Fox y su secretario de Defensa entorpecieron a la fiscalía especial: Carrillo Prieto/

Fox y su secretario de Defensa entorpecieron a la fiscalía especial: Carrillo Prieto/

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..

TLATELOLCO 68

Consultado sobre los aspectos pendientes de aclarar en las investigaciones sobre la masacre de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, el exfiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, afirma que mientras no se establezca la verdad completa y las responsabilidades en el crimen –ni la Defensa ni el EMP, por ejemplo, han pasando al banquillo– no podrá avanzarse en aspectos como la rendición de cuentas, la reparación del daño ni la garantía de no repetición del delito. 

El 68 todavía no está cerrado. A medio siglo, la verdad sigue incompleta por la negativa del Ejército y del Estado Mayor Presidencial de aclarar su participación en la represión estudiantil. Es el mismo silencio que los militares han guardado sobre la guerra sucia en Guerrero, la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 

Es una continuidad de graves violaciones a los derechos humanos que ha sido posible por la falta de rendición de cuentas de los militares. Sin esa verdad, es imposible conceder cualquier perdón. “Que primero nos digan qué vamos a perdonar”, dice Ignacio Carrillo Prieto, quien fue el fiscal encargado de investigar los delitos cometidos por el régimen autoritario del PRI durante el siglo pasado.

Si el próximo gobierno está hablando de reescribir la historia, no se podrá hacer si siguen abiertos casos como el 68, si se siguen ocultando las pugnas político-militares en las que quedaron atrapados los estudiantes, afirma el exfiscal, quien sugiere además que la próxima Fiscalía General de la República (FGR) reabra las investigaciones de la represión del pasado para reconstruir la verdad.

La matanza de Tlatelolco fue el punto de partida de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). El gobierno de Vicente Fox creó ese ministerio público especial en medio de contradicciones en su gabinete para afrontar las exigencias de justicia por los casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre finales de los años sesenta y principios de los ochenta.

De la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, no sólo falta la verdad completa. El deslinde de responsabilidades se quedó a medias. El expresidente Luis Echeverría Álvarez, procesado como responsable, vivió más de dos años en prisión domiciliaria acusado de genocidio, pero al final fue liberado. Inscrito en la historia como uno de los principales instigadores de la represión de los estudiantes, Echeverría tiene ahora 98 años.

Nadie más fue castigado. Los otros civiles y los jefes militares que habían sido consignados por la fiscalía se murieron durante el proceso penal o se salvaron porque el Poder Judicial de la Federación determinó que el delito prescribió en 1998, 30 años después de la masacre.

La reparación del daño y la garantía de no repetición también están ausentes. “El Estado mexicano no ha pedido perdón oficial y solemnemente por lo que pasó con los estudiantes que pacíficamente pedían libertades democráticas”, dice Carrillo en entrevista con Proceso el 25 de septiembre.

Verdad, justicia, reparación y no repetición están ausentes en México respecto a la masacre de Tlatelolco. Es imprescindible que se haga, dice Carillo Prieto, ahora investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que en la entrevista está acompañado de Salvador Osorio Solís, quien en la Femospp fue el ministerio público responsable del caso del 68.

–¿Cómo se pueden cumplir esas exigencias si ya es un caso juzgado?

–Hay cosas que el próximo gobierno puede hacer. Para empezar, limpiar la memoria de los estudiantes, profesores y demás personas que fueron detenidas por participar en el movimiento. Hay que expurgar los expedientes judiciales con los que fueron condenados como delincuentes y se les privó de la libertad.

“Se les arrebataron años de vida. Fue un latrocinio que no parece importar hoy suficientemente. Es totalmente injusto que en el registro oficial mexicano (Raúl) Álvarez Garín (dirigente del Consejo Nacional de Huelga, ya fallecido) o Pablo Gómez (actual diputado de Morena) oficialmente sigan siendo considerados unos delincuentes producto de procesos judiciales totalmente viciados. Hay que tachar eso de los expedientes y revisar la actuación del Poder Judicial.

–¿Hay que fincar responsabilidades también a jueces?

–Hay que investigar a los jueces venales que contribuyeron a la atrocidad de privar de la libertad a muchachos que no hicieron nada sino expresar su opinión y su convicción. La investigación sería una lección de deontología judicial para decir: este es el modelo de lo que no debe ser un cuerpo judicial, una corte de Justicia, un tribunal federal o un juez de distrito. Es una manera de reparar el daño. 

“También debe considerar aspectos psicológicos y patrimoniales para muchos que sufrieron la respuesta violenta del Estado”, tercia Osorio Solís.

–¿Cómo reparar, si no se logró castigar a los responsables?

–Lo que hicimos en la fiscalía fue algo excepcional –responde Carrillo Prieto ante las críticas por la actuación de la Femospp entre 2001 y 2006.

“No había antecedentes. Consignamos a un expresidente por delitos cometidos durante su ejercicio como secretario de Gobernación. No hay un precedente de un presidente preso durante 847 días en su domicilio. Se dice fácil. En esa parte se empezaba a caminar por la vía correcta. Sin embargo, un compromiso político cerró en falso la fiscalía queriéndolo aparentar como una decisión de Fox, cuando en realidad fue una decisión de ese señor que se llama Felipe Calderón.”

La cerrazón oficial

Carrillo Prieto se refiere a la desaparición de la fiscalía como “una crónica anunciada” por el desinterés del PAN en investigar las violaciones a los derechos humanos del régimen del PRI y la necesidad de Calderón de echar mano de los militares para la guerra que les declaró a los cárteles de la droga.

Cuando desapareció la fiscalía, Luis Echeverría todavía estaba sujeto a prisión preventiva. Después obtuvo un amparo, porque la juez Herlinda Velasco Villavicencio no encontró ningún indicio de que el expresidente había participado en la concepción o ejecución del genocidio. Es decir, para el Poder Judicial, la Femospp sí acreditó el genocidio, pero ya no había manera de castigar a los genocidas por la prescripción del delito. Y sobre el único detenido, dijo que no había nada que lo vinculara.

Según el fiscal y el exministerio público encargado de consignar el expediente de la masacre de Tlatelolco, la participación del expresidente en los hechos del 68 debió seguir siendo investigada por la Procuraduría General de la República (PGR): 

–¿Cómo fue posible que la fiscalía acreditara sólo un estudiante detenido desaparecido y apenas una veintena de fallecidos en la Plaza de las Tres Culturas?

Responde Osorio Solís: “Los padres del estudiante desaparecido, Héctor Jaramillo, de la ESIME (Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica) nunca quisieron comparecer en la fiscalía. Como ellos, muchos familiares de las víctimas ya no quisieron saber nada. Pero hay que recordar el que el delito de desaparición forzada no prescribe.

“Respecto a los muertos, comprobamos alrededor de 21 o 22 casos porque teníamos que acreditar que existió esa persona, que estaba en el lugar de los hechos y que con motivo de esos hechos falleció. Cuando empezamos a pedir las necropsias y los expedientes que se habían iniciado sobre los homicidios, resulta que los expedientes no existían. Habían sido pedidos por procuradores anteriores y nunca los habían devuelto y se habían extraviado. 

“Nuestra salida fue el Registro Civil del Distrito Federal, que nos envió las actas de defunción que tenían. Con base en ellos, nuestros peritos sólo pudieron dictaminar que ese número de personas había muerto en el lugar.”

–¿Qué papel jugó el Ejército en la investigación de la fiscalía?

–Pésimo –dice Carrillo enfático–. El Ejército se mostró en todo momento reacio a colaborar. El general Clemente Vega García (en ese momento titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena) fue no solamente poco cooperador, sino especialmente grosero. Y el entonces coronel (Jaime Antonio) López Portillo Robles, encargado del Tribunal Militar y después de la dizque protección de derechos humanos del Ejército, fue absolutamente reacio. Lo que dio, lo dio a cuentagotas. 

“Por ejemplo, muchos denunciantes señalaron que lo ocurrido en la tarde noche del 2 de octubre de 1968 obedecía a un plan denominado Operación Galeana. El Ejército negó sistemáticamente que existiera dicho documento. Respondían que era una invención. Después de los papeles del general (Marcelino) García Paniagua (titular de la Sedena en el 68), supimos que había toda una decisión muy pensada que nos explica la presencia de los francotiradores del Estado Mayor Presidencial (EMP) del general Luis Gutiérrez Oropeza.” 

Esos documentos fueron publicados por el fundador de Proceso, Julio Scherer García, junto con Carlos Monsiváis en el libro Parte de guerra. Tlatelolco 1968. 

Continúa Carrillo: “El Ejército y el EMP se negaron a dar información. Especialmente el Ejército. Pudo haber hecho mucho y no hizo nada. Al contrario, obstaculizó. Negó incluso la existencia de la prisión en el Campo Militar número 1. Aun así, seis o siete generales tuvieron que comparecer ante la fiscalía, entre ellos el jefe del EMP del presidente Miguel de la Madrid, el general (Carlos Humberto) Bermúdez Dávila. Pero el EMP también negó absolutamente todo. La intervención de su Sección II (de Inteligencia) en los hechos de Tlatelolco fue negada sistemáticamente. 

–Ha pasado medio siglo y los militares siguen sin asumir una responsabilidad.

–El Ejército rechaza incluso que se haya cometido un delito. Insiste en que se protegió a la población porque había francotiradores. Dice que disparó porque fue provocado para disparar. Sigue con su historia peculiar del 2 de octubre. En otros países, como en Argentina, que vivió una dictadura militar, el Ejército ha asumido su responsabilidad y los generales han ido a parar a la cárcel.

Dice que la Sedena le ofreció las cabezas de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, quienes ya estaban detenidos por cargos de narcotráfico y que también estaban acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de la guerrilla en Guerrero. “Aquí los tenemos ya presos. Fue la carnada que ofrecieron a la fiscalía, pero después ni eso”, asegura el exfiscal.

Insiste: “Hay una responsabilidad de los cuerpos militares y hay que distinguir entre los francotiradores del EMP y las huestes a cargo de los generales José Hernández Toledo y de Crisóforo Mazón Pineda. Sólo otro militar iba a saber quién era el mando militar en la plaza. 

“Esa pugna explica la sucesión presidencial entre el general García Barragán y el general Gutiérrez Oropeza, éste como socio de Echeverría para sacar del juego a Alfonso Corona del Rosal (entonces regente del Distrito Federal) y a cualquier otro que le garantizara a Díaz Ordaz su exoneración y su perfecta paz.” 

Un golpe político

Al preguntarle si la salida de fuerza del 68 fue resultado de una pugna político-militar, Carrillo Prieto reflexiona:

“Como fiscal, como investigador, estoy convencido de que así fue. Eso fue central. En la investigación resultó que los francotiradores estaban en los departamentos de la cuñada de Echeverría y, dados los usos y costumbres de los mexicanos, todo mundo entiende que el secretario de Gobernación estaba metido hasta el cuello en este asunto. En el operativo estaba excluido expresamente el EMP de intervenir esa tarde noche en la Plaza de las Tres Culturas. Había judiciales federales, Federal de Seguridad y militares del Ejército. Al EMP se le pidió expresamente que no interviniera.

“En la mañana del 3 de octubre –añade–, Gutiérrez Oropeza se comunicó con García Barragán y le dijo: ‘Mi general, por favor, deje bajar a mis muchachos’. Es un dicho de Gutiérrez Oropeza. ¿Por qué tenía que pedirle clemencia el general García Barragán? ¿Qué iban a hacer contra sus muchachos los otros militares como para tener que intervenir con esa frase tan derrotista: ‘por favor, deje bajar a mis muchachos’?”

Asegura que después del bazucazo contra la puerta de la Preparatoria número 1, en el centro de la ciudad, aparecieron en la televisión Echeverría y los generales Corona del Rosal y García Barragán. “Lo hicieron como para señalar que el regente de la ciudad (Corona del Rosal) no podía solo, lo que lo descalificó de entrada. Esas pugnas fueron muy importantes y se vio que el peor obstáculo de Echeverría para ser candidato presidencial iba a ser el Ejército, en el que Díaz Ordaz confiaba plenamente.

–Pero al final Echeverría fue el candidato presidencial.

–Fue el vencedor del conflicto por sus maniobras. Y luego, en algo absolutamente indigno, propuso un minuto de silencio por el 2 de octubre, a pesar de que la operación había sido defendida por quien todavía era el presidente de la República. Díaz Ordaz pensó entonces cambiarlo, pero no pudo por los tiempos institucionales. Después Echeverría orilló a la Universidad Nacional a recibirlo para inaugurar los cursos escolares, lo que era verdaderamente el colmo. Fue cuando ocurrió la famosa pedrada que lo descalabró. 

–¿Eso que está contenido en el informe final de la fiscalía es suficiente para conocer lo que pasó en el 68?

–No. El informe es un gran avance, a pesar de que el gobierno intentó descalificarlo. Ese informe sirvió para la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla (a manos de militares en 1974, en Guerrero) y la posterior reforma del artículo 1 de la Constitución a favor de los derechos de las personas.

“El 68 es una verdad histórica ya de imposible procesamiento legal, pero aún tenemos que reconstruir”, dice.

–¿Cómo reparar el daño ahora?

–La comisión que propone el presidente electo es un primer paso para restaurar este asunto de justicia. Que sea una comisión histórica, para no hablar de la verdad, pero que supere la antidemocrática opacidad militar. Además, hay que restaurar de una sección en la Fiscalía General para investigar los casos del pasado. Conociendo la verdad histórica es posible no repetir el error; desconociéndola es absolutamente posible volver a repetirlo. Meter la basura debajo de la alfombra significa que va a seguir habiendo casos como Tlatlaya y Ayotzinapa.

Afirma: “Hay momentos oscuros que pueden dificultar la ‘cuarta transformación’. ¿Cómo vamos a hacer historia si no sabemos escribir la historia? Tenemos que hacer la verdadera historia de ese periodo nefasto. Mientras esos asuntos no queden resueltos, seguiremos en lo mismo. Si no tenemos la verdad completa, ¿qué vamos a perdonar?”