El sexenio se diluye

El sexenio se diluye

Martha Martínez y Andro Aguilar

R Reforma, Cd. de México (26 noviembre 2017).- Enrique Peña Nieto entra a la recta final de su sexenio y, según organizaciones civiles especializadas en el análisis de políticas públicas, el balance es negativo en cuatro áreas en las que el Presidente ofreció un cambio de política pública, nuevas estrategias y resultados palpables: seguridad, combate a la corrupción, política social y construcción de infraestructura.

Causa en común, Transparencia Mexicana, México Evalúa y Gestión Social y Cooperación AC analizan las cifras oficiales y concluyen que, a pesar de los cambios en leyes e instituciones, y de que estas áreas se fijaron como prioridades del sexenio, son más notorios los retrocesos que los logros.

A un año de que deje la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto no ha podido consolidar su primer eje de gobierno. El México en Paz anunciado el día que tomó posesión del cargo no sólo no llegó, sino que la violencia se recrudeció.

En 2017, los homicidios dolosos registrados por las fiscalías estatales han rebasado sus propios récords mensuales, y se encuentran en su punto más alto.

Desde que el gobierno federal comenzó a registrar estos delitos, en 1997, no se había alcanzado este nivel de violencia. En dos décadas, los meses con más asesinatos registrados son de 2017: octubre (2 mil 371); junio (2 mil 238); mayo (2 mil 192) y septiembre (2 mil 185).

Todos superan las 2 mil 132 ejecuciones de mayo de 2011, el mes más violento del sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con las actas de defunción contabilizadas por el INEGI en el actual sexenio, que suman 49 meses hasta 2016, en la administración de Peña Nieto han sido asesinadas 60 personas cada día. En el sexenio calderonista, el promedio fue 46.

El 1 de diciembre de 2012, en Palacio Nacional, el mandatario enunció como prioridad recuperar la paz. Dos semanas después, encabezó su primera sesión de Consejo Nacional de Seguridad Pública y anunció la creación de un Programa de Prevención al que se asignaron 2 mil 500 millones de pesos en 2015. Pero al año siguiente el presupuesto fue reducido 20 por ciento y, para 2017, desapareció.

La estrategia de centralizar el control de las policías federales en la Secretaría de Gobernación tampoco funcionó. Desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública federal y crear la Comisión Nacional de Seguridad no dio resultados.

Fracasó también la creación en 2014 de la Gendarmería Nacional como un cuerpo policial especializado en la atención comunitaria. La poca respuesta de elementos generó que policías federales fueran reciclados en el nuevo agrupamiento y éste se convirtiera sólo en la sexta división de la Policía Federal.

Peña Nieto se ha enfocado en descabezar agrupaciones delictivas y eliminar los 122 "objetivos prioritarios" -92 detenidos, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán, y 14 asesinados-, sin que eso reduzca la violencia.

Con las Fuerzas Armadas en las calles, sin el énfasis que le dio Calderón en el discurso, la estrategia de Peña Nieto para combatir la inseguridad país se apegó gradualmente a lo hecho por su antecesor.

El 13 de noviembre, la directora de Causa en Común, María Elena Morera, señaló frente a Peña Nieto que la violencia en México es de proporciones bélicas y éste calificó el señalamiento como bullying.

"El balance de estos 5 años es muy malo", reitera la activista, entrevistada una semana después del incidente, "vivimos una situación crítica en seguridad; la gente se está matando para resolver sus problemas porque no hay confianza en las autoridades y porque hay un problema grave de corrupción e impunidad. Ésta no es la mejor mezcla para llegar a un año electoral donde cambian miles de puestos".

Corrupción: la marca del sexenio

Enrique Peña Nieto hizo del combate a la corrupción una de sus primeras promesas como candidato presidencial y como Presidente electo. A pesar de ello, su administración se ha visto envuelta en escándalos que lo involucran a él y a su primer círculo.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, indica que si bien la actual administración inició con una aparente determinación por combatir actos de corrupción, ésta fue cambiando en la medida en la que los involucrados en éstos fueron personajes de su equipo cercano.

"De tener mucha claridad y determinación en el primer trienio, viene este punto de inflexión. Yo diría que el caso Korenfeld es un punto de inflexión, porque comienza a haber mucha dificultad para actuar", indica.

"Cuando las acusaciones ya tocan al grupo más cercano al Presidente o del grupo del Estado de México, hay un momento difícil y de reajuste de la estrategia, y el segundo momento difícil es cuando el Ejecutivo federal tiene que actuar en contra de los gobernadores, independientemente del partido político", agrega.

Como Presidente electo, Peña Nieto envió al Congreso, vía el PRI, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal para eliminar la Secretaría de la Función Pública (SFP) y crear, en su lugar, una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).

Pero la propuesta del mandatario no prosperó, como tampoco su determinación por combatir la corrupción.

Tras los primeros escándalos del peñismo: la Casa Blanca, la casa en Malinalco del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y la cancelación del tren rápido a Querétaro ante las sospechas de una licitación irregular ganada por Grupo Higa, el mandatario revivió a la SFP en 2015 y nombró a Virgilio Andrade como su titular.

La primera tarea del nuevo secretario era investigar posibles conflictos de interés en esos casos, pero Andrade exoneró a Peña Nieto, a la primera dama Angélica Rivera y a Videgaray.

Con la CNA empantanada en el Congreso, la sociedad civil le arrebató al gobierno federal la bandera anticorrupción y logró que el Congreso hiciera suya la propuesta ciudadana de Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyas leyes fueron promulgadas por Peña Nieto el 18 de julio del año pasado.

El mandatario pidió perdón a la sociedad por la Casa Blanca y prometió impulsar el SNA; no obstante, éste se ha enfrentado a la reticencia de actores políticos de todos los partidos y, en julio pasado, entró en operación incompleto: sin fiscal anticorrupción y sin los 18 magistrados especializados que requiere el nuevo sistema.

Mientras tanto, los escándalos de corrupción continuaron.

A la Casa Blanca siguieron el caso Odebrecht, la Estafa Maestra, los gobernadores priistas de la generación Peña Nieto acusados de desviar recursos públicos a las campañas del PRI, los conflictos de intereses y las asignaciones de contratos de obra pública a empresas consentidas de funcionarios de primer nivel.

Política social: fracaso y uso electoral

Al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto se comprometió a darle un impulso renovado a la política social. Para ello, anunció la Cruzada Nacional contra el Hambre, creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y se comprometió a combatir de manera decidida la pobreza.

A cinco años de distancia, el hambre no ha desaparecido del panorama nacional, la Sedatu se convirtió en un refugio para priistas defenestrados y la pobreza en el país aumenta.

El 21 de enero de 2013, Peña Nieto puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre en el municipio Las Margaritas, Chiapas. La estrategia se presentó como un parteaguas de la política social de este sexenio, pues abarcaba 70 programas sociales de diversas secretarías, ordenaba la coordinación entre ellas y era clara en cuanto a su población objetivo. A pesar de ello, no logró erradicar el hambre del país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, en 2016 en el país existían más de 3 millones de hogares donde no hubo alimentos al menos en los últimos tres meses, por falta de recursos económicos; mientras que en 10 millones de hogares con al menos un menor de edad hubo dificultades para satisfacer sus necesidades de alimentación.

Pero el hambre no es lo único que el Presidente no ha logrado erradicar. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indican que el número de mexicanos en situación de pobreza aumentó en este sexenio.

De 53.3 millones de mexicanos en condición de pobreza en 2012, se pasó a a 53.4 millones en 2016.

Para Alejandro González director general de Gesoc, este gobierno está reprobado en materia de política social, porque a pesar de que identificó problemas como la falta de coordinación territorial de los programas sociales, éstos no mejoraron su diseño y su operación, lo que impidió que tuvieran un impacto importante en la reducción de la pobreza.

"El paradigma fundamentalmente no se modificó, los programas sociales siguen siendo los mismos, prácticamente no se cambiaron; hubo cambio de nombre a algunos como Oportunidades a Prospera, pero lo sustantivo, los supuestos, los modelos de intervención no se modificaron", advierte.

El Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales desarrollado por Gesoc muestra que el 58 por ciento de los programas sociales implementados entre 2013 y 2016 -143, en promedio- mostraron un bajo desempeño; mientras que el 25 por ciento fueron opacos en su funcionamiento, el ejercicio de sus recursos y sus resultados.

A decir de González, la Sedatu tampoco ha hecho un aporte sustancial a la política social. El especialista indica que si bien el ordenamiento territorial es fundamental para facilitar el acceso a servicios sociales, a vías de comunicación y contribuye a reducir la marginación, la dependencia ha omitido aplicar políticas públicas en temas como el catastro.

"Sedatu tenía que tener un rol en este sentido, no le entró a lo que le tenía que entrar. Yo también me sigo preguntando qué hizo y no logro encontrar, quizás estoy siendo injusto, pero no logro encontrar cuál ha sido el valor agregado de Sedatu a la política social", afirma.

La Sedatu fue creada en 2013, luego de una reestructura administrativa impulsada por Peña Nieto. La nueva dependencia tenía como objetivo quitarle a Sedesol la tarea del reordenamiento territorial y concentrarla en una instancia especializada.

El primer titular fue el priista José Carlos Ramírez Marín, que en 2015 fue enviado al INE a coordinar la defensa electoral del PRI, y como candidato a la Cámara de Diputados. En medio del escándalo por el caso Iguala, el ex procurador Jesús Murillo Karam lo sustituyó en Sedatu y, seis meses después, fue designada Rosario Robles, luego de que como titular de la Sedesol fuera acusada de utilizar electoralmente los programas sociales.

Para el especialista, ni la Sedatu ni la política social han logrado sus metas porque, para alcanzarlas, es necesario cambiar de paradigma, lo cual implicaría eliminar el uso electoral de los programas y transparentar los presupuestos.

Infraestructura: sobrecostos, retrasos y cancelaciones

Cuando el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Infraestructura, en 2014, anunció una inversión de 7.7 billones de pesos y el desarrollo de autopistas de altas especificaciones, modernos trenes de pasajeros, puertos de clase mundial y aeropuertos renovados.

Cuatro años más tarde, la inversión pública en este rubro registra importantes recortes y la mayoría de los principales proyectos anunciados por el mandatario fueron cancelados.

Además, los retrasos y sobrecostos de las obras siguen siendo el común denominador.

De acuerdo con el programa, 4.9 billones de pesos provendrían del sector público y 2.8 billones de inversión privada.

Las cifras indican que, entre 2013 y septiembre de 2017, los recursos públicos destinados a este rubro han acumulado 3.7 billones de pesos; es decir, para lograr la meta planteada se tendría que alcanzar una inversión de 1.2 billones de pesos adicionales en el último año de la administración.

Aunque es necesario esperar al cierre de 2017, la cifra parece difícil de alcanzar si se toma en cuenta que, en los últimos cinco años, el gasto más alto para el sector fue de 897 mil millones de pesos.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, sostiene que este gobierno concluirá con niveles de inversión inferiores a los registrados en los dos últimos sexenios.

"Zedillo cierra con una inversión física de 13.7 por ciento (con respecto al gasto programable); Fox con 20.4 por ciento; Calderón con 13.5 por ciento, y Peña Nieto va a cerrar con 11.9 por ciento, entonces va a pasar a la historia como una administración que recortó la infraestructura más que cumplir una meta de casi 5 billones de pesos", señala.

Además, la inversión física de la actual administración no ha sido del todo transparente, pues más del 24 por ciento de ésta se "gasta" mediante fideicomisos que impiden saber cuándo y cómo se ejerce.

"Este dinero que está en el presupuesto y se manda a un fideicomiso en ese momento se registra como ejercido, pero no significa que se gastó y eso es muy importante para valorar cuánto ha gastado el Presidente Peña en su sexenio", detalla.

La especialista advierte que la actual administración tampoco logró cambios sustanciales en la manera en la que se planean y ejecutan las obras, lo que genera retrasos, sobrecostos, opacidad y corrupción.

Muestra de ello, opina, es que hoy en día no se cuenta con una Ley General de Obra Pública, por lo que en todo el país existen 32 leyes en la materia.

El 22 de julio pasado, REFORMA publicó que, de los 556 proyectos de modernización, ampliación y construcción de carreteras, caminos rurales y puentes programados por la SCT para concluirse en 2016, sólo el .07 por ciento terminaron en tiempo y forma; este retraso generó un sobrecosto de más del 30 por ciento.

Para Campos, el diagnóstico en infraestructura es claro: la administración de Peña Nieto no ha logrado ejecutar sus ambiciosas metas porque omitió modificar las prácticas que históricamente han impedido el buen desempeño del sector, entre ellas la corrupción.