Piden retirar placas del Ejército por
guerra sucia
En un informe la
Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero por los hechos de violencia en la
década de los 70 determinó retirar la condecoración que se encuentra en la
Cámara de Diputados debido a los crímenes de lesa humanidad que cometieron los
militares
ROSENDO BETANCOURT
RADILLA/ CORRESPONSAL | ESTADOS |
La Silla Rota, 2014-10-15 19:44:00
La Comisión de la Verdad
del Estado de Guerrero (Comverdad) presentó Informe de las investigaciones que
realizó de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1969 y 1979 en la
entidad, en el que considera a los militares como principales represores, por
lo que pide al Congreso quitar una placa -colocada como reconocimiento- al
Ejército.
La Comisión pidió quitar
los nombres de los perpetradores de la “represión sistemática del Estado contra
campesinos y maestros, porque eso no fue una guerra sucia, como dicen del
gobierno”.
Recomienda que se quite
la placa del Ejército de la Cámara de Diputados del Estado de Guerrero, porque
fueron sus soldados quienes encabezaron esa “represión masiva”.
La comisionada Pilar
Noriega rompió en llanto cuando agradecía a quienes apoyaron el trabajo de la
Comverdad, “perdón, no sé qué me pasa”, se disculpó.
El presidente de la
comisión, que este viernes termina sus labores, Enrique González Ruiz, dijo que
se debe de saber la verdad, castigar a los responsables y que haya garantías de
no repetición.
El también académico de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) justificó la creación de la
Comverdad, “porque los mecanismos ordinarios de justicia no funcionan, se
atraviesa el poder y siempre pierde la Ley. Por eso se forman órganos de
justicia alternativa”.
“De 1969 a 1979 es el
período en el que se exacerbó la guerra sucia. La impunidad es garantía de
repetición de los delitos, por eso se siguen repitiendo, como en el caso de
Iguala (donde fueron asesinadas 6 personas por policías y sicarios, y hay 43
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre)
por eso se debe saber de los hechos, quiénes participaron y cómo afectaron a la
sociedad”.
Luego de dos años y
medio de labores de la comisión, el informe destaca “el caso de la ejecución de
los Piloncillos, municipio de Atoyac, donde en abril de 1973 el Ejército llegó
por la mañana, los soldados sacaron a los hombres de sus casas y los llevaron a
la cancha, los soldados ejecutaron a Saturnino Sánchez, Margarito Valdez,
Santos Álvarez, Cescencio Reyes Díaz, Toribio Peralta Rivera y Eliazar Álvarez
de 16 a 25 años”.
El informe, de 234
páginas, detalla que los comisionados obtuvieron 409 testimonios de 512 casos
de desapariciones permanentes y temporales “que las autoridades tendrán que
castigar”.
González Ruiz recordó
que la Comverdad “nació en un ambiente de escepticismo, porque ya hay una
recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo
investigó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
(Femosp). El tema estaba manoseado”.
Relató las dificultades
que tuvieron para realizar su trabajo, “la Policía Federal irrumpió en el local
de Acapulco, en Chilpancingo apareció un vidrio roto con un arma punzo
cortante, tuvimos una llamada de presuntos grupos delictivos que dijeron que
nos vigilaban, tuvimos un ataque en Iguala que hizo que dos compañeros
pernoctaran a la intemperie, nos robaron un vehículo y no tuvimos presupuesto
los últimos 6 meses, pero cumplimos nuestra responsabilidad”.
“Hicimos excavaciones
con expertos en lugares que no son de fácil acceso, localizamos dos cuerpos de
guerrilleros de Lucio Cabañas”, mencionó.
Expuso que la reparación
de los daños es imposible, “no hay manera de reparar algo así, ¿Cómo reparas el
dolor de la desaparición de un hijo, y prolongado por décadas?”.
Sin embargo, rescató que
la jurisprudencia internacional tiene un protocolo de reparación integral de
daños, que incluye un pago monetario, “pero el dinero no es suficiente, se
tiene que recuperar la memoria histórica de quienes participaron, debe de ser
desestigmatizada su imagen porque (a los asesinados y desaparecidos) los
acusaban de gatilleros, de roba vacas”.
Solicitó que se dé el
nombre de cada una de las víctimas, “sólo así se fortalece la memoria histórica
y hay que luchar porque nunca más se repita”.
El comisionado Nicomedes
Fuentes informó que tuvieron encuentros con funcionarios de la Secretaría de
Gobernación federal (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR),
quienes se comprometieron a “esperar las recomendaciones de la Comverdad”.
Mencionó que encontraron
víctimas de desaparición forzada y de ejecutados por fuerzas del Estado
principalmente en Atoyac, Tecpan, Acapulco, San Jerónimo, Petatlán y
Zihuatanejo, pero también en Chilpancingo, Iguala y Huamuxtitlán.
“Es grande el número de
víctimas de las que no se conoce porque sus familiares permanecen con terror
para buscar la reparación del daño”, agregó.
Las desapariciones
forzadas que no fueron permanentes, mencionó, duraron hasta dos años, y
ejemplificó con el caso de un bebé que fue ingresado al Campo Militar número 1
de la Ciudad de México y “salió dos años después, cuando ya caminaba”.
“Esto sigue vivo, para
los familiares sus desaparecidos están presentes, como si fuera ayer”, dijo.
La también comisionada
Inda Navarrete Gorjón dijo que lo que sucedió entre 1969 y 1979 “no fue guerra
sucia, fue una represión sistemática del estado contra campesinos y maestros”.
Los detenidos sufrieron
de “tortura y vejaciones, les daban toques eléctricos en los genitales. No hay
justicia y las heridas siguen supurando entre las familias”.
Afirmó que la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) conoce el destino final de los desaparecidos y
que tiene que decir en dónde están.
Durante la conferencia
en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, se informó que en el Archivo
General de la Nación, “se comprueba que en 1974 empezaron a aparecer personas
torturadas, ejecutadas y quemadas a quienes se les señalaba como delincuentes,
tenían desfiguraciones en la cara y el cuerpo”.
Algunos se inhumaron en
la fosa común en Acapulco, y las autoridades dijeron que podrían ser del hampa,
traficantes de drogas o venganzas entre particulares.
El grupo sangre
Los comisionados
informaron que 350 policías y militares conformaron un grupo “clandestino”
paramilitar que se encargó de torturar, asesinar y desaparecer a la población
civil, pero a todos los ligaba con la lucha guerrillera de Lucio Cabañas
Barrientos.
El informe precisa que
el general de División y comandante de la 27 Zona Militar, Salvador Rangel
Medina que estaba en Atoyac, ordenaba las ejecuciones, “les da de beber
gasolina, los incendian y los abandonan”.
Entre los campesinos,
agregan, se tenía temor del teniente coronel de Infantería Francisco Quiroz
Hermosillo, comandante del Segundo Batallón de la Policía Militar, a quien
culpaban del “ambiente de terror en esa época”.
Lo más importante,
expusieron, es conocer cuál fue el destino final de las víctimas, lo que
corresponde a los gobiernos federal y estatal.
Recomendaron que se
sancione a los policías que no pongan de inmediato al detenido a disposición,
la indemnización de las víctimas de acuerdo a estándares internacionales y que
sea lo más pronto posible.
Además se debe quitar
placa del Ejército de la Cámara de Diputados del Estado de Guerrero, porque
fueron quienes encabezaron esa “represión masiva”.
Fue política de Díaz
Ordaz y Luis Echeverría
Margarito Monroy, un
piloto de la Fuerza Aérea platicó con los comisionados e informó que transportó
a gente de todo tipo, entre campesinos, médicos, ingenieros y obreros en los
llamados vuelos de la muerte.
Se dio cuenta que iban
vivos algunos de los arrojados al mar, y sólo él vio que mil 500 personas
fueron arrojadas al Océano Pacífico, se detalló.
“Toda la represión fue
parte del llamado Plan Atoyac, y fue disposición del presidente de la
República. Las comunidades estuvieron sitiadas, les cortaron suministros porque
las relacionaban con grupos guerrilleros”, en el periodo en mención fueron
presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.
“Hay una lista en que
dan cuenta de los integrantes del Partido de los Pobres y sus simpatizantes,
eso comprueba que fue un ataque sistemático y generalizado, es decir, crímenes
de lesa humanidad”, también tuvieron acceso a un “Telegrama que habla de que se
utilizaron morteros, eso constata los testimonios que dicen que los soldados
tiraron bombas. Implica que no hay que demostrar en lo individual la tortura de
cada uno, las autoridades no pueden decir que no se torturaron a las
poblaciones”, se mencionó.
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