Informe de Human Rights Watch

Ejército viola derechos en México: Human Rights Watch (HRW)

"Las fuerzas armadas de México han cometido serias violaciones a los derechos humanos, que han incluido asesinatos, tortura, violaciones y detenciones arbitrarias", asegura el último reporte anual internacional de HRW en el capítulo dedicado a México.

"Sin duda alguna México enfrenta un enorme problema de seguridad y también es cierto que el presidente Felipe Calderón ha actuado con firmeza para enfrentarlo", aseguró el director ejecutivo de esta organización, Kenneth Roth.

Al abundar sobre el caso de México, el director para las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco, consideró que "en México los militares aún no rinden cuentas de sus actuaciones tanto judicial como politicamente".

"No nos queda claro el grado de subordinación de los militares al poder civil, específicamente, con lo que tiene que ver con rendición de cuentas por violación de los derechos humanos. Cuando se les pide a los militares información en este sentido, es claro que no existe la voluntad de informar, de rendir cuentas y permitir un escrutinio democrático de sus actuaciones", lamentó Vivanco.

La organización hizo alusión asimismo al preocupante de violencia, intimidación y persecusión contra los periodistas en México por parte del crimen organizado, pero también de algunas autoridades civiles, policiales y militares.

El informe de 612 páginas, que constituye el vigésimo examen anual de la organización sobre las prácticas globales de derechos humanos, resume las tendencias principales de los derechos humanos en más de 90 naciones y territorios de todo el mundo, sobre la base del extenso trabajo de investigación realizado en 2009 por el personal de Human Rights Watch. El capítulo introductorio de esta edición, a cargo del director ejecutivo Kenneth Roth, argumenta que la capacidad del movimiento de derechos humanos para ejercer presión en representación de las víctimas ha crecido enormemente durante los últimos años, y que este desarrollo ha generado una reacción por parte de los gobiernos abusivos que se intensificó particularmente en 2009.

El Capítulo del Informe Mundial: México (textual)

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/mexico_sp_0.pdf

El Presidente Felipe Calderón ha delegado mayormente en las fuerzas armadas la lucha contra la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. En el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. México permite sistemáticamente que las fuerzas militares se investiguen a sí mismas a través de un sistema de justicia militar que garantiza la impunidad de los abusos cometidos por el Ejército.

El sistema de justicia penal de México padece graves problemas de derechos humanos, como el uso de la tortura y el maltrato por parte de las autoridades de aplicación de la ley, y no juzga adecuadamente los delitos. La creciente violencia contra los periodistas que denuncian al crimen organizado y la corrupción gubernamental ha generado un clima de autocensura en varias partes del país.

Impunidad por abusos militares

Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos aberrantes durante su participación en actividades de seguridad pública. La cantidad de denuncias de abusos cometidos por el Ejército presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México se sextuplicó entre 2006 y 2008, y llegó a 559 durante el primer semestre de 2009.

En febrero de 2009, por ejemplo, un grupo de soldados detuvo arbitrariamente a un indígena en Oaxaca durante seis horas y lo sometió a golpizas y técnicas de asfixia por inmersión. En marzo, varios soldados detuvieron a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana en una base militar en la cual les propinaron reiteradas golpizas, les administraron descargas eléctricas, incluso en los genitales, y los asfixiaron con bolsas de plástico. En agosto, un grupo de soldados detuvo a dos hombres en Morelos, los amenazaron de muerte, les vendaron los ojos y los golpearon.

Las autoridades militares asumen habitualmente la jurisdicción militar para investigar y juzgar los abusos del Ejército. Como resultado, la gran mayoría de los casos de abusos del Ejército nunca son juzgados con éxito. El sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables, y su funcionamiento se caracteriza por una falta de transparencia generalizada. La capacidad de los agentes del ministerio público militar de investigar los abusos cometidos por el Ejército se ve aún más debilitada por el temor hacia esta institución, que impide que las víctimas civiles y los testigos brinden información a las autoridades militares.

Sistema de justicia penal

El sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y de violaciones de derechos humanos. Esta falla responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y prácticas de policía abusivas sin ningún tipo de rendición de cuentas.

La tortura continúa siendo un problema generalizado. Uno de los factores que perpetúan este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura.

Más del 40 por ciento de los reclusos en México no han recibido nunca una condena por los delitos que se les atribuyen. En lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años. El uso excesivo de la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación de las cárceles. A su vez, los reclusos también son víctimas de abusos por parte de los guardias. Con frecuencia, los niños son detenidos en condiciones deficientes en delegaciones policiales y otras instituciones, y muchos menores detenidos no tienen acceso a programas educativos.

En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, y contempla medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales, como la inclusión de la garantía de presunción de inocencia en la Constitución. Sin embargo, existen dos disposiciones que vulneran las obligaciones de México conforme al derecho internacional. La primera permite a los agentes del ministerio público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de haber sido acusados de la comisión de un delito. La segunda deniega a los jueces la facultad de decidir, en casos vinculados con una lista preestablecida de delitos, si el acusado debe ser puesto en libertad provisional hasta la sustanciación del juicio y durante este. El gobierno tiene un plazo de ocho años para implementar la reforma.

Impunidad por los crímenes de la "guerra sucia"

Durante sus cinco años de vigencia, la Fiscalía Especial creada en 2001 para investigar y juzgar los abusos cometidos durante la "guerra sucia" ocurrida en México entre la década de 1960 y de 1980, realizó avances muy limitados. No logró obtener ninguna condena penal. De los más de 600 casos de desapariciones, consignó 16 casos y obtuvo órdenes de aprehensión en 9 de ellos. La fiscalía sólo pudo determinar el destino de seis personas desaparecidas (cuatro fueron enviadas a instituciones psiquiátricas y dos fueron asesinadas mientras se encontraban detenidas).

Luego de que Calderón cerrara oficialmente la Fiscalía Especial, los casos fueron transferidos a otra unidad no especializada que pertenece a la Procuraduría General de la República, que no ha obtenido avances significativos en las investigaciones.

Libertad de expresión e información

Diversos periodistas, especialmente aquellos que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han criticado a los gobiernos de los estados, han sido víctimas de hostigamiento y agresiones. En julio de 2009, por ejemplo, el cuerpo brutalmente golpeado de un periodista fue encontrado enterrado cerca de Acapulco, con las manos y los pies atados y la cabeza envuelta con cinta. Siete periodistas mexicanos han desaparecido desde 2005, cinco de los cuales habían investigado los vínculos entre funcionarios locales y la delincuencia organizada. Estos casos han suscitado un clima de autocensura en algunas regiones del país.

Desde 2007, la difamación, las calumnias y las injurias ya no constituyen delitos federales. Sin embargo, en los estados las leyes penales sobre difamación continúan siendo excesivamente restrictivas y suelen socavar la libertad de expresión.

Tanto la ley federal sobre transparencia y acceso a la información de 2002 como la reforma constitucional de 2007 incrementaron las vías para el escrutinio público del gobierno mexicano. No obstante, los avances logrados en la promoción de la transparencia en el Poder Ejecutivo federal no se han replicado del todo en los demás poderes de gobierno, en los organismos autónomos, ni a nivel estatal.

Defensores de derechos humanos

Las Naciones Unidas han documentado 128 casos de violencia o intimidación contra defensores de derechos humanos mexicanos desde 2006, y 27 de ellos se produjeron durante la primera mitad de 2009. Los métodos de intimidación más comunes han sido las amenazas contra la vida o la integridad física de los defensores, realizadas por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas o notas anónimas dejadas en el lugar de trabajo. La lista incluye además 10 asesinatos. Por ejemplo, los cuerpos de dos defensores que habrían sido secuestrados en Guerrero por la policía en 2009 fueron encontrados varios días después con marcas visibles de tortura.

Derechos reproductivos, violencia doméstica y abuso sexual

Las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual. Algunas disposiciones son abiertamente contrarias a los estándares internacionales, como aquellas que establecen sanciones para algunos delitos sexuales en función de la "castidad" de la víctima, o penalizan la violencia doméstica únicamente cuando la víctima ha sido golpeada en reiteradas oportunidades. Las garantías legales existentes no suelen aplicarse con suficiente firmeza. Las niñas y mujeres que denuncian ante las autoridades haber sido víctimas de violación o violencia generalmente se enfrentan a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio. Por ello, las víctimas suelen ser renuentes a denunciar los delitos, y esta falta de denuncia, a su vez, frustra la promoción de las reformas legales necesarias. Como resultado, prevalece la impunidad por la creciente violencia sexual y doméstica contra mujeres y niñas.

En agosto de 2008, la Suprema Corte de Justicia de México confirmó la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de embarazo. Sin embargo, el aborto continúa estando penalizado en el resto de México, y durante 2009 varios estados intentaron incorporar el derecho a la vida del no nacido en sus constituciones. Si bien todos los estados permiten el aborto en determinadas circunstancias específicas, como luego de una violación, el trato displicente y hostil impartido por las autoridades a las víctimas de violaciones que desean interrumpir su embarazo no deseado muchas veces logra que desistan de llevar a cabo esta práctica.

Derechos laborales
La actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por los convenios colectivos negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a estos. A menudo, estos convenios no ofrecen a los trabajadores otros beneficios que los mínimos impuestos por las leyes mexicanas. Los trabajadores que intentan organizar sindicatos independientes se exponen a perder sus empleos, ya que las leyes inadecuadas y su ejecución deficiente por lo general no los protegen frente a despidos dispuestos a modo de represalia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

La institución oficial de derechos humanos de México ha ofrecido información detallada y autorizada sobre casos específicos de violaciones de derechos humanos y ha identificado algunos obstáculos sistémicos que se interponen al avance de derechos fundamentales. Sin embargo, pese a su amplio mandato y a sus importantes recursos, en general no ha exigido a las instituciones gubernamentales que reparen los abusos documentados ni ha promovido las reformas necesarias para evitarlos. En noviembre de 2009, el Senado designó a un nuevo presidente de la Comisión por un mandato de 5 años.

Actores internacionales clave

La Iniciativa Mérida es un paquete de asistencia de varios años de duración acordado en 2007, mediante el cual Estados Unidos ha proporcionado a México fondos por $ 1.351 millones destinados a abordar los niveles crecientes de violencia y corrupción por parte de poderosos carteles de narcotraficantes [Actualizado en enero de 2010]. Al autorizar los fondos, el Congreso estadounidense determinó que la mayor parte de la asistencia para las fuerzas de seguridad mexicanas estaría disponible inmediatamente, pero que el 15 por ciento de la mayoría de los fondos sólo se entregarían una vez que la Secretaria de Estado de Estados Unidos informara al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido cuatro requisitos sobre derechos humanos: garantizar que los agentes del ministerio público y las autoridades judiciales del fuero común o federal investiguen y juzguen a los policías federales y a los militares que violan los derechos fundamentales; consultar periódicamente a las organizaciones de la sociedad civil mexicanas sobre la implementación de la Iniciativa Mérida; hacer cumplir la prohibición de utilizar aquellas declaraciones que se obtengan mediante tortura u otros tratos degradantes; y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales.

Sin embargo, la efectividad de estos requisitos se vio debilitada cuando en agosto de 2009 el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su primer informe acerca de los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida, en el cual no se analiza si estos fueron cumplidos por México ni se demuestra que México esté asegurando que las autoridades civiles investiguen los abusos. El Congreso autorizó la entrega de una parte de los fondos retenidos, pero solicitó información adicional que debía ser incluida en el próximo informe del Departamento de Estado.

En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite sentencias vinculantes, decidió que México era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pachecho, cometida por militares durante la "guerra sucia", y por la impunidad del caso. La Corte ordenó al estado que investigara adecuadamente los hechos y determinara los responsables, que adoptara diversas medidas de reparación y que modificara el Código de Justicia Militar para adecuarlo a estándares internacionales. En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió también otros tres casos sobre abusos militares en Guerrero a la Corte Interamericana. Los casos involucran la detención arbitraria y tortura de dos activistas ambientales en 1999, y la violación sexual de dos mujeres indígenas en 2002. [Actualizado en enero de 2010]

En 2009, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó el Examen Periódico Universal de México. El gobierno mexicano apoyó la mayoría de las recomendaciones destinadas a mejorar sus prácticas de derechos humanos, pero no aceptó aquellas que cuestionaban el uso de tribunales militares para juzgar los abusos del Ejército.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en México que provee valiosa documentación sobre los problemas de derechos humanos y ofrece recomendaciones para superarlos, como su informe de 2009 sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país.

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Segob reitera defensa de Fuerzas Armadas

En respuesta al informe de HRW, la Secretaría de Gobernación sostiene que los elementos castrenses que cometen delitos son procesados conforme a derecho, por lo que el fuero militar no es espacio de impunidad ni de privilegios

A través de un comunicado, respondió al informe de Human Rights Watch, presentado este miércoles acerca de la situación de los derechos humanos en México.

Boletín No. 023-20/20/01/2010 

Con referencia al informe de Human Rights Watch presentado el día de hoy acerca de la situación de los derechos humanos en México, la Secretaría de Gobernación informa lo siguiente:
Durante los últimos años, en México se han registrado avances históricos en materia de derechos humanos y representación política. Esta transformación se refleja tanto en la política interna de derechos humanos del Gobierno Federal, como en la política exterior del país en la materia.

· En este sentido, la política interna de derechos humanos del Estado mexicano ha estado orientada a institucionalizar y consolidar políticas públicas en la materia, a partir de la implementación de reformas legales, así como del fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la protección, defensa, promoción y realización de los derechos humanos.

· En el marco del esfuerzo nacional en el combate al crimen organizado, las instituciones de seguridad pública federal se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Así, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es temporal y subsidiaria, a petición fundada y motivada de las autoridades civiles.

· Como parte del compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto de los derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) imparte cursos, conferencias y seminarios a todo el personal militar. Asimismo, la SEDENA y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) trabajan de manera coordinada para establecer protocolos de prevención y estrategias de actuación con el objetivo de reparar violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos castrenses.

· Por otro lado, la SEDENA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos trabajan conjuntamente con el propósito de aprovechar la experiencia técnica de la Oficina en materia de capacitación; elaboración de indicadores de impacto; seguimiento a las recomendaciones internacionales, y seguimiento a situaciones de preocupación en materia de derechos humanos.

· En específico, cuando la Procuraduría de Justicia Militar tiene conocimiento de que personal militar participó en hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos inicia una averiguación previa para, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes. En México, los elementos castrenses que cometen delitos son procesados y sancionados conforme a derecho, por lo que el fuero militar no es espacio de impunidad ni de privilegios.

Hoy en México las autoridades están comprometidas con una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos. En particular, debe reconocerse el amplio esfuerzo en materia de fortalecimiento institucional y capacitación en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario por parte de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno Federal está convencido de que la experiencia y aportaciones tanto de la comunidad internacional, como de la sociedad civil, son herramientas fundamentales para apoyar los esfuerzos internos en materia de derechos humanos.

La administración del Presidente Felipe Calderón continuará trabajando por promover, defender y transversalizar en todos los ámbitos la cultura de derechos humanos con el objetivo de consolidarla como una política de Estado.

'The NYT cobrará por parte de sus contenidos en Internet

'The New York Times' cobrará por parte de sus contenidos en Internet en 2011
El diario implantará un modelo mixto: los lectores tendrán acceso gratuito a un número determinado de informaciones al mes y deberán pagar por el resto
ELPAÍS.com - Madrid - 20/01/2010
En enero del año que viene, los lectores en Internet del diario estadounidense The New York Times podrán leer gratuitamente un número limitado de informaciones al mes antes de que se les pregunte si están dispuestos a pagar una tarifa plana por un acceso sin límites a los contenidos, según informa hoy el periódico en su página web. Aquellos que cuenten con una suscripción al diario impreso podrán entrar en toda la web.
No obstante, The New York Times Company, grupo de comunicación al que pertenece la publicación, ha señalado que todavía no está fijado ni cuánto habrá que pagar por esa tarifa plana ni cuál será el límite de lecturas gratuitas mensuales. E indica que el número de estas últimas podría cambiar con el tiempo, en función de "las condiciones económicas del momento y de la demanda de los lectores".
En los últimos meses, grandes medios con presencia en Internet se están planteando cobrar por sus contenidos como una manera de diversificar su modelo de negocio y combatir la caída de las ventas y de la publicidad en las cabeceras tradicionales.

Pide PRD a Rivera no condicionar diálogo

Piden a diputado perredista disculparse

(14:34)

Pide PRD a Rivera no condicionar diálogo
Ortega aseguró que no corresponde al partido, sino a los asambleístas y a otros ciudadanos retirar las quejas contra la Iglesia.
El dirigente nacional del sol azteca dijo que busca se respete la posición de ambas partes, luego de la controversia por los matrimonios gay
Nota de Érika Hernández

Reunión con impartidores de justicia

Se reúne el Presidente Felipe Calderón con La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia

Miércoles, 20 de Enero de 2010

Comunicado 011

Presidencia de la República

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa se reunió esta mañana con los integrantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), en la Residencia Oficial de Los Pinos, encabezados por el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Titular del Ejecutivo reiteró el compromiso y colaboración del Gobierno Federal con dicha Asociación para garantizar, juntos, el acceso a una justicia pronta y expedita.

Destacó que es a través del diálogo, de la unidad de propósito y de acción, como se lograrán los resultados que los mexicanos exigen de quienes imparten justicia en nuestro país.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia presentó al Mandatario mexicano su agenda de actividades y, al mismo tiempo, reconocieron el diálogo e intercambio de ideas que hay con la Administración del Presidente Felipe Calderón con el objetivo de encontrar mejores alternativas de justicia.

Durante el encuentro, acompañaron al Primer Mandatario: el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio Robles.

En la reunión estuvieron presentes también la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, Presidenta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación; Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y el Magistrado Rodolfo Campos Montejo, Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros.

Fuente: Presidencia de la República.

Agenda ciudadana y gobernabilidad

Intervenciones del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la sesión de preguntas y respuestas en la mesa de discusión “Agenda Ciudadana y Gobernabilidad: la Reforma Política. Diálogo Ciudadano” realizada en el Centro Cultural Bella Época.

México, D. F., a 19 de enero de 2010 | Discurso

Bueno, la primera afirmación que me confronta conmigo mismo es cuando alguien dijo: la generación de nuestros papás peleó para que los votos se contaran y ahora nos toca el empoderamiento ciudadano.

A mí me tocó desde muy joven pelear por la batalla de que los votos se contaran y hoy peleo porque al fin la política se dirima frente a la mayor incidencia ciudadana y que la democracia tenga un gran contenido de incidencia ciudadana.

Creo que se subestima éste al decir que es una reforma planteada desde adentro, para los intereses de adentro.

Creo que es un error, porque ante el escenario de parálisis y la exigencia ética de darle contenidos de modernidad al sistema político, económico y social, en México, sobre todo en este año, la reforma se plantea frente a una alianza con la ciudadanía, para que mediante su empoderamiento podamos evitar regresiones autoritarias o podamos evitar el vaciamiento emocional, político y ético de la política mediante fórmulas electorales que tienden a esquivar una mayor incidencia ciudadana en la toma de decisiones políticas.

La apuesta es a la agenda ciudadana, porque muchos de ahí salimos y porque creemos que al final ahí hay elementos de decisión, de confiabilidad, de firmeza, de energía social que el país requiere para moverse, que ahí está la reserva de energía donde se puede mover el sistema.

Yo creo que la reforma invita a salirnos a espacios comunes e imaginarnos una realidad política distinta.

De ahí que como válvula de escape, primero se genera una presión sobre las oligarquías partidistas. Los poderes metaconstitucionales del Presidente en el partido hegemónico nada más eran dos: Un partido hegemónico que destruía la competencia de fuera y una no reelección para tener una movilidad política estrictamente centrada en la dirigencia partidista.

La reforma trata de romper con esos dos esquemas y evitar que esos dos esquemas se puedan reconsolidar y trata de avanzar en eso confiando en el poder ciudadano.

Al establecer una mayor incidencia ciudadana en la preservación de los espacios políticos, obliga a las dirigencias partidistas abrirse con sus electores si es que quieren mantener representado su espacio de poder.

No se confundan: El poder en este país lo entrega en buena parte ciudadanos con una votación móvil. No es el voto duro el que entrega el poder, ese puede constituir reservas, generar distribución territorial.

Hoy por hoy los ciudadanos deciden a quién le dan el poder.

En la gran parte del país han sido las maneras en como se mueve el voto ciudadano lo que define quién llega o quién no a ciertos espacios de representación.

Les voy a dar un ejemplo para que desmitifiquemos, cuando menos el gobierno rechaza que esta sea una propuesta bipartidista: El voto está distribuido territorialmente de una manera en que sería muy difícil consolidar sistemas de partido, un poco conveniente; cerrar las puertas a la representación política de la izquierda sería un error que podría inclusive atentar contra la estabilidad política, la izquierda hoy cumple una importante función de estabilización política.

En 1988 quedó en primer lugar el PRI, en segundo lugar la izquierda y en tercer lugar el PAN; en 1994 quedó en primer lugar el PRI, en segundo lugar el PAN, en tercer lugar la izquierda; en el año 2000 quedó en primer lugar el PAN, en segundo lugar el PRI y en tercer lugar la izquierda; en el 2006 quedó en primer lugar el PAN, en segundo lugar la izquierda y en tercer lugar el PRI. Casi todos han ido alternando eso.

Establecer, por ejemplo, que hay cortes de caja para evitar que con ello una tercera opción se quede condenada a ser una tercera opción es no entender cómo se va moviendo el voto ciudadano en los últimos años, que tiene una gran movilidad y que el poder ciudadano existe pero necesita mayores canales de desahogo, afianzar su potestad, verificar y prohijar incentivos para la rendición de cuentas.

Y cuando en cualquier caso, liderazgos reales que tienen una eficacia electoral entran en tensión con las dirigencias partidistas, todavía existe la candidatura independiente que se soporta en un liderazgo electoral o en un liderazgo popular clave, como una manera de que las dirigencias partidistas no secuestren a la representación y que le den una mayor incidencia al poder ciudadano.

Así pues, segunda cuestión que yo en principio no acepto: No se trata de fortalecer al Ejecutivo frente al legislativo, se trata de generar incentivos -uno- que promuevan los consensos y que eviten la parálisis.

Tanto en la estrategia de veto parcial como en la reconducción presupuestal y cuando el Congreso no decide el presupuesto, siempre todo está condicionado a que las mayorías resuelvan el tema.

Pero si no se generan, si las fuerzas políticas no quieren conformar una mayoría en contra o en pro de un proyecto, que no implique parálisis.

Los incentivos están precisamente para fortalecer mayorías en el análisis de iniciativas que se asumen relevantes por el Ejecutivo; el incentivo que de no formarse una mayoría que incida en la decisión de la iniciativa preferente, es que si no se forma no se puede recurrir al expediente fácil de patear el bote y de no tomar decisiones.

Estos son incentivos para que la política no se mediocratice en la simulación o en la apatía, para que los políticos tomen decisiones frente a la ciudadanía y asuman consecuencias por ello.

Si de repente las fuerzas políticas en el Congreso no deciden tomar el riesgo y el costo político de una decisión controvertida, no tanto como para oponerse a ella, que se le permita a la administración sacarlo adelante, pero no se está estableciendo una preponderancia, se está estableciendo reglas para superar la parálisis, la indefinición política.

Los ciudadanos merecen que los políticos tomen posturas, son esquemas para que la mercadotecnia política no suplante al debate político; para racionalizar la toma de decisiones políticas, para que la ciudadanía se empodere no solo en función de su incidencia en la asignación de espacios de poder, sino promueva una mayor penetración en el manejo de la agenda del poder. Esa es la apuesta.

¿Por qué ahora? Porque es el año 2010 y no podemos dejar que frente a los incentivos simbólicos que implican revisitarnos y replantearnos como país, evitemos estos debates.

Se tienen que dar este año y yo soy optimista porque todos los políticos saben dónde está quien, hoy por hoy, viene asignando los espacios de poder y está en la ciudadanía.

No alcanza con el voto duro de nadie y la apuesta es a que esa ciudadanía no abandone esos espacios.

En cuanto al financiamiento, ese es un tema complejo. Obviamente parece que lo más lógico sería que se reduzca el financiamiento. Tenemos que buscar un esquema que no encarezca la competencia electoral.

Hoy por hoy uno de los principales riesgos para la integridad política de los procesos electorales está en los financiamientos ilegales. Encontremos un esquema de financiamiento que permita que la representación política no se subordine a poderes fácticos.

Y sí, por último, porque estos cinco minutos son escasos, claro que la transparencia y rendición de cuentas es un elemento central del debate democrático y no hay argumento serio para oponerse a él.

Esa debe ser una meta de la ciudadanía y no va en la Reforma Político, eso va en canales paralelos, hoy por hoy la Reforma al Pacto Federal es que estados y municipios pueda gobernar cuando menos con los niveles de exigencia, transparencia y rendición de cuentas a que está sometida la Federación, y uno muy importante es concentrarnos en la independencia de los Poderes Judiciales y Locales que hoy por hoy no son una válvula que permita un arbitraje independiente en cuanto a conflictos que están a nivel estatal

La agenda es mucha pero yo me niego a que esto sea una reforma hecha desde adentro para preservar los intereses de adentro. Es al contrario: Tomar la apuesta de no quedarnos atrapados en las maneras como hoy se hacen las cosas e incorporar poder a la política, pero poder ciudadano.

SEGUNDA INTERVENCIÓN

Gracias, yo nada más quisiera hacer una advertencia, pudiera haber gente de la mesa que pudiera haberse sentido aludida en mi intervención, si aclaro algunas cosas que me preguntaron, independientemente quien quisiera hacer respuesta a algunos de mis planteamientos, si me dejaran al final contestar, trataré de no sacar ventaja de cerrar el debate con lealtad.

Primero, en términos de la paradoja en la que se propone una reforma política y luego firmar sufragio efectivo, no reelección, el dato es que Madero nunca se negó contra la reelección del Poder Legislativo, su demanda era frente al gobierno de Porfirio Díaz.

Después, fue ya mucho después, años después, que como estrategia para conciliar a los bloques de poder que todavía estaban activos en materia en el país, que se encontró la formula, uno, de la distribución del poder desde el Presidente y la alternancia dentro de los grupos revolucionarios a la presidencia, y, dos, la no reelección para evitar que estos se consolidaran como grupos de poder, permitiéndole al Presidente darle válvulas de escape al entonces esquema de estabilización del país, nada que ver con los ciudadanos.

Hoy por hoy el debate es cómo le damos potencia a los poderes ciudadanos, porque hay un riesgo muy importante que evitar: El hastío como vocación de vida.

Nosotros tenemos que prohibir esa posibilidad del hastío como vocación de vida, porque no solo es improductivo, sino que son muchos los problemas y los rezagos que tenemos y necesitamos incorporar toda capacidad, toda iniciativa ciudadana, toda supervisión social, toda capacidad de gestión, al tratar de responder a estas cosas.

Dos. No es una propuesta del Presidente, pensé, lo que reabre el debate. El debate se venía dando en los últimos años.

Frente a la posición del Presidente en septiembre, especialmente el senador Beltrones, que es mi amigo, aunque de repente nos estemos echando nuestros brincos, pero es buen amigo mío yo le tengo mucho afecto, dice: El Presidente se posiciona frente al tema, y los mismos promotores de la reforma política dicen: "Es que esto no puede tener todos sus contenidos, que el Presidente se posicione frente al tema y le tomamos la palabra, no es una competencia, esto no puede ser una reforma solo por la fuerza política allegada a la Presidencia de la República, es una reforma constitucional y requiere de amplísimos consensos.

Y lo que tenemos que ver es nada más que no se atasque en falsos debates, que podamos generar los debates en términos reales de cuál es el propósito y por qué queremos que fuera un esquema de modernización de la vida política de México.

Yo hay dos datos que he visto en algunos de los semblanteos en cuanto a los debates sobre, por ejemplo, la elección consecutiva. Primero que hay que darle movilidad a la clase política. México está reclamando mejor representantes, no más políticos, están reclamando mejor representación no mayor circulabilidad política.

Lo que están reclamando es profesionalización en la política. La capacidad de poder generar acuerdos y procesos políticos previsibles y en donde se pueda exigir responsabilidad a los actores.

No puede concebirse a la política como agencia de empleo, tiene que ver a la política como un esquema en que los ciudadanos canalicen frustraciones y anhelos para que se tomen decisiones políticas y se construyan políticas públicas. Entonces en esa parte no.

Y dos. Ciertamente la posibilidad de que la elección consecutiva pueda generar esquemas de rigidez en la representación política es real, por eso tiene que estar siempre acompañada de cuestiones electorales que den equidad, transparencia y que permitan al ciudadano ir generando un esquema de vigilancia sobre sus representantes políticos, la transparencia sobre cómo.

Hoy no hay incentivos para seguir la carrera legislativa de un diputado, porque es irrelevante para los efectos del ciudadano que tendrá que volver a votar. Pero hoy por hoy los portales que determinan que ya empezó a hacerse un ejercicio en la elección pasada, empiezan a revisar el comportamiento político de los legisladores.

En materia de presidentes municipales, nada más un tema que por ahí nos estuvo planteando el joven que habló al final sobre la revocación del mandato. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con el esquema de revocación del mandato?

Primero, coincido con Alejandra que al final los esquemas de la elección consecutiva pueden permitir que se consolide una ciudadanía en contra de la elección de ese funcionario. Si es opaco, si es ladrón, si es corrupto.

La revocación del mandato a mí me preocupa porque puede generar incentivos para la ingobernabilidad, más allá de la consulta electoral. Y (…) decisiones electorales, si la idea es confiar en el electorado y darle herramientas al electorado para que tome la decisión más informada, la revocación del mandato solo puede generar el incentivo para que las fuerzas políticas traten de plantear la ingobernabilidad, en perjuicio de la sociedad, que necesita soluciones.

Por eso yo soy escéptico, yo no la acepto y yo creo que en el esquema de presidentes municipales, que es en donde lo quieren intentar, me parece que el propio esquema de la elección consecutiva nos tiene que dar garantías suficientes como las da en la mayo parte del mundo.

Quitémonos el mote de ser el único país con elecciones de mayoría relativa, que no acepta ese esquema, es increíble.

TERCERA INTERVENCIÓN

Antes que nada agradecer la presencia de todos ustedes, mi tesis es esta:

Sí, desde el Gobierno tenemos que probar estos espacios, incidir en la formación de la opinión pública, pero es muy importante que las organizaciones ciudadanas se sumen.

Ciertamente en el tema de la elección consecutiva puede haber cierta inercia pero no subestimen. Cada vez la sociedad conoce mejor sus derechos y explora mejor sus posibilidades.

Yo me acuerdo hace muchos años que se decía que la ciudadanía de manera masiva estaba en contra del Tratado del Libre Comercio y luego eso se modificó substancialmente y en la medida en que iban recibiendo más información e iban viendo más las posibilidades, se iban (…) mitos.

La alternancia tuvo que construirse sobre la base de desmitificar que solo uno sabía cómo gobernar y que solo unos garantizaban la estabilidad del país para desenmascarar que la estabilidad política descansa en los ciudadanos, en sus instituciones, no en la fórmula de un grupo mágico que la preserva y la administra.

Es la vinculación de instituciones y de ciudadanía y como van interactuando lo que consolida más o menos la estabilidad política, lo que le da más o menos consistencia al sistema político y a las posibilidades de equidad social y de desarrollo económico.

Ahora, por favor, si ven y cuestionan duramente las ineficacias e insuficiencias que tiene el gobierno con los medios alternativos, pues no nos dejen solos si están de acuerdo.

Bueno, si la lógica es que también en esta búsqueda haya una nueva vinculación, también repartamos la carga de lo social y de lo público de una manera así.

Yo partí con mi intervención diciendo que ya no se puede "el gobierno se encarga de una cosa y la sociedad de otra". Ahora ya todos los procesos tienen una mixtura fundamental, esa es la democracia.

El gobierno articula, da potencia, etcétera, pero hasta en seguridad pública y en el uso de la fuerza se necesita un componente de participación ciudadana que genere contención y que, al mismo tiempo, genera información.

Y les estoy hablando que aún en el terreno del monopolio estatal, el uso de la fuerza, tiene ciertos ingredientes de comunicación, vigilancia y participación.

Entonces, por favor, no se queden en la arrogancia de "es que no saben como hacerlo". Pues háganlo ustedes y ahí nos vamos viendo en el camino.

Créanme, hoy como nunca la asignación de los espacios del poder está en la ciudadanía pero hay quien quiere que no se den cuenta.

Sí está en la ciudadanía; sí la ciudadanía decide. Yo veo el nerviosismo en los competidores políticos en escenarios donde "no, hombre, esto está clarísimo"; a mí el que me anticipe una elección, que "no esto ya va a ser clarísimo y así va a ser". Esas certidumbres ya se fueron.

Las elecciones las define el electorado en función de las alternativas que tiene el día de la elección y se puede ir incidiendo en inercias y masas críticas, pero pueden cambiar en cualquier momento.

Adiós a esas certidumbres de antaño que no tomaban en cuenta la capacidad de los ciudadanos para decidir sus destinos. Esa incógnita está abierta y se va cerrando poco tiempo antes de la elección.

No subestimen eso ni subestimen el poder que tienen ahora. Nada más asúmanlo, protéjanlo y promuévanlo.

No es una fórmula de bipartidismo, a ti te lo dije, que al final la textura, la división, la repartición de la representación política en el país impediría un esquema bipartidista, lo que nosotros estamos haciendo es bajar el umbral para preservar el estatus de partido político una vez que se han sometido a la elección.

Creemos que el umbral debe ser más alto porque tarde que temprano implican sujetos de privilegios y emociones sostener la representación política y decimos que tiene que haber más consistencia para que se preserve como partido político.

No estamos hablando del umbral para que compitan, sino para que ese esquema de privilegios tenga una asignación más razonable y no se esté asignando a quienes no tengan un mínimo de consistencia electoral.

Pero en fin, regreso a lo de la segunda vuelta. Todos los partidos políticos hemos sido tercer lugar en una elección de 88 para acá, todos hemos sido segundo y el PRI y el PAN han sido primeros.

El proceso estadístico, el proceso histórico reciente se asigna en la tesis sobre la cual yo construyo la fortaleza de esta propuesta, que el electorado mueve su apoyo en función de las alternativas que se le presentan el día de la elección.

Muchas gracias por todo. Y sí, si hay que replicarlo, repliquémoslo. Yo estoy comprometido en poner buena parte de la energía del Secretario y de su equipo en que se genere un debate decente, honrado e informado en materia de la Reforma Política y que los "quid pro quo" no se den en lo obscurito y que se tengan que explicar ante la nación porque no hay de otra. Tarde que temprano este tipo de cuestiones se tienen que explicar a la nación, y para mi más pronto que tarde. Gracias

Advierten magistrados un posible fracaso en la reforma penal

Advierten a FCH de fracaso en reforma penal

Magistrados locales y federales le recordaron al Presidente, durante un encuentro (privado) en Los Pinos, que para su implementación se requiere dinero y hasta el momento no se han destinado recursos

Nota de Carlos Avilés

El Universal on line, Miércoles 20 de enero de 2010 12:55

Magistrados locales y federales, de todo el país, acudieron a la residencia oficial de Los Pinos para advertirle en privado al presidente Felipe Calderón que las principales reformas que ha impulsado en materia penal corren el riesgo de fracasar si no se destina presupuesto para que se puedan concretar.

Como representantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, los magistrados le recordaron que para la implementación de las reformas en materia de justicia para adolescentes, narcomenudeo y de juicios orales, se requiere dinero, y hasta el momento ni a nivel estatal ni a nivel federal se han destinado recursos para estos proyectos.

Inocentes en el corredor de la muerte

(In) Justicia norteamericana.
A un paso de la muerte/ÁLVARO CORCUERA ORTIZ DE GUINEA

Publicado en El País Semanal, 17/01/2010;

Son un meritorio club de supervivientes. En la historia de Estados Unidos ha habido 139 inocentes rescatados del corredor de la muerte, en el que nunca debieron entrar. El País Semanal accede a una reunión privada de 21 de ellos en Birmingham (Alabama). Durante cinco días de noviembre, convivimos con estos hombres que son historia viva de Norteamérica.

Son un meritorio club de supervivientes. En la historia de Estados Unidos ha habido 139 inocentes rescatados del corredor de la muerte, en el que nunca debieron entrar. El País Semanal accede a una reunión privada de 21 de ellos en Birmingham (Alabama). Durante cinco días de noviembre, convivimos con estos hombres que son historia viva de Norteamérica.

El pasado 7 de julio, un juez me devolvió la libertad tras 21 años encerrado en Illinois. Pasé 13 años en el corredor de la muerte por culpa de un chivatazo falso y de una confesión que firmé tras 39 horas de tortura policial. Me llamo Ronald Kitchen".