México-Colombia

Conferencia de prensa conjunta:

Sesión de preguntas y respuestas de los Presidentes de México y Colombia en el marco del Mecanismo de Tuxtla

-PREGUNTA: -Buenas tardes, señores Presidentes. Cuando ustedes hablan de la preocupación del desarrollo de iniciativas locales para legalizar el consumo de la marihuana, podríamos entender que al unísono, en bloque, están rechazando el Referendo de California. Y cuando ustedes piden una política coherente, significa que sugieren que se suspenda ese Referéndum.

-PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS: No. Nosotros no estamos sugiriendo que se suspenda el Referendo. Cada país y cada Estado tienen todo el derecho de poner en marcha sus mecanismos de participación democrática. Ahí en eso nosotros no nos estamos metiendo. Lo que hemos dicho es que ese Referendo, y yo lo he dicho no solamente aquí, en esta Cumbre, lo dije en Naciones Unidas, lo he dicho en otros foros. Si ese Referendo se aprueba, eso genera una discusión inmediata, por las contradicciones que se presentarían, en el caso colombiano con nuestros problemas internos frente a un fenómeno externo que nos afecta directamente.
Yo he dicho, en varias formas, que sería interesante que nos explicaran cómo podemos nosotros explicarle, por ejemplo, a nuestros campesinos que si ellos siembran media hectárea de marihuana corren el peligro de irse para la cárcel, y en el Estado más rico de los Estados Unidos se toma la decisión de legalizar la producción, legalizar el tráfico y legalizar el consumo.

Ahí hay una contradicción evidente, una paradoja evidente, que hace difícil que ese enfoque global, esa política coordinada de la lucha contra el narcotráfico sea efectiva, porque entran en unas contradicciones de fondo, y por eso lo que hemos dicho es si ese Referendo se aprueba, y no estamos tomando partido en favor o en contra, ese es un problema de los Estados Unidos, es un problema del Estado de California.

No estamos interfiriendo en esa decisión. Pero sí estamos diciendo que si se aprueba, entonces tenemos que reevaluar la política global de la lucha contra las drogas, porque contradicciones como esa, dificultan y debilitan la lucha contra un fenómeno que nos ha causado tanto daño a los colombianos y que está causando tanto daño en la región.

-PREGUNTA: Yo quisiera insistir en este asunto del impacto de la legalización. Qué repercusiones concretas tendría en la estrategia del combate contra el crimen organizado, en el caso de la región.

Porque cómo pensar en seguir invirtiendo recursos y sacrificando vidas, cuando del otro lado ya sería un negocio lícito.

Pongo un ejemplo, el caso de Tijuana donde se decomisaron 130 toneladas y la represalia del crimen organizado ha comenzado con ejecuciones.

Cómo pensar en esta situación.

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Precisamente, el llamado que hacemos el Presidente Santos y un servidor, no sólo nosotros, sino los Presidentes participantes en el Mecanismo de Tuxtla, es precisamente un llamado de alerta y una señal de preocupación por el desarrollo de iniciativas locales, quiero enfatizar.

Creo que fundamentalmente, se refiere ello, a una exigencia de congruencia y de coherencia en las propias políticas públicas, en cualquier país que las practica, y en este caso en Estados Unidos.

Por qué razón. Porque no se puede criminalizar y legalizar al mismo tiempo, o una u otra cosa. Y las repercusiones que pueda tener un eventual plebiscito de esta naturaleza pueden ser múltiples.

Primero. La incoherencia que representa a nivel internacional, como ya señalaba el Presidente Santos, el caso de gente de nuestros países, que mientras allá están acomodando la licitación a su manera para proteger el consumo, pero no hacer nada en el resto de la cadena, que va desde la producción, al transporte, genera, precisamente, una inconsistencia, genera más problemas.

El hecho, también de legalizar el consumo, pues habrá que valorar si eso va a provocar, precisamente, un incremento en la demanda que sí no hay un arreglo coherente e institucional, ya no digamos a nivel internacional, que es lo básico, sino en el propio Estados Unidos, genera un problema adicional al que ya tenemos, un incremento en la demanda sin una modificación estructural en los arreglos del mercado completo, genera, probablemente, una problemática más seria.

Creo que todos estos son temas que tienen que analizarse. Y de lo que estábamos hablando es que tomar medidas parciales, que esto lo sería, son insuficientes e ineficaces, porque éste es un fenómeno claramente transnacional, tiene una estructura de mercado transnacional, internacional y requiere, precisamente, ser analizado en un contexto mucho más amplio que las de un Estado.

Iniciativas locales no sólo nos referimos a ese plebiscito, sino muchas, incluso, que están referidas a, y por ejemplo, la llamada, nuestra tendencia a la llamada finalidad medicinal, o utilidad medicinal de la propia marihuana, independientemente de que eso tendrá que determinarse por parte de los científicos, no quiero entrar en definición en este momento, no faltará quien diga que se trata de una manera en que se está incentivando el propio consumo, y eso, debe recordarse, el consumo de drogas en Estados Unidos es la causa eficiente, la causa originaria de la problemática tremenda que tenemos países como es Colombia y como es México.

Y me parece que esta exigencia de elemental congruencia es obvia. Creo que es importante que las naciones consumidoras como proponemos, se planteen con toda claridad tener una sola política consistente. Pero, insisto, no se puede esperar resultados eficaces si por un lado hay una política de criminalización, y por la otra hay una política abierta o velada de legalización.

Lo que exigimos es congruencia a estos países consumidores.

-PREGUNTA: -Muy buenas tardes. Señores Presidentes:

Si por favor nos pudieran enumerar o esbozar los acuerdos concretos que lograron sus Gobiernos a nivel regional para enfrentar el cambio climático, teniendo en cuenta que han reconocido que hay vulnerabilidad por ser una región que está rodeada por dos océanos.

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Básicamente, una de las cosas que fueron trabajadas de manera muy importante por las Comisiones, es el desarrollo de una Estrategia Mesoamericana, pero tiene que ver con varias cosas, son varias políticas, si se quiere por el momento, iniciales, acordes con el tamaño y la dimensión de nuestras economías.

Hay que recordar que los países de la región somos en mayor o menor medida, países en distintos grados de desarrollo, pero por ejemplo, iniciativas como es la ampliación de la política exitosa que ha iniciado Colombia en materia de los biocombustibles, es una medida específica, la sustitución de energía renovable por energía de origen fósil que implicaría, por ejemplo, el llevar a cabo la interconexión eléctrica desde Colombia hasta México, a fin de sustituir energía que se produce a base de carbón por energía producida a base de agua, energía hidroeléctrica es otra medida también específica.

Las distintas medidas, que por ejemplo, en el Programa Nacional contra el Cambio Climático que iniciamos en México, desde la sustitución de refrigeradores, de equipos de aires acondicionados, de luces incandescentes, de programas de eficiencia industrial, hasta la mejora en producción petrolera, la captura de gas en la producción de petróleo y otros.

Todas esas son acciones que parten de programas puestos en práctica por cada país, en este caso puedo hablar únicamente de México, porque es el mío, y sobre él puedo explicar este tema, pero que contribuyen a una política regional que está integrada en este Acuerdo que hemos suscrito para impulsar, precisamente, las políticas contra el cambio climático.

Pero algo más importante que las políticas mismas que pueden ser incipientes, marginales, son dos cosas sobre las cuales quiero refrendar:

Primero. Que las emisiones de carbono de la región, particularmente de Centroamérica, son verdaderamente marginales, son menores al 1 por ciento a nivel global, y sin embargo, hay la voluntad en estos países de contribuir a políticas contra el cambio climático, de mitigación, ciertamente, que es un paso avanzado, pero sobre todo de adaptación y de hecho, ya hoy estamos pagando un  costo enorme en materia de adaptación.

Hablo nuevamente en el caso de México. Tradicionalmente el Fondo de Desastres Naturales que está puesto en práctica en México, tiene en promedio un poco menos de mil millones de dólares al año y siempre queda un remanente para operación.

Este año agotamos el Fondo de Desastres Naturales en el primer semestre del año. Esos son gastos de adaptación contra el cambio climático, que independientemente de lo que se acuerde en Cancún, ya estamos realizando.

Y lo mismo puedo hablar del país hermano de Guatemala, porque lo tenemos cerca, la enorme destrucción que ha caído sobre sus comunidades, sobre sus caminos, sobre sus puentes. De hecho, México ha ayudado a Guatemala, hay un puente mexicano plegable, un puente móvil, que está, precisamente, instalado de manera provisional, no necesariamente breve, en la carretera que une a El Salvador con Guatemala, y lo hemos hecho con mucho gusto, pero finalmente son gastos de adaptación, que forman parte de acciones específicas que está tomando la región contra el cambio climático.

Y finalmente, lo que yo valoro enormemente por iniciativa del Presidente Santos, es el apoyo dado a México para poder impulsar, desde la esfera de influencia de cada uno de los países, acuerdos concretos en la Conferencia de las Partes que tendrá lugar en la Riviera Maya.

Pero que será muy importante este aliento de los países de la región, para poder llegar a los acuerdos posibles que, esperamos, tengan lugar en la reunión de cambio climático, este mes de noviembre.

-PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN: Yo agregaría una cosa muy corta.

Primero, que en Cancún no avanzar, es retroceder. Este problema está tomando unas dimensiones para la humanidad que son graves. Y por eso el llamado es a que el mundo entero tome conciencia de la importancia de avanzar.

Y en segundo lugar. Dentro de las discusiones, también surgió una iniciativa que se va a llevar a cabo, y es que una reunión que va a tener Costa Rica, del llamado Grupo de Cartagena, que son 15 países desarrollados y 15 países en vías de desarrollo, la próxima semana, vamos a buscar que ese Grupo también se una a esta posición que hemos tomado el día de hoy en todos los países de Mesoamérica, en apoyo a unas medidas concretas para que en Cancún podamos lograr unos avances que realmente nos pueda dar algún tipo de esperanza de que el mundo sí es consciente de la gravedad de este problema.

-PREGUNTA: Gracias. Buenas noches, señores Presidentes.

Mi consulta, el año pasado, la anterior sesión de la Cumbre fue en Costa Rica, y en aquel momento uno de los acuerdos fue específicamente solicitarle a los Estados Unidos, mucho más recursos para el Plan Mérida, que es el plan de combate al narcotráfico de México hacia el Sur.

A un año de esa reunión, y apelo a la memoria de sus compañeros de gestión, ha ocurrido de verdad un reforzamiento, porque ustedes prácticamente lo que están concluyendo hoy es que hay una política contradictoria en los Estados Unidos.
Y, bueno, si no hay más fondos, entonces, qué alternativas están sondeando ustedes para reforzar el control en los mares y en las tierras al Sur de los Estados Unidos.

-PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS: Es que yo no estaba el año pasado.

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Muy bueno, buen punto.

Efectivamente, así lo hicimos, y en el caso de México recibimos hacia finales del año pasado una parte del equipo de Iniciativa Mérida que estaba pendiente, básicamente, por ejemplo, les cito algunos helicópteros.

Sin embargo, en honor a la verdad, es que Iniciativa Mérida es un programa trianual que terminaba, precisamente, en 2009, que implicaba, más o menos mil 400 millones de dólares, y de los cuales se han erogado menos de la mitad, menos de 400 millones de dólares.

Tampoco eso es, además, lo verdaderamente relevante. Por qué razón. Yo le puedo decir que en el caso de México, comparado con esos mil 400 millones de dólares en tres años, en el caso de México estamos gastando más de 10 mil millones de dólares en tareas de seguridad por año.

Lo relevante no es simplemente el dinero, ojalá siquiera cumplieran ese compromiso, sino la política de corresponsabilidad, la conciencia de corresponsabilidad, primero; y segundo, la aplicación de políticas públicas que contribuyan a frenar el fenómeno, no sólo del narcotráfico, sino del crimen organizado en general.

Pongo dos casos concretamente. No se trata únicamente de poner dinero. Hay una anécdota que relataba alguno de los Vicepresidentes en la sesión, que alude a que luego, muchas veces, no me refiero al caso de Iniciativa Mérida, pero que muchos programas de asistencia se diluyen en las propias corporaciones y cuerpos burocráticos norteamericanos, y la ayuda al destinatario final siempre se diluye totalmente.

Cierro el paréntesis, sino se trata, también, de acciones que estamos exigiendo y estamos esperando todavía que cumplir. Por ejemplo, detener el tráfico de armas hacia México y hacia la región en general.

En los casi cuatro años de Gobierno que llevo en la Presidencia de la República, el Gobierno Federal ha decomisado cerca de 90 mil armas, de las cuales son 50 mil rifles de asalto, cerca de 8 mil granadas, diez millones de cartuchos, casi un centenar de rifles Barrett calibre 50, lanzamisiles; el 90 por ciento de las armas que son susceptibles de rastrear, es decir, que todavía conservan su número de serie, son armas vendidas en Estados Unidos.

Si Estados Unidos hiciera por lo menos ese esfuerzo, es decir, el esfuerzo que hace hoy para detener migrantes lo aplicara, por lo menos con la mitad, para detener el flujo de armas, otra historia sería.

Porque el  contar con un acceso tan franco por parte de los criminales a un armamento casi limitado es parte del problema que se generó cuando en Estados Unidos no fue ratificada y perdió vigencia la llamada Assault Weapons Ban, la ley que prohíbe el uso de armas de asalto.

Lo que hemos exigido a Estados Unidos es también congruencia en este punto, y que detenga, precisamente, el flujo de armas a los criminales que operan en México y en la región, o bien, en materia de lavado de dinero, también.

Porque, a final de cuentas, si no se detiene el flujo de armas y de dinero a nuestros países, proveniente de actividades ilegales, difícilmente podrá avanzarse de manera determinante en este problema.

Entonces, los Estados Unidos, concretamente, son los principales consumidores,  donde está el origen del problema, insisto. Son los principales proveedores de armas a los criminales y son los principales proveedores de dinero a los criminales.

Si no se actúa en estos frentes es difícil que podamos considerar que se está asumiendo con responsabilidad una tarea sobre un problema que también es común.

Código de Justicia Militar

Columna PLAZA PÚBLICA Código de Justicia Militar

Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 27 Oct. 10;

La iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar, presentada al Senado de la República la semana pasada, no cumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyo cogollo consiste en impedir la impunidad uniformada (como la llama Human Rights Watch) mediante una reducción severa de la jurisdicción castrense. No se trata, como se dice, de una modificación al fuero militar. Ese permanece intacto en el artículo 13 constitucional, pues allí se establece su verdadera naturaleza, adulterada por la legislación secundaria: "Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar...".
El Estado mexicano ha sido reacio a admitir en la práctica los tratados que en abstracto parece lucidor firmar, ratificar y alabar. Se demora en aplicarlos, como si se ignorara que la dilación de la justicia es injusticia. Después de meses de renuencia, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial, el 9 de febrero pasado, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla, un campesino guerrerense detenido en 1974 por miembros del Ejército que no lo presentaron al Ministerio Público y del que desde entonces jamás se supo nada. Por lo tanto, transcurrieron más de ocho meses antes de que el presidente de la República iniciara la enmienda al artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Igualmente tardío es su acatamiento a la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU que en marzo pasado propuso al Estado mexicano "modificar el código de justicia militar a fin de que la justicia (castrense) no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles. Las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetrados por militares deben tener acceso a recursos eficaces".
El documento de la ONU es una recomendación, susceptible de ser aceptada o no. En cambio, la sentencia de la Corte Interamericana es eso, el fallo de un tribunal que debe ser cumplido en sus términos, no de cualquier manera. Para que así ocurra, ese tribunal internacional estableció criterios como el que "la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas armadas", que "la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y en su caso sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria" y que "si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por los tribunales ordinarios".
La iniciativa propone excluir de la definición de delitos contra la disciplina militar, y por ende poner a sus autores a disposición de la justicia ordinaria, tres ilícitos: desaparición forzada, tortura y violación. Es una lista breve, correcta, pero insuficiente. Es sano que en esta coyuntura, donde tanto se practica ese delito, el Ejecutivo reconozca la necesidad de poner ante tribunales del fuero común a los responsables de desaparición forzada (privación ilegal de la libertad practicada por agentes del Estado y con encubrimiento igualmente estatal, sin que se ponga al detenido a disposición de una autoridad competente). Es evidente que por el fallo en el caso Radilla el Estado mexicano no podía mantener esa práctica en la jurisdicción militar. Igualmente colocó en semejantes condiciones el delito de violación porque ése fue uno de los agravios cometidos por miembros del Ejército contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en cuyo caso también la Corte condenó al Estado mexicano.
De inmediato organizaciones civiles y aun gubernamentales atentas al respeto a los derechos humanos pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar la iniciativa. La Comisión de Derechos Humanos del DF, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron necesario que se amplíe el catálogo de los delitos juzgables en tribunales del fuero común. Luis Arriaga, del Centro Pro, propuso que conforme a los criterios de la Corte Interamericana cualquier delito cometido por militares sea juzgado en los tribunales ordinarios.
Para Amnistía Internacional (que lamentó la insuficiencia de la iniciativa) ésta "sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar y no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan". Quedan fuera de la reforma las ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, detención arbitraria, así como el genocidio y otros delitos de lesa humanidad. Preocupa especialmente a AI "el papel asignado al ministerio público militar para la determinación del delito en la investigación inicial para ser remitido a la justicia civil en caso de que se configuren los elementos del tipo penal...este mecanismo puede actuar como un candado que permita bloquear la actuación de la justicia civil, incluso en los delitos que quedan excluidos de la justicia militar mediante esta iniciativa".
Puede el Senado por lo pronto, y el Congreso todo, completar el proyecto del Ejecutivo. Las Cámaras están obligadas también por la justicia internacional para enmendar la legislación. Y si la Presidencia lo hizo menos que a medias, el Legislativo debe ir más allá.
Cajón de Sastre
Pocas veces se muestran tan claramente los intereses materiales beneficiados por una legislación ad hoc como en la reforma a la seguridad social conseguida ayer por una coalición de poderes e influencias que obtendrán amplia ganancia política y económica. La iniciativa del Partido Verde, el más inescrupuloso de los partidos en México, lo que ya es decir, para que el IMSS pague en efectivo la compra de medicamentos que no surta a sus derechohabientes es un negociazo para varias ramas de la familia González Torres (una de las cuales es propietaria de este partido), que manejan extensas cadenas de farmacias, las cuales venderán medicamentos a precios de menudeo con perjuicio para el erario (que a la postre financiará esa operación) es decir de los contribuyentes, que pagarán dos veces los fármacos que el IMSS les niegue.

Mezquita en Milán

 La mezquita divide Milán

La posibilidad de construir un centro religioso para musulmanes crea polémica en la capital económica de Italia

LUCIA MAGI - Milán - 27/10/2010

Los musulmanes de Milán no saben dónde rezar. La alcaldesa de la capital económica de Italia que se saca brillo para albergar la Expo en 2015, vuelve a calentar los ánimos del electorado derechista sobre la cuestión que divide la opinión pública y centra la campaña electoral para las municipales de 2011: Milán no tiene mezquita. "Y no la vamos a construir hasta que el Gobierno no lo pida y no prepare una ley que nos de garantías al respeto", dijo Letizia Moratti , que espera ser reelegida. Frente la audiencia de los votantes de Silvio Berlusconi reunidos en su ciudad, no tiene mucha capacidad de movimiento, con la Liga Norte que amenaza con presentar a su propio candidato en primavera y gna fuerza, en una época dura para Il Cavaliere. "En Milán ya existen lugares de culto para los islámicos". Ovación.
Fuera de allí los casi 100.000 musulmanes que residen en la ciudad (1.300.000 habitantes) peregrinan de un gimnasio alquilado a un sótano prestado, de un viejo cine a una carpa. Lugares improvisados para fieles fantasmas. Zaccaria se arrodilla con cautela sobre la bolsa del supermercado y apoya en el barro sus zapatos inmaculados con una bandera italiana en el centro. Durante la noche ha llovido y el campo de fútbol donde el viérnes se reùne un millar de musulmanes, está mojado. En la oración de la tarde, el quinceañero de las Adidas flamantes rezará en un garaje - paredes pintadas de azul y olor a humedad - en la misma calle Padova. La zona donde viven arrinconados los extranjeros de la capital de la moda y del diseño parece hallarse a mil leguas del Milán de la Bolsa, los palacios del poder, las tiendas de lujo y los aperitivi, pero son cuatro paradas de metro. Aquí se juega el futuro político y social de la ciudad, suspendido al hilo de una vieja polémica que acaba de volver a la actualidad. La comunidad islámica pide la construcción de una Mezquita en plena regla. La Iglesia, por boca del arzobispo Dionigi Tettamanzi, también lo hizo más veces.
De momento, la administración de centro derechas, coalición de Pueblo de la Libertad y Liga Norte, no se da por aludida. Con la bendición del Gobierno central, por supuesto. En 2009 el titular de Interior Roberto Maroni (Liga) cerró el centro islámico de Viale Jenner. Era una nave industrial convertida en lugar de culto, seguramente decadente, poco segura según el ministro, pero acogía a parte de los fieles de Alá. Desde entonces, como peregrinos fantasmas, rezan entre gimnasios, carpas, salas alquiladas un par de horas cada viernes o garajes. Como en via Padova, donde don Piero, sacerdote de la parroquia de San Giovanni, reza y actùa para la integración: "Cada ser humano tiene derecho a profesar su fe. Mi arzobispo me apoya en el camino del respeto". Por eso deja el campo de fùtbol adyacente a su iglesia a los musulmanes que residen en la zona norte. Zacaria es uno de ellos.
La administración reacciona sin pelos en la lengua por boca del vicealcalde leghista, Riccardo De Corato, que explica su contrariedad a la construcción de una mezquita: "La cuestión no es urbanística ni de libertad religiosa. El problema es la seguridad". Y no se refiere sólo el orden público, sino directamente el terrorismo islámico.
"¿Qué es más seguro: miles de personas rezando en espacios improvisados o dejar que acudan a un lugar oficial?". Ali Abushwaima es presidente e imán del centro islámico de Segrate. La única mezquita digna de este nombre en el Norte de Italia: un minarete de apenas 10 metros, un par de edificios blancos, donde se apiñan cada viernes 2.000 fieles. Hombres, mujeres y muchos niñitos morenos llegan desde el centro: 20 minutos de metro, más 10 de autobús, para alcanzar el extremo noreste de la ciudad. Linda con la exclusiva urbanización Milano 2, creación inmobiliaria de Silvio Berlusconi en los setenta: edificios ordenados, geranios en los balcones, todoterrenos aparcados tras las rejas, cámaras que vigilan, jardines sobre que pasean perros microscópicos con correa firmada. "Nunca hubo problemas desde que compramos en 1974 - sigue el imán - pero ya no cabemos". Su homólogo de Viale Jenner, Abdel Hamid Shaari, subraya: "No pedimos ni un duro, sólo nos indiquen dónde construir". En la entrada de cada gimnasio, patio, garaje ocupado por los fantasmas milaneses de Alá, hay una caja con un cartel: "para la Mezquita", el gran sueño colectivo. Además hay financiadores privados y dinero del otro lado del Mediterráneo. Stefano Boeri, ilustre arquitecto y urbanista candidato a las primarias del Pd para las municipales, eligió este tema para su primera declaración pública, con talante práctico: "Es indispensable. ¿Qué van a pensar los hombres de negocio islámicos que lleguen para la Expo de 2015, cuando les acompañen a rezar en un garaje?".
Mientras en Milán se discute, cuarenta minutos de metro al norte del Duomo, se decide. Y contra corriente. En Sesto San Giovanni, 80 mil habitantes, el 13% extranjeros, sobre 11 millones de metros cuadrados, las calles están dedicadas a Gramsci, a Marx, a la Resistencia. Coronas de laurel y placas recuerdan a los partisanos. Es la Estalingrado de la Lombardía, oveja roja en un rebaño devoto al Cavaliere y - cada cita electoral más - a la Liga Norte. Allí surgieron las primeras grandes industrias y llegaron los primeros inmigrantes (del Sur Italia, mucho antes que de África, Albania y China). La acerería de la familia Falck, hoy cerrada, empleaba en los años sesenta a 30 mil personas. El alcalde Giorgio Oldrini del Partido Democrático (suportado por la coalición de centro izquierdas que cosechó en 2007 el 62% de los votos), acaba de conceder el permiso para construir una mezquita a los cerca de 3.000 islámicos. Siembra indignación entre la oposición: "Vendrán desde Milán y será un sin vivir. No es la primera vez que la ciudad soluciona sus problemas de emigración descargándolos aquí, donde el alcalde dice que sí a todos", espeta Antonio Lamiranda, del PdL.
"La gente está preocupada. No le voy a pintar un cuadro de ensueño - comenta Oldrini en su despacho, bajo un retrato de Marx y una foto del Presidente de la República -. Organizamos asambleas. Yo me trago los insultos, explico que no podemos dejar que nuestros vecinos recen bajo una escalera, con tuberías que gotean, en una situación humillante y poco segura. Muchos están en contra, pero hay que educarles". Oldrini, alcalde desde 2002, está organizando un foro sobre el diálogo entre occidente e Islam. Aunque acaba de gastar 292 mil euros para construir una reja de 400 metros para impedir que los gitanos acampen en un área próxima al ferrocarril. Había frecuentes robos y mucha suciedad, cuentan unánimes los vecinos e indican un halo negro en el punto donde se encendían fuegos. Dos niños murieron arrollados por un tren Milán-Monza. Las presiones de comités cívicos y de la derecha llevaron al alcalde a pedir la financiación estatal y cerrar el área. Los gitanos - una veintena - están ahora al otro lado de los raíles. "Les propusimos plazas en centros de asistencia municipales. Nadie quiso: un fracaso de la política". Misma conclusión, con distintas motivaciones, en boca de Lamiranda: "La política ha fallado. En lugar de construir muros, había que evitar que entrasen en Italia". "La comunidad islámica, al revés, es muy activa, legal y colaboradora", dice el alcalde, que fue 10 años corresponsal de L'Unità en Cuba, tiene a una hija magistrado en Pamplona y a un chaval con novia extranjera. "El mundo se ha ampliado, es diverso, bonito". ¿No tiene miedo a perder las elecciones en 2012? "Yo tengo mi conciencia y con ella hago mi trabajo". La mirada aquiescente de Marx le sonríe desde la pared.