Revista Proceso # 1771, 10 de octubre de 2010; La Secretaría de la Defensa mantiene la ofensiva... pero esta vez contra el Poder Legislativo. La institución logró congelar cinco meses la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que se halla en la Cámara de Diputados, tiempo que utilizó para plantear modificaciones o adiciones al ordenamiento legal. Lo que pretende es tan sencillo como delicado: que en el combate al crimen organizado ninguna autoridad civil esté por encima del poder castrense.
Tras cinco meses de trabajar en la minuta de la Ley de Seguridad Nacional enviada por el Senado a la Cámara de Diputados el 28 de abril de este año, y tras haberla congelado en esa instancia, las Fuerzas Armadas introdujeron modificaciones al proyecto aprobado por los senadores: la propuesta de los militares los libraría de estar supeditados al poder civil y le restaría al Legislativo facultades en la lucha contra el crimen organizado.
Los cambios propuestos por el Ejército implican redefinir conceptos como seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior, y obligan al Ejecutivo a que declare la "zona de afectación". Esto último implicaría convertirlo en único responsable de las acciones que emprendan los militares, quienes ya no estarían bajo las órdenes de ninguna agrupación policiaca ni bajo la tutela de autoridades municipales o estatales, como lo establece la minuta original.
Además el poder militar propone crear 18 "unidades especiales para combatir el crimen organizado únicamente en zonas urbanas", y establece que necesita incorporar 9 mil soldados más a sus filas. Solicita una partida adicional de 10 mil millones de pesos para crear las nuevas plazas y comprar equipo especializado, como los detectores moleculares GT 200, utilizados para localizar explosivos, armas, drogas, personas y dinero.
También apresurará la fabricación y puesta en órbita de un satélite de comunicaciones mediante el cual se busca evitar que sean interceptados los mensajes entre las fuerzas que participan en el combate al crimen organizado. Para este fin el gobierno federal pidió a la Cámara de Diputados una partida de 18 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones ya fueron autorizados.
Contra la minuta
Un documento del que Proceso tiene copia –elaborado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el priista Ardelio Vargas Fosado, y dos generales adscritos al área de Doctrina Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– da cuenta de los aspectos que los militares consideran obstáculos para enfrentar los problemas de inseguridad y justificar su presencia en las calles; aspectos que se hallan plasmados en la minuta del Senado de la República (Proceso 1748).
Otro documento al que este semanario tuvo acceso enuncia los 10 puntos básicos de la propuesta castrense para la Ley de Seguridad Nacional.
Las principales inconformidades de los militares quedan establecidas en un texto de 12 puntos, entre los que destaca el siguiente:
"Se tiene que analizar el que el Senado se atribuya la facultad de revisar la legalidad de la declaratoria, lo que invade la competencia del Poder Judicial de la Federación, órgano de control constitucional". Con ello se refieren a la facultad que se atribuyó el Senado para decidir cuál es una "zona de afectación".
Para subsanar lo anterior las Fuerzas Armadas proponen, según el documento consultado por Proceso, "eliminar la atribución adjudicada al Senado de revisar la legalidad de la declaratoria".
Legisladores y abogados de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados e integrantes de la Comisión de Defensa Nacional (quienes optaron por el anonimato) explicaron el significado de lo anterior: si se mantiene esa atribución del Senado se entraría en conflicto con el Poder Judicial y la medida podría echarse abajo fácilmente con un amparo.
Por lo anterior, esa facultad debe tenerla sólo el Ejecutivo Federal, según la Sedena; el PRI propondrá que además se requiera el aval de la Comisión de Seguridad Nacional.
"En el Ejército hay preocupación por la ley; sin embargo, han hecho expreso su respeto por el Poder Legislativo", afirma un integrante de esa Comisión. Agrega: "Ven un gran avance y tienen una visión más amplia para que se involucre al gabinete de Seguridad Nacional, retoman la obligación que tiene el presidente de la República, de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución en su párrafo VI, de preservar la seguridad nacional, la seguridad interior y la defensa exterior".
Otro punto que los militares ven como inconsistencia es que la minuta "contiene un procedimiento inoperante en virtud de que difícilmente un gobernador o presidente municipal aceptará o reconocerá su incapacidad", por las "consecuencias políticas, sociales, históricas y legales de haber sido omiso en garantizar la seguridad pública".
Además, al supeditarse "a las autoridades ya rebasadas por un problema se degrada a las instancias armadas y se pervierte su misión y (…) esto podría generar acciones de inconstitucionalidad"; incluso "la minuta de ley cancela la posibilidad de que las autoridades federales puedan presentar una solicitud de afectación a la seguridad nacional y, por lo tanto, si no lo hace una autoridad local, la población seguirá sufriendo esa afectación, impidiendo que las fuerzas armadas cumplan su misión".
Los militares proponen "modificar el señalamiento de que la Fuerza Armada permanente ‘actúe’ en auxilio de la autoridad peticionaria".
Legisladores priistas explican que esto significa que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a subordinarse a nadie, y mucho menos en los operativos, pues "muchas autoridades están metidas en el narco y sólo el presidente de la República" les puede dar órdenes.
De acuerdo con uno de los documentos de la Sedena, otro problema es que "los delitos contra la seguridad interior de la nación, como la rebelión, sedición, conspiración y motín, no podrían considerarse como afectación a la seguridad interior" y "el dictamen tampoco otorga facultades operativas y de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la ley no faculta expresamente a éstas".
El texto continúa: "La minuta de ley dice que las autoridades pueden hacer lo que expresamente se les faculta, y si el dictamen en discusión ordena que las autoridades participantes lo hagan en el marco legal de su competencia, luego entonces las Fuerzas Armadas jamás deberían combatir el crimen organizado, a grupos armados, resguardar áreas estratégicas, ya que son funciones legales de las instancias de seguridad pública".
El Ejército propone "precisar la intervención de la Fuerza Armada permanente como coordinadora responsable en el supuesto de una amenaza a la seguridad nacional y como coadyuvante ante antagonismos clasificados como ‘presión’ o ‘presión dominante’", y "señalar expresamente que las instancias de seguridad nacional, incluyendo a la Fuerza Armada permanente, están facultadas para recabar información con fines de inteligencia".
Lo anterior, afirman las fuentes consultadas, significa que "ellos son el mando", además de que estarían facultados para emprender acciones de inteligencia, lo que implicaría autorizarles intervenciones telefónicas o análisis de averiguaciones previas. Tales actividades ya no serían sólo potestad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
"Gradualidad"
En los 10 puntos de las Propuestas para incorporar a la Ley de Seguridad Nacional, de la Sedena, se establece como número uno "precisar el concepto de seguridad nacional y los objetivos nacionales que pueden ser afectados por antagonismos".
El jueves 7 el término "antagonismos" se cambió por "riesgo, desafío o amenaza", lo que obedece a la urgencia del Ejército por establecer "el principio de gradualidad" para el uso de la fuerza armada. Esto es que los problemas de seguridad nacional se clasifican ahora en cuatro rubros y cada uno determina en qué condiciones el Ejército, las Fuerzas Armadas o la Marina pueden participar, según el documento.
Los cuatro aspectos tienen que ver con la identificación del enemigo: si son gente de poder o que busca el poder, si su aparición en la vida nacional es "temporal", si el ente es de carácter económico, si se trata de una sublevación o una rebelión, y establece el grado en que el "enemigo" quiere afectar al Estado.
El documento de la Sedena que objeta la minuta del Senado establece también que "otro factor de inoperancia del dictamen lo constituye el hecho de que no procede una declaratoria cuando la solicitud tenga su origen en requerimientos o cumplimientos de mandatos de una autoridad o causas de carácter político electoral o de índole social".
El Ejército incluye en su propuesta que se prevea expresamente "la invasión o agresión externa al Estado Mexicano, como un ‘riesgo, desafío o amenaza’ a la seguridad nacional". Por ello propone un nuevo capítulo de "Defensa Exterior".
Por lo que hace a la seguridad interior quiere que se faculte a las Fuerzas Armadas para realizar actividades de "prevención" de "riesgo, desafío o amenaza".
Uno de los puntos que generó controversia en el Senado y que fue eliminado es el que atañe a los retenes. El Ejército retoma el asunto y pretende que éstos sean legales, si bien partidos como el PT y el PVEM los consideran medidas propias de "estados de excepción focalizados".
El documento de la Sedena define así el alcance de los retenes: "Adicionar la obligación de prever en los protocolos la revisión de efectos cuya circulación se encuentre prohibida o restringida en el área de aplicación de la declaratoria".
Cabildeo militar
El secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, solicitó la autorización para contratar 9 mil plazas con las que se crearían 18 unidades especializadas para combatir el crimen organizado en zonas urbanas.
Adriana Fuentes, diputada panista integrante de la Comisión de Defensa Nacional, dice a Proceso que Galván les explicó por qué se requiere de esas unidades especializadas.
Dijo que cuando los cárteles de la droga actúan en una ciudad, el Ejército –que tiene 200 mil efectivos– se ve obligado a desplazar elementos asignados a actividades de protección civil en lugares alejados, movilización que puede restar efectividad táctica.
Adriana Fuentes detalla que el Ejército pidió 10 mil millones de pesos adicionales para comprar armamento mucho más ligero que pueda ser utilizado "en operaciones en ciudades, en zonas urbanas".
"Estamos acostumbrados a que el Ejército actuaba en zonas no urbanas, en sierras, en zonas rurales; pero ahora la delincuencia se infiltró en las ciudades (…) y para enfrentarlos se requiere de una reacción rápida. Estas nuevas unidades van a estar precisamente para atender los casos de la zona urbana; son fuerzas especiales de reacción inmediata a las denuncias ciudadanas para el combate al crimen organizado", explica.
La legisladora aclara que no se trataría de un nuevo batallón, sino de un cuerpo con características propias. El secretario de la Defensa "hace la propuesta de cómo podemos venir a apoyar la carga de trabajo que ya tiene cada zona, y es a través de estas unidades, que serán sólo para el Ejército y la Fuerza Aérea, no incluyen a la Marina".
Las 18 unidades estarían formadas por 500 soldados distribuidos en retenes fijos en distintos estados donde hay fuerte presencia del crimen organizado. Integrantes de la Comisión de Defensa Nacional adelantaron que se tiene pensado que esas unidades hagan trabajo de inteligencia, de interdicción (operación directa) e intercepción.
Otro elemento que ha requerido el Ejército es la puesta en órbita de un nuevo satélite. El proyecto fue planteado por militares que en noviembre de 2009 acudieron a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y, por medio de esa instancia, obtuvieron autorización para contar con fondos por 3 mil millones de pesos para tal efecto, pero el dinero todavía no ha sido utilizado, informa el diputado del PVEM y miembro de dicha comisión, Gerardo Flores Ramírez.
El costo del satélite sería de 13 mil 470 millones de pesos; sin embargo, en el nuevo presupuesto se establece que será de 18 mil 500 millones de pesos.
Flores revela que la petición del satélite la hizo la propia Sedena "y lo presentaron como un proyecto urgente para atender cuestiones de seguridad; a la reunión de la comisión trajeron a diversos miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos un vicealmirante de la Marina". El proyecto del satélite ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, pero debido a la falta de acuerdo sobre qué empresa lo construirá no se ha podido arrancar el proyecto.
Para sensibilizar a los legisladores, a finales de agosto pasado la Sedena envió a algunos de sus integrantes a las oficinas del coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, a quien le detallaron los inconvenientes de que las Fuerzas Armadas estén bajo órdenes de civiles.
"Son unos verdaderos grillos y ha sido la mejor reunión política que he tenido en los últimos tiempos", comenta Encinas, quien asegura que la minuta del Senado sufrirá grandes modificaciones, aunque no las especifica.
Sin embargo, la principal "ofensiva" de la Sedena ha sido hacia la Comisión de Defensa Nacional, a la que convocó a una reunión el pasado 29 de septiembre en el Colegio Militar. Encabezada por Galván, el general secretario habló durante seis horas en torno al poder de las armas del crimen organizado y explicó la imposibilidad del Ejército para responder a los ataques con el mismo tipo de armamento, pues con éste, dijo, se afectaría a la población civil. l
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El presidente y sus generales
Exigen más autonomía y más poder... Jesusa Cervantes, reportera.
El mes pasado el sello Temas de Hoy, de editorial Planeta, puso en circulación el volumen Los generales. La militarización del país en el sexenio de Felipe Calderón, que recupera más de 30 reportajes sobre ese tema publicados por Proceso en los últimos años. A continuación se incluye una reseña del libro y la Presentación, escrita por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, quien coordinó la edición.
El eje de la política del gobierno de Felipe Calderón se apoya desde sus inicios en la militarización del país.
En su cruzada contra el narcotráfico y la delincuencia organizada el mandatario no dudó en sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, pese a las críticas de diversos sectores, del propio Poder Legislativo y organismos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en varias ocasiones contra las tropelías de los soldados cometidas en perjuicio de la población civil, amparados en el fuero militar.
La estadística roja contabiliza ya cerca de 30 mil muertes. La estrategia gubernamental no sólo ha resultado estéril, sino que ha puesto a sus gestores contra la pared. Hoy, a más de tres años y medio de que la administración calderonista declaró su guerra contra el narco, prácticamente ninguna entidad se salva de la violencia. Lejos de la derrota, los cárteles del narcotráfico y la delincuencia organizada en general permean la política, invaden la esfera del poder y aun se apropian de él en algunas entidades.
Semana a semana, Proceso ha documentado de manera prolija la guerra de Calderón, que por obvias razones implica la paulatina pero implacable militarización del país. Sólo quien no quiera ver deja de advertir cómo la sombra verde del Ejército avanza tanto en términos territoriales como en la toma de decisiones políticas y estratégicas. Esta realidad se ha reflejado en el semanario y también en las dos ediciones especiales que Proceso dedicó este año a La guerra del narco.
A través de su sello Temas de Hoy, editorial Planeta ha publicado en el libro Los generales. La militarización del país en el sexenio de Felipe Calderón, que empezó a circular la semana pasada, una parte medular de los reportajes e investigaciones dedicados en la revista a la forma como el gobierno de Calderón lanzó a la calle, sin objetivos precisos y sin estrategias claras, a decenas de miles de soldados que, bajo el mando de los generales, se han visto envueltos lo mismo en operativos exitosos que en desmanes, homicidios, abusos y violaciones a los derechos humanos con la población civil como víctima.
Agrupados en nueve capítulos –la militarización; Ejército represor; la impunidad; la corrupción; en busca de una justificación jurídica; Ejército y religión; los operativos; los acuerdos con Washington; héroes y víctimas, y los desertores–, los reportajes de Los generales –complemento ineludible del libro que lo antecedió, El México narco, igualmente publicado por Temas de Hoy– muestran con crudeza al Ejército Mexicano envuelto en una guerra sin destino ni final.
Del volumen reproducimos aquí el texto de Presentación, escrito por Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso.
Si bien a lo largo de 200 años de vida independiente el Ejército ha sido uno de los principales factores de poder en México, desde el inicio del periodo posrevolucionario su predominio comenzó a menguar, al igual que su participación en política, acotada por el poder civil. Esto fue así hasta finales del siglo XX. A partir de entonces, y de manera más acusada en la primera década del XXI, la milicia ha ido recuperando posiciones políticas, alentada paradójicamente por el poder sin uniforme ni insignias.
Tanto el último presidente de la era de predominio del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Zedillo (1994-2000), como su sucesor, el panista Vicente Fox (2000-2006), recurrieron a las Fuerzas Armadas durante sus administraciones para reforzar las tareas de seguridad pública y, sobre todo, para combatir a la creciente delincuencia organizada.
Tras la elección de 2006, y con el propósito de fortalecer su imagen a como diera lugar debido a su cuestionado triunfo, Felipe Calderón Hinojosa enarboló el combate al crimen organizado como la principal bandera de su sexenio. Desde el principio dio señales –contundentes, inequívocas– de que gobernaría apoyado en las Fuerzas Armadas, en el poder silente pero efectivo de los generales…
De ese apoyo, de sus implicaciones y consecuencias, ha dado cuenta puntual el semanario mediante crónicas y reportajes en los que, asimismo, muestra a un Ejército desesperado que echa mano de todos sus recursos contra la delincuencia organizada, pero sin reparar en los daños “colaterales” que esta guerra provoca entre la población civil.
Amén de sus cuestionados operativos y, en suma, de sus pobres resultados en la lucha contra el narcotráfico, en la actual coyuntura la milicia mexicana ha sido objeto como nunca antes de centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
En la presente selección de textos, reporteros y colaboradores reproducen testimonios que revelan la manera en que los ciudadanos, amparados tan sólo en la labor de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para salvaguardar sus garantías individuales, se encuentran inermes ante los abusos y el fuego cruzado de narcos y militares.
Concebidas en el periodo correspondiente a la primera mitad de la administración calderonista, las investigaciones que aquí se ofrecen revelan que, así como los generales han aumentado su influencia en las decisiones del Poder Ejecutivo, y aun en las del Legislativo, están utilizando el omnímodo fuero militar como licencia para que, en nombre de la seguridad pública, sus soldados maten y torturen, violen y perpetren toda suerte de abusos contra los ciudadanos, sean delincuentes o personas de bien.
Con esta carga de impunidad a cuestas, y como signo ominoso de sus acciones, son cada vez más los elementos del Ejército Mexicano que se suman a las filas del enemigo, o bien le sirven desde el seno de la institución armada brindándole protección, armas e información sensible.
Con el estilo periodístico que ha caracterizado a Proceso desde su fundación, directo y sin concesiones, los textos que aquí compendiamos muestran, en suma, el estrepitoso fracaso de la “guerra” calderonista contra el narco, el cual se materializa en los casi 30 mil muertos acumulados en lo que va del sexenio.
A lo largo de las páginas de este libro aparecen nombres, lugares, fechas y pormenores de los hechos que en el gobierno de Felipe Calderón han protagonizado sus principales aliados políticos: los generales.
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