Publicado en la revista Foreign Affairs en Español, Verano del 2002, http://www.foreignaffairs-esp.org/
Breve historia de la verdad
A partir del 11 de septiembre, la mayor parte de los comentarios sobre el tema de la justicia internacional se han centrado en cómo se deberá proceder con Osama bin Laden y sus terroristas de Al Qaeda cuando sean capturados, si es que eso llega a ocurrir. Sin embargo, los debates sobre tribunales militares, juicios internacionales y otras inquietudes similares surgidas de la campaña en Afganistán han restado relevancia a lo que podría considerarse la innovación reciente más importante en materia de justicia post-transición democrática: el crecimiento en número e importancia de las comisiones de la verdad. Algunas voces han comenzado a pedir que un organismo de ese tipo examine los distintos crímenes de los talibanes; en Afganistán sin embargo todavía impera el caos y la violencia, y su gobierno provisional es aún demasiado frágil. Pero que no haya una comisión de la verdad va contra la tendencia generalizada. En todas partes éstas parecen brotar con asombrosa puntualidad.
Por ejemplo, al tomar el poder en octubre de 2000, una de las primeras medidas de Vojislav Kostunica, primer presidente electo libremente en Yugoslavia, fue anunciar la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes cometidos durante las guerras yugoslavas de sucesión. Nueve meses después y al otro lado del mundo, Alejandro Toledo hizo una promesa similar el día que fue electo para sustituir al autocrático Alberto Fujimori como jefe de Estado peruano. Inimaginables hace poco tiempo, medidas como ésta acompañan hoy a casi cualquier transición, sea de guerra civil o régimen autoritario. Anunciar la creación de una comisión de la verdad se ha convertido en una fórmula muy popular que permite a los nuevos líderes mostrar sus auténticas intenciones democráticas y congraciarse con la comunidad internacional. En los meses transcurridos entre los pronunciamientos de Kostunica y Toledo, por ejemplo, se crearon otras 10 comisiones en países tan distintos como Bosnia, Timor Oriental, Panamá y Sierra Leona.
El negocio de la verdad, en resumen, está creciendo. Incluso surgió una nueva disciplina académica que estudia las comisiones, y ya se imparten cursos sobre la materia en las facultades de derecho de las universidades de Nueva York, Harvard, Michigan y Columbia; cada año se publican numerosos libros y artículos relacionados. Además, en marzo pasado, se estableció la primera empresa del mundo dedicada a las comisiones de la verdad, el International Center for Transitional Justice (ICTJ), que abrió sus oficinas en Wall Street.
A pesar de su creciente popularidad, casi todos los aspectos de las comisiones de la verdad (misión, composición y resultados) son ahora objeto de intenso debate. La mayoría de las críticas proviene de la fuente menos previsible: el tradicional conjunto de agrupaciones de defensa de los derechos humanos, que hasta hace poco apoyaba con entusiasmo los proyectos de este tipo en todo el mundo.
Ensayo y error
Hubo más de 21 comisiones de la verdad desde 1974. No es sorprendente que sus objetivos y estructuras hayan presentado grandes diferencias, lo mismo que sus resultados. Aun así, se pueden hacer algunas generalizaciones. Desarrolladas inicialmente en América Latina durante los años ochenta, las comisiones de la verdad constituyen una herramienta de la que los países traumatizados se sirven para dejar un registro histórico correcto. Las comisiones permiten a las naciones recién democratizadas investigar los crímenes del pasado y desenmascarar las mentiras que los regímenes previos usaron para encubrir sus abusos. Lo más importante es que las comisiones de la verdad logran esos objetivos sin la mediación de proceso judicial alguno, lo que explica tanto su popularidad como la controversia de que son objeto.
Que no haya juicios constituye un aspecto esencial de la identidad de las comisiones y una especie de pararrayos tanto para sus partidarios como para sus críticos. En general, las comisiones operan sin jueces, juzgados ni ninguno de los engorrosos ornamentos (y salvaguardas) que implica un proceso legal. A diferencia de lo que sucede en una corte, una comisión no busca el castigo ni la represalia. A menudo tiene la capacidad de otorgar algún tipo de amnistía, y su labor consiste en descubrir qué le pasó a quién y por qué. Sin embargo, raramente se pone de relieve quién cometió los abusos. Son muy pocas las comisiones de la verdad que dan a conocer el nombre de los criminales, y cuando lo hacen es sólo con la intención de propiciar la censura moral o quizá social... pero jamás una sanción legal.
Lo natural sería pensar que esta incapacidad de castigar haría que las comisiones resultaran extremadamente impopulares. Pero, de hecho, el efecto ha sido precisamente el contrario. Después de todo, el proceso penal, mecanismo ordinario para determinar las sanciones, es una alternativa que está lejos de ser perfecta para alcanzar la justicia en las transiciones. Los funcionarios de mayor nivel del régimen que deja el poder a menudo exigen inmunidad jurídica como parte del acuerdo de transición. Además, incluso después de que los gobiernos represivos dejan el poder, algunos de sus funcionarios públicos, como jueces, fiscales y policías, permanecen en sus puestos. Esto responde a una razón práctica, ya que las nuevas democracias no pueden permitirse la purga de todos los tecnócratas con experiencia, aunque invariablemente hace que los antiguos crímenes se investiguen y castiguen con menos vigor. Los juicios, además, son complicados y caros, porque deben ajustarse a criterios de acusación y pruebas muy exigentes, y por lo general los recursos de los gobiernos recién instalados son muy reducidos.
Incluso en países con voluntad de enfrentar el pasado, los juicios no han resultado una buena alternativa. En el mejor de los casos, los procesos para castigar crímenes contra los derechos humanos son limitados en número y de alcance selectivo. Por ejemplo, en los juicios de Nuremberg realizados bajo el auspicio de los aliados de la Segunda Guerra Mundial se examinaron 85882 casos, pero no se lograron más que 7000 condenas, y eso por hechos como el Holocausto y las demás atrocidades cometidas por los nazis. Además, los juicios se dirigen no a las fuerzas sociales o económicas en general sino a individuos y, dado el caso, a un conjunto particular de individuos: los autores del crimen y no sus víctimas.
Por lo menos en teoría, las comisiones de la verdad hacen frente a todas estas deficiencias. Como renuncian a la facultad de imponer un castigo, la oposición de los miembros de los antiguos regímenes es menor. Como evitan los procesos judiciales, pueden investigar con profundidad las injusticias institucionales del pasado. Y, gracias a su perspectiva más amplia, las comisiones permiten que las víctimas, y no sólo los agresores, puedan contar su historia, algo que se supone tiene un fuerte poder curativo para quienes han sufrido. Así, por lo menos, es como se supone que deben funcionar las comisiones de la verdad. En la práctica, los resultados de las comisiones han sido variados, y sus procedimientos a menudo han sido objeto de manipulación o influencia política. Por eso, al mismo tiempo que proliferan, ha surgido un intenso debate sobre si las comisiones causan más problemas de los que solucionan, y si merecen el apoyo (o la censura) de la comunidad internacional.
Parte del rechazo proviene de fuentes previsibles como las figuras fuertes del pasado o sus apologistas, que argumentan que es mejor dejar la historia atrás que abrir viejas heridas. Pero resulta más difícil pasar por alto las críticas, cada vez más estridentes, que emanan del conjunto de las organizaciones de derechos humanos, antaño aliadas de las comisiones de la verdad. Según esa crítica, las comisiones de la verdad son pactos con el diablo, acuerdos defectuosos entre quienes buscan la justicia y quienes tratan de obstruirla. Sostienen que si bien es cierto que en alguna época fue necesario hacer tratos de ese estilo, actualmente ya no lo es. La tendencia mundial hacia la justicia internacional ha hecho que cada vez sea más fácil llegar a instancias judiciales, mientras que las comisiones se limitan a acaparar la atención y los recursos que deberían destinarse a procesos criminales. Finalmente, los críticos cuestionan incluso el principio conceptual mismo en el que se basan las comisiones: la idea de que se puede individualizar una versión del pasado y establecerla como "la verdad" que, una vez hecha pública, llevará a que cicatricen las heridas nacionales o a algo que se da en llamar reconciliación.
Estas críticas ponen de manifiesto ciertas dinámicas extrañas que las comisiones y sus partidarios tienden a soslayar con demasiada frecuencia. Sin embargo, también pasan por alto una parte esencial de la imagen total: las deprimentes realidades que, antes que nada, obligan a hacer tales pactos en el terreno de la justicia. Los gobiernos de transición llegan al poder con muchas prioridades y obligaciones, y con pocos recursos. Por eso, es prácticamente inevitable que cualquier enfoque del pasado resulte problemático e incompleto. Un análisis somero de las experiencias de dos comisiones recientes, formadas en Sudáfrica y Guatemala, revela lo dolorosos que pueden llegar a ser estos pactos. No obstante, también muestra lo que las comisiones de la verdad, imperfectas al fin y al cabo, pueden lograr en la lucha de las nuevas democracias por superar los debilitantes traumas del pasado.
Llanto por la tierra amada
Que no haya juicios constituye un aspecto esencial de la identidad de las comisiones y una especie de pararrayos tanto para sus partidarios como para sus críticos. En general, las comisiones operan sin jueces, juzgados ni ninguno de los engorrosos ornamentos (y salvaguardas) que implica un proceso legal. A diferencia de lo que sucede en una corte, una comisión no busca el castigo ni la represalia. A menudo tiene la capacidad de otorgar algún tipo de amnistía, y su labor consiste en descubrir qué le pasó a quién y por qué. Sin embargo, raramente se pone de relieve quién cometió los abusos. Son muy pocas las comisiones de la verdad que dan a conocer el nombre de los criminales, y cuando lo hacen es sólo con la intención de propiciar la censura moral o quizá social... pero jamás una sanción legal.
Lo natural sería pensar que esta incapacidad de castigar haría que las comisiones resultaran extremadamente impopulares. Pero, de hecho, el efecto ha sido precisamente el contrario. Después de todo, el proceso penal, mecanismo ordinario para determinar las sanciones, es una alternativa que está lejos de ser perfecta para alcanzar la justicia en las transiciones. Los funcionarios de mayor nivel del régimen que deja el poder a menudo exigen inmunidad jurídica como parte del acuerdo de transición. Además, incluso después de que los gobiernos represivos dejan el poder, algunos de sus funcionarios públicos, como jueces, fiscales y policías, permanecen en sus puestos. Esto responde a una razón práctica, ya que las nuevas democracias no pueden permitirse la purga de todos los tecnócratas con experiencia, aunque invariablemente hace que los antiguos crímenes se investiguen y castiguen con menos vigor. Los juicios, además, son complicados y caros, porque deben ajustarse a criterios de acusación y pruebas muy exigentes, y por lo general los recursos de los gobiernos recién instalados son muy reducidos.
Incluso en países con voluntad de enfrentar el pasado, los juicios no han resultado una buena alternativa. En el mejor de los casos, los procesos para castigar crímenes contra los derechos humanos son limitados en número y de alcance selectivo. Por ejemplo, en los juicios de Nuremberg realizados bajo el auspicio de los aliados de la Segunda Guerra Mundial se examinaron 85882 casos, pero no se lograron más que 7000 condenas, y eso por hechos como el Holocausto y las demás atrocidades cometidas por los nazis. Además, los juicios se dirigen no a las fuerzas sociales o económicas en general sino a individuos y, dado el caso, a un conjunto particular de individuos: los autores del crimen y no sus víctimas.
Por lo menos en teoría, las comisiones de la verdad hacen frente a todas estas deficiencias. Como renuncian a la facultad de imponer un castigo, la oposición de los miembros de los antiguos regímenes es menor. Como evitan los procesos judiciales, pueden investigar con profundidad las injusticias institucionales del pasado. Y, gracias a su perspectiva más amplia, las comisiones permiten que las víctimas, y no sólo los agresores, puedan contar su historia, algo que se supone tiene un fuerte poder curativo para quienes han sufrido. Así, por lo menos, es como se supone que deben funcionar las comisiones de la verdad. En la práctica, los resultados de las comisiones han sido variados, y sus procedimientos a menudo han sido objeto de manipulación o influencia política. Por eso, al mismo tiempo que proliferan, ha surgido un intenso debate sobre si las comisiones causan más problemas de los que solucionan, y si merecen el apoyo (o la censura) de la comunidad internacional.
Parte del rechazo proviene de fuentes previsibles como las figuras fuertes del pasado o sus apologistas, que argumentan que es mejor dejar la historia atrás que abrir viejas heridas. Pero resulta más difícil pasar por alto las críticas, cada vez más estridentes, que emanan del conjunto de las organizaciones de derechos humanos, antaño aliadas de las comisiones de la verdad. Según esa crítica, las comisiones de la verdad son pactos con el diablo, acuerdos defectuosos entre quienes buscan la justicia y quienes tratan de obstruirla. Sostienen que si bien es cierto que en alguna época fue necesario hacer tratos de ese estilo, actualmente ya no lo es. La tendencia mundial hacia la justicia internacional ha hecho que cada vez sea más fácil llegar a instancias judiciales, mientras que las comisiones se limitan a acaparar la atención y los recursos que deberían destinarse a procesos criminales. Finalmente, los críticos cuestionan incluso el principio conceptual mismo en el que se basan las comisiones: la idea de que se puede individualizar una versión del pasado y establecerla como "la verdad" que, una vez hecha pública, llevará a que cicatricen las heridas nacionales o a algo que se da en llamar reconciliación.
Estas críticas ponen de manifiesto ciertas dinámicas extrañas que las comisiones y sus partidarios tienden a soslayar con demasiada frecuencia. Sin embargo, también pasan por alto una parte esencial de la imagen total: las deprimentes realidades que, antes que nada, obligan a hacer tales pactos en el terreno de la justicia. Los gobiernos de transición llegan al poder con muchas prioridades y obligaciones, y con pocos recursos. Por eso, es prácticamente inevitable que cualquier enfoque del pasado resulte problemático e incompleto. Un análisis somero de las experiencias de dos comisiones recientes, formadas en Sudáfrica y Guatemala, revela lo dolorosos que pueden llegar a ser estos pactos. No obstante, también muestra lo que las comisiones de la verdad, imperfectas al fin y al cabo, pueden lograr en la lucha de las nuevas democracias por superar los debilitantes traumas del pasado.
Llanto por la tierra amada
Cuando se pregunta a la gente si ha oído hablar de las comisiones de la verdad, los pocos que contestan que sí recuerdan, en general, la de Sudáfrica. Aunque no es ni la primera ni la más reciente, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Sudáfrica, que actuó entre 1996 y 1998, es por mucho el ejemplo más famoso del género.
La razón de esta celebridad es fácil de comprender, porque Sudáfrica siempre ha ocupado un puesto destacado en la imaginación internacional. Los gobiernos represivos hacen, por lo general, algún intento de disimular su mal comportamiento. Esto fue algo que casi nunca preocupó a Pretoria, que incluso elaboró una ideología de amplio alcance para legitimar sus actos. Como bastión de poder de una minoría blanca que perduró mucho después de que los colonos de esa raza se dieran por vencidos en el resto del continente, Sudáfrica fue un estado paria. Su infame legislación del apartheid, que entró en vigor en 1950, impuso una rígida separación racial en todos los aspectos de la vida; legitimó la reubicación forzosa de comunidades de negros, e impuso restricciones humillantes (entre ellas las vergonzosas "leyes de paso") a los ciudadanos que no fueran blancos. Cuando este sistema finalmente se derrumbó en 1994 y el país vivió una transición asombrosamente pacífica hacia una democracia multirracial, el mundo siguió los acontecimientos con profunda atención.
La CVR fue un intento audaz del gobierno del nuevo Congreso Nacional Africano (CNA) de hacer frente a la turbulenta historia del país de manera no vengativa, un notable acto de generosidad por parte de un pueblo que había sufrido terriblemente. Nunca antes había habido una comisión de la verdad que tuviera las facultades, el presupuesto y el tamaño de ésta, que excedía por mucho las comisiones previas y menos reconocidas de Argentina, Chile y El Salvador (modelos en los que se basó la CVR). Estos recursos sin precedentes incluían la potestad de buscar y capturar a los culpables, el derecho de emitir citatorios respaldados por un tribunal y, lo que fue objeto de serias controversias, la facultad de otorgar amnistías. Las audiencias de la CVR se llevaban a cabo en público (lo que también era inusitado), eran seguidas por una conferencia de prensa y se emitían diariamente por radio en toda Sudáfrica y en el mundo. El resumen semanal transmitido por televisión se convirtió en un éxito de audiencia.
La CVR también se vio beneficiada por el apoyo de dos figuras muy respetadas: el entonces presidente Nelson Mandela, un santo secular, y el presidente de la CVR, el arzobispo Desmond Tutu, un santo religioso. No puede subestimarse la importancia que tuvieron Mandela y Tutu: si ellos, que habían sufrido tanto y habían dirigido la batalla contra el antiguo régimen, podían perdonar, sin duda la nación seguiría su ejemplo.
¿Pero podía realmente hacerlo? De hecho, a pesar de la popularidad de sus voceros y la amplitud de sus facultades, desde el principio la comisión tuvo el estigma de la controversia. En particular, hubo dos aspectos que fueron objeto de un intenso ataque. El primero fue la capacidad de conceder amnistías. No todo el mundo era a tal grado partidario de la reconciliación como Mandela y Tutu, y muchos exigieron que se realizaran juicios normales para los generales y soldados del apartheid. Pero en Sudáfrica la transición a la democracia se dio gracias a las negociaciones entre el CNA y el Partido Nacionalista de F.W. de Klerk, que estaba en el poder; y éste dejó en claro desde un principio que nunca traspasaría el poder si subsistía la posibilidad de que se realizaran juicios. Como Thabo Mbeki, entonces vicepresidente de Mandela y actual presidente de Sudáfrica, señaló en 1997:
[...]dentro del CNA el reclamo era "atrapar a esos bastardos y colgarlos". Pero éramos conscientes de que no podíamos prepararnos al mismo tiempo para una transición pacífica. Si no hubiéramos optado por este camino [ni permitido las amnistías] no sé dónde estaría el país hoy. Si la amenaza de juicios al estilo Nuremberg hubiera existido para los integrantes del aparato de seguridad estatal del apartheid, nunca hubiéramos tenido una transición pacífica.
El resultado fue un pacto que Tutu bautizó como "tercera vía", entre amnesia nacional y procesos criminales. El nuevo gobierno optó por otorgar amnistías a los autores de crímenes pasados, mas no la inmunidad sin restricciones que precedió a la comisión de la verdad en Chile o que siguió a las de Argentina y El Salvador. Esas amnistías desgastaron totalmente el trabajo de esas comisiones. Alex Boraine, afrikánder y antiguo líder religioso que fue vicepresidente de la CVR, afirmó que la total absolución en Sudáfrica "hubiera fomentado la impunidad y quizás hubiera provocado actos de venganza personal".
En lugar de eso, Sudáfrica ofreció perdones individuales en condiciones muy estrictas. Los autores de los crímenes tenían que presentarse ante el comité de amnistía de la CVR y hacer una confesión completa y pública de todas sus atrocidades. Sólo en caso de considerarse que los crímenes habían sido de naturaleza y motivación política, sus autores serían inmunes a cualquier tipo de sanción penal o civil. Este pacto era el núcleo esencial del proyecto de la CVR, e implicaba un intercambio explícito: verdad por justicia. Los criminales que hicieran una revelación completa escaparían al castigo, y las víctimas serían reivindicadas con la confirmación pública de sus historias. Las familias finalmente podrían saber qué había sucedido con sus parientes desaparecidos. Por su parte, el país en su conjunto conocería los detalles exactos de lo que el aparato de seguridad de Sudáfrica había hecho y negado durante tanto tiempo.
Sin embargo, no todo el mundo aceptó el trato. La concesión de amnistías fue rápidamente puesta en tela de juicio por Nontsikelelo Biko, viuda del defensor de los derechos de los negros Stephen Biko, que había sido muerto a golpes mientras estaba bajo custodia de la policía. Acompañada por los familiares de otros activistas contra el apartheid que también fueron asesinados, Biko presentó una denuncia en el tribunal constitucional de Sudáfrica para bloquear las concesiones de amnistía por considerarlas fundamentalmente injustas, a pesar de lo cual el tribunal falló contra ella y el proceso continuó.
El cometido de la comisión era investigar no la legalidad del apartheid mismo, sino las acciones que resultaban ilegales según las propias leyes del sistema. Al final, 21297 víctimas o sus familiares presentaron su declaración. Más de 8000 personas solicitaron amnistía, aunque muy pocos habían sido funcionarios de alto rango. Las audiencias guardaban relación no sólo con el comportamiento de las fuerzas armadas y la policía de Sudáfrica, sino también con la conducta de las unidades paramilitares y los partidos políticos, e incluso del mismo CNA durante su lucha contra el régimen. Cuando la CVR finalmente presentó su informe al terminar 1998, el documento de cinco volúmenes enumeraba los abusos cometidos durante 34 años y hacía amplias recomendaciones para el futuro, que contemplaban indemnizaciones para todas las víctimas identificadas.
Resulta difícil juzgar los resultados de una labor tan compleja, y podría aún resultar prematuro a sólo tres años de distancia. La CVR misma, sin embargo, proporciona un criterio para evaluar sus esfuerzos: el principio de reconciliación. Esta palabra que se utiliza mucho (aunque raramente se le define) acabó por introducirse en todo el trabajo de la comisión. Durante la primera audiencia, colgaba en el recinto un enorme cartel donde se leía "La verdad: el camino hacia la reconciliación". El comisionado Bongani Finca invocó ese lema al abrir la sesión con el himno xhosa Lizalise idinga lakho (el perdón de los pecados hace completa a una persona). Por su parte, también Tutu lo puso de relieve al referirse a una teología cristiana de la rehabilitación, en función de la cual preguntaba a las víctimas si estaban dispuestas a perdonar, y afirmaba ante la audiencia que "quien vive con odio y venganza en el corazón, se deshumaniza no sólo a sí mismo sino a toda su comunidad".
Pero respecto de si hubo o no una verdadera reconciliación donde más importaba, es decir, en las víctimas, la respuesta varía según el entrevistado. Lucas Sikwepere, activista del CNA que testificó ante la CVR en Ciudad del Cabo en 1996, quedó ciego después de que la policía le disparó en la cara, y fue torturado. No obstante, luego de contar su historia ante la comisión, señaló: "Siento como si lo que me hubiera hecho sentir tan mal durante tanto tiempo fuera el hecho de no poder contar mi historia. Ahora me siento como si hubiera recuperado la vista al venir aquí y contarla". Por su parte, Beth Savage, quien fue seriamente lastimada cuando activistas contra el apartheid atacaron con granadas un club campestre de blancos en King William’s Town, informó que después de enfrentar y, más adelante, perdonar a su atacante durante una sesión de la CVR, pudo dormir sin tener pesadillas por primera vez desde el ataque. Otras víctimas abrazaron o aplaudieron a sus perseguidores después de escuchar su confesión.
Pero casi todas las anécdotas de este tipo pueden compararse con una historia opuesta. La reconciliación no era ciertamente una prioridad para la viuda de Biko, y tampoco fue algo palpable en una encuesta que, cuando la comisión hubo terminado su trabajo, mostró que para dos terceras partes de los sudafricanos las revelaciones sólo habían provocado mayor enojo y habían contribuido a empeorar las relaciones interraciales. Sólo 17% de los encuestados pronosticó que la gente sería más capaz de perdonar gracias a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Incluso la misma CVR pareció darse cuenta poco a poco de que lograr cualquier clase de rehabilitación resultaría mucho más difícil de lo que había supuesto, y como resultado comenzó a disminuir paulatinamente sus expectativas. Tutu argumentó que la comisión había prometido sólo "promover" la reconciliación, no lograrla. Incluso Richard Goldstone, incondicional partidario de la CVR y juez en el tribunal constitucional de Sudáfrica, lamentó que "la reconciliación nacional sea una de esas generalizaciones sin mucho contenido. En Sudáfrica todavía perdura una gran distancia entre ambas comunidades. No estoy seguro de que la comisión de la verdad haya tenido mucho éxito en esa área".
Aun así, Sudáfrica es hoy un país mucho más sano de lo que era años atrás, y parte de esto se debe sin duda a los esfuerzos de la comisión. Prácticamente ya no existe la violencia racial. Goldstone explica que "si no hubiéramos tenido una comisión de la verdad, no hay duda de que los miembros del régimen anterior seguirían negando los abusos cometidos en la era del apartheid; ni de que un gran número de personas creería en ellos. Pero luego de que actuara la comisión de la verdad, ni siquiera el ala más dura de la derecha del régimen del apartheid pudo seguir desmintiendo los peores abusos". De hecho, el relativo éxito de la CVR, en cuanto a la abundante información obtenida y los efectos positivos que produjo, se hace aún más evidente cuando comparamos sus resultados con los de otra comisión establecida al mismo tiempo en el otro lado del mundo en condiciones muy distintas.
La mejor parte del valor
La razón de esta celebridad es fácil de comprender, porque Sudáfrica siempre ha ocupado un puesto destacado en la imaginación internacional. Los gobiernos represivos hacen, por lo general, algún intento de disimular su mal comportamiento. Esto fue algo que casi nunca preocupó a Pretoria, que incluso elaboró una ideología de amplio alcance para legitimar sus actos. Como bastión de poder de una minoría blanca que perduró mucho después de que los colonos de esa raza se dieran por vencidos en el resto del continente, Sudáfrica fue un estado paria. Su infame legislación del apartheid, que entró en vigor en 1950, impuso una rígida separación racial en todos los aspectos de la vida; legitimó la reubicación forzosa de comunidades de negros, e impuso restricciones humillantes (entre ellas las vergonzosas "leyes de paso") a los ciudadanos que no fueran blancos. Cuando este sistema finalmente se derrumbó en 1994 y el país vivió una transición asombrosamente pacífica hacia una democracia multirracial, el mundo siguió los acontecimientos con profunda atención.
La CVR fue un intento audaz del gobierno del nuevo Congreso Nacional Africano (CNA) de hacer frente a la turbulenta historia del país de manera no vengativa, un notable acto de generosidad por parte de un pueblo que había sufrido terriblemente. Nunca antes había habido una comisión de la verdad que tuviera las facultades, el presupuesto y el tamaño de ésta, que excedía por mucho las comisiones previas y menos reconocidas de Argentina, Chile y El Salvador (modelos en los que se basó la CVR). Estos recursos sin precedentes incluían la potestad de buscar y capturar a los culpables, el derecho de emitir citatorios respaldados por un tribunal y, lo que fue objeto de serias controversias, la facultad de otorgar amnistías. Las audiencias de la CVR se llevaban a cabo en público (lo que también era inusitado), eran seguidas por una conferencia de prensa y se emitían diariamente por radio en toda Sudáfrica y en el mundo. El resumen semanal transmitido por televisión se convirtió en un éxito de audiencia.
La CVR también se vio beneficiada por el apoyo de dos figuras muy respetadas: el entonces presidente Nelson Mandela, un santo secular, y el presidente de la CVR, el arzobispo Desmond Tutu, un santo religioso. No puede subestimarse la importancia que tuvieron Mandela y Tutu: si ellos, que habían sufrido tanto y habían dirigido la batalla contra el antiguo régimen, podían perdonar, sin duda la nación seguiría su ejemplo.
¿Pero podía realmente hacerlo? De hecho, a pesar de la popularidad de sus voceros y la amplitud de sus facultades, desde el principio la comisión tuvo el estigma de la controversia. En particular, hubo dos aspectos que fueron objeto de un intenso ataque. El primero fue la capacidad de conceder amnistías. No todo el mundo era a tal grado partidario de la reconciliación como Mandela y Tutu, y muchos exigieron que se realizaran juicios normales para los generales y soldados del apartheid. Pero en Sudáfrica la transición a la democracia se dio gracias a las negociaciones entre el CNA y el Partido Nacionalista de F.W. de Klerk, que estaba en el poder; y éste dejó en claro desde un principio que nunca traspasaría el poder si subsistía la posibilidad de que se realizaran juicios. Como Thabo Mbeki, entonces vicepresidente de Mandela y actual presidente de Sudáfrica, señaló en 1997:
[...]dentro del CNA el reclamo era "atrapar a esos bastardos y colgarlos". Pero éramos conscientes de que no podíamos prepararnos al mismo tiempo para una transición pacífica. Si no hubiéramos optado por este camino [ni permitido las amnistías] no sé dónde estaría el país hoy. Si la amenaza de juicios al estilo Nuremberg hubiera existido para los integrantes del aparato de seguridad estatal del apartheid, nunca hubiéramos tenido una transición pacífica.
El resultado fue un pacto que Tutu bautizó como "tercera vía", entre amnesia nacional y procesos criminales. El nuevo gobierno optó por otorgar amnistías a los autores de crímenes pasados, mas no la inmunidad sin restricciones que precedió a la comisión de la verdad en Chile o que siguió a las de Argentina y El Salvador. Esas amnistías desgastaron totalmente el trabajo de esas comisiones. Alex Boraine, afrikánder y antiguo líder religioso que fue vicepresidente de la CVR, afirmó que la total absolución en Sudáfrica "hubiera fomentado la impunidad y quizás hubiera provocado actos de venganza personal".
En lugar de eso, Sudáfrica ofreció perdones individuales en condiciones muy estrictas. Los autores de los crímenes tenían que presentarse ante el comité de amnistía de la CVR y hacer una confesión completa y pública de todas sus atrocidades. Sólo en caso de considerarse que los crímenes habían sido de naturaleza y motivación política, sus autores serían inmunes a cualquier tipo de sanción penal o civil. Este pacto era el núcleo esencial del proyecto de la CVR, e implicaba un intercambio explícito: verdad por justicia. Los criminales que hicieran una revelación completa escaparían al castigo, y las víctimas serían reivindicadas con la confirmación pública de sus historias. Las familias finalmente podrían saber qué había sucedido con sus parientes desaparecidos. Por su parte, el país en su conjunto conocería los detalles exactos de lo que el aparato de seguridad de Sudáfrica había hecho y negado durante tanto tiempo.
Sin embargo, no todo el mundo aceptó el trato. La concesión de amnistías fue rápidamente puesta en tela de juicio por Nontsikelelo Biko, viuda del defensor de los derechos de los negros Stephen Biko, que había sido muerto a golpes mientras estaba bajo custodia de la policía. Acompañada por los familiares de otros activistas contra el apartheid que también fueron asesinados, Biko presentó una denuncia en el tribunal constitucional de Sudáfrica para bloquear las concesiones de amnistía por considerarlas fundamentalmente injustas, a pesar de lo cual el tribunal falló contra ella y el proceso continuó.
El cometido de la comisión era investigar no la legalidad del apartheid mismo, sino las acciones que resultaban ilegales según las propias leyes del sistema. Al final, 21297 víctimas o sus familiares presentaron su declaración. Más de 8000 personas solicitaron amnistía, aunque muy pocos habían sido funcionarios de alto rango. Las audiencias guardaban relación no sólo con el comportamiento de las fuerzas armadas y la policía de Sudáfrica, sino también con la conducta de las unidades paramilitares y los partidos políticos, e incluso del mismo CNA durante su lucha contra el régimen. Cuando la CVR finalmente presentó su informe al terminar 1998, el documento de cinco volúmenes enumeraba los abusos cometidos durante 34 años y hacía amplias recomendaciones para el futuro, que contemplaban indemnizaciones para todas las víctimas identificadas.
Resulta difícil juzgar los resultados de una labor tan compleja, y podría aún resultar prematuro a sólo tres años de distancia. La CVR misma, sin embargo, proporciona un criterio para evaluar sus esfuerzos: el principio de reconciliación. Esta palabra que se utiliza mucho (aunque raramente se le define) acabó por introducirse en todo el trabajo de la comisión. Durante la primera audiencia, colgaba en el recinto un enorme cartel donde se leía "La verdad: el camino hacia la reconciliación". El comisionado Bongani Finca invocó ese lema al abrir la sesión con el himno xhosa Lizalise idinga lakho (el perdón de los pecados hace completa a una persona). Por su parte, también Tutu lo puso de relieve al referirse a una teología cristiana de la rehabilitación, en función de la cual preguntaba a las víctimas si estaban dispuestas a perdonar, y afirmaba ante la audiencia que "quien vive con odio y venganza en el corazón, se deshumaniza no sólo a sí mismo sino a toda su comunidad".
Pero respecto de si hubo o no una verdadera reconciliación donde más importaba, es decir, en las víctimas, la respuesta varía según el entrevistado. Lucas Sikwepere, activista del CNA que testificó ante la CVR en Ciudad del Cabo en 1996, quedó ciego después de que la policía le disparó en la cara, y fue torturado. No obstante, luego de contar su historia ante la comisión, señaló: "Siento como si lo que me hubiera hecho sentir tan mal durante tanto tiempo fuera el hecho de no poder contar mi historia. Ahora me siento como si hubiera recuperado la vista al venir aquí y contarla". Por su parte, Beth Savage, quien fue seriamente lastimada cuando activistas contra el apartheid atacaron con granadas un club campestre de blancos en King William’s Town, informó que después de enfrentar y, más adelante, perdonar a su atacante durante una sesión de la CVR, pudo dormir sin tener pesadillas por primera vez desde el ataque. Otras víctimas abrazaron o aplaudieron a sus perseguidores después de escuchar su confesión.
Pero casi todas las anécdotas de este tipo pueden compararse con una historia opuesta. La reconciliación no era ciertamente una prioridad para la viuda de Biko, y tampoco fue algo palpable en una encuesta que, cuando la comisión hubo terminado su trabajo, mostró que para dos terceras partes de los sudafricanos las revelaciones sólo habían provocado mayor enojo y habían contribuido a empeorar las relaciones interraciales. Sólo 17% de los encuestados pronosticó que la gente sería más capaz de perdonar gracias a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Incluso la misma CVR pareció darse cuenta poco a poco de que lograr cualquier clase de rehabilitación resultaría mucho más difícil de lo que había supuesto, y como resultado comenzó a disminuir paulatinamente sus expectativas. Tutu argumentó que la comisión había prometido sólo "promover" la reconciliación, no lograrla. Incluso Richard Goldstone, incondicional partidario de la CVR y juez en el tribunal constitucional de Sudáfrica, lamentó que "la reconciliación nacional sea una de esas generalizaciones sin mucho contenido. En Sudáfrica todavía perdura una gran distancia entre ambas comunidades. No estoy seguro de que la comisión de la verdad haya tenido mucho éxito en esa área".
Aun así, Sudáfrica es hoy un país mucho más sano de lo que era años atrás, y parte de esto se debe sin duda a los esfuerzos de la comisión. Prácticamente ya no existe la violencia racial. Goldstone explica que "si no hubiéramos tenido una comisión de la verdad, no hay duda de que los miembros del régimen anterior seguirían negando los abusos cometidos en la era del apartheid; ni de que un gran número de personas creería en ellos. Pero luego de que actuara la comisión de la verdad, ni siquiera el ala más dura de la derecha del régimen del apartheid pudo seguir desmintiendo los peores abusos". De hecho, el relativo éxito de la CVR, en cuanto a la abundante información obtenida y los efectos positivos que produjo, se hace aún más evidente cuando comparamos sus resultados con los de otra comisión establecida al mismo tiempo en el otro lado del mundo en condiciones muy distintas.
La mejor parte del valor
En 1996 parecía que Guatemala se disponía, al fin, a comenzar la reconstrucción de su sociedad destrozada. Una guerra civil especialmente brutal había terminado después de 36 años. A partir de los acuerdos de paz, se disolvieron las fuerzas rebeldes de izquierda de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca; se redujo el tamaño del ejército y varios militares de alto rango fueron puestos en retiro. También en este caso, ambas partes acordaron el establecimiento de un proceso por la verdad con el apoyo de la comunidad internacional: la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Presidida por Christian Tomuschat, académico alemán, la CEH tenía el objetivo de descubrir las fuentes y efectos de una guerra civil que había durado tanto como podía recordar la mayoría de los guatemaltecos.
Prácticamente lo único que tienen en común la CEH y la CVR de Sudáfrica es que comenzaron casi al mismo tiempo. En la misma medida que la sudafricana fue una comisión "fuerte", la de Guatemala fue débil. No tenía facultad alguna para buscar y capturar a los agresores, ni para emitir citatorios, ni derecho a realizar audiencias públicas y tampoco podía nombrar a los autores del crimen. Más aún, su actuación estuvo precedida por la aprobación de 13 leyes de amnistía irrestrictas que ofrecían inmunidad para casi todos los crímenes contra los derechos humanos.
Esta debilidad en el cometido de la CEH fue deliberada. El gobierno guatemalteco de la posguerra era frágil, y aun después de haberse firmado los acuerdos de paz, algunos elementos de la derecha seguían siendo extremadamente poderosos en el país, en particular en las fuerzas armadas. Los arquitectos de la CEH temían que hubiera un desafío abierto a una comisión demasiado agresiva, lo que complicaría su trabajo y afectaría su legitimidad. Tomuschat explicó el dilema en palabras simples: "Aunque hubiéramos tenido potestad para citar a los acusados a declarar, simplemente no habrían acudido".
Aun así, muchos defensores de los derechos humanos, como el obispo guatemalteco Juan Gerardi Conadera, cuestionaron duramente que la CEH no pudiera hacer públicos los nombres de los acusados. Tomuschat mismo reconoce que esta restricción impidió que la comisión pudiera "penetrar hasta el corazón del mal". Sin embargo, se aceptó esta limitación por miedo a que las acusaciones específicas llevaran al ejército a insistir en que se les otorgara amnistía por todos sus crímenes, como había sucedido años antes en El Salvador. Además, de acuerdo con Greg Grandin, profesor de historia latinoamericana de la Duke University que asesoró a la CEH, el anonimato tuvo a fin de cuentas un efecto conveniente. "Obligó a la comisión a encontrar otras maneras de hacer frente a la violencia", afirma, como por ejemplo investigar las fuerzas sociales y las grandes injusticias que contribuyeron a que se diera la guerra civil.
Se establecieron oficinas regionales de la CEH en todo el país y los representantes se distribuyeron por toda la nación para encontrar a las víctimas, a menudo caminando hasta pueblos remotos para tomar declaraciones. La comisión pidió al gobierno de Estados Unidos que desclasificara y proporcionara sus propios documentos relacionados con la guerra civil, consiguiendo la mayor parte de lo que pedía. El ejército guatemalteco obstruyó el trabajo y algunos de los empleados de la comisión fueron hostigados, pero al final consiguieron 7200 declaraciones.
El informe final de la CEH, con sus nueve volúmenes, se hizo público en febrero de 1999, durante una ceremonia muy emotiva que se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala y a la que asistieron 2000 personas. A pesar de las limitaciones de la comisión, sus conclusiones fueron devastadoras. En el informe se calcula que unas 200000 personas fueron asesinadas durante la guerra, un número de muertos mayor que el de El Salvador, Nicaragua, Chile y Argentina juntos. La CEH atribuyó directamente al gobierno la responsabilidad por la mayoría de las muertes, e informó que "la violencia fue dirigida fundamentalmente por el Estado contra los excluidos, los pobres y, sobre todo, los indígenas mayas; así como contra quienes pelearon a favor de la justicia y de una mayor igualdad social". El ejército y sus cómplices fueron culpados de 93% de las violaciones a los derechos humanos. Lo más impresionante fue la descripción del modo como el gobierno arrasó poblaciones enteras en su lucha contra los rebeldes, en un intento por acabar con el respaldo a los insurgentes mediante el exterminio de sus seguidores mayas. La CEH describió esta campaña como genocidio.
Tal como en Sudáfrica, las conclusiones estuvieron acompañadas de una multitud de recomendaciones revolucionarias, que iban desde la institución de un día festivo nacional para conmemorar a los muertos en la guerra hasta el enjuiciamiento de los principales autores de los crímenes. Pero el optimismo y las altas expectativas con que se recibió inicialmente el informe de la CEH pronto se debilitaron: el presidente Álvaro Arzú escuchó impasible la presentación del informe, se negó a recibir el documento él mismo y ordenó a su "secretario de prensa", un funcionario de bajo nivel, que subiera al estrado en su lugar. Además, Arzú no hizo comentario público alguno sobre el tema durante varios días, y su gobierno se demoró igualmente en responder. Diez meses después, una abrumadora mayoría eligió a un nuevo presidente, Alfonso Portillo, que a pesar de ser un populista con algunos antecedentes de izquierda, provenía del Frente Republicano Guatemalteco, partido dominado por su suegro, el general Efraín Ríos Montt, quien como dictador del país en la década de los ochenta había sido responsable de algunos de los peores abusos.
La elección fue un símbolo amargo del poco impacto que la CEH había tenido en Guatemala, y una vez que Portillo y Ríos Montt tomaron el poder, el informe de la comisión desapareció por completo de la agenda política. Prácticamente ninguna de sus recomendaciones se ha adoptado. De acuerdo con Mario Polanco, dirigente de un grupo de derechos humanos local, "no hemos logrado nada. Nada ha cambiado. Si la pregunta es ‘¿Escuchó Guatemala lo que dijo la comisión?’, la respuesta es ‘no’". Mientras tanto, la violencia continúa. En abril de 1998, dos días después de haber presentado los resultados de la investigación realizada por la Iglesia católica sobre los asesinatos, el obispo Gerardi fue muerto a golpes con un ladrillo en el estacionamiento de su seminario en la ciudad de Guatemala. Quienes investigan los entierros clandestinos masivos se quejan del constante hostigamiento de la policía; y en años recientes, el número de abusos cometidos en el país se ha elevado en lugar de disminuir. El defensor de los derechos humanos Ángel Albizures se queja de que la impunidad sigue siendo "la enfermedad crónica del Estado guatemalteco".
La verdad está ahí, ¿no es cierto?
Después de analizar los variados resultados obtenidos en Sudáfrica, Guatemala y otros lugares, los escépticos han emitido cuatro tipos de objeciones generales al trabajo de las comisiones de la verdad: que la historia es tan turbia y subjetiva que ni siquiera las investigaciones bien intencionadas pueden establecer algo que se pueda describir honestamente como "la verdad"; que los organismos se concentran demasiado a menudo en violaciones individuales y no en problemas estructurales de mayor amplitud; que su trabajo no conduce a la reconciliación, y que interfieren con el juicio y castigo por los crímenes del pasado y distraen la atención de ellos. Un análisis cuidadoso de los casos sudafricano y guatemalteco, sin embargo, muestra que, aunque algunas de estas acusaciones son merecidas, las comisiones bien proyectadas pueden hacer una contribución esencial a la justicia y la armonía en sociedades frágiles.
La primera pregunta, sobre cuán razonable es tener como objetivo la verdad histórica, resulta fundamental. En muchos casos los hallazgos efectivos de una comisión son su único logro perdurable, la recompensa máxima a cambio de la cual los nuevos gobiernos han aceptado sacrificar la oferta de sanciones. Además, el valor que tiene revelar la verdad no es abstracto. Después de los acontecimientos del 11 de septiembre, por ejemplo, lo más importante para muchos de los familiares de las víctimas era descubrir exactamente qué había sucedido a sus seres queridos. Sólo después de conocerse la verdad podía comenzar el alivio. Del mismo modo, se afirma, el inventario honesto de las injusticias del pasado resulta esencial para que las sociedades destruidas puedan comenzar a reconstruirse.
No obstante, la verdad resulta ser una meta extraordinariamente esquiva. No es necesario ser posmoderno para reconocer que los relatos históricos en parte se construyen, y no simplemente se descubren, y que hay poderes e intereses que afectan ese proceso. Sin embargo, las comisiones de la verdad casi nunca reconocen esos problemas. De hecho, sólo la CVR de Sudáfrica hizo frente a este dilema directamente, y lo hizo de una forma grotesca que lesionó su credibilidad en lugar de contribuir a ella. El informe de la comisión menciona que se buscaron cuatro formas distintas de verdad: "factual", "personal", "social" y "curativa". Como sólo por la primera acepción se reconoce la clase de fenómeno objetivo y verificable que la mayoría de la gente acepta cuando considera la verdad, la lista aparentemente no sirvió más que para aumentar la confusión y el escepticismo sobre la capacidad de la CVR de producir una única historia bien fundada de lo sucedido durante el apartheid.
Además, las comisiones tienen la mala costumbre de reflejar los prejuicios y agendas de quienes las conciben. La CVR, por ejemplo, dio una importancia desproporcionada a los crímenes cometidos contra sudafricanos que no eran de raza negra. Este sesgo fue deliberado; aunque los negros habían sufrido muchísimo más que los otros grupos, Tutu deseaba que la CVR mostrara cuánto había afectado el apartheid a todos los sudafricanos. Tal como me lo explicó Boraine, "[Tutu] decía que el problema más importante en nuestro país no es un problema de negros; es un problema de blancos. Es una mezcla racial, un problema del color de la piel. Así que no debemos basarnos estrictamente en la proporcionalidad". A pesar de ser un propósito muy noble, desafortunadamente, dar a las víctimas que no eran negras más atención de la que "merecían" estadísticamente provocó que muchos negros cuestionaran, enojados, la legitimidad de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
El informe guatemalteco, por su parte, sufrió las consecuencias de un sesgo contrario: en su análisis hubo una marcada inclinación hacia la empobrecida comunidad maya, y se restó importancia a los muchos abusos cometidos contra los mestizos, que son mayoría. Hay quien sostiene que este enfoque refleja la naturaleza genuinamente genocida de la guerra, que afectó a los mayas mucho más que a los mestizos. Pero, al reducir a un mínimo los crímenes cometidos contra un segmento de la población, el informe del CEH dañó su credibilidad y se expuso al ataque político.
Las críticas mencionadas, si bien deben considerarse seriamente, tienen su mejor respuesta en las mismas conclusiones. Hay abundantes pruebas de que incluso las comisiones de la verdad imperfectas ofrecen grandes cantidades de información previamente desconocida sobre acontecimientos que importan mucho a mucha gente. Familiares y amigos han podido saber qué sucedió a sus seres queridos "desaparecidos", y las víctimas pudieron dar legitimidad a sus acusaciones. Esto puede llegar a tener un impacto muy profundo en quienes más sufrieron. En Sudáfrica, por ejemplo, a muchos activistas contra el apartheid se les torturaba colocándoles una bolsa húmeda en la cabeza hasta que llegaran al punto de la asfixia para que "confesaran". Durante muchos años, la policía negó rotundamente que hubiera utilizado esta práctica, ilegal incluso con las leyes del apartheid, hasta que un agente acabó por admitirla ante la CVR. El impacto de esa confesión en las víctimas fue muy fuerte; muchos dijeron después que se habían sentido profundamente absueltos y reivindicados por la revelación.
Mahmood Mamdani, de la Columbia University, sin embargo, presenta una acusación un tanto distinta: no sólo que la CVR había sido incapaz de encontrar la verdad, sino que no había querido hacerlo. Destaca además que las leyes que dieron origen a la comisión le asignaron la tarea de investigar únicamente las "violaciones graves de los derechos humanos"; pero la comisión interpretó este mandato al pie de la letra y lo utilizó como una oportunidad para apartar los ojos de la más amplia criminalidad del sistema mismo y las desigualdades raciales que perpetuó. Estas decisiones explican por qué la CVR pasó por alto las injusticias económicas y documentó tan sólo 21000 víctimas, cifra que Mamdani califica de "risible".
Boraine, entre otros, ha defendido el alcance limitado de la CVR afirmando que la comisión sólo disponía de un corto periodo para realizar su trabajo. "Para tomar en cuenta todas las consecuencias del apartheid necesitaríamos 20 o 30 años". Aun así, la CVR limitó tanto su enfoque que, como mordazmente dice Mamdani: "terminó por reconocer como víctimas sólo a los activistas políticos. Pero el apartheid no tenía que ver con los activistas políticos; tenía que ver con la gente común y corriente. La única reconciliación que puede esperar ahora la CVR es entre dos élites".
Esto de ninguna manera quiere decir que el informe de la CVR haya sido un fracaso total. El hecho de que tanto De Klerk como Mbeki la atacaran públicamente y en el tribunal indica que algo hizo bien. Pero la crítica de Mamdani pone de manifiesto las consecuencias de las elecciones que las comisiones deben hacer y plantea interrogantes acerca de lo que se entiende exactamente cuando se habla de reconciliación. ¿Se supone que la reconciliación sucede entre individuos, grupos de interés o entre los habitantes de una nación como un todo? ¿Cómo y por qué se produce? ¿Puede medirse el proceso? ¿Qué significa la palabra misma?
David Crocker, investigador de la Maryland University, define rigurosamente la reconciliación como ausencia de conflicto abierto, como simple "coexistencia no letal". Los científicos políticos Amy Gutmann y Denis Thompson tienen un criterio más amplio, y la definen como toma de decisiones democráticas y reintegración. Antjie Krog, periodista que cubrió las labores de la CVR para la radio sudafricana, proporciona un marco de referencia más útil cuando sostiene que los partidarios de la reconciliación en realidad quieren regresar al tipo de consenso y armonía sociales del que depende el funcionamiento fluido de una sociedad.
Tanto en Sudáfrica como en Guatemala, sin embargo, se ha demostrado que ello resulta casi imposible, en gran parte porque ante todo estas sociedades nunca funcionaron de manera adecuada. Krog escribe: "En este país no hay nada a lo que se pueda regresar, no hay circunstancias o relaciones anteriores que se quieran restablecer. En estas condiciones tan severas, ‘reconciliación’ no parece ser la palabra adecuada, sino más bien ‘conciliación’".
Resulta, entonces, que la reconciliación está vinculada a muchos otros factores, además del perdón; lograrla parece requerir mucho más que la verdad. De hecho, el proyecto de reconciliación podría describirse mejor como "construcción de la nación". Un proceso semejante implica tomar en cuenta las desigualdades sociales de base. Ésa es una tarea de la política, y no algo que las comisiones de la verdad, por muy amplio que sea su cometido, puedan esperar conseguir.
La alternativa suave
Prácticamente lo único que tienen en común la CEH y la CVR de Sudáfrica es que comenzaron casi al mismo tiempo. En la misma medida que la sudafricana fue una comisión "fuerte", la de Guatemala fue débil. No tenía facultad alguna para buscar y capturar a los agresores, ni para emitir citatorios, ni derecho a realizar audiencias públicas y tampoco podía nombrar a los autores del crimen. Más aún, su actuación estuvo precedida por la aprobación de 13 leyes de amnistía irrestrictas que ofrecían inmunidad para casi todos los crímenes contra los derechos humanos.
Esta debilidad en el cometido de la CEH fue deliberada. El gobierno guatemalteco de la posguerra era frágil, y aun después de haberse firmado los acuerdos de paz, algunos elementos de la derecha seguían siendo extremadamente poderosos en el país, en particular en las fuerzas armadas. Los arquitectos de la CEH temían que hubiera un desafío abierto a una comisión demasiado agresiva, lo que complicaría su trabajo y afectaría su legitimidad. Tomuschat explicó el dilema en palabras simples: "Aunque hubiéramos tenido potestad para citar a los acusados a declarar, simplemente no habrían acudido".
Aun así, muchos defensores de los derechos humanos, como el obispo guatemalteco Juan Gerardi Conadera, cuestionaron duramente que la CEH no pudiera hacer públicos los nombres de los acusados. Tomuschat mismo reconoce que esta restricción impidió que la comisión pudiera "penetrar hasta el corazón del mal". Sin embargo, se aceptó esta limitación por miedo a que las acusaciones específicas llevaran al ejército a insistir en que se les otorgara amnistía por todos sus crímenes, como había sucedido años antes en El Salvador. Además, de acuerdo con Greg Grandin, profesor de historia latinoamericana de la Duke University que asesoró a la CEH, el anonimato tuvo a fin de cuentas un efecto conveniente. "Obligó a la comisión a encontrar otras maneras de hacer frente a la violencia", afirma, como por ejemplo investigar las fuerzas sociales y las grandes injusticias que contribuyeron a que se diera la guerra civil.
Se establecieron oficinas regionales de la CEH en todo el país y los representantes se distribuyeron por toda la nación para encontrar a las víctimas, a menudo caminando hasta pueblos remotos para tomar declaraciones. La comisión pidió al gobierno de Estados Unidos que desclasificara y proporcionara sus propios documentos relacionados con la guerra civil, consiguiendo la mayor parte de lo que pedía. El ejército guatemalteco obstruyó el trabajo y algunos de los empleados de la comisión fueron hostigados, pero al final consiguieron 7200 declaraciones.
El informe final de la CEH, con sus nueve volúmenes, se hizo público en febrero de 1999, durante una ceremonia muy emotiva que se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala y a la que asistieron 2000 personas. A pesar de las limitaciones de la comisión, sus conclusiones fueron devastadoras. En el informe se calcula que unas 200000 personas fueron asesinadas durante la guerra, un número de muertos mayor que el de El Salvador, Nicaragua, Chile y Argentina juntos. La CEH atribuyó directamente al gobierno la responsabilidad por la mayoría de las muertes, e informó que "la violencia fue dirigida fundamentalmente por el Estado contra los excluidos, los pobres y, sobre todo, los indígenas mayas; así como contra quienes pelearon a favor de la justicia y de una mayor igualdad social". El ejército y sus cómplices fueron culpados de 93% de las violaciones a los derechos humanos. Lo más impresionante fue la descripción del modo como el gobierno arrasó poblaciones enteras en su lucha contra los rebeldes, en un intento por acabar con el respaldo a los insurgentes mediante el exterminio de sus seguidores mayas. La CEH describió esta campaña como genocidio.
Tal como en Sudáfrica, las conclusiones estuvieron acompañadas de una multitud de recomendaciones revolucionarias, que iban desde la institución de un día festivo nacional para conmemorar a los muertos en la guerra hasta el enjuiciamiento de los principales autores de los crímenes. Pero el optimismo y las altas expectativas con que se recibió inicialmente el informe de la CEH pronto se debilitaron: el presidente Álvaro Arzú escuchó impasible la presentación del informe, se negó a recibir el documento él mismo y ordenó a su "secretario de prensa", un funcionario de bajo nivel, que subiera al estrado en su lugar. Además, Arzú no hizo comentario público alguno sobre el tema durante varios días, y su gobierno se demoró igualmente en responder. Diez meses después, una abrumadora mayoría eligió a un nuevo presidente, Alfonso Portillo, que a pesar de ser un populista con algunos antecedentes de izquierda, provenía del Frente Republicano Guatemalteco, partido dominado por su suegro, el general Efraín Ríos Montt, quien como dictador del país en la década de los ochenta había sido responsable de algunos de los peores abusos.
La elección fue un símbolo amargo del poco impacto que la CEH había tenido en Guatemala, y una vez que Portillo y Ríos Montt tomaron el poder, el informe de la comisión desapareció por completo de la agenda política. Prácticamente ninguna de sus recomendaciones se ha adoptado. De acuerdo con Mario Polanco, dirigente de un grupo de derechos humanos local, "no hemos logrado nada. Nada ha cambiado. Si la pregunta es ‘¿Escuchó Guatemala lo que dijo la comisión?’, la respuesta es ‘no’". Mientras tanto, la violencia continúa. En abril de 1998, dos días después de haber presentado los resultados de la investigación realizada por la Iglesia católica sobre los asesinatos, el obispo Gerardi fue muerto a golpes con un ladrillo en el estacionamiento de su seminario en la ciudad de Guatemala. Quienes investigan los entierros clandestinos masivos se quejan del constante hostigamiento de la policía; y en años recientes, el número de abusos cometidos en el país se ha elevado en lugar de disminuir. El defensor de los derechos humanos Ángel Albizures se queja de que la impunidad sigue siendo "la enfermedad crónica del Estado guatemalteco".
La verdad está ahí, ¿no es cierto?
Después de analizar los variados resultados obtenidos en Sudáfrica, Guatemala y otros lugares, los escépticos han emitido cuatro tipos de objeciones generales al trabajo de las comisiones de la verdad: que la historia es tan turbia y subjetiva que ni siquiera las investigaciones bien intencionadas pueden establecer algo que se pueda describir honestamente como "la verdad"; que los organismos se concentran demasiado a menudo en violaciones individuales y no en problemas estructurales de mayor amplitud; que su trabajo no conduce a la reconciliación, y que interfieren con el juicio y castigo por los crímenes del pasado y distraen la atención de ellos. Un análisis cuidadoso de los casos sudafricano y guatemalteco, sin embargo, muestra que, aunque algunas de estas acusaciones son merecidas, las comisiones bien proyectadas pueden hacer una contribución esencial a la justicia y la armonía en sociedades frágiles.
La primera pregunta, sobre cuán razonable es tener como objetivo la verdad histórica, resulta fundamental. En muchos casos los hallazgos efectivos de una comisión son su único logro perdurable, la recompensa máxima a cambio de la cual los nuevos gobiernos han aceptado sacrificar la oferta de sanciones. Además, el valor que tiene revelar la verdad no es abstracto. Después de los acontecimientos del 11 de septiembre, por ejemplo, lo más importante para muchos de los familiares de las víctimas era descubrir exactamente qué había sucedido a sus seres queridos. Sólo después de conocerse la verdad podía comenzar el alivio. Del mismo modo, se afirma, el inventario honesto de las injusticias del pasado resulta esencial para que las sociedades destruidas puedan comenzar a reconstruirse.
No obstante, la verdad resulta ser una meta extraordinariamente esquiva. No es necesario ser posmoderno para reconocer que los relatos históricos en parte se construyen, y no simplemente se descubren, y que hay poderes e intereses que afectan ese proceso. Sin embargo, las comisiones de la verdad casi nunca reconocen esos problemas. De hecho, sólo la CVR de Sudáfrica hizo frente a este dilema directamente, y lo hizo de una forma grotesca que lesionó su credibilidad en lugar de contribuir a ella. El informe de la comisión menciona que se buscaron cuatro formas distintas de verdad: "factual", "personal", "social" y "curativa". Como sólo por la primera acepción se reconoce la clase de fenómeno objetivo y verificable que la mayoría de la gente acepta cuando considera la verdad, la lista aparentemente no sirvió más que para aumentar la confusión y el escepticismo sobre la capacidad de la CVR de producir una única historia bien fundada de lo sucedido durante el apartheid.
Además, las comisiones tienen la mala costumbre de reflejar los prejuicios y agendas de quienes las conciben. La CVR, por ejemplo, dio una importancia desproporcionada a los crímenes cometidos contra sudafricanos que no eran de raza negra. Este sesgo fue deliberado; aunque los negros habían sufrido muchísimo más que los otros grupos, Tutu deseaba que la CVR mostrara cuánto había afectado el apartheid a todos los sudafricanos. Tal como me lo explicó Boraine, "[Tutu] decía que el problema más importante en nuestro país no es un problema de negros; es un problema de blancos. Es una mezcla racial, un problema del color de la piel. Así que no debemos basarnos estrictamente en la proporcionalidad". A pesar de ser un propósito muy noble, desafortunadamente, dar a las víctimas que no eran negras más atención de la que "merecían" estadísticamente provocó que muchos negros cuestionaran, enojados, la legitimidad de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
El informe guatemalteco, por su parte, sufrió las consecuencias de un sesgo contrario: en su análisis hubo una marcada inclinación hacia la empobrecida comunidad maya, y se restó importancia a los muchos abusos cometidos contra los mestizos, que son mayoría. Hay quien sostiene que este enfoque refleja la naturaleza genuinamente genocida de la guerra, que afectó a los mayas mucho más que a los mestizos. Pero, al reducir a un mínimo los crímenes cometidos contra un segmento de la población, el informe del CEH dañó su credibilidad y se expuso al ataque político.
Las críticas mencionadas, si bien deben considerarse seriamente, tienen su mejor respuesta en las mismas conclusiones. Hay abundantes pruebas de que incluso las comisiones de la verdad imperfectas ofrecen grandes cantidades de información previamente desconocida sobre acontecimientos que importan mucho a mucha gente. Familiares y amigos han podido saber qué sucedió a sus seres queridos "desaparecidos", y las víctimas pudieron dar legitimidad a sus acusaciones. Esto puede llegar a tener un impacto muy profundo en quienes más sufrieron. En Sudáfrica, por ejemplo, a muchos activistas contra el apartheid se les torturaba colocándoles una bolsa húmeda en la cabeza hasta que llegaran al punto de la asfixia para que "confesaran". Durante muchos años, la policía negó rotundamente que hubiera utilizado esta práctica, ilegal incluso con las leyes del apartheid, hasta que un agente acabó por admitirla ante la CVR. El impacto de esa confesión en las víctimas fue muy fuerte; muchos dijeron después que se habían sentido profundamente absueltos y reivindicados por la revelación.
Mahmood Mamdani, de la Columbia University, sin embargo, presenta una acusación un tanto distinta: no sólo que la CVR había sido incapaz de encontrar la verdad, sino que no había querido hacerlo. Destaca además que las leyes que dieron origen a la comisión le asignaron la tarea de investigar únicamente las "violaciones graves de los derechos humanos"; pero la comisión interpretó este mandato al pie de la letra y lo utilizó como una oportunidad para apartar los ojos de la más amplia criminalidad del sistema mismo y las desigualdades raciales que perpetuó. Estas decisiones explican por qué la CVR pasó por alto las injusticias económicas y documentó tan sólo 21000 víctimas, cifra que Mamdani califica de "risible".
Boraine, entre otros, ha defendido el alcance limitado de la CVR afirmando que la comisión sólo disponía de un corto periodo para realizar su trabajo. "Para tomar en cuenta todas las consecuencias del apartheid necesitaríamos 20 o 30 años". Aun así, la CVR limitó tanto su enfoque que, como mordazmente dice Mamdani: "terminó por reconocer como víctimas sólo a los activistas políticos. Pero el apartheid no tenía que ver con los activistas políticos; tenía que ver con la gente común y corriente. La única reconciliación que puede esperar ahora la CVR es entre dos élites".
Esto de ninguna manera quiere decir que el informe de la CVR haya sido un fracaso total. El hecho de que tanto De Klerk como Mbeki la atacaran públicamente y en el tribunal indica que algo hizo bien. Pero la crítica de Mamdani pone de manifiesto las consecuencias de las elecciones que las comisiones deben hacer y plantea interrogantes acerca de lo que se entiende exactamente cuando se habla de reconciliación. ¿Se supone que la reconciliación sucede entre individuos, grupos de interés o entre los habitantes de una nación como un todo? ¿Cómo y por qué se produce? ¿Puede medirse el proceso? ¿Qué significa la palabra misma?
David Crocker, investigador de la Maryland University, define rigurosamente la reconciliación como ausencia de conflicto abierto, como simple "coexistencia no letal". Los científicos políticos Amy Gutmann y Denis Thompson tienen un criterio más amplio, y la definen como toma de decisiones democráticas y reintegración. Antjie Krog, periodista que cubrió las labores de la CVR para la radio sudafricana, proporciona un marco de referencia más útil cuando sostiene que los partidarios de la reconciliación en realidad quieren regresar al tipo de consenso y armonía sociales del que depende el funcionamiento fluido de una sociedad.
Tanto en Sudáfrica como en Guatemala, sin embargo, se ha demostrado que ello resulta casi imposible, en gran parte porque ante todo estas sociedades nunca funcionaron de manera adecuada. Krog escribe: "En este país no hay nada a lo que se pueda regresar, no hay circunstancias o relaciones anteriores que se quieran restablecer. En estas condiciones tan severas, ‘reconciliación’ no parece ser la palabra adecuada, sino más bien ‘conciliación’".
Resulta, entonces, que la reconciliación está vinculada a muchos otros factores, además del perdón; lograrla parece requerir mucho más que la verdad. De hecho, el proyecto de reconciliación podría describirse mejor como "construcción de la nación". Un proceso semejante implica tomar en cuenta las desigualdades sociales de base. Ésa es una tarea de la política, y no algo que las comisiones de la verdad, por muy amplio que sea su cometido, puedan esperar conseguir.
La alternativa suave
Si las comisiones de la verdad en general logran de algún modo menos de lo que sus partidarios esperarían, entonces la última de las acusaciones, es decir, que eclipsan y socavan los procesos, se vuelve más importante, porque indica que se renuncia a un juicio por una alternativa mucho menos efectiva.
Es muy probable que un intercambio semejante haya sido legítimo en otra época. A mediados de los años ochenta, cuando aparecieron las comisiones de la verdad, no había realmente la posibilidad de emplazar juicios internacionales por asuntos de derechos humanos, e incluso los procesos judiciales nacionales eran raros. La idea de enjuiciar a un antiguo jefe de Estado por abusos cometidos mientras encabezaba el gobierno parecía al mismo tiempo ser absurda y no tener el aval de precedentes jurídicos. Después de abandonar el poder, era mucho más común que los dictadores acabaran en la Riviera francesa que en el banquillo. La alternativa para las comisiones de la verdad no era entonces el enjuiciamiento, sino la impunidad.
Hoy, sin embargo, los juicios nacionales e internacionales por violaciones a los derechos humanos son mucho más comunes. Un ejemplo es el proceso contra Augusto Pinochet que se puso en marcha en Chile; o la condena que Bélgica aplicó a las monjas de Rwanda por su complicidad en el genocidio en ese país. Argentina finalmente comenzó a presentar acusaciones contra sus fuerzas armadas por su actuación en la "guerra sucia" que libró contra la izquierda en los años setenta. Dada esta tendencia, los defensores de los derechos humanos ahora están llamando a los gobiernos de transición y a la comunidad internacional a no renunciar tan fácilmente a la justicia. Ken Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, considera críticamente que la CVR fue "un pacto necesario, pero de todas maneras un pacto", y que no debe repetirse. Por su parte, Aryeh Neier, presidente del Open Society Institute, advierte que "los intentos de promover las comisiones de la verdad se han convertido en una forma de evitar los esfuerzos para que se haga justicia". Hay un límite para la generosidad, paciencia y capacidad de atención de la comunidad internacional, y las comisiones corren el riesgo de superarlo incluso antes de que se llegue a la instancia judicial. Reed Brody, de Human Rights Watch, menciona como ejemplo el caso de Haití: los patrocinadores internacionales declararon que no darían ayuda para iniciar procesos por crímenes del pasado porque ya se había financiado una comisión de la verdad para el país.
Además, algunos gobiernos se han servido de las comisiones precisamente para demorar (y finalmente eludir) los procesos legales formales que podrían provocar enfrentamientos con integrantes o agentes del antiguo régimen. El hecho de que se eviten estos procesos hace que los especialistas se pregunten si la actual profusión de comisiones no constituye en realidad un retroceso en lugar de un avance.
Partidarios de las comisiones de la verdad como Priscilla Hayner y Alex Boraine, quienes se desempeñan actualmente como consultores profesionales de las comisiones de la verdad en el ICTJ, niegan que haya una incompatibilidad necesaria entre comisiones y juicios. Los dos procesos, según afirman, son complementarios y no excluyentes. Hayner señala que tanto en Argentina como en Chad, la información que las comisiones de la verdad sacaron a la luz se usó en procesos judiciales posteriores. Según promete, "se descubrirá que las comisiones de la verdad aumentan la posibilidad de que se llegue a la instancia del proceso, y no lo contrario".
Por lo menos hasta ahora, no hay muchas pruebas que sustenten esta afirmación. Ni siquiera en Sudáfrica, cuyo sistema judicial funciona bastante bien, se han podido realizar muchos juicios exitosos contra los crímenes cometidos durante el apartheid. La sonada condena que recibió Eugen de Kock, mejor conocido por el apodo de "Mal Supremo", abyecto líder de un escuadrón de la muerte del gobierno, fue seguida de la igualmente sonada absolución del descarado Magnus Malan, quien fuera ministro de Defensa en tiempos del apartheid. En Guatemala el historial es mucho peor. Se ha intentado enjuiciar a muy pocas personas y, cuando se ha logrado, los jueces han sido objeto de amenazas de muerte y ataques. Ante la pregunta de si hay relación causal entre el trabajo de las comisiones de la verdad y el reducido número de procesos criminales, Paul Seils, un abogado escocés defensor de los derechos humanos que trabaja en Guatemala, sostiene que el efecto del informe de la CEH fue reducir la presión internacional que se ejercía sobre el país. A su vez, esto hizo que para el gobierno resultara más fácil no sacar a la luz el pasado. Si bien es cierto que quizás no haya incompatibilidad inherente o necesaria entre las comisiones de la verdad y los procesos judiciales, es cierto que las primeras parecen hacer que los segundos sean menos probables.
Tarea nada sencilla
Es muy probable que un intercambio semejante haya sido legítimo en otra época. A mediados de los años ochenta, cuando aparecieron las comisiones de la verdad, no había realmente la posibilidad de emplazar juicios internacionales por asuntos de derechos humanos, e incluso los procesos judiciales nacionales eran raros. La idea de enjuiciar a un antiguo jefe de Estado por abusos cometidos mientras encabezaba el gobierno parecía al mismo tiempo ser absurda y no tener el aval de precedentes jurídicos. Después de abandonar el poder, era mucho más común que los dictadores acabaran en la Riviera francesa que en el banquillo. La alternativa para las comisiones de la verdad no era entonces el enjuiciamiento, sino la impunidad.
Hoy, sin embargo, los juicios nacionales e internacionales por violaciones a los derechos humanos son mucho más comunes. Un ejemplo es el proceso contra Augusto Pinochet que se puso en marcha en Chile; o la condena que Bélgica aplicó a las monjas de Rwanda por su complicidad en el genocidio en ese país. Argentina finalmente comenzó a presentar acusaciones contra sus fuerzas armadas por su actuación en la "guerra sucia" que libró contra la izquierda en los años setenta. Dada esta tendencia, los defensores de los derechos humanos ahora están llamando a los gobiernos de transición y a la comunidad internacional a no renunciar tan fácilmente a la justicia. Ken Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, considera críticamente que la CVR fue "un pacto necesario, pero de todas maneras un pacto", y que no debe repetirse. Por su parte, Aryeh Neier, presidente del Open Society Institute, advierte que "los intentos de promover las comisiones de la verdad se han convertido en una forma de evitar los esfuerzos para que se haga justicia". Hay un límite para la generosidad, paciencia y capacidad de atención de la comunidad internacional, y las comisiones corren el riesgo de superarlo incluso antes de que se llegue a la instancia judicial. Reed Brody, de Human Rights Watch, menciona como ejemplo el caso de Haití: los patrocinadores internacionales declararon que no darían ayuda para iniciar procesos por crímenes del pasado porque ya se había financiado una comisión de la verdad para el país.
Además, algunos gobiernos se han servido de las comisiones precisamente para demorar (y finalmente eludir) los procesos legales formales que podrían provocar enfrentamientos con integrantes o agentes del antiguo régimen. El hecho de que se eviten estos procesos hace que los especialistas se pregunten si la actual profusión de comisiones no constituye en realidad un retroceso en lugar de un avance.
Partidarios de las comisiones de la verdad como Priscilla Hayner y Alex Boraine, quienes se desempeñan actualmente como consultores profesionales de las comisiones de la verdad en el ICTJ, niegan que haya una incompatibilidad necesaria entre comisiones y juicios. Los dos procesos, según afirman, son complementarios y no excluyentes. Hayner señala que tanto en Argentina como en Chad, la información que las comisiones de la verdad sacaron a la luz se usó en procesos judiciales posteriores. Según promete, "se descubrirá que las comisiones de la verdad aumentan la posibilidad de que se llegue a la instancia del proceso, y no lo contrario".
Por lo menos hasta ahora, no hay muchas pruebas que sustenten esta afirmación. Ni siquiera en Sudáfrica, cuyo sistema judicial funciona bastante bien, se han podido realizar muchos juicios exitosos contra los crímenes cometidos durante el apartheid. La sonada condena que recibió Eugen de Kock, mejor conocido por el apodo de "Mal Supremo", abyecto líder de un escuadrón de la muerte del gobierno, fue seguida de la igualmente sonada absolución del descarado Magnus Malan, quien fuera ministro de Defensa en tiempos del apartheid. En Guatemala el historial es mucho peor. Se ha intentado enjuiciar a muy pocas personas y, cuando se ha logrado, los jueces han sido objeto de amenazas de muerte y ataques. Ante la pregunta de si hay relación causal entre el trabajo de las comisiones de la verdad y el reducido número de procesos criminales, Paul Seils, un abogado escocés defensor de los derechos humanos que trabaja en Guatemala, sostiene que el efecto del informe de la CEH fue reducir la presión internacional que se ejercía sobre el país. A su vez, esto hizo que para el gobierno resultara más fácil no sacar a la luz el pasado. Si bien es cierto que quizás no haya incompatibilidad inherente o necesaria entre las comisiones de la verdad y los procesos judiciales, es cierto que las primeras parecen hacer que los segundos sean menos probables.
Tarea nada sencilla
A final de cuentas, las comisiones de la verdad enfrentan dos tipos de problemas básicos: los evitables y los que son inherentes. Los primeros se relacionan con la manera en que se establece, conduce y da seguimiento a las comisiones. Debería ser posible, por lo menos en teoría, minimizar estos problemas cuando se formen nuevas comisiones de la verdad recurriendo a las experiencias que con tanta rapidez se acumulan. Las comisiones del futuro, en otras palabras, no deben permitir que los dictadores se sirvan de ellas para sus propios propósitos, ni tener cometidos tan rigurosos que se acompañen de amnistías generales, ni establecerse de tal manera que disminuyan la probabilidad de llegar a los juicios.
Sin embargo, no es tan fácil evitar los problemas del segundo tipo. La reconciliación es extremadamente difícil de lograr e incluso de comprender. La verdad demasiado a menudo sigue siendo esquiva. Empero, la respuesta más adecuada a los problemas de este tipo no debería ser echar en cara a las comisiones lo que no pueden cumplir, sino apreciarlas por lo que indiscutiblemente logran. Aunque no hayan cumplido las espectaculares promesas de sus fundadores, por ejemplo, tanto la comisión guatemalteca como la sudafricana hicieron una valiosísima contribución a la salud de esos países. Gracias a la CVR y a la CEH, hechos fundamentales sobre el apartheid en Sudáfrica y sobre la guerra civil en Guatemala ya forman parte de la historia. La carrera política de De Klerk está en ruinas y nunca volverá al poder. E incluso en Guatemala, país que está cayendo una vez más en el caos y el gangsterismo, hoy resulta imposible negar el genocidio de la década de los ochenta.
Y Sudáfrica, al menos, es un país distinto debido a la terapia colectiva nacional que significó la CVR. Tal vez no reine la armonía, pero por lo menos, como dice el profesor Jakes Gerwel, rector honorario de la Rhodes University, "independientemente de las complejas divisiones y diferencias de distintos tipos, niveles e intensidades, [Sudáfrica,] definitivamente, no es una nación no reconciliada en el sentido de estar amenazada por la desintegración inminente o por un conflicto que dañe a ambas partes". El hecho de que no haya habido ningún asesinato por venganza en el país desde que la CVR comenzó sus trabajos habla de la clase de impacto que tuvo.
Los críticos de las comisiones muy a menudo convierten lo mejor en enemigo de lo bueno, y confunden la manera como creen que el mundo debería ser con la manera en que realmente es. Desde luego, las comisiones reflejan pactos entre los diversos objetivos que persiguen las nuevas democracias, y obviamente los resultados son imperfectos. Pero eso sucede porque los objetivos mismos —averiguar qué sucedió, castigar a los culpables, unificar al país, dejar atrás el pasado— a menudo son irreconciliables en su esencia. Las imperfecciones de las comisiones provienen de las situaciones imperfectas de las que emergen.
Además, la justicia sigue siendo un bien escaso. A pesar de los progresos recientes, en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos los juicios son algo muy lejano, y lograr que se asuma la responsabilidad por lo actuado sigue siendo extremadamente difícil. Con demasiada frecuencia, la opción no es entre comisiones de la verdad y juicios, sino entre comisiones de la verdad y nada. Por cada Afganistán —hoy el centro de una significativa labor internacional— existen muchos países como Sudán o Sierra Leona, por los que el mundo en general se interesa muy poco. En tales condiciones, las comisiones de la verdad bien proyectadas, como parte de un proceso político más amplio, pueden hacer una contribución fundamental a la historia, la justicia y la democracia. Michael Ignatieff, de la Harvard University, escribió que "lo único que las comisiones de la verdad pueden hacer es reducir el número de mentiras que pueden circular impunemente en el discurso público". Esto bien podría ser cierto. Pero en el mundo real, donde las mentiras proliferan y tantas víctimas sufren en silencio, sacar la verdad a la luz puede llegar a ser un remedio muy poderoso.
Sin embargo, no es tan fácil evitar los problemas del segundo tipo. La reconciliación es extremadamente difícil de lograr e incluso de comprender. La verdad demasiado a menudo sigue siendo esquiva. Empero, la respuesta más adecuada a los problemas de este tipo no debería ser echar en cara a las comisiones lo que no pueden cumplir, sino apreciarlas por lo que indiscutiblemente logran. Aunque no hayan cumplido las espectaculares promesas de sus fundadores, por ejemplo, tanto la comisión guatemalteca como la sudafricana hicieron una valiosísima contribución a la salud de esos países. Gracias a la CVR y a la CEH, hechos fundamentales sobre el apartheid en Sudáfrica y sobre la guerra civil en Guatemala ya forman parte de la historia. La carrera política de De Klerk está en ruinas y nunca volverá al poder. E incluso en Guatemala, país que está cayendo una vez más en el caos y el gangsterismo, hoy resulta imposible negar el genocidio de la década de los ochenta.
Y Sudáfrica, al menos, es un país distinto debido a la terapia colectiva nacional que significó la CVR. Tal vez no reine la armonía, pero por lo menos, como dice el profesor Jakes Gerwel, rector honorario de la Rhodes University, "independientemente de las complejas divisiones y diferencias de distintos tipos, niveles e intensidades, [Sudáfrica,] definitivamente, no es una nación no reconciliada en el sentido de estar amenazada por la desintegración inminente o por un conflicto que dañe a ambas partes". El hecho de que no haya habido ningún asesinato por venganza en el país desde que la CVR comenzó sus trabajos habla de la clase de impacto que tuvo.
Los críticos de las comisiones muy a menudo convierten lo mejor en enemigo de lo bueno, y confunden la manera como creen que el mundo debería ser con la manera en que realmente es. Desde luego, las comisiones reflejan pactos entre los diversos objetivos que persiguen las nuevas democracias, y obviamente los resultados son imperfectos. Pero eso sucede porque los objetivos mismos —averiguar qué sucedió, castigar a los culpables, unificar al país, dejar atrás el pasado— a menudo son irreconciliables en su esencia. Las imperfecciones de las comisiones provienen de las situaciones imperfectas de las que emergen.
Además, la justicia sigue siendo un bien escaso. A pesar de los progresos recientes, en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos los juicios son algo muy lejano, y lograr que se asuma la responsabilidad por lo actuado sigue siendo extremadamente difícil. Con demasiada frecuencia, la opción no es entre comisiones de la verdad y juicios, sino entre comisiones de la verdad y nada. Por cada Afganistán —hoy el centro de una significativa labor internacional— existen muchos países como Sudán o Sierra Leona, por los que el mundo en general se interesa muy poco. En tales condiciones, las comisiones de la verdad bien proyectadas, como parte de un proceso político más amplio, pueden hacer una contribución fundamental a la historia, la justicia y la democracia. Michael Ignatieff, de la Harvard University, escribió que "lo único que las comisiones de la verdad pueden hacer es reducir el número de mentiras que pueden circular impunemente en el discurso público". Esto bien podría ser cierto. Pero en el mundo real, donde las mentiras proliferan y tantas víctimas sufren en silencio, sacar la verdad a la luz puede llegar a ser un remedio muy poderoso.
Fuente: Foreign Affairs
Anexo_
Texto de Priscilla Hayner, partidaria de la Comisiones de la verdad, es consultora en el ICTJ.
Priscilla B. Hayner Unspeakable Truths – Confronting State Terror and Atrocity Routledge, New York, 2001
Traducción de Carlos Armando Figueredo (p. 24 ss-)
¿Por qué una comisión de la verdad?
Mucho más allá del hecho de hallar y declarar la verdad, a los cuerpos oficiales de la verdad con frecuencia se les ha encomendado una misión de largo alcance. En un número de casos, ellos se han constituido en las iniciativas gubernamentales más importantes que tienen que ver con los crímenes pasados y en punto central a partir del cual se desarrollan otras medidas para establecer responsabilidad, indemnizaciones y programas de reforma. Las razones declaradas en respaldo del establecimiento de una comisión de la verdad difieren de un país al otro. A título de ejemplo, algunos ponen énfasis en la reconciliación nacional y la necesidad de cerrar el libro sobre el pasado; otros lo han enmarcado dentro del concepto de un paso hacia los enjuiciamientos que le seguirán; y hay otros que ven en él la apertura de una investigación sobre el pasado como un medio de distanciar las políticas del nuevo gobierno del régimen anterior y para destacar una nueva era de respeto a los derechos.
Si bien se presenta bajo grados variantes de énfasis, una comisión de la verdad puede tener cualquiera de las cincos metas siguientes: descubrir, aclarar, y reconocer formalmente los abusos pasados; responder a necesidades específicas de las víctimas; contribuir con la justicia y la fijación de responsabilidades; delinear responsabilidad institucional y recomendar reformas; y promover reconciliación y reducir el conflicto con respecto al pasado.
Aclarar y reconocer la verdad
El objetivo más directo de una comisión de la verdad es la determinación sancionada de los hechos: establecer un registro exacto del pasado de un país, aclarar ciertos acontecimientos, y levantar la tapa del silencio y de la negación que cubre a un período contencioso y doloroso de la historia. El gran número de entrevistas con víctimas, típico de estas comisiones, permite un recuento detallado de los patrones de violencia a lo largo del tiempo y a través de las regiones, registrando literalmente una historia oculta. El detalle y la amplitud de la información en un informe de una comisión de la verdad son usualmente de género y calidad sustancialmente mejores que cualquier recuento histórico previo, dejándole al país un registro escrito y bien documentado sobre acontecimientos que, de otro modo, sería objeto de frecuentes disputas. Más allá de la descripción de los patrones generales, algunas comisiones de la verdad han abierto igualmente el juicio sobre una serie de casos clave, llegando incluso a dar el nombre de los perpetradores y autores intelectuales de serios crímenes no resueltos, colocados en altas posiciones. El reconocimiento oficial y público de los abusos del pasado sirve para acabar efectivamente con el silencio sobre un tópico acerca del cual, de otra manera, sólo podría hablarse en voz muy baja, por el hecho de que se le tiene como muy peligroso para ser objeto de conversación general, rara vez reportado honestamente en la prensa y ciertamente fuera de los límites de la historia oficial que se enseña en las escuelas. En efecto, el informe de una comisión de la verdad corrige la historia de un país y la abre para que sea revisada públicamente.
En ciertos países, quienes trabajan activamente por los derechos humanos insisten en que una comisión de la verdad no se limita a hallar nueva verdad sino que más bien levanta el velo de la negación respecto de verdades ampliamente conocidas sobre las cuales no se habla. La negación firme puede verse especialmente presente en aquellos países donde el gobierno represivo dependía del apoyo activo o pasivo del público, o de ciertos sectores del público, para adelantar sus políticas y mantener el poder. Los activistas “antiapartheid” en Africa del Sur insisten en que era imposible que algún surafricano no supiera que la tortura, las matanzas, y otras tácticas represivas en contra de los opositores eran un lugar común bajo el régimen apartheid; que a menos que la gente, a conciencia, escogió cerrar las persianas para bloquear la verdad, tenía que haber sabido. Algunos surafricanos arguyen, por lo tanto, que la contribución más importante de la comisión fue simplemente la de remover la posibilidad de negación continuada. Si bien hubo manifestaciones iniciales de incredulidad por parte de antiguos sustentadores del apartheid cuando empezaron a surgir las duras historias de las víctimas, a medida que proseguían las audiencias de la comisión, y especialmente en cuanto los perpetradores subían al banquillo para describir en detalle la tortura y las matanzas en las cuales estaban involucrados, se hizo imposible que alguien pudiera resistir frente a la verdad del testimonio. Tal como lo ha dicho el escritor Michael Ignatieff. “El pasado es un argumento y la función de las comisiones de la verdad, tal como la función de los historiadores honestos, es simplemente la de purificar el argumento, la de estrechar el rango de las mentiras permisibles.” A pesar de todo, si se les compara con muchos blancos, los surafricanos negros no estuvieron tan sorprendidos por la evidencia de abusos cometidos por las fuerzas estatales: ellos fueron víctimas y testigos de esos abusos. No hay duda de que en muchas situaciones que justifican una comisión de la verdad post-transición, quienes fueron victimizados y pueden tener de plano una buena idea de lo que ocurrió y de quien fue responsable, y las investigaciones sólo confirman creencias bien establecidas acerca de los acontecimientos o las prácticas en cuestión. En algunos países, las atrocidades tuvieron lugar sin que hubiera o bien reconocimiento explícito por las partes responsables (tal como en el caso de los secuestros políticos, o los anuncios públicos acerca de los grupos o individuos que estaban en la mira), o bien por el personal uniformado que dejaba testigos de sus actos (tales como los raptos de activistas en público, o las masacres por parte de las fuerzas armadas). Este sentido de las víctimas que ya tenían conocimiento de la verdad, y quienes de ese modo podían obtener poco de nueva verdad de una comisión, se ve incrementado por el hecho desafortunado de que pocas entre las víctimas que rinden testimonio a comisiones de la verdad pueden enterarse de nueva información acerca de su propio caso. Debido al elevado número de testimonios oídos y al tiempo y los recursos limitados, las comisiones de la verdad tan sólo pueden emprender investigación seria sobre un número muy reducido de casos. La mayoría de los miles de testimonios se registran exactamente como fueron expuestos por los declarantes y se utilizan para un análisis estadístico de las tendencias, pero, desgraciadamente, nunca son investigados en profundidad.
Para algunas víctimas y sobrevivientes, por lo tanto, una comisión de la verdad no les informa tanto sobre nueva verdad, sino que más bien reconoce una verdad que ya conocían por lo general. En el proceso de recabar testimonio y de publicar un informe oficial, una comisión ofrece un reconocimiento oficial de hechos silenciados durante largo tiempo. El presidente puede valerse de la ocasión de aceptar formalmente un informe de comisión para expresar una declaración de apología a nombre del estado. Cuando el Presidente Patricio Aylwin, hizo público el informe de la verdad chileno, hizo un llamado emotivo, en transmisión televisada a nivel nacional, en el que rogaba a las familias de las víctimas que perdonaran, lo que es citado frecuentemente por los sobrevivientes como un momento poderoso, después de que sus reclamos hubieran sido dejados de lado por tantos años. Luego les envió una copia del informe a las familias de las víctimas enumeradas en el informe, con una carta que indicaba la página donde hallarían la cita de su caso.
La distinción entre “conocimiento” y “reconocimiento” ha sido vista frecuentemente por los observadores de las comisiones de la verdad, articulada en primer lugar en una de las primeras conferencias importantes sobre justicia de transición en 1988. “El reconocimiento implica que el estado ha admitido sus malas acciones y reconoció que había obrado mal,” escribe Aryeh Neier, presidente del Open Society Institute y ex director ejecutivo de Human Rights Watch. Juan Méndez, un prominente abogado de los derechos humanos, escribe que “El conocimiento que es sancionado oficialmente, y hecho, por lo tanto, ‘parte de la escena cognitiva pública’… adquiere una calidad misteriosa que no se halla presente cuando es meramente ‘verdad’. El reconocimiento oficial por lo menos comienza a curar las heridas.” El reconocimiento oficial puede ser poderoso precisamente porque la negación oficial ha sido tan penetrante. Algunos miden la necesidad de verdad oficial y, por lo tanto lo apropiado de una Comisión de la Verdad, en el grado en que un gobierno trató de disfrazar la verdadera naturaleza de su régimen. Aryeh Neier ha argumentado que la necesidad de búsqueda de la verdad queda determinada por el grado que hubo de ocultamiento de las atrocidades. “El factor crucial es ¿mientras se cometían los abusos se practicaba el engaño? Ciertos gobiernos han tratado de mantener la legitimidad internacional mientras se dedicaban a cometer abusos --como un número de gobiernos latinoamericanos, frente a sus relaciones con los Estados Unidos.” En ciertos países, los crímenes se cometen en una forma que puede ocultarse fácilmente: tropas que llevan ropa de civiles y que conducen vehículos sin marca, personas que desaparecen sin que quede rastro. “Todo lo relativo a esos crímenes tenía la intención de ser negado. Cuando el engaño es tan inherente a los abusos, entonces la verdad adquiere un significado muy acrecentado. La revelación de la verdad bajo esas circunstancias toma cierto grado de poder,” explica Neier.
El hecho de hacer desaparecer a una persona es, la forma más escandalosa de atrocidad a través del engaño, con la intención obvia de mentir, esconder y ocultar. Sin embargo no sólo son las desapariciones las que pueden permanecer escondidas; incluso no se ha dado cuenta de grandes masacres en algunos países, y han sido negados oficial y vehementemente aun frente a pruebas significativas sobre lo contrario. Centenares de masacres se produjeron en las regiones altas de Guatemala a principios de los años de la década de 1980 durante la campaña militar para eliminar las guerrillas armadas y a quienes las apoyaban. Sin embargo, el acceso a esas áreas no les estaba permitido a los extraños, lo que impedía la propagación de noticias sobre las masacres. Incluso muchos sobrevivientes de las atrocidades no sabían de la existencia de masacres similares en otros lugares: los militares les impedían viajar a las poblaciones vecinas, muchas veces a varias horas de recorrido a pie, y muchos llegaban a la conclusión de que sólo se actuaba contra su poblado.
Pero incluso en aquellas circunstancias en las que los acontecimientos parecían bien registrados a medida que se desarrollaban es posible que algunos hechos básicos sigan siendo objeto de disputa apasionada luego, a veces incluso falsamente expuestos para servir a fines políticos. A pesar del cercano recuento de la guerra de Bosnia, hay tres versiones contradictorias de la verdad oficial en Bosnia en cuanto a lo que ocurrió realmente en esa guerra, con cada historia narrada en diferentes escuelas para diferentes comunidades – musulmanes, croatas o serbios – y reforzando puntos de conflicto fundamentales que bien podrían encenderse en violencia futura.
En 1998, los bosnios empezaron a considerar la idea de una comisión de la verdad para poder establecer un recuento histórico objeto de consenso y bien documentado.
Responder a las necesidades y los intereses de las víctimas
Una diferencia fundamental entre los juicios y las comisiones de la verdad es la naturaleza y la extensión de su atención a las víctimas. La función del sistema judicial es en primer lugar y sobre todo, investigar los actos específicos de los perpetradores acusados durante un juicio, se invita a las víctimas a atestiguar sólo en cuanto ello se requiera para dar soporte a los alegatos específicos de un caso, que usualmente incluyen un rango muy estrecho de acontecimientos que constituyen el delito que se imputa. Usualmente, son pocas las víctimas llamadas a atestiguar y su testimonio probablemente será objetado directamente e incluso agresivamente por los abogados de la defensa en el Tribunal (En algunos casos, las víctimas pueden desempeñar también un papel crítico al impulsar activamente un caso para que haya una acusación formal).
La mayoría de las comisiones de la verdad, por contraste, se diseñan con la intención de que se centren fundamentalmente en las víctimas. Si bien las comisiones pueden investigar la participación de perpetradores individuales en abusos, y pueden recibir información crítica al llegar a los perpetradores acusados y a otros desde el fuero interno del sistema de represión, gran parte de su tiempo y su atención se centra sobre las víctimas. Usualmente oyen el testimonio de un amplio conjunto de testigos, víctimas y sobrevivientes, y toman en consideración todas las versiones acopiadas para analizar y describir el patrón más amplio de acontecimientos. Al oír las historias de las víctimas, tal vez en audiencias públicas, y publicar un informe que describa un gran conjunto de experiencias de sufrimiento, las condiciones les dan efectivamente a las víctimas una voz pública y traen su sufrimiento al conocimiento de un público más vasto.
En la medida en que progresaron las audiencias de la comisión surafricana, por ejemplo, los terapistas que trabajaban con los sobrevivientes de torturas indicaron un aumento marcado en la comprensión y apreciación por parte del público, de las necesidades de las víctimas. Para algunas víctimas y algunos sobrevivientes, ese proceso puede tener un efecto catártico y de curación.
Las comisiones pueden servir de otras maneras a las necesidades de las víctimas: algunas ayudan a diseñar un programa de reparaciones para las víctimas o para las familias de quienes fueron muertos en violencia política, y en algunos casos las listas de víctimas compiladas por la comisión de la verdad sirven como listas de los beneficiarios una vez que se haya establecido un programa de reparaciones.
Finalmente, en un nivel muy práctico, muchos miembros de la familia de los desaparecidos desean desesperadamente que se obtenga el status legal de su persona amada establecido oficialmente. Muchos asuntos civiles no pueden arreglarse sin un acta de defunción – tales como la apertura de un testamento o el hecho de tener acceso al dinero en la cuenta bancaria de la persona desaparecida.
En Sri Lanka, Argentina y otros lugares, estas consideraciones tan prácticas contribuyeron significativamente al sufrimiento de los sobrevivientes. En Argentina, el Estado fijó un nuevo status legal de “desaparecido forzoso”, equivalente funcionalmente a un acta de defunción, lo que permitía que se procesaran los asuntos civiles sin declaran que la persona había muerto. Ese status se les aplicó a todos los documentados por la comisión de la verdad.
Contribuir a la justicia y la responsabilidad
Antes que desplazar o reemplazar la justicia en los tribunales, una comisión puede a veces contribuir a responsabilizar a los perpetradores. Muchas comisiones les pasarán sus expedientes a las autoridades del ministerio público, y allí donde hay un sistema judicial que funcione, pruebas suficientes y suficiente voluntad política, puede haber lugar a juicios.
Algunas comisiones han dado el nombre de los malhechores, dando lugar así a una sanción moral, por lo menos. Algunas han recomendado otras sanciones que podrían instituirse sin necesidad de llegar a un juicio pleno, tal como remover a los que hubieren incurrido en conductas abusivas de los cargos que desempeñen en los cuerpos de seguridad donde podrían continuar haciendo daño adicional.
Delinear la responsabilidad institucional y recomendar reformar
Además de fijar posición sobre el papel de perpetradores individuales, las comisiones de la verdad están bien colocadas para evaluar las responsabilidades institucionales, en cuanto a abusos extensos, y para delinear las debilidades en las estructuras institucionales o en las leyes existentes que deberían cambiarse para impedir que recurran los abusos en el futuro. Es posible que una comisión pueda ayudar a prevenir abusos futuros simplemente al publicar un registro fidedigno de los abusos pasados, con la esperanza de que una ciudadanía con mayor capacidad de conocimiento llegue a reconocer cualquier signo de retorno a un régimen represivo y pueda oponer resistencia. Pero la paz y la civilidad futura probablemente dependerán mucho del hecho de que se cambien las instituciones en las que se cometieron tales abusos, tales como las fuerzas policiales y militares, así como aquellas instituciones responsables de prevenir los abusos y de castigar a los malhechores, tales como el poder judicial. Las comisiones de la verdad están colocadas en posición única para emprender esa tarea prescriptiva, ya que pueden fundamentar sus conclusiones y recomendaciones en un estudio a fondo de los expedientes, a la vez que se asientan como una institución independiente separada del sistema que está siendo analizado.
Por lo general no existe otro cuerpo estatal que esté en condiciones de examinar todo lo que esté registrado y las deficiencias del sistema judicial, por ejemplo.
En definitivas cuentas, la implementación de las reformas recomendadas por una comisión de la verdad depende del interés y de la voluntad política de quienes detentan el poder. La mayoría de las recomendaciones hasta ahora no han sido vinculantes, si bien son útiles par ofrecer una vía para el cambio y crear puntos de presión alrededor de los cuales la sociedad civil o la comunidad internacional pueden presionar par que haya reformas. (Omissis).
Promover la reconciliación y reducir las tensiones que surgen de la violencia pasada
La sabiduría general mantiene que el futuro depende del pasado: uno tiene que confrontar el legado de horrores del pasado so pena de que no aparezca el fundamento sobre el cual pueda construirse una nueva sociedad.
Enterremos nuestros pecados y veremos como volverán a surgir más tarde. Atapucemos esqueletos en el closet y ellos saldrán del closet en los momentos menos auspiciosos. Tratemos de callar los fantasmas del pasado y nos espantarán siempre a riesgo de abrirle a la sociedad ciclos de violencia, rabia, dolor y venganza. Al confrontar directamente los conflictos de larga data, se da por seguro, habrá menos posibilidad de que ellos exploten en violencia grave y en conflicto político en el futuro. Ciertamente, el hecho de resolver desavenencias y de ventilar conflictos latentes puede ayudar a rebajar las tensiones. Pero, en algunas circunstancias, en medio de una transición delicada, la revelación de la verdad puede también aumentar las tensiones, especialmente cuando esa verdad tiene que ver con la culpabilidad de figuras poderosas o con fuerzas de la comisión de crímenes ha gran escala. Puede comprenderse que un gobierno penetre en esa arena con sumo cuidado.
En una vena similar, tal como se anotó arriba, muchos proponentes de la búsqueda de la verdad sostienen que el perdón y la reconciliación serán el resultado de haber ventilado la verdad plena ¿Cómo pueden perdonar las víctimas sin saber a quién perdonar y qué perdonarles? La meta de la reconciliación ha estado asociada tan estrechamente a algunas comisiones de la verdad del pasado que muchos observadores casuales asumen que la reconciliación es un fin integral, e incluso primario, de la creación de una comisión de la verdad, lo cual no siempre es cierto.
(Omissis) Finalmente, en adición a estos fines específicos para que se emprenda la búsqueda de la verdad, algunos observadores afirman que el hecho de hallar la verdad en cuanto a los abusos y hacerla pública es una obligación del estado, tal como lo confirma el derecho internacional, y que hay un inherente derecho a la verdad que tienen todas las víctimas y los sobrevivientes, o la sociedad como un todo. El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los estados a investigar y castigar a los grandes violadores de derechos humanos en casi todas las circunstancias; implícito en esa obligación se halla el derecho inherente a la ciudadanía de conocer los resultados de tales investigaciones, afirman quienes abogan por los derechos humanos.
Frank La Rue del Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos en Guatemala, y Richard Carver, quien trabajo en el Artículo 19 en Londres, estuvieron entre los primeros en articular ese derecho a la verdad, en 1993. Carver escribió: “El artículo 19 considera que sin duda existe un derecho a conocer la verdad que está contenido dentro del derecho de ‘buscar, recibir e impartir información’ que está garantizada por el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.” Cita también un “derecho a recibir información” similar en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.
Quienes abogan por los derechos humanos señalan también la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez de 1998, que determinó que el estado tiene un deber de investigar el destino de los desaparecidos y de revelar la información a los familiares.
Estas y muchas variadas esperanzas de una comisión de la verdad son sin duda razones obligantes para que un país emprenda un ejercicio sobre búsqueda de la verdad. Esas metas son sin lugar a dudas suficientemente importantes como par justificar energía, gastos, tiempo y esfuerzos considerables. Pero, desafortunadamente, la complejidad y sensitividad de la tarea han significado que muchas comisiones tienen dificultad en alcanzar esas metas. (Omissis).
¿Por qué una comisión de la verdad?
Mucho más allá del hecho de hallar y declarar la verdad, a los cuerpos oficiales de la verdad con frecuencia se les ha encomendado una misión de largo alcance. En un número de casos, ellos se han constituido en las iniciativas gubernamentales más importantes que tienen que ver con los crímenes pasados y en punto central a partir del cual se desarrollan otras medidas para establecer responsabilidad, indemnizaciones y programas de reforma. Las razones declaradas en respaldo del establecimiento de una comisión de la verdad difieren de un país al otro. A título de ejemplo, algunos ponen énfasis en la reconciliación nacional y la necesidad de cerrar el libro sobre el pasado; otros lo han enmarcado dentro del concepto de un paso hacia los enjuiciamientos que le seguirán; y hay otros que ven en él la apertura de una investigación sobre el pasado como un medio de distanciar las políticas del nuevo gobierno del régimen anterior y para destacar una nueva era de respeto a los derechos.
Si bien se presenta bajo grados variantes de énfasis, una comisión de la verdad puede tener cualquiera de las cincos metas siguientes: descubrir, aclarar, y reconocer formalmente los abusos pasados; responder a necesidades específicas de las víctimas; contribuir con la justicia y la fijación de responsabilidades; delinear responsabilidad institucional y recomendar reformas; y promover reconciliación y reducir el conflicto con respecto al pasado.
Aclarar y reconocer la verdad
El objetivo más directo de una comisión de la verdad es la determinación sancionada de los hechos: establecer un registro exacto del pasado de un país, aclarar ciertos acontecimientos, y levantar la tapa del silencio y de la negación que cubre a un período contencioso y doloroso de la historia. El gran número de entrevistas con víctimas, típico de estas comisiones, permite un recuento detallado de los patrones de violencia a lo largo del tiempo y a través de las regiones, registrando literalmente una historia oculta. El detalle y la amplitud de la información en un informe de una comisión de la verdad son usualmente de género y calidad sustancialmente mejores que cualquier recuento histórico previo, dejándole al país un registro escrito y bien documentado sobre acontecimientos que, de otro modo, sería objeto de frecuentes disputas. Más allá de la descripción de los patrones generales, algunas comisiones de la verdad han abierto igualmente el juicio sobre una serie de casos clave, llegando incluso a dar el nombre de los perpetradores y autores intelectuales de serios crímenes no resueltos, colocados en altas posiciones. El reconocimiento oficial y público de los abusos del pasado sirve para acabar efectivamente con el silencio sobre un tópico acerca del cual, de otra manera, sólo podría hablarse en voz muy baja, por el hecho de que se le tiene como muy peligroso para ser objeto de conversación general, rara vez reportado honestamente en la prensa y ciertamente fuera de los límites de la historia oficial que se enseña en las escuelas. En efecto, el informe de una comisión de la verdad corrige la historia de un país y la abre para que sea revisada públicamente.
En ciertos países, quienes trabajan activamente por los derechos humanos insisten en que una comisión de la verdad no se limita a hallar nueva verdad sino que más bien levanta el velo de la negación respecto de verdades ampliamente conocidas sobre las cuales no se habla. La negación firme puede verse especialmente presente en aquellos países donde el gobierno represivo dependía del apoyo activo o pasivo del público, o de ciertos sectores del público, para adelantar sus políticas y mantener el poder. Los activistas “antiapartheid” en Africa del Sur insisten en que era imposible que algún surafricano no supiera que la tortura, las matanzas, y otras tácticas represivas en contra de los opositores eran un lugar común bajo el régimen apartheid; que a menos que la gente, a conciencia, escogió cerrar las persianas para bloquear la verdad, tenía que haber sabido. Algunos surafricanos arguyen, por lo tanto, que la contribución más importante de la comisión fue simplemente la de remover la posibilidad de negación continuada. Si bien hubo manifestaciones iniciales de incredulidad por parte de antiguos sustentadores del apartheid cuando empezaron a surgir las duras historias de las víctimas, a medida que proseguían las audiencias de la comisión, y especialmente en cuanto los perpetradores subían al banquillo para describir en detalle la tortura y las matanzas en las cuales estaban involucrados, se hizo imposible que alguien pudiera resistir frente a la verdad del testimonio. Tal como lo ha dicho el escritor Michael Ignatieff. “El pasado es un argumento y la función de las comisiones de la verdad, tal como la función de los historiadores honestos, es simplemente la de purificar el argumento, la de estrechar el rango de las mentiras permisibles.” A pesar de todo, si se les compara con muchos blancos, los surafricanos negros no estuvieron tan sorprendidos por la evidencia de abusos cometidos por las fuerzas estatales: ellos fueron víctimas y testigos de esos abusos. No hay duda de que en muchas situaciones que justifican una comisión de la verdad post-transición, quienes fueron victimizados y pueden tener de plano una buena idea de lo que ocurrió y de quien fue responsable, y las investigaciones sólo confirman creencias bien establecidas acerca de los acontecimientos o las prácticas en cuestión. En algunos países, las atrocidades tuvieron lugar sin que hubiera o bien reconocimiento explícito por las partes responsables (tal como en el caso de los secuestros políticos, o los anuncios públicos acerca de los grupos o individuos que estaban en la mira), o bien por el personal uniformado que dejaba testigos de sus actos (tales como los raptos de activistas en público, o las masacres por parte de las fuerzas armadas). Este sentido de las víctimas que ya tenían conocimiento de la verdad, y quienes de ese modo podían obtener poco de nueva verdad de una comisión, se ve incrementado por el hecho desafortunado de que pocas entre las víctimas que rinden testimonio a comisiones de la verdad pueden enterarse de nueva información acerca de su propio caso. Debido al elevado número de testimonios oídos y al tiempo y los recursos limitados, las comisiones de la verdad tan sólo pueden emprender investigación seria sobre un número muy reducido de casos. La mayoría de los miles de testimonios se registran exactamente como fueron expuestos por los declarantes y se utilizan para un análisis estadístico de las tendencias, pero, desgraciadamente, nunca son investigados en profundidad.
Para algunas víctimas y sobrevivientes, por lo tanto, una comisión de la verdad no les informa tanto sobre nueva verdad, sino que más bien reconoce una verdad que ya conocían por lo general. En el proceso de recabar testimonio y de publicar un informe oficial, una comisión ofrece un reconocimiento oficial de hechos silenciados durante largo tiempo. El presidente puede valerse de la ocasión de aceptar formalmente un informe de comisión para expresar una declaración de apología a nombre del estado. Cuando el Presidente Patricio Aylwin, hizo público el informe de la verdad chileno, hizo un llamado emotivo, en transmisión televisada a nivel nacional, en el que rogaba a las familias de las víctimas que perdonaran, lo que es citado frecuentemente por los sobrevivientes como un momento poderoso, después de que sus reclamos hubieran sido dejados de lado por tantos años. Luego les envió una copia del informe a las familias de las víctimas enumeradas en el informe, con una carta que indicaba la página donde hallarían la cita de su caso.
La distinción entre “conocimiento” y “reconocimiento” ha sido vista frecuentemente por los observadores de las comisiones de la verdad, articulada en primer lugar en una de las primeras conferencias importantes sobre justicia de transición en 1988. “El reconocimiento implica que el estado ha admitido sus malas acciones y reconoció que había obrado mal,” escribe Aryeh Neier, presidente del Open Society Institute y ex director ejecutivo de Human Rights Watch. Juan Méndez, un prominente abogado de los derechos humanos, escribe que “El conocimiento que es sancionado oficialmente, y hecho, por lo tanto, ‘parte de la escena cognitiva pública’… adquiere una calidad misteriosa que no se halla presente cuando es meramente ‘verdad’. El reconocimiento oficial por lo menos comienza a curar las heridas.” El reconocimiento oficial puede ser poderoso precisamente porque la negación oficial ha sido tan penetrante. Algunos miden la necesidad de verdad oficial y, por lo tanto lo apropiado de una Comisión de la Verdad, en el grado en que un gobierno trató de disfrazar la verdadera naturaleza de su régimen. Aryeh Neier ha argumentado que la necesidad de búsqueda de la verdad queda determinada por el grado que hubo de ocultamiento de las atrocidades. “El factor crucial es ¿mientras se cometían los abusos se practicaba el engaño? Ciertos gobiernos han tratado de mantener la legitimidad internacional mientras se dedicaban a cometer abusos --como un número de gobiernos latinoamericanos, frente a sus relaciones con los Estados Unidos.” En ciertos países, los crímenes se cometen en una forma que puede ocultarse fácilmente: tropas que llevan ropa de civiles y que conducen vehículos sin marca, personas que desaparecen sin que quede rastro. “Todo lo relativo a esos crímenes tenía la intención de ser negado. Cuando el engaño es tan inherente a los abusos, entonces la verdad adquiere un significado muy acrecentado. La revelación de la verdad bajo esas circunstancias toma cierto grado de poder,” explica Neier.
El hecho de hacer desaparecer a una persona es, la forma más escandalosa de atrocidad a través del engaño, con la intención obvia de mentir, esconder y ocultar. Sin embargo no sólo son las desapariciones las que pueden permanecer escondidas; incluso no se ha dado cuenta de grandes masacres en algunos países, y han sido negados oficial y vehementemente aun frente a pruebas significativas sobre lo contrario. Centenares de masacres se produjeron en las regiones altas de Guatemala a principios de los años de la década de 1980 durante la campaña militar para eliminar las guerrillas armadas y a quienes las apoyaban. Sin embargo, el acceso a esas áreas no les estaba permitido a los extraños, lo que impedía la propagación de noticias sobre las masacres. Incluso muchos sobrevivientes de las atrocidades no sabían de la existencia de masacres similares en otros lugares: los militares les impedían viajar a las poblaciones vecinas, muchas veces a varias horas de recorrido a pie, y muchos llegaban a la conclusión de que sólo se actuaba contra su poblado.
Pero incluso en aquellas circunstancias en las que los acontecimientos parecían bien registrados a medida que se desarrollaban es posible que algunos hechos básicos sigan siendo objeto de disputa apasionada luego, a veces incluso falsamente expuestos para servir a fines políticos. A pesar del cercano recuento de la guerra de Bosnia, hay tres versiones contradictorias de la verdad oficial en Bosnia en cuanto a lo que ocurrió realmente en esa guerra, con cada historia narrada en diferentes escuelas para diferentes comunidades – musulmanes, croatas o serbios – y reforzando puntos de conflicto fundamentales que bien podrían encenderse en violencia futura.
En 1998, los bosnios empezaron a considerar la idea de una comisión de la verdad para poder establecer un recuento histórico objeto de consenso y bien documentado.
Responder a las necesidades y los intereses de las víctimas
Una diferencia fundamental entre los juicios y las comisiones de la verdad es la naturaleza y la extensión de su atención a las víctimas. La función del sistema judicial es en primer lugar y sobre todo, investigar los actos específicos de los perpetradores acusados durante un juicio, se invita a las víctimas a atestiguar sólo en cuanto ello se requiera para dar soporte a los alegatos específicos de un caso, que usualmente incluyen un rango muy estrecho de acontecimientos que constituyen el delito que se imputa. Usualmente, son pocas las víctimas llamadas a atestiguar y su testimonio probablemente será objetado directamente e incluso agresivamente por los abogados de la defensa en el Tribunal (En algunos casos, las víctimas pueden desempeñar también un papel crítico al impulsar activamente un caso para que haya una acusación formal).
La mayoría de las comisiones de la verdad, por contraste, se diseñan con la intención de que se centren fundamentalmente en las víctimas. Si bien las comisiones pueden investigar la participación de perpetradores individuales en abusos, y pueden recibir información crítica al llegar a los perpetradores acusados y a otros desde el fuero interno del sistema de represión, gran parte de su tiempo y su atención se centra sobre las víctimas. Usualmente oyen el testimonio de un amplio conjunto de testigos, víctimas y sobrevivientes, y toman en consideración todas las versiones acopiadas para analizar y describir el patrón más amplio de acontecimientos. Al oír las historias de las víctimas, tal vez en audiencias públicas, y publicar un informe que describa un gran conjunto de experiencias de sufrimiento, las condiciones les dan efectivamente a las víctimas una voz pública y traen su sufrimiento al conocimiento de un público más vasto.
En la medida en que progresaron las audiencias de la comisión surafricana, por ejemplo, los terapistas que trabajaban con los sobrevivientes de torturas indicaron un aumento marcado en la comprensión y apreciación por parte del público, de las necesidades de las víctimas. Para algunas víctimas y algunos sobrevivientes, ese proceso puede tener un efecto catártico y de curación.
Las comisiones pueden servir de otras maneras a las necesidades de las víctimas: algunas ayudan a diseñar un programa de reparaciones para las víctimas o para las familias de quienes fueron muertos en violencia política, y en algunos casos las listas de víctimas compiladas por la comisión de la verdad sirven como listas de los beneficiarios una vez que se haya establecido un programa de reparaciones.
Finalmente, en un nivel muy práctico, muchos miembros de la familia de los desaparecidos desean desesperadamente que se obtenga el status legal de su persona amada establecido oficialmente. Muchos asuntos civiles no pueden arreglarse sin un acta de defunción – tales como la apertura de un testamento o el hecho de tener acceso al dinero en la cuenta bancaria de la persona desaparecida.
En Sri Lanka, Argentina y otros lugares, estas consideraciones tan prácticas contribuyeron significativamente al sufrimiento de los sobrevivientes. En Argentina, el Estado fijó un nuevo status legal de “desaparecido forzoso”, equivalente funcionalmente a un acta de defunción, lo que permitía que se procesaran los asuntos civiles sin declaran que la persona había muerto. Ese status se les aplicó a todos los documentados por la comisión de la verdad.
Contribuir a la justicia y la responsabilidad
Antes que desplazar o reemplazar la justicia en los tribunales, una comisión puede a veces contribuir a responsabilizar a los perpetradores. Muchas comisiones les pasarán sus expedientes a las autoridades del ministerio público, y allí donde hay un sistema judicial que funcione, pruebas suficientes y suficiente voluntad política, puede haber lugar a juicios.
Algunas comisiones han dado el nombre de los malhechores, dando lugar así a una sanción moral, por lo menos. Algunas han recomendado otras sanciones que podrían instituirse sin necesidad de llegar a un juicio pleno, tal como remover a los que hubieren incurrido en conductas abusivas de los cargos que desempeñen en los cuerpos de seguridad donde podrían continuar haciendo daño adicional.
Delinear la responsabilidad institucional y recomendar reformar
Además de fijar posición sobre el papel de perpetradores individuales, las comisiones de la verdad están bien colocadas para evaluar las responsabilidades institucionales, en cuanto a abusos extensos, y para delinear las debilidades en las estructuras institucionales o en las leyes existentes que deberían cambiarse para impedir que recurran los abusos en el futuro. Es posible que una comisión pueda ayudar a prevenir abusos futuros simplemente al publicar un registro fidedigno de los abusos pasados, con la esperanza de que una ciudadanía con mayor capacidad de conocimiento llegue a reconocer cualquier signo de retorno a un régimen represivo y pueda oponer resistencia. Pero la paz y la civilidad futura probablemente dependerán mucho del hecho de que se cambien las instituciones en las que se cometieron tales abusos, tales como las fuerzas policiales y militares, así como aquellas instituciones responsables de prevenir los abusos y de castigar a los malhechores, tales como el poder judicial. Las comisiones de la verdad están colocadas en posición única para emprender esa tarea prescriptiva, ya que pueden fundamentar sus conclusiones y recomendaciones en un estudio a fondo de los expedientes, a la vez que se asientan como una institución independiente separada del sistema que está siendo analizado.
Por lo general no existe otro cuerpo estatal que esté en condiciones de examinar todo lo que esté registrado y las deficiencias del sistema judicial, por ejemplo.
En definitivas cuentas, la implementación de las reformas recomendadas por una comisión de la verdad depende del interés y de la voluntad política de quienes detentan el poder. La mayoría de las recomendaciones hasta ahora no han sido vinculantes, si bien son útiles par ofrecer una vía para el cambio y crear puntos de presión alrededor de los cuales la sociedad civil o la comunidad internacional pueden presionar par que haya reformas. (Omissis).
Promover la reconciliación y reducir las tensiones que surgen de la violencia pasada
La sabiduría general mantiene que el futuro depende del pasado: uno tiene que confrontar el legado de horrores del pasado so pena de que no aparezca el fundamento sobre el cual pueda construirse una nueva sociedad.
Enterremos nuestros pecados y veremos como volverán a surgir más tarde. Atapucemos esqueletos en el closet y ellos saldrán del closet en los momentos menos auspiciosos. Tratemos de callar los fantasmas del pasado y nos espantarán siempre a riesgo de abrirle a la sociedad ciclos de violencia, rabia, dolor y venganza. Al confrontar directamente los conflictos de larga data, se da por seguro, habrá menos posibilidad de que ellos exploten en violencia grave y en conflicto político en el futuro. Ciertamente, el hecho de resolver desavenencias y de ventilar conflictos latentes puede ayudar a rebajar las tensiones. Pero, en algunas circunstancias, en medio de una transición delicada, la revelación de la verdad puede también aumentar las tensiones, especialmente cuando esa verdad tiene que ver con la culpabilidad de figuras poderosas o con fuerzas de la comisión de crímenes ha gran escala. Puede comprenderse que un gobierno penetre en esa arena con sumo cuidado.
En una vena similar, tal como se anotó arriba, muchos proponentes de la búsqueda de la verdad sostienen que el perdón y la reconciliación serán el resultado de haber ventilado la verdad plena ¿Cómo pueden perdonar las víctimas sin saber a quién perdonar y qué perdonarles? La meta de la reconciliación ha estado asociada tan estrechamente a algunas comisiones de la verdad del pasado que muchos observadores casuales asumen que la reconciliación es un fin integral, e incluso primario, de la creación de una comisión de la verdad, lo cual no siempre es cierto.
(Omissis) Finalmente, en adición a estos fines específicos para que se emprenda la búsqueda de la verdad, algunos observadores afirman que el hecho de hallar la verdad en cuanto a los abusos y hacerla pública es una obligación del estado, tal como lo confirma el derecho internacional, y que hay un inherente derecho a la verdad que tienen todas las víctimas y los sobrevivientes, o la sociedad como un todo. El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los estados a investigar y castigar a los grandes violadores de derechos humanos en casi todas las circunstancias; implícito en esa obligación se halla el derecho inherente a la ciudadanía de conocer los resultados de tales investigaciones, afirman quienes abogan por los derechos humanos.
Frank La Rue del Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos en Guatemala, y Richard Carver, quien trabajo en el Artículo 19 en Londres, estuvieron entre los primeros en articular ese derecho a la verdad, en 1993. Carver escribió: “El artículo 19 considera que sin duda existe un derecho a conocer la verdad que está contenido dentro del derecho de ‘buscar, recibir e impartir información’ que está garantizada por el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.” Cita también un “derecho a recibir información” similar en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.
Quienes abogan por los derechos humanos señalan también la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez de 1998, que determinó que el estado tiene un deber de investigar el destino de los desaparecidos y de revelar la información a los familiares.
Estas y muchas variadas esperanzas de una comisión de la verdad son sin duda razones obligantes para que un país emprenda un ejercicio sobre búsqueda de la verdad. Esas metas son sin lugar a dudas suficientemente importantes como par justificar energía, gastos, tiempo y esfuerzos considerables. Pero, desafortunadamente, la complejidad y sensitividad de la tarea han significado que muchas comisiones tienen dificultad en alcanzar esas metas. (Omissis).
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