La verdadera historia del asesinato de Garza Sada

En un día como el de hoy, pero de hace 40 años.
 LA VERDADERA HISTORIA DEL ASESINATO DE GARZA SADA/Jorge Fernández Menéndez
 Publicado en Milenio Semanal 4 de Agosto de 2002
 Referencia trágica y cardinal de la violencia que vivió México en los setenta, el asesinato de Eugenio Garza Sada -uno de los más prominentes hombres de negocios de Nuevo León, fundador de diversas empresas y creador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)- fue objeto durante años de controversia: si bien había sido resultado de la acción de un grupo guerrillero distintos sectores, particularmente la iniciativa privada regiomontana, responsabilizó al gobierno de Luis Echeverría Álvarez de estar involucrado en esos hechos. Hoy, una investigación de MILENIO Semanal que tiene como soporte documentos de la Dirección Federal de Seguridad desclasificados por el Archivo General de la Nación demuestra que el gobierno de Luis Echeverría tuvo conocimiento desde año y medio antes de que ese grupo armado estaba preparando el secuestro de Garza Sada. Los hilos de la infiltración policiaca y la omisión manipuladora de distintos informes tuvieron también su parte, acaso fundamental, en el atentado que segara la vida a Garza Sada.

Desde poco más de una año y medio antes de que se produjera el secuestro y asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, presidente del Consorcio Industrial Cervecería, corazón del llamado Grupo Monterrey, ocurrido el 17 de septiembre de 1973, la Dirección Federal de Seguridad sabía que estaba organizado esa acción, tenía conocimiento de quiénes estaban participando en el comando que planificaba ese secuestro para obtener cinco millones de pesos y la liberación de un grupo de presos políticos como recompensa e incluso tenía una persona infiltrada en ese grupo que le proporcionaba informes precisos sobre quiénes y cómo pensaban realizar esa acción.
Y no hizo nada para impedirlo.
 En un documento desclasificado de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, marcado con el expediente 11-219-972, en el legajo dos, hojas 46 y 47, actualmente en poder del Archivo General de la Nación (AGN), del que MILENIO Semanal tiene una copia certificada, se encuentra un detallado informe enviado por un representante de la DFS, Ricardo Condelle Gómez, y dirigido al “C Director Federal de Seguridad” (entonces Luis de la Barreda Moreno) y titulado “Asunto: estado de Nuevo León: planes de secuestro de Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera”. 
El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de que el intento de secuestro del primero, que terminó en su asesinato, se materializara. El presidente en funciones era Luis Echeverría Álvarez y el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia: la DFS actuaba bajo las órdenes estrictas de ambos funcionarios.
La historia que cuenta ese documento, y varios otros expedientes desclasificados de la DFS sobre el caso y que están en el AGN, también en nuestro poder, especifican las investigaciones realizadas previas y posteriores al asesinato del empresario regiomontano y son una muestra clara de cómo las líneas entre los organismos de información e inteligencia política del Estado, algunos miembros de los grupos armados y la delincuencia común, se entremezclaban con jóvenes idealistas, revolucionarios profesionales e infiltrados que jugaban, en muchas ocasiones, a varios bandos. Siempre la sociedad regiomontana y de otros puntos del país, sospechó que el asesinato de Garza Sada podía haber sido instigado u organizado desde el poder, cuando el Presidente era Echeverría Álvarez. Hoy podemos afirmar, con base en esta documentación, que por lo menos la Federal de Seguridad tenía conocimiento preciso de que se estaba organizando esa acción desde un año y medio antes y no se tomó previsión alguna, ni siquiera se comunicó de esa posibilidad a los dos empresarios amenazados: los señores Garza Sada y Garza Lagüera.
 El documento remitido a la DFS el 22 de febrero del 72, y titulado “Monterrey. Planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera”, dice textualmente que “Manuel Saldaña Quiñónez (a) Leonel, que fue reclutado como profesional de la guerrilla por Héctor Escamilla Lira (a) Víctor, en septiembre de 1971, fue descubierto como policía en la segunda quincena de marzo de octubre (sic) del mismo año”. Fue interrogado por Raúl Ramos Zavala, uno de los líderes del grupo que se convertiría, luego de varias escisiones, en la Liga Leninista Espartaco, parte a su vez de la Liga 23 de septiembre, “sobre las sospechas que se tenían de que él sirviera a la policía, contestando Leonel afirmativamente por lo que Ramos Zavala ordenó a Víctor que lo incomunicara en una casa de seguridad que se tenía en General Escobedo, Nuevo León, hasta el 15 de noviembre, en que los comandos Carlos Lamarca y Pablo Alvarado (de dicha organización), se sintieron seguros de no ser aprehendidos por las denuncias de Leonel, al cual volvieron a interrogar sobre sus sospechas de que fuese policía, por lo cual Leonel -continúa el documento-, más seguro, les dijo que él no quería evitar que se sospechará de él, por lo que sería que se convencieran, a los que agregó Raúl Ramos Zavala que en vistas de que no habían sido descubiertos por la policía en los asaltos a los bancos Regional del Norte, sucursal Guadalupe, a la camioneta bancaria del Banco de Nuevo León y a los supermercados Lozano, Azcúnaga y el de la calle Bolivar y Francisco I. Madero, por lo que le retiraban las sospechas y para demostrarles su confianza lo llevaría a su casa para que se procurara ropa y llevarlo a pasar unas vacaciones (sic) a México.
 Evidentemente el tal Leonel, Manuel Saldaña Quiñónez, no sólo era policía, sino también un meticuloso informante de la DFS que, siguiendo la línea de muchas corporaciones de esas características, infiltró a uno de sus miembros en un comando guerrillero y dejó que se fueran produciendo hechos armados sin intervenir para que éste se ganara la confianza de los mandos de la organización y pudiera penetrar más profundamente en ella. Eso es lo que hizo Leone, con la ingenua complicidad de los otros miembros del comando.
 En la ciudad de México, continúa el informe de febrero del 72, Leonel fue hospedado “en la casa número 18, apartamento 5 de Casas Grandes, colonia Narvarte, donde se encontraban viviendo Gustavo Hirales, Pablo Morán, Marcos Hirales, Darío Morán y Sergio Dionisio Hirales Morán, (alias El Pachis o Ulises); Raúl Ramos Zavala (alias David); Hebert Matus Escarpulli y Bonfilio Tavera”. En ese lugar continúa el documento, “se reunían los dirigentes del núcleo central que integraban Ignacio Salas Obregón (alias Vicente); Raúl Ramos Zavala (alias David); José Luis Sierra Villarreal (alias Óscar y, agreguemos nosotros, actualmente periodista del Por esto! de Mérida y esposo de la senadora Dulce María Sauri, ex líder del PRI); Gustavo Hirales Morán (alias Pablo) y los hermanos de éste, y Bonfilio Talavera, asistiendo a las reuniones Leonel y Hebert Matus Escarpulli”.
En una de esas reuniones del núcleo central, cuenta el informe de la DFS firmado por Ricardo Condelle Gómez y, recordemos, enviado a la DFS en febrero de 1972, “aproximadamente el 4 de diciembre (de 1971) efectuaron una junta donde hicieron un balance de las acciones que dieron como resultado que como se habían sacado adelante todos los planes y que periodísticamente se había conseguido un impacto, que el efectivo estaba sosteniendo la situación y se contaba con armas que había conseguido José Luis Sierra (alias Óscar) y que podía conseguir más en Guadalajara” [la sintaxis es la original].
“Fue entonces -sigue el documento de la DFS- cuando Raúl Ramos Zavala y José Luis Sierra Villarreal propusieron efectuar un secuestro de una persona que pagara inmediatamente un rescate de varios millones de pesos para comprar más armas y una radioemisora, para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios, que en esta operación ya Jorge Alberto Sánchez Hirales, estaba comisionado para comprarla en Estados Unidos y que Leonel sería quien se encargara de su operación y mantenimiento clandestino, que para el estudio de los planes de secuestro se comisionó a Víctor (Héctor Escamilla Lira), quien principio a recortar en los periódicos de Monterrey los desplegados bancarios de los balances, teniendo una lista de nombres de personas que firmaban dichos balances y que se habían conseguido direcciones de sus domicilios y lugares de los negocios o bancos donde se los podía encontrar. Mientras Óscar (Sierra Villarreal) y David (Ramos Zavala) seleccionaron un grupo de l0 o 12 personas para efectuar el secuestro”.
Pero, sigue este informe hasta ahora confidencial, “el 8 de diciembre de 1971, Leonel [que, recordemos, todo indica era la persona infiltrada en el grupo] regresó a Monterrey y supo por boca de Víctor (Escamilla Lira) que Óscar y David no les había gustado la investigación de las personas que firmaban los balances como para candidatos para ser secuestrado, dando los nombres de los señores Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera” 
Y concluye el informe que “de este plan se dieron cuenta en México Hebert Matus Escarpulli que estudiaba Ciencias Políticas en la UNAM y que decía tener a su esposa en el estado de Guerrero colaborando con Genaro Vázquez Rojas, y Jorge Alberto Sánchez Hirales”.
Más de un año y medio después ese plan establecido desde diciembre de 1971 y de que tuvo conocimiento la DFS desde febrero de 1972, se llevaba a cabo y concluía con el asesinato del principal empresario regiomontano. 
La DFS siempre tuvo, ya lo veremos más adelante, posibilidad de control sobre buena parte de esa organización.
 La primera ficha sobre don Eugenio Garza Sada en los archivos de la antigua DFS data del 6 de agosto de 1954, pero el primer reporte importante sobre su persona tiene la fecha del 7 de mayo de 1965, cuando, ese día, recibe en representación del sector privado de Nuevo León al entonces presidente Díaz Ordaz. Ocupa especial atención en los siguientes documentos sobre sus actividades una ficha, de la que no se pudo encontrar el original en el AGN, de un largo discurso del entonces ex dirigente priista Carlos Madrazo (padre del actual presidente nacional del PRI, Roberto Madrazo) donde éste califica a Eugenio Garza Sada como “la cabeza de un grupo de industriales de Monterrey que quieren tomar el poder de la mano con la llegada de Richard Nixon al poder en Estados Unidos.”
Los demás documentos sobre su persona son un pormenorizado recuento de sus actividades como líder empresarial y sobre todo de sus relaciones con grupos de la iglesia y de las universidades privadas en Monterrey. Especial importancia le otorgan a su participación en la organización católica de universitarios. Pero no hay un solo documento en los actuales archivos de la DFS que le dé continuidad a ese informe de febrero de 1972 sobre el intento de secuestro de Garza Sada y Garza Lagüera, a pesar de que se relata posteriormente con lujo de detalles cómo se consiguieron las armas, cómo se organizaron los comandos y cómo se realizó el atentando e incluso cuando algunos de los detenidos se refieren a esa planificación.
 El primer informe sobre la muerte de Garza Sada lo envía horas después de los hechos el propio director de la DFS, Luis de la Barreda Moreno, a sus superiores el secretario Moya Palencia y el presidente Echeverría. Está fechado en Monterrey, o sea que allí ya estaba De la Barreda Moreno, el mismo 17 de septiembre del 73.
 Dice que “a las 9:05 de hoy en las calles de Villagrán y Luis Quintanar de esta ciudad, 6 individuos de aproximadamente 23 y 24 años que portaban pistolas automáticas y uno de ellos metralleta, tripulando una camioneta pick-up color azul, desconociéndose el modelo y marca, interceptaron el automóvil Ford Galaxie modelo 1970, color negro, placas de Nuevo León RHK-588 y trataron de secuestrar a Eugenio Garza Sada, presidente del Consorcio Industrial Cervecería”. 
Continúa el informe del director de la DFS diciendo que “el individuo de la metralleta vertía una playera café con franja beige y bajó de la camioneta con tres más, apuntando con sus armas al vehículo de Garza Sada, el ayudante de éste, Modesto Torres, disparo a los asaltantes, registrándose un tiroteo, cayendo heridos los citados Garza Sada y Modesto Torres, además de Bernardo Chapa, chofer del industrial”: El informe sigue diciendo que dos de los atacantes habían resultado, según testigos presenciales, muertos y que “patrullas de la policía preventiva local a se trasladaron a los terrenos conocidos como el predio Tierra y Libertad con el fin de tratar de localizar a los asaltantes”. 
Menos de una hora después del atentado “a las 10 horas se tuvo conocimiento de que los tres heridos fueron trasladados al hospital Muguerza, habían fallecido”. A las 11 horas ya habían sido localizados en el automóvil Falcon, los cadáveres de los dos atacantes que resultaron muertos. El informe del director de la DFS presta particular atención a las acciones que realizaría al día siguiente la iniciativa privada regiomontana y la llegada a Monterrey del entonces secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja.
 Hay un primer intento de identificación de los cadáveres y dice que “José María Uranga Martínez -según este documento-, miembro del grupo Los Topos de la Liga de Comunistas Armados, perteneciente al sector minero, sección 67, en su mayoría extras que encabeza Fortunato de a Rosa Barrón y quienes han participado en varias acciones de terrorismo (Sic), tales como volar con explosivos algunas plantas de la factoría Fundidora Fierro de Monterrey, S.A, identificó el cadáver de la persona que había venido siendo señalada como El Borrado, el cual se dedicaba a gestionar credenciales, placas para manejar y para identificación de vehículos en el departamento de tránsito de Monterrey y el que en vida llevaba el nombre de Raúl; trabajaba como extra en el departamento de raya de la compañía mencionada.”
¿Quién era en realidad este Raúl o el Borrado que aparece en el primer informe, plenamente identificado, que gestionaba placas y hacía trámites gubernamentales en Monterrey y que luego no vuelve a ser nombrado jamás en las siguientes indagatorias? Porque casi al mismo tiempo que De la Barreda enviaba este informe a sus superiores, sus hombres informaban en otro documento confidencia, entregado apenas un día después a sus superiores, una información completamente diferente.
 Ya regresaremos a ellos, pero al mismo tiempo se registra otra acción que no es explicada. El mismo De la Barreda Moreno envía otro extenso informe en la mañana del día 18 de septiembre a sus superiores, donde relata con detalle la publicación de un desplegado en el periódico Tribuna de Monterrey, que además de lamentar la muerte de Garza Sada el texto pregunta “hacia dónde nos llevan nuestros políticos demagogos, que cada vez vociferan y alardean de los sistemas comunistas. Porqué -continua- aguantarnos asaltos, robos, asesinatos, terrorismo, etcétera, y porque no exigimos que en lugar de premiar a esta bola de comunistas con puesto en el gabinete y en otros organismos de gobierno, como Flores de la Peña, una de las cabezas principales de la conjura del 68 ahí lo tienen, como ministro de patrimonio nacional alardeando de ayudar al presidente Salvador Allende, regalándole dinero, petróleo y comestibles, los cuales le hacen falta al pueblo de México. Cómo esperamos que haya tranquilidad en el país si tan pronto se agarran dos o tres terroristas o salta bancos los dejan libres y con puestos en el gobierno”. El resto de documento es una larga defensa del golpe de Estado en Chile que acaba de producirse ocasionando la muerte de Allende (la cual festeja porque, dice “muerto el perro se acabó la rabia”), rechazando la política de asilo de México y argumentando que se está “llevando a México hacia el comunismo disfrazado de nacionalismo o como lo quieran llamar”. Invita a los políticos en el poder “ a irse a vivir a Cuba o a Rusia” y pide finalmente a “los señores de la judicial” que maten, que no encarcelen a “los terroristas, asaltabancos y secuestradores porque si no al rato salen libres y es cuento de nunca acabar. 
Pero lo interesante de todo, como lo consignan el propio informe de la DFS, es que ese documento está firmado por la Unión de Trabajadores del Norte, Zona Monterrey, con domicilio en Morelos 80, Ciénega de Flores N.L. y por su presidente Cayetano Tapia. El punto es que, según el informe de la DFS, no existía ninguna persona de nombre Cayetano Tapia en el estado, nadie conocía de la existencia de la Unión de Trabajadores del Norte ni el domicilio legal de ésta.
 Mientras en la morgue de Monterrey identificaban a uno de los muertos en el intento de secuestro como Raúl o El Borrado, muy lejos de allí, en Nuevo Laredo Tamaulipas, las mismas fuerzas de la DFS estaban realizando una investigación completamente diferente y las primeras detenciones. El subdirector de la DFS, Miguel Nassar Haro, se instaló en el rancho “El Uro”, a 20 kilómetros, dice otro informe confidencial, de la carretera Nacional-Monterrey. Allí, aparentemente, fueron concentrando a los detenidos en diversos operativos realizados en Nuevo Laredo y la historia que surgió fue otra.
 Solo por un anillo de bodas que portaba uno de los dos cadáveres encontrados en el Falcon dos horas después del atentado y que traía inscrito el nombre Silvia, sin explicar cómo, las fuerzas de la DFS capturaron a María Silvia Valdes de Rodríguez, esposa de Javier Rodríguez Torres, la que inmediatamente manifestó, dice el documento, que “desde hace tiempo este se encontraba apasionado de sus ideas, ya no marxistas o sindicalistas, sino violentas, al grado de transformar su carácter en hosco y huraño, que acostumbraba leer literatura guerrillera y que atendía únicamente a invitaciones para reunirse en lugares desconocidos por ella con una persona que se hace llamar Héctor... que mantenía amistad con su compadre Hilario Juárez García, con e que presentía estaba comprometido en algún movimiento guerrillero, confirmado esto el lunes pasado cuando escuchó la radio a las 12 horas dando a conocer los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Monterrey y anunciando la muerte de dos personas, por lo que fue a la casa de su comadre Sanjuana Velázquez de Juárez comentándole la idea de que Javier Rodríguez Torres y su esposo Hilario Juárez García eran los responsables de tales hechos”.
El documento señala que también fue detenida la señora Sanjuana Velásquez de Juárez, la que dice, confirmó que su esposo Hilario estaba relacionado con su compadre Javier en actividades guerrilleras y que eran citados por un individuo llamado Max (en otros documentos aparece como Marx), por otro apodado Rica (Ricard), el citado Héctor y otra persona de nombre Miguel Velásquez Castillo. También es interrogado el hermano de Hilario Juárez, maestro en una escuela rural en Tula, Tamaulipas , que afirmó que su hermano (al que calificó como “marxista y violento que trata por este medio de implantar el socialismo”) había ido a visitarlo horas después del asesinato del industrial para pedirle algo de dinero y para que lo dejara dormir una hora en a escuela rural. A las cuatro de la mañana, diciendo “que quisiera volver a nacer”, abandonó el ejido de Tula y abordó un autobús hacia San Luis Potosí.
 Unos días más tarde, la investigación oficial de la DFS ya está supuestamente, completa. El 23 de septiembre, ya Javier Rodríguez Torres es señalado como uno de los muertos en la acción. Un día antes se detiene a Héctor Gutiérrez Martínez quien acepta que era parte de un grupo armado del que participaban Rodríguez Torres e Hilario Juárez, además de Raymundo Mejía (El Rica o Ricard) que era el que los dirigía, y relatan que había realizado varios asaltos bancarios (algunos de ellos los mismos que en 1972 señalaba el informe de la DFS enviado por Ricardo Condelle Gómez). También en el informe se identifica como parte de ese grupo a Fernando Martínez y a Juan Corral, originarios de Chihuahua y a Maximino Madrigal Quintanilla (el que es llamado Max o Marx) que según la esposa del fallecido Rodríguez Torres era el que encabezaba al grupo. En la casa de éste, dice el informe sin explicarlo, se encontró una nota que decía “Camarada Max: he visto a Gutiérrez y a Favela. Ellos están muy interesados en que las fichas de nosotros fueran sustraídas y destruidas, no sé cuánto tendremos que pagar pero hay que destruirlas porque nos estorban para una futura acción que llevamos a cabo”. Nunca se investigó el contenido de esa nota, ni qué fichas debían ser destruidas ni en dónde ni por quién.
 Para el día siguiente, el 24 de septiembre, la DFS ya presenta un informe completo y oficial , para el expediente judicial, de la investigación. Allí se reconoce que el mismo día 17, por el anillo de bodas que portaba uno de los fallecidos (que sólo tenía a inscripción Silvia 12-25-70) se localiza en Nuevo Laredo a la esposa de Rodríguez Torres y se establece que éste es uno de los fallecidos. Se confirma que su compadre Hilario Juárez participó en el atentado y luego otro detenido Héctor, de nombre Héctor Gutiérrez Martínez hace un largo relato de grupo político al que pertenecían, la Liga Leninista Espartaco, de sus intentos de establecer una guerrilla rural en Durango, de los asaltos a distintos bancos en Monterrey y Nuevo Laredo y cómo utilizaron esos recursos, en parte, para la compra de armas. Gutiérrez Martínez es el que identifica al otro muerto en el ataque contra Garza Sada. Dice que se llama Hernando Martínez y que era originario de Chihuahua. Mucho después se sabría que era otra persona.
 En ese documento, que está en el expediente 80-57-73 libro 1, se llega a conclusiones que fueron oficiales pero que se mostraron, posteriormente, por lo menos como incompletas: la responsabilidad del asesinato, dicen, es de la Liga Leninista Espartaco. 
En la acción participaron Edmundo Medina Flores como responsable del comando, Juan Corral, Hilario Juárez García, Javier Rodríguez Torres, muerto en ella y Hernando Martínez, que corrió la misma suerte. Cita a otros detenidos del mismo grupo político que no participaron en el intento de secuestro de Garza Sada pero sí en robos a bancos y concluye diciendo que la primera fase la investigación esta concluida porque se logró la identificación, la agrupación y la ideología de los que cometieron el atentado. La pregunta obvia es cómo en una investigación de esas características, no se intentó avanzar más allá y por qué en ningún momento a pesar de que estaban desde entonces organizados de la misma forma en que lo están ahora, no se relacionó esta investigación con aquel informe de 1972 que anunciaba el intento de secuestro de Garza Sada. La verdad iba mucho más allá.
 Pasan varios meses y el 20 de abril de 1974 es detenido y presta declaración ante el propio Miguel Nassar Haro, todavía subdirector de la DFS, el hombre que es el eslabón entre ambas historias: Héctor Escamilla Lira, (alias Víctor, Saúl, Martín o Francisco Martínez Ramírez) quien es el que el 8 de diciembre de 1971, le había dicho a Leonel que habían tomado la decisión de secuestrar a Garza Sada y a Eugenio Garza Lagüera y, antes había incorporado a éste al grupo y lo había mantenido en la organización a pesar de que sabía que era policía.
 Héctor Escamilla hace una muy larga declaración de sus actividades y de su historia política, desde su inicio en la juventudes comunistas, hasta su integración en una organización armada. En el 67 se conoce a otro dirigente de lo que sería la Liga Leninista Espartaco, Raúl Ramos Zavala, y viaja a Moscú, a una escuela de cuadros de la juventud comunista del PCUS. Con el viaja a Moscú, dice en su testimonio, otro dirigente de ese mismo grupo “de nombre Jesús Piedra Ibarra que estudiaba ingeniería mecánica en la universidad de Nuevo León y que igualmente fue ayudado para realizar ese viaje por Marcos Leonel posadas”. En el setenta, regresando ya de Moscú, se reencontró con Ramos Zavala y ambos pusieron en contacto sus respectivos grupos, con vistas a operar en una organización armada conjunta. En principio realizan las diferentes acciones ya relatadas, sobre todo los robos de bancos, particularmente en Monterrey.
 Pero lo más importante es que Escamilla Lira, en esa declaración efectuada dos años más tarde confirma, casi palabra por palabra, la reunión de la que ya tenía información desde 1972.
 Dice en su declaración, que consta en el expediente 11-235-74, libro 11, en el folio 32 que “como 15 o 20 días después de cometido el referido asalto (el de la sucursal Guadalupe del Banco Regional del Norte) y toda vez que ya contaban con dinero, el grupo acordó efectuar una operación en gran escala y desde luego trataron sobre la conveniencia de secuestrar a algún financiero de Monterrey, por cuyo rescate pedirían entre 10 y 20 millones de pesos y para determinar la persona a secuestrar estuvieron revisando un directorio telefónica y ahí encontraron buenos candidatos para ser secuestrados a los señores Eugenio Garza Sada, Camilo Garza Sada, Manuel Barragán y Carlos Prieto”.
 Continua la declaración diciendo que, para tener más recursos para cometer ese secuestro deciden cometer un asalto simultáneo en tres bancos en Monterrey. Allí es cuando se formaron los dos comandos del que se habla en el informe de Leonel en febrero del 72, el Pablo Alvarado y el Carlos Lamarca. En ellos participan, confiesa, el propio Escamilla Lira, Ramos Zavala, Estela Ramos Zavala, Hirales Morán, José Luis Sierra, Rhy Sauci y su esposa Rosalbina Garavito (muchos años después líder en el Senado del PRD), Luis Ángel Garza Villarreal y Jorge Treviño Díaz, entre otros. Por cuestiones de logística no pudieron asaltar tres, sino sólo dos bancos, una sucursal del Banco de Comercio y otra del Banco Nacional de México, ubicadas una frente a la otra, en las calles de Guerrero y Munich.
 Pero efectuado ese doble asalto, en la declaración hay más datos que permiten confirmar que las fuerzas de seguridad tenían controlado al grupo y sabían de sus planes futuros. Inmediatamente después de esos asaltos, algunos integrantes del mismo fueron detenidos. Y unos días después Escamilla Lira se encontró con el citado Leonel, Manuel Saldaña Quiñónez, el mismo de la declaración de 1972 que anunció el intento de secuestro de Garza Sada. Leonel le confesó a Escamilla, al que había ido a buscar a su lugar de trabajo, que había sido detenido y se “había visto obligado a denunciar a exponente (a Escamilla) uno de los participantes en el asalto a la sucursal independencia del banco regional del norte y que obtuvo su libertad mediante el compromiso de continuar proporcionando información a la policía y que también había denunciado a Hirales Morán, Isidora López Correa, Ramos Zavala y Sánchez Hirales por lo que e de la voz de inmediato se dirigió a la casa de los padres de Isidora y le indicó a ésta lo comunicado por Saldaña pidiéndole que abandonara la casa de sus padres”.
Posteriormente Escamilla se encontró con Hirales Morán, y luego, con su compañera Isidora, se fue a Saltillo. Varios de los que participaron en esas acciones fueron detenidos poco después: Alberto Sánchez Hirales, Rhy Sauci y Rosalbina Garavito, y fue asesinado Raúl Ramos Zavala. Pero Escamilla, al que Leonel había ido a visitar a su trabajo para decirle que estaba trabajando con la policía y que había confesado todas sus actividades, siguió, como otros de los miembros de esos comandos, ya denunciados, en libertad. Eso no impidió que en enero del 72 regresara con su esposa a la ciudad de México y que semanas después estuviera viviendo junto con otros de los miembros de la organización armada en una casa en la delegación Gustavo A. Madero. Además pudieron participar de las reuniones de los dirigentes que había sobrevivido a esas caídas en una casa cercana, dice, al metro Moctezuma. Semanas después se les informo que su grupo, junto con otros, habían formado la Liga 23 de Septiembre.
 En mayo, Escamilla recibe la orden de dirigirse a Monterrey, “donde se pone en contacto con Jesús Piedra Ibarra (alias Rafael), por lo que el de la voz se fue a vivir a la casa de Piedra Ibarra... que antes de iniciar ese viaje el de la voz [Escamilla, que recordemos estaba detectado ya por los servicios de seguridad desde aquella delación de Leonel] recibió instrucciones personales de José Ángel García Martínez (El Gordo) respecto a que tenía que trasladarse a la ciudad de Monterrey para servir de coordinador de la investigación relacionado con las actividades diarias que acostumbraba desarrollar el señor Eugenio Garza Sada, cuyo secuestro se había decidido por la Liga 23 de Septiembre”. Supo las condiciones que se pedirían para liberar al empresario y que otro comando preparaba otra acción simultánea “como medida de que si fallaba uno por no acceder el gobierno a las exigencias de la Liga, mientras se ajusticiaba a uno de los secuestrados se conservaba al otro como medida de presión”. Quien ordenaba esas acciones llevaba el seudónimo de Mateo, otros de cuyos nombres era Bonfilio Talavera, que debería el contracto con la célula que realizó el intento de secuestro y que estaban asentada en Nuevo Laredo, aunque nunca se explica cómo se contactaron unos a otros.
 A la casa de Jesús Piedra Ibarra llegaron varios dirigentes del grupo que se distribuyeron las tareas previas. A Escamillas Lira le tocó coordinar todo el seguimiento de Garza Sada y decidir el lugar donde lo secuestrarían. Unos días antes del intento de secuestro llegó a Monterrey quien le había confiado esa responsabilidad, José Ángel García Martínez que, contradictoriamente, le ordenó a Escamilla Lira que dejara la ciudad porque su permanencia en Monterrey “resultaba peligrosa porque la policía lo tenía fichado y lo buscaba por su participación en los asaltos a los bancos”. De allí Escamilla fue a Tampico a reunirse con su esposa, pero inmediatamente después de llegar detuvieron a su esposa Isidora y al dirigente de la Liga, Macario Martínez Torres que estaba con ellos. Escamillas Lira no fue detenido. Al mismo tiempo, dice, se enteró de que habían asesinado a Garza Sada.
 Escamilla Lira todavía se volvió a poner en contacto con Jesús Piedra Ibarra quien lo llevó nuevamente a Monterrey y lo ubicó en una casa. En enero del 74, dice Escamilla en su declaración, Piedra Ibarra le dijo que la dirección de la organización había decidido que el responsable de los errores que habían hecho fracasar el secuestro de Garza Sada era el propio Escamilla Lira, pero incluso así lo enviaron a Culiacán, Sinaloa. Allí fue detenido, “por sorpresa”, el 12 de abril del 74. Una semana después hacia su larguísima declaración.
 Poco antes, la detención y declaración de Elías Orozco Salazar, uno de los principales organizadores del intento de secuestro, que no se nombra en la investigación original había permitido comprobar que la investigación inicial que atribuía esa acción a un grupo pequeño aislado de Nuevo Laredo, era muy superficial, que todo fue parte de una operación mucho mayor, en la que habían participado numerosas personas e incluso que el muerto en la acción, identificado como Hermano Martínez era en realidad Anselmo Herrera Chávez.
 La conclusión es un poco obvia: los documentos en poder de Milenio Semanal, certificados por el Archivo General de la Nación, confirman que el gobierno de Luis Echeverría sabía que se cometería el secuestro de Garza Sada y que tenía información detallada, vía infiltración, de las actividades de esos grupos. Entonces, ¿cómo una dependencia como la dirección Federal de Seguridad, que tenía un control preciso de las actividades de un grupo armado de estas características, que lo tenía infiltrado, que tenía información precisa hasta de lo que se hablaba en sus reuniones y de sus principales planes operativos, que estaba en condiciones de identificar y seguir a sus dirigentes, que sabía por lo menos desde año y medio antes de que se cometiera la acción que el objetivo de ese grupo era el secuestro de Eugenio Garza Sada, no hizo nada para evitarlo ni detuvo, antes de esa acción, a los miembros de ese comando que tenía identificados desde hacia meses? ¿Por qué inmediatamente después de la acción, en unas horas y sin explicar cómo, por un simple anillo, pudieron detener a los supuestamente habían participado en el asesinato? ¿Por qué esa investigación original no buscó hacia arriba quiénes eran los que habían ordenado y participado en la acción? ¿Por qué, finalmente, se ocultaron durante tantos años esos detalles y esa información? ¿Qué tanta responsabilidad tuvo el gobierno de Luis Echeverría, por acción u omisión, en el asesinato de Eugenio Garza Sada? — con Gustavo Hirales Morán y 19 personas más.
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Precisiones de Gustavo Hirales.. 
Señor Jorge Fernández Menéndez,
 Director de Milenio Semanal 
 México, D. F., a 6 de agosto de 2002.
 Estimado Jorge: 
 La presente es con el fin de aclarar algunas confusiones y extrapolaciones que, desde mi punto de vista, están presentes en tu columna del domingo pasado, “La verdadera historia del asesinato de Garza Sada”. 
Para empezar, lo que revelas difícilmente se puede considerar la “verdadera historia” del caso. En el mejor de los casos, sería una historia colateral, de ninguna manera la central. ¿Por qué? Porque Manuel Saldaña, el supuesto policía regiomontano “infiltrado” en uno de los grupos que tiempo después dieron origen a la Liga, no jugó para nada el papel que le asigna el documento firmado por Ricardo Condelle (delegado de la DFS en Nuevo León) y dirigido al director de la Federal de Seguridad, documento que refleja básicamente dos cosas: lo que Saldaña quería que la DFS creyera, para justificar el sueldo y/o escapar de la tortura (en la foto que aparece en Milenio Semanal son notables en su rostro y expresión las huellas de la tortura), y lo que Condelle quería creer, también para justificarse ante sus jefes. Además, para el 17 de septiembre del 73, fecha del intento de secuestro de Garza Sada, Saldaña ha desaparecido totalmente del mapa. 
 Conocí de cerca el caso de Saldaña porque en aquel entonces (otoño del 71) yo era el responsable del grupo de Raúl Ramos Zavala (Los Procesos) en Nuevo León. Saldaña era un pobre diablo, con claros rasgos de mitomanía, que pronto evidenció su torpeza como “policía” ya que, como se muestra en el propio documento de Condelle, rápidamente supimos a quién servía (a Raúl Ramos le confesó que era oreja), y en consecuencia primero se le aisló y después se rompió toda comunicación con él. De hecho, estuvo peligrosamente cerca de que se le aplicaran los métodos usuales (“revolucionarios”) de trato a los infiltrados. 
 Saldaña arguye (y Condelle le cree), como prueba de que el grupo de Ramos Zavala ya le había perdonado sus proclividades policíacas, el hecho de que fue hasta el 15 de noviembre del 71 que los comandos (sic) Carlos Lamarca y Pablo Alvarado se sintieron seguros de no ser aprehendidos por las denuncias de Saldaña “en vistas de que no habían sido descubiertos por la policía en los asaltos a los bancos Regional del Norte, sucursal Guadalupe, a la camioneta bancaria del Banco de Nuevo León y a los supermercados Lozano, Azcúnaga y el de la calle Bolívar y Francisco I. Madero, por lo que le retiraban las sospechas y para demostrarle su confianza lo llevarían a su casa para que se procurara ropa y llevarlo a pasar unas vacaciones (sic) a México”. 
Pero esto no es sino un vulgar cuento chino: primero, los comandos Carlos Lamarca y Pablo Alvarado recibieron esos nombres un día antes del doble asalto bancario del 14 de enero de 1972 en Monterrey, por tanto, no existían en la fecha que Leonel los da por vigentes; segundo, los asaltos a la camioneta del Banco de Nuevo León, a los supermercados “Lozano”, “Azcúnaga”, etcétera, no fueron ejecutados por el grupo de Ramos Zavala (excepto el del Banco Regional del Norte), según se puede confirmar en los archivos correspondientes; por lo tanto, el que no hubiéramos sido descubiertos (sic) por esos hechos no tenía relevancia. Todo lo demás (que en premio a su buena conducta policíaca le compramos ropa nueva a Saldaña y luego nos lo trajimos a la Ciudad de México ¡de vacaciones! y lo invitamos atenta y formalmente a las reuniones del núcleo central de Los Procesos) sólo pudo ser creído en su momento por Ricardo Condelle -y ahora, según parece, por Milenio Semanal. 
 Entonces, ¿de dónde sacó Manuel Saldaña los nombres de los integrantes del grupo Los Procesos, de dónde sacó los domicilios (donde dice haber estado) y que básicamente son verdaderos? Muy fácil: de los periódicos. La fecha del documento firmado por Condelle no es inocente: 22 de febrero de 1972, es decir, más de quince días después de la muerte de Raúl Ramos Zavala (6 de febrero de 1972, enfrentamiento en el Parque México) y de la detención de mi primo Jorge Sánchez Hirales (quien precisamente vivía, junto con el que escribe, en el departamento de Casas Grandes 18, en la Narvarte); de los periódicos sacó también el nombre de Hebert Matus Escarpulli (pues ni siquiera todos los del grupo central conocíamos ese nombre), y así por el estilo. 
 Saldaña jamás participó en reunión alguna del grupo, y menos del núcleo central. Tampoco, que recuerde, se habló en reunión alguna del núcleo central de secuestrar a Eugenio Garza Sada, y no porque más de treinta años después trate yo de edulcorar la naturaleza de las organizaciones clandestinas que estábamos construyendo, sino simplemente porque sabíamos que no estábamos preparados para una acción de esos alcances. Nuestro horizonte “militar” se agotaba en la planeación de un triple asalto bancario, que al final –por las mismas insuficiencias- quedó en doble, y que nos condujo directamente a una catástrofe: la mayor parte de los miembros del grupo en Monterrey fueron detenidos, hubo muertos y heridos, los demás huimos a salto de mata, y como secuencia de esos hechos sobreviene la muerte de Raúl Ramos Zavala, el líder indiscutible del grupo clandestino (esto puede ayudar a explicar por qué la DFS no le dio seguimiento a la nota de Condelle sobre los supuestos planes de secuestro de EGS: se estaba hablando de un grupo prácticamente desmantelado). 
 No descarto que en conversaciones informales se hubiera hablado de la posibilidad de secuestrar a alguien como Eugenio Garza Sada o a él mismo, sólo digo que nunca se discutió formalmente en el grupo de Los Procesos. 
 Superar la catástrofe de enero de 1972 en Monterrey nos tomó más de un año, hasta marzo de 1973, cuando en Guadalajara fundamos la Liga Comunista 23 de Septiembre. ¿Y Manuel Saldaña, el supuesto infiltrado, donde quedó? Lo último que de él se supo es que, efectivamente, después de los asaltos bancarios del 14 de enero en Monterrey, se puso en contacto con Héctor Escamilla Lira, para decirle que la policía lo había agarrado, que lo habían torturado y por ello tuvo que “soltar” el nombre de Escamilla, el que gracias a esa confesión de un policía evitó ser detenido. 
 ¿Cuál es entonces la verdadera-verdadera historia del intento de secuestro de Garza Sada? 
Es una historia simple, sin intriga ni misterio, pero sí llena de consecuencias dramáticas para el país y para los directamente involucrados. 
Resulta que después de fundada la Liga, aproximadamente en abril del 73, Ignacio Salas Obregón, [(a) Oséas], entra en contacto con un grupo asentado básicamente en Nuevo León y Tamaulipas, al que en los círculos clandestinos se le conocía como Los Macías, y cuyos principales dirigentes eran Salvador Corral García y Edmundo Medina Flores. Este grupo, una derivación guerrillerista del Movimiento Espartaquista Revolucionario de Severo Iglesias -que a su vez era la expresión del espartaquismo en Nuevo León- era pequeño, muy “militarista” (su horizonte básico eran las acciones político-militares, sin mayores preocupaciones de estrategia) y era portador de un regalo envenenado para celebrar su integración a la Liga 23 de septiembre: había estado estudiando los movimientos de don Eugenio y “casi” tenía listo el operativo. 
 Salas Obregón, al tiempo que dio la bienvenida a Los Macías a la organización, dio luz verde al desenvolvimiento de los planes –éstos sí reales- para secuestrar al magnate regiomontano, con las lamentables consecuencias de todos conocidas. Como se ve, las historias son totalmente distintas, aunque debo reconocer que en efecto hay un eslabón que podría unirlas: Héctor Escamilla Lira. Más allá de lo que el propio Escamilla estime pertinente aclarar, sé perfectamente que su participación en el intento de secuestro del 17 de septiembre de 1973 fue –si la hubo- tangencial, periférica. ¿Por qué? Porque como digo más arriba, todo el operativo quedó en manos de Los Macías, mientras que otros sectores de la Liga sólo prestaron apoyo logístico o de cobertura a esa acción. Y Escamilla no provenía de Los Macías, sino de Los Procesos (por ello mismo, Raúl Ramos Zavala no pudo haber sido dirigente de la Liga Leninista Espartaco, como erróneamente afirmas, ni ésta parte de la Liga 23 de septiembre). 
 El primer miembro de la Liga detenido por la policía que realmente participó en los hechos del 17 de septiembre del 73 fue Elías Orozco Salazar, a raíz del enfrentamiento ocurrido en Popo-Park, estado de México, en octubre de ese mismo año. Y su detención fue casual, en el sentido de que la DFS no iba por él, ni sabía de antemano que hubiera participado en el atentado de Monterrey. 
 Resumiendo: no sé si Manuel Saldaña era policía o un simple oreja, lo único que sé (tomando como base los datos que manejas en la columna y lo que personalmente conocí del caso) es que estaba lejos de ser “un meticuloso informante de la DFS”. No dudo que esta corporación haya querido infiltrar a la Liga y a los demás grupos armados, pero ni siquiera este caso -que aparentemente sería el más sólido-, prueba que la Dirección Federal de Seguridad, como escribes, “infiltró a uno de sus miembros en un comando guerrillero y dejó que se fueran produciendo hechos armados sin intervenir para que éste se ganara la confianza de los mandos de la organización y pudiera penetrar más profundamente en ella”. O sea, Leonel no influyó, no participó, ni siquiera supo lo que hacía el grupo de Los Procesos en Monterrey, ni en cualquier otro lugar, en ese periodo. Las demás inferencias que haces, como la alusión a nuestra supuesta “ingenua complicidad”, son gratuitas, pues el dato principal es falso. 
 Si lo que digo sobre Saldaña y sobre la “verdadera historia” del intento de secuestro de Garza Sada es cierto, entonces tus inferencias acerca de que “la DFS siempre tuvo...posibilidad de control sobre buena parte de esa organización (la Liga)” también son falsas, a pesar del juego de condicionantes. Si tu palanca de apoyo es Saldaña, no hay caso. Y lo mismo se puede decir de la frase según la cual el caso Saldaña “es una muestra clara (sic)de cómo las líneas entre los organismos de inteligencia política del Estado, algunos miembros de los grupos armados y la delincuencia común, se entremezclaban (sic) con jóvenes idealistas, revolucionarios profesionales e infiltrados que jugaban, en muchas ocasiones, a varios bandos”. 
No es clara la muestra, sino confusa, y es igualmente confuso el omelette semántico que haces con la forma verbal “se entremezclaban”, pues ello en general no es cierto (los guerrilleros no nos entremezclábamos con la policía), y tampoco es cierto en el caso particular que expones, como creo haberlo mostrado. El único que en toda esta historia quiso “jugar a dos bandos” fue Manuel Saldaña, que nunca fue guerrillero ni nada parecido, y no fue muy exitoso, que digamos. 
Además, ¿a qué viene la alusión a la “delincuencia común”? ¿cuál era entonces -1972- la diferencia entre “jóvenes idealistas” y “revolucionarios profesionales”? (los “revolucionarios profesionales” de entonces teníamos entre 20 y 26 años). Las sospechas deslizadas, las insinuaciones tendenciosas y las preguntas capciosas son las que hacen la nota, pero no prueban lo que dicen probar y se revelan como simples especulaciones al gusto de esa “sociedad regiomontana” que, según afirmas, siempre sospechó que detrás de la Liga estaba Echeverría. 
 Finalmente, debo decir que me dio mucha pena que bajo la foto de Anselmo Herrera hayas ordenado poner la leyenda “criminal muerto en balacera relacionada con el secuestro”, no sólo por lo que implica en relación a tu propia trayectoria, sino por la desafortunada exhumación de los peores humores de los sectores propietarios de hace 30 años, en el peor estilo de la revista Alarma!. Anselmo Herrera Chávez no fue un criminal, sino un joven revolucionario contaminado –como muchos otros en ese tiempo- con la ideología del redentorismo de origen marxista; seguramente estaba equivocado, pero murió siendo consecuente con ideas que, entonces, algunos tomamos con ideales. 
 Agradeciendo de antemano la publicación de la presente, te saludo con afecto. 

 Gustavo Hirales Morán