino y esta segunda vez sí encontraron, en el baño, una gota de sangre y también una licencia caduca a nombre de la persona desaparecida. Esa evidencia habría sobrevivido en ese mismo sitio durante seis meses, a pesar de que otro inquilino ocupó el inmueble.
La gota de sangre, una vez analizada, arrojó coincidencia en los marcadores de ADN con Isabel Miranda de Wallace y también con José Enrique del Socorro Díaz.
Son el testimonio de Juana Hilda González Lomelí, del 8 de febrero de 2006, y esa prueba científica, lo que condujo a la persecución, privación de la libertad y enjuiciamiento de los seis supuestos perpetradores del abominable secuestro y descuartizamiento de Hugo Alberto Wallace.
Catorce años más tarde, la PGR recibió nueva evidencia a propósito de la famosa gota de sangre: Hugo Alberto Wallace Miranda en realidad se llama Hugo Alberto León Miranda y su verdadero padre biológico es Carlos León Miranda. Por tanto, los marcadores genéticos de aquella evidencia no pueden corresponder a José Enrique del Socorro Wallace.
No es la vida privada de la madre del desaparecido la que fue exhibida en el número previo de Proceso, sino algo mucho más trascendente: se exhibió que una pieza probatoria principal en el caso Wallace es falsa.
César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo Cruz, Albert y Tony Castillo Cruz y Juana Hilda González Lomelí aseguran haber vivido torturas inenarrables, porque la autoridad quiso obtener confesiones autoinculpatorias. No todos sucumbieron a la presión y, sin embargo, continúan en la cárcel y algunos con condenas de casi cien años.
De que Hugo Alberto desapareció no hay duda: todo lo demás merece volver a investigarse, desde el principio.
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La receta de la austeridad de AMLO: no gastar aunque se necesite/
MATHIEU TOURLIERE
Proceso # 2218, 5 de mayo de 2019..
Una revisión del gasto que el gobierno federal ejerció en el primer trimestre del año revela que la austeridad republicana mutó en subejercicios que suman 65 mil 457 millones de pesos; 39 de 43 instituciones federales no siguieron la ruta que trazó la Secretaría de Hacienda y gastaron de menos. El precario sector salud fue el más afectado, mientras que el Instituto Nacional de Migración fue el más beneficiado: recibió mil millones de pesos extras para hacer frente a la llegada de miles de familias centroamericanas.
La austeridad republicana que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso en la administración pública federal no se limitó en recortar los excesos de la alta burocracia o en despedir a servidores públicos. En los primeros tres meses del año las instituciones no ejercieron 65 mil 457 millones de pesos que estaban destinados a cubrir nóminas, inversiones, materiales y programas.
Según cifras oficiales, 39 de 43 instituciones federales cometieron subejercicio de recursos y afectaron 584 de los dos mil 155 programas y acciones contenidos en el presupuesto; 28 no recibieron un solo peso en tres meses, entre ellos el programa de Desarrollo Rural y el Programa Nacional de Reconstrucción.
El precario sector de la salud pública padeció el golpe más fuerte: entre enero y marzo las dependencias retuvieron 30 mil 804 millones de pesos, de acuerdo con el Informe Trimestral que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el 30 de abril último.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ejemplo, gastó 147 mil 568 millones de pesos durante este periodo, 20 mil millones menos que lo previsto debido a las “menores erogaciones en materiales y suministros y servicios generales”.
Este monto representa 12% de los 167 mil 664 millones de pesos que el IMSS debía erogar en los primeros tres meses del año. No los gastó pese a la situación crítica que enfrenta esta institución, la cual necesitaría contratar a 94 mil médicos y construir 58 hospitales para alcanzar los niveles de atención médica en promedio de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Proceso 2217).
Según el informe de la SHCP, la Secretaría de Salud –que subejerció 2 mil 246 millones de pesos desde principios de año– no invirtió 430 millones de pesos etiquetados para Prospera, así como mil 49 millones de pesos previstos para el Seguro Médico Siglo XXI, la rama del Seguro Popular destinada a los niños menores de cinco años.
El viernes 3 el gobierno federal anunció una nueva serie de medidas de austeridad con su aplicación inmediata en las más de 300 instituciones de la administración pública federal.
Dichas medidas incluyen la desaparición de las direcciones generales adjuntas que actualmente encabezan 849 servidores públicos con una remuneración mensual bruta promedio de 130 mil pesos, según el Analítico de Plazas y Remuneraciones 2019 de la SHCP.
Además, ya no habrá asesores, excepto cinco en Presidencia. Los gabinetes de apoyo se reducirán en 30%, las dependencias reducirán en una tercera parte sus gastos ya aprobados en “materiales, combustibles, viáticos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones” y no comprarán ni rentarán vehículos nuevos.
También se recortarán a la mitad los “viáticos y pasajes aéreos internacionales, exposiciones, alimentación, asesorías para operación de programas, subcontratación de servicios con terceros y congresos, entre otros”, y en 30% los “servicios de monitoreo, difusión de mensajes y actividades gubernamentales y de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”.
“Con la salud no se juega”
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) subejerció 8 mil 462 millones de pesos, pese a que opera con menos de la cuarta parte del personal que requeriría para alcanzar el promedio de la OCDE, según Luis Miguel Victoria Ranflas, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.
“Entendemos que se trata de hacer ahorros, pero con la salud no se puede jugar”, deplora Victoria en entrevista con Proceso.
Detalla que en el ISSSTE están rebasados en capacidad instalada, que hay equipos médicos que dieron lo que tenían que dar y que a veces no se pueden hacer traslados porque las ambulancias no tienen gasolina. “Hace ocho días ocurrió en Orizaba con una derechohabiente de 88 años que se fracturó, estaba la ambulancia y el chofer, pero no había gasolina y tuvimos que enviar recursos para comprarla”, recuerda.
Indica que desde principios de año alrededor de 3 mil trabajadores del ISSSTE –tanto de confianza como honorarios– fueron despedidos “sin tomar en cuenta la actividad que estaban realizando” y el ISSSTE no cubrió las más de 4 mil 200 plazas que quedaron libres desde enero pasado.
“Suceden cosas tan lamentables como el hecho de que 450 médicos residentes que fueron formados en el ISSSTE, durante cuatro a ocho años, se graduaron en febrero y no pudimos contratar a uno solo porque no nos han liberado el presupuesto. Es lamentable que formemos personal que termina trabajando en el IMSS o en la iniciativa privada”, dice.
Victoria reveló que el sindicato frenó las peticiones de algunos trabajadores del ISSSTE que exigían entrar en paro para que “nos den lo que necesitamos para laborar”; la cúpula sindical les pidió paciencia hasta la junta directiva del ISSSTE, que se realizó el jueves 2.
“Ahí fue muy clara nuestra posición: les dijimos ‘no provoquen a los trabajadores, no nos provoquen’ porque hemos mantenido este diálogo respetuoso, esta suma de voluntades, pero no es posible que nos dejen sin recursos, sin presupuestos y que traten de responsabilizar a los trabajadores”, narra.
Victoria también es el vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) –que agrupa a más de 90 sindicatos de la burocracia federal– y afirma que existe una “inconformidad” entre los agremiados por la falta de presupuestos y por el trato que reciben.
“En algunas secretarías han tenido fuertes presiones; incluso trataron de violentar nuestras condiciones de trabajo. No es correcto. Siempre hemos sido leales y no nos merecemos que un grupo de colaboradores del presidente de la República, sin conocer, violente las condiciones de trabajo de nuestros compañeros”.
Ahorrativo
En su conferencia matutina del jueves 2, López Obrador aseguró que “no hay subejercicios” en la administración pública, sino “ahorros” y un “manejo profesional de las finanzas públicas”.
Justificó que las dependencias gastaron 6.5% menos que lo aprobado porque “el presupuesto de este año no lo hicimos por entero nosotros”, pues “estaban todavía los funcionarios de la pasada administración”.
Sin embargo, durante el periodo de transición el equipo del político tabasqueño diseñó y elaboró el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el cual fue aprobado por el Congreso de la Unión que está bajo el control del partido Morena.
Además, las dependencias deben ejercer los recursos de manera mensual conforme a la hoja de ruta que elaboró Hacienda, a cargo de Carlos Urzúa Macías, y que quedó plasmada en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de Federación (DOF), el 14 de enero último.
El presupuesto de este año recortó los fondos a 26 dependencias y organismos federales, con disminuciones de entre 0.2% y 43.2% comparado con 2018. Varias secretarías, como la de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Función Pública (SFP) o de Medio Ambiente y Recursos Naturales perdieron entre una quinta y una cuarta parte de su presupuesto anterior.
Por el contrario, destinó más recursos a las dependencias encargadas de distribuir el dinero de los programas sociales –las secretarías de Bienestar y de Trabajo y Previsión Social, principalmente–, así como a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Turismo (Sectur), encargadas de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya, respectivamente.
Así, de enero a marzo de 2019 el gobierno federal gastó 233 mil 413 millones de pesos en sus distintas ramas administrativas; eso es 33 mil millones de pesos –o 16.6%– menos que la administración de Enrique Peña Nieto durante el mismo periodo del año pasado.
La Presidencia de la República es la institución que redujo de manera más drástica sus gastos: por cada 10 pesos que destinaba Peña Nieto, López Obrador desembolsaba apenas uno. Entre enero y marzo de 2018 la oficina del mandatario priista derrochó 928 millones de pesos; el tabasqueño, por su parte, apenas gastó 117 millones de pesos en el mismo lapso.
En igual periodo la Cámara de Diputados y el Senado –ambos con mayoría de Morena– aplicaron de manera escrupulosa la política de austeridad: redujeron sus gastos en 28.7% al pasar de 2 mil 959 millones de pesos, entre enero y marzo de 2018, a 2 mil 195 millones de pesos durante los primeros tres meses de este año.
En algunas dependencias la reducción de gastos se realizó a cuestas de los programas que deben implementarse. La Secretaría de Educación Pública (SEP), por ejemplo, tuvo un subejercicio de 19.7%, pues erogó 14 mil 707 millones de pesos menos de lo etiquetado para el primer trimestre.
Entre otros gastos le faltó pagar 5 mil 288 millones de pesos destinados a Prospera –ahora Becas del Bienestar– que apoya a los alumnos de bajos recursos en educación básica; mientras que la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, que tiene bajo su cargo a los Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS), no erogó 608 millones de pesos.
La Semarnat abandonó prácticamente el programa de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento al que destinó apenas 27.6 millones de pesos, 1.7% de los mil 580 millones de pesos que tenía como meta; la SCT gastó apenas cuatro de cada 10 pesos que tenía previsto y no invirtió ni un centavo en el Sistema de Transporte Colectivo, en el que debió haber erogado 2 mil 551 millones de pesos.
El gobierno federal gastó demás en 30 programas y acciones desde principios de año. El mayor ejercicio lo hizo el Instituto Nacional de Migración (INM): utilizó mil millones de pesos extras para responder a la llegada de decenas de miles de familias centroamericanas en la frontera sur.
Sólo en la primera quincena de abril, el INM deportó a más de 273 ciudadanos hondureños por día, una cifra que rebasa las estadísticas registradas durante el gobierno anterior.
Para subrogar las labores de deportación dicha institución otorgó un contrato de hasta 295 millones de pesos a la empresa ETN Turistar de Lujo, que pertenece al apapachado empresario mexiquense Roberto Alcántara Rojas, vinculado al PRI y al expresidente Enrique Peña Nieto (Proceso 2216).
Operadores
Durante su campaña, López Obrador prometió que reduciría en 70% el personal de confianza, y días después de tomar posesión instruyó a su gabinete y a los titulares de los organismos autónomos reducir el personal de la burocracia. “Estamos terminando de limpiar el gobierno de quienes no eran necesarios porque su labor no ayudaba a la gente”, dijo el 5 de febrero pasado.
El 29 de abril último, el periódico Reforma reportó que 9 mil 170 servidores públicos desaparecieron de la nómina de 15 secretarías de Estado durante la presente administración y el viernes 3 indicó que el gobierno federal tiene una bolsa de mil millones de pesos para liquidaciones.
El diario El Economista reportó que al menos 2 mil 573 exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 437 integrantes del personal de la Presidencia y 420 empleados de la SHCP fueron separados o renunciaron a sus cargos durante los primeros tres meses de la administración lopezobradorista.
Estas cifras no incluyen las plazas que quedaron libres –por jubilaciones o renuncias– y que no fueron cubiertas, ni al despido de personal contratado por honorarios, entre otros.
De hecho, la magnitud del recorte de personal en la burocracia no es público; el 25 de abril pasado un grupo de senadores exhortó al gobierno federal que informe sobre el asunto.
Los recortes marcan otro paso en el proceso de reestructuración de fondo de la administración pública federal que se está concretando con el arranque formal de la operación de los Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, mejor conocidos como los “Superdelegados de AMLO”.
El gobierno federal pretende que las oficinas de estos personajes concentren todas las acciones federales en los estados, en lugar de que cada institución tenga una delegación. El 2 de mayo reciente el gobierno informó que al terminar el sexenio de Peña Nieto más de 9 mil delegaciones operaban en los estados y “duplicaban funciones”.
Además de supervisar la entrega de subsidios y la aplicación de programas, los “superdelegados” coordinarán un “subgabinete”: cada uno tendrá bajo su mando a cuatro representantes del gobierno federal para los sectores de Bienestar, Economía, Seguridad, así como de Comunicaciones y Energía, pero también un encargado de administración, un responsable anticorrupción y un especialista en temas de seguridad.
El lunes 29 de abril Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la SHCP, ordenó a todas las dependencias que despidan de manera inmediata a sus delegados y representantes en los estados, así como al personal con plaza de confianza y profesionistas por honorarios que fueron contratados para trabajar en las delegaciones estatales a partir de la toma de posesión de López Obrador.
Los 32 “superdelegados” que designó López Obrador son operadores políticos de Morena con abiertas aspiraciones electorales. Varios fueron legisladores y dirigentes estatales de su partido, cuatro –Delfina Gómez, Pablo Amílcar Sandoval, Carlos Lomelí Bolaños y Lorena Cuéllar Cisneros– fueron candidatos a las gubernaturas de sus estados, mientras que Jaime Bonilla Valdéz pidió licencia para competir este año por la gubernatura de Baja California.
Si bien se encuentran adscritos a la Secretaría de Bienestar, responden al presidente vía Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, una oficina de la Presidencia de la República.
García colabora con López Obrador desde hace más de 18 años, fue uno de sus principales operadores políticos y financieros cuando gobernó el entonces Distrito Federal y durante las campañas para la Presidencia.
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PRD-AMLO: el documento de la ruptura/ÁLVARO DELGADO
Proceso # 2218, 5 de mayo de 2019..
A finales de julio de 2012, en medio de las protestas por el fraude electoral, hubo una reunión en las oficinas de la Fundación Equidad y Progreso, presidida por Marcelo Ebrard, a la que asistieron, entre otros, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Manuel Camacho Solís, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. El motivo era impulsar un documento en el que el PRD –que este domingo 5 cumple 30 años– se decía dispuesto reconocer los resultados del TEPJF. López Obrador se negó a avalarlo y dos meses después rompió definitivamente con los perredistas. Luego vinieron el Pacto por México y la fractura de las izquierdas.
La ruptura definitiva de Andrés Manuel López Obrador con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que el domingo 5 de mayo llega moribundo a su 30 aniversario, fue un documento concebido por dirigentes de Nueva Izquierda que proponían reconocer el triunfo de Enrique Peña Nieto, convertir a los partidos de izquierda, “empezando por Morena”, en la principal fuerza de oposición e impulsar una agenda de reformas que dieron origen al Pacto por México.
El documento denominado Reconciliación de México: Legalidad, mandato popular y bases para un acuerdo nacional, que ahora Proceso revela, fue elaborado por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, dirigentes de Nueva Izquierda del PRD, así como por Manuel Camacho Solís. Su contenido se expuso en una comida a la que asistieron, además de ellos, López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente.
La comida, que terminó de mala manera, se celebró a finales de julio de 2012 en las oficinas de la Fundación Equidad y Progreso, presidida por Ebrard, en medio de las protestas de fraude electoral de López Obrador contra Peña y cuando aún estaba pendiente la calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Acataremos la decisión del Tribunal, pero exigiremos que su decisión y las de las demás instancias sean apegadas a la ley y transparentes”, enunciaba el primero de los 10 puntos del documento, en el que se exigía al TEPJF no repetir su conducta en la elección de 2006, con Felipe Calderón, cuando “se sostuvo que hubo violaciones a la Constitución y a la ley, pero éstas no tuvieron ninguna consecuencia”.
En el punto 10 del documento, titulado “Relación con el gobierno y alianzas”, que daba por hecho el triunfo de Peña Nieto, el planteamiento era que los gobiernos perredistas y los grupos parlamentarios de los partidos de la coalición que postularon a López Obrador actuaran de manera unitaria ante el próximo gobierno.
“Seremos una fuerza que siga avanzando con los buenos resultados de sus gobiernos y que se abrirá a los ciudadanos para impulsar las reformas más importantes y la modernizacion de sus propios partidos”, subrayaba.
Y añadía: “Nos debemos preparar para cambiar el régimen político y alcanzar una nueva mayoría en 2015 y 2018. Queremos mostrar a la sociedad que ofrecemos una alternativa y estamos obligados a darle garantías de que practicamos otra política”.
El movimiento progresista, decía el documento, podría ser la principal fuerza opositora si sumaba los votos de PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano en el Congreso, “y (si) mantiene una adecuada coordinación entre sus diputados, senadores, gobernadores y dirigentes de los partidos y el movimiento social, empezando por Morena”, que era aún una asociación civil.
En otra parte sensible del documento, que en su totalidad rechazó López Obrador en esa comida, se planteaba que la coalición de izquierda estableciera alianzas con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN):
“Con el PAN, para impulsar la transformación de las instituciones políticas con la democratización de los medios y el control del dinero de los gobernadores; con el PRI, para avanzar en lo posible a un sistema de seguridad social universal; con el PRI y con el PAN, para mover la política actual de seguridad hacia una política de seguridad respetuosa del Estado de derecho y de la soberanía nacional.”
Y ante el plan de Peña de privatización energética, el documento de Ortega, Zambrano y Camacho planteaba unificar a “todas las fuerzas y liderazgos nacionalistas, partidarios y no partidarios, y (con) el apoyo de la movilización social, para frenar el intento de la reforma privatizadora del petróleo que descanse en la modificación del artículo 27 constitucional”.
“Eso es lo que quiere Peña”
La reunión entre estos personajes y el planteamiento general de un acuerdo político ya había sido revelado por Ortega, en entrevista con Proceso, en noviembre de 2013, pero era desconocido el documento Reconciliación de México: Legalidad, mandato popular y bases para un acuerdo nacional.
El contenido del documento explica la renuncia definitiva de López Obrador al PRD, que la formalizó dos meses después de esa comida, el 9 de septiembre –“estamos a mano y en paz”–, y también el paulatino desplome de ese partido que, en 2018, se alió con el PAN y obtuvo sólo 5% de los votos, en cuyo contexto cumple, este domingo 5, el 30 aniversario de su fundación.
Fue Camacho, según Ortega, quien dio lectura al documento en las oficinas de la fundación de Ebrard y, al concluirla, López Obrador rechazó el contenido íntegro. “No estoy de acuerdo absolutamente en nada”, expresó para enseguida ponerse de pie para marcharse.
–No, espérate, escucha, hombre. Se trata de reflexionar, de discutir –le pidió Jesús Ortega, jerarca de Nueva Izquierda y coautor del documento.
El candidato accedió y, con hastío, escuchó los planteamientos de los asistentes, según el relato de Ortega, quien refirió que el documento había sido elaborado “para consumo interno” con varias opiniones, a las que Camacho le dio forma, y luego decidieron “dar otro paso” al convocar a los participantes de la comida.
–Ponte por delante –le pidió Zambrano, quien presidía el PRD–. Es más, tú has dicho que México necesita un gobierno de reconciliación nacional. Mándale al país, no a Peña, un mensaje antes de que se califique la elección y avanzar en una agenda política. Te vas a convertir en el político más influyente de México.
–No voy a modificar mi posición y no comparto con ustedes ese punto de vista –respondió López Obrador–. Eso es lo que quiere Peña.
Ortega recuerda a López Obrador intransigente: “A final de cuentas Andrés Manuel no se movió un ápice de su posición después de haber escuchado a estas personas y dijo: ‘¡Muchas gracias, me retiro’. Se fue y nos quedamos ahí con estupor, con sorpresa”.
El perredista insiste en la propuesta que le hicieron los asistentes: “Andrés Manuel, conviértete en el personaje político más trascendente y más relevante en la próxima etapa de México. Le vas a lanzar al país una propuesta para resolver los grandes problemas nacionales”.
–¿Eso quién se lo dijo en específico?
–Ese argumento, casi todos, porque todos hablamos.
–¿Y él los escuchaba?
–Pero refunfuñando, ni siquiera debatiendo, negado totalmente a escuchar siquiera.
–¿Le dijeron que estaban en diálogo con otros partidos?
–Es que todavía no se estaba en diálogo con nadie. Esto era para hacerlo con Andrés, encabezando Andrés, emplazando no sólo al gobierno, sino a otras fuerzas políticas, proponiéndole al país un acuerdo político, como sucedió con otros liderazgos, como (Nelson) Mandela: Él hace un planteamiento a la nación saliendo de la cárcel.
Sin embargo, tras el rechazo de López Obrador a lo propuesto en el documento y después de que se retiró, Ortega revela que los que ahí se quedaron hicieron un acuerdo: “Se fue Andrés y dijimos: ‘Vamos a sacarlo nosotros, vamos a hacer la propuesta nosotros’.”
–¿Y Cárdenas qué dijo?
–Igual, todos, vamos a hacer una propuesta nosotros. Es correcta la propuesta desde el punto de vista político, es adecuada frente a la realidad del país. Frente a la incertidumbre que tiene la gente, alguien tiene que decirle por dónde y seamos nosotros.
–¿En esa reunión quedó claro que con López Obrador no iba a haber posibilidades de nada?
–No sé qué pensó en ese momento cada quién, no lo expresaron, ni les he preguntado a algunos, pero Andrés se dio cuenta de que tenía discordancia, ya no digo con Zambrano ni conmigo, sino con otros de los principales líderes de la izquierda en el país.
–Y Marcelo, ¿apoyó?
–Claro, si fue en su fundación.
–¿Y por qué rechaza el Pacto por México?
–Por eso te estoy diciendo. Fue en su fundación. Ahí comimos.
–¿Y por qué Cárdenas critica el Pacto por México?
–No, Cárdenas no critica el Pacto por México.
El origen del Pacto por México
López Obrador repudió ese documento y dos meses después, el 9 de septiembre de 2012, renunció al PRD para dedicarse a la construcción de Morena. El 6 de febrero de 2014, dijo públicamente que su decisión obedeció a que los dirigentes de ese partido pactaron con Peña:
“Se ladearon por completo por el famoso Pacto por México, que no es más que Pacto contra México, y por eso ya no tengo nada por el PRD”, reveló quien fue el dirigente que más fuerza electoral le dio a ese partido en su historia.
Y es que el documento Reconciliación de México: Legalidad, mandato popular y bases para un acuerdo nacional es el origen del Pacto por México, cuyos principales promotores fueron precisamente Ortega, Zambrano y el priista José Murat, a los que se sumaron Luis Videgaray y el panista Santiago Creel (Proceso 1904 y 1935).
¿Y qué tanto de ese documento se reflejó en los 95 puntos del Pacto por México? –preguntó el reportero a Ortega en 2013.
–Una parte muy sustancial.
–¿El Pacto por México se nutre fundamentalmente de las propuestas de la izquierda?
–No quiero decir que de ese documento fue una copia, pero nosotros sí lo teníamos como insumo nuestro, claro, porque habíamos sido coautores nosotros de ese documento. Ahí hablábamos, por ejemplo, de los poderes fácticos, de la necesidad de la seguridad social, de lograr la gobernabilidad democrática, de la reforma política electoral.
Y sí: el punto numero dos del documento, denominado “La democatización de los medios de comunicación y cambio de régimen político”, aborda el poder de Televisa y su estrecha relación con Peña Nieto, así como los multimillonarios recursos que soportaron su campaña.
“La solución de la crisis política y social que vive el país requiere frenar la impunidad y equilibrar las instituciones con un nuevo diseño de régimen político. El primer paso decisivo consiste en abrir los medios y controlar el dinero ilegítimo e ilícito que entra al proceso político, acercar a las instituciones y a los partidos a la sociedad para fortalecer el control social de las instituciones por medio del estado de derecho y una efectiva rendición de cuentas.”
Añadía: “Estamos en posibilidad de iniciar un cambio de régimen político. El primer paso decisivo consiste en abrir los medios y controlar el dinero ilegítimo e ilícito que entra al proceso político. Para ello recogemos las propuestas que surgieron durante la campaña, especialmente los reclamos de libertad, objetividad y honestidad que encabezaban los estudiantes del Movimiento #YoSoy132”.
En ese mismo punto, se proponía avanzar en la “democratización de los medios de comunicación”, como eliminar monopolios en telecomunicaciones y la apertura de la televisión abierta y de paga, así como abrir canales públicos controlados por universidades y acceso universal a la banda ancha de internet.
En documento planteaba, en el punto 3, “el combate a la corrupción y al patrimonialismo, mediante la fiscalización de los recursos en los tres órdenes de gobierno, la austeridad y la defensa del interés público”, mediante el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las de los estados, donde debía impulsarse la separación de poderes.
“Fortalecimiento de los órganos autónomos en sus atribuciones, alcances (en el ámbito federal), capacidad profesional, protección del interés público y autonomía respecto al gobierno, los intereses y los partidos. IFE, IFAI y ASF vigorizados, con alcance nacional. Democracia y rendición de cuentas de los sindicatos.”
En el punto 4 se proponía “una política de Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia fincada en el estado de derecho”, porque “la política de seguridad ha fracasado” y debía ser revisada integralmente y respaldada por un acuerdo nacional validado por el Congreso.
El punto 5, referente a “una política de desarrollo económico incluyente y sustentable”, plenteaba la expansión del mercado interno, con infraestructura y proyectos regionales de desarrollo, reforma fiscal integral, mejoría del salario, reindustrialización del país, rescate del campo, impulso al avance científico, tecnológico y de innovación, así como una visión multisectorial que garantice la equidad de género.
En cuanto a la reforma educativa, planteada en el punto 6, el documento impulsado por Nueva Izquierda, y que López Obrador rechazó, proponía una revisión a fondo en la materia: “Con dedicación y apoyo a la causa, hay que vencer resistencias corporativas y sostener el nuevo rumbo. La educación no puede marchar a contrapelo del proyecto nacional. Las experiencias educativas más exitosas ocurren cuando convergen los propósitos. La mejora en la educación debe ser puente central de un acuerdo nacional y del restablecimiento de la concordia”.
El punto 7 formulaba una “seguridad social fundada en derechos universales desde el nacimiento hasta el retiro”, mediante la “instauración de un estado de bienestar”, mientras que el punto 8 proponía un “liderazgo ambiental” para enfrentar el cambio climático.
Y en el punto 9 formulaba un “programa para la inclusión de los jóvenes en el proyecto nacional”, a través de evitar el rechazo de éstos en la educación superior y media superior, así como garantizar un sistema nacional de becas, un programa de capacitación y empleo, la reconstrucción del tejido comunitario, apoyo a los creadores y fomento al deporte.
En el último punto, sobre la relación con el gobierno y la política de alianzas de los partidos de izquierda, PAN y PRI, el documento que rechazó López Obrador proponía un acuerdo nacional para contribuir a la reconciliación y la concordia:
“El cambio nacional en la correlación de fuerzas abre la oportunidad de avanzar en este propósito. Los riesgos de no hacerlo serían gravísimos. El intento de las fuerzas consevadoras de volver a impulsar las reformas neoliberales de los años noventa, la cerrazón frente al conflicto poselectoral, la falta de voluntad reformadora, así como los viejos estilos excluyentes, patrimonialistas y clientelares de la política representan un riesgo serio de regresión.”
Añadía: “Conscientes de la oportunidad y de los grandes peligros del presente hemos decidido impulsar esta agenda de reformas que contribuya a la distensión y abra el camino de un cambio de régimen hacia 2015 y 2018”.
Y concluía: “La nación no debiera esperar otros seis años a un cambio verdadero, sino convertir el desacuerdo y la crisis de legitimidad por la que atravesamos en la oportunidad para dar pasos sinceros y sustantivos a favor de la recuperación de la legalidad, el diálogo y un acuerdo nacional. Nosotros, unidos, damos el primer paso”...
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Caso Wallace: la importancia de la gota de sangre/
RICARDO RAPHAEL
Proceso # 2218, 5 de mayo de 2019..
El miércoles 13 de julio de 2005 el empresario José Enrique del Socorro Díaz acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Según sus declaraciones, para ese momento llevaba poco menos de 48 horas desaparecido.
Ahí dijo que él y otros familiares habían encontrado el día previo un vehículo Cherokee, perteneciente a la víctima, estacionado en una pequeña calle de la colonia Insurgentes Mixcoac.
Añadió que un vecino de la zona le contó haber visto, la noche del lunes 11 de julio, a unos hombres bajando con violencia de ese auto a una persona para conducirla a un inmueble ubicado en la calle de Perugino número 6.
Luego, según el señor Wallace, un niño le narró haber escuchado balazos en ese mismo edificio, alrededor de las cuatro de la madrugada del martes 12 de julio, y también vio cómo unos sujetos sacaron a una persona herida, de vuelta a la calle.
Con esta información la Procuraduría solicitó una orden de cateo en el departamento 4 del inmueble ubicado en la calle de Perugino 6, donde según el mismo niño, vivían unas mujeres dedicadas a “la vida galante”.
El viernes 15 de julio de 2005, peritos de la PGR ingresaron al departamento mencionado. De acuerdo con el acta circunstanciada de esa diligencia, no se encontró nada relevante para corroborar las declaraciones del señor Wallace.
El inmueble estaba habitado por una persona del sexo femenino, de nombre Juana Hilda González Lomelí, cantante del grupo musical Clímax.
El expediente judicial 35/2006-II, del juzgado 16º de distrito, sobre el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, es un voluminoso documento de más de 30 mil páginas. En él se relata una historia extraordinaria, porque la fabricación y la mentira emergen desde los primeros folios.
Por ejemplo, la autoridad jamás dio con el testigo que dijo al señor Wallace haber visto a la víctima bajar del vehículo Cherokee. En el mismo sentido, el niño Érick Figueroa Martínez, a quien el señor Wallace identificó como testigo principal, fue entrevistados dos veces por las autoridades y en ambas aseguró que era falsa su supuesta declaración. Es más, testificó no haber dormido en ese edificio la noche en que habrían ocurrido los hechos.
Tercero, al menos cinco vecinos de Perugino 6 fueron entrevistados por la policía, durante la misma semana de la desaparición, y luego fueron llamados a declarar a la SIEDO: en ese 2005, todas las veces dijeron que el inmueble donde habitaban era tranquilo y que la madrugada del martes 12 había transcurrido sin ningún hecho relevante que mencionar.
No sorprende que, con tales elementos, la autoridad haya dudado del supuesto secuestro y por eso autorizó al propietario del departamento 4 a rentarlo de nuevo.
Sin embargo, seis meses después de la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda, el 10 de enero de 2006, fue detenida Juana Hilda González Lomelí. A pesar de la ausencia de pruebas sobre su participación en el supuesto secuestro, fue arraigada por la SIEDO.
Según obra en el expediente, esa mujer declaró dos veces no conocer a la presunta víctima, ni haber participado en los hechos imputados. Pero el miércoles 8 de febrero de 2006 fue llevada a declarar, por tercera vez, y entonces contó una versión rocambolesca que hoy cualquiera puede analizar en Youtube.
Ahí narra que llevó con engaños a Hugo Alberto Wallace a Perugino, la noche del lunes 11 de julio de 2005, con el propósito de secuestrarlo. Cuenta también que a la víctima le habría sobrevenido un paro cardiaco, por lo que ya muerto, sus otros cinco cómplices procedieron a tomarle fotografías y luego a serrucharlo, en partes, dentro del diminuto baño de la propiedad.
Si bien Juana Hilda González Lomelí jamás ratificó este testimonio y pocos días después aseguró que había sido obtenido bajo condiciones de amenaza y de violencia, fueron estas declaraciones las que permitieron construir la tesis criminal del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Posteriormente, de nuevo, los peritos ingresaron al departamento de Perugino y esta segunda vez sí encontraron, en el baño, una gota de sangre y también una licencia caduca a nombre de la persona desaparecida. Esa evidencia habría sobrevivido en ese mismo sitio durante seis meses, a pesar de que otro inquilino ocupó el inmueble.
La gota de sangre, una vez analizada, arrojó coincidencia en los marcadores de ADN con Isabel Miranda de Wallace y también con José Enrique del Socorro Díaz.
Son el testimonio de Juana Hilda González Lomelí, del 8 de febrero de 2006, y esa prueba científica, lo que condujo a la persecución, privación de la libertad y enjuiciamiento de los seis supuestos perpetradores del abominable secuestro y descuartizamiento de Hugo Alberto Wallace.
Catorce años más tarde, la PGR recibió nueva evidencia a propósito de la famosa gota de sangre: Hugo Alberto Wallace Miranda en realidad se llama Hugo Alberto León Miranda y su verdadero padre biológico es Carlos León Miranda. Por tanto, los marcadores genéticos de aquella evidencia no pueden corresponder a José Enrique del Socorro Wallace.
No es la vida privada de la madre del desaparecido la que fue exhibida en el número previo de Proceso, sino algo mucho más trascendente: se exhibió que una pieza probatoria principal en el caso Wallace es falsa.
César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo Cruz, Albert y Tony Castillo Cruz y Juana Hilda González Lomelí aseguran haber vivido torturas inenarrables, porque la autoridad quiso obtener confesiones autoinculpatorias. No todos sucumbieron a la presión y, sin embargo, continúan en la cárcel y algunos con condenas de casi cien años.
De que Hugo Alberto desapareció no hay duda: todo lo demás merece volver a investigarse, desde el principio.
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