Las columnas políticas, hoy sábado 7 de mayo de 2022

Luis Enrique habría sido baleado y "levantado" ¿Quién? ¿Por qué?

Encontraron manchas de sangre y un celular quebrado.

Previo a ser asesinado, fue herido de bala en una pierna y luego forzado a subir a un vehículo

"Se pudo constatar que existen testigos en el sentido de que vieron cuando esta persona era agredida al subirlo de manera forzada a un vehículo automotor color blanco, y de ahí lo trasladan a un lugar indeterminado en donde, según las conclusiones que sacamos en relación a la hora de su fallecimiento, pues estuvo privado de su libertad por bastantes horas, toda vez que fue encontrado hasta el día siguiente", dijo la Fiscal General, Sara Bruna Quiñónez Estrada.

"Los hechos de su privación de la libertad fueron el día 4 en la madrugada, aproximadamente entre las 2 y 3 de la mañana. Fue encontrado hasta el día 5 a las 10 y media de la mañana".

Tras los nuevos hallazgos, la Fiscalía creó un grupo especial para indagar el crimen, dedicado únicamente a la investigación en el homicidio del periodista; en ese grupo está especialistas investigadores enviados por el Gobierno federal, así como de la la misma Fiscalía de Sinaloa. (Nota de Marcos Vizcarra/Reforma) .

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Despiden al “leal”Luis Enrique Ramírez; exigen justicia por asesinato del periodista

Nota de Javier Cabrera/EL UNIVERSAL:

Carlos Velázquez Martínez, casi mentor de Luis Enrique y quien lo apoyó para incorporarse al principio de su carrera en el Diario de Sinaloa como auxiliar de cables, lo definió como “un joven sumamente callado, con una actitud nerviosa, con un temblor de piernas continuo”.

“Luis Enrique era un hombre muy reservado, con una ansiedad a flor de piel que lo externaba, aún sentado con movimientos continuos de sus piernas. Abrazaba con la mano izquierda la máquina de escribir y con un dedo de la derecha tecleaba sus notas, entrevistas y crónicas que lo llevaron a 14 premios de periodismo”.

En un artículo de su portal, una de sus más cercanas colaboradoras y editora general, Marissa Palafox, lo recordó como “un ser humano sincero, encantador, hermético y leal”.

Destacó al columnista como “discípulo de la mismísima Elena Poniatowska, quien incluso lo llegó a ver como un hijo al que admiraba en demasía por su manera de comunicar”.

El grito de justicia

Por la mañana, en las escalinatas de la catedral de Nuestra Señora del Rosario, periodistas y activistas de los derechos humanos con pancartas, fotografías y primeras planas de diarios locales, exigieron el esclarecimiento del crimen y justicia para Luis Enrique.

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El hijo del C. Presidente exonerado; rapidísimo! maravilla de investigación de la Función Pública.

José Ramón López Beltrán, y al empresario Daniel Chávez, por posible "conflicto de interés, cohecho y soborno".

La dependencia informó que recibió una solicitud para investigar las posibles faltas administrativas, relacionadas con la relación laboral que tiene el hijo mayor del Ejecutivo federal con una empresa de los hijos de Chávez Morán, quien es asesor en el Tren Maya, proyecto prioritario del gobierno actual.

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Templo Mayor/ REFORMA

¡EXTRA, EXTRA! La Secretaría de la Función Pública exoneró de manera exprés al presidente de la República de un posible conflicto de interés... y no importa en qué sexenio esté usted leyendo esta noticia.

EN 2015, Enrique Peña Nieto quedó libre de toda culpa después de que el secretario Virgilio Andrade revisara por seis meses el escándalo de la Casa Blanca y las relaciones del entonces mandatario con el Grupo Higa.

AHORA, Andrés Manuel López Obrador salió rechinando de limpio del asunto de la contratación de su hijo incómodo, José Ramón López Beltrán, por una firma propiedad de los hijos del empresario turístico Daniel Chávez Morán, quien colabora con el gobierno en el proyecto del Tren Maya, entre otros.

ESO SÍ, el actual secretario Roberto Salcedo Aquino demostró ser más "eficiente" que Andrade, pues resolvió el asunto en sólo dos meses y 21 días, un récord ¡para Guinness!

VAYA que a los morenistas que andan en campaña con Marina Vitela, su candidata a la gubernatura de Durango, les dolieron un par de spots de radio y TV difundidos por la alianza PAN-PRI-PRD encabezada por Esteban Villegas.

TANTO así que exigieron al INE retirar del aire los mensajes en los que se asegura que "los de guinda" cerraron las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

PERO los consejeros electorales determinaron que la queja presentada no tenía fundamento, pues no encontraron ni imputaciones ni delitos falsos en los promocionales.

¡AH, qué cosa con las verdades que no pecan, pero cómo incomodan!

QUIENES presumen haber convencido a Andrés Manuel López Obrador de no incluir a Nicaragua en su gira centroamericana, para que no tuviera que pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos, tendrían que reconocer que en el caso de El Salvador les falló el cálculo.

Y ES QUE la precaria situación en la que están las garantías individuales en el país que gobierna Nayib Bukele está igual o incluso peor que en donde ejerce como dictador el sempiterno Daniel Ortega.

SIN EMBARGO, en la reunión que sostuvieron AMLO y Bukele, temas como las 25 mil detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el estado de excepción tan criticados por organismos internacionales no se tocaron ni con el pétalo de una izote, la flor nacional salvadoreña.

EL OTRO elefante en el cuarto, el de la inmigración ilegal, sí se tocó, pero sólo para ensalzar los programas sociales que la 4T exportó a ese país como el "remedio" para combatir las causas de la migración hacia México y EU. Vaya fiasco.

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Bajo Reserva/El Universal

Entre los múltiples casos judiciales que se desarrollan por estos días, destaca la reciente detención por presunto fraude de Eustaquio de Nicolás, fundador del Grupo Homex y del equipo de futbol Dorados de Sinaloa. Nos recuerdan que don Eustaquio no solo fue un empresario destacado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto sino que era considerado el mejor amigo del entonces presidente desde que lo hospedó en su departamento en sus años de estudiantes en la Universidad Panamericana. El notario mexiquense Juan Carlos Ortega y el conocido abogado penalista Marco Del Toro, quien ahora llevará la defensa del detenido, completan el cuarteto de amigos. Don Juan Carlos, a quien le decían El Ruso, fue jefe de agenda del presidente de 2012 a 2018. ¿Será que se empiezan a sentir pasos judiciales en la azotea del exmandatario?

Puntos para México en la ONU

Por primera vez desde que Rusia invadió territorio ucraniano, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se expresó este viernes de manera unánime sobre el conflicto, mediante un comunicado en el que los 15 países que lo integran manifestaron “profunda preocupación” por los acontecimientos y recordaron que todas las naciones de la ONU tienen "la obligación de resolver sus disputas por medios pacíficos". Nos hacen ver que más allá del contenido específico de la declaración, lo relevante es que se haya destrabado el consenso en ese órgano internacional y que se haya dado un apoyo claro a los esfuerzos del secretario general Antonio Guterres por lograr una solución que no pase por las armas. Todo esto, nos cuentan, suma puntos al representante de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, porque fueron nuestro país y Noruega los que impulsaron ese plan de acción, que ya rindió frutos. No es poca cosa, nos cuentan, haber superado el poder de veto ruso en el Consejo.

Muchas botas en El Salvador

En la gira que realiza por Centroamérica y El Caribe el presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo algo que distinguió su llegada a El Salvador, en comparación de su paso por Guatemala y Honduras. En la tierra del mandatario Nayib Bukele, quien encabeza una “guerra” muy mediática y muy polémica contra las pandillas, nos hacen ver que llamó la atención que el tabasqueño llegara a bordo de un avión militar de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado de los secretarios de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y que de paso se le diera una recepción con fuerte presencia militar de parte de los anfitriones.

Todo sirve en el juego de aspirantes

Mientras en el Senado de Estados Unidos se aprobó por unanimidad una moción para pedirle al presidente Joe Biden que su gobierno llame a consultas a funcionarios mexicanos por presuntas violaciones de nuestro país al Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) por disposiciones en materia energética, en la Cámara Alta del Congreso mexicano el tema no alcanzó a llamar la atención del grueso de la bancada oficialista, más ocupada en el juego de las corcholatas y los acomodos internos rumbo a los procesos electorales en puerta. Nos cuentan que por eso el zacatecano Ricardo Monreal se animó a enviarle una carta al líder del Senado del país vecino reclamándole por el tema. Es decir, nos dicen, por razones también electorales. Como don Ricardo ha estado fuera de la lista oficial de suspirantes que se edita en las conferencias presidenciales mañaneras, pues hacerle caso a este asunto podría servirle para aparecer. ¿O será que sus malquerientes no alcanzan a ver su preocupación por temas que afectan al país?

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 El relevo en la Corte: la otra sucesión adelantada/Salvador García Soto

El Universal

En la Suprema Corte de Justicia la sucesión de su presidencia ha comenzado, a seis meses de que termine el periodo del actual presidente Arturo Zaldívar. No sólo los aspirantes a presidir la Corte andan inquietos y moviéndose para tratar de ganar votos y simpatías entre los 11 ministros que integran el pleno, sino que también hay una operación política y de cabildeo abierta entre los dos bloques que se enfrentan en la elección del nuevo titular del Poder Judicial de la Federación.

De un lado está el bloque “pro 4T”, que busca un presidente “cercano” a López Obrador para los dos últimos años de su sexenio, y en el otro extremo el grupo “anti 4T”, que se opone a que la Corte se someta al control de Palacio Nacional y busca impulsar a un ministro o ministra que garantice la autonomía constitucional del Poder Judicial. El equilibrio de fuerzas entre esos dos bloques quedó establecido con la votación reciente de la Ley de la Industria Eléctrica, en la que 7 ministros votaron por declararla inconstitucional, mientras que solo 4 decidieron avalar el proyecto de constitucionalidad.

Es decir, que, en este momento, para efectos prácticos, la mayoría de los 11 ministros estarían por apoyar a uno de sus pares que garantice la independencia de la Corte y esos 7 votos con los que en teoría cuentan serían suficientes para ganar la elección del nuevo presidente que se realizará a finales de este año. Entre esos votos estarían seguros los de los ministros Javier Laynez Potisek, que es uno de los aspirantes a la presidencia, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar, Norma Lucía Piña y Alberto Pérez Dayan. También podría sumarse a ese bloque, la ministra Margarita Ríos Farjat, que ha reivindicado su autonomía de la 4T, y eventualmente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Del lado del bloque “pro 4T” estarían en este momento, en el papel, 4 votos. De esos tres se consideran “seguros”, el del presidente saliente, Arturo Zaldívar, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que aspira a la presidencia, y la ministra militante de Morena, Loretta Ortiz Ahlf. El voto del ministro Juan Luis González Alcántara, aunque lo ubican en ese bloque, podría no ser tan seguro y, por los antecedentes y trayectoria jurídica del doctor en Derecho y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, podría incluso votar en contra de un candidato que sea tan cercano al presidente López Obrador.

O sea que, en estos momentos, seis meses antes de la votación que definirá al nuevo presidente de la Corte, las tendencias marcan 5 votos a favor de un candidato autónomo e independiente de Palacio y 3 votos a favor de un candidato o ministro cercano a Palacio Nacional. Los tres votos que definirán claramente esta decisión están entre la ministra Ríos Farjat, el ministro González Alcántara y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Este último también aspira a presidir la Corte y en los pasillos del Palacio de Justicia se menciona incluso que, en la pasada votación de la Ley eléctrica, le habrían ofrecido apoyarlo en su proyecto con los votos de los ministros “Pro 4T” si votaba a favor de la constitucionalidad de la ley, cosa que hizo de manera parcial.

Un indicador de ese apoyo podrá ser la conferencia magistral que el ministro Ortiz Mena va a dictar el próximo viernes 13 de mayo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a donde fue invitado por la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. La plática del jurista se titula “La Suprema Corte y la Democracia en México” y está anunciada a las 11 horas de ese día en el Auditorio “Eduardo Alday Hernández” del Campus Bicentenario ubicado en la ciudad de Villahermosa. Para nadie es un secreto la influencia que ejerce en la universidad pública tabasqueña un exgobernador y actual secretario de Gobernación, como Adán Augusto López, quien fue visto operando presencialmente los votos en la Suprema Corte a favor de la Ley de Industria Eléctrica el pasado 7 de abril.

Todavía faltan muchos movimientos, definiciones y hasta maromas que se verán en el abierto juego sucesorio en la Suprema Corte de Justicia. Lo único que hoy está claro es que ambos bloques tienen un líder y operador: el ministro presidente Zaldívar operando a favor de un sucesor cercano al gobierno de López Obrador y el ministro Javier Laynez Potisek encabezando la corriente en favor de la autonomía de la Corte.

Veremos, pues, hacia dónde se mueven las tendencias y los aspirantes a encabezar al máximo órgano constitucional y de justicia en el país, pero sobre todo hacia dónde se inclinan los ministros que aún no están totalmente definidos por ninguno de los dos bloques. La votación se gana con mayoría simple de 6 a 5 y por esa cifra están ya movidos y operando los aspirantes cantados y los operadores de cada bloque.

Al final, el tema de la nueva presidencia de la Corte es vital no sólo para el Poder Judicial y su autonomía por los próximos cuatro años, sino también para Palacio Nacional, en donde el presidente López Obrador no quita el dedo del renglón de controlar al pleno judicial, algo que hasta ahora no ha podido a pesar de sus intentos. Una Corte a favor o al menos cercana en el último bienio de su mandato le sería muy útil y cómoda al tabasqueño, así como una Corte autónoma e independiente o incluso con un presidente hostil a su gobierno, podría ser un infierno para el inquilino de Palacio Nacional.

NOTAS INDISCRETAS…

La Secretaría de la Función Pública informó este viernes que no encontró evidencias que acrediten la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus familiares por probable conflicto de interés relacionado con la investigación periodística conocida como “la Casa Gris”. A ese texto que es parte del informe oficial que ayer presentó la SPF, si usted le cambia el nombre de López Obrador por el de Peña Nieto y el del color de la casa de gris a blanca, cualquiera pensaría que para redactar su informe el secretario Roberto Salcedo Aquino agarró el machote del informe presentado hace 7 años, el 21 de agosto de 2015, referente a la Casa Blanca de Peña Nieto y sólo le cambió los nombres y el color, para decir exactamente lo mismo que respondió el gobierno peñista a las acusaciones de conflicto de intereses en contra del entonces presidente y su esposa Angélica Rivera,  cuando exculparon al mandatario y a la señora de cualquier “falta administrativa” por haber recibido una mansión en Las Lomas de parte de un contratista del gobierno que además era su compadre Juan Armando Hinojosa Cantú. De hecho, si en vez de Roberto Salcedo se dice que ese informe de ayer lo elaboró y lo presentó Virgilio Andrade, cualquiera lo creería. Así, recurriendo exactamente a los mismos razonamientos legales e interpretaciones a modo de la ley, el gobierno de la 4T exculpa al presidente y a su hijo José Ramón López Beltrán de cualquier “conflicto de interés” por haber aceptado vivir en la casa de un alto ejecutivo de la empresa texana Baker Hughes, contratista del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos, que además incrementó en más de 400% el monto de los contratos que recibía del gobierno mexicano, justo en los años en los que el hijo mayor del presidente vivía en la mansión en Houston, propiedad de uno de sus principales directivos. Cada vez va quedando más claro que, por más que se diga diferente, el gobierno de López Obrador no sólo ya se igualó a los del pasado, sino que, en muchos casos, no precisamente, positivos, empieza a rebasarlos… Los dados mandan Escalera Doble. Bien termina la semana.

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  En México, los hombres matan a las mujeres porque pueden y porque no pasa nada/Amador Narcia

El Universal, 

La tragedia de los feminicidios en México no es nueva, pero en semanas recientes parece más terrible.

Lo sanguinario y las circunstancias de esos asesinatos rebasan cada vez más a nuestra capacidad de asombro e indignación. Pero la pregunta capital es ¿por qué?

Esta semana, el presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, lo explicó de manera impecable e implacable ante universitarios:

“¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada, porque no hay consecuencias,porque los feminicidios no se investigan, porque cuando se investigan, se investigan mal y, como se investigan mal, por regla general las carpetas en las fiscalías no se arman adecuadamente y de ahí viene después la impunidad con las resoluciones, pero los asuntos que se judicializan de desapariciones y muertes de mujeres son una minoría casi insignificante”.

La situación es gravísima y aunque la tenemos frente a nuestros ojos, no la queremos ver:

“Hay dos razones que generan esta tragedia nacional: primero, la cultura machista que se viene repitiendo de generación en generación en la cual las mujeres son solo un objeto del cual los hombres pueden disponer a su discreción, una cultura que empieza en los hogares pero que se perpetúa en las escuelas y en las universidades y cuando tenemos ambientes donde permitimos que maestros y alumnos acosen a las alumnas, cuando no establecemos políticas de cero tolerancia, al lenguaje, a los chistes, a las miradas y al multi acoso que sufren todas las mujeres” (…) “Cuando culpamos a las víctimas de feminicidio o desaparición, cuando decimos desde los centros de autoridad o desde los medios o desde las charlas, que las mujeres tienen la culpa porque usaron minifalda, porque salieron de noche, porque las dejaron las amigas. Lo más novedoso ahora es porque tienen una familia destruida, donde no tienen armonía ni cariño. Nada justifica que maten a las mujeres”.

Y la segunda razón, aseguró el ministro presidente, es por la impunidad, porque no hay consecuencias.

Tristemente, no es un asunto menor:

“Estamos en un país donde matan en promedio a diez mujeres al día, estamos en un país en donde las mujeres y las niñas desaparecen y las matan con total impunidad mientras la sociedad y las autoridades volteamos a otro lado” (…) Las chicas que salen a protestar lo hacen con energía, con fuerza, a veces con violencia ¿por qué?, porque las están matando, porque las están violando, porque las están desapareciendo. Tenemos que voltear a verlas, tenemos que conectar con su dolor”

Y dijo algo que ahora parece dificilísimo:

“Tenemos que construir un país donde cualquier mujer pueda estar en la calle a cualquier hora, vestida como ella lo determine y no por eso atacar y se le desaparezca” (…) “En ese país se es pobre y mujer y se puede desaparecer a esta persona y nadie la busca” (…) “Más allá de discursos, y más allá de todo lo que podamos decir, requerimos tomar medidas urgentes y no multiplicar las excusas. Todas y todos tenemos una responsabilidad (…) Debemos celebrar una gran alianza en contra de los feminicidas”.

Y, en efecto, como dijo el presidente de la Corte, mientras eso no ocurra este no país no tendrá seguridad, no tendrá justicia y no tendrá paz.

Ahí está el diagnóstico. Falta ver si las autoridades “responsables” cumplen con su deber y si la sociedad permanece indiferente, apática y omisa.

Monitor republicano

Solo para el récord, según cifras oficiales, en lo que va del actual gobierno se han registrado 3,200 feminicidios. Solo en 2022, 229. Son los “registrados”, ¿cuántos serán realmente los ocurridos?

anarciae@gmail.com

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Inventar al enemigo/ Sergio García Ramírez

El Universal,

El gobierno y sus afines, movidos por un hondo resentimiento, han impulsado la división de la sociedad y alentado las contiendas y la venganza. Este proceso marcha bajo las banderas de una renovación hipotética —que es retroceso— y al amparo de un caudillo que concentra el poder y pretende perpetuar su imperio.

La historia refiere muchos empeños semejantes, con trágicas consecuencias. Para afianzar su dominio, los practicantes de estos procesos crean fantasmas, inventan enemigos y se benefician de la discordia, cuyo himno de guerra es el discurso de odio. Hay muchos ejemplos en las páginas de la historia.

Los penalistas se refieren a un “Derecho penal del enemigo” (que ha infectado la ley mexicana, incluso en preceptos constitucionales), y examinan sus raíces y sus consecuencias. Se trata de un orden jurídico construido para separar a los ciudadanos comunes de los enemigos irredimibles que deben ser contenidos e incluso exterminados.

Estos deslindes sombríos no son cosa de nuestro tiempo ni de nuestro medio. Recordemos la cruzada medieval que privó de la vida a las “brujas”, inventadas como enemigas de la comunidad cristiana. Evoquemos las arremetidas del Santo Oficio contra los herejes, consumidos en hogueras punitivas. Y mencionemos la persecución contra los judíos en el siglo XX, identificados por el nazismo y su caudillo como veneno para la sangre de los buenos ciudadanos. En esos tiempos (pero también en éstos, a la sombra de conocidos extravíos) se dijo que el poderoso en turno encarnaba a la Patria, como lo pretenden los modernos feligreses del autoritarismo.

En estos días hemos presenciado y estamos padeciendo un movimiento belicoso que denuncia a muchos ciudadanos como enemigos del poder, adversarios manifiestos o encubiertos de las “verdades oficiales”, aspiracionistas contumaces, liberales peligrosos, “traidores a la Patria”. En suma: enemigos a los que es preciso identificar, combatir y someter a toda costa. Esta marejada de autoritarismo, que inventa enemigos y arremete contra ellos, asumió la tribuna hace pocos años y no la ha abandonado. Por el contrario, la despliega con creciente encono. No hay día en que no propale difamaciones y encienda pasiones.

Últimamente los autoritarios emprendieron otra batalla contra quienes contrarían sus designios. Los calificaron, de entrada, como “traidores a la Patria”, identificada con un personaje elevado a la condición de ser supremo, Mío Cid de todas las batallas. Aquéllos denuncian a los insumisos ante el pueblo engañado, ponen los retratos de los relapsos a la vista de eventuales ejecutores y promueven reacciones enconadas a partir de un discurso de odio que impugna a quienes se apartan de las consignas oficiales.

Hacía mucho tiempo que no veíamos semejante despliegue de ira y encono en una sociedad que se identifica como democrática. Los autoritarios y su guía han violentado las más elementales reglas de la democracia, validos de la siembra de pasiones y la explotación del engaño.

Es necesario que pongamos en claro la ascendencia histórica de quienes ahora nos violentan, su parentesco moral con los perseguidores de brujas y ejecutores de herejes, y su clara cercanía con los seguidores del nazismo y el fascismo. Todos, en su hora, inventaron enemigos. Ojo con los facciosos que pretenden una mayor acumulación del poder, sin límite ni plazo. Ya se nos dijo que en el 24 arrasarían a sus adversarios, es decir, a la mayoría del pueblo de México. Lo mismo sostuvo, hace poco menos de un siglo, cierto personaje que prometió a sus feligreses un imperio que duraría mil años.

Profesor emérito de la UNAM

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Un informante suelto en la Corte Suprema/ Aziz Huq, Professor of Law at the University of Chicago, is the author of The Collapse of Constitutional Remedies (Oxford University Press, 2021)

. Traducción: Esteban Flamini.

Project Syndicate, Sábado, 07/May

Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, alguien con acceso a la Corte Suprema reveló intencionalmente un borrador de opinión del tribunal en un caso de alto perfil, con la aparente intención de influir, sea en las deliberaciones de la Corte, sea en la reacción de la opinión pública a la presunta decisión. El contenido del borrador (que anularía el histórico fallo de 1973 en Roe v. Wade, donde se estableció el derecho constitucional al aborto) es de suma importancia y desalentador. Pero no menos grave es el modo en que el periódico Politico obtuvo el borrador. Para la Corte, en cuanto institución, no augura nada bueno si el informante fue alguno de los jueces (y no un joven auxiliar de justicia); más preocupante aún si se tratara de un miembro del ala conservadora en vez de liberal.

Los comentaristas se apresuraron a especular sobre el origen de la primicia de Politico. Como los borradores de opinión surgen de la Corte, y se los guarda bajo siete llaves, es muy improbable que alguien ajeno al tribunal se haya encontrado el documento por accidente. Tampoco es probable que la filtración proceda de algún secretario o asistente (empleados permanentes cuyas carreras dependen de la lealtad a la Corte). Es decir que todo indica que la ejecutó o facilitó alguno de los auxiliares de justicia (brillantes graduados jóvenes de abogacía a quienes se contrata por un año al inicio de sus carreras) o un miembro de la Corte.

La diferencia entre auxiliar y juez es importante, porque si el informante fue un miembro de la Corte, no hay mecanismos viables para la rendición de cuentas. Puesto que ninguna ley federal obliga en forma directa a mantener los borradores de opinión en secreto, es muy difícil que exista responsabilidad penal. Aunque el código de conducta de los empleados judiciales hace mención explícita de un estatuto penal federal que prohíbe el robo de un «objeto de valor de los Estados Unidos», la aplicabilidad de esta norma a un borrador de opinión es, en el mejor de los casos, discutible. Una investigación de la justicia penal enfrentaría grandes obstáculos.

La sanción más probable para la persona involucrada es de carácter extrapenal; pero sólo alcanzaría a un auxiliar de justicia, no a un miembro de la Corte. Si el informante fue un auxiliar, se expone a despido por violar el código de conducta de los tribunales federales. La experiencia pasada indica que sufrirá un fuerte escarnio y consecuencias profesionales permanentes. Pero por otra parte, si hemos de juzgar por Twitter, abundan hoy figuras, tanto liberales como conservadoras, dispuestas a dar aceptación y refugio a alguien de su grey.

Cabe destacar que si el borrador lo filtró un juez, no hay una infracción ética, porque la Corte Suprema exime a sus miembros de cumplir el código de conducta judicial. El único control al que están sujetos los supremos es el juicio político. Pero en el hiperpolarizado ambiente político de los Estados Unidos, cuesta imaginar que republicanos o demócratas permitan la destitución de un aliado en la justicia.

Así como la filtración es más preocupante si su origen fue un juez y no un auxiliar de justicia, se vuelve todavía más inquietante si la originó alguien alineado con el ala conservadora de la Corte. Por supuesto que no es porque haya distintas normas éticas para distintas ideologías, sino porque la afinidad ideológica del informante cambia las implicaciones de la filtración para el futuro del tribunal.

Supongamos en primer lugar que el informante fue alguien alineado con el ala liberal. Costaría imaginar por qué lo hizo. Tal vez pensara que la revelación del borrador sacaría a miles de manifestantes a las calles, y que eso obligaría a los firmantes del fallo en mayoría a dar marcha atrás. Pero más allá de la inmoralidad del hecho, es una explicación fantasiosa. Como señaló el politólogo Robert Dahl, la Corte responde a la política de las élites, no a la de la calle. En los círculos elitistas que frecuentan el juez supremo Samuel Alito (autor del borrador de opinión) y sus colegas, mostrarse haciendo frente al movimiento «woke» es más una medalla de honor que un estigma de deshonra.

Imaginemos ahora los incentivos para un informante conservador. Es extraño que el borrador filtrado sea de hace tres meses. ¿Por qué publicar un borrador viejo, que tal vez ya fue modificado, incluso si (como insinúa Politico) puede que todavía represente la opinión mayoritaria de la Corte? Una respuesta obvia sería que el objetivo del informante fue evitar que uno de los jueces de la mayoría se cambie de bando. Algunos medios han sugerido que el supremo John Roberts redactó un fallo más acotado (¡otra filtración!) que defiende la legislación antiabortista de Mississippi sin anular el fallo en Roe. Un informante conservador tal vez haya pensado que con la filtración podía presionar a un miembro vacilante de la coalición de Alito para que se mantenga firme. En los círculos conservadores donde se mueve la mayoría de los jueces, que a uno lo vieran cambiar de bando después de apoyar el borrador de Alito sería motivo de burlas y deshonra.

Por supuesto que la realidad del asunto no la conocemos. Pero un hipotético informante conservador al menos habría actuado con una probabilidad razonable de éxito y poco temor a sufrir consecuencias. En cambio, si resultara que el informante fue un liberal, esto sería indicio, no del modo en que funciona el poder dentro de la Corte, sino apenas de lo que es capaz de hacer alguien asustado y sin poder. Mostraría que hubo una única persona lo bastante tonta para creer que con marchas en las calles se podía hacer cambiar de opinión a la Corte.

Si resultara que el informante fue un conservador, eso también demostraría que al menos algunos miembros de la facción dominante de la Corte están más comprometidos con los objetivos ideológicos del conservadurismo que con las instituciones políticas de los Estados Unidos. Sería la prueba de que una parte de esa facción está dispuesta a echar por la borda las normas éticas, coquetear con la responsabilidad penal y usar el temor a la vergüenza para presionar a un miembro vacilante; incluso cuando tienen una sólida mayoría en la Corte y pocos motivos para temer represalias políticas. Y lo más preocupante es que si se salen con la suya, la tentación de actuar por fuera de la ley para acrecentar su poder se volverá más fuerte.

La peor hipótesis es que la investigación ordenada por Roberts revele que el informante fue un juez supremo conservador. Eso supondría un ingreso realmente desestabilizador a territorio desconocido; porque indicaría que hay un juez supremo, no sujeto a mecanismos de control, que considera aceptable aprovecharse de la laxitud de la normativa ética de la Corte para mantener a su facción unida y en mayoría. Imaginemos ahora a ese juez evaluando disputas electorales que se presenten ante la Corte en 2022, 2024, etcétera. Si los integrantes del tribunal valoran más su ideología que a la Corte como institución, entonces en verdad la democracia estadounidense está en peligro.

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Mexicanas en pie de lucha

LINOTIPIA / Peniley Ramírez

en REFORMA

Nayeli Roldán tiene el cuerpo menudo, el cabello corto, una sonrisa de niña y la voz firme de quien dirige una expedición. Cuando entrevista alguna persona poderosa, echa el torso hacia adelante, aquieta las manos y mira sin pestañear, con expresión de póker. Su cuerpo se encoge en un ademán dulce, casi fraterno, cuando habla con quienes viven en los bordes de la economía y la política. Su compasión por las víctimas y su habilidad para atar cabos dificilísimos, con la paciencia de una artesana y el ingenio de una matemática, la han colocado donde está hoy. Roldán es una de las voces más influyentes del periodismo en México, una referencia de rigor y profundidad que cimentó con "La Estafa Maestra" -Premio Nacional de Periodismo de México y Premio Ortega y Gasset de España.

Después de una exitosa carrera como reportera en Animal Político y autora, ahora Roldán dirige su primer proyecto colectivo, Mexicanas en pie de lucha, un libro que agrupa reportajes de ella y otras voces fundamentales del periodismo mexicano hoy, como Laura Castellanos, Daniela Rea, Claudia Ramos, Ivonne Melgar y Valeria Durán, con un prólogo de la indispensable novelista Alma Delia Murillo. El trabajo cotidiano de estas mujeres revisa el país desde el Palacio y la calle. Es un tejido paciente entre el poder y su contexto, que hacen desde la verificación de hechos, el contraste del discurso con los documentos, la búsqueda de voces diversas, el reporteo de pueblos, cárceles y oficinas.

Roldán reunió a semejante grupo porque quería contar la historia del feminismo mexicano durante el obradorismo como ellas saben hacerlo: desde una rigurosa narrativa de no ficción. Decidió que sus coautoras serían periodistas con publicaciones previas sobre los temas que abordarían, y escribirían reportajes de investigación, no crónica ni opinión.

Durante casi un año, investigaron los casos y acopiaron los documentos que sustentan este libro. El resultado es una pieza periodística con textos que se complementan en ritmo, voz y profundidad, revelan las batallas de poder, descubren cómo funcionan las nuevas olas del feminismo y siguen la ruta del dinero para explicar por qué la violencia y la impunidad continúan.

"El feminismo en México se ha contado mucho desde la academia. Ahora nos tocaba hacerlo a las periodistas que presenciamos estos cambios en la calle", me dijo Roldán. "No queríamos un libro polémico ubicado en uno de los extremos. En estos años, hemos escuchado a este gobierno (el obradorista) repetir que es el más feminista de la historia. Aquí está el periodismo para verificarlo".

Las autoras indagan cómo está ejerciéndose el poder femenino en la administración obradorista, donde programas para la inclusión de las mujeres se han cerrado o se les ha drenado el presupuesto por decreto, sin plan de acción concreto. Así sucedió con las guarderías, las estancias infantiles, los refugios, los programas para víctimas, cuyo presupuesto disminuyó en 73% en un país donde asesinan a 10 mujeres cada día. "En este gobierno la cuota de género está. Pero de eso a que las mujeres están tomando las decisiones hay una brecha muy grande", me dijo Roldán. "Si hay impunidad, significa que alguien decidió no dar el presupuesto suficiente para la investigación".

También cuentan las historias de la cuarta ola mexicana. Narran por qué algunas mujeres hoy ponen el cuerpo en las manifestaciones como un acto político, frente a una crítica que viene desde todos los ámbitos de la sociedad, señalando que deberían protestar tranquilamente, sin violencia.

El libro documenta la historia del feminismo en México y su estado actual, cuando la pandemia ha retrasado casi una década la inclusión laboral y social de las mujeres. "El feminismo mexicano no inició en 2018. No es un movimiento contra los hombres o contra un hombre. Es la búsqueda de mejores condiciones para nosotras frente a un sistema patriarcal. Desde hace más de 60 años hay mujeres ganando espacios y creando el andamiaje institucional que tenemos hoy", me dijo Roldán.

Celebro que el periodismo nos ayude a responder preguntas fundamentales sobre nuestra sociedad y que existan en México mujeres como estas, que revisan al poder, mirándolo a los ojos.

@penileyramirez

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AMLO y la dictadura cubana/Jorge Ramos Ávalos

en REFORMA

Dime quiénes son tus héroes y te diré quién eres.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nunca ha ocultado su peligrosa simpatía por la dictadura cubana. Lejos de eso, la defiende en cada oportunidad. Su visita este fin de semana a la Habana -y las dos recientes visitas que ha realizado a México el dictador cubano Miguel Díaz-Canel- son una muestra de la estrecha, extraña y preocupante relación entre un Presidente elegido democráticamente y el tirano de la isla.

La generación de López Obrador (nacido en 1953) creció bajo el entusiasmo y la enorme influencia de la Revolución cubana. Y cuando él era un adolescente, Fidel Castro ya se había impuesto como líder único de un régimen cada vez más autoritario y represo.

Pero muchos -y basta citar a Mario Vargas Llosa, Octavio Paz y Carlos Fuentes- se desencantaron rápidamente con la Revolución cubana y con sus abusos. AMLO no. Hoy, junto con Venezuela y Nicaragua, se trata de una de las dictaduras más represivas del continente.

Con 63 años en el poder solo han tenido tres líderes: Fidel y Raúl Castro, y actualmente Díaz-Canel. No hay ningún vestigio de democracia en la isla, donde están prohibidos los partidos políticos. Además, no existe la prensa libre y las manifestaciones antigubernamentales son castigadas con largos periodos en la cárcel. Cientos de los artistas y disidentes que protestaron hace unos meses al ritmo de la canción Patria y vida siguen detenidos.

Cuba es una dictadura.

Cuba es una dictadura.

Cuba es una dictadura.

Pero no importa todas las veces que lo digamos, López Obrador la sigue defendiendo. Y admirando.

En una entrevista en el 2017 López Obrador me dijo que "Jesús y Ernesto Che Guevara: es mi admiración. El Che es, creo yo, un revolucionario ejemplar". Inmediatamente lo interrumpí y le dije que el Che también "realizó muchas ejecuciones". A lo que él respondió que "tiene ese cuestionamiento pero fue un hombre que ofreció su vida por sus ideas, por lo que él creía".

Una cosa es admirar a la Revolución cubana en los años sesenta o setenta y otra, muy distinta, seguirlo haciendo en pleno siglo XXI, cuando están documentadas sus violaciones a los derechos humanos, sus torturas y ejecuciones de opositores, y su absoluta falta de democracia. Pero ese es precisamente el régimen que AMLO se rehúsa a criticar.

En esa misma entrevista -antes de que Díaz-Canel fuera nombrado primer secretario del Partido Comunista de Cuba- le pregunté a López Obrador si "¿ya le podemos llamar a Raúl Castro dictador?". Y él me dijo que "no le llamaría así a nadie". Insistí. "Es una dictadura desde 1959", le dije. "No voy a meterme en eso; soy respetuoso", me contestó.

López Obrador ha decidido ser "respetuoso" con una de las dictaduras más largas y que más han reprimido los derechos individuales en la historia del continente americano. Frecuentemente dice que él defiende la política de "no intervención" en los asuntos internos de otros países. Pero la defensa de los derechos humanos siempre va por encima de la soberanía. Es difícil entender que López Obrador quiera democracia para los mexicanos pero no para los cubanos.

Cuba y su comunismo no son, ni pueden ser, un ejemplo para México (ni para ningún país). Por el contrario, es precisamente el modelo que nunca deberemos emular. Menos libertades, menos democracia, más represión y más control gubernamental no es el camino para México. Cuba no puede ser una referencia para México. Se me ocurren tantos otros países pero no la isla comunista.

Tras más de tres décadas viviendo en Miami me ha tocado conocer a miles de víctimas de la dictadura cubana. Perdieron país, familia, casa y hasta la vida. Y aquí he aprendido que ante las tiranías no puedes ser neutral. Hay que tomar partido.

Desafortunadamente, el presidente López Obrador se ha puesto del lado de la dictadura y del lado equivocado de la historia. Visitar Cuba y defender al régimen de la Habana cuando hay cientos de presos políticos en sus cárceles y no hay posibilidades de elecciones pluripartidistas es una traición a la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Uno escoge a sus héroes. Pero la tragedia es cuando esos héroes de juventud te llevan a ponerte del mismo lado de matones, represores y torturadores.

@jorgeramosnews

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Ángel/Jorge Volpi

en REFORMA

El 11 de diciembre de 2006, sin previo aviso, el presidente Felipe Calderón ordenó el primer operativo conjunto de la policía y el Ejército en tareas de seguridad pública en Michoacán: ese día, casi inadvertidamente, se instauró en México un estado de excepción que se prolonga hasta hoy. Han transcurrido dieciséis años en los cuales las Fuerzas Armadas, en sus diversas encarnaciones, se han inmiscuido en tareas que, en regímenes auténticamente democráticos, deberían corresponderle solo a los civiles.

Los discursos desde el poder que han acompañado semejante estrategia -el supuesto poder omnímodo de cárteles y narcos; la infiltración del crimen organizado en las policías; su abierto desafío hacia el Estado- han enmascarado una vertiginosa militarización que a la fecha no ha ofrecido ningún resultado: en vez de disminuir, la violencia ha crecido estrepitosamente, con cifras de muertos, desaparecidos y desplazados propias de una guerra civil; el tráfico de drogas se ha mantenido incólume, con precios más o menos estables y una mayor diversificación de mercados y materias primas; el descabezamiento de los capos solo disparó rivalidades resueltas en cruentas pugnas intestinas; y el país se ha convertido en un campo de batalla y un vasto cementerio.

La retórica de la guerra contra el narco de Calderón, con su ardor maniqueo, se atemperó en el gobierno de Peña Nieto sin suspender el estado de excepción. En su campaña de 2018, López Obrador se manifestó contra este empeño y se comprometió a devolver a los militares a sus cuarteles. Tres años después de su triunfo, sus acciones han sido justo las contrarias: ha dejado en manos militares la seguridad pública -en una nueva institución, la Guardia Nacional, solo formalmente civil- y ha expandido su campo de acción a órdenes de la vida pública que jamás habían rozado: la construcción y administración de infraestructura -incluyendo el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya-, proyectos inmobiliarios y financieros -se cancelaron todos los fideicomisos menos los instaurados en el Ejército y la Marina- e incluso el control de puertos y aduanas.

Nunca el estado de excepción había llegado a extremos en los cuales los militares amasaran tantos recursos y tanto poder, agazapados en una nueva retórica: la de formar parte de una transformación que es en realidad una involución. Fascinado con su lealtad y eficacia, López Obrador ha convertido a las Fuerzas Armadas en sus principales aliadas, abriéndoles espacios que muy difícilmente dejarán y pagando sus servicios con toda suerte de prebendas y concesiones. Por si no bastara, se apresta a presentar una iniciativa de reforma constitucional para plasmar sobre el papel lo que ya es una realidad: el trasvase directo de la Guardia Nacional, hoy bajo la teórica tutela de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Defensa.

Valiéndose de un argumento tan pueril como condescendiente -la idea de que nuestros militares son "pueblo uniformado"-, López Obrador se empeña en lavarle la cara a una institución que ha sido directamente responsable del aumento de la violencia y cuyas reiteradas violaciones a los derechos humanos han quedado bien documentadas. Pueblo uniformado nada significa: sus integrantes son los mismos que estaban allí cuando se produjeron las 250 mil muertes y miles de desapariciones ocurridas desde 2006 y son los mismos que han desempeñado oscuros papeles en distintas masacres o en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Días atrás, miembros de la Guardia Nacional abrieron fuego contra unos jóvenes en Irapuato, hiriendo a una estudiante y ocasionando la muerte de Ángel Ignacio Rangel, de 19 años. Como de costumbre, las explicaciones oficiales han sido vagas, la investigación defectuosa y las resoluciones judiciales incomprensibles. La militarización extrema conduce al uso arbitrario de la fuerza. La idea de incorporar a la Guardia Nacional al Ejército debería quedar ya descartada: lo que se impone no es legitimar el estado de excepción permanente, sino acabar con él con una urgente transformación de nuestro sistema de justicia.

@jvolpi