¿Pactar o no?/ Enfoque de Reforma

¿Pactar o no?/ Jésica Zermeño, reportera

Enfoque de Reforma, 17-Abr-2011;

Ningún gobierno en el orbe acepta públicamente que lo ha hecho, pero la opción de establecer negociaciones con el crimen organizado fuera de la ley en los países donde los grupos delincuenciales tienen poder es una tentación constante. La declaración de un ex gobernador priista de Nuevo León, primero, y el llamado del poeta Javier Sicilia, después, han reabierto el debate en México.

Especialistas consultados por Enfoque concuerdan en que pactar para acabar con la violencia no es una opción viable. Sin embargo, reconocen que en algunas zonas del país estos acuerdos se han dado o, simplemente, son impuestos por el crimen organizado.

Edgardo Buscaglia: especialista en delincuencia organizada

'El gobierno ya ha negociado'

La clase política ya ha pactado con el narcotráfico, aunque a nivel local y con pésimos resultados.

Para ver el desastre de lo que implica que el gobierno mexicano pacte con el narcotráfico para reducir la violencia no hay que remontarse a Colombia en los años noventa, hay que voltear los ojos a Tijuana, dice Edgardo Buscaglia, especialista en delincuencia organizada.

"El gobierno federal mexicano, como ya está en una situación de captura de su propia estructura por parte de grupos criminales, ha estado negociando con grupos criminales en Tijuana, por ejemplo, en Baja California, con resultados nefastos, donde se observa una alianza criminal que se ha apoderado de una cierta ración en Baja California", asegura el consultor. Buscaglia recuerda que los indicios de ese pacto se revelaron en un cable del Consulado de Estados Unidos en Tijuana difundido por WikiLeaks.

Según las fuentes del Consulado, el teniente coronel retirado Julián Leyzaola (secretario de seguridad pública de Tijuana entre diciembre de 2008 y diciembre de 2010) pactó perseguir a Teodoro García Simental, El Teo, con los rivales del capo para pacificar la ciudad.

"De acuerdo con algunos contactos, Leyzaola ha ido tras los aliados de El Teo con tanto entusiasmo porque él hizo un pacto de 'mirar para otro lado' con uno de los rivales de El Teo. Él cree quizá que la única forma de traer paz a la ciudad es combatir a la indisciplinada facción de El Teo en favor de la facción que él cree más discreta en la conducción de sus negocios", se lee en el cable 09TIJUANA732 firmado el 14 de julio de 2009.

El narcotraficante fue detenido en enero de 2010. Sin embargo, los homicidios en la ciudad no disminuyeron ese año. Al contrario, aumentaron. Durante 2010 se registraron en Tijuana 820 muertes violentas, 22 por ciento más que en 2009, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California. El 2010 es considerado el segundo año más violento de la década en esa ciudad fronteriza. El primero fue 2008, con 844 asesinatos.

"Lo que ha venido intentando el gobierno mexicano y el gobierno local ha sido justamente el reforzar una alianza criminal liderada por Sinaloa para lograr disminuir los tipos de delitos de alto impacto, y con ese fin llegar a las elecciones de 2012 mostrando algún tipo de mejoría, pero no lo han logrado porque obviamente los demás tipos de delitos organizados, como sucede en Tijuana, aumentan cuando una gran alianza criminal se apodera de una región", explica el director del Centro de Derecho Internacional y Desarrollo Económico de la Universidad de Virginia.

Hoy Leyzaola es secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez; según el alcalde Héctor Murguía, la decisión fue aprobada por el presidente Felipe Calderón y por el ex embajador estadounidense Carlos Pascual.

Falló en otros países

Buscaglia, profesor del ITAM, asegura que la experiencia internacional indica que la única forma de hacer que la violencia se reduzca es desarrollando una política criminal clara contra la delincuencia organizada, en la que se establezca como prioridad la reducción de la violencia, no estableciendo pactos con los criminales.

"Todo país en los últimos 50 años que ha intentado hacer esto ha caído en manos de gobiernos mafiosos que han visto sus tasas de delincuencia organizada aumentar de manera significativa. Lo que hay que tratar de hacer, como venimos diciendo siempre, es implementar la Convención de Naciones Unidas de Palermo", señala.

Buscaglia señala que en Italia, en los ochenta; en Colombia, en las presidencias de Ernesto Samper y Andrés Pastrana en los años noventa; así como durante la Presidencia de Boris Yeltsin, en Rusia, hubo intentos de establecer pactos para aminorar la violencia. Sin embargo, estos intentos fracasaron y la violencia no cesó.

"Lo que han hecho los países que han logrado contener la delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada no desaparece, se contiene, ha sido imponerle reglas del juego a la delincuencia organizada. Es establecer claramente la asignación de recursos humanos a una política criminal, a fiscales para procesar e impulsar causas hacia un tipo de delito más grave que otros tipos de delitos.

"Cuando el Estado posee una política criminal donde claramente establece a qué tipos de delitos le va a asignar mayor importancia en el procesamiento de causas y a qué otros tipos de delitos le va a asignar menos importancia, la delincuencia organizada entiende muy bien el mensaje... A través de él los grupos criminales ajustan sus operaciones a los tipos de delitos de menor riesgo", explica.

Para el especialista, el único camino seguro para reducir el poder de las organizaciones criminales, y por lo tanto inhibir su poder de fuego, es consolidar una reforma judicial, el combate frontal a la corrupción política en todos los niveles (en Colombia e Italia el rol de un Poder Judicial independiente que hiciera contrapeso a la corrupción del poder político fue fundamental) y el desmantelamiento patrimonial del sector privado relacionado con el narcotráfico, así como la prevención social, mediante el establecimiento de un gabinete en la materia en el que trabajen de manera conjunta la Secretaría de Seguridad Pública con la de Salud, de Educación y del Trabajo.

"Realmente no son medidas técnicas mágicas, son medidas políticas que en principio se tienen que aplicar solamente a través de un gran pacto político entre todos los partidos, al cual se llega a través de la desesperación de la elite que comienza a ver que el monstruo que ellos mismos han generado y del cual se han beneficiado por muchos años comienza a devorárselos a ellos. Y es ahí donde la elite en Rusia, en Italia, en Colombia comenzó a autoflagelarse". No antes.

"La negociación con grupos criminales es pan para hoy y hambre para mañana", resume.

"Todo país en los últimos 50 años que ha intentado hacer esto ha caído en manos de gobiernos mafiosos que han visto sus tasas de delincuencia organizada aumentar de manera significativa".

Luis Astorga: experto en historia del tráfico de drogas en México

'Urge pacto contra impunidad'

Pactar con el crimen organizado conduciría a un Estado mafioso; lo que se requiere es un acuerdo entre la clase política.

Hay una creencia errónea entre los que piden que el Estado mexicano pacte con organizaciones criminales, dice Luis Astorga, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. "Tienen la idea de que antes, durante los gobierno priistas, había pactos", expresa, "y no hubo pactos, hubo sometimiento".

"Es decir, las reglas del juego las imponía el Estado, ese Estado postrevolucionario autoritario, y ese Estado tenía la capacidad de contener a los grupos criminales, particularmente a los traficantes. Los traficantes en ese esquema tenían tres opciones si no querían jugar con esas reglas del juego impuestas por el Estado: salir del negocio, irse a la cárcel o morir. Y ese Estado tenía esa capacidad de ejercer acciones en contra de quienes no querían jugar con esas reglas del juego", explica.

El experto en historia del tráfico de estupefacientes define a la Dirección Federal de Seguridad, creada en 1947 durante el gobierno de Miguel Alemán, como la dependencia del Estado mexicano con poderes legales y fácticos para comunicarse con los grupos delictivos y premiarlos o sancionarlos según su comportamiento.

"Documentos del gobierno de Estados Unidos dejan ver cómo se percibía durante el gobierno de Miguel Alemán al coronel Carlos Serrano, que fue el fundador de la Dirección Federal de Seguridad. Los estadounidenses lo percibían como el recaudador personal de 'impuestos' para el Presidente, es decir, el que pasaba la charola, tanto a grupos económicos legales e ilegales en beneficio del poder presidencial y de su camarilla. Lo de WikiLeaks no es nada ante eso. La diferencia es que esos documentos se tardaron 20 años en desclasificarse", expresa.

La desaparición de la Dirección Federal de Seguridad en 1985, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, representó la desaparición del órgano regulador estatal de la actividad de los traficantes de drogas, afirma, pues no hubo otra dependencia que se quedara con sus vastas atribuciones extrajudiciales.

Tamaulipas, Michoacán, ejemplos de fracaso

A la desaparición de la DFS siguió la llegada de la oposición a los gobiernos estatales, a partir de 1989, y a la Presidencia en el 2000. En paralelo, la aparición de Osiel Cárdenas Guillén en la escena del tráfico de drogas, en Tamaulipas, cambió el panorama nacional radicalmente, pues fue él quien introdujo el paramilitarismo relacionado con el tráfico de drogas, con la creación de Los Zetas, e implementó nuevos mecanismos para incrementar la renta criminal, el secuestro, la extorsión y el tráfico de indocumentados. "Fue el que implantó el esquema mafioso en México", dice Astorga.

Según el investigador, esto ha hecho que la clase política tamaulipeca se haya subordinado al poder de las organizaciones criminales.

"Eso tiene repercusiones muy fuertes en lo local, porque pasas de la sola presencia territorial a la intención de control territorial... Ahora, como parte de su estrategia, a los grupos criminales les interesa controlar el territorio, y eso hace que la relación con la clase política a nivel local se transforme. Y Tamaulipas es fundamental para Los Zetas porque es su única base territorial en el país. Tienen que controlarla.

"¿Quién cuestiona al PRI en Tamaulipas que sigue gobernando casi todo el estado? ¿Quién cuestiona a Moreira sobre lo que está pasando en Tamaulipas?", pregunta.

En Michoacán también ha incrementado considerablemente la interacción entre La Familia, el único grupo criminal que se ha consolidado tras la salida del PRI de la Presidencia, y la clase política local, que se ha materializado principalmente en sobornos.

Según un estudio reciente elaborado por Astorga -de próxima publicación-, mientras que en 2006 las instituciones michoacanas que más habían sido afectadas eran de seguridad a nivel local, para 2009 los sobornos llegaban ya a instituciones de seguridad a nivel estatal y hasta nacional. "En Michoacán la relación del poder político y la delincuencia es mucho más compleja", expresa.

La Familia también realiza prácticas mafiosas, pues algunos de sus fundadores fueron Zetas.

"Hay que ver con lupa en cada lugar qué tipo de relación se está estableciendo entre clase política gobernante y grupos criminales, y vas a ver una combinación, quizás el predominio de uno o a veces la combinación de algunos, pero lo que no vas a ver nunca es la ausencia de relación, y eso no ha reducido la violencia, porque la violencia es por la pelea entre oligarquías criminales, no por la presencia del Ejército en las calles", explica.

Por eso, para el doctor en Sociología del Desarrollo por La Sorbona, un pacto con el crimen organizado vulneraría todavía más al Estado de lo que ya se encuentra, y no garantizaría de ninguna manera la reducción de la violencia, y sí el retroceso a un Estado autoritario, sin respeto a los derechos humanos y a la ley.

"Lo que tienen que preguntarse aquellos que piden pactos es qué tipo de Estado quieren en el futuro, si un Estado democrático o un Estado mafioso, autoritario. Las organizaciones criminales no son democráticas, por lo tanto no puede construirse con ellas democracia.

"Tendría más impacto un pacto político en el país para abatir la impunidad, entre la clase política de todos los niveles de gobierno, no sólo la federal, porque si los gobiernos locales acusan al gobierno federal mantienen una relación muy perversa. ¿O sólo son parte de la Federación cuando piden presupuesto?", cuestiona.

Para aquellos que anhelan el regreso del PRI al poder para contener la delincuencia, Astorga tiene una respuesta:

"Es imposible regresar a las condiciones anteriores del Estado mexicano de partido único, pero sí podemos ir a un Estado autoritario con otras características. Ése es el riesgo para la democracia débil que tenemos. Estamos en las peores condiciones posibles. Un pacto político es urgente", concluye.

Eduardo Guerrero: consultor en seguridad

'Pactar sería un error tremendo'

Negociar no es el camino, pero es posible cambiar la estrategia punitiva del gobierno por una disuasiva.

Aunque pactar con el narcotráfico para reducir la violencia fuera una opción "políticamente correcta" e intentara implementarse a nivel federal, hoy es imposible negociar con los grupos criminales en las zonas de mayor violencia, pues la fragmentación de las organizaciones es tan grande que no hay poder que garantice el cumplimiento de cualquier negociación, asegura Eduardo Guerrero, consultor en seguridad.

"Pensar en un pacto a nivel nacional es descabellado y es imposible. ¿Con quién vas a pactar? Hay algunas entidades en las que están creciendo los minicárteles de manera acelerada. He hecho el seguimiento de esto y es algo espantoso. Tan sólo en Guerrero he detectado más de 20. ¿Con cuál de todos los grupos hablarán? ¿Con el más grande? ¿Con el más violento?

"La preocupación de aquellos que piden pactar es entendible, pues se han dado cuenta de que algo anda muy mal con la estrategia del gobierno federal. Pero ése no es el debate correcto. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos más cara la violencia para los grupos criminales", señala el doctor en ciencia política por la Universidad de Chicago.

Guerrero explica que el gobierno federal debe cambiar su estrategia de combate al crimen organizado punitiva por una disuasiva, lo cual no significa pactar. La estrategia punitiva que está vigente hoy tiene directrices muy claras: su fin es desarticular organizaciones criminales y erradicar el tráfico de drogas, todas las acciones ilegales son perseguidas y se busca castigar al mayor número posible de delincuentes.

En cambio, en la estrategia disuasiva, aplicada por Estados Unidos y gran parte de los países europeos, el fin es disminuir la violencia, está sustentada en una clara definición de prioridades, pues se asume que el Estado tiene capacidades limitadas para actuar, y se busca maximizar el efecto de cada castigo a los criminales.

Para el consultor, el gobierno federal debería cambiar su estrategia totalmente hacia una política disuasiva.

"No se trata de tolerar que mientras no se mate se cometan los demás delitos con impunidad. En esta estrategia lo que hace el Estado es 'reservarse su derecho a actuar' contra ciertas organizaciones y en ciertos momentos. Es entender que el Estado sólo tiene un brazo para actuar, pero en cuanto tenga los recursos para utilizar el otro brazo, lo hará.

"Y mientras, si el Estado define que el homicidio es el delito que más penará, por ejemplo, los criminales entienden el envío de mensajes, así de claro", opina.

Para Guerrero, un buen ejemplo de cómo funciona esta estrategia en Estados Unidos ocurrió tras la muerte del agente de la oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos Jaime Zapata, el 15 de febrero de 2011 en San Luis Potosí. Ocho días después del asesinato del agente, la DEA lanzó el operativo Fallen Hero contra operaciones de traficantes mexicanos en 150 ciudades estadounidenses.

La operación duró tan sólo tres días, pero el gobierno estadounidense detuvo a 676 personas, decomisó 12 millones de dólares, 282 armas, y 94 vehículos. Además, fueron decomisados alrededor de 15.9 toneladas de mariguana, 467 kilos de cocaína, 29 kilos de anfetaminas y 9.5 kilos de heroína pura.

"El mensaje fue muy claro: sabemos dónde están, qué hacen y cómo lo hacen. En cualquier momento podemos capturarlos, así que no vuelvan a tocar a nuestros agentes ni aquí ni en México, porque se las van a ver con nosotros", interpreta Guerrero.

"Si esta estrategia disuasiva no se establece, a la par del fortalecimiento de la inteligencia en nuestro país, para que ya no dependamos tanto en eso de Estados Unidos, la violencia se va a poner todavía más fea, por la fragmentación de los cárteles. Llegará un momento en que la anarquía en las organizaciones delincuenciales más la corrupción de las élites políticas locales sea tal que cualquier esfuerzo del gobierno central sea totalmente inútil para contener la violencia y la inseguridad pública. Eso empieza a pasar, y es muy preocupante", añade.

Además, propone que se establezcan cuerpos de reacción inmediata que puedan apagar los fuegos en el territorio nacional antes de que se conviertan en incendios inatacables.

"Es el único camino que veo en el corto plazo, mientras se fortalecen las policías y se refuerza el sistema de justicia. Pensar en pactar es un error tremendo", concluye.

Alejandro Poiré: vocero en materia de seguridad

'Tenemos que ir tras los criminales'

El gobierno rechaza la posibilidad de poner fin a la guerra contra el narcotráfico mediante un pacto.

Para el gobierno federal, no pactar con el crimen organizado es una cuestión de justicia.

Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, defiende la estrategia gubernamental con un argumento: "el verdadero camino a la paz pasa por la aplicación de la ley". Repite la fórmula cada vez que se le cuestiona sobre la posibilidad de un pacto entre la clase política y los criminales para abatir la violencia.

"Pensemos lo que significaría para las víctimas de un homicidio, de un secuestro, el decirle 'no, ¿sabes qué?, ya mejor me tengo que arreglar con los criminales'. ¿Qué sentido de justicia podríamos construir para nuestro país si ésa fuera la decisión que toma una autoridad? No lo podemos permitir. Tenemos que ir tras los criminales, que paguen por sus crímenes al amparo de la ley. Y en esa medida vamos a ir disminuyendo la impunidad y construyendo una seguridad auténtica", explica.

Al preguntarle si el gobierno federal tiene la certeza de que en las entidades no hay acuerdos entre la clase política y las organizaciones criminales, Poiré responde que el gobierno federal ha insistido reiteradamente en que el esfuerzo contra la delincuencia tiene que ser apoyado por todos los actores, pero que son las autoridades locales las que tienen que responder más rápido, pues el 70 por ciento de los crímenes que se cometen son del fuero común.

"Cuando existe información que señala que hay autoridades que están participando se ha actuado en consecuencia, desde el inicio de la administración, y así se ha hecho en la propia autoridad federal. Se ha puesto a disposición de los jueces a servidores públicos de la autoridad federal.

"No hay nada más terrible que quien tiene la obligación legal, el mandato ciudadano de hacer cumplir la ley, sea quien se aproveche de esa posición para estar dañando la tranquilidad de la seguridad de la población. Y por eso precisamente es que la postura del gobierno federal es muy clara: tenemos que seguir avanzando en combatir al crimen, tenemos que seguir avanzando en garantizar que se puedan ejercer plenamente los derechos de los ciudadanos y sus libertades y tenemos que llegar sistemáticamente a ese camino por el camino de la justicia", sentencia.

Al cuestionársele sobre si existió un pacto gubernamental con organizaciones criminales en Tijuana para pacificar la ciudad, como se informó al gobierno estadounidense en un cable filtrado por WikiLeaks, el funcionario dice: esa información es "inexacta, imprecisa, sacada de contexto".

Certificación, la vacuna

Poiré asegura que el gobierno encabezado por Felipe Calderón ha hecho su parte para evitar que las autoridades locales tengan que pactar con el crimen organizado: ha establecido mecanismos que exigen a los mandos de seguridad pública estatales y municipales estar certificados, hay apoyos económicos vía los subsidios de seguridad pública para las entidades y municipios por más de 56 mil millones de pesos al año, y en 2011 se han dispuesto 2 mil 400 millones de pesos más para la concreción de la policía acreditable.

Explica que son los avances en la certificación de policías en donde puede verse qué entidades han hecho suyo el modelo de transformación institucional impulsado por el gobierno federal. Según él, ése es el primer paso para cristalizar la justicia para aquellos que piden se pacte con el narcotráfico.

De acuerdo con el último informe de avances sobre el progreso de las evaluaciones de control de confianza en las entidades, actualizado al 31 de marzo pasado, sólo una entidad registra un avance mayor al 75 por ciento en las evaluaciones estatales integrales de control de confianza, Aguascalientes.

Ocho entidades (Baja California, Colima, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán) registran avances entre el 25 y 75 por ciento en las evaluaciones. Las otras 22 entidades registran avances de menos del 25 por ciento.

En cuanto a evaluaciones municipales, no hay ninguna entidad que registre un avance mayor al 75 por ciento. Sólo siete entidades registran avances entre el 25 y el 75 por ciento, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Morelos y Nuevo León. Las demás entidades registran avances menores al 25 por ciento.

"Esto es una transformación institucional muy profunda, en la cual todos tienen responsabilidad, particularmente quienes tienen mayor contacto directo con la vida de los ciudadanos que son las autoridades locales. Pero justamente de lo que se trata es que todas las autoridades cumplan con esos controles de confianza, que todas las autoridades avancen en la profesionalización, en la mejor capacitación, porque justamente es lo que va a garantizar que cualquier agente de policía, sea éste del municipio que sea, esté sometido a ese escrutinio y esté sometido a esos niveles de excelencia.

"Los datos son elocuentes por sí mismos", remata.

Pactos internacionales

Negociar con grupos criminales en otros países no frenó la violencia.

Italia

Los grupos delincuenciales en el sur de Italia datan del siglo XIX. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Cosa Nostra, el grupo mafioso más importante de Sicilia, se convirtió en un aliado poderoso del gobierno italiano para contener la actividad del Partido Comunista en ese territorio. Sin embargo, la simbiosis entre el gobierno siciliano y el grupo delincuencial no logró parar la ola de violencia registrada en la isla entre 1981 y 1983 por la lucha entre las distintas familias que detentaban el oligopolio de la mafia, a pesar de los intentos de negociación de la élite política siciliana con los distintos clanes. De ese periodo violento en Italia, que se conoce como la Gran Guerra de la Mafia, y en el que fueron ejecutados por lo menos 400 miembros de La Cosa Nostra, surgió un único grupo ganador, los Corleonesi, procedentes del pueblo de Corleone, con Salvatore "Totto" Riina a la cabeza. Riina mantuvo una campaña contra el Estado italiano permanente hasta su detención en Palermo en enero de 1993. Según las investigaciones, fue Riina el que ordenó la muerte de los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino y detonar varios coches bomba en distintas ciudades italianas.

Rusia

Tras la caída del Muro de Berlín, la industria rusa enfrentó el reto de convertirse en una economía de mercado. Para lograrlo, el entonces presidente, Boris Yeltsin, privatizó las principales industrias rusas y las dejó en manos de la mafia a pesar de la violencia que generaba. Según estimaciones, en 1999, el último año de gobierno de Yeltsin, el 80 por ciento de la industria del país estaba en manos de 45 familias de mafiosos. Los pactos que estableció Yeltsin con los grupos criminales no pararon la violencia: los índices delictivos se incrementaron en 30 por ciento y la tasa de homicidios se duplicó, al pasar de 15 mil 600 en 1990 a 31 mil 200 en 2000. Al final de la década de los noventa operaban alrededor de 8 mil organizaciones criminales en Rusia.

Colombia

Andrés Pastrana, presidente de Colombia entre 1998 y 2002, prometió desde su campaña que iniciaría un diálogo de paz con las FARC. Entre 1988 y 1998 el conflicto en Colombia había dejado más de 35 mil civiles muertos. Para la negociación, Pastrana dispuso la desmilitarización de una zona en la selva colombiana de 42 mil kilómetros cuadrados, donde se llevaron a cabo los diálogos entre noviembre de 1998 y febrero de 2002 y en los que participaron miembros de la sociedad civil en mesas temáticas. Las FARC presentaron un decálogo como condición al gobierno colombiano para su desmovilización. Sin embargo, los secuestros de la guerrilla continuaron, y el Presidente cerró el proceso el 28 de febrero de 2002 y lo calificó de fallido.

"De alguna manera se tenía resuelto el problema del tránsito, pero había un control, y había un Estado fuerte y un Presidente fuerte y una Procuraduría fuerte y había un control férreo del Ejército. De alguna manera les decían: 'tú pasas por aquí, tú por aquí, pero no me toques estos lugares. Lo que cuentan 'los viejos' es que había un control desde el Gobierno, el Ejército controlaba".

Sócrates Rizzo, ex gobernador de Nuevo León, durante una conferencia en la Universidad Autónoma de Coahuila. 23 de febrero.

"Las mafias están aquí, pues, pactemos... Hablemos claro otra vez: ahí están, tenemos que convivir con ellos. Y, si no están haciendo bien la guerra, pues vamos a los pactos. Las guerras terminan en pactos al final de cuentas. Cuando se acaban de destrozar y destrozar a la humanidad, terminan en pactos. Y esto va a terminar en un pacto, tarde o temprano".

Javier Sicilia, poeta, padre de Juan Francisco Sicilia, joven asesinado en Morelos. 3 de abril del 2011.