Diversas
intervenciones durante la Entrega del Informe y Propuestas sobre Justicia
Cotidiana en México.
- 217 recomendaciones que se desprenden de los foros
-MODERADORA:
Interviene enseguida la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel, profesora
investigadora del CIDE.
- ANa Laura Magaloni: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; maestra Arely Gómez,
Procuradora General de la República; distinguidos miembros del presídium.
Señoras
y señores:
El
esfuerzo de consulta que se detonó a partir de la solicitud que hizo el
Presidente de la República al CIDE el 27 de noviembre, es un esfuerzo inédito.
Es inédito en dos sentidos: por la pregunta que planteó y por el vehículo de
aproximación a su respuesta.
La
pregunta fue: Cuál es la experiencia de justicia para los mexicanos en su dimensión
más inmediata y cotidiana.
No
se trata de entender los problemas de justicia desde los grandes indicadores,
ni desde las evaluaciones sistémicas del aparato de justicia a nivel nacional.
Se
trata de entender y evaluar la justicia de todos los días, la más próxima, la
que se encarga de pacificar y resolver los conflictos que tienen las personas
en su interacción cotidiana con otros y con sus autoridades inmediatas.
Me
refiero por ejemplo, a la disputa para que una madre soltera pueda hacer
efectivas las obligaciones económicas que tiene el padre de sus hijos, o los
conflictos de un pequeño empresario para cobrar a un deudor el dinero que le
debe, o una trabajadora doméstica a la que no le pagan lo acordado o no le
respetan sus días de descanso.
Es
decir, estamos hablando de los conflictos que se encuentran en la base de la
pirámide social. Ningún ejercicio de diagnóstico y de reforma judicial en el
México democrático, había colocado su mirada en la justicia cotidiana.
Como
bien señaló el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la justicia
cotidiana, es la justicia olvidada.
Lo
inédito de este ejercicio, también tuvo que ver con la ruta de aproximación que
se eligió, para encontrar respuestas. Es una ruta simple, pero novedosa. Se
trata de ponerle rostro a la demanda de justicia insatisfecha. Es decir,
reconocer las historias y testimonios de los ciudadanos en todo el país, con
respecto a sus conflictos cotidianos y las limitaciones que experimentaron para
acceder a un tribunal, y una vez ahí, para encontrar soluciones justas,
razonables y útiles.
Veamos
brevemente unos cuantos de estos testimonios.
(PROYECCIÓN
DE VIDEO)
- ANA LAURA MAGALONI KERPEL: Dio inicio el proceso de consulta. Durante estos
meses hemos recibido testimonios de la mayor parte de los estados de la
República, sobre una agenda variada de temas a través de una plataforma
virtual. Además, le dimos una ruta itinerante e incluyente al proceso de
consulta.
El
CIDE, junto con 17 instituciones más, convocó a siete foros temáticos en distintas
entidades del país. Aguascalientes fue testigo de las preguntas sobre los
conflictos laborales desde la perspectiva de los trabajadores.
En
Guanajuato reflexionamos sobre los conflictos de los ciudadanos con sus
autoridades administrativas inmediatas.
En
Tijuana hablamos sobre las enormes asignaturas pendientes de la justicia
familiar.
En
Monterrey se analizaron los conflictos a que se enfrentan los emprendedores de
nuestro país en tres ámbitos: conflictos laborales, corrupción administrativa y
ejecución de contrato y cobro de deudas.
Tuxtla
Gutiérrez nos recibió para hablar de los conflictos de convivencia entre
vecinos.
Y
finalmente, en el Distrito Federal, analizamos tanto los conflictos más
recurrentes en las escuelas del país, como los desafíos de la justicia para
proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos más vulnerables.
Paralelamente,
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia llevó a cabo ocho
foros en distintas entidades federativas, en donde participaron centralmente
jueces y magistrados locales.
El
doctor Pedro Salazar y el doctor Sergio López Ayllón, después de mi
intervención, hablarán de algunos de los resultados más relevantes de este
ejercicio.
Señor
Presidente de México.
Señoras
y señores:
La
demanda de justicia insatisfecha es una realidad insoslayable en nuestro país.
La reforma a la justicia cotidiana es impostergable.
El
desafío mayor de la misma tiene que ver con que el responsable central de esa
justicia es el tribunal más olvidado de nuestro sistema: el Juzgado de Primera
Instancia Local.
Es
ahí donde los ciudadanos deben acudir para resolver la inmensa mayoría de sus
conflictos con otros; 80 por ciento de los casos que se resuelven en esos
Juzgados, no llegan a segunda instancia ni mucho menos al amparo.
La
pregunta es: Cómo mejorar de manera uniforme en todas las entidades federativas
del país la accesibilidad y la calidad de los muchísimos y heterogéneos
Juzgados de Primera Instancia que existen.
Cómo
vencer las enormes carencias e inercias existentes en la base de la pirámide
judicial. Ello sólo va a ser posible a través de un acuerdo político
fundamental, un pacto por la justicia, que involucre la determinación del
Gobierno Federal y de todos los poderes estatales, para entender cabalmente la
marginalidad jurídica en la que se encuentran muchos, muchísimos mexicanos.
Por
qué valdría la pena invertir capital político, en la reforma a la justicia
cotidiana.
La
respuesta es sencilla, la marginalidad jurídica es uno de los lastres más
importantes para el crecimiento económico, y para la paz social en México. No
hay forma de prosperar económicamente, si se vive fuera de la protección de la
ley.
No
hay manera en que las personas puedan utilizar sus talentos y sus habilidades
para progresar, si no cuentan con mecanismos jurisdiccionales, accesibles y
efectivos para proteger su patrimonio, y su entorno afectivo más íntimo, frente
al atropello y el abuso de otros.
La
justicia, es la plataforma básica para que las familias puedan construir con su
trabajo un piso mínimo de seguridad económica. También, es un ingrediente clave
para que las oportunidades económicas no se concentren en la élite.
Además,
la justicia es indispensable para construir una sociedad más igualitaria y
pareja en derechos. Un México próspero, incluyente y en paz, como el que se ha
propuesto construir la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, es,
necesariamente, un México con justicia para todos.
Muchas
gracias.
-MODERADOR:
Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros, escucharemos las
palabras del doctor Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
-DR.
PEDRO SALAZAR UGARTE: Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos; señores Secretarios de Estado; señora Procuradora;
señores Gobernadores.
Señoras
y señores funcionarios; colegas académicos; señoras y señores:
El
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, participó de manera activa y comprometida en el desarrollo de los foros
convocados y organizados por el CIDE.
Lo
hicimos con la convicción universitaria de que la autonomía, la independencia,
la libertad y el rigor de pensamiento son instrumentos valiosos para aportar
soluciones a los grandes problemas nacionales.
Sabemos
que la academia tiene una responsabilidad ineludible ante los retos que provienen
desde la realidad.
Nuestra
función social no puede ni debe limitarse al universo de las ideas, por el
contrario, nuestra misión y acción cotidianas exigen cable a tierra y vocación
transformadora, sobre todo cuando se trata de ofrecer soluciones ante retos tan
sentidos para las personas, como lo es la injusticia cotidiana.
De
ahí, la pertinencia y relevancia del informe que el Director General del CIDE,
Sergio López Ayllón, presentará a continuación.
Después
de leer el documento me queda claro que el tema que nos convoca es tan
complejo, tan presente en los distintos ámbitos de la convivencia social y tan
variado en los diferentes contextos en los que viven los mexicanos, que sólo
mediante una política integral será posible superar la situación en la que nos
encontramos.
Por
eso, si no me equivoco, debemos entender a las propuestas como un conjunto
armónico y no como un abanico de iniciativas aisladas.
Lo
que México necesita es una verdadera política de Estado, integral, coherente,
para sortear una profunda crisis de injusticia social, una crisis que es real,
estructural y general.
Por
eso, el ejercicio que el Presidente de la República encomendó al CIDE y al que
bajo su iniciativa nos sumamos diversas instituciones académicas y sociales
constituye una oportunidad histórica, es mucho lo que está en juego y más lo
que podemos perder.
En
el fondo, el reto que encaramos es el de evitar una ruptura, un divorcio entre
la sociedad y las instituciones del Estado.
Si
las autoridades se vuelven autistas ante la vida y los reclamos cotidianos de
las personas, y éstas abandonan la vía institucional como medio para superar
sus conflictos, lo que nos espera es la regresión o el caos, o peor aún, ambas
cosas.
La
generación de mexicanos del presente, que ha visto madurar el proyecto de la
transición democrática tiene, tenemos, la responsabilidad de consolidarla, para
lograrlo es imprescindible reforzar los puentes entre la vida de las personas y
la gestión de las autoridades.
Dichos
puentes son instituciones y, por ello, tiene sentido decir que lo que México
necesita, es apuntalar a su democracia mediante un verdadero Estado de Derecho
y no se trata de una idea abstracta o de una fórmula vacía.
El
Estado de Derecho son acciones concretas como las que hoy se proponen, de hecho
es la condición necesaria para lograr la justicia cotidiana. Una justicia entre
ciudadanos iguales, en la que no caben la cultura clientelar ni la lógica del
privilegio. Por eso, el Estado de Derecho debe traducirse en una sociedad de
derechos.
Derechos,
llamémoslos humanos o fundamentales que debemos bajar desde las normas hacia la
realidad y desde los discursos hacia los hechos. Los derechos no pueden seguir
siendo promesas ni fórmulas retóricas.
Y
para convertirse en realidad, dependen de decisiones y acciones políticas
concretas. Para decirlo sin ambages: En los hechos, los derechos son políticas
públicas.
Las
propuestas que hoy se presentan, señor Presidente, probablemente no son
originales, no tenían y no podían serlo, porque no es necesario inventar el
hilo negro. Lo importante es que algunas y todas en su conjunto son necesarias
y realizables.
Algunas,
de hecho, llevan años esperando una decisión política que las ponga en
vigencia. Pienso, por ejemplo, en la ratificación del Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo, que daría dignidad y derechos a las
trabajadoras domésticas.
También
en la reforma constitucional y legal que, mediante la colegiación obligatoria
de los abogados, garantizaría calidad profesional y desempeño ético al
ejercicio de la profesión jurídica.
O
también en la edificación de un verdadero servicio de defensoría pública de
calidad, sin el cual no hay, no existe sistema de justicia moderno que
funcione.
Son
muestras de algunas de las propuestas que se encuentran explícita o
implícitamente recogidas en el documento y que están en espera de las
decisiones políticas que las pongan en movimiento.
Señor
Presidente.
Señoras
y señores funcionarios.
Colegas
y amigos:
El
principal problema de las reformas estructurales que este Gobierno y esta
generación de políticos mexicanos, en el contexto del Pacto por México, han
impulsado, es que no están completas. Les falta la pieza fundamental: hacer
realidad eso que llamamos justicia cotidiana.
Sin
ese basamento social, el andamiaje institucional que promete llevar a México a
la modernidad política, civil y económica, podría desfondarse.
Sumar
esfuerzos para evitar que este derrumbe suceda es responsabilidad de todos.
Asumo
que por eso estamos aquí y espero que tengamos éxito. De ello depende el futuro
de nuestra democracia
Muchas
gracias.
-MODERADORA:
A continuación, el doctor Sergio López Ayllón, Director del Centro de
Investigación y Docencia Económicas hará entrega del documento con los
resultados, de la Consulta en Materia de Justicia Cotidiana, al Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.
(ENTREGA
DE DOCUMENTO)
-MODERADOR:
Les invitamos a ocupar su lugar para escuchar la intervención del doctor Sergio
López Ayllón, Director del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
-DR.
SERGIO LÓPEZ AYLLÓN: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos; doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno
del Distrito Federal; distinguida Procuradora General de la República; señores
Secretarios y miembros del Gabinete; señores Gobernadores.
Señor
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; señor Presidente de
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia; señoras y señores
Rectores; Directores y Presidentes de las instituciones académicas,
gubernamentales y sociales que nos acompañaron durante el proceso de consulta;
señoras y señores.
Estamos
aquí para entregar al Presidente de la República, los resultados de la
encomienda que nos formuló en noviembre de 2014.
Hicimos
una amplia convocatoria al lado de otras 17 instituciones, desarrollamos 15
foros presenciales de consulta y mantuvimos permanentemente un foro virtual.
Fue un ejercicio para escuchar a los ciudadanos basado en la diversidad.
Adelanto
dos ideas:
La
primera. Que encontramos un escenario profundamente preocupante sobre la
justicia cotidiana, sus instituciones y sus efectos en la vida de las personas.
Estamos
obligados a reconocer que hoy, la mayoría de los mexicanos carecemos de los
medios y condiciones para solucionar nuestros conflictos a través de las
instituciones.
La
segunda. Que la justicia cotidiana corresponde principalmente, al ámbito de los
gobiernos estatales y que por ello, muchas de las soluciones pasan por
fortalecer las capacidades de los sistemas de justicia local.
Existen
muchas razones que explican por qué nos encontramos en este punto, quisiera
únicamente subrayar que el primer gran obstáculo para una justicia cotidiana,
es que las personas desconocen sus derechos y cuando los conocen, difícilmente
saben cuáles son las vías para reivindicarlos.
El
siguiente eslabón es, paradójicamente, el momento en que las personas se
acercan a las instituciones de justicia, los procesos son largos y onerosos,
los servicios de representación jurídica inciertos y de mala calidad y las
sentencias frecuentemente incomprensibles, cuando no inejecutables.
Así,
el conflicto que dio origen a la intervención institucional permanece y peor
aún, se generan otros nuevos.
Estos
procedimientos además, tienen lugar en instituciones con capacidades limitadas,
abandonadas en términos presupuestales y con una independencia frágil.
Las
instituciones de justicia no tienen las condiciones para pacificar y resolver
problemas de personas, sino que administran formalismos y procedimientos.
Es
ahí, en esa orientación, donde sucede la tragedia de la discriminación
sistemática o la perpetuación de las desigualdades sociales, en el acceso a la
justicia y en sus condiciones de vida.
El
caso de la justicia laboral y de los salarios mínimos, es muy elocuente de esta
situación.
En
este contexto, las posibilidades de que el Estado logre dar vigencia plena a
los derechos, mejore las condiciones de vida de la población, propicie un
entorno favorable al crecimiento económico y construya un auténtico Estado de
Derecho, simplemente se desvanecen.
Por
ello, si queremos articular el tejido social, dar sentido de pertenencia y
confianza a los ciudadanos, así como ofrecer perspectiva de futuro a la vida en
común, tenemos que atrevernos a dar un salto hacia adelante y transformar esta
realidad.
Cómo
salir de esta situación.
Cómo
tomar ventaja de los avances institucionales que, sin duda, ha tenido el país y
no quedarnos a medio camino.
Cómo
resolver los dilemas que enfrentan cada día quienes imparten justicia a lo
largo y ancho del país.
Éstas
son, entre otras, las preguntas que una y otra vez impulsaron la reflexión de
los expertos que participaron en el ejercicio, y que comparten la convicción de
que es posible superar este aparente callejón sin salida.
En
nuestra historia reciente tenemos muchas contribuciones para atender la falta
de acceso a la justicia en México; la mayor parte de ellas han optado por
sugerir una revisión estructural.
El
enfoque que adoptamos en los foros fue distinto. Esta vez empezamos por
identificar los problemas de las personas. A partir de la experiencia de
cercanía y de la conciencia de que el objetivo debe ser resolver problemas
concretos, hemos formulado recomendaciones que pretenden transformar,
paulatinamente, las condiciones de acceso a la justicia de la mayoría de los
mexicanos.
Conforme
a este enfoque, sabemos que no hay respuestas perfectas, sino medidas graduales
que tienen que ser identificadas y modificadas periódicamente. Sabemos,
también, que tampoco existen soluciones universales aplicables a todos los
problemas, y que importa reconocer que la mayor parte de los conflictos se
desarrollan en un ámbito local.
Tenemos
plena conciencia que no podemos perder de vista el horizonte, pero, también, de
que importa corregir las injusticias palpables sin tener que esperar al diseño
institucional perfecto.
Cualquier
decisión sobre justicia tiene que estar anclada, no sólo en la decisión de un
legislador, sino en el diálogo razonado que permite el debido proceso entre los
afectados por esas decisiones.
El
catálogo de problemas que encontramos es largo, heterogéneo y complejo. Por
ello, las respuestas también son diversas y abarcan un amplio espectro de
medidas que, en algunos casos, implican cursos de acción alternativos.
Las
217 recomendaciones que se desprenden de los foros y que ahora entregamos al
Presidente de México, y ante todos ustedes, constituyen más un programa de
acción de largo aliento, que puede servir de base para elaborar una política
pública nacional de acceso a la justicia.
Éste
es el principal reto que se deriva de la consulta, y es la recomendación más
importante del ejercicio.
Consideramos,
por otro lado, que la construcción de esa política debe responder a una agenda
y, por ello, identificamos cuatro temas que consideramos prioritarios.
Uno.
La creación de centros de asistencia jurídica temprana, que podrían evolucionar
a constituir una defensoría pública y vigorosa.
Dos.
Regular el ejercicio y la responsabilidad profesional de los abogados.
Tres.
Revisar la operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Y
cuatro. Diseñar un nuevo modelo de justicia familiar.
La
atención de cada uno de estos temas es complejo y requiere deliberación y
acuerdos políticos, pues la competencia para resolverlos está fragmentada en
muchas instituciones, tanto estatales, como federales.
Por
ello, le proponemos al Presidente de la República que convoque a una instancia
nacional de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe los resultados
encaminados a estos objetivos.
Pero
el diseño de esa política no es condición para iniciar acciones que permitan
mejorar las condiciones concretas de acceso a la justicia.
Nuestro
planteamiento se complementa con otras ocho acciones precisas, competencia
plena del titular del Ejecutivo Federal y otras seis, que implican esfuerzos
conjuntos de los gobiernos estatales y la Federación.
Estas
acciones y otras que se encuentran en el informe, buscan resolver injusticias
concretas y avanzar en resolverlas.
Señor
Presidente de la República:
Las
recomendaciones que contiene el informe general y las acciones que sugiere el
plan de acción inmediato, constituyen un esfuerzo heterodoxo; pero honesto y
comprometido con la justicia del país.
Es
el resultado del trabajo de muchos mexicanos, que generosos ofrecieron su
tiempo y conocimiento convencidos de que es posible transformar la realidad
para acercarnos a un país más justo.
Sería
imposible agradecer a todos y cada uno, a los ciudadanos, investigadores,
funcionarios, expertos, abogados, jueces y al personal de apoyo por el esfuerzo
realizado. La recompensa es el compromiso político del Gobierno de la República
para hacer de la justicia cotidiana una prioridad.
Reconozco
también a los rectores, presidentes y directores generales de las 17
instituciones que nos acompañaron. Gracias por su solidaridad y desinteresada
participación en este ejercicio.
Quiero
hacer una especial mención a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia y a su Presidente, así como el apoyo que nos brindó la OCDE.
Finalmente,
agradezco a la comunidad del CIDE por su apoyo y compromiso con nuestra misión
como centro público de investigación.
Con
este acto, damos cabal cumplimiento a la petición del Presidente Peña Nieto y
damos cuenta a la Nación de sus resultados.
Termino
con una conclusión aún más general. La agenda de la justicia debemos ponerla al
centro del debate público y debe permanecer ahí.
La
discusión sobre la necesidad de fortalecer al Estado de Derecho debe ser más
concreta, más específica y terrenal.
No
se agota en la aplicación de la ley y pasa por lograr que las personas confíen
en la manera en que trabajan en sus instituciones, porque ello tiene efectos
justos, equilibrados, pacificadores y convincentes; que cumplir las normas y
dirimir institucionalmente los conflictos conviene a todos, especialmente a los
más débiles.
Ésta
es la gran agenda pendiente de nuestra democracia constitucional y, me
atrevería a decir, la agenda de la que depende en parte su vigencia. Es la base
sin la cual los grandes problemas nacionales no podrían encontrar su solución.
Muchas
gracias.
-MODERADORA:
A continuación, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado
Enrique Peña Nieto; el Director General del CIDE y el Jefe de la Oficina de la
Presidencia de la República, harán entrega de reconocimientos a las
instituciones que acompañaron en este ejercicio al Centro de Investigación y
Docencia Económicas.
(ENTREGA
DE RECONOCIMIENTOS)
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