Diputados
de la Comisión de Derechos Humanos presentarán un punto de acuerdo con el
propósito de que la SHCP deposite a
la brevedad los recursos que requiere el Fondo de Reparación de Daños para
operar.
Se comprometieron a
gestionar más dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015,
para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), “frente a la herencia
de decenas de miles de desaparecidos y asesinados que ha provocado la
inseguridad en México”.
Afirmaron que en la
tarea de reforzar la atención y apoyo a víctimas de delitos de alto impacto y
respeto a los derechos humanos, “no hay partidos políticos ni colores
ideológicos”.
Durante una reunión de
trabajo de la instancia legislativa, presidida por la diputada Miriam Cárdenas
Cantú (PRI), con Jaime Rochín del Rincón, titular de la CEAV, los legisladores
manifestaron, por otra parte, “su preocupación por que servidores públicos continúen
agrediendo sexualmente a mujeres”.
Asimismo, por el
incremento de feminicidios; porque algunos estados no armonizan su marco
jurídico con la Ley General de Víctimas, para frenar la violencia y atender a
los afectados; por los familiares de los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos, y por los hechos violentos registrados en Tlatlaya, Estado de
México.
El diputado José Luis
Muñoz Soria (PRD) aseguró que el Estado mexicano no ha logrado diseñar
políticas que permeen en todas las instancias públicas, para garantizar el
cumplimiento y respeto de los derechos humanos.
Pidió estar atentos a
las agresiones de elementos de las fuerzas armadas. Destacó que la agresión
sexual a una mujer, perpetrada por marinos, es “el golpe que más desánimo causa
en la sociedad”. Cuestionó, a partir de un caso referido por Rochín del Rincón,
que instancias del Estado responsables de buscar justicia y reparación del
daño, pretendan concretarlo con la entrega de dinero.
El legislador aseveró
que “hay temas como los derechos humanos que no permiten que sean los colores
partidarios los que definan las decisiones”. Propuso que la comisión presente
un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para que la SHCP deposite los
recursos para reparar los daños a víctimas.
La diputada Cárdenas
Cantú destacó la importancia de respetar, promover y proteger los derechos
humanos, por lo que deben fortalecerse canales que posibiliten conjuntar
esfuerzos que los garanticen para la transformación de México.
Al participar, la
diputada del PRD, Margarita Elena Tapia Fonllem señaló que preocupa más cuando
la violación sexual a mujeres las realizan servidores públicos. Además,
cuestionó el papel de la CEAV ante la violencia hacia grupos indígenas como los
Yaqui en Sonora, así como otros en Chiapas y Guerrero.
El diputado Rodimiro
Barrera Estrada (PRI) afirmó que Michoacán enfrenta todavía una situación
“complicada y difícil”, porque más de seis mil familias no acceden al derecho
básico de alimentación; además, porque en el municipio de Zamora se
suspendieron las actividades mineras, con el argumento de que eran fuente de
financiamiento del crimen organizado, por lo cual el desempleo se disparó.
Apuntó que se
incrementan los robos con violencia y los asesinatos, por lo que solicitó a sus
homólogos “no escatimar esfuerzos para fortalecer el presupuesto de la CEAV y
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se acerquen a ese
estado”.
Por su parte, el
diputado del PAN, Juan Jesús Aquino Calvo, también se comprometió a impulsar un
mayor presupuesto para atender como debe ser a las víctimas de la inseguridad,
“más allá del color partidista”.
La diputada priista
Esther Garza Moreno estimó necesario difundir en qué consiste la Alerta de
Género, ya que “por ignorancia muchos gobernadores tienen miedo de establecerla
porque la consideran como un castigo, cuando es un apoyo para su estado”.
Resaltó que en el apoyo a víctimas “no hay partidos ni colores”.
Atender a las víctimas,
la deuda más grande del Estado mexicano
Al dar respuesta a las
preguntas de los diputados de la comisión, el presidente de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, sostuvo que
la deuda más grande que tiene el Estado mexicano es con las víctimas de
violación a los derechos humanos, porque “no se ha llegado a darles
satisfacción” y, por el contrario, aumentan los casos.
Por ello, dijo, se
requieren más recursos para atenderlas con oportunidad. Señaló las
restricciones materiales y financieras que enfrenta la Comisión Ejecutiva;
adolece, incluso, de suficientes abogados de oficio para apoyar a las víctimas
y carece de representación en estados con problemas de violencia.
Reconoció que “sí hay
muchas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas; es
una realidad”, enfatizó.
Indicó que en el caso de
Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene disposición de contribuir
a que se esclarezcan los hechos y reparar los daños. Igualmente, refirió que la
CEAV tiene 23 casos de víctimas migrantes cometidos por elementos de la Marina.
Respecto a los
normalistas de Ayotzinapa, dijo que mañana entregará a la comisión especial del
caso la propuesta del plan de acción para atender a las víctimas, y la remitirá
también a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para que
tenga conocimiento de las actividades que realiza la CEAV.
Resaltó la necesidad de
evitar la revictimización de los afectados y destacó la petición de los
familiares de que no cese la búsqueda de los estudiantes.
Por otra parte, precisó
que el Programa Integral a Víctimas tiene un apartado específico de feminicidios,
delito que sigue creciendo y que “no se puede ocultar”. Sugirió la conveniencia
de establecer la Alerta de Género en varios estados, a fin de contribuir a
reducir la violencia contra las mujeres.
“Los problemas no deben
esconderse sino abrirse y atenderse”, aseveró, y se comprometió a trabajar más
estrechamente con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para
cambiar el concepto de la Alerta de Género.
Al respecto, la
comisionada Susana Pedroza de la Llave subrayó que los casos que más atiende la
Comisión Ejecutiva se relacionan con violencia familiar, donde la mujer es la
principal afectada. Sugirió incorporar la atención a la violencia obstétrica,
ya que muchas madres mueren durante el parto.
Rochín del Rincón señaló
que faltan muchos estados por armonizar los marcos jurídicos estatales con la
Ley General de Víctimas; en este caso se encuentran el Distrito Federal, Estado
de México, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Solicitó a los diputados
impulsar acciones para que esas entidades homologuen sus leyes y cumplan con la
obligación de atender a las víctimas de la inseguridad.
Informó que la CEAV procesa
un registro único de desaparecidos y víctimas del delito, para lo cual ha
solicitado a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la
República sus estadísticas, a fin de definir una solo metodología que arroje
datos confiables; argumentó que la disparidad en esos números se debe a la
diferencia de métodos que se utilizan.
Fuente :CD
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