Ciudad Juárez: la orfandad

Ciudad Juárez: El desencanto, la orfandad

José Gil Olmos, reportero

Proceso # 1746, 18 de abril de 2010;

Hace ya un mes que el presidente Felipe Calderón puso en marcha su plan para la reconstrucción de Ciudad Juárez, pero los residentes de esa localidad fronteriza y organizaciones de la región no observan ningún avance. Entrevistados por Proceso, tres activistas sociales consideran que el programa federal es, a lo sumo, un “listado de acciones”, por lo que está condenado al fracaso. “No hay encuentro, no hay diálogo, no hay empatía. La gente pide que se defina una estrategia articulada territorialmente, pero el gobierno asegura que no puede”, resume uno de los entrevistados.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Suman miles los huérfanos y desempleados, centenas los secuestrados y extorsionados, muchos los desvalidos por las balas que intercambian los policías y soldados en su guerra contra el crimen organizado, en esta ciudad que durante décadas fue olvidada por gobiernos que prefirieron invertir más en parques industriales que en escuelas, hospitales, casas y servicios.

Hoy, ante esta crisis generalizada, los juarenses ven con incredulidad la estrategia del gobierno de Felipe Calderón para reconstruir el entorno; incluso advierten que el programa está desfasado, pues no se adecua a una realidad que, para ellos, es catastrófica.

El desaliento es generalizado entre los habitantes de esta ciudad ante el programa Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad. Son varias las organizaciones que consideran que esas medidas federales van a fracasar. Dicen que el gobierno calderonista no podrá resolver en sólo 100 días una problemática que se arrastra desde hace décadas, mucho menos cuando pretende aplicar su estrategia sin atender las necesidades más urgentes de la población.

Y estas necesidades son múltiples: el hambre que padecen miles de familias impactadas por el cierre de 80 mil pequeños negocios por el miedo al narcotráfico; el desamparo de 10 mil niños, huérfanos a causa de la ola de violencia que se vive aquí; los 40 mil familiares de los 5 mil ejecutados por el crimen organizado en los últimos dos años; el éxodo de 200 mil familias en ese mismo lapso.

Organizaciones que por décadas han trabajado en esta ciudad fronteriza indican que el gobierno federal no ha entendido la situación de emergencia ni ha implementado un programa de urgencia para atender el hambre que ya se sufre, mucho menos acabar con la violencia que ha destruido el tejido social.

El desencanto de algunos miembros de la sociedad civil juarense se debe, además, a que en su última visita Calderón ya no dejó hablar abiertamente a los representantes sociales, pues escogió a quienes aceptaron hacerlo sólo a condición de no manifestarle las quejas ciudadanas.

Señalan también que al veterano panista Luis H. Álvarez, quien al principio fue propuesto para encabezar los trabajos, ya ni lo mencionan, pues pusieron al frente de la delegación oficial al secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, y al coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Antonio Vivanco Casamadrid.

Ellos, matizan los activistas, desconocen por completo la realidad social de esta ciudad y buscan implementar de manera inflexible programas con perfil rural, no urbano, como se requiere aquí.

La estrategia gubernamental “tiende al fracaso” o, por lo menos, “no es satisfactoria al momento de crisis que se vive en Juárez”, sostienen en entrevistas por separado la presidenta de la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide), Clara Jusidman; la representante del Programa Infancia en Movimiento, Nashieli Ramírez, y el académico de la Universidad Autónoma de Juárez, Hugo Almada Mireles, integrante también del Observatorio Juarense para la Seguridad Pública, A.C.

El 17 de marzo pasado, el gobierno federal presentó un programa para la reconstrucción de Ciudad Juárez que consta de 160 compromisos, divididos en seis rubros: seguridad, economía, trabajo, salud, educación y desarrollo social, que deberán cumplirse en 100 días.

A pesar de que ven las “buenas intenciones” de las autoridades, las organizaciones sociales locales tienen pocas esperanzas de que los objetivos se cumplan en su totalidad, pero sobre todo dudan que con esas medidas cambie la situación de emergencia por la que atraviesa la sociedad juarense.

En un artículo sobre la matanza de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar el 31 de enero, hecho que orilló a Calderón a visitar Ciudad Juárez por primera vez para encabezar los trabajos de recuperación de la ciudad, la doctora Jusidman escribió que si bien las intenciones son buenas, los riesgos de que la estrategia federal resulte fallida son altos. Arguye que la intervención social está siendo colocada como complementaria o subordinada a la estrategia de guerra que ha establecido el gobierno federal mediante su política de seguridad pública.

“Uno se pregunta cómo en un estado de sitio se piensan generar programas que hagan salir a la población de sus casas ante el riesgo de ser abatida entre el fuego de las bandas criminales confrontadas”, sostiene la presidenta del Incide.

Los hechos le dan la razón a Jusidman, quien ha trabajado por años en Juárez: con una tasa de 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, esta ciudad fronteriza es la más violenta del mundo, lo cual se refleja en la población en general, pero sobre todo en los niños.

Alma Guadalupe, una menor de siete años, señala: “En mi casa un día a mi primo lo iban a balacear y haga de cuenta que entró una bala a mi casa y me iba a tocar a mí, pero yo me quité”. Su testimonio se incluye en el libro Las voces de las niñas y los niños pequeños de Juárez, publicado recientemente por el programa Infancia en Movimiento.

En entrevista, la doctora Jusidman observa la imposibilidad de que en 100 días se pueda recuperar una ciudad que ha sido lastimada durante 30 o 40 años.

“Hay necesidad de recrear redes sociales. Ese recurso genera confianza en la gente, para que pueda salir a la calle sin temor a que la maten. En Juárez muchos están encerrados en sus casas; están verdaderamente aterrados.

“Una persona me contó que en una escuela hay niños que dicen que son del cártel de La Familia y cobran a sus compañeros o a los maestros por usar el baño. Ese es el nivel de deterioro cultural, los niños dicen que para qué seguir en la escuela, que mejor se esperan para ser como El Chapo, señala la investigadora, al tiempo que subraya que el gobierno de Calderón no ha entendido la complejidad que vive Juárez.

Programa desarticulado

En su estrategia Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad, el gobierno federal asegura que se trata de un programa de acción integral sin precedentes por su diseño e implementación de políticas públicas. Lo novedoso consiste en que, además de los tres niveles de gobierno, incluye la participación de la sociedad juarense, señalan sus impulsores.

“Nada más falso”, señala Nashieli Ramírez, quien considera que en realidad se trata de “un listado de acciones” en el que el gobierno sólo agrega algunas actividades relacionadas con Juárez. La estrategia calderonista, insiste, es una propuesta de política social fallida, cuyas acciones son desarticuladas y, para colmo, alejadas de la sociedad.

Las distintas secretarías del gobierno llegan desde el Distrito Federal con sus programas ya establecidos y presupuestados, y los quieren adecuar a la realidad de Juárez, pero desconocen lo que es urgente, comenta Ramírez: “Por ejemplo, que hay problemas por la pérdida de empleo debido al cierre de pequeños negocios, lo que implica que muchas familias no tengan ingresos. También hay hambre, se está incrementando la desnutrición”.

“En las guarderías nos reportan que los niños llegan con muchísima hambre los lunes y se van más o menos bien los viernes, pero regresan mal el siguiente lunes y hay que comprarles alimentos”, agrega.

Jusidman, quien trabajó con Hugo Almada y diversas organizaciones sociales durante una década para hacer un diagnóstico de lo que ocurre en la ciudad fronteriza, señala que hacía mucho tiempo no escuchaba que gente de una ciudad dijera que tiene hambre. Los resultados de su investigación se publicaron en 2007 en el volumen titulado La realidad social de Ciudad Juárez.

Jusidman insiste en la entrevista: “No hay una estrategia para enfrentar el hambre, excepto por los desayunos escolares. Lo que digo es que no se compadecen pese a la gravedad de la situación. La gente, en Juárez, dice que es una catástrofe humana, es como un tsunami, por lo que requiere de intervenciones de emergencia. Si no entienden esto, no entienden nada”.

Por su experiencia en Juárez y en el trabajo con organizaciones civiles, Jusidman fue invitada a participar en algunas reuniones del equipo gubernamental. Ahí, dice, percibió que “andaban como perdidos”. No sabían qué hacer ni con quién hablar.

“Me invitaron de la Secretaría de Desarrollo Social, pero les dije que tenía que haber una estrategia clara: que si querían hacer una intervención social, tenía que haber un diagnóstico de la situación para decidir qué hacer y quién podría implementar las acciones. Pero todo con una articulación muy lógica.

Relata: “Cada secretaría llegó con un menú de programas sin tomar en cuenta lo que se necesitaba. En la Sedesol, por ejemplo, el uso electoral ha llevado a que los programas estén terriblemente acotados, son rígidos y sus reglas de operación son inamovibles: además, muchos de esos programas están hechos para la pobreza rural y no para la urbana”.

En ese encuentro, recuerda, propuso flexibilizar los criterios. Por ejemplo, que en vez de distribuir 25 mil becas del programa Oportunidades, se entregara ese dinero a las viudas, a las familias de las víctimas, así como para resolver el problema del hambre o para atender a los niños huérfanos, como lo han planteado las organizaciones sociales de Juárez. “No atendieron la propuesta”, comenta.

Así, reitera, “no hay encuentro, no hay diálogo, no hay empatía. La gente de Juárez pide que se defina una estrategia articulada territorialmente y ver cómo se aplicarán los recursos para las víctimas. Pero el gobierno asegura que no puede, que ellos trabajan por grupos de población, que se tienen que cumplir ciertos requisitos. La respuesta fue: ‘Me tengo que apegar a las reglas de operación; si no llenan los requisitos, no se los puedo dar’”.

Voces de Juárez

A principios de febrero diversas organizaciones de Ciudad Juárez, como el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social y el Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Bienestar Social, enviaron a Felipe Calderón un escrito con propuestas para un Plan de Acción Social Emergente.

En ese documento ponían énfasis en la necesidad de establecer un programa de atención a las víctimas de violencia, así como espacios para el desarrollo y protección de la infancia, construcción de espacios seguros y de convivencia comunitaria: también, un plan para el desarrollo de la juventud, tratamientos para las adicciones y un plan de apoyo y fortalecimiento de las mujeres y las familias, así como de la sociedad civil.

En otra carta, enumeraban propuestas específicas para la seguridad pública, entre ellas la creación de una nueva policía, la eliminación de los cateos sin orden de aprehensión, el establecimiento de mecanismos de denuncia blindados y efectivos, la disminución de los índices de homicidio doloso, secuestro y extorsión a los niveles de 2007, y sobre todo atender desde el más alto nivel del gobierno “la formación de un gobierno paralelo que ofrece mejor protección de la que ofrece la autoridad”.

Pocas de las propuestas enviadas al Ejecutivo por los activistas juarenses se incluyeron en los 160 compromisos que integran la estrategia gubernamental Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad.

Hugo Almada, integrante de Observatorio Juarense para la Seguridad Pública, A.C., opina que debe hacerse un reconocimiento al gobierno federal por sus esfuerzos para enfrentar la situación que se vive en Ciudad Juárez, aunque haya sido obligado por la presión nacional e internacional luego de la masacre en Villas de Salvárcar y el asesinato de los funcionarios del consulado estadunidense.

Destaca que hay avances en los rubros de salud, economía y educación, pero en seguridad no hay nada claro ni definitivo como para decir que hay avances.

“No sé si en 100 días pueda haber algo sustantivo. En mi opinión, no tenemos elementos para valorar un avance, lo que ha habido es voluntad de las autoridades gubernamentales, pero creo que en este punto se juega gran parte de la estrategia y no la veo fácil para el gobierno.”

–¿Que otras prioridades deben atender? –se le pregunta a Almada.

–Tiene que haber un avance efectivo en materia de seguridad y sanciones claras y puntuales a los abusos; un programa especial de atención a víctimas. Tenemos casi 5 mil muertos en los últimos dos años y una cantidad enorme de niños huérfanos, 40 mil familiares directos afectados, una población en situación de miedo y ansiedad. Esto requiere un programa urgente de atención terapéutica.

Además, enumera lo que, para él, aún no se incluye en las acciones gubernamentales: un programa específico de atención a los adolescentes en situación crítica, sobre todo la de los que no estudian ni trabajan. Ese programa, explica, debe atender diferentes aspectos, dar alternativas de empleo o educativas. “Cuando una persona no tiene empleo es posible que se convierta en delincuente”, sentencia el entrevistado.

Falta también un plan de acción para la infancia y para los niños de primaria y un programa de educación para la paz. “En los últimos dos años hemos tenido una grave exposición a la violencia y esto ha dejado una secuela de víctimas y la cultura de la población, particularmente de los niños y los jóvenes; se han perdido los referentes éticos, legales”, concluye Almada.

Clara Jusidman advierte que el gobierno se quiere escudar con la estrategia, aduciendo que por primera vez se hace un programa con la participación ciudadana, lo cual es de una “soberbia inacabable porque el Pronasol funcionó con estos mecanismos de participación ciudadana”.

Critica también la falta de articulación entre los distintos sectores de la política pública entre los niveles federal, estatal y municipal. Todas las acciones vienen del gobierno de Calderón, comenta.

“Lo que no se ve es cómo van a sostener esas acciones, que son de largo aliento. ¿Quién va a vigilar que haya continuidad? No hay una estrategia de partida con la participación de los juarenses”, reitera la fundadora de Incide.

Por eso, precisa, primero habría que conversar con los habitantes de la ciudad para conocer el tipo de reconstrucción o nueva construcción social que requieren, de acuerdo con su historia, realidad y entorno.

Nashieli Ramírez, del programa Infancia en Movimiento, advierte que existe el riesgo de que el programa de reconstrucción de Ciudad Juárez no responda a lo que necesitan los habitantes y sea utilizado con fines electorales.

“El proceso electoral comienza en mayo y ya hay una rebatiña de los partidos, del PRI y el PAN”, dice.

–¿Que va a pasar con el programa?

–Nada. Lo más seguro es que vamos a encontrar parques con grandes inversiones convertidos en grandes elefantes blancos, pero sin que sean utilizados.

Por eso, añade, se necesita un plan que se construya de abajo hacia arriba, que se tome en cuenta a la gente. Ojalá pregunten a los juarenses qué acciones se deben tomar.