Reforma constitucional en derechos humanos

La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que establece la prohibición de todo tipo de discriminación, incluso la motivada por “las preferencias sexuales”.
Entre otros cambios, con la enmienda se deroga la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea la CNDH quien indague hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. Lo anterior, cuando así lo juzgue conveniente o lo pida el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso, gobernador, el jefe de gobierno del DF. o las legislaturas estatales.
Asimismo, se dispone que las autoridades tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  “En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Pedro Joaquín Coldwell afirmó que con las modificaciones se protegen los derechos humanos de segunda y tercera generación contenidos en los tratados internacionales que ha firmado el gobierno mexicano y ratificado el Senado de la República. Se realizó --dijo-- una restructuración del Artículo 29 de la Carta Magna, a fin de establecer “que hay un piso de derechos humanos que bajo ningún concepto, así haya una grave perturbación del orden público o calamidad natural, se pueden suspender”. Aclaró que la incorporación de las preferencias sexuales como causante de discriminación brindará mayor certeza jurídica y protección a las personas no heterosexuales en todos los ámbitos sociales. “El derecho a la no discriminación por preferencias sexuales --subrayó-- no concede un fuero o un privilegio indebido, pues se relaciona con el de la igualdad y cómo tal debe ser entendido de buena fe y de manera sistémica con el resto de los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales”.
 Al respecto, el senador panista Santiago Creel Miranda mencionó que gracias a la conducción que se dio en las comisiones dictaminadoras, la reforma no quedó atrapada en debates ideológicos insuperables en una mesa de negociación. En este sentido, aclaró que hay aspectos que los partidos políticos defienden, ya que “es parte de nuestra doctrina que nos da identidad, son cosas que defendemos porque nos diferencian a los partidos”. Sin embargo, precisó que esos principios no estuvieron en la mesa de negociación “porque pensamos que en todo caso quien debe dirimir estas cuestiones no es una mesa de negociaciones, sino las urnas”.  Agradeció al presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell; al igual que al presidente de la comisión de Estudios Legislativos, senador Alejandro Zapata Perogordo; igualmente al senador Pablo Gómez Álvarez, porque han sabido conducir una reforma muy compleja.
Señaló Creel en su exposición que “el cambio más profundo al orden jurídico que hemos realizado en esta última década. Un cambio que va paralelo con otro, que va a revolucionar la manera como estamos defendiendo nuestros derechos, que son los juicios orales. Si vemos nosotros los cambios de los juicios orales paralelamente con esta reforma nos estaremos dando cuenta que el paisaje jurídico constitucional del país ha cambiado. La reforma también establece la promoción de los derechos humanos y por eso se hacen modificaciones al artículo 3 en materia educativa y al artículo 89, fracción X, porque de hoy en adelante aprobada la reforma la política exterior que encabece el gobierno que sea tendrá que ser de un respeto absoluto a los derechos humanos en todos los foros diplomáticos que acuda la representación de nuestro país. También la reforma abarca a un sector de la sociedad que no siempre está adecuadamente protegido, como lo hemos visto, por cierto, en una película singular denominada “Presunto culpable”. Ahí tenemos una película muy clara de lo que es el sistema de justicia, pero también el sistema carcelario y penitenciario del país.”
Agregó que “la reforma toma en consideración, para establecer en su artículo 18, que el concepto de derecho humano tiene que permear en todo el sistema penitenciario del país y también en las extradiciones que se lleven a cabo. Y para los extranjeros también existen nuevos derechos: el derecho de asilo y el derecho al refugio, y el derecho de audiencia en caso de que se le requiera su salida a un extranjero.”
Por el PRI, el senador Jesús Murillo Karam expresó que en el momento “tan difícil, tan crítico que vivimos, en el que nos hemos visto obligados a aprobar cuestiones de excepción, con la más pura intención de que sean excepcionales y cortas en su duración,  esta reforma busca cumplir con los propósitos esenciales del Estado”. 
En tanto, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez destacó que con esta reforma el Congreso da una respuesta a la tendencia de restringir libertades. “Responde con un decreto para consagrar y ampliar libertades y derechos, así como para que el Estado garantice su pleno ejercicio”, subrayó. En este sentido, recalcó: “es una manera de responder a los aires dominantes que apuntan hacia el establecimiento de un Estado policiaco”.
A su vez, el senador Arturo Escobar y Vega dijo que la trascendencia de esta reforma y la importancia que tiene en el fortalecimiento de la vida institucional del país, son razones suficientes para expresar el pleno consentimiento del grupo parlamentario del PVEM. Consideró razonable incorporar las preferencias sexuales, a fin de brindar mayor certeza jurídica y protección a los heterosexuales y no heterosexuales en el ámbito social.
A su vez, el senador del PT, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que la reforma constitucional “constituye el saldo de una cuenta pendiente en materia de actualización de nuestro ordenamiento fundamental”. Señaló que en lo general con el dictamen se avanza “hacia la consolidación de un régimen democrático y del Estado de derecho”, pues incorpora categorías conceptuales del derecho internacional para dar congruencia teórica y técnica a la Carta Magna. Sin embargo, en su opinión, contiene “una serie de inconsistencias que riñen con el propósito fundamental” de la propuesta, pero “estamos frente una reforma de las más transcendentes en la historia del constitucionalismo mexicano, que ha merecido la crítica positiva de los organismos internacionales de derechos humanos en el mundo”.
Por Convergencia, el senador Dante Delgado coincidió en la conveniencia de actualizar el régimen legal adoptado en los tratados internacionales y resaltó que la reestructuración del artículo 29 “da avances porque la suspensión de garantías tiene limitantes”.  Sin embargo, estimó que la supresión de la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su trasferencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “puede implicar acciones que a la larga repercutan en la creación de un instrumento burocrático pesado”. 
Antes de presentar sus reservas al dictamen que cambia la denominación De las garantías individuales del Capítulo I del Título Primero de la Carta Magna por la de De los Derechos Humanos y sus Garantías, los senadores aprobaron la reforma en lo general por 106 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
En la discusión los legisladores presentaron reservas a los artículos 1, 11, 29, 97 y 102 del dictamen. Además, el pleno avaló una modificación propuesta presentada por el senador Sergio Álvarez Mata, del PAN, al Artículo 102, apartado B Constitucional, para que se preservara la redacción de su último párrafo propuesta por el Senado el pasado 8 de abril de 2010. Así, la CNDH ejercerá  facultades de investigación, sin que autoridad alguna pueda negarle la información que requiera y mantendrá la reserva de la misma con ese carácter que se le proporcione.
Luego de avalar los artículos reservados, el dictamen se devolvió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Antes el PAN en voz de Jorge Andrés Ocejo y y con el aval de los senadores: Rubén Camarillo, Felipe González, Ramón Galindo, María Teresa Ortuño, Blanca Judith Díaz, el de la voz, Angel Alonso, Ramón Muñoz, María Serrano, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Emma Larios, Javier Castelo y Lázara Nelly González, intentaron modificar el párrafo quinto, del articulo primero del proyecto de decreto, concretamente aquello de preferencias sexuales.  La propuesta de esa corriente del panismo pedía que la redacción del párrafo quinto, del artículo constitucional quede redactada tal y como se había aprobado en el Senado, es decir, sin las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados. Se puso a votación nominal la propuesta de Ocejo, sin éxito.  Se emitieron 34 votos por el pro; 58 en contra, y 1 abstención. El artículo quedó en sus términos.
Lo que si se cambio fue la redacción del artículo 102 de la Constitución, a propuesta del Senador panista Sergio Alvarez Mata,, dijo “La propuesta que hoy hago, y que entrego a la Presidencia de la Mesa Directiva, a nombre del grupo parlamentario, en ambos preceptos, tanto en 102 como el octavo transitorio, tienen como finalidad, rescatar el texto de la minuta aprobada por el Senado, en su sesión del 8 de abril de 2010. Y para mayor abundamiento, en cuanto a las consideraciones del artículo transitorio, yo quiero referir, que estamos nosotros no solamente estableciendo un año para llevar a cabo las reformas a la Ley de la Comisión  de Derechos Humanos, sino también las adecuaciones a esta ley, deberán contener los términos, condiciones y circunstancias bajo los cuales se activará la facultad de investigación. Es decir, estamos cambiando la parte procesal a la ley de la materia de la Comisión de Derechos Humanos.
Agregó ¿Qué es lo que estamos sugiriendo nosotros, desde el 8 de abril de 2010?
Que el Consejo Consultivo, como órgano de consulta que es, sirva para que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo con la ley de la materia, someta a consulta la procebilidad o no de una solicitud de investigación, de un caso grave. Pero esto, no en el rango constitucional, sino en la Ley Reglamentaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ésta es la propuesta que ponemos a su consideración, senadores y senadoras, para que la valoremos. Para que retomemos el texto y se la reenviemos a la Cámara de Diputados, esperando, por supuesto, obtener de ellos la mayor aceptación a esta ratificación que hacemos de nuestra postura, asumida desde abril de 2010 y poder tener con mucha claridad, instrumentado algo que consideramos un avance muy importante de esta reforma, que es, precisamente, la de quitarle a la Suprema Corte de Justicia, un asunto que más ayudarle a resolver la problemática, le complicaba y le confrontaba. Y dársela a la Comisión  de Derechos Humanos, y que a través de su ley, de manera muy explícita, de manera muy práctica, se establezca el procedimiento de desahogo. Dejo a la Presidencia, las propuestas de modificaciones, tanto al último párrafo del Apartado B del 102, como la adecuación al artículo octavo, para quedar en los términos propuestos desde el 8 de abril de 2010.
La propuesta fue admitida y votada a favor por 85 votos por el pro; 1 en contra; 2 abstenciones.
En ese sentido se regresó la minuta a la Colegisladora para sus efectos constitucionales.
Publiado en La Gaceta Parlamentaria # 223, martes, 08 de Marzo de 2011

Segundo Periodo Ordinario.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7625&lg=61