Acteal a 10 años

• A 10 años de Acteal/Ana Laura Magaloni

Publicado en Reforma, 22/12/2007;

Hoy, 22 de diciembre, se cumplen 10 años de la masacre de Acteal. También se cumplen 10 años para los 70 indígenas que están en la cárcel acusados de haber perpetrado esa matanza. Todos ellos, víctimas y acusados, continúan atrapados en la red de un sistema de justicia autoritario e ineficaz. El saldo de este aniversario luctuoso es desolador: a las víctimas no se les ha hecho justicia y 66 de los acusados son meros chivos expiatorios. Una vez más Acteal nos permite apreciar con nitidez la extraordinaria precariedad de las instituciones penales en México. En el proceso penal de Acteal no se trata, por lo tanto, de tomar partido entre zapatistas o priistas, o entre evangélicos o católicos. Tampoco se trata de revisar la historia oficial y encontrar sus huecos e inconsistencias. En el juicio de Acteal se trata de colocar en el banquillo de los acusados al propio sistema penal mexicano y de exigir, aunque hayan pasado 10 años, que la Procuraduría y los jueces penales hagan el trabajo que no han hecho hasta ahora.
¿Qué no hizo la PGR en el caso de Acteal? Simple y llanamente no hizo su trabajo. En vez de investigar el crimen, buscó acallar el escándalo internacional fabricando culpables. El trabajo elemental de cualquier Ministerio Público es armar el rompecabezas delictivo, construir una tesis del caso que permita saber qué pasó y quién es un presunto responsable y aportar al juez la evidencia que corrobore esa tesis. Nada de ello sucedió en el proceso judicial de Acteal. La tesis de la PGR no concuerda con la evidencia que ella misma aportó. El expediente judicial está repleto de contrasentidos e incongruencias. No hay manera de que pase el mínimo estándar de una investigación criminal profesional.
Así, por ejemplo, la tesis de la PGR es que al menos 90 agresores llegaron a Acteal y abrieron fuego contra 300 indígenas que oraban en la ermita. Sin embargo, la ermita mide 12 metros cuadrados, los peritos de la PGR no encontraron impactos de bala en la misma y, finalmente, es completamente ilógico que esa dinámica del crimen no haya provocado más muertes de las 45 personas masacradas. En segundo término, la tesis de la PGR sostiene que todos los acusados perpetraron la matanza con armas de fuego. Sin embargo, las pruebas de rodisonato de sodio que aportó la PGR, a través de las cuales se determina si una persona accionó o no un arma de fuego, fueron negativas para los primeros 24 acusados; al resto no se les aplicó esa prueba, pues fueron aprehendidos varias semanas después de los hechos. La PGR, además, sólo encontró 50 casquillos de balas percutidos de 8 tipos de armas distintas, lo cual no concuerda con el número de agresores que según la PGR perpetraron la matanza. Finalmente, las armas que aportó la PGR como prueba, según el análisis de balística, no son las armas con que se llevó a cabo la matanza.
El hecho de que la evidencia "dura" no concuerde con la tesis de la PGR hace que la única "prueba" para imputar la responsabilidad penal a los acusados sea los testimonios de los habitantes de Acteal. Estos testigos en su primera declaración afirman lo que es razonable que suceda en una situación como la que padecieron: "no pude ver", "me escondí al escuchar los disparos", "oí gritos y disparos y busqué un refugio", "no pude ver la cara de los agresores pues estaban encapuchados" y un largo etcétera. Sin embargo, algunos días después de que se rindieron estos testimonios, la PGR elabora una lista con fotos y nombres de 124 personas y le solicita a esos mismos testigos que "amplíen su declaración" apuntando quiénes de las personas que estaban en "la lista" participaron en los hechos de Acteal. A la cuarta declaración, los testigos terminan señalando con nombre y apellido a esas 124 personas de las cuales hoy 70 están en prisión.
¿Cómo puede ser que la PGR le apueste a ganar el juicio con un trabajo de investigación tan mal hecho? La respuesta es simple: los jueces penales no le exigen más para condenar a un acusado. En México, con investigaciones criminales tan mal hechas como la de Acteal, las procuradurías ganan al menos 85 por ciento de los juicios. El estándar de prueba que exigen los jueces es muy bajo y, aunque las procuradurías presenten acusaciones con tantos huecos y contrasentidos como la del juicio de Acteal, los jueces le terminarán dando la razón al Ministerio Público.
No comprendo por qué las organizaciones civiles que han acompañado y defendido a las víctimas de Acteal consideran que este caso es una excepción a la regla con la que funciona el sistema penal. ¿Qué les hace afirmar con tanta vehemencia que en este caso la PGR sí acusó a los culpables? ¿Por qué para estos acusados no es relevante que la PGR demuestre con pruebas su acusación? ¿Por qué se les puede catalogar a todos los acusados de "paramilitares" si ni siquiera se demostró que accionaron un arma de fuego? Mientras que la culpabilidad y la inocencia de los acusados de Acteal se discuta en la arena política e ideológica y no a partir de las pruebas y el proceso judicial, el sistema penal mexicano podrá seguir siendo lo que es: una fábrica implacable y sistemática de injusticias que lo que viene a garantizar casi de forma infalible es la impunidad.

Acteal: verdad y justicia denegadas/Miguel Angel de los Santos
Publicado en La Jornada, 23/12/2007;

En la investigación de los hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, la Procuraduría General de la República ignoró las evidencias que constataban la actuación de un grupo paramilitar.
Un día después de la matanza, la PGR atrajo la investigación de los hechos ocurridos en Acteal y de todas las averiguaciones previas originadas en los meses previos en la región de Chenalhó. Los sobrevivientes de Acteal relataron que quienes los atacaron vestían de negro, algunos se cubrían el rostro con pasamontañas y portaban un pañuelo o listón amarrado en la cabeza. Estas descripciones constan en la recomendación numero 1/98 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las mismas descripciones se aportaron en hechos previos, de los cuales también tuvo conocimiento la PGR: en el expediente penal número 230/98 se consigna que el día 10 de octubre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en la comunidad de Chimix, municipio de Chenalhó, en la que resultó muerto César Santiz Pérez y lesionadas dos personas. Los lesionados y testigos describen que sus atacantes “salieron de entre el monte (y eran) aproximadamente unas 15 personas, por lo que empezaron a correr el de la voz y sus acompañantes, ya que dichas personas vestían de color negro y algunos usaban pasamontañas, todos portando armas largas de fuego…” No obstante esta narración, que sugiere la actuación de un grupo organizado, fue juzgado Cristóbal Gutiérrez Gómez, base de apoyo zapatista.
En el expediente penal número 169/98 se consigna que el día 17 de diciembre de 1997 se llevó a cabo una emboscada en el paraje Kestic, municipio de Chenalhó, en la que resultó muerto Agustín Vázquez Secum. Algunos testimonios y declaraciones de sobrevivientes relatan que la emboscada la realizó un grupo de aproximadamente siete personas que se cubrían el rostro con pasamontañas, vestían de azul y portaban armas de grueso calibre. Juan Luna Vázquez, base de apoyo zapatista, fue juzgado como probable responsable del crimen de Agustín Vázquez Secum, crimen que, según la PGR, fue el detonante que motivó se perpetrara la masacre de Acteal. Las evidencias en contra de Juan Vázquez resultaron insuficientes y sospechosas (los testigos afirmaron que lo reconocieron porque al disparar se le cayó el pasamontañas, circunstancia que no pudieron probar en el proceso penal) y por ello el juez primero del ramo penal de Tuxtla Gutiérrez lo absolvió.
El móvil de la venganza en los hechos de Acteal se debilita si consideramos que quienes causaron la muerte de Vásquez Secum supuestamente estaban identificados; además, como aquí se demuestra, existían antecedentes de la actuación de un grupo con vestimenta y modo de operar característico. Cabe la posibilidad de que el modo de operar atendiera a la estrategia de atacar a personas vinculadas al PRI y responsabilizar a zapatistas para generar reacciones en contra de estos últimos.
No obstante las evidencias que indican la presencia de un grupo paramilitar, la PGR evitó investigarlos y en todos los casos en que las víctimas estaban vinculadas al PRI, involucraba a quienes se identificaban como zapatistas en el afán de esconder la presencia paramilitar y fortalecer su hipótesis que sugiere como móvil de los hechos ocurridos en Acteal, la venganza.
En cuanto a la posibilidad de que se diera una confrontación entre zapatistas y un supuesto grupo de autodefensa, como sugiere la revista Nexos, la hipótesis resulta absurda y descabellada. Basta leer los dictámenes médicos sobre las personas lesionadas, así como de quienes perdieron la vida, para comprender la dinámica de los hechos: muchas personas adultas recibieron disparos en la espalda, los glúteos y las piernas, los niños y niñas los recibieron en la cabeza o el rostro. No se necesita ser criminalista para concluir que quienes sufrieron estas lesiones fueron alcanzadas por disparos hechos mientras huían buscando no ser alcanzados por las balas, lo que resulta incompatible con haberse encontrado en medio de dos fuegos. También resulta incompatible con esta hipótesis las lesiones con armas punzocortantes causadas a las víctimas. Varias de ellas presentan lesiones propias de reacciones defensivas utilizando los brazos y las manos.
Lo ocurrido en Acteal y los hechos previos revelan la actuación de un grupo paramilitar, que al igual que lo hacía la organización Paz y Justicia en la zona norte de Chiapas, desplegaba una política de ataque sistemático a comunidades y personas vinculadas al EZLN. Quizá por ello, el gobernador del estado durante su reciente informe de gobierno se refirió a la masacre de Acteal como un crimen contra la humanidad. Desde luego que el hecho de que el mandatario defina la masacre de tal modo, conlleva la necesidad de una investigación imparcial y objetiva que revele la verdad de lo ocurrido y consigne a los responsables, incluyendo aquellos que desde los niveles más altos del gobierno diseñaron esa política.
Hasta hoy, ni el gobierno federal ni el del estado han mostrado un interés genuino por investigar seriamente los hechos. Sólo han respondido a los reclamos sociales que se intensifican cada aniversario, y han reciclado una y otra vez la Fiscalía Especial para el caso Acteal. El décimo aniversario de la masacre debería ser la oportunidad para que las instancias de justicia informaran el avance real de las pesquisas y mostraran verdadera voluntad de investigar objetivamente los hechos.
Sólo de esta manera el gobierno federal cumpliría con sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos que le imponen la investigación eficaz de las violaciones a las garantías fundamentales, respetando el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, sus familiares y la sociedad que ha resultado agraviada por tan horrendo crimen.